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El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , colegas presentes en la Sala, quiero clarificar algunas cosas en relación con este proyecto. En relación con la discusión, en tercer trámite constitucional, de las modificaciones introducidas por el Senado, seguramente tendrán algunas dudas las personas que en este momento están viendo el canal de televisión de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, esta es una reforma constitucional cuyos efectos son comparables a los que tuvo la ley de instrucción primaria obligatoria hace muchos años. En el pasado, la enseñanza básica era de seis años, lo mismo que la media. Después, con la reforma educacional de 1967, impulsada por don Eduardo Frei Montalva como Presidente de la República , la educación básica aumentó a ocho años y la media bajó a sólo cuatro.
¿Por qué comienzo expresando esto? Porque la realidad que vivimos en el siglo XXI -tal como lo dijo un colega- en el tema educacional, en cobertura, financiamiento, infraestructura, tecnología, textos y lo que significa el perfeccionamiento, la preparación y la capacitación para los colegas profesores, es diametralmente opuesta.
Este año tenemos, desde la enseñanza básica a cuarto año medio, alrededor de tres millones de alumnos. Fuera de eso, y todos lo saben, existen 9.870 establecimientos educacionales. De esos, sólo el ocho por ciento corresponde a la enseñanza particular propiamente tal; del otro 92 por ciento restante, dos tercios corresponden a 341 municipios de nuestro país, y un tercio son particulares subvencionados. O sea, el 92 por ciento de los tres millones de alumnos que cursan desde enseñanza prebásica hasta cuarto año medio es financiado por el Estado a través de la unidad de subvención educacional.
¿Por qué digo esto? En esta Sala se han aprobado varias reformas, como la vinculada con el estatuto docente y otras relacionadas con la ley orgánica constitucional de Enseñanza (Loce), y siempre ha habido unanimidad en cuanto a que ningún país debe dejar de invertir en educación, pues es el dinero mejor empleado. Ello queda demostrado por los resultados del censo del año pasado, dados a conocer hace algunos días. La escolaridad de nuestras niñas y de nuestros niños ha tenido un incremento en los últimos diez años de alrededor del 42 por ciento. Eso significa un avance en el país, pues mucha gente que antes no podía acceder a la educación ahora puede hacerlo.
La autoría del proyecto pertenece a colegas parlamentarios. Es cierto que cuando se presentó la iniciativa, ésta no contenía la proposición del Senado de extender la obligatoriedad y la gratuidad de la educación media hasta los 21 años de edad, por cuanto no existen los recursos para ello. Lo demás es mentir y vivir en un mundo irreal. Si en este momento hay tres millones de alumnos y existe la posibilidad de hacer obligatoria la enseñanza media hasta los 21 años, ello significa que el Estado deberá hacerse cargo de 300 mil alumnos más, lo que equivale a un diez por ciento adicional.
Es un avance positivo. A mí también me habría gustado, tal como lo expresó mi colega y amigo Rodolfo Seguel , que no se hubiera planteado extender la enseñanza media sólo hasta los 21 años, pues con ello se aseguraba la posibilidad de acceso a la educación de tantos trabajadores y trabajadoras que aspiran a cumplir su enseñanza media.
Quiero recordar que en el presupuesto destinado al Ministerio de Educación para 2003, aprobado en noviembre del año pasado, existe un aumento importante para la educación de adultos en su modalidad vespertina y nocturna. La información que me ha enviado esa cartera es que esa cobertura no ha sido completada y que existen cupos en muchos establecimientos, tanto vespertinos como nocturnos. Allí existe una posibilidad para que el Estado entregue educación media gratuita a quien desee obtenerla.
Ahora bien y considerando que accederán a la educación 300 mil alumnos más, se deberá establecer, cuando se discuta la ley de Presupuestos del próximo año, un incremento de diez por ciento del monto de la unidad de subvención educacional. Tal como lo señaló un colega al comienzo del debate, la real importancia del proyecto será reconocida sólo en algunos años más, sobre todo si se considera que en la actualidad existen 68 universidades reconocidas por el Estado -25 dependen del Consejo de Rectores y 43 son privadas-, numerosos centros de formación técnica y un sinnúmero de establecimientos educacionales.
Considero que existen falencias desde el punto de vista educacional. Se han hecho esfuerzos, pero se necesitan muchos más en el ámbito de la educación técnico-profesional. Existe un acuerdo con la Unión Europea que, desde el punto de vista económico, comenzó a operar a contar del 1 de febrero de este año. En tal sentido, se necesita personal especializado y mandos medios de carácter técnico. En ese campo debe hacerse un gran esfuerzo.
Hace algunos días y a propósito de la industria del plástico instalado en la Octava Región, solicité al ministro de Educación aquí presente, señor Sergio Bitar , que estudiara la posibilidad, a través de la seremi de Educación de la Octava Región, de que en 2004 aumentara la cobertura de la enseñanza técnico-profesional. En la Octava región hay sostenedores subvencionados que han recogido el desafío y han hecho el esfuerzo de crear colegios técnico-profesionales. Asimismo, hay tres o cuatro municipios que ya disponen de ellos. Creo que esta situación debiera extenderse al resto de las regiones.
Votaremos favorablemente la modificación propuesta por el Senado, porque el proyecto posibilitará que 300 mil jóvenes puedan completar la enseñanza media en forma gratuita.
He dicho.
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