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Proyecto de acuerdo Nº 280, de los diputados señores Meza, Pérez, don José; Espinoza, Tuma, Robles, Walker, Venegas, Quintana y Jarpa:
“Considerando:
Que en 1990, la delincuencia era percibida por el 40% de la población como un problema serio, situación que se agravó entre 1991 y 1992, cuando la preocupación superó el umbral del 60%. Desde 1994 hasta 1998, se mantuvo como el tema de mayor relevancia del país en niveles del 40%. Entre 1999 y 2000, la preocupación por la acción delictiva aumentó al 45%.
Que el pasado 17 de julio se realizó una investigación basada en doce mil encuestas telefónicas a mayores de dieciocho años en veinticinco comunas de la Región Metropolitana, de Santiago, y, entre los meses de mayo y junio, en quince ciudades del país, que arrojó las siguientes conclusiones:
Victimización: Los datos indican que, en el 38,2% de los hogares, algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. De acuerdo con la tendencia de las últimas mediciones, en la victimización se aprecia nuevamente un aumento del 30,6%, en octubre de 2001; del 34,8%, en junio de 2002, y del 36,9%, en noviembre de 2002. En regiones, su incremento es más leve que en las comunas de la Región Metropolitana.
Denuncias: Se observa que se denuncia el 44% de los robos y hurtos. Al analizar los antecedentes de las últimas mediciones, se comprueba que las denuncias se han mantenido estables, lo que significa que en los últimos años efectivamente han aumentado los delitos y no se ha reducido la cifra negra.
Temor: Hay un aumento en el porcentaje de personas ubicadas en niveles de alto temor al delito (14,3%). Este porcentaje es el más alto desde mayo de 2000. En este tema, por primera vez, el nivel de alto temor en regiones (14,7%) supera al de las comunas de Santiago (13,5%).
Que diversas encuestas de opinión pública indican que el sistema de justicia criminal está ampliamente desprestigiado ante la población. Aparentemente, la legislación ha sido extremadamente lenta en adecuarse a la nueva realidad del país, generándose importantes vacíos legales en el tratamiento de la delincuencia.
Que, por cada mil habitantes, se registran setecientos delitos.
Que los procesos mediante los cuales se crean o modifican las leyes son largos y políticamente condicionados, lo cual hace que los cambios logrados sean pocos y tardíos. Este proceso hace muy difícil someter a las leyes a evaluaciones progresivas, dando así lugar a un apartado legal inflexible, que mantiene en el tiempo el efecto pernicioso de las leyes deficientes. Además, las sanciones contenidas en ellas se basan fundamentalmente en criterios emocionales, alejándose de una discusión técnica y objetiva. Incluso, éstas carecen totalmente de una evaluación de sus efectos, lo que hace que los resultados de la aplicación de las leyes sean, por lo general, distintos e incluso opuestos a las intenciones de los legisladores.
Que, desde el año 2000, está operando en Chile, en forma paulatina, un nuevo sistema de justicia: la Reforma Procesal Penal, que consiste en la introducción de cambios radicales en los procedimientos actualmente utilizados. En el sistema vigente, un único juez investiga, acusa y juzga. Además, todo el procedimiento es llevado en forma escrita. La reforma separa las funciones de investigar de las de juzgar. Asigna la responsabilidad de investigar los delitos a un cuerpo de fiscales independientes del Poder Judicial , llamado Ministerio Público, y mantiene sólo la facultad de juzgar en los jueces. Asimismo, cambia la forma del proceso desde uno escrito a uno oral, introduciendo juicios orales ante tres jueces, sin jurado. Adicionalmente, introduce mecanismos de negociación entre el fiscal y el imputado, y entre la víctima y el imputado, que permitan solucionar más casos. Finalmente, introduce importantes mejoras en la gestión de tribunales, así como un aumento que multiplica por seis la cantidad de recursos asignados al sistema de justicia criminal.
Que, desde hace algunos años, el país ha constatado un aumento en la participación de jóvenes en la actividad delictual. De hecho, en el año 2000, el 54% de los robos con violencia fue protagonizado por menores de diecinueve años, y, entre los años 1995 y 2000, los jóvenes de catorce y dieciocho años, aprehendidos por este tipo de delito, aumentaron en el 410%.
Que, en el año 1998, fueron aprehendidos veintiún mil dieciocho jóvenes, de los cuáles el 45% fue puesto a disposición de la justicia. De acuerdo con estos antecedentes, cuatro mil trescientos cuarenta y seis menores de dieciséis años y cinco mil doscientos diecisiete jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años fueron puestos a disposición de la justicia. De ellos, ocho mil ciento noventa y ocho fueron sometidos a un proceso judicial que resolvió la situación de la siguiente manera: el 45% fue devuelto a sus padres; el 47% recibió una medida de protección ( Sename ) y el 8% recibió una sanción penal.
Que el sistema de justicia criminal requiere una reforma integral, que perfeccione el sistema de penas vigente y las modalidades de su ejecución, tales como ampliar el catálogo de penas, modificar las modalidades de su determinación frente a cada caso, establecer un mecanismo que lleve a cabo su efectiva ejecución y generar un órgano jurisdiccional que permita garantizar su aplicación.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a V. E. para solicitarle que, en uso de sus facultades constitucionales, envíe un mensaje a esta Corporación, que fije y aplique nuevas medidas, atendiendo a las circunstancias descritas, para la prevención y contención de la delincuencia.”
"
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