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El señor JARPA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en la Cuenta de la sesión de hoy recién aparece una respuesta del ministro del Trabajo y Previsión Social a una intervención que efectué el 30 de abril del presente año. El tema, que lo vengo colocando en carpeta desde hace no menos de cinco años, se refiere a los profesores que cumplieron los requisitos para jubilar -60 años las mujeres, 65 los varones, y por lo menos 30 años de labor- y que lamentablemente estaban imponiendo en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Al decir “lamentablemente”, no quiero hacer una crítica al sistema de las AFP, sino que estoy planteando algo muy objetivo y pragmático.
El Congreso ha despachado dos modificaciones al Estatuto Docente, muy justas, que han permitido que los profesores hicieran uso de la ley Nº 19.200. O sea, en diciembre de 1993, se cambió el sistema de jubilación para el magisterio. Hasta ese instante, se podía jubilar con el promedio de las últimas 60 rentas. Con la ley que sacamos, cuya indicación redactamos los miembros titulares de la Comisión de Educación, que luego contó con el patrocinio del Presidente Patricio Aylwin y de sus ministros de Hacienda y de Educación , Alejandro Foxley y Ricardo Lagos , respectivamente, se estableció que el promedio fuera de las 36 últimas rentas.
Los beneficios fueron claros, precisos y, en vez del 48 por ciento, que era del sistema antiguo, subimos al 82 por ciento.
Sin embargo, nos dimos cuenta de que en el magisterio, de los 132 mil colegas que hacen clases en el sistema educacional, había un número importante al que había que dar un beneficio más. Ahí salieron los 15 ó 16 meses de indemnización. Se dictaron dos leyes con un plazo de seis meses. Ello permitió que casi siete mil maestros jubilaran con la última renta, porque cambiamos en forma excepcional ese tipo de situación. Se hicieron desaparecer los 12 primeros meses y se estableció un mecanismo para obtener la última renta. Fuera de eso, se otorgaron 15 ó 16 meses de indemnizaciones.
Pero los colegas que se quedaron en el sistema antiguo no pudieron hacer uso de esas dos importantes leyes. Porque sacaron los cálculos y ellos, con ese sistema, sacan una jubilación equivalente al 42 ó 45 por ciento de la última renta. Eso es muy injusto, porque han dedicado su vida a la formación de generaciones. Debido a ello, en la actualidad hay profesores, damas de 70, 72 años y varones de 70 ó 75 años, que no pueden impetrar el beneficio de la jubilación, porque sus rentas bajan en forma sustancial.
El tema ha sido tratado con varios colegas. Y hoy en el oficio que me contesta amablemente, el ministro del Trabajo , don Ricardo Solari Saavedra , me hace toda una relación de los hechos.
Me recuerda que el 6 de noviembre de 2001, el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y organizaciones gremiales del sector público acordaron constituir una comisión bipartita en la Subsecretaría de Previsión Social, encargada de examinar las demandas planteadas por los gremios del sector público en relación con asuntos previsionales y de retiro.
La comisión emitió un primer informe de avance el 31 de julio de 2002, y un informe final el 31 de octubre de 2002, con lo cual concluyó su primera etapa del trabajo. ¿Qué significó eso? Los gremios no sólo se preocuparon de la legítima aspiración de los colegas profesores, sino que también de los funcionarios de la Administración Pública, lo que tornó la situación más difícil y compleja.
En el informe se da cuenta de que se crea una nueva modalidad de pensión; se modifican los requisitos, valor y fórmula de cálculo de pensiones; se crea una nueva modalidad de financiamiento; se entregan beneficios con una cobertura específica al sistema de pensiones; se establecen nuevos criterios para la afiliación al sistema de pensiones; se modifica el rol del Estado y se crea una nueva garantía estatal.
El ministro del Trabajo dice que, en representación del Gobierno, en su calidad de empleador, está dispuesto a mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios públicos en el marco de las políticas de recursos humanos y de las normas laborales de cada sector, focalizando su acción en las personas más necesitadas. Para ello, propone desarrollar incentivos monetarios que tengan por objeto mejorar las condiciones de retiro de los funcionarios.
En esta discusión participan representantes de la mesa de presidentes del sector público, entre ellos, el señor Jorge Pavéz , por el sector de profesores. Por el Ejecutivo , representantes de los ministros del Trabajo, de Previsión Social y de Hacienda . Es decir, se están estudiando posibles soluciones, lo cual es una señal positiva de parte del Gobierno.
Por lo señalado, pido que, en mi nombre, se oficie al ministro del Trabajo , don Ricardo Solari , para agradecer su información y, al mismo tiempo, para solicitar a los representantes de la referida mesa apurar sus conclusiones, porque son muchos los profesores y funcionarios públicos que desean retirarse con una justa jubilación.
He dicho.
El señor JARPA ( Presidente ).-
Señor Ortiz , como muchos parlamentarios, me preocupa la situación que afecta a profesores y empleados públicos debido a sus sistemas previsionales y, por lo tanto, adhiero a los oficios que se enviarán a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.
"
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