REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 349ª, ORDINARIASesión 16ª, en jueves 10 de julio de 2003(Ordinaria, de 10.41 a 14.13 horas)		Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel		y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, 		y Jarpa Wevar, don Carlos Abel.		Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.		Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII..-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		7	II.	Apertura de la sesión		11	III.	Actas		11	IV.	Cuenta		11	-	Integración de Comisión Mixta		11	V.	Orden del Día. 	-	Postergación de vigencia de reavalúo de los bienes raíces agrícolas. Proposición de la Comisión Mixta		11	-	Financiamiento de la agenda social. Tercer trámite constitucional		17	VI.	Proyectos de acuerdo.	-	Suscripción de las convenciones contra la delincuencia transnacional organizada y sobre tráfico internacional de trata de personas		37	-	Consolidación del derecho a previsión y seguridad social de los trabajadores temporeros		42	VII.	Incidentes.	-	Aniversario de la nacionalización del cobre. Aplicación de royalty a empresas cupríferas. Oficios		47	-	Reemplazo de aeropuerto de La Florida, de La Serena. Oficio		49	-	Felicitaciones a funcionarios pertenecientes al club deportivo de Administración Torre de la Cámara de Diputados. Notas		50	-	Deficiencias de la telefonía rural de la Décima Región. Oficios		51	-	Antecedentes sobre viajes con fines de promoción realizados por intendente de Primera Región. Oficio		52	-	Información sobre acuerdo que permite la importación de tomates desde el Perú. Oficio		53	-	Subsidio de transporte rural para Parinacota. Oficio		53	-	Antecedentes sobre evaluación de Conama respecto de construcción de cocheras del Metro en Peñalolén. Oficio		53	-	Agilización de estudio de normativa para facilitar retiro de profesores y funcionarios públicos. Oficios		55	-	Precisiones sobre eventual obligatoriedad de declarar y pagar impuestos vía internet. Oficio		56	-	Información sobre funcionamiento del sistema Chilecompra. Oficio		57				Pág.	VIII.	Documentos de la Cuenta.	1.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia "suma" que establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno (boletín N° 3256-05)		58	2.	Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley N° 19.620, sobre adopción de menores en materia de competencia de los juzgados de menores, con la excepción de la letra c) del número 1, del artículo único que ha rechazado, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma de resolver las discrepancias producidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República (boletín N° 3022-07)		59	3.	Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica (boletín N° 2888-01)		59	4.	Moción de la diputada señora Saa, doña María Antonieta y de los diputados señores Accorsi, Ascencio, Leal, Palma, Rossi, y de las diputadas señoras Tohá, doña Carolina y Vidal, doña Ximena, sobre fomento de la no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo (boletín N° 3283-18)		79	5.	Moción de los diputados señores Valenzuela, Barros, Bauer, García-Huidobro, Pérez, don Aníbal, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que autoriza la erección de un monumento en Rancagua en memoria de Óscar Castro Zúñiga (boletín N° 3284-04)		92	6.	Moción de los diputados señores Uriarte, Alvarado, Barros, Burgos, Bustos, Forni, García, Hales, Salaberry, y de la diputada señora Cubillos, doña Marcela, que modifica la ley N° 18.290, de tránsito, con el objeto de imponer la vigencia de anotar el Número de Identificación de Vehículo en las inscripciones practicadas en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados (boletín N° 3285-15)		94	7.	Moción de los diputados señores Mora, Burgos, Bustos, Ascencio, Cardemil, Riveros, Saffirio y Walker, que modifica el decreto ley N° 1.487, de 1979 (boletín N° 3288-02)		96	IX	Otros documentos de la Cuenta.	1.	Comunicaciones:	-	Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Pérez, don Ramón reemplazará en forma permanente al diputado señor Egaña en la Comisión de Seguridad Ciudadana. 	-	Del Jefe de Comité del Partido por la Democracia mediante la cual informa que fueron elegidos como Comité Primer Titular y Jefe de Bancada el diputado señor Tuma; como Comité Segundo Titular y Subjefe de Bancada el diputado señor Accorsi; y como Comité Suplente los diputados señores Valenzuela y González. 		Ministerio del Interior	-	Del diputado señor Pablo Galilea, medidas adoptadas en zonas de catástrofe. 		Ministerio de Hacienda	-	Del diputado señor Pablo Galilea, estimaciones de menores ingresos fiscales por zonas francas. 	-	Del diputado señor Kuschel, incremento de la recaudación tributaria como consecuencia de la ley para evitarla. 	-	Del diputado señor Vilches, necesidad de flexibilizar el impuesto específico a los combustibles.	-	Del diputado señor Ramón Pérez, resultados del último reavalúo no agrícola. 	-	Del diputado señor Álvarez, licitación de planta de refrigeración Sacor.	-	Del diputado señor Recondo, creación de mecanismo de estabilización del precio de la leche. 	-	Del diputado señor Navarro, recursos destinados anualmente a Conadi. 		Ministerio del Trabajo y Previsión Social	-	Del diputado señor Ortiz, situación de profesores. 	-	Del diputado señor Navarro, viviendas Tomé S.A. o Altiplánica S.A. 	-	Del diputado señor Mulet, grave situación de desempleo que afecta a la provincia de Huayco. 	-	Del diputado señor Espinoza, proyectos para ser ejecutados en comunas del Distrito 56. 		Ministerio de Salud	-	Del diputado señor Felipe Letelier, proyecto de ley que suspende las pensiones de los discapacitados cuando consiguen trabajo. 	-	Del diputado señor Díaz, relación entre el Sr. Alan Mrugalski y este ministerio. 	-	De la Corporación, prevalencia de la silicosis en Chile.		Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones	-	Del diputado señor Espinoza, calidad jurídica en que el señor Gustavo Puentes Hernández se habría desempeñado para este Ministerio.	-	Del diputado señor Navarro, proceso de licitación de vías de taxis colectivos de la Región Metropolitana. 		Ministerio Secretaría General de la Presidencia	-	Del diputado señor Riveros, proyecto El Copihue. 		Ministerio de Planificación y Cooperación	-	Del diputado señor Navarro, donaciones percibidas por el Fondo Nacional de la Discapacidad desde 1994 a la fecha. 	-	Informe relativo a empleo y Desocupación en la Región Metropolitana.		Municipalidad de Coronel	-	Del diputado señor Navarro, índices registrados de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. 		Municipalidad de Puerto Cisnes	-	Del diputado señor Pablo Galilea, pensiones asistenciales de vejez e invalidez. 		Municipalidad de San Nicolás	-	Del diputado señor Monckeberg, mantención, reparación y modificación de los caminos de Chile.		Municipalidad de Cauquenes	-	Copia informativa de oficio enviado al Presidente de la República relativo al aumento significativo en la delincuencia.
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (106)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Aguiló Melo, Sergio	PS	VII	37Alvarado Andrade, Claudio	UDI	X	58Álvarez-Salamanca, Büchi, Pedro	RN	VII	38Álvarez Zenteno, Rodrigo	UDI	XII	60Allende Bussi, Isabel	PS	RM	29Araya Guerrero, Pedro	PDC	II	4Ascencio Mansilla, Gabriel	PDC	X	58Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Bayo Veloso, Francisco	RN	IX	48Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Burgos Varela, Jorge	PDC	RM	21Bustos Ramírez, Juan	PS	V	12Caraball Martínez, Eliana	PDC	RM	27Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Cornejo Vidauzarraga, Patricio	PDC	V	11Correa De la Cerda, Sergio	UDI	VII	36Cristi Marfil, Marí Angélica	IND-UDI	RM	24Cubillos Sigall, Marcela	UDI	RM	21Delmastro Naso, Roberto	IND-RN	IX	53Dittborn Cordua, Julio	UDI	RM	23Egaña Respaldiza, Andrés	UDI	VIII	44Encina Moriamez, Francisco	PS	IV	8Errázuriz Eguiguren, Maximiano	RN	RM	29Escalona Medina, Camilo	PS	VIII	46Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Forni Lobos, Marcelo	UDI	V	11Galilea Carrillo, Pablo	RN	XI	59Galilea Vidaurre, José Antonio	RN	IX	49García García, René Manuel	RN	IX	52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro	UDI	VI	32Girardi Lavín, Guido	PPD	RM	18González Román, Rosa	UDI	I	1González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Guzmán Mena, Pía	RN	RM	23Hales Dib, Patricio	PPD	RM	19Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Ibáñéz Santa María, Gonzalo	UDI	V	14Ibáñez Soto, Carmen	RN	V	13Jaramillo Becker, Enrique	PPD	X	54Jarpa Wevar, Carlos Abel	PRSD	VIII	41Jeame Barrueto, Víctor	PPD	VIII	43Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Kuschel Silva, Carlos Ignacio	RN	X	57Leal Labrín, Antonio	PPD	III	5Leay Morán, Cristián	UDI	RM	19Longton Guerrero, Arturo	RN	V	12Longueira Montes, Pablo	UDI	RM	17Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Luksic Sandoval, Zarko	PDC	RM	16Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Masferrer Pellizzari, Juan	UDI	RM	16Melero Abaroa, Patricio	UDI	RM	16Mella Gajardo, María Eugenia	PDC	V	10Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Molina Sanchueza, Darío	UDI	IV	9Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	VIII	42Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Mora Longa, Waldo	PDC	II	3Moreira Barros, Iván	UDI	RM	27Mulet Martínez, Jaime	PDC	III	6Muñoz Aburto, Pedro	PS	XII	60Muñoz D’Albora, Adriana	PPD	IV	9Navarro Brain, Alejandro	PS	VIII	45Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Olivares Zepeda, Carlos	PDC	RM	18Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Palma Flores, Osvaldo	RN	VII	39Paredes Fierro, Iván	IND-PS	I	1Paya Mira, Darío	UDI	RM	28Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lobos, Aníbal	PPD	VI	35Pérez Opazo, don Ramón	IND-UDI	I	2Pérez Varela, Víctor	UDI	VIII	47Prieto Lorca, Pablo	IND-UDI	VII	37Recondo Lavanderos, Carlos	UDI	X	56Riveros Marín, Edgardo	PDC	RM	30Robles, Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rossi Ciocca, Fulvio	PS	I	2Saffirio Suárez, Eduardo	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Salas De la Fuente, Edmundo	PDC	VIII	45Sánchez Grunert, Leopoldo	PPD	XI	59Seguel Molina, Rodolfo	PDC	RM	28Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PDC	VI	34Silva Ortiz, Exequiel	PDC	X	53Soto González, Laura	PPD	V	13Tapia Martínez, Boris	PDC	VII	36Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Tohá Morales, Carolina	PPD	RM	22Tuma Zedan, Eugenio	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Uriarte Herrera, Gonzalo	UDI	RM	31Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Valenzuela Van Treek, Esteban	PPD	VI	32Varela Herrera, Mario	UDI	RM	20Vargas Lyng, Alfonso	RN	V	10Venegas Rubio, Samuel	PRSD	V	15Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Villouta Concha, Edmundo	PDC	IX	48Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	X	54Walker Prieto, Patricio	PDC	IV	8	-Asistieron, además, los ministros de la Secretaría General de Gobierno, señor Francisco Vidal; de la Secretaría General de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla, y de Hacienda (s), señora María Eugenia Wagner.
    -II. APERTURA DE LA SESIÓN	-Se abrió la sesión a las 10.41 horas.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El acta de la sesión 10ª se declara aprobada. 	El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. 	-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre la adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores, por los siguientes señores y señoras diputadas: Laura Soto, Pía Guzmán, Juan Bustos, Jorge Burgos e Ignacio Urrutia.	¿Habría acuerdo?	Acordado.V. ORDEN DEL DÍAPOSTERGACIÓN DE VIGENCIA DEL REAVALÚO DE LOS BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS. Proposición de Comisión Mixta.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En el Orden del Día, corresponde conocer las proposiciones de la Comisión Mixta recaídos en el proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica.	Antecedentes:	-Informe de la Comisión mixta, boletín Nº 2888-01. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 	Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.	La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señora Presidenta, en la Comisión Mixta hubo algunas dificultades para llegar a esta proposición.	La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó que el reavalúo de los bienes agrícolas entrara en vigencia a contar del 1º de enero de 2003. Por su parte, el Senado, en el segundo trámite constitucional, resolvió que regiría desde el 1º de julio de 2003, modificación que fue rechazada por la Cámara de Diputados.	Por tratarse de una materia de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda se le solicitó que nos propusiera una manera de zanjar las dificultades, no sólo con respecto a la fecha en que entraría en vigencia el reavalúo, sino también en cuanto al monto hasta por el que los agricultores podrían acogerse a exención como también a la tasa por la que se regirían los intereses.	Algunos diputados planteamos que era bastante inoportuno fijar un nuevo reavalúo agrícola, ya que la situación de los agricultores, y de la agricultura en general, tanto de la zona central como del sur, no lo aconseja, pues la rentabilidad de esta actividad, sobre todo la de los rubros tradicionales y básicos, no había aumentado. Es más, se ha deteriorado ostensiblemente.	Por estas razones, en la Comisión Mixta nos demoramos en resolver la divergencia que tuvimos con el Ejecutivo. Concordamos en que la exención aumentaría de 1 millón 900 mil pesos a 4 millones y medio. La aceptación del Ejecutivo allanó el camino para lograr el objetivo de que un número importante de predios quedaran excluídos de este reavalúo.	También fue importante que el Ejecutivo nos indicará las regiones a las cuales afectaba mayormente el aumento del reavalúo fiscal. Lamentablemente, nuestro interés de postergar este reavalúo hasta comienzos o a mediados del año 2005 no fue aceptado. El Ejecutivo propuso comenzar a aplicarlo desde mediados del próximo año, proposición que se aprobó en la Comisión Mixta por amplia mayoría.	Este proyecto ha tenido una larga tramitación, y en este lapso la situación de los pequeños y medianos agricultores no ha mejorado; al contrario, se ha deteriorado. Por ello, con mucha tristeza, vamos a sancionar un proyecto que no es el que hubiésemos pensado, ni que tampoco corresponde a la señal que debiéramos estar dando al sector agrícola. 	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García.	El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, la Comisión Mixta ha llegado a una buena solución, a pesar de que hubiésemos querido algo mucho mejor.	Pese a la crítica situación por la que atraviesa la agricultura, tenemos claro que no podemos seguir postergando los reavalúos agrícolas. Aumentamos el monto de exención y se rebajó la tasa de un 2 a un 1 por ciento, lo cual es una buena solución para un sector que está altamente deprimido.	Cabe recordar que con respecto a la contabilidad simplificada, uno podía informar al Servicio de Impuestos Internos de su decisión de acogerse a ella. El problema es que hay que tener mucha prudencia al pedirla. Muchos creen que es la panacea y que existe la posibilidad de acogerse a ella y de salirse cuando se quiera. En consecuencia, muchos pequeños y medianos agricultores tendrán que pensar bien si lo hacen. Digo esto sin el ánimo de contradecir la esencia del proyecto, que me parece bien.	¿Por qué muchos agricultores no se acogen a la contabilidad simplificada, que es una muy buena solución? Porque si al año hacen solo una venta de cien mil, trescientos mil o de un millón de pesos, deben pagar al contador durante todo el año para presentar sus papeles en el Servicio de Impuestos Internos. Eso los lleva a veces a la contradicción de seguir “trabajando a la negra”.	Aprovecho la presencia de la señora ministra de Hacienda subrogante para plantearle la siguiente inquietud: como muchos pequeños agricultores venden sin factura, la nueva normativa les encarecerá su producción casi en un 40 por ciento. Dado que venden sin el IVA, perderán el 19 por ciento -con el último aumento, que, por desgracia, entrará en vigencia en octubre próximo-, a pesar de que compran con IVA, éste no lo podrán descontar.	Vamos a aprobar el proyecto. Se afirma que, desde hace varios años, no se han reajustado las contribuciones agrícolas. No es así. Sabemos que éstas, y en general todas las contribuciones, se reajustan en forma automática según el índice de precios al consumidor. La gente piensa que el impuesto a los bienes raíces no sube, pero se equivoca. Sube todos los años, de acuerdo con el IPC.	Aunque se ha bajado la tasa de 2 por ciento a 1 por ciento, es fundamental terminar esta incertidumbre de las contribuciones, como una manera de dar estabilidad al sector agrícola. Veremos cómo obtener los recursos, a pesar de que estamos bastante deprimidos con el problema de la remolacha y de las bandas de precio. Esperamos que el Gobierno tenga la suficiente visión para conservar las bandas de precio y ayudar a la agricultura.	Muchos aspectos de la economía social de mercado son contradictorios. Por ejemplo, una delegación de agricultores de la Novena Región, patrocinada por la Corfo, recorrió Europa hace poco. Sus integrantes concluyeron que es imposible competir con los agricultores de ese continente por los subsidios estatales que les otorgan. En consecuencia, no castiguemos más la agricultura nacional y démosle algún respiro.	Sé que es muy sensible el tema de la banda de precios del azúcar. Muchos parlamentarios incurren en contradicciones, porque quieren continuar con ella. Por eso, es necesario establecer ciertos resguardos.	Antes de ingresar a la Sala, conversé largamente con el diputado Escalona, quien me contaba que los pequeños agricultores de la zona que representa también están bastante deprimidos. Por lo tanto, el tema es transversal porque no sólo afecta a los agricultores de la Octava, Novena o Décima regiones. Sin embargo, así y todo, debemos apoyar el proyecto y felicitar a los integrantes de la Comisión Mixta por su trabajo. Estamos seguros de que, dentro de nuestras expectativas, era lo mejor que se podía conseguir.	Por ello, anuncio nuestro voto favorable. Es importante encontrar pronto una solución y que los pequeños y medianos agricultores vean bien si les conviene la contabilidad simplificada. Es una oportunidad que se les abre, pues si no la aceptan, pueden continuar con el sistema contable actual. Es decir, pueden elegir libremente la contabilidad simplificada, fidedigna o tributar sobre la base de renta presunta.	Se trata de que los agricultores no estén siempre pensando en lo que pasará con sus contribuciones. De ahora en adelante, veremos cómo entrarán en vigencia las escalas, las fechas y todo lo que esto conlleva. Por nuestra parte, continuaremos generando las platas para pagar los impuestos al fisco.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.	El señor SILVA.- Señora Presidenta, a mi juicio, se ha llegado a una muy buena solución. Primero, porque no podíamos seguir postergando eternamente el reavalúo de los bienes agrícolas cuando, paralelamente, estamos discutiendo una ley de Rentas II para el sector urbano.	Sistemáticamente, se ha usado como argumento la situación económica y las complicaciones del mundo rural, las cuales no hay que negar. Sin embargo, si comparamos la proposición original del proyecto con la solución dada por la Comisión Mixta, veremos que el texto consensuado constituirá un alivio para los agricultores. Ello acontecerá principalmente en la primera etapa, porque pagarán menos contribuciones que las establecidas en el proyecto original, e incluso menos que las que hoy deberían pagar. Ello por dos razones: primero, porque se establece un monto exento no inferior a cuatro y medio millones de pesos; y, segundo, porque se fija una tasa de impuesto no superior al uno por ciento. Con estos dos elementos, al hacer el cálculo sobre la base de la situación actual, en los primeros años habrá un impacto positivo, específicamente en los primeros trimestres. Posteriormente, si bien habrá una pequeña alza en el régimen cobrado, este impuesto se va a traducir, en definitiva, en un gravamen estable que no tendremos que discutir año tras año, y, además, tendrá una tasa que permitirá al fisco obtener una pequeña recaudación extra. La mayoría de las regiones resultarán beneficiada con esta fórmula encontrada en la Comisión Mixta, más allá de la contabilidad simplificada y de otros temas que se han tocado en esta sesión. Este fue el punto central de discusión en la Comisión Mixta. El Ejecutivo -en particular la ministra de Hacienda subrogante, señora María Eugenia Wagner- ha estado abierta a recoger los planteamientos de distintos parlamentarios y a encontrar una solución a partir del aumento del monto exento y de un límite a la tasa del impuesto no superior a uno por ciento. Esa solución, a mi juicio muy razonable y equilibrada, posibilita terminar con una discusión que, en el Congreso Nacional, ya se hacía eterna.	Por lo señalado, anuncio que aprobaremos con entusiasmo el proyecto, pues viene a terminar con una larga discusión sobre el particular.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra la señora ministra de Hacienda subrogante.	La señora WAGNER, (ministra de Hacienda subrogante).- Señora Presidenta, conforme a las disposiciones legales vigentes, a contar del 1º de enero de 2002 debió entrar en vigencia el reavalúo de los bienes raíces agrícolas. Sin embargo, en consideración a que el sector silvoagropecuario se ha visto afectado por factores que inciden negativamente en su desarrollo, el Ejecutivo presentó un proyecto para postergarlo, el que durante su tramitación fue objeto de indicaciones que favorecen a los agricultores, en especial a los pequeños productores.	Es así como se aprobaron medidas tales como incremento máximo de giro a nivel nacional de diez por ciento; gradualidad en el incremento de las contribuciones de cada predio cuando éstas aumenten en más de veinte por ciento, de modo que a nadie las contribuciones le puedan subir más de veinte por ciento el primer semestre de aplicación del reavalúo; opción para que los contribuyentes que determinan su impuesto a la renta sobre la base de renta presunta, puedan cambiarse a renta efectiva, caso en el cual podrán utilizar, para los dos años posteriores al reavalúo, el avalúo vigente antes de su aplicación, reajustado en el índice de precio al consumidor, y el establecimiento de un sistema de contabilidad agrícola simplificada. Debo aclarar que el sistema de contabilidad agrícola simplificada nuevo es distinto del que existe hoy en día, y será más fácil y beneficioso para los agricultores.	Durante la tramitación del proyecto se produjeron divergencias entre ambas cámaras respecto de la fecha de entrada en vigencia del reavalúo. La honorable Cámara de Diputados aprobó la vigencia desde el 1º de enero de 2003, mientras que el Senado lo hizo a contar del 1º de julio de 2003, lo que originó la formación de una comisión mixta para resolver la discrepancia. Después de analizar distintas opciones, el Ejecutivo, mediante indicación, propuso fijar la fecha de vigencia a partir de 1º de julio de 2004, proposición que fue aprobada por la Comisión Mixta.	La indicación aprobada establece una limitación en la aplicación de la facultad, otorgada al Presidente de la República, de fijar el monto exento y la tasa del impuesto. Se dispuso que la exención agrícola no podrá ser inferior a cuatro millones quinientos mil pesos y, el monto exento del impuesto territorial, a 4,5 millones de pesos. Al mantenerse la tasa, se incrementa el número de predios exentos en comparación a la propuesta original, la que consideraba una exención de 4 millones de pesos. Además, se rebaja el impuesto a todos los predios cuyo avalúo era mayor a este último valor, medida que tiene mayor impacto en los predios de menor avalúo, lo que favorece, especialmente, a los pequeños productores agrícolas.	La aplicación del reavalúo en las condiciones aprobadas en la Comisión Mixta significará una disminución del giro del impuesto en los primeros semestres de su aplicación, en comparación con el giro actual, en montos que se estiman del orden de 700 millones de pesos en el primer semestre y de 182 millones de pesos en el segundo, para alcanzar un giro máximo -incrementado en aproximadamente 6,5 por ciento- el séptimo semestre de su aplicación, es decir, el segundo semestre de 2007.	La indicación que se presenta a la consideración de la honorable Cámara incluye algunas adecuaciones al proyecto ya aprobado, pues establece la vigencia del reavalúo a contar del 1º de julio de 2004 y la fecha desde la cual el Presidente de la República puede hacer uso de la facultad de fijar el monto exento de avalúo y la tasa del impuesto territorial, considerando que la exención no puede ser inferior a 4,5 millones de pesos y la tasa no superior al uno por ciento. Asimismo, se adecuan las fechas relacionadas con la opción para los contribuyentes que decidan pasar del régimen de renta presunta al de renta efectiva, de modo que en abril de 2005 los interesados deberán optar por declarar bajo renta efectiva, incorporándose a este sistema en abril de 2007, por lo que para los años comerciales 2004 y 2005, que se declaran en abril de 2005 y en abril de 2006, respectivamente, podrán seguir utilizando como base el avalúo vigente antes del reavalúo.	Las medidas propuestas, junto con atenuar el efecto del reavalúo, facilitarán su aplicación, lo que permitirá que los avalúos de los bienes raíces agrícolas tengan un valor más representativo de la situación actual, lo cual hará posible corregir las distorsiones que se han producido desde 1980, año desde el cual rige el avalúo vigente.	Es importante destacar que aproximadamente 72 mil predios tendrán rebajas en sus contribuciones por este nuevo reavalúo, y que sólo 9.539 pasarán de la condición de exentos a la de afectos, con cuotas de contribuciones de hasta diez mil pesos al séptimo semestre de aplicación del reavalúo.	Por último, quiero señalar que el resultado de la tramitación del proyecto demuestra que cuando el Ejecutivo y los parlamentarios trabajan en conjunto, se logran iniciativas que ciertamente ayudan a los más pobres.	Muchas gracias.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.	El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, considerando los problemas por los que atraviesan algunos sectores de la economía, debería efectuarse un trabajo legislativo respecto de materias que, en ese ámbito, concitarán consenso unánime.	Como es sabido, el sector agrícola tradicional pasa por momentos muy difíciles, sin lugar a dudas, de los peores de su historia. Si han transcurrido más de quince años sin reavalúos, indudablemente ha sido por algo. Sin embargo, hoy estamos debatiendo la prórroga por un año, dentro de ciertos márgenes, del inicio de un reavalúo que ha sido postergado por más de una década.	Aunque pasen dos o tres décadas, cuando un sector tan importante como el de la agricultura tradicional está muriendo, deben implementarse medidas en su favor, no en su contra. Por lo tanto, cualquier disposición que signifique un costo mayor para la agricultura tradicional no es conveniente.	El reavalúo de los bienes raíces agrícolas no debería haber entrado en vigencia en 2003 ni en 2004, ni establecerse su declaración para el año 2005. Al contrario, se debería efectuar una reflexión profunda sobre la situación de ese sector. Así como múltiples revoluciones que ha vivido la economía, hay que llevar a cabo una revolución en materia de política agraria.	Por eso, no he querido exponer mayores argumentos respecto de la inconveniencia de la medida, pues la agricultura tradicional no pasa por un buen momento desde hace ya veinte años. He sabido de muchos suicidios de agricultores endeudados en la década de los 80. Y en la década de los 90, muchos se preguntaban: ¿cuándo nuestra situación volverá a ser la que tuvimos como historia de vida en su momento?	Estos proyectos no le hacen bien a Chile. No es ésta la forma adecuada de recaudar impuestos o tributos. Los agricultores deben contar con la tranquilidad de que no se legislará sobre temas que constituyen una amenaza, como sería, por ejemplo, que durante el 2004 sus avalúos de nuevo tuvieran un reajuste.	La expresión de esta problemática se refleja en preguntas como las siguientes: ¿Es mejor irse del campo? ¿Es mejor vender? ¿Las forestales ofrecen un precio adecuado? Al final, el mundo rural se transforma en la cesantía del mundo urbano.	Por lo tanto, en la votación me voy a abstener, porque este proyecto no me gusta, no me agrada y no debió haberse presentado.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.	El señor OJEDA.- Señora Presidenta, desde hace mucho tiempo se discute y analiza este proyecto de ley, lo que, sin duda, ha mantenido al sector agrario, en materia de avalúos, en la incertidumbre, más aún cuando se ha presentado una serie de situaciones por efectos de la globalización, que también ha alcanzado a la agricultura a raíz de los tratados de libre comercio, lo que, de alguna manera, está alterando la economía agraria. 	Han llegado varios proyectos sobre la materia y todos sabemos cuáles son. 	Esta proposición de la Comisión Mixta deja las cosas más claras, pero no es lo que queríamos, no es lo óptimo, no es lo que el campo necesita para un desarrollo eficiente y una producción normal. 	Creo que el aumento de la exención de 1 millón 900 mil pesos a 4 millones 500 mil pesos es positivo, pues favorecerá a gran cantidad de pequeños y medianos agricultores.	También, respecto de la contabilidad simplificada, se ha logrado consensuar una buena medida, ya que existirá la posibilidad de no optar por una contabilidad formal, como aquella que existe en las empresas.	En cuanto a la fecha de entrada en vigencia, el día 1º de julio de 2004, se aprobó luego del debate habido en la Comisión Mixta.	Señora Presidenta, éste es un tema y un problema más de los que discutimos en el Congreso Nacional. Los problemas hay que resolverlos. Ojalá contáramos con una política nacional en materia agrícola; es decir, un estatuto, un contexto, una estructura, y no estar dando soluciones de parche, como ésta, en la cual no se ha alcanzado la armonía ni la efectividad que quisiéramos.	Por lo tanto, voy a aprobar la proposición de la Comisión Mixta, con el objeto de no dilatar más esta situación y contar con reglas absolutamente claras.	He dicho.	El señor ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Cerrado el debate.	-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta de la siguiente manera:	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde votar la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto que posterga la vigencia del reavalúo de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica.	En votación.	-Durante la votación:	-Hablan varios señores diputados a la vez.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Diputado señor Tuma, por favor, estamos en votación.	-Hablan varios señores diputados a la vez.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Diputado señor Tuma, llamo al orden a su Señoría.	El señor MOREIRA.- ¡Señora Presidenta!	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Cálmese, diputado Moreira. La que dirige la sesión soy yo.	Señores diputados, he hecho bajar los carteles porque estamos en votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobada.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibález (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.FINANCIAMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL. Tercer trámite constitucional.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno.	Antecedentes:	-Modificación del Senado, boletín Nº 3256-05. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.	El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, indiscutiblemente, hoy no tendrá lugar una discusión tan acalorada como la que sucedió hace unos días cuando debatimos este proyecto en su primer trámite constitucional.	A propósito de las modificaciones del Senado que hoy analizamos, cabe destacar que la discusión, en el fondo, más que técnica es política.	Quiero señalar a los diputados de la Concertación que mientras más viaja el Presidente Lagos por el país, acusando a la Oposición de no votar a favor de los impuestos, más se caen los impuestos. Fuimos testigos de la discusión habida en el Senado, bastante interesante. Está claro que el alza de impuestos afecta negativamente el consumo, lo que, sumado a los otros impuestos, arriesga claramente el buen clima que empezaba a generar la recuperación económica de nuestro país. Menos inversión y menos confianza es el resultado del alza de impuestos.	Es más, hay que recordar las palabras que el Presidente Lagos dijo a principios de este año o a fines del anterior, cuando rechazó las declaraciones del ministro de Hacienda en el sentido de que en su Gobierno no habría alzas de impuestos. En verdad, lo que dice el Presidente de la República nunca se cumple.	También circula por ahí un documento que expresa que el problema tributario de fondo está en el IVA, el que no debería ser superior al diez por ciento. Aquí está el quid del asunto, porque el 18 por ciento actual es monstruosamente alto y fuente de todo tipo de perjuicios económicos y sociales; es altamente regresivo y poco solidario, ya que grava en especial a los más pobres, quienes destinan casi todos sus ingresos a productos afectos a este tributo. Así lo declaró Ricardo Lagos a la revista Ercilla, publicada el 31 de octubre de 2000.	