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La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señora Presidenta, valoro la forma en que el proyecto ha sido despachado por la Comisión.
Anuncio mi voto favorable y el de toda mi bancada.
Este debate no es nuevo, ya que hace seis o siete años hubo uno similar sobre esta materia, el cual dio origen al artículo 17 de la ley de Presupuestos, vigente durante siete años y que en este último fue retocado. En lo fundamental establece: todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley -de Presupuestos- deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto a la rendición de cuentas.
Los órganos y servicios públicos, a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones, identificadas expresamente en el ítem o asignación respectiva de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las respectivas entidades, un informe de la ejecución de las actividades o programas acordados, la nómina de su directorio, así como la de sus ejecutivos superiores y otros aspectos.
¿Qué es lo nuevo que viene en el proyecto? Primero, se crea un registro amplio que tiene que ver con todas aquellas transferencias que se realizan desde el sector público al privado y que, como dijo el ministro señor Insulza en el debate que se llevó a cabo en la Comisión, no sean parte de Chile-Compra, cuestión que pediría clarificar ahora al señor ministro .
El artículo 2º del proyecto dispone que “para los efectos de esta ley, se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes y servicios”, concepto que es bastante genérico y amplio.
En la Comisión se concordó en que esto se refiere a que por transferencia se entiende todo aquello que no es propiamente parte de los registros de Chile-Compra que está llevando el Estado y que se está regulando en un proyecto que se discute en el Senado en segundo trámite constitucional.
Si es así, se trata de una ampliación muy grande a todo el conjunto de los recursos de lo que originalmente concebía en esta materia el artículo 17 de la ley de Presupuestos. Esto significa que están todas las corporaciones, fundaciones, consultoras y sociedades de responsabilidad limitada que prestan distintos servicios de esta naturaleza.
Del total de recursos del Fosis, durante el año 2002 fueron transferidos a sociedades de responsabilidad limitada el 43,7 por ciento y sólo el 28 por ciento a corporaciones y fundaciones; a las municipalidades el 10 por ciento y a las sociedades anónimas el 3,3. Ahora, si revisamos los antecedentes del Sence, fueron transferidos a sociedades de responsabilidad limitada el 54,1 por ciento, a sociedades anónimas el 18 por ciento y, en este marco, a las corporaciones y fundaciones fueron transferidos sólo el 9,9 por ciento.
Es importante también considerar todas aquellas entidades que reciben transferencias vía donaciones en virtud de cualquier iniciativa. Por ejemplo, según datos de 2002, las universidades e institutos profesionales recibieron 24 mil millones, que serán sujetas al registro y a los sistemas de control que contiene; 3 mil 945 millones de pesos fueron destinados a fundaciones y corporaciones culturales y 5 mil 132 millones a instituciones educacionales. Faltan las donaciones que ahora vienen para el deporte y que están recién implementándose.
En consecuencia, estamos hablando de treinta y tantos mil millones de pesos, vía donaciones, que quedarán dentro del registro y, por lo tanto, sujetos a todo el sistema que éste contiene. Esto lo queremos valorar, porque es importante considerar no sólo el proyecto directo, sino también un conjunto de otras transferencias que realiza el Estado.
Rechazo la intención original del proyecto, que partía considerando a las ONG como un demonio. Se dijo que se les transferían 1.500 millones de dólares, cosa que nunca ha demostrado nadie ni tampoco se desprende del control que se les hace de conformidad al artículo 17 de la ley de Presupuestos. Esa cifra es totalmente desproporcionada e inflada. Nunca se ha establecido un concepto claro respecto de qué organizaciones estamos hablando. Por definición internacional los bomberos, la cruz roja, los rotarios y un conjunto de otras instituciones también son considerados como ONG.
Rechazo la campaña orientada a estigmatizar a las ONG que ha desencadenado un sector de la Derecha, particularmente el ex senador Sebastián Piñera y otros miembros de Renovación Nacional.
Aquí se inventa un monstruo, se busca demonizar a un tipo de institución. Ha sido una verdadera operación de exterminio de imagen orientada a caricaturizarla y decir que son un demonio y que por ahí se roban los recursos. Si alguien sabe que se han usado para un destino distinto del cual fue asignado a una ONG debe denunciarlo. Comete delito, tanto el que lo orientó de una mala manera como aquel que, sabiéndolo, no realiza la denuncia correspondiente, especialmente si se trata de un parlamentario.
