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La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Alberto Cardemil.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 3237-05, sesión 74ª, en 8 de mayo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señores diputados, solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala la señora María Eugenia Wagner, subsecretaria de Hacienda .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado informante .
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre este proyecto, que norma el buen uso de donaciones de personas jurídicas que dan origen a beneficios tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos. Comúnmente, esta ley va a ser denominada, si el Congreso Nacional la aprueba, “ley de donaciones”.
En primer lugar, este proyecto de ley fue fruto de los acuerdos de la Agenda de Crecimiento, Transparencia y Modernización del Estado a que se llegó entre el Gobierno y la Oposición. Tiene que ver con la idea de modernización del Estado.
El objetivo central es avanzar en la idea de que los contribuyentes, en este caso las personas jurídicas, puedan asignar parte de sus impuestos a determinados fines de bien público debidamente calificados.
Hoy existen numerosas normas legales que establecen la posibilidad de donar, por particulares, con beneficios tributarios. Por ejemplo, es el caso de las donaciones en favor de las entidades del Estado, reguladas por el decreto ley Nº 45 y por la ley Nº 6.640. El mismo caso es el que cubre las donaciones a universidades e institutos profesionales estatales y particulares, de conformidad con lo que establece la ley Nº 18.681. Otro es el de las donaciones para fines culturales -fue la primera de estas iniciativas-, según lo dispone la ley Nº 18.985. También el de las donaciones efectuadas con fines educacionales, establecidas en la ley Nº 19.247. La última franquicia que aprobó el Congreso Nacional es para donaciones con fines deportivos.
El proyecto, junto con sistematizar y definir bien algunas normas comunes para todas las anteriores, establece dos nuevas posibilidades:
En primer lugar -digámoslo así-, hacer donaciones para proyectos destinados a solucionar problemas de extrema pobreza. Cuando llegue a este punto del informe, precisaré a qué se refiere.
En segundo lugar, donaciones para partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular.
Repito, el objetivo principal del proyecto es sistematizar un conjunto de disposiciones comunes a todas las donaciones, porque se trata de recursos que debieron haber entrado en arcas fiscales, pero que, por disposición de la ley, quien debiera pagar determinado impuesto al Estado puede donar ese dinero para otro fin.
En segundo término, amplía la posibilidad de hacer donaciones a estos dos nuevos objetivos de bien público: extrema pobreza y partidos políticos y candidatos.
A continuación, me referiré concretamente al proyecto en informe.
En la actualidad, hay un primer grupo de donaciones, que son las de interés público, de carácter genérico, que tienen una franquicia tributaria que permite deducir cierta cantidad de dinero de la base imponible del impuesto. De ello resulta un beneficio tributario por el mismo equivalente a la tasa del impuesto de primera categoría para la empresa y a la tasa relevante del impuesto global complementario para el socio de la misma.
Esta franquicia beneficia a las donaciones de los agentes privados en favor de entidades del Estado.
Hay un segundo grupo de donaciones, que es más violento, más duro, más efectivo, que se hace con fines específicamente sociales y que se apoya en normas que permiten que una parte de la donación, que generalmente es del 50 por ciento, pueda ser deducida como crédito en contra de los impuestos adeudados por el donante y que el saldo de la donación se deduzca de la renta líquida imponible del mismo. Para el donante, el beneficio tributario en este caso puede llegar hasta el 80 por ciento.
¿Cuáles son los problemas del marco jurídico actual? Tanto el Ejecutivo , en conjunto con el denominado “Comité de los Presidentes de Partidos”, que permitió generar este acuerdo, así como la Comisión de Hacienda, hemos llegado a un diagnóstico compartido, que señala que existen tres problemas fundamentales en el marco jurídico actual.
Primero, que todas estas posibilidades de donación están repartidas en normas aisladas y de diversa índole, porque cada una fue concebida con un objeto específico. Esto ha derivado en una legislación fragmentaria, dispersa, heterogénea y poco coordinada.
Lo anterior presenta dificultades potenciales y efectivas para que los donantes y los donatarios puedan operar con esos mecanismos, lo que atenta contra la transparencia de los mismos y deja muchos espacios abiertos para irregularidades.
En resumen, tenemos una diversidad y una fragmentación de normas.
Segundo, existe superposición en las coberturas, tipificada en que varias de las normativas apuntan al mismo tipo de institución donataria, bajo modalidades distintas. En consecuencia, se duplican los beneficios obtenidos, lo que atenta en contra de una adecuada focalización de los recursos.
Tercero, existe una inequidad en el acceso.
Más del 50 por ciento de las donaciones con fines educacionales, acogidas durante el año 2001, correspondieron a un nueve por ciento del total de las instituciones receptoras, lo que plantea una manifiesta inequidad en el acceso de estos fondos.
En las donaciones con fines culturales, la concentración de recursos fue aún mayor, ya que, durante el mismo período, un ocho por ciento de los receptores captó cerca del 50 por ciento del total. En cuanto a las instituciones de educación superior, cuatro universidades captaron el 50 por ciento de los montos donados durante el 2001. Esto es algo que habría que intentar corregir.
Otro aspecto de la fragmentaria legislación que estamos analizando, que también es importante relevar, es su característica. La forma en que está redactada, fragmentariamente, no convoca a más recursos del beneficiario. Es decir, la idea de esta iniciativa es fomentar el estímulo tributario: como se ha dicho, ampliar los horizontes de lo que se ha denominado la democracia tributaria; producir una respuesta mejor de los individuos a los estímulos. Obviamente, los economistas que están escuchando entenderán más fácilmente este tema que quienes somos legos en la materia.
Si las donaciones privadas aumentaran más que la disminución de la recaudación tributaria, que es equivalente al gasto tributario, se podría concluir que existirá una cantidad adicional neta de recursos. En estos casos, la introducción de los beneficios tributarios y el fomento provocarán un beneficio neto que aumentará el monto total de recursos para los fines meritorios elegibles. Si esto no ocurriere, obviamente existirá una mala asignación de recursos.
Un cuarto problema detectado son los riesgos de evasión o elusión. Me refiero a donaciones simuladas, donde lo que ocurre es una venta de servicios encubierta. Es decir, hago la donación y obtengo, bajo la mesa, determinados beneficios.
Señora Presidenta , sé que este proyecto de ley trata un tema farragoso, pero a este diputado se le dificulta muchísimo exponer sus ideas si los demás colegas están conversando.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene toda la razón, su Señoría.
Pido a los señores diputados que tomen asiento para escuchar al diputado informante.
El señor CARDEMIL.-
Después, me vienen a preguntar qué fue lo que dije.
Estos son los puntos. Los objetivos generales del proyecto, obviamente, son corregirlos mediante una serie de disposiciones que regulen todas las donaciones y traten de evitar los problemas aludidos.
La otra idea matriz del proyecto es, lisa y llanamente, definir dos nuevas posibles asignaciones por concepto de donación.
La primera establece beneficios tributarios para los contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa y realicen donaciones de dinero a las entidades, corporaciones o fundaciones constituidas conforme al Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil , o a un fondo mixto de apoyo social que se crea, a quienes prestan servicios directos a personas de escasos recursos o discapacitadas. Esto le da el nombre a la iniciativa: donaciones a personas en situación de extrema pobreza o discapacitadas. Reitero, se agregan otras donaciones para proyectos relacionados con personas en situación de extrema pobreza.
¿Cómo opera este beneficio para corporaciones o fundaciones que trabajen con discapacitados o con personas en extrema pobreza? Del total de la donación que se efectúe, el 50 por ciento podrá ser deducido como crédito contra el impuesto de primera categoría, que afecta a las rentas del ejercicio en que se efectuó la donación, en la forma que se dispone para las donaciones con fines deportivos (el mismo mecanismo que ya aprobamos). Asimismo, se aplicará dicha norma a la rebaja, como gasto, del 50 por ciento restante de la donación, en las condiciones que se propone. Es decir, es deducida directamente del impuesto. Esta donación, que podríamos denominar dura, hoy opera para las instituciones de carácter deportivo.
Dentro de las normas generales del proyecto, el artículo 10 establece que este beneficio no podrá exceder del límite global consignado para las donaciones, que equivale al 4,5 por ciento de la renta líquida imponible; o sea, se fija un tope. Así opera este beneficio asignado a trabajos, gestiones e iniciativas de extrema pobreza.
Deseo aclarar, porque el tema me lo preguntaron especialmente diputados de mi bancada, que literalmente se exceptúan de este beneficio a las empresas del Estado o en las que éste o sus instituciones participen.
Éste es el primer beneficio ampliado que establece la ley.
El segundo beneficio, que opera en forma distinta, se destina a objetos políticos o con esa formación. Está establecido en los artículos 8° y 9°.
Por esta norma, se establecen beneficios tributarios para los contribuyentes del impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta que declaren su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa y realicen donaciones en dinero a los partidos políticos inscritos en el Servicio Electoral, a los institutos de formación política -todos sabemos los que están funcionando- y a los candidatos a ocupar cargos de elección popular -se entiende que en el período eleccionario que corresponda.
Esta donación no opera en forma similar a la que mencioné con anterioridad, que se asimila a la que actualmente tiene lugar con las donaciones para fines deportivos. Ésta última se asimila a la que está funcionando para objetivos sociales en general, que son donaciones al sector público. Por lo tanto, dichos contribuyentes podrán deducir estas donaciones de la renta líquida imponible una vez efectuados los ajustes de los artículos 32 y 33 de la ley sobre impuesto a la renta, cumpliendo los demás requisitos previstos en el proyecto, como asimismo, sujetándose a los límites máximos establecidos en la ley. Es decir, no va directamente como deducible de impuesto, sino a la base sobre la cual se impone.
En todo caso, el monto de estas donaciones no podrá exceder del uno por ciento de la renta líquida imponible de la empresa correspondiente al ejercicio en la cual se efectúa la donación. Para la otra donación, había un monto máximo de 4,5 por ciento.
Por supuesto, se exceptúan de la posibilidad de otorgar este beneficio las empresas del Estado o en las que éste o sus instituciones participen.
El proyecto se refiere a personas jurídicas, porque las personas naturales no tienen la posibilidad de otorgar estos beneficios. Son, como explicó el ministro de Hacienda , exclusivamente personas jurídicas, empresas, las que pueden realizar las donaciones.
Así, los ejes principales de la norma son: regular todas las donaciones, incluso las establecidas por leyes anteriores a ésta, y ampliar las donaciones a dos objetivos: trabajos, programas, proyectos que vayan a combatir la pobreza, y las donaciones que vayan a partidos políticos, candidatos o institutos de formación política.
En sus aspectos específicos, el artículo 1º establece la donación para instituciones que prestan servicio directo a personas de escasos recursos.
El número 4.- del artículo dispone que, cuando se efectúan estas donaciones para fines sociales, es decir, para personas de escasos recursos o discapacitados, un 33 por ciento debe ir a un fondo mixto de apoyo social que se crea por el artículo 3º, que será administrado por un consejo. Es decir, si dono cien pesos, 33 van al fondo mixto de apoyo social, y 66 los asigno libremente.
El Fondo Mixto de Apoyo Social tendrá como objetivo definir y regular una serie de materias a las cuales me voy a referir a continuación.
Según lo dispone el artículo 4º, el Fondo -esto es lo importante- será administrado por un consejo, lo que marca una novedad interesante en este esfuerzo de modernización del Estado en que estamos involucrados, porque no es exclusivamente público. Estará integrado por el ministro de Planificación y Cooperación, o su representante, quien lo presidirá; por el secretario ejecutivo del Fondo Nacional de la Discapacidad , o su representante; por el subsecretario general de Gobierno , o su representante; por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, o su representante -o sea, personero absolutamente privado-, y por tres personalidades destacadas en materias de atención a personas de escasos recursos o discapacitadas, elegidas por las corporaciones o fundaciones incorporadas al registro a que se refiere el artículo 5º, a través del mecanismo que determine el reglamento.
El hecho de que los privados y la sociedad civil que trabaje en problemas de extrema pobreza -o en organizaciones no gubernamentales, como queramos llamarla-, estén representadas en el consejo, es una señal interesante de modernización.
Las funciones del consejo, definidas en el artículo 4º, son las siguientes:
1. Calificar a las entidades que podrán recibir recursos establecidos en este título, y aprobar su incorporación y eliminación del registro a que se refiere el artículo 5º.
2. Aprobar los criterios y requisitos para la postulación de proyectos o programas a ser financiados por las donaciones por parte de las instituciones incorporadas al registro.
El Fondo funcionará sobre la base de proyectos o programas presentados, incluso, por entidades que hayan sido beneficiadas directamente con la donación. Por ejemplo, si una entidad importante es beneficiada con una donación de cien pesos, también podrá presentar proyectos para concursar, junto a otras entidades, por los 33 pesos que van al Fondo.