¡Es curioso cómo la Concertación se desdice!	El alza de impuestos no apunta a la reactivación económica, sino fundamentalmente a perjudicar, con un golpe bajo, claro y decisivo, a la clase media y a los sectores más pobres.	Queremos decir, una y otra vez, que no estamos dispuestos a subir ningún tipo de impuestos, porque los recursos obtenidos por esa vía el Gobierno los despilfarra, no los usa bien; y no puede chantajear al Congreso Nacional con el argumento de que, al no tener recursos, no puede financiar los distintos programas sociales.	Afortunadamente -o desafortunadamente, según como se vea-, queda sólo el IVA, porque todos los impuestos específicos se han caído. Ahí se ve la coherencia de la Concertación y de la Democracia Cristiana, porque, finalmente, parece que el ex presidente Frei en esta carrera despertó y le ganó por una nariz a Ricardo Lagos en la discusión de los impuestos.	¿Dónde está Adolfo Zaldívar? Él dijo que había una sola opinión y que los acuerdos al interior de la Democracia Cristiana se respetaban. Sin embargo, vemos que, dicho partido no está tan cohesionado ni tiene esa línea de acción, ni un mando sólido. 	También vemos la disputa que existe al interior del Partido Socialista, en el sentido de no recibir órdenes de partido ni menos instrucciones de la mesa directiva con respecto a votar en determinado sentido. Es una discusión que se está poniendo interesante en términos políticos, pero en términos económicos es un golpe bajo para la gente. 	Este Gobierno no tiene ni tendrá capacidad de gobernar para los sectores más pobres, a los que dice defender. Sólo tiene discursos, juego de piernas, muchos medios de comunicación y un reality show del Presidente en todo el país; pero, en el fondo, sigue existiendo más pobreza, más cesantía y desesperanza en los sectores más pobres.	Diariamente, los jubilados se preguntan: ¿Y nosotros, cuándo? ¡Nunca, porque son un sector pasivo!	Entonces, ¿para qué se establecen estos aumentos de impuestos? ¿Para pagar la farra y las deudas del Gobierno?	Debo reconocer que en más de una oportunidad me equivoqué cuando dije en esta Sala que pensaba que el gobierno del Presidente Frei había sido el más malo de la Concertación. Reitero; me equivoqué, porque no ha habido otro gobierno más malo que el de Lagos. Lo han hecho muy mal, pésimo, y prueba de ello es que la cesantía y la delincuencia aumentan cada día. En relación con las famosas reformas de la salud, con la ayuda a los más pobres, ¿dónde está la plata, diputado Montes? ¿Dónde está? 	El señor MONTES.- No estamos en Incidentes, señor diputado.	El señor MOREIRA.- ¿Dónde está el jarrón, señora Presidenta? Verdaderamente, esto es humorístico, porque el Gobierno se ha transformado en un verdadero chiste. No tiene la capacidad de gobernar ni de solucionar los problemas de la gente. Incluso, en un momento de decadencia del Gobierno, la UDI, el “Partido Popular de Chile”, le tendió la mano al Presidente Lagos, porque no tuvo capacidad de liderar a su propia gente. 	El señor MONTES.- ¿Por qué no se hace uso del Reglamento?	El señor MOREIRA.- Está muy mal, diputado Montes, al gritar desde su sector.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Señor diputado, diríjase al señor Montes a través de la Mesa.	El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, mil disculpas por dialogar con el diputado Montes. Sé que tengo que dirigirme a la Mesa.	Por eso, a través de su Señoría, le digo al diputado Montes que la Concertación lo ha hecho muy mal, pésimo; y va a seguir igual, porque no ha tenido seriedad ni capacidad de conducción.	La Concertación tiene muy poca tolerancia en democracia. ¿Dónde está la tolerancia? ¿Tolerancia es subir los impuestos a los más pobres? ¿Democracia es que los pobres sean más pobres? ¿Democracia es que haya más cesantes? ¿Democracia es que a los jubilados no les toque ni cobre? ¿Y los millones de pesos farreados?	El señor VILLOUTA.- Preocúpese de los derechos humanos.	El señor MOREIRA.- Sé que el tema de los derechos humanos es muy sensible, y por eso estamos abocados a él. Sin embargo, ahora debo referirme al robo y la corrupción que ha sufrido el país. ¿Para qué más impuestos? ¿Para que se siga robando más? ¿Cómo van a usar esos recursos adicionales?	Señora Presidenta, antes de entrar de lleno al tema técnico de los impuestos...	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Diputado Moreira, ha intervenido durante diez minutos. Por favor, redondee su idea.	El señor MOREIRA.- Redondeo mi idea, señora Presidenta.	Sí, han subido los impuestos para perjudicar a los más pobres; sí, el ex presidente Frei despertó; sí, en esta batalla por los impuestos, el ex presidente Frei le ganó por nariz al Presidente Lagos y, finalmente, la Democracia Cristiana doblegó a la Concertación. 	He dicho. 	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Aguiló.	El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, cuando usted le pide a un parlamentario que redondee la idea, para que ello ocurra tiene que haber idea. Si no la hay, no se puede redondear nada.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Escalona.	El señor ESCALONA.- Señora Presidenta, no puedo sino llegar a la conclusión de cuán grande es la democracia. ¡Qué sistema político tan maravilloso, que permite expresiones tan diversas en la discusión de los temas! Así, tenemos, por ejemplo, la entrega de opiniones doctas, serias e ilustradas, entre las que me permitiré recordar algunas: en los debates de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, las del diputado don Sergio Elgueta -el cual lamentablemente ya no es diputado-, quien siempre tenía la virtud de aprender y de transmitir conocimientos y cultura. También se han destacado otros notables diputados que, en su momento, hicieron una enorme contribución a la discusión económica, como el actual presidente del Banco del Estado, don Jaime Estévez, o el ministro de Mideplan, don Andrés Palma, quienes eran personas versadas, independientemente de si eran de Gobierno o de Oposición, a las cuales valía la pena escuchar. Asimismo, recuerdo el caso de las “leyes Cumplido”, en cuya tramitación, a pesar de que era un tanto reiterativo, uno siempre escuchaba con atención al entonces diputado Alberto Espina. Si bien se trataba de un representante de la Oposición, uno no podía sino valorar que, en lo relativo al derecho penal, él hacía una contribución importante a la reflexión de la Cámara de Diputados. No quiero seguir con los ejemplos porque hay muchos otros ex diputados que podría citar y alguno de los cuales hoy tienen responsabilidades de Estado.	Pero también existen opiniones que tienen otro fundamento, que se asientan en otro pilar. Son aquellas que tienen como finalidad generar algún tipo de espasmo, de conmoción inmediata o una suerte de reacción que, más que contribuir a la lucidez, tienen la extraña función de nublar el debate y de impedir la reflexión serena y seria. Lamentablemente, debo inscribir la intervención precedente entre estas últimas. 	Los diputados y senadores debemos hacer un esfuerzo, porque el prestigio de la política no pasa por su mejor momento. Tanto deterioro del clima político, que viene desde hace varios años, coincide con un cierto momento mundial de pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas. Existe mucha literatura al respecto. Asimismo, se habla de la globalización y de sus efectos. Pero también entiendo que debemos hacer nuestra propia contribución personal para que la gente nos valore de manera distinta y nos sienta como individuos, hombres o mujeres, que queremos ayudar sinceramente al bien común del país y que buscamos hacerlo a través del debate, con al menos un mínimo de lucidez y de claridad. 	No creo útil, independientemente de las diferencias que tengamos quienes apoyamos al Gobierno y quienes están en la Oposición, utilizar la virulencia como arma de debate. No están los tiempos para eso.	Señora Presidenta, quiero expresar mi voto favorable a las modificaciones del Senado, por razones políticas, económicas y sociales.	Éste ha sido un episodio negativo. El país lo conoce bien. Ha habido un fuerte desentendimiento en el seno de la coalición. Siento que este episodio lo debemos concluir, y para ello debemos cerrar este capítulo desde el punto de vista institucional.	Independientemente de nuestros deseos, el proyecto inicial enviado por el Ejecutivo tenía un capítulo básico o una columna vertebral, cual era financiar los programas sociales, en particular la reforma de salud y el programa Chile Solidario, para lo que se aumentaba el IVA en 1 por ciento, lo que se obtuvo, más una serie de impuestos específicos al tabaco y al diésel, respecto de los cuales no contamos con los votos suficientes para aprobarlos, hecho que quiero asumir con entera transparencia frente al país, sin perjuicio de los deseos que teníamos como Partido Socialista y como diputados de la Concertación.	Si hubiésemos intentado reponer estos impuestos específicos en la Cámara para posibilitar que las diferencias con el Senado se hubiesen zanjado en una Comisión mixta, se habría mantenido abierto un debate que no tenía buen pronóstico. Para ser francos, ayudaría a aquellas personas, parlamentarios entre otros, que quieren descalificar y aprovecharse del debate para tratar de hacer chistes de mal gusto. Como hay que pensar en el país y no en provocar la risa de los colegas, hemos resuelto llegar hasta aquí y aprobar, aunque no la compartamos, la propuesta del Senado, con el objeto de que el Ejecutivo pueda promulgar lo que más le importa del paquete presentado, cual es el 91 por ciento del mismo, como ha señalado el ministro Secretario General de Gobierno, con lo que se contará con un volumen de recursos significativos para emprender las tareas sociales planteadas por el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, lo que constituye un avance en lo sustancial; no en toda la propuesta, pero en la mayor parte de la misma.	Ésta es una manera franca de reconocer las cosas como son. No nos satisface el punto al que llegamos, pero no cabe duda  de que se debe evitar que algunos medren a costa de nuestras diferencias y, sobre todo, que generen una polémica inconducente entre dos figuras nacionales, como son Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.	Por tales razones, aprobaremos las modificaciones del Senado.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.	El señor MELERO.- Señora Presidenta, estamos finalizando la discusión del proyecto enviado por el Gobierno para aumentar una serie de tributos, los que trató de justificar con distintas razones. Inicialmente, señaló que era necesario incrementar los impuestos debido a la menor recaudación por concepto de aranceles que provocarían los tratados de libre comercio; después, arguyó la necesidad de financiar el programa Chile Solidario y el Plan Auge, y, finalmente, manifestó que estos recursos se destinarán al déficit fiscal.	Hemos escuchado opiniones de expertos en economía; hemos escuchado aproximaciones políticas, y en el sur, parlamentarios que tenían legítimamente una opinión distinta, han sido víctimas de amenazas.	Hemos hablado en serio; nos hemos reído, y también hemos ironizado. Pero cuando ya estamos en las frases finales de la tramitación de esta iniciativa, debemos buscar en los sabios, en las personas con más experiencia, una voz iluminadora que nos oriente respecto del tema de los tributos.	Y han hablado las voces con más experiencia. Ayer, anteayer y la semana pasada escuchamos al presidente Frei, quien ha dado una muestra de independencia política al recoger lo mejor de la intención que tuvo el constituyente al proponer que los ex presidentes de la República formaran parte del Senado. Estábamos bastante escépticos respecto de la forma como se ha ejercido el cargo, porque el presidente Frei, en vez de mantener su investidura, se involucró muy fuertemente con la bancada Demócrata Cristiana y pasó a ser un senador más.	Pero en estos días hemos visto en él una señal de mayor independencia, pues ha actuado de la manera en que siempre se esperó que lo hicieran los ex presidentes de la República dentro del Senado y ha dado una lección al mundo político, especialmente a la Concertación, al manifestar una visión crítica de lo que significaban estos tributos.	Pero no satisfecho con la opinión del ex presidente Frei, al revisar la prensa encontré otra voz iluminadora, que podría orientarnos respecto del tema de los tributos. Esa voz que hoy debe iluminarnos dice así: “El problema tributario de fondo está en el IVA, que en forma ideal debiera ser no mayor al 10 por ciento. Aquí se está en el quid del asunto, ya que el 18 por ciento actual es monstruosamente alto y fuente de todo tipo de perjuicios económicos y sociales. Es altamente regresivo y poco solidario, ya que grava en especial a los más pobres, que destinan casi todo su ingreso a productos afectos a este tributo”. Son las declaraciones de Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República, vertidas en la revista "Ercilla" el 31 de octubre de 2000.	Digo esto porque para quienes estamos en el mundo de la política, nuestros dichos y pensamientos también nos pueden condenar en el futuro. Cuesta entender que un presidente de la República que hace tres años pensaba y decía lo que acabo de citar, hoy aparezca en una postura tan radicalmente distinta, manifestando que el 19 por ciento del IVA ya no es monstruosamente alto y fuente de todo tipo de perjuicios económicos, sino que es justo, y ya no es altamente regresivo y poco solidario, sino que es necesario. En todo ello se contradice.	El diputado señor Escalona dijo que no debemos advertir una pugna entre el ex presidente Frei y el presidente Lagos. La verdad es que no hay tal pugna. Al final, han terminado pensando igual, con la única diferencia de que uno ha señalado lo negativo de estos impuestos, y el otro, por razones que hasta hoy no tienen justificación y explicación alguna, vuelve a subirle los impuestos a los chilenos.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señora Presidenta, resulta verdaderamente admirable que el diputado señor Moreira se exprese a favor de la democracia, en circunstancias de que pertenece a un partido que prácticamente no la conoce, porque las elecciones de sus directivas y de sus candidatos a parlamentarios nunca han sido hechas por sus militantes. No tienen la suerte y el prestigio de los partidos de la Concertación, en los que las elecciones de sus directivas y de sus candidatos se hacen en forma democrática y en las que triunfa el que tiene más peso en las ideas.	Ello nos enorgullece, y es un aspecto que nos diferencia de la UDI. Indudablemente, también podemos tener opiniones disidentes, las cuales aceptamos dentro del partido, porque eso es lo que corresponde.	Creo que hay que valorizar el hecho de que, como partido, hayamos insinuado -y así se acogió- que el aumento del uno por ciento del IVA no fuera gradual, sino que empezara a regir dentro de este año. Quizás, puede ser una medida impopular, pero ello no significa que estemos olvidando nuestras obligaciones con la gente más pobre.	En sesiones anteriores, se han entregado antecedentes que indican los beneficios y costos que representará el aumento del IVA. Hay un bien superior, que aceptamos por sobre estas inconveniencias. Puede que el Presidente Lagos, en algún momento, haya sido contrario a este aumento. Sin embargo, como políticos, sabemos que tenemos que adecuarnos a la realidad económica.	A pesar de todas las dificultades por las que atraviesan países como Alemania, Japón y otros, hemos ido recuperando y mejorando nuestras exportaciones. Lamentablemente, no tenemos los medios de difusión para dar a conocer esos hechos, y eso nos perjudica. Indudablemente, ello es responsabilidad nuestra, porque hemos ido perdiendo los pocos medios con los que contábamos para hacer llegar nuestras ideas a la ciudadanía, así como para informar los motivos de nuestras decisiones.	En el caso del impuesto específico al petróleo, la razón predominante que hizo que votáramos en contra fue el aumento de las patentes y el excesivo costo de los combustibles para los vehículos escolares, lo cual afectaba a toda nuestra población. De tal manera que hay fundamento y lógica para haber actuado así.	Espero que en algún momento la ministra nos diga cuánto representan, en relación con el aumento del IVA, los dineros que han sido malversados o mal ocupados. No estoy defendiendo esas acciones, pero estoy seguro de que esas cifras no correspondería ni siquiera a un mes de recaudación del IVA.	Mi partido eliminó de sus registros o suspendió de sus derechos a aquellos militantes que actuaron en forma equivocada. Se están defendiendo los intereses del fisco, y estoy cierto de que se reconocerá el derecho de la Corfo de recuperar ese dinero, que es de los contribuyentes. Pero no nos hemos callado ni querido ocultar la verdad. Por el contrario, seguiremos diciendo que en nuestro partido no aceptamos corruptos ni a gente que actúe por sobre las directrices o las orientaciones, sobre todo de carácter moral, que hemos querido impartir.	En nuestro partido hay hombres ilustres que vivieron pobremente y que murieron en la pobreza. Por eso, al tratar este proyecto tenemos presente al pueblo, a la gente modesta a la que ustedes intentan atraer hacia sus propias filas. Nosotros lo hemos hecho permanentemente. Jamás nos han amilanado las conductas que debiéramos olvidar, las que recordamos porque hay gente de mala memoria.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada Rosa González.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señora Presidenta, tengo absolutamente claro que tenemos que aceptar las modificaciones del Senado. Pero debido a las intervenciones que hemos escuchado, estimo necesario precisar algunos conceptos.	De partida, debiéramos tener claro que el impuesto al valor agregado lo pagaremos todos los chilenos, incluidos los más pobres, que, lamentablemente, son casi el 70 por ciento de la población.	La gente ignora que existe una infinidad de impuestos indirectos -del Estado, de derechos municipales, de tarifas de invierno y verano de los servicios básicos- que afectan sensiblemente el bolsillo de los pobres.	El programa Chile Solidario, que se financiará con el aumento de impuestos, es un incentivo monetario asignado -de acuerdo con lo expresado por el Presidente Lagos- a las familias, en montos decrecientes, durante el período de 24 meses de participación, y está asociado al cumplimiento del contrato que se realice con cada una de las familias beneficiarias. A la mujer jefa de hogar o a la pareja del jefe de familia se le entregarán 10 mil 500 pesos mensuales durante los primeros seis meses; 8 mil pesos mensuales entre el séptimo mes y el año; 5 mil 500 pesos mensuales entre los meses trece y dieciocho, y 3 mil 500 pesos mensuales en los últimos seis meses.	¿No es efectivo, entonces, que serán los mismos pobres quienes se pagarán estos programas? Es verdad que los sectores de más altos ingresos pagarán más, pero también pagarán el programa Chile Solidario los sectores más pobres cuando compren un kilo de pan o una bolsa de leche.	¿No es el programa Chile Solidario una ayuda mínima que nada soluciona y que va a consumir una enorme cantidad de recursos?	Hay que poner las cosas por su nombre. El diputado Villouta ha hecho una tremenda defensa de su partido, y le encuentro toda la razón. Pero todo Chile sabe que los problemas que hemos tenido durante los últimos tres años, ampliamente detallados en el informe Corfo-Inverlink, han significado una pérdida de miles de millones de pesos.	Tenemos muchos problemas. Sin embargo, el gobierno de la Concertación ha derrochado y perdido miles de millones de pesos en escándalos, como el de las indemnizaciones, el de Codelco y el de Corfo-Inverlink, recursos que, no me cabe la menor duda, los habrían solucionado en parte.	Tenemos claro que la Democracia Cristiana ha tomado serias medidas; pero no podemos ignorar que quienes sufren las consecuencias de todo esto son, sin duda, los más pobres, a quienes el Gobierno dice defender. En realidad, es mucho mejor que no los defienda, porque si a esto se llama amigos, no necesitan tener enemigos.	La Concertación sí tiene medios de difusión, y a diario vemos que tienen mucho más acceso a ellos que la Oposición.	Como todavía hay personas que tienen dudas, es bueno que se sepa que la Alianza por Chile votó en contra del alza a los impuestos.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, el viernes recién pasado se inauguró la ampliación de la industria pesquera El Golfo, en la comuna de Talcahuano. A ese acto muy especial asistieron el Presidente de la República, el ministro de Economía y los diputados señores Patricio Melero, Darío Molina, Jorge Ulloa, Andrés Egaña, Víctor Jeame Barrueto, Edmundo Salas y quien habla.	El señor Jaime Santa Cruz, presidente de ese grupo económico, hizo un particular reconocimiento de lo que ha significado el manejo macro y microeconómico del Presidente Ricardo Lagos. Expresó que el Ejecutivo y los parlamentarios habían tenido la visión, como hombres de Estado, de hacer posible la ley corta de Pesca; que con ella no se produjo la maratón olímpica y significó un ordenamiento de la actividad. Por eso, la empresa había hecho esa nueva inversión de casi 7 millones de dólares. Son hechos, realidades.	En la Octava Región se sufre el drama de la cesantía. El año pasado el crecimiento económico de ese sector fue de 5,1 por ciento, en circunstancias de que el del país fue de 2,1 por ciento. Durante los primeros tres meses del año 2003 éste alcanzó a un 4,2 por ciento, mientras que en igual período las exportaciones pesqueras aumentaron en 24,5 por ciento, y las forestales, en 18 por ciento. Eso significa que ha habido mayores inversiones, lo que ha incidido en más ocupaciones. Eso no es obra de la casualidad: se debe a que el Presidente Ricardo Lagos ha actuado como estadista.	Por otra parte, en este momento el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, se encuentra en el extranjero, con un grupo importante de empresarios de diferentes actividades, gestionando nuevos mercados y negocios con grupos que quieran invertir en nuestro país.	Sin duda, en sus decisiones uno debe actuar como diputado de la República, sin pensar en los votos que pueden restar algunas de sus decisiones. ¿Por qué expreso esto? Porque a ningún parlamentario le gusta apoyar un proyecto que aumente los impuestos; pero la realidad es que se necesita un Plan Auge y un Programa Chile Solidario. El aumento del IVA va significar que los sectores de más altos ingresos van a colocar diez, pero, en forma indirecta, van a recibir uno en cualquier tipo de atención. Sin embargo, los sectores de más bajos ingresos van a colocar sólo uno y van a recibir diez. Esa es la redistribución en nuestro país. 	También es bueno conocer algunos antecedentes. El movimiento bursátil ha experimentado un crecimiento de más del 20 por ciento. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas creen en el país y en su conducción política y económica. Al respecto, hace algún tiempo puse el ejemplo de los bonos Wall Street, del grupo Matte, por 300 millones de dólares, con un interés anual de menos de 5 por ciento. Son otras realidades.	En el primer trámite constitucional, voté a favor del paquete completo que nos presentó el Gobierno; pero, tal como lo señaló el diputado Camilo Escalona, la política es el arte de lo posible. En este momento, aunque se constituyera una Comisión Mixta, no se contaría con los votos necesarios para aprobar una de las dos disposiciones que fueron rechazadas en la Cámara Alta, referidas al alza de los impuestos al petróleo diésel y al tabaco. Sobre el último de ellos, he visto con mucha sorpresa que respetables senadores han expresado, especialmente en la Comisión de Salud, el daño mortal que provoca el tabaco; sin embargo, están en contra de aplicarle nuevos impuestos. Esa es la realidad y es una muestra del uso de sus atribuciones.	Así como aprobamos en su primer trámite constitucional los impuestos específicos, pues pensamos que era el mejor camino para el país en función de la realidad política, anuncio que la bancada del Partido Demócrata Cristiano votará favorablemente las modificaciones del Senado, porque con ello se logrará financiar el 91 por ciento del Plan Auge y del programa Chile Solidario.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Han solicitado hacer uso de la palabra los diputados señores Bayo y Riveros para pedir el cierre del debate. Al respecto, la Mesa ha sido bastante flexible en otorgar la palabra y dar oportunidad para que los señores diputados expresen su opinión sobre las modificaciones introducidas por el Senado.	Tiene la palabra el diputado señor Bayo.	El señor BAYO.- Señora Presidenta, sólo quiero destacar que lo que se vive hoy en la Sala no prestigia el quehacer parlamentario. Después de horas de discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados, sólo he escuchado un argumento nuevo. Hemos sido repetitivos.	Los chilenos no son tontos y saben a qué atenerse con respecto al alza de impuestos que se aprobará.	El prestigio de la Corporación nos obliga a ser serios y responsables, y a no caer en la reiteración de los argumentos. A veces parece ser que estamos en un diálogo de sordos, donde nadie convence a nadie.	Por eso, solicito el cierre del debate, de acuerdo con lo que señala el artículo 141 del Reglamento, que señala: “La discusión de los proyectos devueltos en tercer trámite o con observaciones por el Presidente de la República se hará debatiendo en conjunto todas aquellas modificaciones o vetos que incidan en un mismo artículo,...”	Aquí no se ha discutido de esa manera. Sólo se han expresado generalidades. Por eso, solicito el cierre del debate.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.	El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidente, no daremos el acuerdo para el cierre del debate. Además, ello debe pedirlo un jefe de Comité por escrito. Como eso no ha ocurrido, no procede acceder a lo solicitado. En todo caso, si lo pide un jefe de Comité, tampoco daremos el acuerdo. Además, hago ver que en este momento no hay quórum en la Sala para acordar nada. En otras ocasiones se nos ha obligado a esperar diputados para reunirlo. Si quieren cerrar el debate, al menos debería haber quórum.	Por lo tanto, no estoy de acuerdo en clausurarlo, no acepto que la petición se someta a votación en este momento y reitero las solicitudes de palabra que han hecho varios diputados. 	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Los jefes de Comités pueden hacer llegar la petición de clausura del debate. 	Les di la palabra a los diputados Bayo y Riveros porque ambos se acercaron a la Mesa para manifestar su intención de solicitar la clausura del debate. Obviamente, la Mesa concordó en que la discusión no se ha dado en los términos que debería, en el sentido de pronunciarnos específicamente sobre las modificaciones del Senado. 	Por lo tanto, reitero, los jefes de Comités que quieran pedir la clausura del debate deberán hacer llegar su petición por escrito a la Mesa, para así cumplir con lo dispuesto en el Reglamento, como lo ha expresado el diputado señor Álvarez. 	Tiene la palabra el diputado señor Bayo.El señor BAYO.- Señora Presidenta ¿cuál es la disposición reglamentaria que dice que la solicitud de cierre del debate tiene que ser presentada por escrito y hecha por los jefes de Comités?	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- El artículo 136 del Reglamento, señor diputado.	Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.	El señor PÉREZ (don José).- Señora Presidenta, también era partidario, junto con mi bancada, del cierre del debate, puesto que aquí estamos abordando temas que nada tienen que ver con las modificaciones del Senado. Pero se han dicho muchas cosas, y eso nos obliga a decir otras.	En el pasado, el Gobierno de Chile obtenía recursos por distintos canales para satisfacer las necesidades de la población. Algunos se lograban con los impuestos -y no olvidemos que durante el régimen militar el IVA era de 20 por ciento-; otros provenían de importantes empresas del Estado, que generaban muchos recursos, como Iansa, Endesa, la Compañía de Teléfonos de Chile, las sanitarias, las de la gran minería -de estas últimas, hoy un alto porcentaje está en manos de privados y no pagan impuestos-.	Sin duda, a nadie le gusta que se fijen impuestos, porque los pagamos todos y, obviamente, los más pobres también. Pero está claro que para ayudar a resolver los problemas de los sectores de más escasos recursos, que necesitan salud, que requieren de programas como el Chile Solidario, se necesita este punto en que se aumenta el IVA, de 18 a 19 por ciento. 	También se propuso establecer impuestos específicos al diésel y al tabaco. Fueron rechazados.	En el debate del impuesto al tabaco se exhibió más de la cuenta el senador vitalicio y ex Presidente de la República, Eduardo Frei, quien, a mi juicio, debe jugar un rol fundamental en torno del Gobierno de la Concertación. Cometió dos errores garrafales en las oportunidades en que se discutió este proyecto en el Senado. 	Ése es un problema que él deberá resolver, además de dar cuenta a su partido de por qué actuó de esa manera. Incluso, desoyó un llamado del Gobierno al estar en contra de un proyecto del Ejecutivo y en desacuerdo con la opinión mayoritaria de la Concertación. De manera que el daño se lo causó a sí mismo. El ex presidente Frei jugó con un bumerán, serán la Concertación y el pueblo los que más temprano que tarde le cursen la factura.	Algunos colegas han dicho que hay muchos desesperados, mucha cesantía, mucha gente amargada y preocupada por la situación que vive el país. Incluso, uno de los diputados preguntaba: ¿Dónde está el jarrón?, y lo repitió dos o tres veces. Pero hay una pregunta más importante que recorre Chile y en cuya respuesta la Oposición bien podría colaborar: porque en todas partes se preguntan dónde están los detenidos desaparecidos. Es un tema que preocupa a mucha gente y en el que -como dije- la Oposición puede hacer un aporte importante.	Deberíamos hablar acerca de las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto en discusión, porque es lo central, sin desviar la atención del tema. Pero nos vemos en la obligación de responder a estas intervenciones políticas de bajo nivel que en nada ayudan.	En todo caso, la bancada del Partido Radical Social Demócrata votará a favor las modificaciones del Senado, porque cree que el programa Chile Solidario es necesario para que los recursos lleguen a la gente más pobre y porque la reforma a la salud también es indispensable para entregar asistencia y salud a los que más lo necesitan.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.	La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señora Presidenta, como soy disciplinada, me voy a referir a las modificaciones del Senado, que apoyaremos, porque estamos de acuerdo con el rechazo a los impuestos específicos. El aumento del IVA ya está aprobado, de manera que no hay más que discutir al respecto. No obstante, quiero insistir en el tema del motivo de los impuestos y en cómo gravarán y afectarán a la población.	Cuando se habla de tributos, se suele pensar que sólo afectan a las personas que tienen más recursos, quienes, obviamente, deben pagar más, porque así está hecho el sistema: quienes tienen más, pagan más. Pero hay otro importante grupo de chilenos, la mayoría, que también los debe pagar, con mucho esfuerzo. Me refiero a la clase media, que paga impuestos por sus remuneraciones, que paga el IVA por lo que consume, que paga el permiso de circulación de sus vehículos, que paga patente comercial si tiene un negocio, que paga contribuciones y, si tiene ahorros, que paga impuestos por los intereses obtenidos. O sea, son muchos los recursos que los chilenos entregamos para que el Gobierno pueda administrar el país y desarrollar sus distintos programas.	También hemos sido testigos de lo mal que se usan los recursos. Hemos sido testigos de la corrupción, de la falta de focalización, de cómo los miles de millones de pesos que debieran ir a los más pobres no llegan a ellos, y de las denuncias que se presentan a cada rato, porque los programas sociales -que el Gobierno ha centralizado- no están siendo evaluados ni focalizados. Es decir, no se está haciendo una tarea efectiva, a pesar de que en esto hay involucrados miles de millones de pesos. De hecho, en Hacienda están pendientes los 10 mil millones de pesos adicionales que, según ellos, están destinados a otros fines, no específicos, pero sabemos que se trata de fondos sociales que el Gobierno está dirigiendo a sectores que desconocemos, pues ignoramos cuánto cuestan dichos programas, si se llevan a cabo y la rentabilidad que tienen. Son 10 mil millones de pesos los que andan dando vueltas y que no sabemos dónde están ni a quiénes llegan.	