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La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señora Presidenta , estamos tratando un proyecto que modifica un sistema de crédito privilegiado, que existe desde hace más de una década, el cual beneficia a los estudiantes de las universidades llamadas tradicionales o del Consejo de Rectores.
Digo que este crédito es privilegiado, porque contiene un subsidio, debido a que sólo se paga un porcentaje de los ingresos que percibe el profesional; porque se le aplica una tasa de sólo 2 por ciento anual, lo que no sucede con ningún otro tipo de crédito, y porque si el deudor queda cesante, deja de pagarlo. Además, existen otras causas fundadas que eximen de su pago.
Pues bien, este sistema ha hecho crisis, ya que cada año el Gobierno debe acudir a las arcas fiscales para cubrir el déficit crónico que se provoca, que este año llegó a alrededor de 50 mil millones de pesos.
Si uno analiza este crédito, se da cuenta de que el propio sistema lo hace incobrable. Por ello, quizás las responsabilidades no recaen solamente -como aquí se ha dicho- en los jóvenes que obtienen este privilegio y no lo pagan, sino también en su diseño.
Comparto la opinión del diputado Dittborn , en cuanto a que causa indignación que los sectores más modestos del país paguen regularmente sus créditos, y, en cambio, estos deudores no lo hagan. Asimismo, no es justo que los jóvenes egresados de pedagogía sean mejores pagadores que los egresados de ingeniería, y que los jóvenes profesionales que obtienen ingresos cuatro veces superiores a quienes no cuentan con un título, no paguen su crédito, en circunstancias de que deberían hacerlo. Pero también debemos reconocer que este crédito fue mal diseñado y que tiene una estructura que lo hace inviable, lo que ha generado una cultura que lleva a considerar estos créditos estatales como no pagables o no cobrables.
Las universidades privadas, que otorgan créditos similares pero con tasas de interés mayores, reciben el pago de los estudiantes egresados o de sus familias. De manera que no se puede decir que un sistema de crédito como éste sea necesariamente inviable; por el contrario, bien diseñado, puede ser sustentable y viable. Por lo tanto, lo que debemos modificar sustantivamente es el diseño de estos fondos de crédito solidario, que constantemente requieren ser complementados con fondos públicos para cubrir el déficit producido.
Para que todos los jóvenes que tienen capacidad puedan estudiar, aun cuando provengan de familias vulnerables, se requiere el apoyo del Estado; pero también es necesario que se internalice la cultura de que quienes se beneficien con una profesión y obtengan mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos en el mercado laboral, asuman que deben retribuir el beneficio que han recibido de la sociedad.
Por eso, con el apoyo del Gobierno -hay un proyecto de ley que se encuentra radicado en la Comisión de Educación-, deberemos estructurar un nuevo sistema de crédito que solucione la incobrabilidad del actual sistema de crédito solidario y sus insuficiencias, y que, además, dé oportunidades al 54 por ciento de los jóvenes que estudian en el sistema de educación superior y que no tienen derecho a ningún crédito. Hoy, estamos frente a esa realidad: dentro de ese 54 por ciento existe una enorme cantidad de jóvenes de familias modestas que no tienen derecho a crédito.
La solución propuesta resuelve en forma parcial el problema del crédito público que es necesario otorgar a los estudiantes del sistema de educación superior. Como decía la diputada Carolina Tohá , es imprescindible mejorar el sistema de becas y, a través de este proyecto, otorgar más plazo, permitir que los saldos se paguen en diez años, que las listas de morosos se publiquen y que la primera cuota se pague en cuatro mensualidades.
Por último, estamos frente al desafío de diseñar un nuevo sistema de crédito, más viable y sustentable para todos los jóvenes chilenos.
He dicho.
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