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- rdf:value = " La señora NINOSKA PAYAUNA.-
Señor Presidente, quiero referirme a la enmienda presentada por la bancada republicana, la 152.
Esta enmienda apunta a simplificar la redacción del texto del anteproyecto, poniendo un especial énfasis en la importancia que tiene que el Estado y toda la comunidad educativa promuevan el respeto hacia los docentes y asistentes de la educación.
Cuando hablamos de la comunidad educativa, los actores que la componen también son los padres y los estudiantes; por lo tanto, pasan a ser un valor fundamental para la promoción y desarrollo de una sana convivencia en las escuelas.
Según cifras de la Superintendencia de Educación, entre los años 2014 y 2017 se registró un aumento progresivo del 59 por ciento en las denuncias por maltrato a los educadores. Asimismo, según datos de esta misma superintendencia, las acusaciones por maltrato de los estudiantes hacia sus profesores aumentaron en 38 por ciento respecto de 2022, y son 60 por ciento más altas que en años anteriores a la pandemia de covid-19.
Estos datos evidencian que se debe promover un respeto irrestricto por la labor docente, erradicando todo tipo de agresiones de las aulas de clases.
Como bancada republicana, queremos poner en el centro a los niños y sus familias, pero también a todos los actores que componen las comunidades educativas, en especial a los docentes y asistentes, quienes cumplen una tarea importante, potenciando las habilidades de nuestros niños y adolescentes, guiando los procesos educativos, siendo ellos los protagonistas y entregándoles las herramientas necesarias para su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida.
También quiero mencionar una pregunta que hizo la consejera Paloma Zúñiga, respecto de la continuidad del servicio educativo en los establecimientos educacionales. Para poder responder esa inquietud, esto es un poco más amplio y voy a explicar por qué.
La enmienda se presenta en el sentido de que la privación del derecho a la educación no solo repercute en los estudiantes, sino en toda la sociedad, puesto que son los niños y adolescentes quienes conformarán y gobernarán las próximas generaciones. Entorpecer su acceso a la enseñanza implica obstruir el desarrollo y bienestar de nuestro país, por lo que el objetivo de esta norma es proteger y garantizar el derecho de los estudiantes y promover el ejercicio de la libertad de expresión de forma pacífica, dejando fuera todo tipo de violencia.
Por otra parte, es esencial que el Estado garantice la continuidad del proceso educativo frente a tomas, porque no asistir al colegio no solo afecta en los aprendizajes, sino que también aumenta el riesgo de deserción escolar, lo que perjudica a los estudiantes y sus familias. En la literatura internacional se enfatiza que abandonar el sistema educacional sin haber completado ciertas credenciales académicas mínimas constituye un hito perjudicial en la trayectoria social, económica y laboral de una persona, incrementando el riesgo de caer en una situación de pobreza o exclusión social.
Como bancada republicana estamos convencidos de que la verdadera transformación de la educación chilena se logrará únicamente cuando pongamos todo nuestro empeño en fortalecer el trabajo al interior de las aulas de clases, poniendo énfasis en la formación de los niños y adoptando las medidas necesarias para que ellos estén siempre en el centro de las reformas constitucionales, legales y administrativas.
Muchas gracias, Presidente.
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