Para graficar lo que digo, quiero dar el ejemplo de un programa que anunció, durante su período como primer mandatario, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dirigido a erradicar la extrema pobreza, que se llama Actúa. Se llevaría a cabo a través de una ONG, para cuyo financiamiento el Gobierno debía poner 10 millones de dólares, y el Banco Mundial, como contraparte, otros 10 millones. Después de ocho años, Actúa todavía no funciona. La sede de esta ONG está ubicada en una calle paralela a Eliodoro Yáñez. Ha picoteado un poco de aquí y de allá, pero es un misterio la labor que ha hecho para responder al gran compromiso asumido por el presidente Frei para erradicar la extrema pobreza.	Tengo en mis manos la información que he pedido al Mideplan sobre fondos para iniciativas juveniles del Instituto Nacional de la Juventud . Hay 136 millones de pesos que se entregan al Pnud, al Celade, a la Flacso y a la Cepal; pero no está clara la efectividad que tiene para esos jóvenes la labor realizada por esas organizaciones. Así, podría citar cientos de programas que forman parte del gran fondo social y que están yéndose a cualquier parte.	¿Por qué Hacienda no ha entendido -ojalá que me escuche la ministra subrogante- que es necesario recuperar todos los fondos que andan dando vuelta o que están siendo mal utilizados, de modo de destinarlos a los programas sociales y al Auge? Lo mismo debiera hacerse respecto de las platas de la Conadi, del Indap, del Fosis, de la Junaeb, de educación, del Sernam, del Prodemu, de Chile Barrios, de Fonadis y de muchas otras organizaciones. Fonadis, que atiende a los discapacitados y que es quizás el fondo que mejor funciona, desgraciadamente es el que cuenta con menos recursos.	Respecto de Chile Solidario y del Auge, proyectos estrellas del Gobierno, tenemos grandes dudas, que surgieron al principio y se han confirmado en el transcurso del año. El Presidente Lagos señaló que el Auge entraría en funcionamiento a fines del año pasado; pero lo ha hecho como ha podido con los recursos de que disponía. El Auge como tal no existe, nunca ha contado con financiamiento, y hasta hoy no sabemos en qué irá terminar ese proyecto.	En cuanto a Chile Solidario, siempre he dicho que, como concepto, es bueno, pero resulta imposible llevarlo a la práctica, porque los objetivos que se ha planteado son demasiados y muy ambiciosos. Además, ha pasado a llevar a la entidad más importante, la municipalidad, al crear estructuras paralelas. La información entregada por la secretaría ejecutiva del programa Chile Solidario señala, por ejemplo, que el proceso de formación, capacitación y supervisión dirigido a quienes lo llevarán adelante contempla una preparación inicial de tres días intensivos antes de iniciar el trabajo con las familias. Alguien que recibe esa preparación, ¿podrá entender el tema de la indigencia y sacar de la pobreza a quienes se encuentran en esa situación? Se proponen cientos de metas para cumplir con esa finalidad, como, por ejemplo, que se encuentren inscritos en el Registro Civil, que tengan la ficha CAS, subsidio al agua potable y subsidio familiar, pensiones asistenciales, atención hospitalaria, etcétera. El programa persigue buenos objetivos, pero no los cumplirá si se insiste en mantener un monitor adicional al municipio, que no está preparado para cumplir con su tarea y que sólo concurrirá cada cierto tiempo al municipio.	Repito, el programa Chile Solidario responde a una buena idea, a una política social que es necesario aplicar, pero los recursos se deberían entregar a los municipios, pues los han pedido por años y años y cada vez se les han quitado más y más, no obstante que llevan gran parte del peso de aplicar ese programa. Hay alcaldes que dicen estar felices porque, por primera vez, a través de este programa han podido conseguir los dineros para atender a los indigentes de sus comunas, los que se encontraban debidamente identificados y a los que por largo tiempo debieron negarles los subsidios que les correspondían, en particular las pensiones a los ancianos y los subsidios maternales.	Se ha pedido aumentar el IVA, medida que afectará a todos los chilenos, la producción y la confianza en el futuro económico del país, para financiar dos programas que no sabemos cómo se llevarán a cabo y sobre los cuales no existen garantías respecto de sus resultados. El programa Chile Solidario responde a una buena política, pero, en la práctica, no existen posibilidades de cumplir los objetivos que se ha fijado el Gobierno.	Estamos en absoluto desacuerdo con el alza de los impuestos, pues el Gobierno no ha sido capaz de usar bien los recursos. Las dos alzas que fueron rechazadas, que afectaban al alcohol y el tabaco, se fundaban en que recaían sobre productos nocivos para la salud de las personas. Creo que a este respecto el Gobierno tiene la obligación, especialmente porque dentro de poco se aprobará el proyecto sobre alcoholes, de hacer grandes campañas para evitar el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo. Esa es la gran tarea que tiene el Gobierno para ayudar a las personas que necesitan rehabilitarse y para la prevención a través de la educación y de otras posibilidades que puede ofrecer el Estado. 	He dicho. 	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.	El señor DITTBORN.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero hacer una reflexión, a propósito de las votaciones del honorable Senado, que terminaron por echar abajo una parte muy importante del proyecto original del Ejecutivo, que aumentaba los tributos en forma significativa: el gran derrotado hoy es el Presidente Lagos, un hombre que se jugó por entero por una causa, a mi juicio, injusta, porque aumentar los impuestos a los chilenos más modestos es injusto, sin haber hecho ningún esfuerzo previo por gastar mejor la gran cantidad de recursos que hoy administra el Estado.	Efectivamente, los chilenos, en promedio, contribuimos con tres meses de sueldo para financiar el aparato estatal. Si no hubiera Estado -en teoría, porque nadie lo está planteando como una alternativa práctica-, los chilenos ganaríamos al año tres meses más de sueldo. Ese es el costo de mantener al Estado. 	Entonces, lo que irrita y lo que encuentro tremendamente injusto es que se haya presentado un proyecto tributario sin antes tratar, por todos los medios, de corregir y asignar mejor la inmensa cantidad de recursos de que dispone el Gobierno. 	Esa es una causa injusta, y el Presidente se jugó entero por ella. Dijo que no éramos solidarios los que no estábamos dispuestos a pagar veinte pesitos más por una botella de pisco o quince pesos más por una cajetilla de cigarrillos. Con un muy mal olfato político se involucró directamente en un tema injusto. Finalmente, su misma coalición de gobierno lo derrotó, porque no fue capaz de concitar su adhesión unánime. Esa parte del proyecto se rechazó no con nuestros votos, porque no teníamos esa posibilidad, lamentablemente, sino por la votación de la misma Concertación. Esa es la reflexión más importante que hay que hacer hoy día. 	En segundo lugar, queda también en la retina la tremenda inconsecuencia y confusión que el Gobierno sembró con las cifras. 	Ayer, el ministro Vidal dijo que el 91 por ciento de la recaudación que se logró es suficiente para llevar a cabo los programas Auge y Chile Solidario. Entonces, si el 91 por ciento es suficiente, ¿por qué se la jugaron por el ciento por ciento? ¿Por qué no se la jugaron por lograr sólo los recursos que eran suficientes? Hay una contradicción que no ha logrado ser resuelta, que confirma los temores que uno tiene: que el Gobierno se jugó por este proyecto porque, más allá del financiamiento de los programas sociales, existe un problema fiscal muy delicado, que nace de la discusión de los proyectos de la ley de Presupuestos. 	Todos los que hemos participado en las discusiones de esos proyectos en los últimos cuatro o cinco años vemos que todos los años los supuestos de crecimiento económico que el Gobierno hace son tremendamente optimistas, y al lado de ese supuesto crecimiento económico, hay supuestos de aumento en la recaudación tributaria. ¿Y qué ocurre a fin de año? Que ese supuesto de crecimiento económico no se cumple y, por lo tanto, tampoco se cumplen los aumentos en la recaudación tributaria. Por eso, todos los años hemos tenido que ir al extranjero a vender bonos soberanos para financiar un déficit, y ahora tenemos que financiar ese mismo déficit con impuestos.	En estos doce años, la Concertación ha tenido alrededor de catorce incrementos de impuestos. Y éste no es el último. De hecho, a través de la prensa nos hemos informado de que habría un acuerdo entre el Partido Socialista y el ministro de Hacienda -el cual esta vez tuvo que hacerlo por escrito, porque tengo entendido que la palabra de dicho secretario de Estado no tiene mucho valor dentro del Partido Socialista- para aumentar los royalties a la minería. 	Pero ¡no crean los chilenos que éste es el último aumento tributario! ¡Ese cuento ya lo han vendido muchas veces! ¿En cuántas oportunidades nos han dicho que ya no hay más aumento tributario? El pobre senador Foxley está atorado, porque es quien tiene que decir que es el último aumento tributario, pero siempre hay uno más, y en los tres años que nos faltan, vienen varios más. Ya nos han informado de uno que se aplicará a la minería.	Le diría a la Concertación que se preocupe más del gasto público, ya que hay muchos personajes que le están dando un mal uso a los recursos. El tema se conversó en la Comisión Mixta de Presupuestos. Es mucha la plata que se están robando. Las empresas privadas también se están aprovechando de los recursos públicos, como ha ocurrido en el Sence y en la salud. Por otra parte, hay personas que se atienden en el Fonasa como indigentes, sin tener esa calidad; en el Sence existen verdaderas maquinarias consultoras y profesionales que ofrecen a las empresas la instalación de equipos de computación en forma gratuita a cambio de cursos que nunca se realizan. Hay mucho que hacer en cuanto a revisar cómo gastar mejor la plata de la gente sin tener que aumentar los tributos. Pero nada de eso se hace. No es un tema de debate ver cómo gastamos mejor lo que tenemos, porque es más fácil aumentar los impuestos. 	El tema fiscal seguirá siendo delicado, lo que traerá nuevos impuestos, situación que debe preocupar a todos los chilenos.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, una vez más hemos sido testigos de la forma venenosa como el diputado Dittborn se refiere a estos temas. Un diputado que representa a la comuna más rica de Chile, como es Las Condes, obviamente tiene una visión diferente de los problemas del país, ya que en ella habitan las personas con mayor poder económico, versus los millones de chilenos que están sufriendo serios problemas socioeconómicos. Digo esto con mucha firmeza, porque es fácil tener apreciaciones tan drásticas como las manifestadas por la diputada Cristi, cuando dice que estamos en presencia de un gobierno incapaz, que no soluciona los problemas de la gente, o que no hemos sido capaces de generar iniciativas que solucionen los problemas más sentidos de la ciudadanía.	Es importante dejar las cosas claras para evitar dobles interpretaciones, que muchas veces provocan desinformación en la ciudadanía.	Voy a dar lectura a una frase aparecida hoy, 10 de julio, en el diario “Austral” de Osorno -de la línea editorial de “El Mercurio”-, que señala con mucha fuerza que ciento sesenta y ocho familias osorninas de escasos recursos ya han sido beneficiadas con el plan Auge en su etapa preliminar, cuestión que viene a demostrar la falsedad de los dichos de la diputada Cristi, quien ha planteado en esta Sala que el plan Auge no tiene financiamiento y que es una mentira, en circunstancias de que estamos en presencia de chilenos de carne y hueso que, de una u otra forma, están siendo beneficiados, aun cuando no se ha logrado todo el financiamiento.	También han sido miles los chilenos que hoy están siendo beneficiados, en sus etapas preliminares, con el programa Chile Solidario. A esa gente le estamos entregando las herramientas mínimas para que, de una u otra manera, escalen un peldaño en la vida y puedan mirar ésta desde un punto de vista diferente y con mejores perspectivas de futuro. Eso nos debe enorgullecer.	Por eso, desde un principio hemos sido muy claros en señalar que nuestro deseo, como socialistas y como bancada, era que el proyecto se aprobara en forma íntegra. Lamentablemente, no todos comprendieron la situación de la misma manera. No vamos a obtener el ciento por ciento del financiamiento. Pero, como lo manifestó ayer el vocero del Gobierno, Francisco Vidal, al menos ese 91 por ciento nos permitirá obtener los recursos necesarios y básicos para que la gente más humilde pueda tener un acceso más igualitario a la salud y no siga ocurriendo lo que ocurre hoy: que muchos ciudadanos y ciudadanas carecen de los recursos para hacerse un scanner, una radiografía o un diagnóstico a tiempo que les permita seguir optando por la vida, tema que nos obliga a comprometernos ineludiblemente con la gente.	Por eso, a pesar de que el tema ha sido muy discutido, incluso ingrato en algunos momentos, tal vez no como hubiésemos querido, vamos a apoyar el proyecto tal cual viene del Senado, a fin de concluir el debate y permitir que los recursos logrados se materialicen en iniciativas concretas, como las que aquí hemos manifestado.	Es fácil que la Derecha cuestione todo. Lo importante es que en la historia del país quedará grabado el hecho de que, lamentablemente, una coalición, la Alianza por Chile, entregó cero recurso para la materialización de estas iniciativas sociales; y otra coalición, a pesar de sus diferencias, dio un 91 por ciento de financiamiento.	Ello -no quiero dejar pasar la oportunidad para señalarlo, tal cual lo dije ayer- no significa que estemos plenamente conformes con lo ocurrido. La oposición de algunos parlamentarios de nuestra coalición no fue la más adecuada. Pero, por el bien de Chile es necesario cerrar este debate, concluir este trámite legislativo y aprobar los recursos que se nos han pedido para financiar los programas sociales. Así los chilenos de menos recursos notarán que la Concertación sigue y seguirá preocupada de sus problemas y de sus demandas más sentidas, porque la aprobación de la iniciativa no lo soluciona todo, como quisiéramos.	Una vez más quiero ratificar que no compramos las palabras mentirosas y venenosas del diputado Dittborn, así como tampoco nos sentimos tocados por ellas, porque en estos trece años hemos demostrado al país que hemos realizado obras concretas para mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy la gente sale de su casa y ve pavimento -cuando gobernaba la Derecha sólo veía barro-, entonces ratifica su compromiso con nosotros por lo que hemos hecho. Cuando a la gente, de una u otra manera, le continuamos dando la posibilidad de acceder a beneficios que jamás tuvo cuando los de enfrente gobernaban el país, le estamos demostrando que seguimos comprometidos con sus problemas.	El señor MOREIRA.- No es así.	El señor ESPINOZA.- No importa lo que diga el diputado Moreira, de quien creí que había cambiado sus actitudes matonescas con su nuevo amor; pero al parecer no es así.	Debemos concretar este trámite legislativo. Por lo tanto, aprobaremos las modificaciones del Senado. Así podremos decir a los chilenos que entregamos recursos para el plan Auge y el programa Chile Solidario, planes sociales a los cuales, seguramente, la Derecha se opondrá.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.	El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, es preciso explicar al país qué se votará. Acá hay dos coaliciones. Hace una semana, una votó en contra del alza del impuesto al diésel y al tabaco; la otra dijo que eran indispensables y los votó a favor. Una semana después, la segunda coalición mantiene su posición, porque es seria y consistente, y la otra dice: “No importa, ya no sirve. Ese nueve por ciento da lo mismo”. De manera que ahora ambas coaliciones están de acuerdo en votar en contra del alza de los gravámenes al tabaco y al diésel. Eso es lo que no han explicado al país. En una semana cambiaron de opinión porque se dieron cuenta de que un alza de impuestos en estos momentos afectaría el crecimiento del país y, lo más importante, no son necesarios para el financiamiento.	Dijimos que el 91 por ciento es excesivo y lo hemos demostrado con cifras del Ministerio de Hacienda. Se están recaudando más de 300 mil millones de pesos de los que se necesita para financiar el plan Auge y el programa Chile Solidario. Por lo tanto, después de esta discusión habrá dos grandes derrotados; uno, los más pobres de Chile, por haberse aprobado el aumento del impuesto al valor agregado, que durante la semana pasada nadie defendió aduciendo que era un buen impuesto; al contrario, dijeron que era regresivo y constituía un error. No obstante ello, lo votaron a favor, con lo cual -repito- los más afectados resultan ser los pobres de Chile.	El segundo derrotado -tiene razón el diputado Dittborn en esto- es el Presidente Lagos, porque por mucho que ahora use una frase ingeniosa, estadística, para decir que el 91 por ciento se alcanzó, resulta que es excesivo. Recuerdo que cuando el Presidente recorría el país advertía que no se sacaría fotos con los diputados que no aprobaran su proyecto. Me gustaría saber cuál será su opinión cuando la coalición que lo apoya vote en contra de los impuestos al diésel y al tabaco, que era lo que pedía el Primer Mandatario hace una semana. Al parecer, no podrán fotografiarse con el Presidente.	La totalidad de los ejemplos entregados por el señor Lagos eran contra el aumento de impuestos. Cuando habló de esta posibilidad siempre se refirió a la botella de pisco, al tabaco y al diesel -por la contaminación-, pero nunca mencionó al IVA. Ahora sólo se aprobará el alza del IVA, único impuesto al cual nunca el Jefe de Estado se refirió. ¿Por qué? Porque es regresivo.	Quiero manifestar nuestra sorpresa por esta situación; pero, en todo caso, agradecemos que ahora se hayan dado cuenta de que era equivocado para el país. En consecuencia, las dos coaliciones van a votar en contra el alza del impuesto al diésel y al tabaco.	He dicho.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Guido Girardi.	El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, no estamos debatiendo la forma de financiar los programas sociales ni cómo implementar políticas de salud acordes con medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, en lo que se refiere al tabaco, el alcohol y el diésel, sino sobre un proyecto-país y cómo queremos que sea el Chile del futuro. Me parece muy importante que las chilenas y los chilenos sepan cómo sería el Chile de mañana si, por desgracia, gobernara la Derecha: habría cero compromiso con los más pobres. Aquí hay una Derecha que pretende esconder detrás del debate del aumento del IVA su mezquino interés de obstaculizar los programas sociales del Gobierno, porque quiere que al Gobierno del Presidente Lagos le vaya mal.	No es verdad que el aumento del IVA impedirá el crecimiento de la economía ni que se transformará en un obstáculo para el desarrollo del país. Todo lo contrario; vivimos tiempos modernos, la era de la globalización; pero la Derecha todavía no se da cuenta de eso y sigue pensando que para crecer hay que recurrir a los grandes capitales, explotar a los trabajadores y destruir el medio ambiente. En los tiempos modernos crecer significa invertir en salud y en educación e implementar políticas sociales y públicas, objetivos con los cuales una Derecha egoísta no está dispuesta a colaborar ni a financiar, porque siempre está mirando su propios intereses. Como no tiene ideas, no es capaz de defender esto.	(Manifestaciones en la Sala).	Me avergüenzo de estar en un Congreso Nacional donde hay una Derecha que no es capaz de aplicar impuestos a las tabacaleras. Señores defensores de las tabacaleras, defensores de la muerte, defensores de los intereses económicos: las tabacaleras obtienen 23 mil millones de utilidades matando gente. Eso es lo que están haciendo ustedes. Debería darles vergüenza defender a las tabacaleras. Debería darles vergüenza defender esos intereses económicos.	(Manifestaciones en la Sala).	¡Sabemos, entonces, de qué lado estarán mañana! ¡Sabemos, entonces, qué defenderán mañana!: ¿Serán los intereses de los chilenos? o ¿serán los intereses de los grupos económicos? ¿No se dan cuenta de que las tabacaleras son responsables de once mil muertes por año? ¿No se dan cuenta de que el tabaco es la primera causa asociada al cáncer, a los infartos y a los accidentes vasculares encefálicos, que cuestan al país 2 mil millones de dólares cifra que debemos pagar todos los chilenos? Sin embargo, siempre se defienden los intereses de las tabacaleras.	(Manifestaciones en la Sala).	No queremos ser parte de este show ni de la vergüenza que significa apoyar a las tabacaleras, que están siendo perseguidas y demandadas en todo el mundo. En nuestro país, ha sido imposible dictar leyes que regulen la publicidad de las tabacaleras; cada vez que se ha intentado, la Derecha ha defendido los intereses de esos sectores poderosos que hacen lobby y financian campañas y los proyectos han rebotado porque priman los intereses económicos.	Por eso, como no queremos ser parte de esa vergüenza, no vamos a votar las modificaciones del Senado; no queremos ser socios de algunos parlamentarios de la Concertación que, lamentablemente, se asociaron a la Derecha para vulnerar la salud pública, el interés nacional y defender los más mezquinos y peores intereses económicos. ¡No hay peor interés económico que el de las tabacaleras!	A lo mejor, ustedes no se dan cuenta de que en Chile el porcentaje de niños y jóvenes fumadores, entre octavo año básico y cuarto año medio, es de 55 por ciento -¡el más alto del planeta!- y que el porcentaje general es de 48 por ciento, uno de los más altos del mundo.	Mientras en Estados Unidos y Europa la gente deja de fumar, las tabacaleras buscan en países como el nuestro, con el apoyo de los parlamentarios de la Derecha, mantener este paraíso que les permite hacer todo lo que quieran, como agregar sustancias adictivas al tabaco para reclutar más niños fumadores. Y después dicen que están preocupados del consumo de drogas y de la seguridad, en circunstancias de que el tabaco también es parte de la escalada a la droga, que muchas veces he escuchado defender.	Por eso, reitero que no queremos ser parte de este show y no votaremos las modificaciones del Senado, porque no queremos asociarnos a algo que nos avergüenza: que sean más importantes los intereses de las tabacaleras que los de la mayoría de chilenas y chilenos.	He dicho.	-Aplausos.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia, señor Francisco Huenchumilla.	El señor HUENCHUMILLA (ministro Secretario General de la Presidencia).- Señora Presidenta, el Gobierno presentó en su momento este proyecto de ley, porque el Presidente de la República tiene un mandato, emanado de la soberanía popular, en virtud del cual tiene la obligación de administrar el Estado y cumplir los objetivos que le planteó al pueblo durante su campaña, al cabo de la cual fue elegido por mayoría de votos.	Respecto de esta iniciativa, hicimos un planteamiento integral: subir una serie de impuestos, el IVA...	-Hablan varios señores diputados a la vez.	El señor MOREIRA.- Punto de Reglamento, señora Presidenta.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- ¿Me permite, señor ministro? Ruego a los señores diputados escuchar las palabras del ministro y no interrumpirlo. Estoy presidiendo la sesión y puedo darme cuenta que las interrupciones provienen de las distintas bancadas.	De manera que les ruego guardar silencio.	Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Moreira.	El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, entiendo que la discusión sea apasionada; pero lo que no entiendo es que no le llame la atención al diputado señor Girardi por desplegar propaganda y carteles, hecho que no se condice con el Reglamento.	-Hablan varios señores diputados a la vez.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Señor diputado, en primer lugar, soy yo quien está presidiendo la sesión y, en segundo lugar, si bien no es muy correcto desplegar carteles, es aún más incorrecto decir las cosas que he escuchado. 	Puede continuar el señor ministro.	El señor HUENCHUMILLA (ministro Secretario General de la Presidencia).- Señora Presidenta, sé que a ratos el debate ha sido áspero; pero como sabía que iba a intervenir, me tomé el tiempo necesario para escuchar a los señores diputados de todas las bancadas que han intervenido. De manera que les pido a mis colegas un minuto de paciencia para que escuchen lo que debo decir en nombre del Gobierno.	Señalaba que el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones, presentó un paquete de reformas impositivas que comprendía subir varios impuestos: el IVA y algunos específicos. Después de debatir todo ese paquete impositivo en la Cámara y en el Senado, logramos la aprobación del alza del impuesto al valor agregado; pero, como ocurre en cualquier Parlamento democrático del mundo, se rechazó, por mayoría, subir los impuestos específicos.	Nosotros pensamos que esto es parte de la democracia. Así me lo dice mi experiencia como ex parlamentario adquirida aquí mismo, donde no es posible jugarse por todo o nada. Si fuera así, ¿qué sentido tendría, entonces, un Parlamento en el cual el Gobierno va a obtener todo o nada? Este Congreso es democrático, y entendemos que cada partido, cada sector y cada senador o diputado tiene una responsabilidad frente a sí mismo, frente a su partido y frente al país. De manera que ante un requerimiento del supremo Gobierno en esta materia, cada quien debe asumir, de cara al país, su propia responsabilidad, de acuerdo con los antecedentes y fundamentos de que disponga y con su real saber y entender.	Entonces, pasado el tránsito de la discusión parlamentaria, hemos llegado al convencimiento de que no hay mayoría para aprobar el alza de los impuestos específicos; el realismo político del Congreso Nacional en esta materia nos ha llevado a concluir que lo mejor es terminar este debate y aceptar, en definitiva, su veredicto, expresado a través de las mayorías producidas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En consecuencia, el Gobierno es partidario de cerrar la discusión y aprobar en tercer trámite constitucional lo propuesto por el Senado. 	Tenemos por delante un gran conjunto de proyectos, y si bien hubo un debate intenso sobre este tema, cerremos el capítulo y, a partir de la próxima semana, concentremos nuestras energías en los proyectos que vienen. Eso es lo que quiere el país: que se discuta, que se vote, que cada cual asuma su responsabilidad y que sigamos trabajando. Ésa es la postura del Gobierno.	Pero, si me lo permiten los señores diputados, deseo agregar dos o tres cosas más.	La autorización de ingresos y egresos de la Nación no es un acto unilateral del Gobierno; me refiero a cualquier gobierno que esté administrando el Estado. Todos los años, el Gobierno propone al Parlamento un proyecto de ley de Presupuestos, planteándole los posibles ingresos del Estado, de acuerdo a las variables económicas relacionadas con los tributos, con las rentas de las empresas y con otras variables que no dependen exclusivamente del Gobierno, sino de la economía nacional y mundial. Asimismo, le señalamos los gastos que el Gobierno hará en el año.	Por eso, a ningún señor diputado le puede llamar la atención el recorrido que sigan los gastos durante el año, porque eso fue materia del debate llevado a cabo en el Congreso. Ahora bien, si los estudios no se hicieron con la acuciosidad necesaria y no se tuvo el cuidado de votar adecuadamente y de examinar cada partida, no es responsabilidad del Gobierno. Considero que corresponde a los parlamentarios, durante la discusión del próximo proyecto de ley de Presupuestos que llegará en septiembre, debatir sobre cómo se gastarán los recursos públicos, decisión que nosotros respetaremos.	Además, quiero decir que el Gobierno cumplió y seguirá cumpliendo el acuerdo político alcanzado en enero de este año respecto de los proyectos que faltan. Nosotros nos comprometimos a que todas las normas transitorias de la ley de Presupuestos pasaran a ser permanentes, y así se hizo para que todos los señores diputados y senadores puedan verificar las finanzas públicas. Se nos dijo que había que transformar la Comisión Mixta de Presupuestos en una instancia que funcionara en forma permanente, y así se aprobó. De manera que le hemos dado al Congreso todas las herramientas necesarias para que pueda fiscalizar adecuadamente el gasto público. No tenemos absolutamente ningún inconveniente, de ninguna naturaleza, en que cada poder del Estado cumpla adecuadamente su rol. 	Nos jugamos por un proyecto impositivo porque queremos hacer una reforma de la salud y porque queremos llegar al sector de la pobreza más dura con el programa Chile Solidario; no a los pobres que están en la red asistencial del Estado sino a los que están fuera de ella, y vamos a cumplir nuestro cometido con los recursos que el Parlamento nos ha dado. Naturalmente, el seguimiento de esas políticas tendrá dos grandes fiscalizadores: la gente que va a recibir los beneficios del Estado y que en su momento podrá aprobar o rechazar lo que se ha hecho, y el Congreso Nacional, con las herramientas legales de fiscalización de que se le ha dotado, para cuyo uso daremos la máxima colaboración, como corresponde a una administración seria.	El Gobierno agradece el apoyo de su coalición. Como en toda agrupación humana, sabemos que siempre habrá problemas, pero eso no nos amilana, pues es propio de la naturaleza humana y del juego democrático. Sin embargo, los partidos tendrán que asumir su propia responsabilidad, en lo que el Gobierno no se va a inmiscuir.	Agradezco al Congreso Nacional el debate que hemos tenido. Debemos seguir trabajando juntos, porque así lo requiere el país, sobre todo que aún quedan proyectos que hemos concordado con la Oposición. Vamos a trabajar en ellos, porque nuestro compromiso es hacerlo hasta el último día del mandato del Presidente Lagos, porque fue elegido para gobernar hasta ese día.	Muchas gracias.	-Aplausos.El señor ÁLVAREZ (don Rodrigo).- Señora Presidenta, solicito reunión de Comités.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Cito a reunión de Comités.	Se suspende la sesión.	-Transcurrido el tiempo de suspensión.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Se reanuda la sesión.	Antes de proceder a votar, el señor Secretario informará sobre un pareo.El señor LOYOLA (Secretario).- Se ha registrado el pareo entre el diputado señor Ramón Pérez con el diputado señor Fulvio Rossi.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno.	En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).- Aprobadas.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Gonzáñez (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jarpa, Kast, Leay, Longton, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.VI. PROYECTOS DE ACUERDOSUSCRIPCIÓN DE LAS CONVENCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL ORGANIZADA Y SOBRE TRÁFICO INTERNACIONAL DE TRATA DE PERSONAS.	El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 236, de la diputada señora Saa, doña María Antonieta.	“Considerando:	Que la actividad delictiva, con el correr de los años, se ha ampliado considerablemente, cobrando más fuerza y volviéndose más compleja. Es, sin duda, una amenaza contra los pueblos y un verdadero obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los países. La delincuencia ha evolucionado hasta volverse transnacional y ampliando su ámbito de operaciones que comprenden el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y el tráfico de personas. La corrupción que acompaña a la delincuencia también significa un fuerte freno a las inversiones, que llegan a perder hasta el 5%. El crecimiento económico también es afectado, ya que se pierde hasta el 1% del crecimiento económico anual.	Que, debido a la creciente amenaza de la delincuencia organizada transnacional, las Naciones Unidas celebraron -entre el 12 al 15 de diciembre de 2000, en Palermo, Italia- una conferencia política de alto nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo y sus protocolos, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire y contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.	Que existe el Centro de Prevención Internacional del Delito, oficina dedicada a combatir la delincuencia organizada transnacional, la corrupción, el terrorismo y el tráfico de seres humanos.	Una de sus principales actividades, en la actualidad, es promover la ratificación por los Estados y la asistencia para la mejor aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos, la que fue aprobada por la Asamblea General en el año 2000.	Que alrededor de quinientos mil millones de dólares son blanqueados anualmente. El Centro de Prevención Internacional del Delito, para combatir esta práctica, junto con el “Programa mundial contra el blanqueo de dinero” (Pnufid) -con el cual asiste a los Gobiernos para enfrentar a los delincuentes que utilizan el sistema financiero internacional para blanquear los ingresos procedentes de actividades delictivas- proporciona la policía, los servicios de inteligencia financiera, los sistemas para combatir el blanqueo de dinero, así como asesoramiento sobre el mejoramiento de las políticas bancarias y financieras, colaborando con los servicios nacionales de investigaciones financieras.	