3. Calificar los proyectos o programas a los cuales podrán aplicarse los recursos establecidos en este título, y aprobar su incorporación al registro.
4. Fijar anualmente criterios y prioridades para la adjudicación de los recursos del Fondo entre los proyectos y programas incorporados al registro.
5. Adjudicar los recursos del Fondo a proyectos o programas incorporados al registro, y
6. Realizar las demás funciones que determinen esta ley y su reglamento.
El artículo 5º establece una disposición extraordinariamente importante -por lo menos para quien habla-, pues establece que el Ministerio de Planificación y Cooperación deberá elaborar y mantener un registro de las instituciones calificadas por el consejo.
La primera mitad de su inciso cuarto señala: “Los resultados de la evaluación de las instituciones y sus proyectos o programas, la adjudicación de los recursos del Fondo, el registro de instituciones elegibles para recibir aportes de las donaciones, junto con el listado de los proyectos y programas elegibles, tendrá un carácter público y será informado por medios electrónicos”.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante que a estas instituciones se les aplique, en lo que sea pertinente, lo dispuesto en la ley Nº 19.862, referida a organizaciones no gubernamentales y aprobada recientemente por el Congreso Nacional, la cual establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Hago presente a la subsecretaria que la norma que establece el carácter público de la información debe adecuarse a lo dispuesto en el número 4.- del artículo 1º del proyecto, que señala que “La información que se proporcione... se amparará en el secreto establecido en el artículo 35 del Código Tributario”.
La opinión unánime de la Comisión de Hacienda y de los diputados con que he hablado sobre el tema es que el sistema de donaciones debe estar sujeto a la más absoluta transparencia. El Ejecutivo presentará una indicación al respecto, de lo cual me alegro mucho, porque creo que mejorará la redacción de este punto.
El artículo 6º establece que “Un reglamento del Ministerio de Planificación y Cooperación, suscrito además por el ministro de Hacienda , definirá los contenidos necesarios para la aplicación de este sistema de donaciones, los criterios específicos que deberán cumplir las instituciones para acceder al registro, los criterios específicos que se utilizarán para definir la condición de escasos recursos y discapacidad de sus beneficiarios,...”. El punto es muy importante, porque establece la entrega de donaciones para proyectos y programas cuyos beneficiarios serán personas que se encuentren en situación de extrema pobreza, condición que no está definida en el texto de la iniciativa, por lo que deberá ser el reglamento del Ministerio de Planificación y Cooperación el que determine quiénes podrán ser los beneficiarios.
Además, el artículo establece el sistema de incorporación de proyectos y programas al registro y los procedimientos para el desarrollo y resolución de concursos para el Fondo.
El artículo 7º dispone que “Tanto el registro como las resoluciones del Consejo deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República, para el efecto de que ésta conozca la asignación y rendición de cuenta de estos recursos”.
En la medida de lo posible, se ha tratado de dotar de la máxima transparencia y control al sistema.
Hasta el artículo 7º, inclusive, los preceptos se refieren a normas generales sobre donaciones destinadas a proyectos para combatir la pobreza.
El artículo 8º define algunas características que tienen las donaciones en dinero a los partidos políticos inscritos en el Servicio Electoral, a los institutos de formación política y a los candidatos.
Este tipo de donaciones, como dije, tiene un límite menor.
Su número 4.- señala que las empresas donantes deberán informar al Servicio de Impuestos Internos el monto de las donaciones.
Los artículos 8º, numerales 4 y 5, y 9º, que tienen que ver con la transparencia, con la información pública respecto de las donaciones que se efectúen, no plantean la misma situación que narraba anteriormente en relación con las donaciones para proyectos contra la pobreza.
En esta materia, el régimen de publicidad de estas donaciones, a mi juicio, no queda claro, porque todo ese sistema será regulado por otra iniciativa legal, que se está discutiendo hoy en el Senado y que debe llegar hoy o mañana a la Cámara, referida al financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos.
Lamento que no se encuentre presente la señora subsecretaria, pero planteé al Ejecutivo la necesidad de contar con una indicación en esa materia. Se ha dicho que estamos legislando en forma demasiado rápida, lo que se advierte claramente en esta situación.
Todo lo que se refiere a lo regulado por estas dos normas está prácticamente en blanco, porque se sujeta a las definiciones que se darán en otra ley.
Por lo tanto, para aprobar dichos artículos debemos esperar las indicaciones que el Ejecutivo nos hará llegar durante el transcurso de la mañana, antes de votar.
Disposiciones generales.
El menor ingreso fiscal que se generó durante el año tributario 2002 por el conjunto de donaciones sociales realizadas en el país con el sistema antiguo, alcanzó a 36.217 millones de pesos de 2003.
El marco establecido por el límite con que se legisla ahora deja espacio -según el Ministerio de Hacienda- para una expansión del gasto tributario de más de cinco veces respecto de la situación actual. De acuerdo con el nuevo límite global, el gasto tributario anual, asociado a los beneficios tributarios para donaciones con fines sociales, en su conjunto, podría expandirse nada menos que a 154.276 millones de pesos. Esto significa que el nivel de donaciones para fines sociales potencialmente afectas a estos beneficios tributarios tiene también un espacio para expandirse en más de cinco veces respecto de su nivel actual, por lo que podría alcanzar en el nuevo límite un monto total equivalente a los 317.339 millones de pesos.
Dado que en el proyecto se eliminan los límites específicos existentes en los regímenes sectoriales vigentes, esta expansión podría darse tanto en el nuevo sistema respecto del cual se legisla como en cualquiera de los regímenes sectoriales o en cualquier combinación de los anteriores.
Suponiendo, conservadoramente, que la combinación de estos dos factores llevara las donaciones para causas sociales, en su conjunto, a alcanzar una tercera parte del marco potencial establecido en este proyecto, las donaciones anuales afectas a beneficios tributarios para fines sociales, en su conjunto, alcanzarían a 105.780 millones de pesos, lo que significa un incremento de 92 por ciento respecto de su nivel actual. Si estas donaciones, en cambio, alcanzaran al 50 por ciento del marco potencial anual, se llegaría a 158.670 millones de pesos de 2003, lo que implicará un gasto tributario anual adicional de 63.041 millones de pesos de 2003 por concepto de beneficios tributarios a las donaciones sociales. Si utilizáramos los mismos supuestos respecto de la intensidad de uso de los beneficios tributarios para las donaciones destinadas a financiar la actividad política, el costo fiscal asociado a estos beneficios fluctuaría entre 5.877 millones y 8.815 millones de pesos por año.
Repito: para fines sociales, la cifra es de 63.041 millones de pesos, y para la política, entre 5.877 millones y 8.815 millones de pesos.
Así, según la intensidad de uso que alcancen los beneficios tributarios a los cuales se les levantan los límites específicos y la utilización de los nuevos beneficios tributarios respecto de los cuales se legisla, el mayor costo fiscal total adicional producto de las modificaciones a los beneficios tributarios para las donaciones que se establecen en este proyecto, puede fluctuar en un rango de entre 35.862 millones y 71.856 millones de pesos anuales de 2003.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta , entendemos que esta iniciativa forma parte de un acuerdo político importante para el país y, particularmente, el proyecto de financiamiento, control y límite del gasto electoral. Por una cuestión técnica, el proyecto en estudio ingresó a la Cámara de Diputados y no como una indicación al Senado, donde está radicado el proyecto madre.
El financiamiento público está muy ligado a la posibilidad de que particulares hagan donaciones, con límite, a partidos políticos y a institutos. Además, el proyecto agrega una cosa muy relevante, cual es que, conjuntamente con la posibilidad de financiamiento público -como dijo el diputado informante -, se hagan donaciones a instituciones dedicadas a superar la pobreza.
Hecha esta aclaración y en consideración a la existencia de este acuerdo político -que debemos respetar y a cuya concreción hay que ayudar-, a mi modesto entender y sin ser experto, ni con mucho, en derecho tributario, ello no significa que debamos legislar a tontas y a locas -o a tontos y a locos, para que no me rete la diputada señora María Antonieta Saa , por usar sólo el género femenino en ese viejo dicho-.
Digo esto respetuosamente, porque sé que los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tienen la capacidad técnica suficiente para haber mejorado este proyecto; pero no lo pudieron hacer, porque fueron llevados a legislar de manera absolutamente rápida, sin la posibilidad de efectuar un análisis profundo de lo que se propone, a fin de cumplir un plazo que nos autoimpusimos. Si los equipos negociadores de los partidos políticos y del Gobierno tuvieron aproximadamente 90 días para redactar el proyecto, pidamos un lapso parecido, no digo la mitad, para despachar un mejor proyecto de la Cámara. Hay que tener presente que los problemas de interpretación de la ley no se los van a cargar a los negociadores políticos ni al Ejecutivo , sino a los parlamentarios, que, a juicio de la gente, son los que deben legislar y bien. Alguien podría decir que el Senado lo corrija. No me parece aceptable. Además, en varias ocasiones el Senado, en vez de arreglar, ha desarreglado, como lo vimos ayer en un informe que, por unanimidad, rechazamos en la Cámara.
Dichas esas consideraciones, quiero señalar que, de un análisis no profundo del proyecto -incluso, los que vivimos en Santiago, lo hacemos en el automóvil, cuando vamos de vuelta-, se desprenden varias objeciones.
Cómo no va a ser posible que en esta iniciativa, de una vez por todas, se le deleguen facultades al Presidente de la República para que fije un texto sistematizado de todas las disposiciones sobre donaciones y subvenciones, repartidas en la legislación tributaria, como lo señalaba el diputado informante . Cada día cuesta más determinar las disposiciones aplicables. Cómo no va a ser posible otra redacción para el artículo 1º, donde figuran cinco citas a leyes distintas; cómo no va a ser posible conseguir que en el artículo 2º se establezca de manera más clara cuáles son las instituciones donatarias. Sobre la materia, hemos conversado con el diputado Montes algunas cuestiones de fondo, por ejemplo, qué personas no sería bueno que fueran donantes. Cómo no va a ser posible establecer, con mayor fluidez, el límite a las donaciones a los partidos. No está claro qué sucede con el excedente del 4,5 por ciento de la renta líquida imponible. ¿Qué pasa si sobrepasa? ¿Es un gasto rechazado? El texto no indica cómo deberá asumirse esa diferencia. En definitiva, vamos a quedar al arbitrio de las interpretaciones del Servicio de Impuestos Internos. No me parece adecuado. ¿Qué pasa con la frase del artículo 10 que dice: “Sin embargo, en este límite no se incluirá aquél a que se refiere al artículo 8º”? ¿Significa esto que las donaciones a los partidos políticos no se incluyen para determinar el límite del artículo 10? En ese artículo se habla de “aquél”, lo que podría interpretar como límite o como donación.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Diputado señor Burgos , terminó el tiempo que le asignó su bancada.
El señor BURGOS .-
Señora Presidenta , termino refiriéndome al artículo 12. Aquí los sujetos activos de un posible delito, en todos los casos, son personas jurídicas, donantes o donatarios. Se dice: “El que haga tal cosa”. ¿Quién es “el que”? ¿El contador de la empresa, el gerente general, los directores? Así no puede despacharse un proyecto de la Cámara.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , estamos frente a uno de los proyectos que forman parte del acuerdo político logrado entre el Gobierno y los partidos políticos. Se trata de una iniciativa tendiente a modernizar el Estado y a reafirmar las instituciones para entregar una mayor transparencia. Este proyecto también tiene por objetivo unificar y perfeccionar la legislación aplicable a las donaciones y extender sus beneficiarios, incluyendo instituciones dedicadas a la labor social y de apoyo a los partidos políticos.
Se crea un Fondo Mixto de Apoyo Social, que se constituirá con donaciones para fines sociales, el cual aportará recursos a instituciones que estén inscritas en un respectivo registro.
El proyecto tiene por objeto incentivar a las personas jurídicas a realizar donaciones, para lo cual crea nuevos beneficios tributarios, extiende los existentes y uniforma la legislación en la materia.
La iniciativa es parte de la llamada “agenda corta”, que tiene por finalidad el despacho de una gran cantidad de proyectos para modernizar las instituciones del Estado, que van de la mano de un conjunto de otras iniciativas que trataremos en el transcurso de estos días, pero que tienen como objetivo último y esencial dar mayor transparencia a todo lo que tenga que ver con las actuaciones de los organismos del Estado y de la administración pública.
