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El señor SILVA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , en nombre de las Comisiones Unidas de Educación y de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 19.848, sobre reprogramación de deudas del crédito universitario de la educación superior.
El proyecto, que ya fue aprobado en primer trámite constitucional en el Senado, fue enviado al Congreso Nacional a raíz de la sostenida demanda de financiamiento para el crédito universitario, el cual ha resultado insuficiente debido a que, en los últimos años, muchos jóvenes provenientes de familias de escasos recursos han accedido a la educación superior. De hecho, en el último tiempo se ha cuadruplicado la demanda de dicho crédito, lo que ha hecho imposible para el Gobierno satisfacerla en su totalidad.
A principios de este año, los universitarios realizaron diversas movilizaciones en todo el país para lograr un sistema de financiamiento de la educación superior que permita a los jóvenes capaces provenientes de familias de escasos recursos obtener el crédito que otorga el Estado. Si bien dicho crédito pareciera un subsidio estatal, en buenas cuentas es un préstamo, pues debe ser devuelto una vez que los estudiantes terminen sus carreras, egresen y, luego, trabajen y perciban ingresos.
Sin embargo, nos hemos encontrado con que después de 22 años de aplicarse este sistema de créditos universitarios en las 25 universidades estatales, no se han podido cobrar 270 mil millones de pesos que correspondería pagar a cerca de 130 mil profesionales morosos, muchos de elite, quienes no han cumplido con la obligación de restituir esos dineros en las arcas de las respectivas universidades, a fin de que éstas los redestinen a otros jóvenes que tampoco tienen los medios suficientes para estudiar, por lo que han tenido que recurrir a un crédito fiscal para acceder a la educación superior.
El Consejo de Rectores y el Ministerio de Educación se han comprometido este año a estudiar el modo de recuperar estos recursos, a fin de que muchos otros estudiantes accedan a este financiamiento de la educación superior.
Se hizo un llamado para que los morosos reprogramaran esos créditos, pero a pesar de que el plazo vence el 19 de agosto, sólo ha respondido cerca del 25 por ciento de los deudores.
En consecuencia, es necesario recuperar esos recursos mediante una modalidad que determine las dificultades con que se han encontrado estos deudores para acceder a la reprogramación.
En opinión de la Comisión unida, la primera y gran dificultad que se ha detectado es que en estos 22 años no ha existido un sistema eficaz de cobranza de los acreedores o de las universidades para hacer sentir a los deudores que estas deudas deberán pagarse.
La segunda es que los deudores estiman que, por tratarse de un subsidio o de un crédito del fisco, da lo mismo pagar o no estas deudas.
Por lo tanto, no ha habido una respuesta adecuada en 22 años, ni siquiera en esta última reprogramación, para poder recuperar estos recursos.
Por lo anterior, se ha tratado de determinar, repito, cuáles han sido las dificultades con que se han encontrado los deudores morosos para pagar sus deudas.
Una razón de peso es que muchos deudores no cuentan con el 5 por ciento del total de la deuda que se les exige para firmar la reprogramación.
La característica esencial del crédito universitario es que los deudores debían abonar, como mínimo, el 5 por ciento del total de sus ingresos, no de la deuda; pero como tampoco cumplieron eso, las universidades hicieron efectivo el total de la deuda, al cual agregaron intereses penales e intereses corrientes, que ascienden sólo al 2 por ciento. Es decir, se trata del crédito más barato que existe pues ningún acreedor de Chile o del mundo cobra a sus deudores ese porcentaje.
Sin embargo, esto se ve encarecido por la agregación de intereses penales, que pueden ser rebajados y condonados si se acogen a la reprogramación, para lo cual, como dije, se requiere entregar el 5 por ciento de la deuda.
Para muchos que han reprogramado no ha sido difícil enterar ese porcentaje, pero una gran mayoría de deudores no ha podido hacerlo. He recibido la carta de un deudor que tiene un contrato a honorarios que le permite percibir un ingreso de 600 mil pesos, con el que debe mantener a su familia. No obstante, se le exigen 825 mil pesos para reprogramar. En consecuencia señala: “No estoy en condiciones, de aquí al 19 de agosto, de pagar los 825 mil pesos que significa este pie del 5 por ciento del total de la deuda”.