Que, por su parte, la Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, reunida en la ciudad de México, D.F., el 18 de marzo de 1994, aprobó el texto de la Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores, tratado que entró en vigor el 15 de agosto de 1997, siendo ratificado a la fecha por Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay y Paraguay, al que, además, han adherido Argentina y Colombia. El propósito del tratado es prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores, así como regular sus aspectos civiles y penales, con el fin de proteger los derechos fundamentales y el interés superior del menor. Los aspectos que regula el tratado son importantísimos, pues no sólo contiene normas destinadas a evitar el tráfico de menores, sino que norma in extenso lo relativo a las responsabilidades civiles y penales, que surgen como consecuencia de la perpetración del delito.	Que la problemática de los menores y su vinculación con prácticas delictivas constituye uno de los desafíos actuales del derecho, de modo que los Estados han asumido la preocupación en cuanto al tratamiento preventivo y penalización de conductas que atentan contra los derechos del niño.	Que, entre las diferentes conductas ilícitas que afectan a los menores de edad, destaca el tráfico internacional de menores como una de las más trascendentes debido a su generalización, gravedad e incidencia como fuente generadora de otro tipo de delitos.	Que, a nivel internacional, la protección de los menores recibió un impulso esencial en el año 1989, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento que contiene principios fundamentales para la salvaguardia del interés superior del menor. Esta convención impone a los Estados Parte, partes en sus artículos 34 y 35, la obligación de tomar medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral, tendentes a evitar la explotación, abuso sexual, secuestro, venta, y trata de niños. Surge del texto la imperiosa necesidad de precisar la extensión semántica de cada una de estas expresiones, a fin de determinar el contenido de los compromisos asumidos por los países signatarios.	Que el tráfico puede operar en el ámbito interno de un país o bien internacionalmente y es en este último supuesto que cabe contrastarlo con la migración ilegal, en la cual existe libre cooperación e incluso instigación del inmigrante ilícito con la ausencia del elemento de involuntariedad que caracteriza al primero, por la presencia de engaño, violencia física o moral, abuso de autoridad o confiscación de documentos de viaje. A su vez, estos rasgos distintivos conducen comúnmente a la identificación del tráfico con la trata. Este último vocablo posee una connotación vinculada o relacionada generalmente con la prostitución, la que constituye tan sólo uno de los tantos fines que pueden ser tenidos en mira a la hora de traficar menores.	Que en cuanto a los ilícitos sexuales se entiende que la explotación, como género, consiste en todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico, basada en una relación de poder. De aquí surge la existencia de dos modalidades de explotación: una comercial, que presupone un intercambio de dinero o favores en especie, como sucede con la prostitución y pornografía infantil, el turismo sexual, la venta y el tráfico; y otra no comercial, integrada por el acoso y los abusos sexuales.	Avanzando en la terminología empleada por la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentra el vocablo secuestro, que presenta evidentes connotaciones penales. Sin embargo, otros acuerdos internacionales tienden a evitar su uso para concentrarse en otros aspectos de la cuestión. Así, la Convención de La Haya de 1980, al regular exclusivamente los aspectos civiles, opta por el término sustracción de menores, considerado más adecuado para reflejar el ejercicio abusivo de quienes detentan la patria potestad. Además, la expresión ‘restitución’ pone el acento fundamentalmente en la actividad que realiza el Estado frente a los traslados o retenciones ilícitas y no, como en el caso de ‘tráfico’, a la conducta delictiva.	Que el instrumento de que se viene hablando, en concordancia con otros convenios sobre minoridad, resalta particularmente la importancia del interés superior del niño. Este carácter tuitivo queda consagrado ya, desde el primer artículo, mediante una triple referencia que hace alusión a la intención expresa de los delegados por reafirmarlo. Asimismo, el artículo especifica el fin perseguido por los Estados, que radica tanto en la prevención y sanción de la conducta, como en la regulación de sus aspectos civiles y penales.	Que la Convención sobre los Derechos del Niño no sólo destaca el mencionado interés superior, sino que, además, proporciona una calificación del término “menor”, fijando como máximo los dieciocho años de edad. Dentro del capítulo Sobre Normas Generales, el artículo 2º prevé, para los efectos de la Convención, una calificación de tráfico internacional de menores, entendiéndolo como ‘la sustracción, el traslado o la retención, la tentativa de sustracción de un menor con propósitos o medios ilícitos’. A su vez, en concordancia con esto, enumera de forma meramente enunciativa algunos supuestos comprendidos dentro de tales propósitos y medios.	Que, en la mayoría de los casos, no se está ante la configuración de un solo delito sino que en presencia del concurso de varios ilícitos, caracterizados por la comisión de delitos ‘medios’ en un determinado país (coincidentes con los medios ilícitos del artículo 2º, inciso d) y delitos ’fin’ en otro distinto (concordantes con los propósitos ilícitos del inciso c)). Otra particularidad que se observa es la posibilidad de inexistencia a priori de delito, debido a la realización de actos lícitos, pero cuyo fin es la perpetración de conductas penalmente reprochables. Cabe destacar que, en el artículo 2º, no se tipifica el delito de tráfico; su redacción abarca supuestos que encierran una multiplicidad de prácticas ilegales, contemplando, inclusive, la tentativa de las mismas, lo cual evidencia, indudablemente, una vasta amplitud.	La intención de los legisladores convencionales fue dejar librada a la voluntad de cada Estado Parte la tipificación del delito, la sanción de las causales agravantes, atenuantes y eximentes de responsabilidad, la prescripción y todo lo relativo a la reparación de los perjuicios materiales y morales causados por el hecho punible. Tal objetivo surge implícitamente del texto del artículo 7º, en virtud del cual los Estados signatarios se comprometen a ‘sancionar severamente el tráfico internacional de menores definido en esta convención. Al abordar esta tarea legislativa, es imperioso delimitar la figura delictiva, precisando el término para dar la noción completa de la acción punible, con el fin de evitar que dentro de la acepción se consideren comprendidas acciones distintas.	Que los mecanismos implementados para responder eficazmente al flagelo del tráfico se complementan con el artículo 10, a través del cual se introduce directamente un instituto propio del derecho penal en su dimensión internacional, cual es la extradición. Si se acuerda definir la extradición como ‘un procedimiento por el cual un Estado entrega determinada persona a otro Estado que la requiere para someterla a su jurisdicción penal a causa de un delito por el cual se ha iniciado un proceso formal o se le ha impuesto condena definitiva’, cabe preguntar en qué condiciones se autoriza ese requerimiento estatal. Aquel artículo prevé dos supuestos, teniendo en cuenta que los países pueden supeditar o no la extradición a la existencia de un tratado. Esta identificación de posibilidades, que constituye un dispositivo de rigor en numerosos acuerdos internacionales desde 1970, pretende evitar que se excluya al tráfico de menores como causal y ampliar así el campo de los delitos extraditables que ya, desde aquella época, se afianzaba como un modo de vencer en el campo penal el principio soberano y tradicional de territorialidad. Se trata, pues, de consagrar el principio de la ubicuidad para impedir la impunidad de los autores y partícipes del hecho mediante la universalización del castigo que supone que, a falta de entrega del presunto delincuente, el Estado deberá juzgarlo conforme a sus leyes (principio aut dedere aut punire). A su vez, la última parte del artículo 10, que sujeta la extradición ‘a las demás condiciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido’, tuvo origen en un prolongado debate que concluyó con la redacción actual, permitiendo así su vinculación con los párrafos precedentes.	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a V.E. la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, también conocida como la Convención de Palermo, como asimismo la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños”.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.	La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en estos momentos, cuando estamos firmado varios tratados internacionales, es importante concordar en lo significativo del proyecto de acuerdo en cuanto a incorporarnos como país a una convención interamericana sobre protección del tráfico internacional de personas, sobre todo de mujeres y de niños.	Es importante también que esta Cámara asuma que este problema, aunque no es de antigua data, exhibe indicadores en aumento y, en la medida en que nos incorporemos a esta convención, podremos, de alguna manera, interactuar con otros países para proteger la vida de mujeres y niños.	Por eso, recomiendo a la Sala su aprobación.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.	Ofrezco la palabra.	Si le parece a la Sala, se daría por aprobado.	¿Habría acuerdo?	En votación.	Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.	La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, creo que necesitamos más información y antecedentes sobre este proyecto de acuerdo. Me da la impresión de que su finalidad es prevenir casos como el de la "geisha". Esto debió venir con nombre y apellido.	En esta Cámara nos hemos pronunciado varias veces, no hace mucho tiempo, acerca de la trata de blancas. De hecho, existe un proyecto sobre el particular.	Insisto en que esperemos que la diputada señora Saa, autora del proyecto de acuerdo, nos explique bien los objetivos de su propuesta antes de votarlo. Lo mejor, es muy meritorio. De lo contrario, nos vamos a abstener.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Señora diputada, como su señoría manifestó, desgraciadamente la patrocinante del proyecto, la diputada señora María Antonieta Saa, no se encuentra presente en la Sala. Pero si hoy no se alcanza el quórum requerido, quedaría pendiente su votación para la próxima sesión.	Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz, para plantear un asunto de Reglamento.	La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, usted llamó a votación y pese a ello la diputada señora Cristi hizo uso de la palabra.	En relación con lo que la diputada planteó, me parece que el proyecto no presenta ninguna sofisticación ni complejidad. Sólo se pretende oficiar, por intermedio de la Cancillería, al Presidente de la República para solicitarle la suscripción a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Lo único que queremos es que Chile sea parte de esa convención. No veo la razón por la cual la diputada Saa deba explicarnos a nosotros, diputados y diputadas, quienes debemos tener conocimiento acerca de la normativa y de la institucionalidad internacional, sobre todo en estas materias.	Además, reglamentariamente, no correspondía abrir debate cuando estábamos en proceso de votación.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Señora diputada, la Mesa no ha abierto ningún debate. Sólo intervino una sola diputada y, como sobraba tiempo, ofrecí la palabra a la diputada Cristi. En cambio, a usted sí que le he cedido la palabra el Reglamento.	En votación el proyecto de acuerdo.	-Efectuada la votación, en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Becker, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, García (don René Manuel), González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Leal, Longton, Luksic, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Saffirio, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Vidal (doña Ximena), Villouta y Walker.	-Se abstuvieron los diputados señores:	Álvarez, Barros, Bauer, Egaña, García-Huidobro y Von Mühlenbrock.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Barros para plantear un asunto de Reglamento.	El señor BARROS.- Señor Presidente, pido que recabe la unanimidad de la Sala para ver en conjunto los proyectos de acuerdo Nº 237 y 240 -este último suscrito por alrededor de treinta diputados-, puesto que tratan sobre materias muy similares.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.	El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, quiero ratificar lo que ha dicho el diputado Barros. Soy uno de los autores del proyecto de acuerdo Nº 237, que versa sobre la misma materia que el Nº 240. Entonces, no veo inconveniente para que ambos se discutan y se voten en conjunto.	El señor SALAS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a las peticiones de los diputados señores Ramón Barros y Aníbal Pérez?	Acordado.CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO A PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES TEMPOREROS.	El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los proyectos de acuerdo Nºs 237 y 240, conforme a lo solicitado por sus autores.	El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 237, de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta; Sepúlveda, doña Alejandra; Muñoz, doña Adriana y de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Aguiló, Ceroni y Tapia.	Proyecto de acuerdo Nº 240, de las señoras Mella y Sepúlveda, y de los señores Barros, Bauer, García-Huidobro, Ojeda, Escalona, Tarud, Palma y René Manuel García.	“Considerando:	Que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, Nº 18, asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, en términos tales que obliga a todos los órganos del Estado, incluido el Congreso Nacional, a “garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, pudiendo para ello la ley establecer cotizaciones obligatorias”.	Que ha sido una constante histórica el perfeccionamiento del sistema de seguridad social, de manera de hacer más igualitario y, sobre todo, generalizado su acceso y cobertura. Sin seguridad social y, especialmente, sin sistema de pensiones para todos, no se cumpliría siquiera con los derechos mínimos asegurados por la Carta Fundamental de la República.	Que, sin embargo, subsisten serias falencias en el ordenamiento jurídico chileno, en relación con una categoría muy precisa de trabajadores, como son los que se desempeñan en tareas agrícolas de temporada, esto es, en trabajos estacionales, en donde se demanda más mano de obra para la siembra, la cosecha o la preparación de los procesos de comercialización de los productos del agro.	Que han existido esfuerzos constantes, sólo interrumpidos durante el Régimen Militar, para dar protección a los trabajadores campesinos mediante leyes que les fueron reconociendo, poco a poco, más derechos y garantías, entre las cuales están:a)	La ley Nº 13.305, de abril de 1959, que otorgó a estos trabajadores el beneficio de la semana corrida.b)	La ley Nº 15.020, de 1962, sobre Reforma Agraria, que estableció normas para la constitución de la propiedad familiar agrícola, régimen de salarios mínimos para obreros agrícolas, etcétera.c)	La ley Nº 16.250, de abril de 1965, que extendió las normas sobre salario mínimo industrial y jornada de trabajo de 48 horas semanales. d)	La Ley Nº 16.455, de 1966, que otorgó estabilidad en el empleo al trabajador agrícola, fijando causales de despido y desahucio.e)	La ley Nº 16.601, de 1967, que estableció el pago de los días de lluvias.f)	La ley Nº 16.625, de 1967, que reguló el derecho de sindicalización campesina y negociación colectiva y el decreto con fuerza de ley Nº 6, de 1967, que estableció el Fondo de Educación y Extensión Sindical.g)	Las reformas al Código del Trabajo de 1993, cuando se regula el Contrato de los Trabajadores Agrícolas de Temporada, estableciendo el concepto de trabajador de temporada, formalidades especiales de celebración del contrato de trabajo; la obligación del empleador de proporcionar condiciones adecuadas e higiénicas de alojamiento que permitan mantener, preparar y consumir alimentos y medios de transporte.	Que la modernización de las formas de producción, especialmente en el ámbito silvoagropecuario, en donde Chile ha sido capaz de ir construyendo lentamente una apicultura exportadora altamente competitiva en los mercados internacionales, no puede fundarse en la injusticia de las relaciones laborales que se encuentran en su base, ni mucho menos en el desconocimiento de derechos tan esenciales como son el derecho a una protección previsional cuando los riesgos sociales naturales -como son la vejez, la muerte, la enfermedad o la invalidez- impiden a las personas valerse por sus propios medios y obtener la reparación de la capacidad de trabajo perdida o simplemente unos medios de supervivencia mínimos.	Que datos aportados por centros de estudios especializados en la materia, como es el de ‘Estudios Mujer y Trabajo’, señalan que unas cuatrocientas mil personas -de las cuales la mitad son mujeres- se desempeñan como trabajadoras agrícolas de temporada, lo que se ajusta a los datos oficiales del Servicio Nacional de la Mujer, que estima un número aproximado de doscientas mil trabajadoras temporeras. Todas estas cifras, lamentablemente, se han centrado en datos oficiales, pues existe una cifra negra de otros varios miles de chilenos que efectúan similares trabajos en los campos del país y que se encuentran, también, excluidos del sistema de seguridad social, en especial del sistema de pensiones.	Que la materia sobre la que versa este proyecto de acuerdo corresponde a iniciativa presidencial y requiere del patrocinio del Supremo Gobierno, debe, en primer lugar, asegurar de manera más eficaz el acceso de los trabajadores de temporada al sistema de pensiones y, en segundo lugar, contener un mecanismo o medio de financiamiento concreto de sus pensiones en base a una sobrecotización que les permita efectuar en tres o cuatro meses de trabajo las cotizaciones propias que un trabajador efectúa en un año de trabajo al ganar el ingreso mínimo legal.	Que la fuente de sobrecotización -que se estima debiera ser del 300%- debería provenir en 20% más por parte de ellas, esto es, descontado esa suma extra de sus remuneraciones mensuales y la diferencia, esto es el 280% de la sobrecotización, debería repartirse en partes iguales entre el Estado y los empleadores.	Que la justificación económica. jurídica y ética de esta sobrecarga en los costos de contratación y este verdadero subsidio directo por parte del Estado se funda en el hecho de que los primeros limitan la contratación a tiempos muy determinados de necesidad real de mano de obra, a diferencia del resto de los empleadores que manejan sus contratos con niveles mucho menores de flexibilidad y que, en el caso del Estado, es más barato esto que asumir el costo de pagar pensiones mínimas aseguradas por él en el sistema de administradoras de fondos de pensiones.	Que por aplicación del decreto ley Nº 3.500, que estableció el Nuevo Sistema de Pensiones, el Estado ha asegurado el pago de pensiones mínimas a aquellas personas que, teniendo cotizaciones previsionales en el nuevo sistema, no les alcance para optar a una pensión pagada por las AFPs, con lo cual, poco a poco se traspasan, de una forma u otra, miles de millones de pesos de las arcas fiscales a un sistema que nació justamente para evitar el compromiso económico de los fondos públicos en el otorgamiento de beneficios previsionales. Sólo en el 2002, se estimaba que el Estado pagaría treinta y cinco millones de dólares en pensiones mínimas, aseguradas a los ahorrantes del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones.	Que es necesario avanzar y generar nuevamente las condiciones para una discusión real entre los actores públicos y privados involucrados, que permita solucionar un problema que se arrastra a lo largo de los años y que ha sido apenas aplacado por políticas y programas públicos, que si bien se reconoce pero que no da solución real a un problema social agudo que en los próximos años hará crisis en los campos chilenos.	Que uno de los problemas más graves a que se ven enfrentados los trabajadores de temporada en el momento de jubilar es no tener el número de meses necesarios para acceder a la pensión mínima, lo que se traduce en que el monto de sus ingresos no les alcanza, en muchos casos, ni siquiera para subsistir.	Que esto se debe, entre otras razones, a que trabajan no más de cuatro meses al año y prefieren cotizar por el mínimo, privilegiando la liquidez al ahorro.	Que para tratar de contribuir con una solución concreta a este problema, que no es otra cosa que mayor pobreza al llegar a la vejez, se plantea una reforma al sistema de pensiones que permita que los cuatrocientos mil trabajadores de temporada agrícola y otros que se desempeñen en diferentes áreas puedan contar con el beneficio de la pensión mínima al jubilar.	Que uno de los objetivos adicionales que busca la iniciativa es que los trabajadores entiendan la importancia del ahorro para el futuro, para lo cual esta propuesta contiene una serie de estímulos que incentiven a ahorrar.	Que, dentro de los elementos de análisis tenidos en cuenta, se encuentra el hecho de que la pobreza en el mundo rural alcanza a más de cuatrocientos ochenta mil personas, es decir, al 23,8% de la población rural total; porcentaje muy superior al promedio nacional. De estas personas, más de ciento sesenta y ocho mil son indigentes. Es por esto que uno de los principales objetivos debe ser, precisamente, disminuir los altos índices de pobreza e indigencia rural.	Que esta iniciativa que se propone al Ejecutivo constituye un aporte concreto al bienestar de miles de chilenos que hoy sufren la inestabilidad laboral, pero que en lo futuro gozarán de cierta tranquilidad al tener la seguridad de contar con una pensión más digna al jubilar.	Que esta iniciativa sea acogida por el Ejecutivo -el único que puede impulsarla- y se constituya en el primer paso hacia la consolidación de la agenda social que el país tanto necesita.	Que alrededor de cuatrocientas mil personas que se incorporan a tareas agrícolas cada temporada, más del 50% de este contingente corresponde a mujeres y que, por la naturaleza eminentemente temporal de los servicios, existe una alta preferencia por la liquidez en desmedro del ahorro previsional, sacrificando un bienestar futuro por uno actual.	Que, a su vez, el trabajo temporal constituye una gran posibilidad de acceder a una remuneración para personas que estaban fuera de la fuerza laboral.	Que el dos tercios de los trabajadores de temporada agrícola no cotizan en ningún sistema previsional y los que cotizan, en promedio, lo hacen sólo durante cuatro meses al año. Esta situación impide que se cumpla con el requisito de los doscientos meses cotizados exigidos por la ley para acceder a la pensión mínima, perjudicando especialmente a las mujeres, debido a la maternidad y a la edad anticipada de jubilación. La realidad muestra que es muy difícil que la situación cambie, por las características particulares de este trabajo temporal fundamentalmente estacional. Esto provoca que un grupo importante de trabajadores quede fuera del sistema previsional. Así, por ejemplo, una mujer, para alcanzar los doscientos cuarenta meses de cotizaciones debería trabajar durante sesenta años, si cotiza sólo cuatro meses al año. 	La Cámara de Diputados acuerda:	Solicitar a V.E. que estudie e inicie ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que regule y asegure el derecho a la previsión y seguridad social de los trabajadores temporeros del país y que contemple, al menos, los siguientes elementos:a)	Una pensión mínima graduada consistente en nivelar el requisito legal de antigüedad de las cotizaciones para acceder a la pensión mínima (actualmente de doscientos cuarenta meses).b)	Una bonificación por maternidad de doce meses por cada parto, con un tope de treinta y seis meses, con la que cada mujer se vería beneficiada para efectos del cálculo de los meses de cotizaciones requeridos para la pensión mínima.c)	Mensualizar las cotizaciones superiores al mínimo, al objeto de desincentivar las subcotizaciones para aumentar el monto líquido, contribuyendo al ahorro para el futuro”.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor de los proyectos de acuerdo Nº 237 y Nº 240, ofrezco la palabra a los diputados señores Aníbal Pérez y Ramón Barros, respectivamente.	El señor PÉREZ (don Aníbal).- Señor Presidente, desde la Tercera a la Novena regiones, trabajan en labores de temporada agrícola aproximadamente 600 mil personas, de las cuales -un dato muy importante- más de la mitad son mujeres. Todas ellas son parte muy importante de una agricultura altamente exitosa en los mercados internacionales, que ha significado un logro económico importante en el sector y divisas para el país. Sin embargo, el éxito económico no puede estar basado en situaciones de injusticia laboral.	Con arreglo al decreto ley Nº 3.500, de 1980, que instituyó los sistemas previsionales, estos trabajadores no podrán jubilar ni siquiera con la pensión mínima, por cuanto exige como mínimo 240 meses para jubilar, es decir, veinte años de trabajo. Los temporeros laboran entre cuatro y cinco meses por año. Por consiguiente, cuando las mujeres cumplan 60 años, y los varones 65, no cumplirán con este requisito mínimo de 240 meses para jubilar.	Entonces, ¿un trabajador temporero -hombre o mujer- con 70 años o más, que será la edad promedio que deberá tener para alcanzar esa cantidad de meses, puede cumplir labores de temporero agrícola? Obviamente que no. Es un trabajo pesado: está en permanente contacto con plaguicidas; es una labor bastante ingrata. Por consiguiente, se hace necesario buscar una fórmula que permita que estos trabajadores -sector importante de nuestro país- también tengan derecho a una pensión digna en su vejez.	Por este motivo, varios diputados, conscientes de este tema, hemos concordado en que, como es un tema que concierne al Ejecutivo, sea el Presidente de la República quien envíe al Congreso Nacional un proyecto para regular esta situación y, en definitiva, este sector de trabajadores pueda también gozar de una digna pensión en su vejez.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Barros.	El señor BARROS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a los más de 40 diputados que suscribieron este proyecto de acuerdo, que consiste en pedir al Presidente de la República, como lo decía el diputado señor Pérez, que patrocine un proyecto de ley que vaya en directo beneficio de las trabajadoras temporeras.	En la actualidad, una mujer temporera trabaja al año, de acuerdo con el sistema imperante, entre tres y cuatro meses. Por lo tanto, para obtener una pensión mínima tendría que imponer durante 60 años de su vida, cosa que es imposible.	Por lo tanto, esto es algo que debemos modificar. Por eso, estamos trabajando desde hace un año y medio en este proyecto de ley. Alrededor de un mes, invitamos a trabajar en él a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Cecilia Pérez, para juntos ir superando estas vallas.	Dentro de las medidas concretas, que nuestro estudio contempla y que hoy se encuentran en poder del Sernam, está establecer una pensión mínima graduada, vale decir, al cumplir los 60 años, una mujer temporera, con 120 meses de los 240, podría acceder, al menos, al 50 por ciento de una pensión mínima.	En segundo lugar, una bonificación por maternidad de doce meses por cada hijo nacido. Hoy se considera como promedio el número de tres hijos nacidos.	Por último, respecto de las pensiones, se generan muchas irregularidades provocadas tanto por empleadores como por trabajadores debido a que no existen incentivos para el ahorro previsional. Por ello, se subcotiza, o no se cotiza, lo que es muy grave. Por lo tanto, pretendemos que la mujer pueda imponer por lo que realmente gana. Por ejemplo, si en un packing de verano obtiene 350 mil pesos, la cotización debería equivaler a tres meses de cotizaciones del ingreso mínimo para acceder a una pensión mínima.	Como éste es un problema que afecta a cientos de miles de mujeres, celebro que hoy, en conjunto con mi colega de distrito -diputado señor Barros-, hayamos planteado el tema, dejando atrás las diferencias para trabajar en torno a materias que realmente interesan y mejoran la vida de nuestros compatriotas, en particular de la mujer.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Montes.	El señor MONTES.- Señor Presidente, valoro la intención y comparto la búsqueda de esos objetivos. Ciertamente, desde 1990 se vienen presentando proyectos de esta naturaleza. La primera vez se aprobó un proyecto de igual contenido, presentado por la diputada Adriana Muñoz y por el diputado Juan Pablo Letelier. Año tras año, este diputado presentó iniciativas del mismo carácter. Incluso hay una moción parlamentaria que apunta en la misma dirección y que no es admisible si no tiene el patrocinio del Ejecutivo. Pero hay un problema real que se relaciona con la densidad y la manera de enfrentar el tema.	Se han visto afectados no sólo los trabajadores agrícolas de temporada, sino también los trabajadores de la construcción, de los balnearios, del comercio -que trabajan ciertas semanas durante el año-, los estibadores y pescadores. Con ello quiero precisar que esto es parte de una reforma previsional mayor, por cuanto tenemos que asumir que el sistema previsional está dejando afuera a una parte importante de la población que impone. Se calcula que la mitad queda fuera en el transcurso del período. Además, hay muchas personas que, por distintos eventos de su historia laboral, no logran completar la semana y ni siquiera tienen derecho a una pensión mínima, en circunstancias de que, muchas veces, les falta muy poco. O sea, el sistema previsional está haciendo agua por muchos lados.	Hasta ahora la discusión respecto de las AFP se ha hecho desde el punto de vista del mercado de capitales, de los recursos disponibles para la inversión, y no desde el previsional. Por eso me parece que éste es un proyecto incompleto.	He dicho.	El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación.	-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.	El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobado.	-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:	Accorsi, Álvarez, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Egaña, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Recondo, Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Uriarte, Urrutia, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.VII. INCIDENTESANIVERSARIO DE LA NACIONALIZACIÓN DEL COBRE. APLICACIÓN DE ROYALTY A EMPRESAS CUPRÍFERAS.Oficios.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.	Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.	El señor LEAL.- Señor Presidente, mañana, 11 de julio, se cumplen 32 años de la nacionalización del cobre. Por ello, deseo hacer llegar un saludo afectuoso a los trabajadores de la Confederación Minera del Cobre y de las diversas divisiones de Codelco. En particular a los de El Salvador -región a la cual represento-, que con tanto esfuerzo extraen el metal rojo que aporta recursos a la economía nacional.	Cabe destacar que el acuerdo unánime adoptado por el Congreso Nacional hace 32 años, ha permitido que Codelco haya entregado al Estado de Chile más de 30 mil millones de dólares en impuestos y utilidades, incluida una especie de royalty a las Fuerzas Armadas durante más de 15 años. Gracias a la nacionalización del cobre y al esfuerzo de los trabajadores, técnicos y ejecutivos de Codelco, el país ha podido diversificar su economía en el tiempo, crecer industrialmente, desarrollar una actividad minera y transformarse en el principal productor de cobre del mundo y hacer de Codelco la más grande empresa productora de cobre a nivel mundial.	Por eso, nuestro primer compromiso con los trabajadores del cobre es que Codelco siga siendo una empresa del Estado y no se privatice, para que estas riquezas sigan perteneciendo a todos los chilenos, continúen cimentando la actividad económica del país y contribuyendo a concatenar las economías regionales en torno a las divisiones de Codelco.	Pero, en este día tan importante para los trabajadores del cobre y los chilenos, que en buena medida vivimos de los ingresos de nuestro metal rojo, no podría hacer otra cosa sino que señalar que es imprescindible reflexionar sobre lo que significa que en este país se produzcan 4 millones de toneladas de cobre sin que las empresas que lo extraen paguen impuestos. Es muy significativo decirlo al país.	