Por eso, nuestra bancada asumió con bastante fervor que, de una vez por todas, nos pongamos a la par con lo que está pasando hoy en distintas instituciones. Hemos avanzado mucho en varios aspectos de nuestra agenda de modernización, dejando de lado, justamente, lo más importante: las modernizaciones del Estado. Por eso, pensamos que este es el momento más adecuado para ponernos al día en esta materia, y que con el paquete de estos nuevos proyectos, que esperamos sean aprobados por la unanimidad de los parlamentarios, lleguemos a conseguir un cuerpo que nos permita lograr modernidad, mayor probidad y mejor gestión, a la altura del siglo XXI, en los organismos del Estado.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta , aun cuando contribuí en el debate en Comisión de este importante y trascendental proyecto, cuya idea matriz es extender los beneficios tributarios, no puedo dejar de intervenir en la Sala para reafirmar que se trata de una gran iniciativa, la cual tuvo, sin duda, como dijo el diputado Burgos , un escaso debate en Comisión. Aunque, si hay consenso sobre una materia, puede no ser necesario tanto debate; lo importante es que quienes participen en la discusión y voten estén bien informados de los proyectos.
La iniciativa es importante para el país. Al respecto, surgen algunas inquietudes de las que quiero hacerme cargo en esta intervención.
Esta iniciativa es parte -como se ha dicho- de un importante acuerdo político entre el Supremo Gobierno y el conjunto de los partidos con representación parlamentaria. En tal sentido, resulta honesto preguntarse si en verdad nos encontramos legislando en nuestro propio beneficio o si, por el contrario, este precepto legal recoge y se hace cargo de una importante necesidad social. De igual forma habrá que preguntarse si es necesario que en un mismo cuerpo legal se entreguen, por una parte, beneficios tributarios a donaciones para campañas y partidos políticos, y, por otra, se extiendan a instituciones que apoyan a personas de escasos recursos o discapacitadas.
Al terminar la revisión del articulado y del mensaje del Ejecutivo que le antecede, se forman opiniones y convicciones de que estamos ante un proyecto valioso.
Tengo la profunda certeza de que la actividad política y el servicio público que entregamos, hoy injustamente desprestigiados, se encuentran directamente relacionados. Por eso, la consecución de estos objetivos sociales fundamentales han llevado a un consenso: queremos reducción de la pobreza, generación de oportunidades, integración social para las personas más vulnerables. Es lo que me he formado como opinión.
El mensaje que su Excelencia el Presidente de la República remitió a esta honorable Cámara afirmaba que en una sociedad democrática, las actividades de interés social y público deben ser responsabilidad compartida entre el Estado y la ciudadanía. Esa es la esencia de la política: entenderla como una actividad necesaria y legítimamente puesta a disposición del ciudadano. La lógica de hacerse responsables Estado y ciudadanos, en forma compartida, se concreta en instrumentos como los consagrados en este proyecto de ley, es decir, a través de la aplicación de beneficios tributarios a las donaciones que realiza el sector privado a actividades meritorias de interés público o social.
¿Qué sentido tiene conjugar en un mismo cuerpo legal el tratamiento tributario de las donaciones en dinero que efectúan las empresas -me refiero a los contribuyentes de primera categoría- a los partidos políticoa y a las campañas electorales, con las donaciones de empresas a la cultura, al deporte, a la educación, a universidades y a instituciones sin fines de lucro, que proveen servicios de apoyo a personas de escasos recursos? Tiene pleno sentido, tanto por un aaspecto de principios como de eficiencia; de principios, porque el ejercicio de un cargo público de representación popular tiene su razón en la articulación y desarrollo colaborativo entre el Estado y la sociedad civil, toda vez que el desarrollo y profundización de la vida democrática requiere que el Estado y la sociedad civil cooperen activamente en las funciones públicas que sostienen nuestra forma de gobierno; de eficiencia, por cuanto es de público conocimiento que existe dispersión y heterogeneidad legislativa, además de cierta asimetría en el tratamiento de los beneficios tributarios, lo que no sólo afecta a los potenciales donantes y donatarios para operar fluidamente con estos instrumentos, sino que también posibilita una lógica poco transparente y, eventualmente, abierta a la comisión de irregularidades en su utilización.
Con este nuevo cuerpo legal se propende a la racionalización y mejoramiento de los controles sobre los beneficios tributarios a las donaciones en general, perfeccionando y armonizando el tratamiento global de las donaciones de empresas, las que tienen derecho a acceder a determinados beneficios tributarios, y se establecen, además, drásticas disposiciones orientadas a evitar abusos en la utilización de estos mecanismos.
En consecuencia, concurriré con mi voto favorable a esta iniciativa, que regula los aportes privados a las instituciones políticas, equiparándose al tratamiento tributario de la donación en dinero que efectúan empresas que, reitero, son contribuyentes de primera categoría. Entonces, para los partidos y campañas políticas vienen estas donaciones, con el tratamiento que reciben y que realizan actualmente instituciones del Estado, lo que importa, entonces, un beneficio tributario correspondiente al impuesto de primera categoría, que no es otro que el de 17 por ciento.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Señor diputado, terminó el tiempo que le asignó su bancada. Le ruego redondear la idea.
El señor JARAMILLO .-
Señora Presidenta, disponemos de 21 minutos.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Sí, señor Jaramillo, pero el tiempo está distribuido entre tres señores diputados.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, soy el encargado por mi bancada de hacer los comentarios respecto del proyecto. Ruego a los señores diputados inscritos tener paciencia.
Como decía, es mi deseo votar a favor el proyecto, que establece que las donaciones de los contribuyentes de primera categoría a proyectos y programas de fundaciones y corporaciones debidamente calificadas, que entregan servicio a personas de escasos recursos o a discapacitadas, tendrán un tratamiento tributario equivalente al vigente para las donaciones a organizaciones deportivas. Esto es, se permitirá a las empresas deducir como crédito tributario un 50 por ciento de los recursos donados a estos proyectos y programas, y se permitirá rebajar de la renta líquida imponible el 50 por ciento restante.
El beneficio tributario que se señala quedará sujeto a que al menos un 33 por ciento de los recursos de la donación se destinen al Fondo Mixto de Apoyo Social, desde donde estos recursos se redistribuirán hacia proyectos y programas de las instituciones calificadas.
El proyecto establece, además, que a este Fondo podrán agregarse, sin derecho a beneficio tributario, recursos adicionales de otras fuentes.
Asimismo, se dispone que el Fondo será administrado por un consejo, presidido por el ministro del Mideplan y compuesto por representantes de las instituciones calificadas para recibir estas donaciones, elegidas por estas mismas instituciones, más un representante de los potenciales donantes. Esto es algo realmente novedoso e importante. El consejo calificará a las instituciones y sus proyectos.
El Gobierno ha entendido que vincular esta clase de materias es posible en la medida en que se ordenan sistemáticamente las donaciones con fines públicos.
Espero que en el debate de la iniciativa -tal como lo hemos hecho en la Comisión de Hacienda, de manera ordenada, sin buscar intereses subalternos o menores y anteponiendo el interés de Chile y de la nobleza que hay en cada una de estas disposiciones, que nos permiten, además de sincerarnos, hablar con la verdad, sin dobleces-, podamos generar los acuerdos amplios que se requieren.
Al terminar, deseo hacer notar una opinión, que comparto, dada en la Comisión por la institución Foro de la Sociedad Civil. Sus representantes plantearon que el fisco renuncia a una parte de la recaudación tributaria que le corresponde para financiar estos beneficios. Si el fisco renuncia no entienden, entonces, por qué se mantiene el secreto sobre estos recursos públicos. Es algo que se podría debatir en un futuro cercano, y tal vez modificar, pero considero interesante la opinión de dicha institución.
Anuncio mi voto favorable y me alegra llegar a acuerdo en un proyecto tan amplio y genérico.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señora Presidenta , debe saber la opinión pública interesada en estos temas que esta iniciativa es muy importante, pues resuelve un aspecto del gasto electoral y del financiamiento de la actividad política; es complementaria del proyecto que el Senado acaba de despachar en relación con esos mismos temas, y establece una legislación referida al financiamiento público en campañas electorales y para partidos políticos.
La opinión pública se ha visto agudamente conmocionada en los últimos meses debido al descubrimiento de actos de corrupción o de irregularidades, que se vinculan, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, con la carencia de mecanismos legales efectivos y transparentes para financiar la actividad política, en particular en los períodos de campaña electoral.
Esta legislación, probablemente, tendrá debilidades o insuficiencias, pero posee el mérito de enfrentar un vacío de grandes dimensiones en el actual sistema político.
Quiero decir a los honorables parlamentarios y a quienes en la opinión pública son críticos respecto del proyecto, que no se debe perder de vista ese mérito esencial. Se está haciendo un esfuerzo que, según entiendo, es compartido por todo el país. Una de las expresiones de este esfuerzo fue el acuerdo suscrito el 30 de enero pasado por todos los partidos con representación parlamentaria para legislar sobre 49 materias, algunas de las cuales están en pleno desarrollo, como, por ejemplo, todo el capítulo sobre alta dirección pública, aprobado por la Cámara de Diputados el jueves pasado y actualmente en trámite en el Senado; el proyecto sobre compras públicas, que probablemente veamos en la sesión de la tarde; el que tiene que ver con la modificación de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional para crear una comisión mixta permanente de presupuesto en el Parlamento. O sea, son modificaciones de amplio alcance, tendientes a avanzar en materias sobre las cuales, en los últimos doce o trece años, luego de restablecido el gobierno civil en nuestro país, no fue posible hacerlo porque no había acuerdo político.
He escuchado a muchos parlamentarios señalar con cierta ironía o con un doble sentido, que respaldan estos proyectos porque “hay acuerdo político”. Esa afirmación tiende a decir como que lo hacen por obligación y a menoscabar el hecho de que en estas materias haya acuerdo político.
Quiero subrayar lo contrario: no fue posible resolver estos problemas, no porque no existieran, sino porque no había acuerdo político. Durante mucho tiempo nos quejamos y estuvimos descontentos porque no se llegaba a acuerdo político respecto de materias muy importantes para el país; pero ahora que lo hemos logrado, igual seguimos descontentos.
Esa lógica me resulta incomprensible y me causa un cierto grado de desconcierto, porque, desde 1990, las fuerzas agrupadas en la Concertación buscaron acuerdos políticos en relación con estas materias; pero ahora que existen, no valoramos el alcance ni la dimensión que tienen.
Es lógico y obvio que el acuerdo alcanzado no puede contener el ciento por ciento de las materias que interesan a las fuerzas de la Concertación, porque es un acuerdo político suscrito con los partidos de Oposición. Para que se concrete, un acuerdo político debe contener materias que representen los intereses de unos y de otros. En consecuencia, en él habrá cosas que agradarán a algunos, y a otros no.
Quisiera subrayar el valor que tiene el hecho de que en Chile se logre configurar las bases de una legislación sobre el financiamiento de las campañas políticas y de la actividad política. Ello ayudará a mejorar la salud del sistema político en su conjunto, en especial algunas áreas grises u opacas que se prestaban para que personas inescrupulosas pudiesen recaudar, percibir o pedir recursos con la excusa de la política, traspasando los límites de la legalidad, métodos y acciones reprobables que hoy es imposible eliminar con la sola aplicación de una ley. Sin lugar a dudas, el espacio en el cual se producen esas acciones ilícitas va a disminuir considerablemente, debido a que se contará con mecanismos para financiar las campañas electorales. Además, los partidos políticos contarán con recursos que les permitirán desarrollar su propia actividad de manera legítima y de acuerdo con el interés de la democracia, cual es que haya un sistema político sano.
Por otra parte, no debemos subvalorar otras disposiciones que son muy importantes. Me refiero a los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, referidos al tratamiento tributario a las donaciones para fines sociales, específicamente en favor de la pobreza y de la discapacidad. No cabe duda de que, en este sentido, se generan mecanismos que hacían mucha falta. El informe de la Comisión de Hacienda dice que en el año 2001 el fisco tuvo 34.451 millones de pesos de menor recaudación, en razón de que diversas entidades se acogieron a las leyes sobre donaciones, en los ámbitos cultural, deportivo, universitario, etcétera. Es una cantidad considerable de recursos que no percibió el fisco.
Por ello, en este proyecto se establecen disposiciones que son esenciales para el adecuado uso de esos recursos. En particular, la que establece que las empresas donantes no pueden recibir contraprestaciones de las entidades beneficiarias de esas donaciones, lo que constituye un avance muy importante en materia de transparencia y probidad, porque las normas actuales se han prestado para abusos, para burlar la ley y, al mismo tiempo, para posibilitar la concentración de parte sustantiva de las donaciones sólo en algunas instituciones.
En consecuencia, es un avance muy importante el hecho de que en este proyecto se genere un Fondo Mixto de Apoyo Social para que las corporaciones y fundaciones puedan postular sus proyectos a fin de luchar contra la extrema pobreza y la discapacidad. Por lo demás, es un instrumento que en este momento no existe.
Existe preocupación de que se piense que se ha legislado con mucha premura. Sin embargo, estas ideas fueron planteadas hace mucho tiempo, pero sólo ahora se generaron las condiciones políticas para resolver esos problemas que estaban latentes. O sea, no fue algo que surgió de un día para otro. La necesidad de crear un Fondo Mixto Social, en favor de la pobreza y de la discapacidad, es un tema que estaba planteado. ¿Cuántas veces el Congreso Nacional ha sido objeto de crítica, por ejemplo, en la gran jornada nacional llamada Teletón, porque durante todos estos años no ha sido capaz de generar un cuerpo legal que permita resolver el problema de financiamiento de esa institución? ¿Cuántas veces se ha recibido esa misma crítica de entidades tan importantes que luchan contra la pobreza, como el Hogar de Cristo?