Aquí se abusó de distintas posibilidades de expresión para caricaturizar este sector. Las ONG son muchas y variadas. Son parte de la riqueza de un país, y así se entiende desde el punto de vista de distintas definiciones internacionales y dentro de un concepto moderno de sociedad civil. Distintos grupos se van organizando para cumplir ciertos objetivos de bien común, accediendo a recursos públicos, privados, nacionales e internacionales.
Las ONG juegan un papel importante, ya sea en políticas sociales o de capacitación. Aprovecho de recordar a algunos señores que la Fundación Futuro, que entiendo preside el señor Piñera , también es una ONG, o la Fundación La Vaca, que a estas alturas no sé qué toro la preside, pero que para estos efectos es también una ONG, un organismo no gubernamental.
Estas instituciones, a las cuales se quiere caricaturizar, son aquellas que fueron muy decisivas en los años de dictadura, por cuanto ayudaron a formar y a agrupar gente para defender los derechos humanos y a muchas otras cosas. Se caricaturiza a partir del rol que ellas cumplieron en la historia. Sin embargo, creo que sería importante tener una visión un poco más amplia y generosa.
Insisto: si se sabe de alguna que ha cometido irregularidades, la responsabilidad de quien lo sabe es hacer la denuncia, porque ese tipo de situaciones se puede controlar en virtud del artículo 17 de la ley de Presupuestos.
Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de que el conjunto de las transferencias del sector público al privado, que no estén en Chile-Compra, que es el concepto que se ha concordado con el Gobierno, sea incorporado en la agenda de probidad. Se trata de dar mucha más transparencia y fiscalización a todos los dineros públicos, no sólo a los que planteaba el proyecto original de Renovación Nacional, que se limitaba a repetir lo establecido en la ley de Presupuestos, sin aportar nada nuevo.
Queremos transparencia sobre los dineros públicos, porque pertenecen a toda la sociedad. Por lo tanto, todos los destinos deben ser controlados. Para eso, debe haber organismos que lo puedan hacer, lo que debe comenzar por existir un registro transparente y abierto al respecto.
El proyecto tiene algunas insuficiencias, que espero se puedan corregir. Es importante que exista el registro de todos los organismos privados que cooperan de esta manera con el Estado. También es importante que los municipios se hayan incorporado en el debate de la Comisión, por cuanto no estaban considerados, creándose un sistema propio de centralización de la información municipal, pero sujeta a las normas que establezca el Ministerio de Hacienda. Si no existe compatibilidad entre los sistemas de información, puede haber una gran dispersión de esfuerzo.
Eso es muy valioso, pero junto al registro también tiene que haber sistemas de contabilidad muchos más claros. Sé que hay normas de cuenta, pero se podría interpretar que la Contraloría tiene facultades para que todas estas entidades que reciben recursos públicos tengan un sistema de contabilidad abierta y transparente, con sistemas de balance y de flujo, claramente controlables. Espero que eso sea así. Pero lo que no queda contemplado en el proyecto es la posibilidad de que la Contraloría tenga un control pleno de todas las transferencias del sector público al privado. Existe un conjunto de recursos que no tienen control, que es el caso, por ejemplo, de las corporaciones culturales. La propia Contraloría considera que hay una norma que le impide controlarlas. Por ejemplo, en las corporaciones municipales de educación y salud, la Contraloría puede fiscalizar lo que se refiere fundamentalmente a aspectos de la educación, pero no así las remuneraciones de su personal.
Ese organismo no tiene facultades para controlar, por ejemplo, las donaciones en aquella parte que no tiene que ver con el donante, sino con el receptor de la donación. Ésta, en ocasiones -así ocurre con las universitarias-, es pagada con becas o con otras formas de retribución. En el fondo, más que una manera de agregar aportes privados a los fondos públicos es una manera de no pagar impuestos.
El principio matriz es que los recursos públicos son de toda la sociedad. Por su parte, el Estado debe contar con instrumentos para fiscalizar, y la Contraloría disponer de facultades para saber qué pasa con esos recursos. Esto se habría resuelto con facilidad agregando en la parte final del artículo 9º, nuevo, que “todos los registros a que se refiere la presente ley deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República con el propósito de facilitar su fiscalización”. La idea era entregar una facultad total a ese organismo y no sólo sobre aquello que le corresponde ejercer. Ello, por cuanto existen dudas respecto de los recursos que la Contraloría debe fiscalizar.
Hace una semana se pidió a Hacienda que estudiara esta posibilidad. Lamentablemente, una semana más tarde, la indicación regresó en los mismos términos en que fue enviada, no reparándose en el hecho de que se trataba de proporcionar a la Contraloría no sólo la facultad de fiscalizar un registro, sino que, además, transparencia y capacidad para saber qué ocurre con estos recursos públicos.
He dicho.
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