En estos años ha habido una gran inversión privada, cercana a los 12 mil millones de dólares, en el sector cuprífero. En definitiva, esto ha significado que si Codelco producía el 80 por ciento del cobre a fines de los años 80, hoy extrae sólo el 30 por ciento, si consideramos, junto a las empresas multinacionales, a Los Pelambres, de la Cuarta Región. Sin embargo, el 30 por ciento de la explotación de cobre que hace Codelco, entrega varios millones de dólares al país, en circunstancias de que las grandes empresas privadas del cobre, que producen el 70 por ciento del cobre, desde 1990 a 2002, sólo han entregado 1.850 millones de dólares, de los cuales el 90 por ciento lo ha pagado en impuestos La Escondida, y el 10 por ciento Mantos Blancos. Las 45 empresas restantes, por toda esta enorme producción de cobre que significa el 70 por ciento de la producción cuprífera del país, no han pagado impuestos al Estado, porque han descontado de las utilidades la depreciación acelerada y todo lo que tiene que ver con la inversión de capital, a raíz de los créditos pedidos muchas veces a sus propias filiales, y declarado, en definitiva, que no obtienen utilidades en nuestro país.	En ese sentido, los ejemplos más groseros son de la empresa Exxon, que compró una mina en 90 millones de dólares y que, posteriormente, la vendió en 1.300 millones de dólares, y, además, pretendió no pagar impuestos durante 20 años; y El Indio, ubicada en la Cuarta Región, la que durante 18 años no le pagó ningún impuesto al Estado. Después de que los minerales se depreciaron, las minas se agotaron y bajó el precio internacional del metal, esas empresas se fueron del país y dejaron un hoyo.	Por lo tanto, formulo un llamado a la Cámara de Diputados, no sólo a los diputados de zonas mineras que respecto del tema podemos tener una mayor comprensión de lo que significa para nuestras regiones cuando se va una gran empresa minera y queda el hoyo. No queremos nuevos pueblos fantasmas como los que quedaron tras la explotación del salitre, donde luego de acabarse ese recurso natural, la zona quedó deshabitada. Queremos que la explotación del cobre y las inversiones extranjeras, bienvenidas para el país, permitan entregar recursos al Estado y al conjunto de la economía nacional, como también desarrollar la tecnología del cobre y sus nuevos usos. Queremos empresas con mayor valor agregado y, para ello, es necesario refinar el cobre en nuestro país, en lugar de hacerlo en Brasil o en Canadá. De esa forma esas empresas harían un aporte significativo a la economía nacional.	Sin embargo, lo más importante es que el Estado recupere lo que ha perdido, sobre la base de gravar con un royalty a la extracción del cobre nacional. No es un impuesto, sino una regalía que se cobra en muchos países. Si las empresas que provienen de Estados Unidos, en seis estados pagan royalties de entre un 3 y un 8 por ciento; y si las empresas que provienen de Canadá, Japón, Kazajstán y de otros lugares donde se produce cobre, pagan una regalía entre un 3 y un 12 por ciento, no entiendo por qué en Chile esas mismas empresas no pagan una regalía por la extracción de un recurso natural no renovable. Es un tema clave, sobre todo en momentos en que nos aprestamos a conmemorar treinta y dos años de la nacionalización del cobre.	Esas mismas empresas que en sus países son sociedades anónimas, que reconocen el mercado y transan sus acciones en la Bolsa de Valores, en Chile se constituyen como sociedades de personas, sociedades contractuales mineras, que no entran a cotizarse en la Bolsa de Valores ni tienen la supervigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni están obligadas a publicar sus balances, por lo que no sabemos cuánto ganan. Así, llegamos al ridículo de que mientras el presidente del consejo minero afirma en un canal de televisión que el año 2002 pagaron 187 millones de dólares en impuestos, agregando no sólo el impuesto a la renta que estamos discutiendo, sino que las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y el impuesto de bienes raíces que paga cualquier chileno cuando tiene una casa de un valor superior a los 20 millones de pesos, el tesorero general de la República responde que esa afirmación es falsa y que todas las empresas que exportan en total cuatro millones de toneladas de cobre, sólo pagaron 20 millones de dólares al erario el año 2000. Eso es lo que registra el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República.	Por lo tanto, saludamos a los trabajadores del cobre de todo Chile y, particularmente, a los trabajadores de Codelco al conmemorarse treinta y dos años de la nacionalización del cobre, que tantos recursos ha entregado a la economía nacional y que ha permitido su desarrollo, industrialización, firma de tratados y la diversificación de los productos que exporta. En esta hora, levantamos nuevamente nuestra voz para solicitar que esas empresas paguen impuestos por los millones de toneladas de cobre que exportan como inversión privada y, al mismo tiempo, paguen un royalty, y que parte de él quede en las regiones.	Es justo que la empresa minera Candelaria pague un royalty, y que aquellas empresas que no pagan impuestos, paguen un royalty, porque en las regiones dejan un hoyo, contaminan las aguas, destruyen la infraestructura y el nivel de aporte que realizan en materia de empleo es muy reducido.	Solicito oficiar al ministro de Minería y al Presidente de la República, solicitando que se implemente un royalty en este día que conmemoramos el trigésimo segundo aniversario de la nacionalización del cobre en Chile.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención, al ministro de Minería y al Presidente de la República, con la adhesión del diputado Fidel Espinoza.REEMPLAZO DE AEROPUERTO DE LA FLORIDA, DE LA SERENA. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado don Mario Bertolino.	El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, en los últimos días, ha estado en el tapete de las noticias el posible reemplazo del aeropuerto de La Florida, ubicado en La Serena, por otro que se construirá en Tongoy, proyecto que promueven el intendente y el Core de la Cuarta Región. 	Desgraciadamente, no ha habido claridad sobre la evaluación de los proyectos que han permitido considerar la zona de Tongoy como alternativa válida. 	Se ha sabido -me fue comunicado personalmente- que hay negociaciones que no han salido a la luz pública, obviamente para no entorpecer la realización del proyecto y evitar que aumente el precio de los terrenos que el gobierno regional estaría dispuesto a comprar a fin de que, en el futuro, el ministerio de Obras Públicas llame a licitación para la construcción del nuevo aeropuerto. De todos modos, no es propio que para ello se estén gastando recursos del gobierno regional, porque iría en detrimento de las quince comunas de la región en aspectos como educación, salud, seguridad ciudadana, pavimentación participativa y planes de desarrollo comunal. 	Por lo expuesto, solicito oficiar al ministerio del Interior para que informe a esta honorable Cámara sobre qué estudios avalan el reemplazo del aeropuerto La Florida, de la ciudad de La Serena, por otro en Tongoy; qué rentabilidad tiene ese proyecto; cuál es el precio y la cantidad de metros cuadrados o hectáreas de terreno que se comprarían; quiénes son los propietarios y qué tasación fiscal tienen; quiénes estarían detrás de ciertas pertenencias mineras -que se encuentran dentro de estos terrenos- y cuáles son las personas con títulos sobre ellas.	Todos esos antecedentes son importantes, dado que ha habido cierto hermetismo en las negociaciones y hoy más bien parece un asunto de conveniencia y de negocio para alguien que un proyecto de desarrollo regional. Ello, porque todas y cada una de las explicaciones dadas sobre ese proyecto han sido desmentidas en la prensa por diversas autoridades. Es pertinente saber cuáles son los motivos por los cuales la negociación se ha estado haciendo en secreto. Esta situación ha provocado mucha desconfianza y comentarios, lo cual en nada ayuda a tomar una decisión transparente, de modo que pueda ser un proyecto que desarrolle efectivamente a la región y no uno que sólo beneficie a algunas personas. Por ejemplo, artículos de prensa afirman que los propietarios donaron al gobierno regional los terrenos para construir el aeropuerto, y resulta que hoy se está negociando su valor.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente.FELICITACIONES A FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL CLUB DEPORTIVO DE ADMINISTRACIÓN TORRE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Notas.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, quiero abordar tres temas que me parecen importantes.	En primer lugar, deseo saludar y felicitar cálidamente a un grupo de jóvenes funcionarios pertenecientes al Club Deportivo Administración Torre de la Cámara de Diputados, quienes, el pasado fin de semana, encabezados por su presidente, don Víctor Ubeda Calderón, fueron a Mendoza, invitados por la Cámara de Diputados de la vecina ciudad trasandina, para participar en una competencia deportiva.	Entre jugadores y funcionarios, la delegación -cuyo encargado fue don Pedro Hidalgo Saavedra- estuvo integrada por veintidós personas, que representaron a la Cámara de Diputados de Chile en un encuentro que no sólo tuvo un carácter deportivo, sino también de vinculación entre las asambleas legislativas de Chile y Argentina.	En el ámbito deportivo, nuestros jóvenes cumplieron una destacada labor, ya que salieron campeones. Hago un reconocimiento en esta Sala a su triunfo.	Respecto de su participación y a la forma cómo se vincularon con los representantes de la hermana República Argentina, como parlamentario que los acompañó, siento mucho orgullo, por lo bien puesto que dejaron el nombre de nuestro país al tener un comportamiento realmente destacado. Me alegra y me satisface decirlo.	En consecuencia, solicito que se haga llegar nuestros agradecimientos a la directiva de la Asociación de Funcionarios Legislativos de la Cámara de Diputados de Mendoza, a don Ismael Ahumada Bullande y a don Carlos Muñoz Flores, por la gran recepción que nos dieron en Argentina, lo que enaltece la labor que desarrollan y nos compromete a brindarles un recibimiento similar cuando vengan a Chile, a fines del presente año.	A don Ismael Ahumada y a don Carlos Muñoz, a sus familias y a todos sus colaboradores, les damos las gracias. Y a los jóvenes que dejaron tan bien puesto el nombre de nuestro país, las felicitaciones por el título obtenido en el primer campeonato de funcionarios legislativos de ambas naciones.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán las notas solicitadas por su Señoría, con los agradecimientos y felicitaciones a las personas mencionadas.DEFICIENCIAS DE LA TELEFONÍA RURAL DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.	El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, en segundo lugar, me preocupa lo que está ocurriendo con la telefonía rural de la Décima Región.	Solicito que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Cristián Nicolai, a fin de que conjuntamente busquemos los mecanismos -porque este es un problema de país- que nos permitan superar las graves deficiencias detectadas en el ámbito de la telefonía rural. La responsabilidad no es propiamente del Gobierno, pero el problema compromete a los poderes del Estado, por lo cual es necesario encontrar las soluciones que permitan brindar un adecuado servicio de telefonía a la gente de los sectores rurales, que hoy tanto lo requiere.	Doy un ejemplo. En la Décima Región existen 928 localidades beneficiadas con programas de telefonía rural. Desde 1998 a la fecha se han estado instalando esos teléfonos. En un primer momento, fueron dos las empresas que monopolizaron -por así decirlo- la ejecución de estos proyectos. Se trataba de las empresas GVT y CTR. Lamentablemente, la primera de ellas quebró y fue absorbida por la segunda, asumiendo esta última la misión de brindar telefonía rural a los sectores beneficiados durante diez años, los 365 días del año y las 24 horas del día.	Entre esas dos empresas acapararon más de 600 de las 928 localidades y, lamentablemente, hoy somos testigos de una gran cantidad de reclamos de dirigentes sociales vecinales, quienes nos han señalado los graves problemas e imperfecciones que el sistema ha tenido, por cuanto no ha sido posible encontrar un mecanismo que permita cumplir con la exigencia que se incluyó en las resoluciones respectivas en orden a que debe haber telefonía rural los 365 días del año. Muchas veces un teléfono pasa 60 ó 70 días sin funcionar, sin ser reparado, porque está lleno de monedas o tiene algún desperfecto técnico, no cumpliéndose con la normativa correspondiente, que obliga a un servicio permanente.	Creemos que hay graves imperfecciones, por lo que es fundamental que esta situación anómala se solucione, ya que para los habitantes de zonas rurales la telefonía rural es un gran instrumento que los acerca a las ciudades, a sus seres queridos que se encuentran lejos, y a los servicios públicos. Es necesario que el Estado busque los mecanismos para modificar el actual sistema de telefonía rural basado en monederos y cambiarlo por un sistema de telefonía rural de teléfonos fijos, que dan mayor garantía en cuanto a su uso como lo que puede demostrar la empresa Megacom, que ha desarrollado un gran trabajo técnico y que ha permitido, en la última etapa de proyectos y en los lugares más apartados, la instalación de teléfonos fijos al interior de las viviendas con marcadores de precio incorporados, para que cada ciudadano que ocupa el teléfono sepa cuánto está gastando al momento de comunicarse. Si es necesario que el Gobierno utilice recursos, ello no sería oneroso, pues el costo para modificar el sistema fluctúa entre 200 y 300 mil pesos por teléfono. Repito, creemos que es necesario hacerlo por el bien de los habitantes rurales que están sufriendo las deficiencias manifiestas de un sistema que, lamentablemente, no está funcionando como todos quisiéramos.	Reitero, los teléfonos son vitales para la gente, pero pasan 60 días y como nadie retira las monedas, se llenan y no funcionan. Y el servicio no se restablece	El tema de la telefonía rural me llega en lo personal. En 1998, como ex secretario ministerial de Transportes de la Décima Región, me tocó implementar este sistema en esa zona. En tan sólo doce meses fuimos capaces de llevar telefonía rural en más de 600 localidades. Llevamos a cabo un monitoreo especial y una fiscalización precisa a las empresas, a fin de que ningún teléfono dejara de funcionar, porque cuando eso ocurre en un sector rural, estamos expuestos a que, frente a una desgracia, no podamos establecer una comunicación fluida con un centro hospitalario o de otro tipo, como ocurre cuando se produce un incendio, emergencia que exige una comunicación fluida con las entidades respectivas, en este caso con bomberos.	En nuestra región, los teléfonos rurales han salvado vidas. En Manqueampu, hace poco más de un año, un trabajador sufrió un accidente laboral mientras desarrollaba faenas forestales: fue aplastado por un árbol. En esa localidad rural, a la que sólo se puede acceder en caballo, existía un teléfono, a través del cual quienes lo auxiliaron pudieron llamar a Carabineros, que dispuso el envío de un helicóptero para trasladar al campesino a un centro hospitalario, lo que le permitió salvar la vida.	Ésa es la importancia de los teléfonos rurales. Muchas veces, las autoridades regionales no le han tomado el peso al impacto del proyecto a que me refiero.	Por lo tanto, solicito oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones y al ministro de Obras Públicas a fin de que se preocupen por este tema y den soluciones de fondo, no de parche, a este grave problema que sufren miles de habitantes rurales que han sido beneficiados con estos impactantes, desde el punto de visa social, programas de Gobierno.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.ANTECEDENTES SOBRE VIAJES CON FINES DE PROMOCIÓN REALIZADOS POR INTENDENTE DE PRIMERA REGIÓN. Oficio. 	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada señora Rosa González. 	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Señor Presidente, me sumo al saludo enviado a los trabajadores del cobre que hoy celebran su día.	Es preocupante el déficit fiscal y el mal uso de los recursos, situaciones que todo el país conoce. Por ello, resulta inexplicable que el intendente de la Primera Región, acompañado de diez a doce personas, en su gran mayoría empleados fiscales, diga públicamente que viajará a España para unirse a la comitiva presidencial. 	De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación, sabemos que el Presidente viaja a Irlanda, Canadá e Inglaterra, por lo que resultará imposible que la comitiva del intendente, que supuestamente promocionará a la Primera Región entre inversionistas, se una a la del Presidente en España.	Estas informaciones públicas llevan a la comunidad ariqueña, que todos sabemos está sumida en una tremenda depresión debido a la cesantía, a preguntarse si esos viajes son absolutamente necesarios. 	Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Interior para que instruya al intendente de la Primera Región que nos haga llegar un detallado informe de todos los viajes de promoción que ha efectuado, acompañado por funcionarios públicos, a contar del año 2000 a la fecha, indicando nombres de los funcionarios, viáticos que se han cancelado y costo total de cada uno de los viajes que se han realizado para promocionar la ley Arica. 	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención. INFORMACIÓN SOBRE ACUERDO QUE PERMITE LA IMPORTACIÓN DE TOMATES DESDE EL PERÚ. Oficio. 	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- En segundo lugar, el intendente de la Primera Región había convocado a altos personeros del Ministerio de Agricultura, específicamente del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para analizar el tema de importación de tomates desde Perú hacia la Primera Región. Incluso, había firmado un acuerdo que refrendaba la posición del gremio de agricultores de Arica, sobre este tema. Lamentablemente, en una actitud que resulta absolutamente inconcebible, privilegió viajar a España para, según él, acompañar al Presidente, quien, como dije, no estaría en ese país, antes de asistir a la reunión que el mismo había convocado.	Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura con el objeto de que informe a qué acuerdo se llegó en Santiago sobre la importación de tomates a través de Arica, y que el SAG nos detalle los problemas fito y zoosanitarios que podría acarrear dicho acuerdo, ya que todos tenemos claro lo que ha costado al país erradicar la mosca de la fruta y otras pestes cuarentenarias que, lógicamente, pueden afectar ostensiblemente el mercado de los agricultores de Arica. Reitero, en la Primera Región desconocen a qué acuerdo se llegó a través de la Cancillería sobre esta materia. 	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.SUBSIDIO DE TRANSPORTE RURAL PARA PARINACOTA. Oficio.	La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).- Por último, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que indique cuál es el subsidio de transporte rural para la provincia de Parinacota, que ha sido ofrecido y que hasta el momento no funciona en mi región. 	He dicho. 	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención. ANTECEDENTES SOBRE EVALUACIÓN DE CONAMA RESPECTO DE CONSTRUCCIÓN DE COCHERAS DEL METRO EN PEÑALOLÉN. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi. 	La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, mi tema es diferente, pero no puedo dejar de sentirme bastante impresionada con la información que nos entrega la diputada Rosa González sobre el viaje del intendente a España, acompañado de numerosos personeros públicos, para promocionar la inversión en la Primera Región. No puedo dejar de pensar cuántos gastos similares, inútiles muchas veces, se hacen con cargo fiscal. Por eso insistimos tanto en que se sea más cuidadoso con los recursos públicos, que haya más fiscalización y mejor focalización del gasto, porque si así fuere, probablemente hoy no tendríamos que subir los impuestos para compensar la deuda fiscal o allegar recursos para ayudar a los más necesitados, especialmente las personas que requieren atención de salud o para los más pobres, en el caso del programa Chile Solidario.	Ha faltado ética, entre otras cosas, para velar por los recursos fiscales, y ello es de responsabilidad del Gobierno.	Sin embargo, deseo referirme a un tema relacionado con los desafíos que nos presenta el desarrollo.	En la ciudad de Santiago se están ejecutando varios proyectos para la extensión del Metro. Sin duda, en una ciudad tan extensa, de calles estrechas y con exceso de micros y de vehículos, se justifica ese medio de transporte, que puede acercar a los habitantes de comunas lejanas, como Puente Alto, La Granja y otras, a sus trabajos, sobre todo porque un viaje de muchas horas resulta tremendamente desgastador. Así que me parece bien todo lo que sea progreso: me parece fantástico que exista el Metro; me parece espectacular que llegue hasta la comuna de Peñalolén.	No obstante, quiero hacer presente la preocupación de algunos vecinos del sector Quilín con Tobalaba, un sector de barrios nuevos, de viviendas ocupadas desde hace muy poco tiempo, quienes se han encontrado con la sorpresa de que las cocheras o estacionamientos de los trenes del Metro colindarán con sus viviendas, situación que los tiene sumamente preocupados y angustiados. Es como cuando los vecinos se encuentran con el hecho consumado de la instalación de una antena de telefonía móvil en la esquina de su casa o en el sitio de al lado, las que se emplazan ignorando a los municipios. Una vez conseguidos los informes favorables de las instancias públicas, menos los de la municipalidad, se puede hacer cualquier cosa.	 De hecho, en este caso existe un informe de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) que ha determinado que la habilitación de las cocheras mediando dos metros entre la pandereta que las separan de las casas nuevas no representan ningún impacto ambiental, de ruidos, ni levantamiento de polvo ni tampoco deterioro o desestabilización de las viviendas, sobre cuando se está construyendo. Es decir, según la Conama estos trabajos no significarán ningún problema para los vecinos. Lo curioso es que se dice sin haberse visto utilizar aparato de mediación.	Una vecina me dijo ayer que si un computador produce un ruido de 60 decibeles, ¿cómo la gente de Conama podía decir que en este lugar se iban a producir 40 decibeles, en circunstancias de que se estacionaran alrededor de diez trenes del Metro, los que deberán realizar diversas maniobras y cambios de líneas?	Por tanto, solicito oficiar a la Conama para que nos haga llegar, en forma urgente y no en un plazo de 30 días, la evaluación que hizo para determinar que la instalación del estacionamiento de trenes del Metro en el sector de Tobalaba con Quilín no producirá ningún impacto ambiental.	Conversé largamente con el director del Metro, quien, gentilmente, me atendió y dio algunas explicaciones, pero, francamente, no creo que esta instalación no produzca impacto ambiental en perjuicio de los vecinos del sector, quienes, con toda la razón del mundo, están muy angustiados y preocupados, porque acaban de comprar sus viviendas con grandes sacrificios. Se les ofreció, como ocurre siempre en Peñalolén, un buen aire, tranquilidad, árboles, buenas condiciones ambientales, pero ahora se encuentran ante una situación realmente dramática.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención.AGILIZACIÓN DE ESTUDIO DE NORMATIVA PARA FACILITAR RETIRO DE PROFESORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Oficios.	El señor JARPA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.	El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la Cuenta de la sesión de hoy recién aparece una respuesta del ministro del Trabajo y Previsión Social a una intervención que efectué el 30 de abril del presente año. El tema, que lo vengo colocando en carpeta desde hace no menos de cinco años, se refiere a los profesores que cumplieron los requisitos para jubilar -60 años las mujeres, 65 los varones, y por lo menos 30 años de labor- y que lamentablemente estaban imponiendo en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).	Al decir “lamentablemente”, no quiero hacer una crítica al sistema de las AFP, sino que estoy planteando algo muy objetivo y pragmático.	El Congreso ha despachado dos modificaciones al Estatuto Docente, muy justas, que han permitido que los profesores hicieran uso de la ley Nº 19.200. O sea, en diciembre de 1993, se cambió el sistema de jubilación para el magisterio. Hasta ese instante, se podía jubilar con el promedio de las últimas 60 rentas. Con la ley que sacamos, cuya indicación redactamos los miembros titulares de la Comisión de Educación, que luego contó con el patrocinio del Presidente Patricio Aylwin y de sus ministros de Hacienda y de Educación, Alejandro Foxley y Ricardo Lagos, respectivamente, se estableció que el promedio fuera de las 36 últimas rentas.	Los beneficios fueron claros, precisos y, en vez del 48 por ciento, que era del sistema antiguo, subimos al 82 por ciento.	Sin embargo, nos dimos cuenta de que en el magisterio, de los 132 mil colegas que hacen clases en el sistema educacional, había un número importante al que había que dar un beneficio más. Ahí salieron los 15 ó 16 meses de indemnización. Se dictaron dos leyes con un plazo de seis meses. Ello permitió que casi siete mil maestros jubilaran con la última renta, porque cambiamos en forma excepcional ese tipo de situación. Se hicieron desaparecer los 12 primeros meses y se estableció un mecanismo para obtener la última renta. Fuera de eso, se otorgaron 15 ó 16 meses de indemnizaciones.	Pero los colegas que se quedaron en el sistema antiguo no pudieron hacer uso de esas dos importantes leyes. Porque sacaron los cálculos y ellos, con ese sistema, sacan una jubilación equivalente al 42 ó 45 por ciento de la última renta. Eso es muy injusto, porque han dedicado su vida a la formación de generaciones. Debido a ello, en la actualidad hay profesores, damas de 70, 72 años y varones de 70 ó 75 años, que no pueden impetrar el beneficio de la jubilación, porque sus rentas bajan en forma sustancial.	El tema ha sido tratado con varios colegas. Y hoy en el oficio que me contesta amablemente, el ministro del Trabajo, don Ricardo Solari Saavedra, me hace toda una relación de los hechos.	Me recuerda que el 6 de noviembre de 2001, el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y organizaciones gremiales del sector público acordaron constituir una comisión bipartita en la Subsecretaría de Previsión Social, encargada de examinar las demandas planteadas por los gremios del sector público en relación con asuntos previsionales y de retiro.	La comisión emitió un primer informe de avance el 31 de julio de 2002, y un informe final el 31 de octubre de 2002, con lo cual concluyó su primera etapa del trabajo. ¿Qué significó eso? Los gremios no sólo se preocuparon de la legítima aspiración de los colegas profesores, sino que también de los funcionarios de la Administración Pública, lo que tornó la situación más difícil y compleja.	En el informe se da cuenta de que se crea una nueva modalidad de pensión; se modifican los requisitos, valor y fórmula de cálculo de pensiones; se crea una nueva modalidad de financiamiento; se entregan beneficios con una cobertura específica al sistema de pensiones; se establecen nuevos criterios para la afiliación al sistema de pensiones; se modifica el rol del Estado y se crea una nueva garantía estatal.	El ministro del Trabajo dice que, en representación del Gobierno, en su calidad de empleador, está dispuesto a mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios públicos en el marco de las políticas de recursos humanos y de las normas laborales de cada sector, focalizando su acción en las personas más necesitadas. Para ello, propone desarrollar incentivos monetarios que tengan por objeto mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios. 	En esta discusión participan representantes de la mesa de presidentes del sector público, entre ellos, el señor Jorge Pavéz, por el sector de profesores. Por el Ejecutivo, representantes de los ministros del Trabajo, de Previsión Social y de Hacienda. Es decir, se están estudiando posibles soluciones, lo cual es una señal positiva de parte del Gobierno.	Por lo señalado, pido que, en mi nombre, se oficie al ministro del Trabajo, don Ricardo Solari, para agradecer su información y, al mismo tiempo, para solicitar a los representantes de la referida mesa apurar sus conclusiones, porque son muchos los profesores y funcionarios públicos que desean retirarse con una justa jubilación.	He dicho.	El señor JARPA (Presidente).-Señor Ortiz, como muchos parlamentarios, me preocupa la situación que afecta a profesores y empleados públicos debido a sus sistemas previsionales y, por lo tanto, adhiero a los oficios que se enviarán a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.PRECISIONES SOBRE EVENTUAL OBLIGATORIEDAD DE DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS VÍA INTERNET. Oficio.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Edmundo Villouta.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, quiero referirme a una información que leí ayer y de la cual ya había tenido conocimiento, aunque no en forma tan precisa.	El Servicio de Impuestos Internos tendría intenciones de obligar, el próximo año, a declarar y pagar los impuestos a través de Internet.	Al igual que la Cámara Nacional de Comercio, me opongo a la medida, porque, primero, este sistema no está previsto en ninguna ley y, segundo, porque obligaría a gran parte de los pequeños comerciantes, si no a todos, a arrendar sistemas para hacer ese trámite. Aunque dicho sistema ya lo están usando los contribuyentes que tienen cuentas corrientes, ello complicaría a quienes no las tienen.	Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda a fin de que disponga que el Servicio de Impuestos Internos aclare cuál es la base legal para hacer obligatoria la declaración y pago de impuestos vía internet.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CHILECOMPRA. Oficio.	El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, quiero referirme al nuevo sistema denominado Chilecompra.	La semana pasada, un jefe de servicio de un organismo me informó que al efectuar las cotizaciones para la adquisición de mercaderías e insumos para la construcción a través de Chilecompra, se encontró con la sorpresa que el precio del saco de cemento, por ejemplo, superaba los siete mil cuatrocientos pesos, puesto en Angol, en circunstancias de que en esa ciudad el precio de ese mismo producto es inferior a cinco mil pesos.	Habría que aclarar esa situación, porque no todos los comerciantes, incluidos los de cabeceras de provincias, figuran en internet y debido a que los precios de los productos que se ofrecen a través de ese sistema no son los más adecuados para el presupuesto de las instituciones y el fisco.	Por lo tanto, pido que se oficie, al ministerio que corresponda, para solicitar antecedentes más acabados sobre ese sistema.	Se justifica que las compras importantes de organismos fiscales y de los municipios se realicen a través de Chilecompra, pero las adquisiciones menores se pueden continuar haciendo mediante el sistema de cotizaciones, como se ha exigido siempre; es decir, luego de pedir, al menos, tres presupuestos o cotizaciones antes de efectuar las adquisiciones.	He dicho.	El señor JARPA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.	Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.	-Se levantó la sesión a las 14.13 horas.JORGE VERDUGO NARANJO,Jefe de la Redacción de Sesiones.VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio del Senado.	“Nº 22.524	Valparaíso, 8 de julio de 2003	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado el proyecto de ley, de esa honorable Cámara, que establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno, correspondiente al boletín Nº 3256-05, con las siguientes modificaciones:Artículo 2º	Lo ha suprimido.Artículo 3º	Ha pasado a ser artículo 2º.	Ha suprimido sus numerales 2), 3) y 4).	Sus numerales 5), 6), 7) y 8) han pasado a ser 2), 3), 4) y 5), sin enmiendas.Artículos 4º, 5º, 6º y 7º	Han pasado a ser artículos 3º, 4º, 5º y 6º, sin enmiendas.Artículo transitorio	Lo ha suprimido.-o-	Hago presente a Vuestra Excelencia que los artículos 6º y 7º, que pasaron a ser artículos 5º y 6º, fueron aprobados, en el carácter de normas de quórum calificado, con el voto conforme de 34 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.	Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4371, de 18 de Junio de 2.003.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a Vuestra Excelencia.	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.2.	Oficio del Senado.	“Nº 22.536	Valparaíso, 9 de julio de 2003.	Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a las modificaciones que introdujo esa honorable Cámara al proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores, correspondiente al boletín Nº 3022-07, con excepción en la recaída en la letra c) del número 1, del artículo único, que ha rechazado.	Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y el modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo establece el artículo 68 de la Constitución Política de la República y, por tanto, la Corporación designó a los honorables señores senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.	