En suma, estimo que el proyecto representa un avance, y que aun cuando no es perfecto, por la vía de las indicaciones se puede perfeccionar, por ejemplo, en el sentido de que no exista secreto respecto de las donaciones, de que éstas sean públicas. Sin duda, la iniciativa resuelve problemas muy importantes al crear mecanismos transparentes y públicos de financiamiento de la política y herramientas de lucha contra la pobreza, que hoy no existen, que permitirán complementar la legislación vigente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señora Presidenta , sin duda, tal como se ha señalado, en este proyecto encontramos la solución a situaciones que permanentemente se han planteado en el Congreso Nacional. Cómo no va a ser positivo que, desde el punto de vista social y público, se extiendan los beneficios de carácter tributario a nuevas actividades.
Muchas veces hemos recibido sugerencias e inquietudes en nuestros distritos. ¿Por qué no se legisla, por ejemplo, para que a determinada institución, con un fin social específico, se le asigne algún beneficio?
Hoy se amplían estas oportunidades a instituciones sociales dedicadas a combatir la pobreza y la discapacidad. Con ello se llena un vacío en la legislación y se da un paso importante en la solución de los problemas de quienes enfrentan estos dramas sociales.
En este cuerpo legal se armonizan los beneficios tributarios para donaciones en favor de actividades como el deporte, la educación y la cultura, con las que favorecen el combate a la pobreza, la discapacidad y la política.
Una de las discusiones que se dio en la Comisión de Hacienda fue si era sano o no establecer que un 33 por ciento de las donaciones que iban a organizaciones con fines de carácter social para combatir la pobreza, fuese a un fondo mixto, de carácter social y redistributivo.
Uno de los argumentos que se dio -con mucha razón- fue que las personas que efectúan aportes con fines específicos, quieren saber hacia dónde va y en qué se emplea su aporte. Ello, porque cuando existe un fondo común, muchas veces se pierde el control o seguimiento de la donación.
La creación de este fondo contribuye a una mayor igualdad de oportunidades, porque algunas instituciones tienen mayor presencia en la sociedad, mayor capacidad de difundir sus programas y de conseguir recursos. Otras, en cambio, cumplen los mismos objetivos, pero carecen de esas opciones, posibilidades y dinámica para realizar campañas públicas interesantes para conseguir recursos.
Por lo tanto, a través del Fondo Mixto de Apoyo Social, las instituciones dedicadas a presentar proyectos para combatir la pobreza y la discapacidad, así como aquellas orientadas a fomentar la cultura, podrán acceder a estos recursos, y las empresas que entreguen aportes obtendrán cierto tipo de beneficios de carácter tributario.
¿Cómo se regula la administración de este Fondo? Con la creación de un consejo, integrado por personeros relevantes del ámbito público y privado, que, previa calificación de las entidades que postulen, podrá resolver la asignación de recursos del Fondo.
En esa perspectiva, estamos frente a un proyecto que, si bien está dentro del contexto de un acuerdo político en relación con iniciativas tendientes a dar más transparencia a determinado número de actividades y en relación con los aportes a diferentes organizaciones, también amplía la gama de posibilidades para apoyar a instituciones que combaten la dureza de la pobreza y entregan sus mejores esfuerzos a quienes sufren algún grado de discapacidad.
En la Comisión de Hacienda también se planteó que, tal como existen beneficios para las personas jurídicas, por qué no ocurría lo mismo en el caso de las personas naturales que colaboran principalmente con este tipo de organizaciones. La respuesta fue absolutamente razonable; en primer lugar, fiscalizar y controlar aportes a nivel de personas naturales complica la dinámica del sistema, y en segundo lugar, el beneficio de carácter tributario es muy menor y, en ningún caso, incentivará o desincentivará los aportes de personas naturales.
En definitiva, se trata de un proyecto interesante, en el cual hay acuerdo de todos los sectores políticos y que, de una u otra forma, contribuirá a dar solución a problemas que se arrastran por muchos años.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , el proyecto que discutimos es de suma importancia. Se van a modificar más de 10 leyes dictadas a partir de 1973. Estamos hablando de un gran potencial de recursos, más de 208 mil millones de pesos, y de potenciales donaciones por 80 mil millones de pesos sólo para campañas políticas. Es decir, no es banal lo que hoy estamos legislando. Se está refundiendo la legislación existente, que hoy tiene dos enfoques para las donaciones: uno, de interés público, por el que, en virtud de una ley dictada en 1973, los agentes privados pueden entregar donaciones al Estado, y otro, en favor de la Corfo. Estas donaciones al Estado no tienen contenido social.
Están las leyes vigentes de interés social: donaciones a las universidades, a las escuelas, a instituciones deportivas y culturales. Hoy se agrega una tercera área de donaciones: a los partidos políticos y al financiamiento de las campañas políticas. En estos momentos estamos analizando las exenciones, y en las próximas horas será el financiamiento directo que hará el Estado. Por lo tanto, las donaciones y exenciones quedarán dentro de un mismo marco legal.
Sin embargo, la discusión ha sido demasiado rápida y empiezan a surgir muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando una empresa o corporación, sobre la base de su tope, 1 por ciento de la renta imponible, determine aportar, por ejemplo, pasadas las fiestas del 18 de septiembre -normalmente, las elecciones se llevan a cabo entre octubre, noviembre y diciembre-, 20 millones o 30 millones de pesos a algún partido político, campaña o candidato a alcalde o concejal? Lo hará sobre la base de su estimación de la renta líquida imponible.
¿Y que sucederá si se equivoca y de ahí a fin de año no le da la renta líquida? Sencillamente, quedará sobreentregado en una exención que no le corresponde. Hoy día, de acuerdo con la legislación tributaria vigente, tendría que pagar no sólo el impuesto correspondiente, sino, además, impuestos adicionales, multas e intereses. En fin, hay una serie de aspectos que no están definidos en el proyecto.
Pero, peor aún -voy a dar un ejemplo que no es tan malo-, ¿qué sucederá si una persona tiene inversiones en Perú, Brasil o Paraguay y se produce una devaluación del dólar, un conflicto bélico o un cambio de gobierno en noviembre o en diciembre? La empresa se le caerá y sufrirá pérdidas a fin de año. Sin embargo, usando este uno por ciento, se acogerá a la exención tributaria, en circunstancias de que no le correspondía hacerlo porque no tendría renta líquida. ¿Qué hacemos con esto en los próximos años?
De manera que se trata de un tema que amerita presentar una indicación, aparte de otras que se han conversado con el Ejecutivo , lo que justifica que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda a fin de estudiar allí las indicaciones que se presenten y continuar con su discusión en la sesión de la tarde.
El proyecto habla también de corporaciones; pero entiendo que se trata de aquellas del sistema del Ministerio de Justicia. ¿Por qué no tienen derecho a recibir donaciones las instituciones de discapacitados o relacionadas con la pobreza o con la drogadicción de San Antonio o de cualquier otra de las comunas más pobres? Allí hay organizaciones y corporaciones que tienen rut, que trabajan con el municipio, pero que no están necesariamente inscritas en Santiago. ¿Por qué ellas no pueden recibir donaciones? ¿Por qué sólo pueden recibirlas las multinacionales o las grandes corporaciones que si bien tienen fines sociales, ya cuentan con un prestigio y una historia? Eso también es injusto.
Existen varias otras dudas respecto del proyecto, pero no las voy a reiterar, porque ya se refirieron a ellas otros diputados.
En el aspecto financiero, se dice que los aportes a las campañas y a los partidos políticos deben estar bajo el secreto tributario. Perdónenme, pero lo único que hemos hecho en el Congreso Nacional en los últimos meses es hablar de probidad y de transparencia, ¿Por qué los aportes a los partidos o a los candidatos deben hacerse bajo el “secreto del sumario?”. ¡Deben ser públicos y transparentes para que todo el mundo los conozca! Tal como ocurre con el proyecto sobre transparencia en el financiamiento de campañas electorales y de los partidos políticos, que deberá llegar del Senado en las próximas horas, también las exenciones tributarias deben ser de conocimiento público, de manera que la gente sepa quiénes han hecho aportes. Además, hay que evitar las concentraciones. Fíjense que de los 36 mil millones de pesos que el año pasado entregó el fisco, la mitad fue a las universidades. Es decir, se producen concentraciones. Por eso, queremos que la ciudadanía sepa en qué candidatos que representan a ciertos grupos económicos, regiones o comunas se produce la concentración. Eso tiene que ser transparente.
Se calcula que, en las condiciones actuales, el potencial aporte del fisco a las campañas políticas, vía exenciones tributarias, que son recursos que no recauda, sería de 18 mil millones de pesos. Como esto, en promedio, se calcula sobre la renta líquida imponible -el 17 por ciento en régimen de tributación de las empresas, más el global complementario, donde se vuelve a deducir-, se llega a un 22 ó 25 por ciento. Es decir, los 18 mil millones se transforman en 80 mil millones de pesos. Ése es el potencial aporte que, en las próximas campañas electorales, tendríamos sobre la mesa. ¿No queremos que exista mayor control sobre eso?
Tal como se hace con todos los objetivos sociales relacionados con la pobreza, ¿por qué no se crea un fondo, equivalente al 33 por ciento de los aportes de las empresas para el financiamiento de las campañas electorales, destinado a ir en ayuda de los candidatos que nada reciben? ¿Por qué esa discriminación? Tal como lo hacemos con las organizaciones sociales, para impedir que se produzca concentración y discriminación, también se debería destinar un tercio de los recursos para que sean distribuidos con criterios objetivos entre los candidatos que no están recibiendo nada.
A pesar de que son muchas las interrogantes que nos quedan, vamos a respaldar la iniciativa, porque hay un acuerdo político. Además, aún no conocemos el proyecto de ley sobre transparencia en el financiamiento de campañas electorales, que está en el Senado, que se refiere a situaciones similares. Sin tener esa iniciativa sobre la mesa, podríamos estar aprobando algo que se contraponga con esa iniciativa. Quizás la salida sería que el Ejecutivo elaborara un reglamento claro, que considere todas estas dudas, para que el proyecto sea funcional.
Por lo tanto, pido que, en atención a las indicaciones que presentará el Ejecutivo y a las que he sugerido, el proyecto vuelva a primera hora a la Comisión de Hacienda, de manera que las analice y las votemos en la Sala en la sesión de la tarde, antes de tratar el proyecto relativo a las compras públicas. Creo que esta materia amerita mayor discusión.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Existe un acuerdo de Comités, en cuanto a continuar con la discusión de este proyecto por el tiempo acordado, pero dejando pendiente su votación, a fin de que la Comisión de Hacienda pueda analizar las indicaciones formuladas, a las 15.00 horas, como lo solicitó el diputado señor Lorenzini, y votarlo en el primer lugar de la sesión de la tarde.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señora Presidenta , estamos ante un proyecto muy importante que establece cosas inéditas en nuestra historia económica y que tendrán un profundo impacto en el país.
En primer lugar considera, por primera vez, la posibilidad de que existan donaciones destinadas a combatir la pobreza y a ayudar a los discapacitados.
La mayoría de las empresas, que tienen un espíritu solidario muy importante, hasta antes de la presentación de este proyecto, carecían de la posibilidad de hacer donaciones con ventajas tributarias, orientadas a estos dos nobles propósitos: combatir la pobreza y ayudar a las personas con algún tipo de discapacidad. Es algo que se establece por primera vez en nuestra legislación, y me parece muy bien que sea así.
En segundo lugar -y esto ha pasado un poco inadvertido en el debate-, se elimina una serie de obstáculos que restringían las donaciones destinadas a otros fines: culturales, educacionales y deportivos. Había una serie de topes, la mayoría de ellos relacionados con sumas de dinero, que conducían -repito- a que los recursos que finalmente llegaban a esos otros nobles propósitos no fueran cuantiosos.
Lo que hace el proyecto es eliminar estos topes y establecer un porcentaje máximo de 4,5 por ciento de la renta líquida tributable de una empresa, que podrá ser donado para los fines mencionados. Me parece bien, y creo que es un paso en la dirección correcta, porque simplificará el procedimiento legal relativo a las donaciones y permitirá que las empresas hagan mayores donaciones destinadas a diversos nobles propósitos.
Sin embargo, hay dos aspectos del proyecto que me preocupan. Ya ocupé algunos de los escasos minutos de que dispongo en elogios, y destinaré los restantes a formular dos preocupaciones.