Esa dificultad ha sido detectada por el Ministerio de Educación y por el Consejo de Rectores, entidades que también han concordado en la necesidad de la publicación de las listas de morosos, cuestión que el proyecto aborda de manera especial.
La iniciativa consta de un artículo único con cinco números, mediante los cuales se modifican diversos artículos de la ley Nº 19.848.
El número 1) amplía el plazo de cierre de la reprogramación de los créditos universitarios del 19 de agosto al 30 de septiembre.
El número 2) señala que el 5 por ciento del monto total de la deuda que se exige para reprogramar puede ser pagado hasta en cuatro cuotas mensuales. Es decir, los deudores podrán pactar hasta en cuatro cuotas mensuales lo que ahora se debía pagar en una sola y la última de ellas deberá ser cancelada antes del 31 de diciembre del presente año.
El número 3) establece que el deudor debe suscribir un nuevo pagaré.
El número 4) dice que, luego de pagado el 5 por ciento de la deuda, el deudor podrá reprogramar el saldo hasta en diez cuotas anuales, iguales y sucesivas, expresadas en unidades tributarias mensuales.
El número 5) se refiere a la publicación de las nóminas de los deudores morosos de crédito universitario.
No obstante que en algún momento hubo dudas respecto de la publicación de las nóminas de los deudores morosos, cabe aclarar que, de acuerdo con la legislación vigente, la morosidad siempre puede hacerse pública.
La ley sobre privacidad de las personas estableció un límite de tiempo de vigencia del registro de los deudores morosos en el sistema financiero. Originalmente, la ley señalaba que la nómina de los deudores que no pagaban sus deudas estarían vigente por un plazo de siete años, y quienes las pagaban, por uno de tres años.
El Congreso Nacional aprobó una modificación a esa ley el año pasado, que señala que los deudores morosos permanecerán en un registro histórico durante cinco años, y que quienes paguen sus deudas desaparecerán de inmediato de dicho registro.
El Consejo de Rectores decidió publicar la nómina de los deudores morosos como un castigo que incentive a los deudores a pagar y, consecuentemente, a desaparecer de dicha nómina. Sin embargo, la ley publicada el año pasado impidió realizar tal publicación, razón por la cual es necesario modificarla para eximir del beneficio de privacidad a los deudores de créditos universitarios y, de ese modo, el Consejo de Rectores pueda publicar la nómina con sus nombres.
En consecuencia, no se trata de que mediante el número 5 se reconozca que las deudas sean públicas, porque siempre lo han sido, sino que no se les aplique la prohibición de publicarlas cuando han cumplido el plazo que señala la ley que regula las morosidades.
La razón de que se sigan publicando las listas de estos deudores hasta que se extinga su deuda se debe a que son los únicos deudores del país que reciben un tratamiento especial de sus acreedores. Ningún acreedor cobra 2 por ciento de interés anual a sus deudores, ningún acreedor permite a sus deudores que sólo paguen el cinco por ciento, no de la deuda, sino de sus ingresos; ningún acreedor suspende el pago de la amortización de la deuda. Con las modificaciones anunciadas, contenidas en el proyecto, no existe ninguna atenuante ni excusa para que un deudor moroso no cumpla con su obligación.
Por lo tanto, las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda aprobaron en forma unánime el proyecto de ley, que tiene por objeto recuperar crédito el solidario impago y repensar el sistema de financiamiento de la educación superior.
Hago presente que el proyecto no contiene disposiciones de quórum calificado.
En las Comisiones Unidas participaron la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, doña Carolina Tohá ; el presidente de la Comisión de Hacienda , don Enrique Jaramillo , y los diputados Sergio Aguiló , Eugenio Bauer , Germán Becker , Sergio Correa , José Antonio Kast , Rosauro Martínez , Alejandro Navarro , la diputada doña María Antonieta Saa , Exequiel Silva , Rodrigo Álvarez , Julio Dittborn , Camilo Escalona , Pablo Lorenzini , José Miguel Ortiz , José Pérez , Eduardo Saffirio , Gastón Von Muhlenbrock y el diputado informante .
Las Comisiones Unidas recomiendan aprobar el proyecto de ley.
He dicho.
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