Hago presente a vuestra Excelencia que las enmiendas recaídas en los números 9 y 12 del artículo único fueron aprobados, en el carácter de normas orgánico constitucionales, con el voto favorable de 36 señores senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.	Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4368, de 17 de junio de 2003.	Dios guarde a vuestra Excelencia.	(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, Secretario General del Senado”.3.	Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica. (boletín Nº 2888-01)Honorable Cámara de Diputados,Honorable Senado:	La Comisión Mixta, constituida en conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y el modo de resolver las divergencias surgidas entre la honorable Cámara de Diputados y el Honorable Senado, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la referencia.	La honorable Cámara de Diputados designó como integrantes de vuestra Comisión Mixta a los honorables diputados señores José Antonio Galilea Vidaurre; Enrique Jaramillo Becker; Fernando Meza Moncada; Carlos Recondo Lavanderos y Exequiel Silva Ortiz.	Por oficio Nº 4.209, del 3 de abril de 2003, el señor Secretario de la Honorable Cámara de Diputados comunicó a vuestra Comisión que la Honorable Diputada señora Alejandra Sepúlveda Orbenes reemplazó al honorable diputado señor Fernando Meza Moncada.	El honorable senado nombró como integrantes de dicha Comisión a los señores Senadores miembros de su Comisión de Agricultura.	Previa citación del señor Presidente del Senado, vuestra Comisión Mixta se constituyó con fecha 16 de abril de 2003, con la asistencia de los honorables senadores señores Marco Cariola Barroilhet, Sergio Romero Pizarro (José García Ruminot), Hernán Larraín Fernández, Rafael Moreno Rojas y Jaime Naranjo Ortiz, y de los Honorables Diputados señor Fernando Meza Moncada (señora Alejandra Sepúlveda Orbenes) y señores José Antonio Galilea Vidaurre y Carlos Recondo Lavanderos.	Eligió como Presidente, por unanimidad, al correspondiente a la Comisión de Agricultura del Senado, Honorable Senador señor Rafael Moreno Rojas y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.	A algunas de las sesiones en que vuestra Comisión Mixta trató este proyecto, asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Alberto Espina Otero, y los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda Orbenes y señores Ramón Barros Montero y Javier Hernández Hernández.	Concurrieron asimismo, especialmente invitados, la señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner; la Coordinadora General del Ministro de Hacienda, doña Catalina Bau y el asesor de esa Cartera de Estado, don Carlos Estévez, y por el Servicio de Impuestos Internos, los señores Ernesto Terán, Subdirector de Avaluaciones; René García, Subdirector Normativo, y Eduardo Gallardo, Jefe de Asesoría Jurídica.-o-	La controversia suscitada entre ambas ramas del Congreso Nacional tuvo su origen en el rechazo que la Honorable Cámara de Diputados hizo durante el tercer trámite constitucional de la enmienda introducida al artículo 1º, letra a), por el Honorable Senado en el segundo trámite constitucional.	La materia se encuentra regulada por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, norma que junto con disponer la formación de una Comisión Mixta, establece que el proyecto aprobado por ésta volverá a la Cámara de origen, precisando para su aprobación la mayoría de sus miembros presentes. El mismo quórum será necesario para obtener la aprobación de la Cámara revisora.	Si la Comisión Mixta no alcanzara un acuerdo o éste fuera rechazado por alguna de las Cámaras, el constituyente dispone que el Presidente de la República podrá solicitar que la Cámara de origen considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la revisora. Agrega que si la Cámara de origen rechazara las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero si hubiera mayoría para el rechazo, inferior a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.-o-	A continuación se efectúa una relación de la diferencia suscitada entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa así como de los acuerdos adoptados al respecto.Artículo 1º	El proyecto en informe introduce, en su artículo 1º, modificaciones a la ley Nº 19.575, que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas.letra a)	Este literal modifica el artículo 1º, inciso primero, de la ley Nº 19.575, del 30 de julio de 1998, que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas, cuya última modificación fue introducida por el artículo único, letra a) de la ley Nº 19.714, del 14 de febrero de 2001.	La disposición legal que en la actualidad rige la materia, autoriza, en su inciso primero, la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2001, con sujeción a las normas de la ley Nº 17.235 sobre Impuesto Territorial, de la vigencia de los avalúos de los bienes raíces agrícolas que regían al 31 de diciembre del año 2000, y determinó el 1 de enero del año 2002 como la fecha de entrada en vigencia de los nuevos avalúos que se determinen conforme al régimen legal normal.	Por su parte, el inciso segundo del mismo artículo faculta al Servicio de Impuestos Internos para que pueda eximir, en la fijación de los nuevos avalúos, a todos los contribuyentes o a una parte de ellos de su obligación de presentar la declaración a que se refiere el artículo 3º de la ley Nº 17.235.	La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó la letra a) del artículo 1º que prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2002 los avalúos de los bienes raíces agrícolas vigentes al 31 de diciembre del año 2001, y fija, a contar del 1 de enero del año 2003, la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	En el segundo trámite constitucional, el Senado modificó el literal a) mencionado, y prorrogó hasta el 30 de junio del año 2003 los avalúos de los bienes raíces agrícolas vigentes al 31 de diciembre del año 2001, y fijó, a contar del 1 de julio del año 2003 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	Cabe recordar que dicha modificación fue formulada por S.E. el Presidente de la República, con fecha 16 de julio de 2002 durante su discusión en la Comisión de Hacienda. Sobre el particular, el representante del Ejecutivo fundamentó que a solicitud de los Senadores del sector agrícola y con la finalidad de crear condiciones para el nuevo sistema en dicho sector, la indicación propone otorgar seis meses adicionales al plazo originalmente propuesto para la entrada en vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.	La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la modificación recaída en la letra a) del artículo 1º introducida por el Senado.	Al respecto, cabe señalar que el Informe elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Honorable Cámara de Diputados, durante el tercer trámite constitucional, consignó, como fundamento del rechazo del mencionado literal a) del artículo 1º del proyecto, que diversos señores Diputados consideraron que la situación económica del sector agrícola aún no mejora en el país, en especial la de aquellos agricultores dedicados a cultivos tradicionales y que desarrollan sus actividades en la zona sur, razón por la cual estimaron aconsejable postergar el reavalúo para enero de 2005.	Al inicio del debate, el Honorable Senador señor Moreno precisó que la Comisión Mixta debe discutir la forma y el modo de resolver la diferencia que se ha producido entre la Cámara de Diputados y el Senado con ocasión del proyecto de ley en informe.	Expuso que la diferencia obedece a que mientras en el primer trámite constitucional la Cámara de Diputados aprobó que el reavalúo de los bienes raíces agrícolas entrara en vigencia a contar del 1 de enero de 2003, el Senado, en el segundo trámite constitucional, aprobó que aquél se aplicaría desde el 1 de julio de 2003, modificación que fue rechazada por la Cámara de origen en el tercer trámite constitucional. Por ser ésta una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, solicitó que el Ejecutivo expresara su opinión acerca de cómo se podría proceder en el diferendo existente.	La señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Eugenia Wagner, refirió que el primer planteamiento del Ejecutivo implicaba que el reavalúo regiría a contar del 1 de enero de 2003, y que como es sabido al prolongarse la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional, fue necesario desplazar la fecha de inicio al 1º de julio de 2003, pero que en aras de posibilitar un acuerdo, estima factible ampliar la prórroga y fijar el 1 de enero de 2004 como fecha de la entrada en vigencia del reavalúo.	La mayoría de los integrantes de la Comisión Mixta coincidió en calificar de absolutamente insuficiente la proposición del Ejecutivo, atendidas las serias complicaciones que afectan a la mediana y a la pequeña agricultura, a raíz de una severa caída en la rentabilidad del sector, a la que se agregan los efectos desfavorables que traerán consigo los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos, en razón de una fuerte competencia que abusa de los subsidios. Por consiguiente, se dijo, éste no es el mejor momento para aplicar alza de tributos.	Se planteó, asimismo, que si bien cabría esperar que en el futuro haya algún tipo de mejora para ciertos productores agrícolas como expresión de los tratados de libre comercio, es necesario por lo menos que éstos empiecen a operar y se reflejen en la rentabilidad, sin perjuicio de analizar los casos en que se adviertan perjuicios.	En razón de lo precedentemente expuesto, durante el debate inicial se perfilaron dos posiciones diferentes en lo que atañe a la fecha hasta la cual debería extenderse la prórroga de los avalúos actualmente vigentes.	La primera puso el énfasis en la ventaja de que coincidieran las fechas de entrada en vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y de los no agrícolas, y en ese sentido señaló al Ejecutivo la conveniencia de fijar el 1 de enero de 2005 como la fecha en que empezarían a regir los nuevos avalúos porque con ello se despejarían las dificultades para explicar las razones por las que el reavalúo de los predios agrícolas empieza un año antes que el de los predios urbanos.	Al fundamentar esta posición diversos señores parlamentarios resaltaron que resulta razonable la simultaneidad del reavalúo porque con ella se reducirán los costos administrativos para el Estado, además de que los productores agrícolas al serles aplicado el impuesto territorial sobre la base de un escalonamiento en el tiempo, podrán beneficiarse al tributar sobre la base de su renta efectiva, tal como lo dispone la ley.	El otro enfoque al problema apuntaba a diferir la aplicación de los reavalúos hasta el 1 de enero de 2006, en razón de que el sector agrícola requiere una consideración especial, y que la misma no se restringe sólo al tema de las contribuciones sino que exige una política global para el sector que considere tanto los factores internos como externos. También se destacó la incertidumbre, firmemente establecida entre los pequeños agricultores respecto de su endeudamiento y de la imposibilidad de resolver esta situación, incluso después de haber renegociado o de habérseles condonado sus deudas históricas que se arrastran desde la década del ochenta.	La señora Subsecretaria de Hacienda sistematizó las razones de fondo que justifican la proposición del Ejecutivo. Ante todo, explicó que se da una preferencia importante al sector agrícola y que en este contexto la aplicación gradual del impuesto implica un beneficio concebido en función de los ciclos de la agricultura, que por lo mismo no se le ha dado al sector urbano, ni tampoco está previsto dárselo. Además, destacó, se prevé un sistema de contabilidad especial, simplificado, para quienes opten por tributar sobre la base de su renta efectiva.	En segundo lugar, afirmó que la pretensión de homologar los plazos de vigencia del reavalúo para los predios agrícolas y urbanos hace preciso aclarar que en materia agrícola el reavalúo no se aplica desde hace 21 años, mientras que en el sector urbano ello se hizo hace siete años. Destacó que la ejecución simultánea de ambas operaciones le plantea al Servicio de Impuestos Internos un problema de índole práctica que dista de ser irrelevante, dado que se está hablando no sólo de impuestos que aumentan sino también de un tercio de los contribuyentes del sector cuyas contribuciones bajan, y que al postergar la entrada en vigencia del reavalúo, se debe entender que también se difieren las rebajas.	Enfatizó un tercer factor: la rebaja mayor beneficia a los predios en que se practican los cultivos más tradicionales cuyos productos eran los más rentables hace treinta o cuarenta años atrás, ya que a raíz de las sucesivas prórrogas el precio de esas tierras no ha disminuido, por lo menos en lo que se refiere a algunos de dichos productos. Esto significa, razonó, que sería probable que se esté perjudicando a los mismos a quienes se propone beneficiar con la extensión de la vigencia de los avalúos vigentes, esto es, a los agricultores más pobres, ya que sí lo son es, entre otras razones, porque sus predios valen menos.	Por último, planteó que el mecanismo gradual de aplicación del reavalúo fue estructurado en una forma tal que permite que sea asimilable para los contribuyentes, advirtiendo que si el inicio de la aplicación del reavalúo se extiende mucho en el tiempo recrudecerá el problema ya que los valores de las propiedades no permanecen constantes, por lo que el valor inicial de una propiedad raíz en el año 1989 es diferente del que pueda tener en el año 2006.	En este cuadro de discrepancias, se sugirió a la señora Subsecretaria de Hacienda que recogiera los planteamientos expuestos y consultase con el señor Ministro del ramo una fórmula distinta.	Al reanudarse el debate en la Comisión Mixta, la señora Subsecretaria de Hacienda reiteró la inconveniencia de fijar una misma fecha para la aplicación del reavalúo de los predios agrícolas y no agrícolas y propuso, como alternativa, que el procedimiento de reavalúo de aquellos se inicie el 1 de julio de 2004. En la práctica, explicó, lo anterior significa que el primer giro le llegará al contribuyente el 30 de septiembre de 2004. Acotó que si bien hay sólo unos meses de diferencia, para el Servicio este lapso es significativo en términos de procedimiento.	La nueva proposición del Ejecutivo dio lugar a un intenso debate en la Comisión Mixta en el cual prevaleció el ánimo de que ésta distaba de ser una solución óptima para los agricultores del país. En este marco se hicieron valer distintas consideraciones que fueron generando un acercamiento gradual de las posiciones.	En este contexto, algunos señores parlamentarios plantearon la conveniencia de evitar el efecto de mero incremento en la recaudación tributaria, y en particular, se señaló que una de las vías para conseguir esto, sería que se aumentase el monto exento del impuesto territorial de 4 millones a 4,5 millones de pesos.	El honorable diputado señor Recondo manifestó que le parecía insuficiente la propuesta del Ejecutivo y agregó que la razón para insistir en que el reavalúo opere desde el 1 de enero de 2005 obedece a que los factores económicos que afectan a una parte de la agricultura tradicional no han cambiado. Destacó que en esas condiciones la aproximación del Ejecutivo a la fecha planteada por ellos no satisface los requerimientos del sector.	Al intervenir el honorable senador señor Cariola señaló que, si además de la fecha, se contemplara en la proposición del Ejecutivo la posibilidad de aumentar el monto exento del impuesto territorial de 4 millones a 4,5 millones de pesos, sería indispensable hacer un cálculo respecto de qué le conviene más a los agricultores: si tener el 1 de julio del año próximo los dos beneficios, esto es, el aumento del monto exento y la rebaja de la tasa impositiva, o que rija la norma general de la ley, a contar del 1 de enero del 2005, que obliga al Tesorero General de la República a que la recaudación no pueda subir del 10% de la proyección anual del monto girado con anterioridad al reavalúo.	El honorable senador señor García manifestó su reserva ante la propuesta del Ejecutivo. Expuso que si bien el artículo 2º del proyecto faculta al Presidente de la República para que rebaje por una sola vez la tasa anual del impuesto territorial de los bienes raíces agrícolas y aumente el monto de la exención del impuesto territorial, todo lo anterior desde la fecha en que rija el reavalúo. Agregó que con la redacción actual de dicha disposición no se sabe en cuánto la va a fijar, o en cuánto tendría que bajarla para que se verifique el requisito de que el giro global no sobrepase el umbral del 10% mencionado, por lo que solicita que se explicite en el texto que la tasa del impuesto sea el 1% y el monto del avalúo que permanecerá exento.	El honorable senador señor Naranjo coincidió con la propuesta del Gobierno, ya que en enero del 2005 estarán próximas las elecciones parlamentarias y lo que el Ejecutivo teme es que se vuelva a postergar el reavalúo agrícola, toda vez que está dentro de lo razonable suponer que los parlamentarios que vayan a la reelección plantearán esa demanda. Previno que para evitar el serio riesgo de entrar otra vez en un espiral de postergaciones, lo adecuado es que el reavalúo empiece a operar el 1 de julio de 2004.	La honorable diputada señora Tohá indicó que se impone una reflexión seria en relación con los riesgos asociados a la postergación reiterada del reavalúo, y consultó a la señora Subsecretaria de Hacienda respecto de cuál es el ánimo para buscar una fecha distinta dentro del año 2004. Concluyó puntualizando que postergar hasta 2005 el reavalúo, traerá más complicaciones, por ser un año de elecciones.	El honorable diputado señor Silva manifestó que en aras de obtener el equilibrio requerido en la resolución de la discrepancia existente, se inclina directamente por solucionar ésta mediante la fijación de una fecha en 2004.	El honorable senador señor Larraín planteó que se debe especificar el impacto adicional de la proposición del Ejecutivo, que sea distinto a lo que ya está concedido en el proyecto de ley por la vía de una atribución. Hizo presente, además, que no tendría ningún reparo en aprobar un reavalúo de los bienes agrícolas, en la medida en que no se buscara obtener una mayor recaudación fiscal.	En dicho sentido, le parece inapropiado constreñir a la agricultura, que está muy ajustada, para darle más recursos al Fisco, que los destinará a los fines que estime conveniente. Indicó que lo óptimo es que se pudiera reducir eso, es decir, que crezca el número de predios exentos, y que se afecte en menor medida a los pequeños y medianos, de manera que el resultado se acerque a un reavalúo y no a un reavalúo más un incremento de las contribuciones para el mundo agrícola.	Planteó su interés por disponer de las cifras que corroboren si es efectivo que al proyectarse en el tiempo el gasto que significaría para los pequeños agricultores la aplicación de los beneficios de reducción de la tasa impositiva y de incremento del monto exento del pago de contribuciones, pues si para aquellos va a importar un gasto menor no sería relevante que empezaran a pagar el tributo antes. Agregó que esa clarificación es indispensable para apreciar cuál es el efecto que tendría lo que se está planteando, versus hacerlo a partir del año 2005.	El honorable senador señor Moreno solicitó a quienes han manifestado que la prórroga del avalúo actual se extienda al mes de diciembre de 2005, que flexibilicen su posición para anticipar así la vigencia del reavalúo al 1 de enero del 2005, porque varios señores Senadores y Diputados han señalado esta fecha, para que sin que ello comprometa al Ejecutivo, se pudiera estudiar una nueva proposición.	Abogó por la urgente necesidad de una política sectorial, no circunscrita sólo a la prorroga del plazo de los reavalúos sino que también se extienda a los efectos de la rebaja arancelaria y a la incertidumbre predominante en el sector. Se trata, dijo, de factores que inciden en aquel conjunto, y en atención a ellos, destacó que es firme partidario de homologar la fecha del reavalúo de los bienes raíces agrícolas con los no agrícolas, para que la sociedad chilena sepa que cada cinco años, o en el plazo que se fije, opera un mecanismo de reavalúo de los predios que cada quien tiene. Sin perjuicio de lo anterior, consideró que si se pretende introducir una discriminación o mantener la discriminación del sector agrícola, habrá que tener presente que los años agrícolas no equivalen al año calendario, y que corren de mayo a abril.	Destacó que es positivo que las autoridades del Ministerio de Hacienda sepan que en el Congreso hay una posición sólida en defensa del sector agrícola, y que el debate precedente, sin ánimo de cuestionar lo que legítimamente el Ejecutivo pretenda realizar en el manejo de las finanzas o de la política tributaria, refleja la necesidad de que el Ejecutivo formalice una proposición que considere exactamente los ajustes en materia de rebaja de la tasa impositiva y del aumento del tramo de exención, lo cual debería también quedar reflejado en el texto en los términos que han sido planteados.	El honorable diputado señor Galilea recordó que la proposición de postergar al 1 de enero de 2006 provino mayoritariamente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y que sin pretender hablar a nombre de los miembros de ésta, estaría disponible para llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Estimó necesario buscar una fecha de consenso, y en ese entendido no advierte ningún inconveniente para que pudiera haber una aproximación al 1 de enero de 2005.	La Subsecretaria de Hacienda señora María Eugenia Wagner expuso que, recogiendo el espíritu de lo debatido en la Comisión Mixta, el Ejecutivo preparó un estudio que sirve de sustento a su proposición acerca de la forma y el modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras en la tramitación del proyecto de ley de postergación del reavalúo agrícola.	Especificó que con dicho propósito fueron analizados dos escenarios de aplicación del reavalúo, que consideran como elemento común una tasa del 1,0% para el impuesto territorial. El primero de ellos, dijo, fija el 1 de julio de ese mismo año como la fecha cuando empezarán a regir los nuevos avalúos que se determinen para los bienes raíces agrícolas, bajo el supuesto de que se incrementará el tramo exento de contribuciones de $ 4.000.000 a $ 4.500.000, mientras que el segundo prevé que el reavalúo se comience a aplicar a contar del 1 de enero del 2005, con un monto exento de $ 4.000.000.	En el marco de aquel estudio, señaló la señora Subsecretaria de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos efectuó las simulaciones de la aplicación del reavalúo a los 634.923 predios agrícolas registrados en sus bases, al mes de abril del presente año, comparando entre sí los términos de la alternativa considerada, y además con el reavalúo actualmente vigente. Los resultados se resumen en un gráfico de barras denominado “Efecto del Reavalúo Agrícola en el Giro Semestral de Contribuciones” y en un “Cuadro Comparativo Situación Actual y con Reavalúo”.***CUADROS***	Refirió que para cada uno de los semestres del período estudiado, cuya fecha de inicio es el 1 de julio de 2004, el gráfico indica tres barras: la primera representa el giro semestral actual y se ha consultado en todos los semestres como información de referencia; la segunda barra corresponde al giro semestral con el reavalúo aplicado a contar del 1 de julio de 2004 y la exención de $ 4.500.000, esto es, con las características que tiene la proposición del Gobierno, y la tercera se refiere al giro semestral del reavalúo aplicado a partir del 1 de enero de 2005, con una exención de $ 4.000.000.	Precisó que en el semestre que se inicia el 1 de julio de 2004 figuran sólo las barras correspondientes al giro semestral actual y al del reavalúo con $ 4.500.000 de exención, ya que en la otra hipótesis considerada en la simulación, el reavalúo se iniciaría el 1 de enero de 2005. De manera correlativa, explicó, en el caso del semestre que se inicia el 1 de julio de 2009, sólo se indican las barras que corresponden al giro vigente y al del reavalúo que se iniciaría el 1 de enero de 2005.	Señaló que en relación con la propuesta del Ejecutivo resalta, desde luego, que la primera cuota se pague con anterioridad a lo que sucede en la otra hipótesis, pero destacó que lo verdaderamente relevante es que en aquélla, a contar del primer semestre de 2006 los giros semestrales por concepto de contribuciones son más bajos, en forma permanente.	Concluyó afirmando que aplicar el reavalúo a contar del 1 de julio de 2004 con un monto exento de $ 4.500.000, en vez de hacerlo seis meses después, con un monto exento de $ 4.000.000, favorece a un mayor número de contribuyentes que se ven beneficiados con un menor giro del impuesto, en especial a aquellos cuyos predios tienen menor avalúo, es decir, a los pequeños productores agrícolas.	El Subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, don Ernesto Terán, precisó que el gráfico considera sólo un período de cinco años porque, de acuerdo con el proyecto denominado Ley de Rentas Municipales II, los reavalúos deberían durar automáticamente cinco años y, concluido ese plazo, sin que sea necesario un decreto del Presidente de la República, el Servicio de Impuestos Internos deberá aplicarlos, razón la cual explica que el estudio se haya realizado bajo el supuesto lógico de que su duración será de un lustro.	Hizo presente, antes de entrar al análisis de la información contenida en el gráfico y en el cuadro anteriormente señalados, que el impuesto territorial se determina multiplicando la tasa por la diferencia entre el avalúo total y el avalúo exento, por lo que al mantener constante la tasa y aumentar el monto exento, disminuye el impuesto, con el consiguiente beneficio para los propietarios.	Como resultado de esa operación, puntualizó, se observa que al aplicarse el reavalúo de los bienes raíces agrícolas a contar de mediados de 2004, con una exención de $ 4.500.000, durante los dos primeros semestres de aplicación, el giro por los períodos correspondientes baja con respecto al actual. Cifró la disminución antedicha en $ 711 millones para el primer semestre, y agregó que en el segundo la diferencia es menor, situándose en $ 182 millones, para subir recién a partir del tercer semestre a $ 232 millones (del orden de 1,4%), hasta alcanzar su máximo aumento en el séptimo semestre con $ 1.111 millones, lo que significa un incremento máximo del giro del 6,5%.	Contrastó lo anterior con lo que sucedería al aplicarse el reavalúo a contar del 1 de enero del 2005, con un monto exento de sólo $ 4.000.000, ya que en ese semestre se produciría una disminución del giro nacional de $ 450 millones, en vez de los $ 711 que se producen con la opción propuesta por el Ejecutivo. Hizo notar además que en el caso de que se privilegiara la postergación del reavalúo respecto del aumento del monto exento del impuesto territorial, ya al segundo semestre de su aplicación se supera el giro actual en $ 108 millones, para alcanzar un aumento máximo de $ 1.478 millones al séptimo semestre, lo que significa un crecimiento del 8,7% en la recaudación tributaria.	Enfatizó que mientras con el reavalúo a contar del 1 de julio del 2004 y con una exención de $ 4.500.000, se alcanza un incremento máximo del giro semestral del 6,5%, al séptimo semestre, con el reavalúo a partir del 1 de enero del 2005, se alcanza un incremento máximo del 8,7%. En el mismo orden de consideraciones, cuantificó en $ 3.383 millones menor el giro total del impuesto territorial durante el período de aplicación del reavalúo (10 semestres), si se acoge la proposición del Ejecutivo.	La Coordinadora General del Ministerio de Hacienda, señora Catalina Bau, expuso que según las cifras consignadas en el “Cuadro Comparativo Situación Actual y con Reavalúo”, queda establecido que en el caso de acogerse, por la Comisión Mixta, la proposición del Ejecutivo, que consiste en aplicar el reavalúo a contar del 1 de julio del 2004 con un monto exento $ 4.500.000, el aumento de número de predios afectos es menor en 13.032 propiedades, con respecto a lo que sucedería si el reavalúo se prorrogara un semestre más y se mantiene el monto exento en la cantidad de $ 4.000.000. Señaló que en la primera situación el número de predios que pasan de exentos a afectos es de 9.539, mientras que en la segunda resultan afectadas 22.571 propiedades.	Agregó que del mismo análisis se concluye que la cantidad de predios que pasan de afectos a exentos es mayor en 4.287 propiedades en la proposición del Ejecutivo. Esto significa, que al subir el tramo exento de $ 4.500.000 habrá un número mayor de propiedades que dejan de estar gravadas con el impuesto territorial.	A continuación analizó la situación de los predios afectos, en el marco de la proposición que plantea el Ejecutivo, y señaló que aumentarían su tributación 95.103 predios, cifra que es inferior en 8.906 unidades a la que se ha determinado en el supuesto de que se postergue hasta el 31 de diciembre de 2004, la vigencia de los actuales avalúos, ya que, en este caso, al entrar en vigencia el reavalúo el 1 de enero de 2005, será un total de 104.009 predios los que sufrirían un incremento de sus contribuciones.	Indicó que una tendencia similar muestra el cotejo de los predios agrícolas que disminuirán el monto de sus contribuciones giradas por causa del reavalúo. En efecto, señaló, mientras que la opción del 1 de enero de 2005 determina que 63.096 predios rebajen su impuesto territorial, la propuesta del Ejecutivo significará que el número de propietarios favorecidos aumente a 72.001.	La honorable diputada señora Sepúlveda expresó que uno de los aspectos que motiva la preocupación de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados fue conseguir que se examine la posibilidad de disminuir el impacto del giro de la contribución territorial en los pequeños agricultores y, además, conocer la determinación cuantitativa de sus efectos, desglosado por regiones.	Por otra parte, señaló que las situaciones coyunturales que se discuten en el presente tienden a manifestarse como realidades permanentes, y llamó la atención acerca de que si bien la proposición del Ejecutivo genera un ahorro en el corto plazo, no resuelve las dificultades que se vislumbran en el largo plazo con las bandas de precios y los efectos, en el sector agrícola de los tratados de libre comercio. Planteó que la opción sería más fácil de salvar en la votación de la Cámara de Diputados si el Ejecutivo aceptara a colocar la ampliación del monto exento en la opción que prorroga los avalúos vigentes hasta fines del año 2004.	El honorable senador señor Cariola precisó que en el período al que se refiere la Honorable Diputada señora Sepúlveda, el efecto del reavalúo entrará en régimen y se producirá un ahorro que tiene el carácter de permanente. 	El honorable senador señor Moreno manifestó que el análisis de las cifras contenidas en los cuadros revela que no habría ningún efecto “perverso” si se mantuviera el umbral de exención en $ 4.500.000 para los bienes raíces agrícolas y se difiriera la aplicación del reavalúo al 1 de enero de 2005, atendido el cuadro de suma complejidad que hoy prevalece en la agricultura, a raíz de las situaciones planteadas por las bandas de precios, los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la propuesta para aumentar la tasa del impuesto específico que grava al diesel y sus efectos directos sobre las faenas agrícolas. Hizo hincapié en que la diferencia ostensible en la recaudación fiscal se produce en el segundo semestre de 2007, lo cual le lleva a consultar por la razón de fondo que haría inviable conjugar la ampliación del monto exento y la prórroga de los avalúos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2004.	El señor Subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos planteó que en la medida en que se desfase en el tiempo el inicio del reavalúo, se produce una situación que perjudica a todos los contribuyentes afectos del país, porque si se difiere al 1 de enero de 2005 ellos seguirán tributando durante dos semestres por la norma actual, en que la tasa impositiva es más alta y la base de tributación exenta alcanza sólo la cantidad de $ 1.949.749.	El honorable senador señor Naranjo hizo presente que, a su juicio, mientras más pronto se ponga en ejecución la iniciativa planteada por el Ejecutivo, más favorables serán los efectos para el sector. Consideró que los antecedentes y las proyecciones que resultan de los estudios a que se han referido los representantes del sector Hacienda son relevantes y hacen aconsejable resolver el fondo de la discrepancia y que, en este contexto, le parece que la solución es la contenida en la proposición que ha sido anunciada.	El honorable senador señor Larraín manifestó que si bien la proposición del Ejecutivo que aplica el reavalúo a contar del 1 de julio de 2004, conforme lo muestra la información gráfica suministrada, parece dar lugar a una baja en la recaudación, lo cual lleva a suponer que en promedio los agricultores pagarán menos que hoy, y, en ese sentido, resultaría atractiva; no deja de preocuparle su efecto a largo plazo. A este respecto, señaló que tanto la curva que empieza en el segundo semestre de 2004 como la que la del primer semestre de 2005, empiezan a generar un efecto que en el largo plazo es mayor, y entiende que dicha curva tendría un techo que está cerca del 10% del incremento real, y que su inquietud es bajarla ésta a un 5%.	