La primera, que no ha sido mencionada, dice relación con que se elimina la posibilidad de que las empresas o estudios de profesionales hagan donaciones a universidades, con el fin de que logren un mejor capital humano, mediante la capacitación de sus trabajadores y profesionales en el país o en el extranjero. Este sistema se usa ampliamente en la actualidad; pero, según una de las disposiciones del proyecto de ley, se corta de raíz. Esto constituye una injusticia respecto de lo que ocurre en el sector público, donde a muchas personas que van a estudiar al extranjero o que estudian en el país se les mantiene el sueldo mientras estudian y, muchas veces, se les otorgan becas que ayudan a su mantención y a la de sus familias. En nuestro país existe un sistema privado que fomenta la formación de capital humano que está operando bien; pero, con la aplicación del proyecto se interrumpirá abruptamente.
El Gobierno ha dicho que el sistema se presta para malas prácticas. Puede ser; por eso, somos partidarios de corregirlo y de transparentarlo. Por ejemplo, se puede corregir, de manera que las donaciones para educación no sean entregadas a parientes. También se puede transparentar, para que se sepa que el objetivo de las donaciones es mejorar la educación de trabajadores, profesionales y ejecutivos de las empresas privadas en Chile. Lo cierto es que hay una gran cantidad de personas que estudian bajo este paraguas que hoy estamos eliminando con este proyecto de ley.
Debemos ser creativos y pensar en una forma de mantener este incentivo a la educación, evitando las malas prácticas, en caso de que existan. Por ejemplo, se podría considerar la posibilidad de que el beneficio tributario que se impute como consecuencia de la donación para estudios, se transforme en un crédito a largo plazo para el beneficiario. De esa manera, el fisco no tendría que asumir el costo originado por las donaciones y podríamos continuar con una práctica que ha sido tremendamente beneficiosa para el país.
En segundo lugar, me parece que el fondo redistributivo -el Gobierno ha hecho mucho hincapié en la necesidad de redistribuir los recursos destinados a combatir la pobreza- tiene un aspecto positivo y otro negativo. El positivo es que redistribuye, y estoy de acuerdo con eso; el negativo es que me da la impresión de que disminuirá el monto absoluto de las donaciones, porque, lamentablemente, muchos donantes reducirán su aporte solidario en la medida en que no puedan dirigir absolutamente el destino de su donación. Yo habría considerado este fondo sólo para las donaciones hasta cierta cantidad, de manera de no limitar el monto de las donaciones mediante el establecimiento de un esquema distributivo.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta, en primer lugar, comparto lo señalado por el diputado Escalona en cuanto a que el proyecto apunta a modernizar el Estado. Hay distintos proyectos que buscan traducir esa modernización, entre otras cosas, para que el financiamiento de la política sea más transparente.
Me preocupa, sí, la manera en que estamos legislando. Cuando vemos un proyecto que busca el silencio administrativo para el viejo Estado, sin pensar en el que viene, en el que queremos para el futuro, pensamos que eso podría mejorarse. Cuando vemos una alta dirección pública como la única fórmula, en que el problema se hace recaer en la selección de los altos cargos, en circunstancias de que lo que importa es hacer un seguimiento de su gestión -lo principal no es la selección-, decimos que falta más debate.
En este caso, hay un acuerdo político para aprobar una ley que otorgue franquicias tributarias, pero eso no implica no discutir el tema. Lamento lo ocurrido en la Comisión de Hacienda, cuyos miembros ni siquiera pudieron leer el proyecto. Eso es malo, porque pueden producirse errores; una cosa es tener un enfoque general, y otra muy distinta traducirlo en el texto.
El proyecto consta de tres partes. Primero, todo lo relativo a la regulación del sistema de franquicias tributarias; segundo, las donaciones para fines sociales, y tercero, las donaciones para fines políticos. Entonces, lo primero que uno se pregunta es por qué estos tres temas se abordan en un solo proyecto; qué sentido tiene tratarlos en conjunto, cuando pudieron tratarse perfectamente como temas distintos porque tienen diferentes características.
Respecto de la regulación del sistema de franquicias tributarias, a diferencia de lo que piensan otros, quiero ser muy franco y decir que no me parece justa ni democrática la democracia tributaria en un país como Chile. Estados Unidos es un país diferente al nuestro; en Chile no es justa ni democrática, porque hay empresarios muy politizados y sobreideologizados que sólo les dan a quienes piensan como ellos. No se tiene en vista el fin que se persigue, sino a quien lo hace. Eso no se puede desconocer. Muchos grupos económicos se dan a sí mismos y crean instrumentos para beneficiarse directamente.
En todo caso, como decía el diputado Escalona, en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 se avanza en regulación, y de manera importante.
El límite global de 4,5 me parece muy importante. Es harta plata, sí; son 317 mil millones de pesos del arca pública, acompañados con otra parte que es privada.
También se regulan las contraprestaciones. Efectivamente, hay mucho dolo en esto. Se hacen donaciones, siempre y cuando se le den becas a la gente de determinada empresa. En fin, existen distintas maneras de compensar. Pero hay que dejar en claro que si bien es cierto se avanza mucho en esto, no se resuelve la excesiva concentración de las donaciones en pocos grupos económicos. En la práctica, se dan a sí mismos. Según el propio informe, en la educación superior, el 50 por ciento de los recursos va a cuatro instituciones. En cultura y en el resto de la educación, en gran parte, va el 8 ó el 9 por ciento.
Las donaciones para fines sociales también son valiosas y resuelven compromisos del Presidente Lagos con la Teletón y el Hogar de Cristo. Me hubiera gustado una ley para ambas instituciones, específicamente.
Tal como está planteado esto, hay rigideces. Por ejemplo, no se permite que sean objeto de donación aspectos como la violencia intrafamiliar. ¿Qué entendemos por pobreza en esto? ¿563 puntos en la ficha CAS? ¿Qué pasa con quien está un poco más encima? ¿Por qué eso no se puede incorporar en un proyecto como este, de modo que más personas tengan acceso a franquicias.
Además, la mayor parte de las organizaciones sociales que trabajan con discapacitados no son ni corporaciones ni fundaciones. ¿Las vamos a dejar afuera? ¿Y por qué, si son ellas, justamente, las que están trabajando en esto?
Tengo dudas, y pondré un ejemplo aunque no guste. ¿Qué va a ocurrir con la fundación La Vaca antes de las elecciones? ¿Va a poder recibir todas estas platas? ¿Por qué no se establece una norma que diga que, tres meses antes de las elecciones, no pueden recibir donaciones instituciones de un claro sesgo político, como La Vaca?
Esa fundación no presta servicio a toda la gente. En mi distrito, el alcalde Zalaquett, de la UDI, manda a su gente, a su clientela o a los que quiere que sean su clientela a la fundación La Vaca. Muchas veces sus "pedidas" no han sido aceptadas porque parece que manda mucha gente.
Se debería poner una restricción, porque se va a legislar para todos.
Lamento que el compromiso del Gobierno, en cuanto a crear un fondo público para el desarrollo de la sociedad civil, no se aborde en este proyecto. Ese es otro tema. Son fondos públicos para apoyar el proyecto de desarrollo de la sociedad civil. La ley de casinos y, en general, de los juegos de azar debería ser una oportunidad. No puede ser que durante trece años la plata de la Polla vaya a Cema Chile, que ni siquiera existe.
Finalmente, quiero hablar de las donaciones para fines políticos. Llamemos las cosas por su nombre: se trata de blanquear las platas con fines políticos que, en general, recibe el sistema, en particular la Derecha y secundariamente los otros. Se dice que es el precio que se paga por el financiamiento público de las campañas. El precio por legalizar el sistema de donaciones es de diez mil millones de pesos de financiamiento público.
Es probable que en la repartición de esos diez mil millones vayan mitad y mitad. Pero la Derecha, además de la parte pública, va a recibir donaciones mayores y con seguridad también de otras fuentes. ¿Va a ser completamente transparente? ¿Sabrán los chilenos quince días antes de votar cuánto dinero recibió y quién lo dio a cada uno de los sectores políticos? Es un requisito, pero no está en el proyecto. Hay una transparencia medio rara.
Pido que el Gobierno presente una indicación para que todo quede claramente explícito y transparente, única manera de que sepan los votantes quién donó, a quién y cuánta plata. ¿Esta donación es enteramente privada o tiene un componente público? Tiene un gran componente público, por cuanto el 20 por ciento de lo que se done para fines políticos es público.
El proyecto estima en 17 mil 630 millones el techo potencial de la parte pública. Es mucha plata; y además, está la privada, que alcanza otros 70 mil millones. O sea, estamos cambiando diez mil millones por 85 mil millones. Realmente no está muy clara la manera en que se plantea esto.
Con un criterio de justicia y de equidad democrática, ¿por qué la parte pública no va a un fondo de redistribución, porque son impuestos públicos? Claro, si hay una donación, la parte que corresponde a fondos públicos va a un fondo de redistribución, que se distribuye entre los distintos componentes. No tiene sentido que los impuestos, que se descuentan, vayan a cualquiera.
En cuanto a la transferencia dolosa de recursos de la empresa a la política, es frecuente que un grupo económico transfiera recursos a una campaña, a través de mecanismos como un contrato fraudulento, por medio del cual supuestamente se paga por un estudio, una asesoría o por algo intangible, porque no está considerado.
Tampoco están consideradas las transgresiones, pues sólo existe una sanción tributaria y no una pena no tributaria, o sea, se trata de plata política que se usa para otras cosas.
Por último, las empresas públicas no pueden donar dineros para estos fines. Tampoco las aefepés, las isapres, las cajas de compensación y las mutuales. Si manejan platas de todos los chilenos, ¿por qué no se incorporan en el proyecto?
Por lo tanto, pido que el proyecto vuelva a la Comisión, a fin de estudiarlo y perfeccionarlo con calma -ni siquiera tiene urgencia-, por cuanto adolece de defectos que van a condicionar la política por muchos años.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , comparto lo señalado por el diputado Escalona , en el sentido de que siempre la coalición de Gobierno ha querido regular el financiamiento electoral o la actividad política. Por eso, creo que es tremendamente valorable que por fin, después de tantos años, se legisle al respecto.
Incluso, mociones que en su oportunidad presentaron sobre la materia los ahora ex diputados Elgueta y Aylwin , no tuvieron los votos suficientes.
Sin embargo, no puedo dejar de manifestar algunas dudas, en el entendido de que contribuirán al perfeccionamiento del proyecto.
Específicamente, me refiero al Fondo Mixto de Apoyo Social, al que también hice mención en la Comisión de Hacienda. No me parece adecuado restringirlo exclusivamente a la pobreza y a la discapacidad, opinión que nada tiene que ver con que el Hogar de Cristo, la fundación Las Rosas o la Teletón reciban donaciones. Ojalá reciban más. Pero, sin duda, existe una serie de instituciones, con fines tan nobles como las que he mencionado, que trabajan con gente que no está en situación de extrema pobreza.
Tal como alguien señaló en la Comisión de Hacienda, habría que dilucidar qué se entiende por pobreza. ¿Aquellos que están bajo la línea del puntaje de la ficha CAS? Porque el resto no podrá acceder a los beneficios. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una donación a Bomberos o a una institución que se dedica a promover la educación en sectores desprotegidos socialmente, no podrá acceder a la franquicia tributaria.
Por lo tanto, me surge una gran interrogante, que, de alguna manera, el diputado Montes la recogió cuando señaló que esto no puede interferir en el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones civiles.
Entiendo que existe un acuerdo político -ha llevado mucho tiempo construirlo- a fin de que estas materias se puedan debatir en la Cámara. Sin embargo y tal como lo han señalado otros colegas, no es bueno debatir en un tiempo tan breve un proyecto de esta envergadura, el que no sólo tiene un carácter estructural, sino que cambiará la política en Chile. Más allá de ciertas intervenciones que se han centrado en su diseño o en situaciones de carácter jurídico formales -entre ellas, la del diputado señor Burgos -, debemos reflexionar en cuanto a la forma en que estamos legislando.
Concurriremos con nuestro voto favorable, pero creo que debemos recoger las críticas formuladas, sobre todo considerando que algunos proyectos pendientes apuntan en el mismo sentido.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz por cuatro minutos.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , valoro el acuerdo político sobre esta materia. El último día de enero de este año, la directiva del Partido Demócrata Cristiano firmó un compromiso para tratar 49 proyectos durante el año, alrededor de 14 de los cuales debían ser despachados antes del 21 de mayo. Cuando uno forma parte de un conglomerado político, debe respetar los acuerdos que éste adopta.
Como integrantes de la Comisión de Hacienda, hemos intentado llevar adelante el trabajo que nos corresponde desde el punto de vista legislativo. En su momento, los entonces diputados señores Andrés Aylwin y Sergio Elgueta impulsaron la idea de transparentar el financiamiento de las campañas políticas, empeño que, sin embargo, no tuvo acogida en la Cámara.
