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La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , en verdad, cuando uno escucha a alguno de nuestros colegas socialistas, cuesta comprender el discurso de culpar a la sociedad de que algunos no paguen sus deudas porque no hemos sabido desarrollar una cultura de pago en la educación. Otros, que culpan al mercado, dicen: “El sistema de economía libre genera una cultura de la maximización de utilidades y del egoísmo”. En definitiva, permanentemente se buscan excusas para no decir las cosas por su nombre. Buscamos atenuantes a fin de justificar a aquellos que han faltado a su compromiso de devolver el crédito probablemente más blando que existe en Chile.
Hay que ser más severos y decir las cosas como son, no buscar excusas, porque en este país la gran mayoría de las personas, especialmente las más modestas, son muy buenas pagadoras: mes a mes cubren sus deudas y valoran el cumplimiento de sus obligaciones, cuestión que les permite acceder a posibilidades que, de otra manera, not endrían. Lo que digo ha sido corroborado por las personas que trabajan en el mundo del crédito, especialmente en el de consumo. Incluso nosotros, al trabajar en terreno, hemos sido testigos de esta actitud responsable de la gente más modesta, que contrasta con la conducta de nuestra elite que no cumple sus obligaciones, que se hace la tonta y, a mi juicio, hay que llamarla “frescolina”, sobre todo porque ella está llamada a liderar el país en todos los ámbitos del saber y tiene el privilegio de tener educación universitaria.
Cabe señalar que estos créditos tienen una tasa de interés subsidiada, y en caso de cesantía del deudor, no existe obligación de pago. Basta acercarse a la institución educacional y dar a conocer esa situación para que se les exima de tal obligación.
Al comparar ambas actitudes: la de la gente modesta y la de la elite, me surge, por una parte, un sentimiento de irritación, y, por otra, de pena por nuestro país, por el ejemplo que está dando la elite universitaria al no pagar estos créditos subsidiados y, así, posibilitar que otras personas modestas utilicen esos dineros y accedan a la educación superior.
En consideración a estos antecedentes, valoramos el proyecto, porque, si bien amplía el plazo, impone algunas penalizaciones, al menos la de hacer público el nombre de los deudores que ni siquiera se han acercado a las universidades para reprogramar la deuda.
En todo caso, habríamos querido -presentamos un proyecto relacionado con la llamada ley Dicom- que todos los créditos otorgados con dineros públicos, con excepción de los del Indap, que tiene un tratamiento especial, y el BancoEstado, no tuvieran la restricción de cinco años y de 2 millones de pesos para ser dadas a conocer públicamente. Me parece que debe darse un trato distinto a los créditos otorgados con recursos fiscales.
He dicho.
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