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El señor SILVA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , este proyecto, que cuenta con el respaldo unánime de todas las bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tiene por objeto, a través de modificaciones muy simples a la ley sobre reprogramación de deudas, aprobada el año pasado, mejorar la recaudación lograda durante estos meses. Esperamos que así haya una recuperación importante de los créditos impagos, lo que hasta ahora no ha sucedido.
Muchas personas nos preguntan por qué pensamos que con este aplazamiento va a pasar lo que no ha sucedido hasta hoy, por qué la gente que no reprogramó en el primer plazo, lo hará en el segundo. Hay tres razones. En primer lugar, cambiaremos la modalidad de pago del primer 5 por ciento del total de la deuda, que se cobrará en cuatro parcialidades de aquí a fin de año, antes de que empiecen a pagarse las cuotas de reprogramación, que se definirán desde enero en adelante.
Hemos sabido, tanto por testimonios directos como por informaciones que nos han dado parlamentarios que han recibido e-mails y comunicaciones, que muchos de los deudores se han acercado a reprogramar, pero, al final, no han podido hacerlo, porque no tenían cómo pagar ese 5 por ciento de contado. Esperamos que con las facilidades que se establecen para pagarlo, reprogramen lo adeudado.
En segundo lugar, este proyecto modifica la ley Dicom, que impedía la publicación de las listas de una parte importante de deudores. Recordemos que esa normativa, para proteger la intimidad de los deudores, dispone que sólo se publiquen las deudas que tienen una antigüedad inferior a cinco años, y aquellas que sean por montos superiores a 2 millones de pesos.
¿Por qué la protección que hemos dado a todos los deudores, la levantamos respecto de quienes no han cumplido con los créditos solidarios? Porque se otorgan muchas facilidades de pago. Se garantiza que a nadie se le cobrará una mensualidad superior al 5 por ciento de sus ingresos. En caso de que el deudor no tenga ingresos por encontrarse cesante, se suspende el cobro de su deuda. Además, existe un plazo máximo en el cual el deudor debe pagar, de manera que si durante esos años no tuvo la posibilidad de hacerlo, esa obligación será condonada.
Por las facilidades que se dan, todo deudor de crédito universitario debería hacer un esfuerzo y pagarlo, o, por lo menos, acercarse a la institución acreedora a explicar que no está en condiciones de hacerlo, a fin de que se postergue su cobranza. Por eso, pensamos que deben establecerse medidas drásticas para aquellos que, a pesar de estas facilidades, no se pongan al día.
Por último, la ley cuya modificación se propone ha permitido llevar a cabo un debate que debería tener el efecto de cambiar la mentalidad con que se enfrentan estos créditos en Chile. Al respecto, como Cámara de Diputados, como mundo político, tenemos una responsabilidad que asumir: debemos lograr que los sistemas de pago de las universidades y de ayuda estudiantil logren una legitimidad, que no hemos sido capaces de instalar en la sociedad durante este tiempo.
Debemos tener un sistema mixto de financiamiento que contemple tres modalidades. En primer lugar, pago al día, es decir, al mismo tiempo que la persona está estudiando. En segundo lugar, otorgamiento de crédito, que el deudor deberá pagar una vez terminados sus estudios -y con la posibilidad de un empleo mejor que el que habría tenido si no hubiera cursado educación superior-, con niveles de subsidios distintos, de acuerdo con las diferentes realidades. Finalmente, concesión de becas, es decir, gratuidad en los estudios y ayuda especial para aquellos jóvenes que no estén en condiciones de contratar un crédito y no cuenten con los recursos para financiar los gastos anexos a las matrículas y a los aranceles que el estudio universitario implica.
Debemos construir con mucha fuerza esta legitimidad para el sistema de ayudas estudiantiles. La legitimidad, en parte importante, se basa en que aquellos que reciben un crédito, lo paguen, y que las deudas, que son públicas, con mayor razón se deben pagar, porque tienen un sentido solidario. Esperamos que este debate, que durará hasta el término del plazo establecido para reprogramar, ayude a generar esta mentalidad de compromiso respecto de las deudas, a reafirmar la obligación que tenemos de mejorar el sistema de crédito solidario y a generar nuevos instrumentos para los que no tienen recursos.
He dicho.
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