Explicitó que en esta materia se debería procurar, más que un aumento de la recaudación, hacer justicia, en el sentido de que aquellos propietarios cuyos predios se han revalorizado paguen más, con un cambio en los mínimos de la tasación. Si ello fuera así, consultó, por qué no situar el techo en un 5%, nivel que se alcanzaría probablemente el 1 de julio de 2006, con lo cual sería posible también anticipar su puesta en marcha. Reconoció su temor al efecto a largo plazo que podría tener esta situación, en lo cual coincide con lo señalado por el honorable senador señor Moreno. Preguntó si hay posibilidades de proyectar el debate en ese sentido.	Descartó que el efecto de adoptar una decisión como la señalada vaya en perjuicio de las municipalidades rurales, y recordó que éstas, con la Ley de Rentas Municipales II, obtienen incrementos significativos de sus ingresos; no sólo hay que mirar el financiamiento público, sino también el bienestar de los ciudadanos. Se refirió a que el Fondo Común Municipal beneficia a todas las municipalidades, esto es, a las agrícolas y a las no agrícolas.	El honorable senador señor García consideró razonable el argumento del Subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, porque si se posterga la entrada en vigencia de un valor exento mayor y la rebaja en la tasa, lo que se produce es que el giro global por concepto de impuesto territorial por todo el año 2004 ascendería a unos 17 mil millones de pesos, en cambio ya en el segundo semestre de 2004, dicho giro bajaría aproximadamente a unos $ 16.3000 millones de pesos.	Destacó que, en el marco de la proposición planteada por el Ejecutivo, según lo que se infiere de la información entregada por el Ejecutivo, en la actualidad el giro es de aproximadamente unos 17.100 millones de pesos semestrales, y que en su momento peak, al que se llegaría el 1 de julio de 2007, el giro máximo sería del orden de unos 18.200 millones de pesos, eso significa un incremento de unos 1.100 millones de pesos, esto es, aproximadamente un 6,8%. Si bien se podría bajar al 5%, en realidad se está hablando de diferencias que son mínimas.	El honorable diputado señor Galilea expresó su interés porque se aclare la situación de los propietarios agrícolas que se sienten agraviados por considerar que el actual avalúo de su predio es excesivo y si, en el contexto de un procedimiento general de reavalúo, pueden aquellos hacer valer su reclamación por la determinación errónea del valor del predio que da lugar al incremento del impuesto.	El honorable diputado señor Silva concordó en la conveniencia de aplicar este proyecto a la brevedad posible, pues con él se alivian los efectos de los elementos coyunturales que de alguna manera afectan a la agricultura, y propone votar favorablemente la proposición del Ejecutivo, justamente por los argumentos señalados por el Subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos.	La señora Coordinadora General del Ministerio de Hacienda insistió en la importancia de tener presente que estos ingresos tienen como destino las arcas municipales y no el erario fiscal, por lo que la prórroga de los avalúos disminuye las rentas por dicho concepto de la administración en las comunas rurales. Agregó que de haberse aprobado antes el proyecto en los términos planteados, el rendimiento de impuesto territorial habría beneficiado en forma más oportuna a las municipalidades rurales, pero que la importancia de atender la situación del sector agrícola llevó a invertir el criterio y a buscar fórmulas que favorecieran al contribuyente, dejando de lado la pérdida de recaudación que esto significaba para las municipalidades. Puntualizó que se estima inconveniente extender la prórroga, por las razones que expuso en su oportunidad la señora Subsecretaria de Hacienda y destacó que en esto se encuentra comprometido un tema de fondo que se relaciona con determinar el momento en que el sector agrícola empiece a tributar, con la gradualidad que sea posible, sobre la base de una renta efectiva, cuyo resultado, por lo demás, beneficia a la recaudación municipal donde se haya generado.	Manifestó que respecto de temas de coyuntura, como el de las bandas de precios, será imprescindible su análisis en un contexto mucho más amplio, pero que el interés de este proyecto es que el contribuyente pueda entrar a un régimen de tributación sin que pese sobre él el temor de verse expuesto en algún momento a que se le aplique un fuerte reavalúo de la base imponible. Pidió que se considerara, además, que en esta materia se partió con un concepto de practicar un reavalúo de aproximadamente un 500% y que, con trabajo, se ha llegado a esta proposición, que va aparejada con otros beneficios como el de pasar de un régimen de tributación sobre la base de renta presunta a otro fundado en la renta efectiva demostrada según contabilidad, razón por la cual mientras más se demore este ajuste, más difícil será ponderar la calidad de esas normas y determinar si son efectivas.	Respecto de la posibilidad técnica de desglosar el efecto del reavalúo de los bienes raíces agrícolas por regiones, manifestó que no es posible hacer el cálculo con exactitud, porque la operación se hace en forma global, y sólo cuando se tiene aprobado el reavalúo es posible efectuar los ajustes, revisar las declaraciones, determinar si el rol de la propiedad está correctamente individualizado, entre otras cosas. No obstante ello, señaló que el Servicio de Impuestos Internos hizo un ejercicio inicial del cual se advierte que con la proposición del Ejecutivo la única región que subiría su recaudación, en un grado relativamente considerable, es la Región Metropolitana, mientras que las regiones Séptima y Octava lo harían en forma leve.	Anunció que, en consideración a que en el debate de la Comisión Mixta se le pidió a los representantes del Ejecutivo que, para mayor claridad, se estableciera en forma expresa en el texto legal que el monto exento no será inferior a $ 4.500.000 ni la tasa del impuesto superior al 1%, la proposición de S. E. el Presidente de la República no se limita a prescribir que el límite de la recaudación no podrá superar el 10% de la proyección anual del monto girado con anterioridad al reavalúo, sino que acoge lo solicitado. Todo ello, acotó, sin perjuicio de que en el hecho, como efecto de lo expuesto, el giro resultante del reavalúo no excede del 10% sino que, incluso es inferior al 7%.	La Señora Subsecretaria de Hacienda presentó la indicación formulada por S. E. el Presidente de la República al presente proyecto, a fin de poner término a las diferencias suscitadas durante su tramitación, que es del siguiente tenor:AL ARTÍCULO 1º1)	Para introducir las siguientes modificaciones al artículo 1º que modifica la ley Nº 19.575.a)	Para incluir la siguiente letra a):	“a) Reemplázanse, en el inciso primero del artículo 1º, las frases “31 de diciembre del año 2001”, “31 de diciembre del año 2000” y “1 de enero del año 2002”, por “30 de junio del año 2004”, “31 de diciembre del año 2001” y “1 de julio del año 2004”, respectivamente”.b)	Para sustituir en el artículo 2º de la letra b del artículo 1º del proyecto, la frase “del 1 de enero del año 2003”, por la expresión “de la fecha de publicación de esta ley”.AL ARTÍCULO 2º2)	Para agregar al final del inciso tercero del artículo 2º que se propone por esta letra, después de la expresión “100%”, lo siguiente: “y que el monto exento no sea inferior a $ 4.500.000 y la tasa no superior al 1%.”.A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS3)	Para introducir las siguientes modificaciones al artículo 2º transitorio:a)	Para sustituir en el inciso primero la frase “años comerciales 2003 y 2004”, por “años comerciales 2004 y 2005”.b)	Para reemplazar en el inciso segundo la frase “30 de abril del año 2004”, por “30 de abril del año 2005”.	A continuación, el Subdirector de Avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos reseñó el sentido y alcance de las modificaciones propuestas.	Indicó, en primer término, que la indicación 1) tiene dos literales. El signado con la letra a) tiene por objetivo directo la resolución de la discrepancia suscitada entre las dos Cámaras, puesto que su propósito es reincorporar la letra a) al artículo 1º del proyecto en examen, que fue rechazada en el tercer trámite constitucional, y hacer posible así la modificación del artículo 1º de la ley Nº 19.575. Recalcó que el reavalúo, cuya postergación se ha debatido en esta Comisión Mixta, debió, en razón de la disposición legal que es necesario modificar, haberse iniciado el 1 de enero de 2002, y evitar así su aplicación retroactiva que trae consigo el rechazo de la disposición modificatoria. En consecuencia, se propone ajustar las fechas con el fin de que los avalúos que estaban vigentes al 31 de diciembre de 2001 sigan vigentes hasta el 30 de junio de 2004, y se fije como fecha para que entren a regir los nuevos avalúos el 1 de julio de 2004.	A continuación, en relación con la indicación signada con la letra b) de la indicación Nº 1), caracterizó esta disposición como de menor importancia, pues se refiere a la norma que faculta al Presidente de la República para que pueda rebajar por, una sola vez, tanto la tasa del impuesto territorial como el monto de avalúo que queda exento, facultad cuya duración es de un año, y que en el proyecto de ley que ha aprobado el Congreso Nacional se prescribe que rige a contar del 1 de enero de este año, disposición que se ajusta para que entre a regir desde la fecha de publicación de la ley, pues si no fuera así, ya habría transcurrido más de la mitad del plazo para ejercerla.	En lo que se refiere a la indicación Nº 2) de la proposición de S. E. el Presidente de la República, precisó que recae en el inciso tercero del artículo 2º del proyecto aprobado en los trámites constitucionales precedentes, y aclaró que su sentido es limitar la facultad que le ha sido conferida al Ejecutivo de modo que la tasa del impuesto territorial no pueda ser superior al 1%, y que el monto exento no pueda ser inferior a $ 4.500.000.	Consignó, a continuación, que la indicación Nº 3) tiene también dos literales que permiten sendas modificaciones al artículo 2º transitorio del proyecto que fue despachado por ambas Cámaras.	La individualizada con la letra a), dijo, alcanza a las personas que hoy en día están declarando sobre la base de renta presunta y que opten por pasar al régimen de tributación sobre la base de renta efectiva con estos ajustes que se le hacen al proyecto quienes, podrán declarar su impuesto a la renta en la modalidad de renta presunta durante los años comerciales 2004 y 2005, con lo cual se actualiza la referencia contenida en el inciso primero del artículo que hace mención a los años comerciales 2003 y 2004.	Por último, planteó que la letra b) fija el día 30 de abril de 2005 como el plazo para que el contribuyente que cambie su régimen de tributación en materia de impuesto a la renta, comunique dicha opción al Servicio de Impuestos Internos, que es cuando les correspondería declarar con el nuevo avalúo, sin perjuicio de que si declaran que se acogerán a la segunda modalidad, puedan seguir declarando sobre la base de renta presunta con el avalúo antiguo hasta la declaración que corresponde hacer en el año 2006, por el año comercial 2005.	El Presidente, tras haber recibido la proposición, declaró cerrado el debate y sometió a votación la indicación del Ejecutivo.	Al respecto, la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta se manifestaron partidarios de aprobar el texto propuesto, con excepción de los Honorables Senadores señores Moreno y Larraín, quienes se abstuvieron.	Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor Larraín expresó que se abstiene en esta votación porque, no obstante compartir la filosofía o el sentido del proyecto, no le parece correcto ni justo para el sector agrícola que el tope al que se sube sea tan alto; señaló que habría concurrido con entusiasmo a la aprobación de la propuesta del Ejecutivo si ésta no generara incremento de la recaudación o éste fuera realmente bajo, pues considera que la situación no permite un incremento significativo como, finalmente ocurrirá cuando su aplicación entre en estado de régimen.	El honorable senador señor Moreno manifestó que se abstiene por las siguientes razones: en primer término, considera que dado el cuadro que enfrenta la agricultura nacional, ésta es una mala señal, porque genera la sensación de que se pretende una mayor recaudación, cualquiera que sea la cantidad o resultado efectivo; en segundo lugar, estima que la rebaja de seis meses en el fondo no tiene destino con el aumento que implica, cualquiera que sean las opciones usadas, a partir del año 2005 en adelante, y, finalmente, considera que no hay suficiente claridad de que éste sea un beneficio que le vaya a llegar en forma real a los pequeños y medianos agricultores. Mientras no haya certidumbre al respecto, prefiere manifestar su opinión de abstención a una disposición respecto de la cual se pudo haber hecho un esfuerzo mayor y en la que lamentablemente, por razones que no desea calificar, no se materializó una voluntad en dicho sentido.	-Puesta en votación la indicación de S.E. el Presidente de la República, fue aprobada por 8 votos a favor y 2 abstenciones, con enmiendas formales. Votaron por la afirmativa los honorables Senadores señores Cariola, García y Naranjo y los Honorables Diputados señores Galilea, Meza, Letelier, Recondo y Silva; y por la abstención los honorables senadores señores Moreno y Larraín. -o-PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA	En mérito de los acuerdos descritos precedentemente, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de efectuaros la siguiente proposición como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Honorable Congreso Nacional:Artículo 1ºLetra a)	Contemplarla con el siguiente texto:	“a) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, las frases “31 de diciembre del año 2001”, “31 de diciembre del año 2000” y “1 de enero del año 2002”, por “30 de junio del año 2004”, “31 de diciembre del año 2001” y “1 de julio del año 2004”, respectivamente.”. (8 votos a favor y 2 abstenciones).Letra b)	-Sustituir en el inciso primero del artículo 2º que se propone por esta letra, la frase “del 1 de enero del año 2003”, por “de la fecha de publicación de esta ley”. (8 votos a favor y 2 abstenciones).	-Agregar, al final del inciso tercero del artículo 2º que se propone por esta letra, después de la expresión “100%”, lo siguiente “, que el monto exento no sea inferior a $ 4.500.000 y la tasa no superior al 1%.”. (8 votos a favor y 2 abstenciones).Artículo 2º transitorio	- Sustituir en el inciso primero la frase “años comerciales 2003 y 2004”, por “años comerciales 2004 y 2005”. (8 votos a favor y 2 abstenciones).	-Reemplazar en el inciso segundo la frase “30 de abril del año 2004”, por la siguiente: “30 de abril del año 2005”. (8 votos a favor y 2 abstenciones).-o-	Con la proposición de la Comisión Mixta incorporada, el texto de la iniciativa legal queda como sigue:PROYECTO DE LEY	“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.575:a)	Reemplázase, en el inciso primero del artículo 1º, las frases “31 de diciembre del año 2001”, “31 de diciembre del año 2000” y “1 de enero del año 2002”, por “30 de junio del año 2004”, “31 de diciembre del año 2001” y “1 de julio del año 2004”, respectivamente.b)	Sustitúyese el artículo 2º, introducido por el artículo único de la ley Nº 19.629, reemplazado por el artículo 1º de la ley Nº 19.714, por el siguiente:	“Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para rebajar, por una vez, la tasa anual del impuesto territorial de los bienes raíces agrícolas y aumentar el monto de la exención del impuesto territorial que beneficia a los predios agrícolas. Esta facultad regirá a contar de la fecha de publicación de esta ley, pero la rebaja de la tasa y el aumento de la exención entrarán en vigencia desde la fecha en que entre en vigor el reavalúo de los bienes raíces agrícolas a que se refiere esta ley.	El Presidente de la República ejercerá esta facultad con ocasión del reavalúo de los bienes raíces agrícolas a que se refiere el artículo 1º si al comparar, en moneda de igual valor, la proyección anual del monto total de las mismas contribuciones giradas sin considerar el efecto del reavalúo, con el monto total que corresponda girar con posterioridad a él, este último resultare superior en más del 10% al primero.	Esta facultad se ejercerá de tal modo que la proyección anual del monto total girado como consecuencia de la aplicación del reavalúo no sobrepase en el referido 10% a la proyección anual del monto girado antes del reavalúo y que, además, las contribuciones de cada predio no aumenten en más de un 100%, que el monto exento no sea inferior a $ 4.500.000 y la tasa no superior al 1%.	En el caso de los predios que, por aplicación del reavalúo, pasen de la condición de exentos a afectos al pago de contribuciones, el aumento de hasta un 100% de las contribuciones se aplicará sobre la base de un valor por cuota de $5.000, en moneda al 1 de julio del año 2002.”.	Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de 180 días, contado desde la fecha de publicación de la presente ley, fije el texto refundido y actualizado de las normas que establecen las plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los respectivos requisitos de ingreso y promoción.	Artículo 1º transitorio.- En el caso de los bienes raíces agrícolas cuyas contribuciones se incrementen en más de un 20% respecto del impuesto girado antes de la aplicación del reavalúo, reajustado en la forma indicada en el artículo 9º de la ley Nº 17.235, el aumento en la parte que exceda dicho 20%, se incorporará semestralmente en razón de hasta un 10%, calculado sobre el valor de la cuota girada en el semestre inmediatamente anterior.	Para los efectos de aplicar la gradualidad establecida en el inciso anterior, a los bienes raíces agrícolas que, por aplicación del reavalúo, pasen de la condición de exentos a afectos al pago del impuesto territorial, se considerará como cuota anterior al reavalúo un monto de $ 5.000, en moneda al 1 de julio del año 2002.	Artículo 2º transitorio.- A contar de la vigencia del reavalúo a que se refiere la presente ley, los contribuyentes que determinen su impuesto a la renta a base de renta presunta, de acuerdo con las normas establecidas en la letra b) del número 1 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que opten por acogerse al régimen de renta efectiva, podrán continuar declarando su impuesto a la renta en la modalidad de renta presunta durante los años comerciales 2004 y 2005. Lo anterior, sobre la base del avalúo vigente con anterioridad al reavalúo practicado en conformidad a esta ley, debidamente reajustado en la forma indicada en el artículo 9º de la ley Nº 17.235.	Esta opción deberá ser comunicada por el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos hasta el día 30 de abril del año 2005, en la declaración anual de impuesto a la renta correspondiente.	Artículo 3º transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca un sistema de contabilidad agrícola simplificada, al cual podrán sujetarse los contribuyentes señalados en la letra b), del número 1, del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para declarar y pagar sus impuestos a base de renta efectiva, devengada en el año calendario respectivo. En virtud del ejercicio de esta facultad, podrá determinarse el resultado del ejercicio considerando las compras, ventas y servicios que deben registrarse para los efectos del Impuesto al Valor Agregado o de otra documentación suficiente en el caso que se trate de operaciones no afectas a este impuesto; de los gastos según la documentación respectiva o de otros registros ya existentes para el cumplimiento de otras disposiciones legales, que den las garantías suficientes, en reemplazo de los libros de contabilidad obligatorios o auxiliares, los que podrán sustituirse por una planilla que cumpla con los requisitos que establezca el Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, en uso de esta facultad se podrá suprimir o sustituir por otros registros o métodos, el detalle de las utilidades tributarias y otros ingresos que se contabilizan en el Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y Utilidades Acumuladas, practicar inventarios, la corrección monetaria a que se refiere el artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las depreciaciones y la confección del balance general anual.	En ningún caso podrán acogerse al régimen especial que se establezca en virtud de la presente facultad, las sociedades anónimas, las sociedades de personas que tengan socios personas jurídicas y aquellos contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad completa para declarar su renta efectiva en aplicación de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.-o-	Acordado en sesiones celebradas los días 16 y 30 de abril y 2 de julio de 2003, con asistencia de los honorables senadores señores Rafael Moreno Rojas (Presidente), Marco Cariola Barroilhet, Sergio Romero Pizarro (José García Ruminot), Hernán Larraín Fernández y Jaime Naranjo Ortiz; y de los honorables diputados señores José Antonio Galilea Vidaurre, Enrique Jaramillo Becker (señora Carolina Toha Morales), (Felipe Letelier Norambuena), Fernando Meza Moncada (señora Alejandra Sepúlveda Orbenes), (Alberto Robles Pantoja), Carlos Recondo Lavanderos y Exequiel Silva Ortiz.	Sala de la Comisión, a 7 de julio de 2003.	(Fdo.): XIMENA BELMAR STEGMANN, Secretario de la Comisión”.4.	Moción de las diputadas señoras María Antonieta Saa, Carolina Tohá y Ximena Vidal y de los diputados señores Accorsi, Ascencio, Leal, Palma y Rossi.	Proyecto de ley de fomento de la no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo. (boletín Nº 3283-18)	El presente proyecto de ley que sometemos a consideración del Parlamento tiene por objeto regular la unión de las parejas homosexuales en Chile y como una de sus características definitorias el adecuarse a los avances científicos y legales existentes a nivel mundial y nacional en relación a los derechos humanos de las minorías sexuales.	La propuesta se contextualiza en la calidad sociocultural y jurídica chilena y, por tanto, no persigue el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino sólo asegurar un piso de estabilidad emocional y patrimonial básica a los miembros de la pareja, en especial cuando una de las partes fallece. En ningún caso el proyecto afecta los valores de la familia tradicional, toda vez que sus artículos resguardan dicha institución.	El “Proyecto de ley de Fomento de la no Discriminación y Contrato de Unión Civil entre personas del mismo sexo” es el único en la materia existente en Chile y se enmarca en los diversos esfuerzos que desde el Estado chileno se realizan para aminorar o eliminar toda forma de discriminación arbitraria e ilegal, voluntad explicitada en la creación del programa “Tolerancia y no Discriminación”, instancia dependiente de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno.FUNDAMENTACIÓN	Al igual que en diversos países del mundo, las minorías sexuales son en Chile unos de los grupos más discriminados y estigmatizados en diversos niveles que pasan desde lo cultural a lo económico, político y jurídico.	Una de las demostraciones más nítidas de esa realidad es una encuesta efectuada entre septiembre y diciembre de 2000 por la fundación Iniciativas para la Democracia, la Educación y la Acción Social (Ideas) a la población adulta de la Región Metropolitana.	Los resultados arrojaron que un 57.3 por ciento estimó que “los médicos deberían investigar más las causas de la homosexualidad para evitar que sigan naciendo gays”, mientras un 31.6 por ciento consideró que la “homosexualidad debe ser prohibida pues va contra la naturaleza humana”.	Los soportes de esa situación se explican, en parte, por conceptualizaciones elaboradas por algunos sectores, como las religiones, el Estado, los medios de comunicación y el mundo científico de la primera mitad del siglo XX, que han calificado erróneamente a las minorías sexuales históricamente como pecadoras o enfermas.	De manera funcional, las predefiniciones respecto a los homosexuales y lesbianas han derivado en una cultura intolerante que ha permitido y/o legitimado diversas violaciones contra los derechos humanos de ese grupo, las cuales se traducen en desamparo o desapego de la familia sanguínea, despidos o expulsiones arbitrarias de los centros de estudio o trabajo, detenciones, golpizas y/o allanamientos policiales. Sólo en el 2002, y en el marco del primer informe anual sobre los derechos humanos de las minorías sexuales chilenas (respaldado por Amnistía Internacional) el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contabilizó 48 denuncias sobre esas materias en el país.	Lo expuesto permite concluir que Chile contiene un fuerte componente homofóbico, el cual es definido como “una forma de relaciones desiguales de poder entre grupos o colectivos, cuyas expresiones pueden adquirir las características de opresión, explotación e injusticia hacia aquellas personas identificadas como homosexuales”.	El hecho de que la homofobia (según explica Blumenfeld) se exprese en los niveles personal, interpersonal, institucional y cultural, perjudica notablemente la calidad de vida de las personas homosexuales tanto a nivel familiar como societal, encontrando esa minoría su primera relación de igualdad, felicidad o seguridad precisamente en la relación establecida con una persona de su mismo sexo.	Dicha unión se traduce, al igual como en las relaciones heterosexuales, en la decisión de los miembros de la pareja de vivir juntos, amarse y cuidarse mutuamente. Sin embargo, a diferencia de las uniones heterosexuales, la pareja homosexual carece de igualdades legales y económicas, situación que debilita y/o afecta la estabilidad emocional que los gays o lesbianas buscan desde que asumieron su orientación, generalmente en la adolescencia.	El Movilh ha recibido desde 1991 diversas denuncias de uno de los miembros de la pareja homosexual tras el fallecimiento de su compañero/a. El caso más típico se refiere a la apropiación, por parte de la familia sanguínea del fallecido de todos los bienes que la pareja homosexual adquirió durante sus años de convivencia.	Dicha realidad alcanza su punto más dramático en aquellos casos cuando la familia del fallecido se opone continuamente a la orientación homosexual y margina a su pariente de su seno por ese motivo, sin asistir como mínimo al funeral o velorio del afectado.	Para el Movilh y diversos sectores ciudadanos la superación de esas desigualdades jurídicas es un deber del Estado y los legisladores en relación a su compromiso ético con el respeto a los derechos humanos y a la coherencia con diversos tratados internacionales ratificados por Chile.	La necesidad de responder con eficiencia a ese deber del Estado y de los legisladores, ha alcanzado importantes consensos a nivel internacional y en diversos círculos sociales, políticos, económicos y jurídicos del país.	En efecto, aun cuando la homofobia, explicada en violaciones contra los derechos humanos de las minorías sexuales, aún persiste en Chile, lo concreto es que en el transcurso de la década del 90 la discriminación contra ese grupo social ha disminuido en los niveles culturales, personales y jurídicos, todo lo cual augura cambios muy similares a los vividos por otros sectores, como las personas de raza negra y los indígenas en diversas partes del mundo y en distintos tiempos.1. APORTES CIENTÍFICOS.	El primer avance proveniente de las ciencias que contribuyó a aminorar los mitos respecto al tema data de 1973, año cuando la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos quitó a la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales declarado que esa orientación sexual “no implica el deterioro, el juicio, estabilidad, fiabilidad o, en general, las capacidades sociales o profesionales”.	Dos años después la Asociación de Psicología Americana instó además a todos los profesionales de salud mental a eliminar el estigma de enfermedad mental que había sido por mucho tiempo asociado con la orientación homosexual, mientras la Asociación Nacional de Asistentes Sociales de Norteamérica tiene una política similar desde 1994.	Uno de los avances más relevantes, dado su carácter transnacional, data de 1992 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó a la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades, normativa avalada por gran parte de los profesionales de la salud en Chile.	El año anterior las concepciones sobre el carácter natural de la homosexualidad alcanzaron uno de sus puntos más trascedentales en Norteamérica, donde la Academia de Pediatría de Estados Unidos aclaró mediante un comunicado que los niños con padres homosexuales “gozan de las mismas ventajas y las mismas expectativas de salud, ajuste emocional y crecimiento que los niños cuyos padres son heterosexuales”, argumentación que fue compartida por la Academia de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y la Asociación Americana de Psicología. Es importante aclara e insistir que tales antecedentes se aportan sólo para demostrar que los estudios científicos avalan la igualdad de condiciones emocionales entre personas homosexuales y heterosexuales y que en ningún caso implica que el movimiento homosexual, o este proyecto, esté avalando o posibilitando la adopción de menores.2.	AVANCES SOCIOCULTURALES.	Paralelo a los aportes científicos, y en el exclusivo plano sociocultural chileno, la homofobia ha presentado una continua y sistemática disminución desde 1997. En ese año, una encuesta efectuada por la Fundación Ideas reveló que un 45,2 por ciento de los chilenos estimaba que la “homosexualidad debe ser prohibida” y un 70.6 avaló que los “médicos deberían investigar más las causas de la homosexualidad para evitar el nacimiento de más gays”. Cuatro años después dichas percepciones mermaron a un 31.6 por ciento y a un 57.3 por ciento, en forma respectiva.	Para estos efectos relevante es el hecho que las percepciones positivas sobre la homosexualidad guardan directa relación con un cambio generacional, pues existe mayor aceptación del tema entre los jóvenes, quienes son sin duda los futuros legisladores y/o gobernantes del país.	Así es como una investigación desarrollada en noviembre del 2002 por el Instituto de Estudios Públicos y la Universidad Andrés Bello evidenció que un 57.1 por ciento de los encuestados es contrario a que los homosexuales hagan pública su orientación, pero entre los 18 y 29 años un 52.2 por ciento es favorable y entre los 30 y los 44 años un 41.5 está de acuerdo. Es sólo a partir de los 45 años donde las diferencias se disparan, pues un 75.2 por ciento se mostró contrario.	En la misma línea, y también en el 2002, la Fundación Ideas y la Universidad de Chile dieron a conocer un estudio donde el 35 por ciento de los chilenos está de acuerdo con el matrimonio homosexual (lo que ni siquiera es una demanda del movimiento de las minorías sexuales). Esa cifra se elevó, sin embargo, a un sorprendente 50.9 por ciento entre los rangos de edad que van entre los 18 a 29 años.3.	LA IGUALDAD EN LEYES, TRATADOS Y ACUERDOS.	Las modificaciones a nivel científico y cultural expuestas hasta ahora también han tenido expresión en el campo jurídico tanto nacional como internacional, situación que además evidencia un interés por hacer realmente efectiva la vigilancia de los derechos humanos.	3.1. La no discriminación.	Diversos tratados, pactos o acuerdos han expuesto en sus normas la necesidad de garantizar la no discriminación de ninguna especie, siendo Chile parte de varias de esas declaraciones y entre las cuales se cuentan:a.	Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual indica que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2) y “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación de tal discriminación” (artículo 7).b.	Pacto de Derechos Civiles y Políticos, según el cual “cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (artículo 2).c.	Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual garantiza que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley (...) Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (artículo 24).d.	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual “Los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. (artículo 2).e.	Carta Democrática Interamericana, la cual sostiene que “El fortalecimiento de la democracia requiere de transparencia, probidad, responsabilidad y rendición de cuentas; eficacia en el ejercicio del poder público, y respeto y por promoción de los derechos sociales, libertad de prensa, así como del desarrollo económico y social humanos, y erradicación de la pobreza crítica y de toda forma de discriminación”. (artículo 4).	3.2. La no discriminación contra las minorías sexuales.	Aun cuando esos tratados garantizan, como síntesis, derechos “a todas las personas” y “sin distinción alguna”, lo cual evidentemente incluye a las minorías sexuales, en diversos países del mundo se han violentado las normas en su relación con la población homosexual. Es en ese sentido que la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Pacto Andino, el Mercado Común del Sur y algunas naciones han efectuado acciones o legalizado garantías específicas de la no discriminación sobre la materia, como se expone a continuación.a.	