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- rdf:value = " ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO RALCO, EN ALTO BIOBÍO. Oficios.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , como es de conocimiento público, cada día más se estrechan los plazos para buscar una salida negociada, que permita hacer justicia a las familias pehuenches que habitan en el Alto Biobío y que han sufrido los efectos de las actuaciones de la Endesa y también -lo digo francamente- de la absoluta discrecionalidad y arbitrariedad demostrada por el Gobierno en apoyo de la empresa generadora de energía extranjera que compró el 65,5 de las aguas de Chile. La historia es larga, pero se acerca a un punto crucial, pues el decreto con fuerza Nº 1, del Ministerio de Minería, de 1982, establece condiciones para su cumplimiento.
Me hago un deber denunciar en esta Cámara que el Gobierno, mi gobierno, en respuesta a presiones ejercidas en contra de funcionarios públicos, ha retrasado la dictación de resoluciones que han sido solicitadas a los organismos pertinentes -entre ellas la relacionada con el impacto ambiental que tendría el proyecto-, a fin de evitar que se demuestre abiertamente la ilegalidad de la concesión eléctrica, de la servidumbre y, en general, de un conjunto de situaciones; pero, de manera inexplicable, transcurren los meses y los diputados de la República no recibimos las respuestas a dichos oficios.
El 15 de octubre de 2002 pedí por escrito a don Sergio Espejo Yaksic, superintendente de Electricidad y Combustibles, constatar el cumplimiento de la causal de caducidad de la concesión eléctrica otorgada a Endesa.
El capítulo IV del decreto supremo Nº 327, del Ministerio de Minería, de 1997, que reglamenta la caducidad de las concesiones, señala claramente que, de no mediar fuerza mayor, si dentro de los plazos establecidos para su terminación no se han ejecutado a lo menos dos tercios de las obras, procede dar término a la concesión.
Mediante el decreto de concesión Nº 31, de 2000, el Ministerio de Economía fijó el mes de junio de 2002 como plazo de ejecución y puesta en marcha del proyecto Ralco ; esto es, cinco años y tres meses a partir de abril de 1997.
El 29 de julio de 2002, el presidente de Endesa-Chile , el director general internacional, radicado en España, señor Luis Ribera Novo, acompañado por el gerente general de Endesa-Chile, en ese entonces el señor Héctor López Vilaseco , emitieron un comunicado, a través de la página web de la Endesa, www.Endesa.cl, según el cual, a esa fecha, el avance de las obras era del 60 por ciento. Por su parte, esa misma semana, el jefe del proyecto Ralco , señor Julio Montero , señala, en publicaciones de la prensa nacional y regional, que el avance era del 65 por ciento.
En verdad, de acuerdo con las informaciones que hemos recibido, los oficios de respuesta a la petición de un diputado de la República , hecha en uso de su facultad fiscalizadora, están desde hace muchos meses esperando la firma del señor director.
Del mismo modo, es absolutamente inaceptable el incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 61 de la ley de Electricidad, que establece que las servidumbres deberán iniciarse dentro de los seis meses siguientes de la fecha de reducción a escritura pública del contrato de concesión y que, en caso contrario, éstos deben caducar.
Tengo en mi poder el documento de reducción a escritura pública, 4 de abril de 2000, y aquí tengo el documento de ingreso de 5 de abril de 2000, es decir, un día después.
Por lo tanto, pido que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles y al ministro de Economía , a fin de que nos informen por qué ha sido aceptada a tramitación un día después de lo que la ley exige y por qué no se ha respondido la carta de 15 de octubre de 2002, a la cual me he referido.
He dicho.
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su señoría.
Hago presente a la Sala que la Mesa ha adoptado las medidas del caso para que todos los oficios lleven una nota con indicación del lugar al que deben ser respondidos, porque a veces se reciben en el palacio Ariztía durante la semana distrital, desde donde deben ser reenviados a la Cámara, en Valparaíso. En consecuencia, todos los oficios de fiscalización de los señores diputados señalarán, en lo sucesivo, que deben ser contestados directamente a la Cámara de Diputados, en Valparaíso.
Esa situación evitará que, por ejemplo, el alcalde de Talcahuano envíe oficios de respuesta a mi oficina, en Concepción, en el entendido de que, como Vicepresidente de la Corporación , le he formulado una consulta, en circunstancias de que lo ha hecho otro diputado o la Cámara.
"