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La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (dona María Angélica ).-
Señora Presidenta , no puedo más que alegrarme con esta iniciativa que en alguna forma va a transparentar la entrega de recursos públicos a distintas organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, en el último tiempo, y por dos caminos, se produjo una dispersión de estos fondos. Primero, por los denominados fondos concursables, de distintos ministerios, a los que personas o comunidades organizadas podían postular con proyectos, y, segundo, fondos del Estado entregados a distintas organizaciones no gubernamentales para ejercer alguna acción.
¿Por qué se produjo el problema? Se perdió el control de esos recursos y de lo que efectuaban esas organizaciones, públicas o privadas, con los dineros destinados, en su mayoría, a programas de índole social.
Cuando tratamos de obtener información acerca de los montos de los recursos involucrados, qué se hacía con ellos, quién los manejaba, tuvimos la sensación de que existía un área gris, oscura, nebulosa. Por eso, por ser desconocida la cantidad de fondos destinados a estas organizaciones, se generan especulaciones, como que podrían ser 1 mil 200 millones de dólares, tal vez 800 millones; como que serían 1 mil 200 organizaciones no gubernamentales, etcétera.
Por mucho tiempo traté de llegar a lo medular de esa información y no fue posible lograrlo ni a través de los ministerios, ni de fiscalización, ni de internet. Incluso recurrimos a la Contraloría General de la República, que hizo un esfuerzo grande por recolectar información de todos los ministerios, sobre el destino y la tenencia de estos recursos, con muy poco éxito. De hecho, de 217 ó 300 fondos detectados, sólo pudo informar sobre muy pocos porque los distintos organismos no la tenían, no la quisieron dar o no existía evaluación. Ni siquiera pudimos tener claro si los fondos asignados se habían ocupado, es decir, no había forma de medir la eficiencia de la gestión. Puede que algunos hayan existido, pero nunca concretaron los proyectos.
Sería lamentable que mañana se detectara en esa área oscura, como la he denominado, otras instancias en las que se hubieran producido irregularidades, como las que hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, el caso Gate.
La política de los proyectos concursables es relativamente nueva y fue uno de los grandes logros que anunció el Jefe de Estado en las últimas leyes de Presupuestos. Incluso, me acuerdo que el año 2000 el Presidente Lagos anunció la gran reforma social, el gran cambio en el país, que consistía en contar con muchos recursos para los proyectos concursables. A lo mejor es una buena idea, pero no lo es que no haya nadie que controle, que evalúe y que determine con qué criterios se entregan los recursos, quiénes van a hacer uso de ellos, qué capacitación tienen las personas, etcétera.
También me temo, y estoy casi segura, que gran parte de esos recursos han tenido una muy baja rentabilidad social, lo que es lamentable, porque así como aquí alguien ha dicho que hay organizaciones no gubernamentales que podrían tener una acción destacada, una realización sobresaliente y un uso espectacular, con un gran fin social, por ejemplo, el Hogar de Cristo, Paz Ciudadana -no es el caso de la Teletón, pero podría haber sido si hubiera tenido fondos fiscales- y tantas otras instancias que con la mejor voluntad y entrega se han dedicado a tender una mano especialmente a las personas más necesitadas. Hay organismos que desarrollan proyectos que acogen a madres solas, a mujeres embarazadas, etcétera; con muy buenas intenciones, pero en ese gran conglomerado de organizaciones sin duda hay algunas que se han prestado para fines muy distintos y menos loables.
Eso fue lo que nos llevó, como una forma de asegurar más transparencia y control del gasto para lograr una mejor focalización de esos recursos hacia las personas que realmente lo necesitan, a tener registros de organizaciones no gubernamentales, que como un diputado decía, efectivamente tendrían que haber existido porque el Ministerio de Justicia debería tener control de todas las organizaciones no gubernamentales, incluso llevar una evaluación para saber si se está cumpliendo la finalidad para la cual fueron creadas. Pero el Ministerio de Justicia ha dicho que no tiene la capacidad para llevar a cabo esa tarea.