El proyecto se refiere a beneficios tributarios por donaciones a campañas y a partidos políticos. Las donaciones estarán sujetas a un límite global anual por empresa de 1 por ciento de la renta líquida imponible, lo que se traduce en un aporte cercano a los 100 millones de dólares.
Se podrán efectuar donaciones a institutos de formación política, las que estarán sujetas al mismo tratamiento tributario y procedimientos establecidos para los partidos políticos. Cada conglomerado podrá identificar un instituto asociado que estará afecto a este régimen especial. Ello significa poner término a una discriminación en este ámbito, pues, en la actualidad, sólo algunos partidos cuentan con institutos asociados. Además, su financiamiento será transparente.
En cuanto a los aportes a las instituciones sociales y al Fondo Mixto de Apoyo Social, los actuales recursos provenientes de donaciones a instituciones deportivas o de educación superior seguirán vigentes y no disminuirán. Por el contrario, el proyecto propone la posibilidad de aumentarlos.
Se acogen disposiciones que perfeccionan y armonizan el tratamiento global de las donaciones de empresas que tienen derecho a acceder a beneficios tributarios de cualquier especie, y se fijan otras orientadas a evitar abusos en la utilización de estos mecanismos. Para armonizar los diversos regímenes, se establece un límite global por empresa, adicional al límite fijado para las donaciones a la actividad política.
Es un paso positivo respecto del cual están dando fe y cumpliendo con su palabra todos los partidos políticos con representación popular, tanto de Gobierno como de Oposición.
Por eso, yo, al menos, voy a votar favorablemente, en general, el proyecto. En la tarde trataremos cuatro indicaciones que va a presentar el Ejecutivo para perfeccionarlo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , este proyecto me produce sentimientos encontrados. Nada mejor para el país que legislemos sobre las donaciones, tema que ha sido motivo de tanta controversia en el pasado. Costó introducir esa idea en nuestra sociedad, como país moderno. Se pretende que las donaciones tengan la virtud y el mérito de ir en beneficio de las personas a quienes se desea beneficiar. Como sabemos, hoy los tributos de los chilenos van a una arca fiscal, y al pasar por el aparato administrativo del Estado, de cada cien pesos destinado a la red social, sólo veinte llegan a la gente que se desea beneficiar.
Sin duda, el mérito del proyecto sobre donaciones es eliminar esa traba intermedia y permitir que esos fondos vayan directamente a los beneficiados. Es decir, estamos cambiando 20 por ciento de eficiencia por 67 por ciento de eficiencia, desde el momento en que el 33 por ciento de la donación irá al Fondo Mixto de Apoyo Social.
Sin embargo, no estoy de acuerdo en que exista dicho Fondo. Creo que estamos pecando en el sentido de crear fondos de administración central cada vez que hay un beneficio o ciertos recursos económicos, puesto que sabemos que el Estado es ineficiente para administrarlos.
Como digo, la iniciativa me produce sentimientos encontrados. Es bueno, y habla muy bien del país, que legislemos para favorecer a la pobreza y a la discapacidad, dos situaciones que, sin duda, hieren el alma nacional. Pero, aquí, además, se mezclan cosas que no deberían mezclarse. En eso no puedo sino estar de acuerdo con el diputado Montes cuando dice que estamos mezclando aspectos sociales con políticos. Obviamente, lo que dice relación con beneficios tributarios destinados a financiar actividades de carácter político debería estar en un cuerpo separado.
Este proyecto es importante, necesario, pero así como se ha redactado, debe ir nuevamente a Comisión para ser depurado mediante la revisión de algunos aspectos que aparecen más bien negativos.
Anuncio mi voto favorable en la votación en general.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra, por nueve minutos, la diputada Carolina Tohá.
La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , en esta discusión, uno advierte inmediatamente que a muchos parlamentarios de la Concertación les cuesta respaldar el proyecto. Quizás, si hubiéramos elaborado nosotros la iniciativa, la habríamos redactado de otra manera. Pero, me pregunto -es el ejercicio que todos debemos hacernos-, ¿no es éste uno de esos casos en que tendemos a ver el vaso medio vacío y sentimos como que no lo hemos llenado, en circunstancias que antes estaba totalmente vacío? Hasta que no se despache esta materia y no legislemos sobre la que regula la transparencia y el límite del gasto electoral y el aporte público a las campañas, seguiremos teniendo en Chile un sistema de financiamiento de la política totalmente desregulado, opaco, que permite la evasión tributaria en el financiamiento de las campañas parlamentarias, especialmente de algunos sectores, donde no existe ninguna medida de equidad ni de transparencia.
Por cierto, ésta es la parte del acuerdo que a muchos de nosotros nos gusta menos. Quizás la hubiéramos querido distinta; pero es muy cómodo y fácil, cuando hay un acuerdo gracias al cual, al final, el país gana, darse el gusto de criticar lo que no nos gusta sin asumir que esto es lo que nuestro sistema político ha sido capaz de construir. Es el acuerdo que, entre todos, logramos construir, en el que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Logramos que se recogieran nuestros puntos de vista en muchos aspectos, pero no así en otros. La historia dirá si el resultado fue mejor o peor de lo que teníamos. Mi impresión es que esto es un salto sustantivo respecto de la actual situación. Lo vamos a comprobar en la próxima elección municipal, cuando se apliquen límites a los gastos de las campañas, cuando los candidatos reciban un aporte público; incluso, cuando los más pobres reciban reconocimiento y apoyo fiscal por los votos que obtengan; cuando exista la obligación de registrar todos los aportes a las campañas y cuando existan mecanismos que regulen las donaciones de las empresas. Estas medidas impedirán que el dinero controle todo.
Es cierto que hubiera preferido que las empresas no hicieran donaciones; pero no voy a dar las razones, porque en la negociación política, con todos los sectores con representación parlamentaria, no hubo acuerdo en ese punto. A lo mejor podremos rediscutirlo el día de mañana; pero hoy hemos dado un salto sustantivo.
En la materia que estamos discutiendo, quizá en la que menos nos gusta -reitero-, hemos dado un salto hacia adelante, porque debemos compararla con la realidad de hoy, cual es que las empresas, a través de boletas fraudulentas, “visten” sus donaciones como gastos. Eso se va a terminar cuando el proyecto se transforme en ley, ya que las donaciones van a quedar registradas. Por cierto, las empresas no van a pagar impuestos por ellas; pero tampoco van a tener una franquicia, por cuanto sólo las van a imputar como gasto, legal y transparentemente.
Es importante que nos pongamos de acuerdo respecto de qué va a pasar con quienes no cumplan con estas disposiciones y sigan boleteando. Al respecto, el Ejecutivo está estudiando una indicación -que esperamos presente en la tarde y sea aprobada- con el objeto de que quienes, a pesar del mecanismo creado por el proyecto, continúen utilizando la actual modalidad, serán acusados de cometer fraude en contra de la sociedad y no resolverán su problema con sólo pagar los impuestos que evadieron, sino que, como dije, éste sea considerado un delito tributario, que se castigue con una sanción grave, como pena de presidio.
Comparto, especialmente con mis colegas de la Concertación, la necesidad de mejorar en el marco de estos beneficios tributarios, el sistema de franquicias tributarias. Porque se mezclaron cosas que aparentemente no tienen que ver entre sí. Pero, ya que vamos a legislar sobre franquicias -porque consideramos conveniente resolver los líos que tenemos con ellas-, resolvamos la injusticia que significa que si habrá beneficios para la política, para la educación, para la cultura, para el deporte, no haya ningún tipo de beneficio tributario para los aportes a la labor social. Aprovechemos este proyecto para regularizar eso y para que también en esos casos se pueda tener acceso a un beneficio.
Varios diputados pensamos que esta iniciativa debiera haber sido más amplia, no sólo circunscrita a la pobreza, sino que a todo tipo de acción social. Por razones de control y de acotar un poco el beneficio, porque esto tiene un costo para el fisco, se llegó a un proyecto más restrictivo; pero es importante que en las indicaciones del Ejecutivo -se lo hemos sugerido- no se establezca que las organizaciones que participen de este beneficio tengan como única finalidad combatir la pobreza; que ésa sea una de sus finalidades, pero no la única, porque eso va a dejar afuera a gran número de organizaciones. Por ejemplo, en el caso de una organización que trabaje contra el consumo de drogas, su finalidad, obviamente, no es combatir la pobreza. Según la norma, quedaría excluida. A través de la indicación, eso se va a ampliar, y dicha organización, cuando promueva iniciativas contra la drogadicción en sectores marginales del país, va a poder acogerse al beneficio.
Muy importantes también son las organizaciones que promueven la capacitación de la gente pobre. Los más humildes, los que se organizan y trabajan para superar su condición, no están incluidos entre las organizaciones beneficiarias de donaciones. Estamos conversando acerca de esto con el Ejecutivo -esperamos que esa inquietud se plasme, a través de una indicación, en la tarde- para que esas organizaciones puedan postular a través del Fondo Redistributivo; no a través de la donación directa que hace el privado, porque se podría prestar para malas prácticas, para favorecer a organizaciones que se arman rápidamente, por lo que tienen una institucionalidad muy frágil y poco controlable.
Algunos parlamentarios han argumentado en contra del Fondo Redistributivo. Su sentido es evitar que los pocos privados que ocupan estas franquicias, que son las empresas y los sectores sociales ligados a ellas, controlen y determinen a las organizaciones beneficiarias. Es lo que la experiencia nos muestra. Es lo que pasa con las donaciones educacionales, en que un grupito de beneficiarios se lleva todo. A través del Fondo Redistributivo no le vamos a dar la plata al fisco, sino a las organizaciones de la sociedad civil que no fueron beneficiadas por los donantes y que tienen programas meritorios; a las que no tienen capacidad de hacer relaciones públicas o los fondos suficientes para darse a conocer, para que puedan fortalecerse. Al respecto, es muy importante lo que mencionó el diputado Montes. En su momento veremos, cuando discutamos la ley de participación ciudadana, con qué mecanismos vamos a contar para apoyar a la sociedad civil en un sentido más amplio; no con iniciativas que buscan combatir la pobreza, sino con la organización de la sociedad para ser parte del debate de los temas de interés público. Ese tema tiene otra sede; no lo mezclemos con éste. Pero también dejemos claro que sigue teniendo su propio mérito.
También es importante resaltar que mediante este proyecto estamos adoptando una serie de medidas para evitar abusos en la entrega de estas franquicias y beneficios tributarios. Hoy sucede -no es que “se dice que sucede”- que muchas empresas hacen donaciones a organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, a través de un proyecto cultural o educacional; pero, en realidad, esas organizaciones prestan servicios a la empresa donante. Esa no es una donación, cuyo principio básico es la gratuidad; ese es un negocio. Yo le doy plata a usted y usted me presta un servicio. Con esta futura ley eso va a quedar controlado, sancionado, lo que hará que el sistema de donaciones sea de verdaderas donaciones y no de negocios disfrazados de donaciones, como, lamentablemente, hemos conocido varios.
En definitiva, con este proyecto de ley -partiendo de la base de que muchos de nosotros, quizá, no lo hubiésemos considerado de haber legislado solos- hemos avanzado en hacer transparente un sistema, que hoy podemos presentar a la ciudadanía, para controlar los abusos en las donaciones políticas.
También estamos legislando para dar coherencia y mejor funcionamiento al sistema de franquicias en general, poniendo límites claros: de 4,5 por ciento de la renta líquida imponible de los contribuyentes que realicen donaciones para financiar proyectos o programas de corporaciones o fundaciones, y de 1 por ciento de la renta imponible de quienes las efectúen a entidades de carácter político.
Por lo tanto, el proyecto es un avance y tenemos que votarlo de buena gana, no de mala gana. Como siempre, las leyes no son las que hubiéramos hecho solos en nuestros escritorios: son aquellas que somos capaces de formular entre todos y, en este caso -reitero-, éste es un avance muy importante para la calidad y la transparencia de la política en Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Walker.
El señor WALKER.-
Señora Presidenta , más allá de las opiniones respecto de las donaciones destinadas a campañas políticas, sobre las cuales ya expresó nuestra opinión el colega Jorge Burgos , además de los diputados José Miguel Ortiz , Exequiel Silva y otros camaradas que han intervenido, y que han fundado nuestra posición para aprobar este proyecto, quiero destacar el tema de las franquicias para las donaciones tributarias a las organizaciones que trabajan con la pobreza y la discapacidad.
Para nosotros, los democratacristianos, siempre ha sido fundamental la organización de las personas para enfrentar comunitariamente los diversos desafíos. Así como en la década del 60 estuvimos a la cabeza de la Promoción Popular y generamos iniciativas que permitieron organizarse a mujeres, a trabajadores, a campesinos y a vecinos, creemos que ahora, para seguir creciendo, es fundamental crear las condiciones para que éstas y otras organizaciones, que conforman la sociedad civil, puedan potenciarse para cumplir el rol que cada una tiene en el tema solidario de la sociedad.
