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La señora TOHÁ (doña Carolina).-
Señora Presidenta , es ineludible decir que nos sentiríamos mucho más satisfechos si pudiéramos despachar el proyecto en su forma original. Sería más acorde con el espíritu de esta reforma constitucional si pudiéramos decirle a cada persona que aseguramos su derecho a terminar la educación media en forma gratuita.
Entre nosotros debemos plantear, con sinceridad, que eso habría sido lo óptimo. Sin embargo, una vez más -lo que estimo sucede a menudo-, el Senado ha puesto una dosis de realismo a la iniciativa. En Chile, más del setenta por ciento de la población -es decir, más de la mitad- cuya edad fluctúa entre los 15 y los 65 años, no tiene escolaridad completa. Si aprobáramos esta reforma constitucional, que asegura la gratuidad de la educación, tendríamos que dar seguridad y responder por su acceso a ese setenta por ciento de chilenos, quienes, al día siguiente, podrían llegar a exigir su derecho de acceso a educación gratuita, lo cual en estos momentos no estamos en condiciones de hacer. No obstante, tenemos la obligación de buscar la manera de disminuir dicho porcentaje, para que ese setenta por ciento baje cada año en forma acelerada.
Por lo tanto, el proyecto que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media se debe complementar con la implementación de otras reformas aprobadas por el Congreso Nacional, como la subvención para la educación de adultos, que el Ministerio de Educación entregará a las instituciones privadas que se aboquen a la tarea de recuperar estudios para adultos, así como la posibilidad de que, a través del Sence, se considere la recuperación de estudios así como programas de capacitación y el programa Chile Capacita, que también considera la posibilidad de recuperar estudios para la gran cantidad de chilenos que no tiene su escolaridad completa.
El sector etario al cual nos estamos refiriendo no deja de ser muy alto. Hoy, entre los 14 años -que es la edad en que se inicia la enseñanza media- y los 21 años -que es la que quedará establecida en la reforma educacional-, se impone la obligatoriedad del Estado de responder por el acceso de la población a la educación media, situación en la que están más de 300 mil chilenos. Al día siguiente de que aprobemos esta reforma constitucional, esos chilenos que no tienen escolaridad completa, que han desertado de sus estudios, podrán llegar a reclamarnos educación gratuita, y el Estado y la nación tendrán que responderles. Por lo tanto, no es un compromiso menor, ya que hoy estamos legislando para responder a esas personas, para asegurar a los futuros chilenos que por algún motivo no puedan terminar sus estudios, y que quieran reingresar a la educación media, que sí podrán hacerlo.
Ese no es sólo un problema cuantitativo, pues subir la escolaridad obligatoria no es distinto de la calidad. La cobertura es calidad. Permítanme explicarles esto, porque comúnmente decimos que la cobertura está bien, pero que el problema se presenta en la calidad. No es tan así, porque cuando un sistema no tiene suficiente cobertura y deja afuera un 10, un 15 o un 20 por ciento de personas en edad de estudiar, es muy fácil tener buena calidad.
¡Es fácil tener una educación de calidad con niños sin problemas económicos en sus hogares, con niños cuyos padres tienen escolaridad completa, con niños en cuyos hogares no hay problemas de violencia ni desempleo!
¡No cuesta nada tener buena calidad con alumnos sin ningún problema u obstáculo para rendir en el colegio!
El mérito está en mejorar la calidad cuando se tiene estudiando a todos los niños, en especial a los que tienen problemas; a los niños cuyos padres no tienen escolaridad; a los niños en cuyos hogares hay violencia, desempleo; a los niños que deben recorrer largas distancias para llegar a sus colegios, sobre todo en zonas de condiciones climáticas difíciles. ¡Ahí es gracia subir la calidad!
A veces somos un poco injustos con nosotros mismos, como país, porque un gran mérito que tenemos en estos años es seguir bajando la deserción escolar.
Los desafíos para mejorar la calidad de la educación son hoy mayores, porque los establecimientos deben enfrentar situaciones más difíciles, en especial si los alumnos provienen de familias con deficiencia educacional enorme.
La experiencia nos han demostrado que el principal factor que determina el rendimiento escolar de un niño es la escolaridad de los padres. Los resultados del Simce así lo demuestran. Por eso, antes que la imagen del establecimiento, debemos considerar la escolaridad de los padres. Es mucha la gracia de que Chile se la juegue por que los niños con padres de poca escolaridad estudien.
Con esa meta, con ese estándar, decimos: “Aquí todos los niños van a ir al colegio. Ahí vamos a mejorar la calidad”. Pero no la vamos a mejorar si dejamos de lado a los que tienen problemas, porque lo contrario sería muy fácil.
Creo que avanzamos en ambas cosas al mismo tiempo. Con esta reforma vamos a asegurar que muchos jóvenes que en los últimos años han abandonado sus estudios, se reintegren. El Estado va a tener la obligación de ir a buscarlos, obligación que hoy no existe. Hoy día a un niño que se aleja del colegio, el sistema educacional lo suelta completamente; se desentiende de él; lo deja abandonado a su suerte en este aspecto.
Con esta nueva reforma educacional, el Estado tendrá la obligación de preocuparse del alumno hasta que éste cumpla 21 años; tendrá la obligación de mantenerlo o devolverlo al colegio; tiene la obligación de incentivarlo, de ayudarlo, de sacarlo adelante.
Creo que esta reforma es un gran paso. A todos nos hubiera gustado dar un paso aún mayor; pero si complementamos esta medida con buenos programas, con subvención para la educación de adultos y con otras iniciativas, reduciremos la escolaridad incompleta y daremos una garantía completa a todos nuestros jóvenes de que la enseñanza media se va a cursar en un ciento por ciento.
Por esa razón, respaldo esta reforma, con la modificación introducida por el Senado, y, en nombre del Partido por la Democracia, anuncio que la vamos a apoyar.
Muchas gracias.
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