Organización de las Naciones Unidas: Desde junio de 2001, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU puso en marcha mecanismos para recibir desde cualquier parte de mundo denuncias sobre discriminaciones por orientación sexual con el fin de definir respectivas sanciones a los Estados que violenten los derechos de esa minoría.	Por su parte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU se ha pronunciado en forma favorable a todos los intentos de diversos países, como Holanda y Suecia, de explicitar legalmente la no discriminación contra las minorías sexuales y dio su beneplácito a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban en 2001, la cual apeló expresamente por la no homofobia.b.	Unión Europea: El tratado constitutivo de ese bloque dispuso en 1999 en su artículo 13 que “Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicción, discapacidad edad u orientación sexual”.	Esa disposición se basó en el “principio de la no discriminación”, el cual “tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad sexo, raza u origen étnico, su religión o sus creencias, discapacidad, edad u orientación sexual”.c.	Mercosur: En su Declaración Sociolaboral de 1998, en específico en al artículo 1 de los Derechos Individuales, el Mercado Común del Sur dispuso que “Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen nacional color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con la disposiciones legales vigentes”.c.	Pacto Andino: En su carta para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. reafirmaron “su decisión de combatir toda forma de racismo, discriminación, xenofobia y cualquier forma de intolerancia o de exclusión en contra de individuos o colectividades por razones de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, orientación sexual, condición migratoria y por cualquier otra condición; y, deciden promover legislaciones nacionales que penalicen la discriminación racial” (artículo 10).d.	Países Sudamericanos: Mientras gran parte de los países europeos y algunos Estados de Norteamérica han garantizado en diversas leyes la no discriminación por orientación sexual, en Sudamérica se presentan importantes avances al respecto.	En efecto, los congresos de Chile, Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay discuten en la actualidad diversos proyectos de ley que garantizan a nivel constitucional la no discriminación por orientación sexual.	En Argentina, en tanto, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires explicita en su artículo 11 que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferentes, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”. Esa norma es similar a una ley antidiscriminatoria de la Provincia de Córdoba que sanciona en su artículo 1 la homofobia.	El 24 de octubre de 2001, el Estado de Minas Gerais de Brasil aprobó, por su parte, la ley 694/88 que incorporó la orientación sexual a las categorías protegidas contra. la discriminación. Esa normativa incluyó también una disposición que afirma específicamente que dos personas del mismo sexo tienen derecho a expresar su afecto en público.	3.3. Familias y legalización de las parejas homosexuales.	En el caso específico de la legalización de las parejas del mismo sexo también existen importantes avances a nivel mundial, lo cual se explica no sólo por el reconocimiento de que las minorías sexuales no pueden ser discriminadas, como se expuso arriba, sino también por el hecho de gire el concepto de familia se ha modificado en el transcurso de los años en beneficio de las igualdades sociales.	Aun cuando el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, redactada en 1948, sostiene que la “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, ese principio se ha ampliado gracias al esfuerzo de algunos grupos e instituciones.	En concordancia, la Organización de la Naciones Unidas (ONU) define a 1a familia como “cualquier combinación de dos o más personas que están unidas por lazos de mutuo consentimiento, nacimiento y/o adopción o colocación y quienes, juntos, asumen responsabilidad para, entre otras cosas, el cuidado y mantenimiento de los miembros del grupo, la adición de nuevos miembros a través de la procreación o adopción, la socialización de los niños y el control social de los miembros”. La ONU explica. además que esa es “una definición amplia y no excluyente, y se incluye en ella a cualquier forma de familia cuyas funciones y valores se ajusten a la definición anterior”.	Más aún, la ONU indicó en la Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo, celebrada en 1994, que la “división tradicional, basada en el género, defunciones productivas y reproductivas dentro de la familia, con frecuencia no refleja las realidades y aspiraciones actuales:	En febrero 2003 el Parlamento Europeo, por su lado, se pronunció a favor de aplicar el término de “familia” en sentido general, incluidas las parejas homosexuales, para todas las cuestiones relacionadas con derechos de libertad de residencia en el territorio che sus Estados miembros.	En ese sentido, la familia fue considerada por el Parlamento Europeo como “independiente del sexo” o como “una relación duradera, sin (la necesidad de) que exista matrimonio”.	También en febrero del 2003 el Parlamento Europeo aprobó el reconocimiento de los derechos de parejas formadas por personas del mismo sexo para efectos de la libre circulación entre los países de la Unión Europea. El objetivo es que una pareja registrada en una determinada nación, acceda a todos los beneficios adquiridos aún cuando cambie su país de residencia.	Considerando que en las Constituciones de diversos países no se define 11 concepto de familia, y atendiendo a lo expresado por la ONU, no existe ningún impedimento legal para considerar a una pareja homosexual como familia, situación concordante con la tendencia jurídica de abordar la interpretación legal en forma flexible y más amplia.	Es precisamente esa convicción, junto a otros elementos, lo cual ha posibilitado que la legalización de las parejas homosexuales se concretara; como “unión de hecho” en países como Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania y algunas regiones de España, Estados Unidos, Canadá y Australia. En esos casos, la legalización no es comparable a un matrimonio entre heterosexuales, como ocurre en Holanda, que celebró en abril del 2001 su primer matrimonio civil entre personas del mismo sexo, y Bélgica, donde la ley de matrimonio para homosexuales es aplicable desde junio del 2003. Importante es destacar que a diferencia la legislación holandesa, la de Bélgica no permite la adopción de hijos.	En Perú, por su parte, los grupos homosexuales están luchando por legalizar! las relaciones de pareja; en Colombia el Congreso ya discute un proyecto sobre parejas del mismo sexo; en Brasil la Asamblea Legislativa de Río Janeiro reconoció en diciembre del 2001 a las parejas homosexuales de empleados públicos los mismos derechos previsionales que un matrimonio y en México un proyecto de parejas homosexuales de hecho ya está en tramitación en el Parlamento.	El avance más significativo de América Latina. se concretó en Argentina, cuando el 13 de diciembre del 2002 la Legislatura de Buenos Aires aprobó, con 29 votos a favor y 10 en contra, una ley de unión civil “conformada, libremente por dos personas, con independencia de su sexo u orientación sexual” La pareja homosexual, según la normativa, “tendrá en sus derechos y obligaciones un tratamiento similar al de los cónyuges”.	La ley bonaerense aclara que para el reconocimiento de la unión homosexual se requiere “una relación de afectividad estable y pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre los integrantes haya trascendencia común”. Están impedidos de acceder ale beneficio “los menores de edad, los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente sin limitación y los hermanos y medios hermanos”:	Siguiendo el ejemplo de Buenos Aires, la Legislatura Argentina de Río Negro aprobó en abril del 2003 una, ley para parejas del mismo sexo que iguala dentro de la normativa provincial los derechos de todas las parejas convivientes sin discriminación por razones de orientación sexual. La norma no es asimilable a un matrimonio ni permite la adopción de hijos, pero si garantiza beneficios sociales y públicos y regula un régimen patrimonial.	En función de los antecedentes expuestos, se estima oportuno, apropiado y ético avanzar en la consideración del “Proyecto de Ley de Fomento de la No Discriminación y de Contrato de Unión Civil Entre Personas del Mismo Sexo”, el cual apunta a una protección legal de las uniones de hecho, pero que no es asimilable bajo ningún punto de vista al matrimónio y excluye toda posibilidad a las parejas de adoptar hijos, todo en coherencia con el marco sociocultural de nuestro país.	Consideramos que el Estado chileno dio un paso gravitante a favor de las minorías sexuales cuando despenalizó (mediante la derogación del artículo 365 del Código Penal), las relaciones sexuales entre hombres mayores de edad en 1998, pues ello evidenció el respeto a la vida privada y la aceptación de ese tipo de sexualidad como una conducta licita que no amerita sanción penal.	Sin embargo, dada la actual situación de menoscabo de las parejas homosexuales, es imperioso avanzar en la protección de ese tipo de familia y, de paso, internalizar que la existencia de formas particulares de ejercer la sexualidad corresponden al ámbito de lo privado. En Chile no existe en la actualidad ninguna normativa legal que es forma explícita impida garantizar a las minorías sexuales derechos humanos básicos. Muy por el contrario, nuestra Carta Fundamental garantiza en su artículo 1 que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, mientras en su artículo 19 sostiene que “en Chile no hay personas ni grupos privilegiados”. Por ello “la Constitución asegura a todas las personas (..) la igual protección de la ley ante el ejercicio de sus derechos':	Más todavía, la reforma constitucional de 1989 consagró, en el inciso 2º do su artículo 5, que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana: Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”: Por ende, dichos instrumentos internacionales tienen carácter vinculante, y en caso de incumplimiento por parte de Chile al no aplicar o no elaborar las adecuaciones legales pertinentes, genera responsabilidad internacional para el Estado.	Con el presente proyecto demandamos, en síntesis, se aplique la carta fundamental para todos los ciudadanos, sin distinciones.	Se deja constancia que el presente proyecto de ley fue elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).	En mérito a lo antes expuesto, se propone al honorable Congreso Nacional el siguiente:	Artículo 1º.- Apruébese el siguiente proyecto de ley:Proyecto de Ley de fomentode la no discriminación y de contratode unión civil entre personas del mismo sexoTÍTULO PRIMERODISPOSICIONES GENERALESArtículo 1º	La presente ley protege la existencia legal de la familia constituida entre personas del mismo sexo, cuyos miembros, que cumplan los requisitos establecidos por la ley, deseen acogerse al régimen patrimonial por ella previsto, durante su vigencia, y con motivo de su disolución.	Cada vez que en lo sucesivo la presente ley se refiera a “pareja”, “contrato de unión civil” o sus miembros, deberá entenderse lo contemplado en el inciso anterior.	Salvo los casos expresamente exceptuados, la presente ley no habilita, a la pareja ni a sus miembros individualmente considerados a acceder a derechos y beneficios que las leyes civiles contemplan para las personas unidas por vínculo matrimonial, mi faculta para asimilar este régimen con el de matrimonio.Artículo 2º	La orientación sexual de una persona no podrá ser considerada en ningún caso como elemento en contra para el discernimiento de gualdas, regulación del régimen de visitas, ejercicio del derecho preferente de educación de los hijos, y en general cualquier derecho donde la orientación sexual pueda invocarse como elemento restrictivo para el ejercicio de tales derechos.Artículo 3º	No podrán contraer el vínculo señalado en el artículo primero: 1º los menores de edad;2º	Los que se hallaren ligados entre sí por vínculo de parentesco en la línea recta en todos sus grados, y en la colateral hasta el tercer grado. Se incluirá en esta disposición al adoptado; y3º	Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto, o por otro contrato de unión civil que no haya sido disuelto.TÍTULO SEGUNDODE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE UNIÓNArtículo 4º	La voluntad de las partes se expresará por escrito o verbalmente ante el notario competente del domicilio o residencia de cualquiera de ellos y donde se explicitará:lº	El nombre y apellido paterno y materno, lugar de nacimiento, y domicilio o residencia de las partes;2º	El nombre y apellido del cónyuge o de la parte anterior cuando alguno de los miembros de la pareja hubiera estado unido por matrimonio o por otro contrato de unión civil;3º	El nombre y apellido paterno y materno, lugar de nacimiento, y domicilio de los testigos;4º	Declaración jurada de que ninguna de las pares se encuentra afecta a prohibición alguna; y5º	Si las partes lo desean, de conformidad al articule 9º, especificar el régimen patrimonial al cual se acogen.	En el momento de celebrarse el contrato, las partes rendirán información de dos testigos por lo menos, parientes o extraños, quienes depondrán respecto de no hallarse los contrayentes afectos a prohibición alguna.Artículo 5º	No podrán ser testigos:lº	Los menores de dieciocho años;2º	Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;3º	Los que actualmente se encontraran privados de la razón;4º	Los extranjeros no domiciliados en Chile, ni las personas que no entiendan el idioma español.	Podrán ser testigos las personas con discapacidad auditiva o fonética, visual, siempre y cuando manifiesten su voluntad en forma expresa e inequívoca.Artículo 6º	De lo actuado se otorgará escritura pública que se insertará en un registro especial que llevará el notario. Se proporcionarán copias de la escritura a las partes y al Registro Civil en el plazo de noventa días desde el otorgamiento.Artículo 7º	El contrato de unión civil celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio nacional. Por su parte, el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero no producirá en Chile otros efectos que los establecidos en esta ley.	Si un chileno o chilena contrajere esta unión en país extranjero contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 3º, la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere cometido en Chile.	La unión regida por la presente ley no conferirá derecho preferente para optar a la nacionalidad chilena.TÍTULO TERCERODE LA POSESIÓN NOTORIAArtículo 8º	Podrán acogerse a la presente ley las partes que convivieron en forma continua por un período no inferior a dos años y que se hubieran tratado como pareja en sus relaciones domésticas y sociales, siendo recibidos con ese carácter por los deudos, amigos y el vecindario de su domicilio en general.	En tal caso, podrá probarse por cualquiera de los medios de prueba.TÍTULO CUARTODE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESArtículo 9º	Durante la vigencia y disolución del contrato de unión civil sus miembros podrán optar acogerse al régimen de comunidad establecido en el Código Civil para la sociedad, al régimen que ellos pacten en la escritura pública de celebración del contrato o en otro posterior.	Salvo disposición en contrario, la que deberá constar por escritura pública u otro instrumento indubitable, se presumirán adquiridos en forma conjunta los bienes de valor apreciable, entendiéndose por tales todos aquellos que ameriten facción de inventario.Artículo 10	Las partes del contrato de unión civil estarán obligados a otorgarse mutuamente socorro y asistencia.	Si uno de los miembros de la pareja es abandonado sin causa justificada y se encontrare en situación de necesidad o enfermedad tendrá derecho a solicitar alimentos según lo señalado en el título XVIII del Libro I del Código Civil, en las normas que sean pertinentes.Artículo 11	Será plenamente aplicable a la pareja la Ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia familiar.Artículo 12	Se considerará circunstancia agravante en las conductas penales tipificadas en el Código Penal o leyes especiales que la autoridad competente deniegue, dificulte, o bien entorpezca de cualquier modo la aplicación de la presente ley, incurra en cualquier conducta discriminatoria o aduzca cualquier otro motivo en tal sentido.	Cuando la conducta sancionada constituya un delito especialmente penado por la ley, se aplicará el artículo 63 del Código Penal.Artículo 13	En el supuesto que uno de los miembros de la pareja sea declarado judicialmente incapacitado, o se hallare ausente, y sin perjuicio de lo que señale el testamento del sujeto a guarda, el otro ocupará el primer lugar en el orden de preferencia para el discernimiento de la misma, la cual tendrá el carácter de legítima.	Sólo procederá la guarda. dativa en caso que el otro miembro de la pareja no pueda asumir el cargo, caso en el cual se preferirá a los parientes consanguíneos más cercanos. En tal caso, en el discernimiento el juez señalará expresamente que el pariente designado no incurre en la causal de indignidad del Nº 3º del artículo 968.TÍTULO QUINTODE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE UNIÓN CIVIL,Artículo 14	El contrato de unión civil terminará:1º	Por declaración expresa de las partes, la cual se subinscribirá al margen de la escritura pública. No podrá solicitarse la disolución del contrato dentro del plazo de un año contado desde su celebración.2º	Por resolución judicial en el caso contemplado en el artículo 11, la cual deberá hacer expresa mención al respecto;3º	Con la muerte natural de uno de los contrayentes;4º	Con la declaración de muerte presunta de uno de los contrayentes;5º	Con la separación de hecho superior a un año, la cual se acreditará por dos testigos o instrumentos públicos ante el notario ante el cual se otorgó la escritura; sin embargo, la obligación de pagar pensión de alimentos subsistirá por dicho periodo; y6º	Por matrimonio subsiguiente.	La autoridad competente, en los casos procedentes, deberá remitir copia dentro del plazo de noventa días de la resolución pertinente, y que deberá subinscribirse al margen de la escritura principal.	Los bienes comunes, en los casos que sea procedentes, se liquidarán en la forma y modo establecidos en la escritura pública de celebración de unión civil o en aquel que se señala en el artículo 9º. En subsidio, se aplicarán las normas de la partición de bienes.Artículo 15	Si uno de los miembros de la pareja fallece estando vigente el contrato de unión civil el sobreviviente tendrá la condición de heredero, el cual concurrirá personalmente o representado, en iguales términos que los hijos, si los hubiere y, en caso contrario, preferirá su derecho a cualquier otro pariente.	El sobreviviente tendrá carácter de legitimario para todos los efectos legales.TÍTULO SEXTODE LOS EFECTOS DEL CONTRATO DE UNION CIVIL.Artículo 16	El miembro sobreviviente del contrato que regula la presente ley tendrá los mismos derechos que la ley asigna al cónyuge sobreviviente en el Libro III del Código Civil.	El miembro sobreviviente será llamado a suceder con los mismos derechos y obligaciones que las personas enunciadas en el artículo 983 del Código Civil.	El miembro sobreviviente, en consecuencia debe ser considerado como asignatario forzoso según la regla tercera del articulo 1.167 del Código Civil; debe ser considerado como legitimario según lo dispone el articulo 1.182 del Código Civil.	La pareja podrá ser considerada como asignatario en la cuarta libre de mejoras y en la cuarta libre de disposición del causante según le previsto en los artículos 1.195 y 1.184 inciso final del Código Civil.Artículo 17	Para los efectos previstos en la Ley 16.744 y en el D.L. 3.500 la pareja del contrato de unión civil regulado en esta ley, tendrá los mismos derechos que la ley asigna al cónyuge.Artículo 18	Para los efectos previstos en la Ley Nº 18.469 la pareja del contrato de unión civil regulado en esta ley podrá ser incorporado como beneficiario de los contratos a que se refiere el artículo 29 de dicho cuerpo legal.Artículo 19	Cualquiera de los miembros del contrato que se regula en la presente ley se entenderán como personalmente afectados en los derechos del otros cuando estos sean agraviados, considerándose para tales efectos circunstancia suficiente de legitimación procesal activa la existencia del presente vínculo.	En el mismo orden de cosas, podrá ejercer la acción penal privada; la acción que persigue la responsabilidad civil por los hechos previstos y relacionados con el Título XXXV del Libro IV del Código Civil.TÍTULO SÉPTIMODEL REGISTRO DE UNIONES CIVILESArtículo 20	Los contratos celebrados de conformidad con la presente ley se inscribirán ante Servicio de Registro Civil e Identificación en un Registro Especial, debiendo dictarse un reglamento dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de la presente ley.OTRAS NORMAS	Artículo 2º.- Modifíquese el número 3º del artículo 968 del Código Civil, de manera que quede del siguiente modo: “El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia, destitución, discriminación, u otro que haya motivado abandono de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo”.	Artículo 3º.- Para los efectos de la ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, el sobreviviente se entenderá heredero de pleno derecho.	Tendrán derecho preferente para la delación de las herencias vacantes aquellas personas que acrediten se hayan encontrado en la situación del artículo 8º al momento del fallecimiento de la pareja.	Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia seis meses después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial”.5.	Moción de los diputados señores Valenzuela, Barros, Bauer, García-Huidobro, Aníbal Pérez y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda.	Autoriza la erección de un monumento en Rancagua, en memoria de Óscar Castro Zúñiga. (boletín Nº 3284-04)	Óscar Castro Zúñiga pasó a la memoria colectiva regional y nacional como uno de los más grandes escritores. Su canto a la tierra y sus hermosuras, transfiguradas en bellas mujeres, ha enaltecido las vivencias cotidianas del pueblo, y con ello, el ingreso de estas vivencias a las grandes letras nacionales.	Nace en el Rancagua minero y campesino de inicios del urbano e industrial siglo XX, un 25 de marzo de 1910. Hijo de los campesinos humildes Francisco Castro y María Esperanza Zúñiga, pasó su vida al igual que muchos otros, la migración del campo a la ciudad, para terminar instalándose en el popular barrio estación.	De alma díscola, se desempeñó en varios trabajos, algunos como forma de sobrevivir, otros como alimento intelectual. Administrador de un molino, repartidor de leche, empleado de banco, periodista, redactor, bibliotecario, profesor entre otros oficios, configuró en su obra, una mirada tímida y heroica de su cambiante tiempo.	En 1936, Augusto D’Halmar al conocer y apreciar su obra, le permitió que leyese un trabajo suyo acerca de Federico García Lorca, en Valparaíso, que le valió un premio y el merecido reconocimiento de los círculos literarios.	Luego vinieron la edición de sus libro. “Huellas en la tierra”, “La sombra de las cumbres”, “Comarca del jazmín”, “La vida simplemente”, “Llampo de sangre”, “Lina y su sombra” y “Camino en el alba”, lo definen como un poeta, novelista y cuentista de gran categoría. Es por ello, que recibe premios, como el Premio Municipal de Santiago y el de la revista Atenea.	Por lo anteriormente expuesto, don Óscar Castro Zúñiga, es amplio merecedor de un monumento en su ciudad de Rancagua que tanto amó. Su poética mirada del habitar y su sensual descripción de la geografía, son un retrato permanente y actual de la idiosincrasia de la sociedad local. Su identificación con Rancagua justifica con creces la ubicación, en las esquinas de Almarza con Germán Riesgo, este monumento que lo honrará.	Luego de su paso por Santiago, resuelve volver a Rancagua justifica con creces la ubicación, en las esquinas de Almarza con Germán Riesco, este monumento que lo honrará.	Luego de su paso por Santiago, resuelve volver a Rancagua, siguiendo siendo el mismo “rancagüino de corazón” que le canta a su tierra. En Rancagua vive y se dedica a consolidar espacios para el arte y la cultura. Funda junto a Gonzalo Drago y Raúl González, entre otros, el grupo “Los inútiles”, que persiste hasta la actualidad, cuyos integrantes han impulsado esta idea, en especial don Juan Villalobos, incansable promotor de la cultura. A dicho grupo pertenecieron figuras como Baltasar Castro y Nicomedes Guzmán.	Ya en 1975, dos años antes de su muerte, cae enfermo de tuberculosis. Este mismo año, el 17 de junio, la Municipalidad de Rancagua, reconociendo sus méritos, le entrega el reconocimiento de “Hijo ilustre”, en medio de gran fervor popular.	Un primero de noviembre de 1947. en el Hospital del Salvador de Santiago, muere “el cantor del alma y el paisaje rancagüino”, permaneciendo en la memoria sus versos a los arroyos, esteros, ríos, caminos, valles y cerros, tréboles y rosas, ranas y grillos, pájaros y caballos, mineros, arrieros, bandidos y benditas.	Por todas estas razones, erigir un monumento en su memoria en un tributo póstumo, que debemos, a quien con tanta acertividad nos relató el valor de la identidad local y su universalidad, que en estos tiempos, cobra enorme vigencia.	En razón de ello, es que venimos en proponer el siguientePROYECTO DE LEY	Artículo 1º.- Autorízase erigir monumento en la localidad de Rancagua, en memoria de don Óscar Castro Zúñiga.	Artículo 2º.- La obra se financiará mediante erogaciones, por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea el artículo 4º.	Artículo 3º.- Créase un fondo con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior.	Artículo 4º.- Créase una comisión especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:a)	El alcalde de la I. Municipalidad de Rancagua.b)	Director regional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (dibam).c)	Dos integrantes del grupo literario “Los inútiles”.d)	Un representante de la Fundación Óscar Castro y,e)	Los dos diputados del distrito Nº 32 Rancagua”.6.	Moción de los diputados señores Urrutia, Alvarado, Barros, Burgos, Bustos, Forni, García, Hales, Salaberry y de la diputada señora Marcela Cubillos.	Modifica la ley Nº 18.290, de transito, a fin de imponer la vigencia de anotar el numero de identificación de vehículo (V.I.N.) en las inscripciones practicadas en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados. (boletín Nº 3285-15)1	Que, en el último tiempo la ciudadanía ha tomado conocimiento de las alarmantes cifras de vehículos robados a lo largo del país, con el consiguiente perjuicio económico para sus propietarios y la complicada situación procesal penal a que se ven expuestos, al no tener claridad en lo que dice relación con la real posibilidad de recuperar dicho vehículo.2.	Que, los vicios preexistentes en lea situación jurídica de algunos automóviles, es decir robados o desmantelados y que intentan ser transferidos a terceros, en abierta violación a la ley, se ha constituido en una situación que perjudica a numeroso compradores que se ven perturbados. en el goce del bien adquirido, llegando incluso a ser privados de; la posesión del mismo.3.	Que, previendo estas maquinaciones fraudulentas por parte de bandas organizadas, la actual Ley de Tránsito y los reglamentos respectivos han impuesto la obligación de inscribir una serie de datos de los vehículos, tanto al momento de inscribirlos en el Registro de Vehículos Motorizados al momento de su internación al país, como en cada transferencia o cambio en el dominio que éstos sufran.4.	Que, desafortunadamente, estas medidas han evidenciado ser ineficaces y obsoletas. Ineficaces por cuanto las maniobras dolosas han perseverado en el engaño, obsoletas por cuanto la industria automotriz dispone de herramientas más modernas y seguras que permiten mantener la identidad cierta de los vehículos.5.	Que, es así como hace más de 30 años los fabricantes de automóviles vienen dotando: a sus productos con el V.I.N., sigla que en lengua inglesa se entiende como “Vehicle Identification Number” y cuya traducción a la lengua castellana significa “Numero de Identificación del Vehículo”. Este número, único y universal se ha convertido en un verdadero código genético de cada automóvil fabricado en el mundo, y entrega una información mucho más sólida y veraz que el que se obtiene en las Inscripciones de nuestro registro en la actualidad.	En efecto, el V.I.N. permite dotar de certeza. al conocimiento de datos tan relevantes como la fecha y lugar de fabricación del vehículo, color, cilindrada, número de motor y chasis, entre otros antecedentes. Ese número e información, qué duda cabe, es mucho más difícil de adulterar por los delincuentes, el mismo que hoy ignorado por nuestra legislación.	Otra maniobra dolosa que se ha vuelto preocupantemente común es la suplantación de un vehículo por otro, siendo la herramienta utilizada al efecto la sustracción de las patentes de vehículos inexistentes.	En este caso, el camino seguido por los antisociales, es valerse de las placas patentes de aquellos vehículos siniestrados y declarados como pérdida total por las compañías de seguros, para dotar a otros automóviles robados o adulterados con una nueva identificación. En un procedimiento de blanqueamiento de antecedentes los números de patente del vehículo dado de baja por la aseguradora sirven para dar nueva existencia a un bien que era perseguido por su legítimo dueño y por tanto hacer ineficaz esa búsqueda o bien para engañar al comprador respecto del historial de dominio o de las especificaciones técnicas del mismo.OBJETIVO DEL PROYECTO	Atendidas la situación expuesta, parece recomendable practicar modificaciones a la legislación vigente, a fin de que se vuelva una exigencia a la hora de inscribir un vehículo -tanto al momento de internarlo en el país como al momento de practicar cualquier transferencia en el dominio- el que se anote en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados el Número de Identificación del Vehículo( V.I.N.) del mismo.	Por otro lado, parece de gran utilidad, a fin de precaver el mal uso de las placas patentes de los vehículos siniestrados, y declarados como pérdida total, el imponer a las Compañías Aseguradoras la obligación de remitir las mismas al Registro Nacional de Vehículos Motorizados. Con ello se asegura la preservación de la identidad tanto del vehículo siniestrado como de aquel que pretendiera tomar su lugar producto de una operación dolosa.	Por tanto, venimos en presentar el siguiente proyecto de Ley:Artículo Único	Modifíquese la Ley Nº 18.290 en el sentido que sigue:1.	Sustitúyase el punto aparte del primer inciso del artículo 34 por una coma, y agréguese la siguiente frase: “así como el Número de Identificación del Vehículo o V.I.N.”.2.	Reemplácese la terminación en la letra “y” en el número 5 del artículo 47 por un punto y una coma, sustitúyase el punto final del número 6 por una coma y una letra “y “, añadiéndose a continuación un nuevo número 7 en los términos que siguen: “El Número de Identificación del Vehículo o V.I.N.”.3.	Agréguese un segundo inciso al artículo 49 con el siguiente texto: “En aquellos casos en que un vehículo asegurado sufra un siniestro que origine la declaración de pérdida total del mismo, será obligación de la Compañía se Seguros respectiva remitir las placas patentes únicas del bien asegurado al Servicio de Registro Civil, el que, a través del Registro Nacional de Vehículos Motorizados, hará recepción y guarda de las mismas. Las Compañías de Seguros que infrinjan esta disposición serán sujeto de sanción pecuniaria por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, incluyendo la responsabilidad civil y penal de sus administradores dependiendo de la naturaleza de la infracción”.7.	Moción de los diputados Mora, Burgos, Bustos, Ascencio, Cardemil, Riveros, Saffirio y Walker.	Proyecto de ley para modificar el decreto ley Nº 1.487 de 1976.FUNDAMENTOS:	Mediante decreto ley Nº 1.487 de 1976, se establecen las funciones y planta de la Subsecretaría de Investigaciones.	Dicha norma de casi 30 años de vigencia, contiene en el artículo 3º una disposición excepcionalísima, probablemente entendible, en la época de su dictación, pero sin justificación alguna en la hora actual.	En efecto, dicho artículo limita la facultad del Presidente de la República de nombrar subsecretario de Investigaciones, tal vez sea el único caso en nuestra legislación.	Lo limita en cuanto el Presidente sólo puede nombrar en dicho cargo a cierta categoría de personas, lo que no ocurre con ningún otro cargo similar de nuestra estructura del Estado.	No existe razón para que el Presidente no recupere la facultad de nombrar, de acuerdo a las reglas generales, a quien desee ocupe dicho cargo público.	Por lo anterior proponemos el siguiente:PROYECTO DE LEYARTÍCULO ÚNICO:	Deróguese los incisos 2º y 3º del artículo 3º del decreto ley Nº 1487 de 1976”.