Por ello, valoramos doblemente esta iniciativa. Primero, porque establece franquicias a las donaciones destinadas a las instituciones de la sociedad civil que se dediquen a servir a personas en situación de pobreza y discapacidad; y, segundo, porque contempla un mecanismo redistributivo de los aportes que hagan los donantes mediante el establecimiento de un fondo mixto de ayuda social.
Dos tercios de la donación podrán ser asignados directamente por el donante, y un tercio, a su vez, lo será por el Fondo que se establece, como una medida para garantizar cierto grado de equidad en la recaudación de recursos.
Lo anterior permite, por una parte, contar con un sistema de financiamiento de esta clase de organizaciones consistente en el aporte de los donantes, y por la otra, posibilita el apoyo de otras organizaciones que, no habiendo tenido la posibilidad de ser beneficiarias directas de las donaciones, pueden obtenerlas a través de la asignación que se realizará en el fondo mixto, administrado por un consejo con mayoría de la sociedad civil de manera abierta y transparente.
Por ello, creemos indispensable apoyar esta iniciativa, la que si bien es parcial, constituye en nuestra opinión el inicio de un proceso que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil. Requerimos modernizar el Estado, pero simultáneamente también debemos fortalecer a la sociedad civil, sólo así podremos asumir equilibradamente el desafío de un desarrollo verdaderamente humano en nuestro país.
Por ello, en esta oportunidad y con ocasión de la discusión y aprobación del proyecto que hoy día conocemos, queremos comprometer también nuestro decidido apoyo al proyecto de participación ciudadana, que es el Nº 35 de la agenda de modernización, el que en nuestra opinión debiera considerar la constitución de un fondo destinado a fortalecer a la sociedad civil, promoviendo la asociatividad de las personas, estableciendo oportunidades de capacitación, de asistencia técnica, de desarrollo tecnológico. En suma, que nos permita también contar con una comunidad organizada, que de manera autónoma y sustentable, transparente y regulada vea aumentada su capacidad de interlocución e influencia, fomentando así la participación y el control ciudadano.
Creemos, por lo demás que de esa manera se resguarda el importante trabajo realizado en el ultimo tiempo por el Consejo Ciudadano y que en la actualidad está siendo trabajado por el Consejo Provisorio del Fondo Mixto de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el que participan diversos actores representativos de la pluralidad de la sociedad civil, iniciativa instalada en la Subsecretaría General de Gobierno, que dirige Patricio Santamaría .
Por eso, termino diciendo que nos parece muy importante esta fase del proyecto, que fortalece no sólo a la democracia representativa, sino fundamentalmente a la participativa, que es la más cercana para la gente, en especial la más pobre y discapacitada.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señora Presidenta , el diputado señor Walker se refirió a un tema clave en la discusión: cómo extender el concepto de “democracia”. En este caso estamos ante el conocido concepto de “democracia tributaria”, que el contribuyente, que el ciudadano elija.
A mi juicio, es muy relevante que el ciudadano pueda elegir adónde va parte del dinero público, y que lo haga con total libertad y claridad.
En ese sentido, el sistema elaborado no sólo es un gran instrumento de libertad para el ciudadano. Paralelamente a ello, es un gran instrumento de control respecto del Ejecutivo, porque es la mejor forma que tienen los ciudadanos para señalar su descontento con lo que está haciendo el fisco en un área determinada, educativa u otra. Por eso, acá debemos optar. Como decía el diputado Montes , no tiene nada de malo haber incluido la política en este tipo de actividades.
El Estado de Chile -lo expresó hace un instante la diputada señora Tohá - ha escogido los grandes temas entre los cuales el ciudadano podrá elegir, a fin de que aquél destine parte de los fondos públicos, y ha considerado válido que esto sea al deporte, la cultura, el arte y, ahora, a la pobreza, a la discapacidad y a la política; y no tiene nada de malo insistir en la materia. Son actividades dignas y necesarias para la expresión de un ciudadano, que legítimamente elija esto: arte, cultura, deporte, desarrollo artístico, pobreza, discapacidad y política.
Claro que podrían ser muchas áreas. También nos gustaría, como igualmente se dijo acá, que el ciudadano pudiera elegir otras. Lo hemos dicho hasta el cansancio en demasiadas ocasiones. Nos agradaría que una persona pudiera descontar y usar parte de sus impuestos en la educación que da a su familia, en la vivienda o en la salud; y en materia pública nos encantaría agregar a estos cinco o seis temas mencionados, otros tan importantes como el medio ambiente, el apoyo a ciertas instituciones, como Bomberos -me indica el diputado Ulloa - u otros tan importantes como los de las diferentes iglesias.
¿Por qué alguien no puede, como en otros países, donar parte de sus ingresos al culto de sus creencias más profundas, como las religiosas? Sin embargo, debemos llegar a un marco de acuerdo, que incluya a ciertas instituciones, pues no pueden ser todas las que quisiéramos. Por eso, mediante este proyecto, hemos agregado algunas. Llegamos al convencimiento -porque lo más importante de lo que manifestó denantes la diputada Tohá , es que esto fue un acuerdo de todos- de que las primeras organizaciones que deberían recibir apoyo, sin duda alguna, son aquellas dedicadas a la pobreza y la discapacidad, el arte, la cultura y la investigación científica. Además, consideramos plenamente válido que sea también la política. Si esto debe hacerse a través de corporaciones y fundaciones y no de otras asociaciones, ellos se debe, exclusivamente, a que éste es el primer paso, y porque, adecuadamente, a mi juicio, el Gobierno quiere tenerlo acotado para un buen control y funcionamiento. También nos parecen acertados los resguardos que se establecen para las corporaciones y fundaciones.
Por eso, si se buscan otras fórmulas, por ejemplo, que puedan acceder al fondo directamente y no a la donación y, por lo tanto, que no haya doble control, como sucedía con las corporaciones y fundaciones, estamos dispuestos a estudiarlas, pero nos parece que en esta materia estamos dando un paso gigantesco, con límites y funcionamiento, y agregando actividades dignas, como la lucha contra la pobreza y la discapacidad, y la política.
¿Podrían ser muchas más? Sí, podrían ser otras, como, por ejemplo, medio ambiente, religión, instituciones de bomberos y muchas más, pero hemos considerado necesario acotarlo inicialmente a esta materia. Por eso se incluyen, también -repito-, las donaciones políticas.
Debemos ser muy claros en esta materia: se trata de un acuerdo. Es evidente que hay cosas que no les gustan a los parlamentarios de la Concertación, del Partido Socialista, de la Democracia Cristina, como también lo es el hecho de que hay cosas que a nosotros tampoco nos gustan, pero este es el marco de un acuerdo político. En la tarde se discutirá en la Comisión de Hacienda el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos. A nosotros -hemos votado siempre en contra- no nos gustaba la idea de que el Estado entregara dinero directamente a los partidos políticos para que financiaran sus campañas electorales. Le agradaba a la Concertación y lo votó favorablemente en un proyecto. ¿Qué hacer, entonces, civilizada y razonablemente? Ponernos de acuerdo.
Por eso ha sido tan notable finalmente esta agenda. Podrá contener muchos errores y, probablemente, tendremos que corregir muchos de sus aspectos; pero tan notable como fue lo ocurrido en el proyecto que crea la Alta Dirección de la Administración Pública, será lo que acontecerá en esta materia. Es evidente que en estos dos grandes bloques políticos había cosas que no les gustaba y que, si hubieran tenido todos los votos a su favor no habrían votado de esa forma; pero debemos ponernos de acuerdo. En ese sentido, el esfuerzo liderado por los presidentes de los partidos -en el caso nuestro, por el diputado Pablo Longueira - ha sido valioso, porque, al final, están dispuestos, aquí, a refrendar hoy estas iniciativas para insertar un marco adecuado a las donaciones que, directamente, hará el Estado a los partidos políticos para su financiamiento.
En esta misma línea, como estamos de acuerdo en seguir perfeccionando estas iniciativas, dimos nuestro asentimiento para que la Comisión de Hacienda se vuelva a reunir; pero, ¡ojo! no para hacer discursos para la galería o que no tengan sentido, sino dentro del marco de un acuerdo político, de una negociación amplia, como en la cual llegamos a acuerdo sobre cosas que agradan a la Concertación y que detestamos nosotros, y viceversa.
Estamos dispuesto a discutir en la Comisión de Hacienda indicaciones que tengan por finalidad, de común acuerdo, mejorar el proyecto. Creo, finalmente, que así como dimos un gran avance en cuanto a las instituciones de pobreza y de discapacidad, incluso con errores -insisto, fue un error la repartición de los recursos del Fondo-, así también, desde mi punto de vista, estamos dando un paso gigantesco en estas materias.
Por ello, la Unión Demócrata Independiente está dispuesta a entregar todos sus votos -como lo ha hecho siempre en materias en que ha habido acuerdos políticos con el Gobierno- en favor de esta iniciativa, así como en cualquiera otra que implique mejoramiento que, de común acuerdo, en el marco de esta agenda, logremos concordar personas sensatas que representan la mayor parte de los votantes del país.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidente ).-
De conformidad con la distribución de los tiempos, restan cinco minutos al Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , quiero hacer unas reflexiones en la misma línea de los planteamientos de la diputada señora Tohá y de los diputados señores Ortiz y Álvarez .
A mi juicio, corresponde situar la decisión que vamos a tomar en la tarde en un marco político adecuado.
La primera reflexión apunta a la que de todo mal se puede sacar un bien. Obviamente, de las situaciones de escándalo, de acusaciones y de planteamientos que se han hecho respecto del uso y abuso de platas fiscales -que están en sede judicial, en lo que corresponde a responsabilidades penales, y en el análisis diario que hacemos respecto de las responsabilidades políticas-, lo bueno que hemos logrado -ha sido planteado desde el Presidente de la República , los presidentes de los partidos políticos y todos los senadores y diputados cuando nos referimos en público al tema-, es el gran esfuerzo de modernización, de crecimiento y de transparencia que estamos realizando, mediante la denominada “agenda de modernización”. En efecto, tanto el Gobierno como la Oposición nos hemos puesto de acuerdo en ciertos objetivos definidos como prioritarios, en los que estamos trabajando con entusiasmo y con energía, aunque a veces no exentos de reclamos por el apuro con que lo estamos haciendo. Eso es cierto, pero estamos trabajando con consistencia en la consecución del objetivo propuesto.
Dicha situación es notable para un país, pues es la muestra de un Gobierno que oye el clamor y de una Oposición leal y patriótica, que está a la altura de las circunstancias, que no cede a la tentación de negar la sal y el agua, sino que se pone a trabajar en la construcción de soluciones. Eso no lo debemos perder de vista.
Reitero, en los temas señalados han trabajado el Ejecutivo , encabezado por el Presidente de la República ; todos los presidentes de partidos políticos, tanto de Gobierno como de Oposición. En él se han comprometido el esfuerzo de las directivas de los partidos de la Alianza por Chile, tanto de Sebastián Piñera como de Pablo Longueira, junto a sus respectivas mesas directivas.
Los diputados de Renovación Nacional, así como no me cabe duda alguna también los diputados de la Unión Demócrata Independiente, vamos a respaldar con claridad estos esfuerzos, porque de lo contrario nuestra actuación política no sería coherente.
Quiero recordar que el proyecto en debate no está aislado de otras normativas legales, pues hay 49 leyes que dicen relación con modernizaciones profundas y trascendentes de la administración pública en actual operación.
La iniciativa que vamos a votar avanza en la dirección correcta, y abarca aspectos muy de fondo. Todos sabemos el éxito que el mecanismo de donaciones sujeta a beneficios tributarios ha tenido para la cultura, para la educación y que está teniendo para el deporte. Lo que estamos haciendo es avanzar de manera importante y sólida en la ampliación de la que se ha denominado “democracia tributaria”, idea que a algunos no les gusta. Debo reconocer que a nosotros sí nos agrada, pues dicha idea fue recogida por una dirección de la economía muy seria, como la que todos le reconocemos al ministro Nicolás Eyzaguirre , la cual, por lo demás, tiene la sanción política del Presidente de la República y ha contado con nuestro entusiasta respaldo. Por lo tanto, frente a esta materia no debemos titubear en avanzar.
El diputado señor José Antonio Galilea me planteó, con razón, que en esta materia observaba la renuencia propia de quien, de una situación de oscuridad, accede a la de la luz total. Obviamente, hay aspectos que uno no ve, se escapan; pero, en definitiva, éste es un esfuerzo por avanzar hacia mejores estadios de modernización. Ésta no será una legislación perfecta. No creo que debamos fijarnos como prioridad resolver todos los problemas. Seguramente, con el correr del tiempo, cuando estas normas se apliquen, advertiremos una serie de errores. Para solucionarlos está la Cámara de Diputados y, en general, el Congreso Nacional. Tendremos que corregir los errores, pero no podemos resistirnos a avanzar por dimensionar en forma exagerada los errores en que podamos incurrir.