Por otra parte, entiendo también que el Ministerio de Hacienda, cada cierto tiempo, de acuerdo con las normas de la ley de Presupuestos anterior, tiene que hacer una evaluación de al menos 30 fondos. De hecho, el año pasado se hizo una evaluación, que está en la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual hubo una evaluación con calificaciones no muy buenas para varios organismos y bastantes críticas al propio Fondo de Solidaridad, el Fosis, quizás el mayor causante de lo que está pasando con estos fondos públicos, por cuanto este organismo -que depende del Mideplan y cuenta con un presupuesto de 28 mil millones de pesos-, con 500 funcionarios, se adscribe y entrega recursos a instituciones privadas para que realicen acciones que podrían hacerlas el Mideplan o el Fosis. De hecho, en la postulación de proyectos a este fondo hay distintas instancias: para evaluación, para medición e, incluso, para asignación, funciones que se van delegando a privados. Y en ese mar de delegaciones o de sucursales, como las podríamos denominar, sucede esta dispersión, que genera ignorancia y desconocimiento en quienes manejan estos fondos. Eso ocurre con fondos que son del Fosis, de la Conace, del Fonadis, del Indap, de la Conadi, del Ministerio de Educación, de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, de la Junta de Jardines Infantiles, de la Prodemu, del Serman, del Ministerio del Interior, etcétera. En definitiva, cada cartera tiene estas sucursales en las que han delegado responsabilidades a personas naturales o también a instancias del sector para llevar a cabo acciones que deberían ejecutar los propios ministerios.
Ahí perdimos el hilo de esta gran cantidad de organizaciones. Algunas de ellas, sin duda, han hecho uso ideológico de los fondos que les han entregado. Muchas de ellas se han dedicado a temas relacionados con la mujer: la promoción de género en el aparato del Estado, las relaciones de género desde una mirada indígena -tienen nombres casi de fantasía-, el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo. Otras han abordado temas fuertes de la mujer: la salud, el derecho sexual y reproductivo. Están ligadas a programas que están llenos de palabras maravillosas, pero que a la larga no dicen nada y en los cuales se han utilizado gran cantidad de recursos. Hemos preguntado sobre los objetivos de esos proyectos, pero rara vez hemos obtenido una respuesta sólida que nos dé la confianza de que efectivamente no se están creando líderes políticos con un claro sesgo ideológico. Hay muchos de esos programas que están dedicados a la sociedad civil, a aportes culturales, a animadores culturales y deportivos, que no sabemos qué son ni qué hacen, pero se les ha asignado gran cantidad de fondos. En todo caso, en la última campaña parlamentaria denunciamos la participación de animadores deportivos que estaban haciendo la campaña de determinado candidato. Ellos mismos nos informaron.
Por lo tanto, en este ánimo de transparencia, obviamente había que llegar a estos fondos que están repartidos en distintas formas, lo que hace difícil que sean detectados.
Me preocupan algunos vacíos del proyecto. Por ejemplo, quién va a evaluar, no sólo a las organizaciones que se hacen acreedoras de estos fondos, sino también el buen uso de ellos y la rentabilidad social que generan. Al respecto, la Contraloría General de la República, con la que tuvimos una larga conversación y realizamos un extenso trabajo el año pasado, nos manifestó que no tiene facultades para controlar el buen uso de los fondos, por cuanto su función se limita a comprobar que la imputación del gasto esté bien hecha. Pero el contralor Aylwin manifestó , a propósito del informe que se hizo a las organizaciones, que había “un gasto grosero de los fondos del Estado”. De hecho, la Contraloría General de la República ha vuelto a insistir, a petición del senador Zaldívar , sobre los fondos que se están entregando a estas organizaciones.
El proyecto mismo, como alguien señaló, no va a resolver todos los problemas. Sabemos que cuando en nuestro país se quiere violar una ley, simplemente se viola. Esto me parece muy lamentable, porque las leyes son para cumplirlas, ordenar y controlar el buen funcionamiento de una sociedad, no para burlarla. Sería muy lamentable que no le diéramos seriedad a este problema, porque considero que es una tema-país, en el que están involucrados muchos recursos de todos los chilenos que deberían tener el mejor uso posible.
Por ello me preocupa que en el proyecto no exista ninguna instancia de evaluación. Creo que es algo que está pendiente.
Desgraciadamente no se encuentra presente el diputado Hidalgo , quien entregó un muy buen informe, para que aclarara si la ley de Presupuestos del año 2003 va a considerar la entrega de fondos públicos solamente a aquellas organizaciones que ya están inscritas en ese registro, o se va a seguir en la nebulosa de no saber para quién son, y qué se hace con ellos.
Anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto y esperamos que su aprobación ayude a poner orden en la entrega de esta gran cantidad de recursos para que lleguen a su verdadero destino: a los más pobres de nuestro país.
He dicho.
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