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El señor CORREA.-
Señora Presidenta , en general, parece conveniente la enmienda introducida por el Senado, por cuanto elevará el nivel educacional de la población y, como consecuencia de ello, mejorará la calidad de vida de las personas.
El texto aprobado por el Senado mantiene la idea central de lo aprobado por la Cámara en el primer trámite constitucional, pero introduce ciertas modificaciones a la obligatoriedad de la educación media, una de ellas es el reconocimiento de que el sistema gratuito se extenderá hasta los 21 años, lo que parece positivo.
Además de lo anterior, con la modificación propuesta se previene una eventual prohibición, por inconstitucionalidad, de la aplicación del sistema de financiamiento compartido de la educación para el caso de la educación media. En efecto, en virtud de la gratuidad que establece la Constitución para la enseñanza básica no se les permitió a los colegios municipalizados acordar fórmulas de financiamiento compartido con los padres de los alumnos. Sólo se pudo aplicar esta fórmula de financiamiento en la educación media.
Si bien esta interpretación parece forzada y alejada del espíritu de la Constitución, fue impuesta en su minuto, lo que refuerza el llamado de atención. Es aquí donde aparece el contrasentido peligroso del texto aprobado por el Senado, en el que se asegura una educación media a todos y cuyo sistema de financiamiento será determinado por ley, pero se mantiene el sistema actual para la educación básica.
Lo anterior puede que conlleve perjuicios más que constituir una fórmula exitosa de financiamiento de un sistema que otorga mayores posibilidades de participación a los padres en la educación de sus hijos. Además, la posibilidad que se abre de permitir el financiamiento compartido para la educación media, sólo será posible en la medida en que la ley lo establezca. Este llamado de alerta no es ante una amenaza eventual, pues el mensaje del Presidente de la República y el informe de la Comisión expresan la intención de “revisar el financiamiento compartido para el sector municipal”.
El sistema de financiamiento compartido ha generado enorme beneficio para la comunidad de los colegios en que se está aplicando. Por una parte, hace partícipes a los padres del proyecto educativo, ya que son ellos los que deciden, voluntariamente, aportar para la educación de sus hijos. Esto les permite con mayor propiedad sentirse con derecho a la hora de exigir buenos resultados.
Por otro lado y unido a lo anterior, ello constituye un beneficio para los establecimientos, por cuanto pueden acceder a mayores recursos para su financiamiento, y generar, así, una mejoría general en la prestación educacional.
Otra prevención respecto del texto aprobado por el Senado lo constituye el hecho de que entrega a una ley simple la regulación de la educación media obligatoria; pero no así la básica, lo cual implica que las modificaciones legales a la educación podrían ser introducidas con el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara. El Senado restringió el ámbito de la ley sólo respecto del financiamiento del sistema gratuito de la educación media por parte del Estado.
Otro aspecto poco claro del texto aprobado por el Senado lo constituye el hecho de que no se sabe si el mandato que da la ley es para regular el sistema de acceso gratuito a la educación media, o bien, establecer que tal gratuidad se concede sólo hasta cumplir los 21 años de edad.
Desde otra perspectiva, se debe señalar que no han sido pocos los problemas de implementación a los que se ha visto expuesta la última reforma en materia educacional, que impuso la jornada escolar completa, especialmente por carecerse de los recursos necesarios para ponerla en práctica. Sobre la base de lo anterior, no parece realista garantizar a las personas el acceso gratuito a la educación media si actualmente, sólo por un problema de recursos, no ha sido posible dar educación básica como lo ordena la ley.
Nosotros estamos por la obligatoriedad de la educación completa, pero consideramos que el financiamiento y la ejecución debieran estar más claros, ya que la Constitución Política garantiza a las personas el acceso a la educación media obligatoria y gratuita; si ella no puede hacerse realidad podría contribuir a crear falsas expectativas. Es decir, estimamos positivo el establecimiento de la obligatoriedad, pero creemos que ésta debe ir acompañada con los recursos necesarios para que se pueda implementar debidamente, a fin de no crear falsas ilusiones, porque eso generaría una serie de contradicciones, las que, en el fondo, son peligrosas.
He dicho.
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