Por lo tanto, en la primera parte de esta norma, que se refiere a ampliar el horizonte de las donaciones para lo que se está haciendo muy bien en cultura, en deportes y en educación, ¿cómo no vamos a considerarla un objetivo grande, hermoso y posible de ampliarla a todo lo que significa terminar con esa verdadera lacra existente en un país que pretende definirse como grande, moderno y desarrollado? Me refiero a la extrema pobreza.
Seguramente quedarán al margen otros sectores, a los cuales tendremos que ampliarles este beneficio, pero lo haremos en el curso de los tres años que faltan a la actual administración. Y como espero, legítimamente, que haya un cambio en la opción de Gobierno, el próximo tendrá que trabajar con la Oposición que corresponda, la cual, no me cabe duda, también estará a la altura de los perfeccionamientos que correspondan en este paso importante que se está dando en la dirección correcta.
En segundo lugar, no quiero molestar a nadie, pero sí quiero llamar a la coherencia en materia de donaciones a los partidos políticos. Durante todos estos años estas bancadas han sido fustigadas por lo que se llamó la renuencia en legislar sobre el financiamiento de la actividad política. Siempre fui partidario de legislar al respecto. Estoy seguro de que esa renuencia, que muchas veces se manifestó, se relacionaba con la forma aislada con que se planteaba, o con los mecanismos que se estaban buscando. Ahora hay unanimidad para avanzar en esta modernización tan importante, reclamada como esencial por todos los sectores, principalmente de la Concertación. Hoy, cuando existen acuerdos, se empiezan a manifestar inquietudes y resistencias, como las que he escuchado, las cuales francamente no coinciden con ningún elemento de coherencia en esta materia.
Tenemos acuerdos para legislar sobre el monto máximo de la campaña, vieja aspiración que consta en el programa de la Concertación, y para avanzar en el financiamiento público de las campañas. Ahora estamos legislando sobre una razonable dosis de transparencia en la entrega de recursos públicos por parte de los privados, tema que la Concertación planteó con extraordinaria fuerza: que la fuente y el origen de los recursos privados para el financiamiento político apareciera claro. Por eso, cuando estamos elaborando un mecanismo para avanzar en esa dirección, no puedo entender que aquí haya resistencia.
Por último, avanzamos en algo que para las bancadas de la Alianza por Chile era fundamental: el aporte público, de contrabando, de platas públicas que iban a la campañas políticas, materia en la que se ha logrado progresar notablemente con la ley de ONG, con otras normas sobre fiscalización que pronto llegarán, como la ley orgánica de la Contraloría y esta misma disposición que regula aspectos de fiscalización sobre esta materia.
No podría entender que nos farreáramos esta oportunidad de avance y modernización en dos áreas grandes: combate contra la pobreza, que es un flagelo social; transparencia, límite de campañas, monto máximo, aportes privados a las campañas políticas, mayor fiscalización en las platas públicas que indebidamente beneficiarán a esas campañas. Esto, en un ambiente de acuerdo político, de colaboración, de unidad, de proyecto país, de visualizar políticas de Estado y no soluciones particulares.
Obviamente, todos hemos debido ceder. Le encuentro razón a muchas diputadas y diputados que han planteado que hay una serie de aspectos que es necesario revisar, y lo haremos cuando las indicaciones vuelvan a la Comisión de Hacienda.
Este proyecto, sin duda, no quedará perfecto, pero falta otro trámite legislativo en el Senado. Allí tendremos que perfeccionarlo. Si el proyecto, que apunta en la dirección correcta, quedara con deficiencias, vacíos o carencias, para eso estaremos desempeñando nuestra función de diputados durante los próximos tres años, lapso en que tendremos ocasión de corregirlo.
Llamo, como lo han hecho muchos otros señores diputados de las más diversas bancadas, a actuar con decisión, con confianza; a no tenerle miedo al camino correcto que estamos siguiendo, en el cual se han comprometido los esfuerzos de todo Chile. Es un camino que ha sido la parte buena de un drama público, de toda una situación de crítica pública al uso y al abuso de recur-sos fiscales, materia que ha tenido una solución institucional por la vía que corresponde.
Me acompaña un vicepresidente de Renovación Nacional. Quiero decir que nuestros parlamentarios cumplirán sus compromisos, por cuanto están en la línea planteada por la Mesa, por el Presidente y por nuestros dirigentes, diputados y senadores, de apoyar éste y los otros proyectos que conforman la agenda por la modernización, crecimiento y transparencia.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señora Presidenta , tal como expresó nuestro jefe de bancada, ésta es una oportunidad histórica para la Cámara de Diputados de señalar al país que, frente a los altos intereses de la nación, somos capaces de converger en soluciones que, finalmente, tienen como único objeto el beneficio total del país.
En esa perspectiva, nos sentimos muy orgullosos de lo que ha planteado y ha sido capaz de hacer nuestro presidente, diputado Pablo Longueira, en el sentido de que, junto con las autoridades de Renovación Nacional, hemos considerado imprescindible prestarle la colaboración necesaria al Gobierno para sacar adelante materias que, sin lugar a dudas, benefician al país.
En este orden de cosas, nos alegramos de que hoy exista la posibilidad de hacer donaciones que deduzcan impuestos, básicamente, como señala el acuerdo, a personas de escasos recursos o a discapacitados. Queremos señalar con claridad que este primer paso lo consideramos indispensable, en particular porque el diputado Claudio Alvarado -que integra la Comisión de Hacienda-, los diputados señores Norambuena , Moreira , Egaña y el que habla, hemos estimado relevante dejar sentado que, en esta oportunidad, esta señal de destinar recursos para las personas que menos poseen y para los discapacitados, no puede dejar de lado instituciones de utilidad pública muy grandes que no tienen la contrapartida de prestaciones por parte del Estado, como en el caso de Bomberos. En esta materia, debe permitirse recibir donaciones a esta particular y abnegada institución, que no le pregunta al que está sufriendo de qué color político es o a que religión pertenece, sino sólo se preocupa de cumplir con un deber, que es precisamente servir, pues para eso ha nacido.
En esa perspectiva, hacemos un llamado al Ejecutivo para que, en una futura iniciativa, también se permita realizar donaciones, aparte de personas o las empresas, a la institución que, desde mi personal visión, es la que ayuda en mejor forma a todo el país, sin recibir la contrapartida necesaria para atender las demandas que objetivamente requiere la población de todo Chile. Tenemos 284 instituciones bomberiles distribuidas a lo largo de todo el territorio, con alrededor de 35 mil voluntarios, que precisan, cada vez más, recibir recursos con urgencia. En el caso de Bomberos, la tecnología avanza y su demanda para servir mejor cada día es más creciente. El país diseña mecanismos para controlar las donaciones, pero Bomberos no puede quedar fuera de una posibilidad como la que se está planteando.
Lamentablemente, no podemos hacer ninguna modificación ni cambio a la iniciativa. La aceptamos tal como está planteada, pero, por su intermedio, señora Presidenta , pedimos al Gobierno, en la persona de la subsecretaria de Hacienda , presente en la Sala, que, si lo tiene a bien, primero escuche y luego atienda la petición.
Con el respeto que nos merece el Ejecutivo, manifestamos que esta puede ser también una buena ocasión para colaborar en beneficio de los chilenos. Ayudar a Bomberos es ayudar a Chile.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ha concluido el tiempo de discusión del proyecto. El acuerdo otorgó dos horas para debatir la iniciativa, una vez terminado su informe. Sin embargo, la UDI, con cargo a su tiempo, le había otorgado dos minutos a la diputada Ximena Vidal.
Pido la anuencia de la Sala para que pueda intervenir la diputada Vidal.
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
La señora VIDAL (doña Ximena).-
Señora Presidenta , de alguna manera, con esto se demuestra que hemos logrado acuerdos. Especialmente agradezco a la bancada de la UDI y al diputado Álvarez por estos minutos.
Toda la mañana se ha reconocido la importancia de los acuerdos políticos, pero, más allá de ellos, importantes para avanzar en una legislación que responda adecuadamente a la modernización del Estado y al buen funcionamiento de la acción política, estamos aquí para revisar, analizar, desde diferentes puntos de vista, los proyectos de ley que aprobamos o rechazamos.
El proyecto en discusión apunta a mejorar y a hacer transparente el financiamiento de las instituciones políticas. Comunicar e informar a la opinión pública sobre este paso fundamental es también nuestra responsabilidad. El interés de la ciudadanía es que sus representantes políticos y públicos cumplan sus actividades con disciplina, con conocimiento, con experiencia, con honestidad y con responsabilidad. En nuestro caso, cumplir con legislar, representar y fiscalizar adecuadamente, lo que, de alguna manera, estamos haciendo.
El proyecto beneficia tributariamente a las empresas que realicen donaciones a la política y a instituciones que provean servicios de apoyo a personas de escasos recursos y discapacitadas. De alguna forma, apunta a que el Estado y los privados respondan al financiamiento político y programas sociales.
En el fondo, son como señales que se acercan a una economía mixta, en la cual se comparten las responsabilidades financieras para que un país avance hacia un desarrollo integral, en lo político y en lo social.
Ojalá que también logremos acuerdos en otras leyes que interesan a la mayoría de los chilenos.
Junto con saludar este esfuerzo político, espero que estas iniciativas también se puedan proyectar mucho más allá en el ámbito social.
He dicho.
-De conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala, que cumple con lo establecido en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo:
El señor MULET.-
Señora Presidenta, quiero reiterar lo señalado por el jefe de bancada de mi partido, diputado Walker.
Para nosotros los demócratacristianos siempre ha sido fundamental la organización de las personas, para enfrentar comunitariamente los más diversos desafíos, organización que además debe darse considerando la libertad de las personas de dedicar sus esfuerzos y trabajo voluntario a las tareas que definan cada una de ellas.
Así como en la década del 60 desarrollamos la promoción popular, generamos iniciativas para permitir que las mujeres, los campesinos, los vecinos, los trabajadores se organizarán. En estos años creemos fundamental ir creando las condiciones para que esas y otras nuevas formas de organización que conforman la sociedad civil puedan potenciarse para cumplir el rol de cada una de ellas asuma en la tarea de construir un país más solidario.
Por ello, valoramos doblemente esta iniciativa: primero, porque establece franquicias a las donaciones destinadas a organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a servir a personas en situación de pobreza y discapacidad; y segundo, porque contempla un mecanismo redistributivo de los aportes que hagan los donantes mediante el establecimiento del Fondo Mixto de Ayuda Social.
Dos tercios de la donación pdorá ser asignada directamente por el donante y un tercio lo será por el fondo que se establece, como una medida de garantizar cierto grado de equidad en la recaudación de fondos.
Lo anterior permite por una parte contar con un sistema de financiamiento de esta clase de organizaciones, consistente en el aporte de los donantes; y por la otra permite el apoyo de otras organizaciones que no habiendo tenido la posibilidad de ser beneficiarias directas de las donaciones, pueden obtenerlo a través de las asignaciones que realizará el Fondo Mixto administrado por un consejo con mayoría de la sociedad civil, de manera abierta y transparente.
Por ello, creemos indispensable apoyar esta iniciativa, la que si bien es parcial, constituye en nuestra opinión el inicio de un proceso que permitirá el fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil. Requerimos modernizar el Estado, pero simultáneamente también debemos fortalecer a la sociedad civil, sólo así podremos asumir equilibradamente el desafío de un desarrollo verdaderamente humano en nuestro país.
Por ello, en esta oportunidad y con ocasión de la discusión y aprobación del proyecto que hoy día conocemos, queremos comprometer también nuestro decidido apoyo al proyecto de participación ciudadana, que es el Nº 35 de la agenda de modernización, el que en nuestra opinión debiera considerar la constitución de un fondo destinado a fortalecer a la sociedad civil, promoviendo la asociatividad de las personas, estableciendo oportunidades de capacitación, de asistencia técnica, de desarrollo tecnológico. En suma, que nos permita también contar con una comunidad organizada, que de manera autónoma y sustentable, transparente y regulada vea aumentada su capacidad de interlocución e influencia, fomentando así la participación y el control ciudadano.
Creemos, por lo demás que de esa manera se resguarda el importante trabajo realizado en el ultimo tiempo por el Consejo Ciudadano y que en la actualidad está siendo trabajado por el Consejo Provisorio del Fondo Mixto de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el que participan diversos actores representativos de la pluralidad de la sociedad civil, iniciativa instalada en la Subsecretaría General de Gobierno, que dirige Patricio Santamaría .
La se��ora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Cerrado el debate.
La votación quedará pendiente para la sesión de la tarde, una vez que la Comisión de Hacienda -que está citada a las 15 horas- tome conocimiento y se pronuncie sobre las indicaciones del Ejecutivo y otras que puedan llegar a última hora.
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