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El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-
Señor Presidente , como lo han expresado los distintos señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, los proyectos en discusión son de la mayor importancia para el Congreso, para el país, para mejorar la relación entre los órganos públicos y los ciudadanos y para transparentar un conjunto de situaciones que permanecieron relegadas durante años, respecto de las cuales no se había legislado y la opinión pública no tenía claridad.
En primer lugar, me referiré al proyecto que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Su solo título señala la importancia del avance logrado en la materia en relación con las proposiciones iniciales de algunos políticos que habían sugerido legislar sobre las llamadas ONG.
La ampliación de las entidades sobre las cuales estamos legislando señala que, inicialmente, se había tenido un sesgo para denunciar situaciones inexistantes y que había un ámbito en el cual ciertos organismos utilizaban fondos públicos sin rendir cuenta de ellos o que no existía suficiente transparencia, situaciones que, desde luego, eran inexistentes, como se demostró con los antecedentes que estos organismos entregaron en las comisiones.
Hoy estamos hablando de personas jurídicas receptoras de fondos públicos en un ámbito muy amplio, refiriéndonos a organismos como corporaciones municipales o de otra naturaleza, fundaciones y, en general, todo tipo de entidades que reciben estos fondos. Sin duda, esta acepción es mucho más amplia que aquella restringida a las que inicialmente se quería fiscalizar o plantear la necesidad de una legislación o de una clarificación frente a la opinión pública.
Desde luego, es fundamental que todas las personas jurídicas que reciben fondos públicos estén registradas, lo cual significará un avance enorme en cuanto a transparencia y clarificación en relación con el destino de los fondos, de quienes los otorgan y en la tranquilidad que la opinión pública debe tener respecto del uso de recursos públicos por entes privados que colaboran con la función del Estado o que realizan, en forma amplia, funciones sociales.
Lo dicho en algunas denuncias públicas, en el sentido de que los fondos utilizados por las llamadas organizaciones no gubernamentales no tendrían rentabilidad, no responde a ningún criterio empírico, a ninguna realidad, puesto que durante los muchos años en que no existía institucionalidad democrática en el país, dichos organismos fueron los únicos que apoyaron y protegieron los derechos de los ciudadanos oprimidos, de los ciudadanos sin defensa, de los que no tenían oportunidad alguna de desarrollarse y defender sus derechos, y lo hicieron con gran eficiencia y dedicación.
Muchas veces, la utilización de recursos por ese tipo de organismos resulta más eficiente y de menor costo que los programas realizados con fondos de organismos públicos.
He sido testigo, en múltiples oportunidades, de que pocas cantidades de dinero generan beneficios muy altos, en términos del desarrollo de organizaciones, de solución de problemas que aquejan a determinados sectores de la ciudadanía, que sin la asistencia de este tipo de entidades estarían desprotegidos y desprovistos de ayuda.
Pero no sólo hay gran rentabilidad sino que, me consta, se ha visto, y ha sido testimoniado con el servicio que cumplen esos organismos, fundaciones o corporaciones, que el uso de esos fondos ha sido proporcional a los problemas y necesidades planteadas por los sectores que acuden a pedir ayuda de verdad, y no de tipo ideológico.
Es tremendamente falso que recursos entregados a organizaciones dedicadas a la mujer, a la protección de los derechos humanos, a la solución de problemas sociales o al apoyo de inversiones para desarrollo de microempresas, se hayan destinado a usos ideológicos, sino que responden a necesidades en las cuales, a veces, el Estado no alcanza a llegar o no tiene institucionalidad democrática. En tales oportunidades, esos organismos contribuyeron a resolver los problemas.
Creo que el proyecto, que permite el registro en forma amplia, sin discriminación de ningún tipo de organizaciones, fundaciones o corporaciones que usan fondos públicos, significa un gran progreso en relación con la utilización de los mismos.
Por otra parte, se clarificará quiénes son los donantes privados, personas jurídicas o naturales, que entregan fondos a determinadas fundaciones respecto de las cuales no existía ningún control, pero sí en muchas oportunidades los recursos no se destinaron a los fines para los que fueron entregados.
En segundo lugar, quiero referirme al proyecto sobre remuneraciones de autoridades de gobierno en cargos críticos.
Sin duda, la iniciativa en debate contribuirá también a mejorar el clima público y a resolver situaciones pendientes o que no habían sido solucionadas durante muchos años. Desde luego, como lo plantearon otros parlamentarios del Partido por la Democracia, habría sido partidario de realizar una reforma a la Constitución que hubiese separado, claramente, las remuneraciones y beneficios que reciben los altos funcionarios del Estado de aquellas que recibimos quienes somos elegidos, por voto popular, como parlamentarios.
Esa reforma de la Constitución habría clarificado definitivamente la situación. Era partidario de apoyar el proyecto que se presentó desde la presidencia de la Cámara de Diputados para separar ambos conceptos y hacer transparentes ante la opinión pública los fondos que reciben los parlamentarios y, al mismo tiempo, que fuesen organizados en forma orgánica por la propia Corporación, de manera que cada ítem o cada asignación que reciban los parlamentarios sean absolutamente claros y transparentes para la opinión pública.
Debido al consenso que se ha dado en esta materia, declaro que apoyaré el proyecto, pero habría preferido la otra solución.
En relación con algunas afirmaciones que se han hecho, quiero decir que cuando votemos el proyecto que nos propone el Ejecutivo , sobre incremento de remuneraciones del Ejecutivo , de ninguna manera aumentaremos las dietas parlamentarias, las que permanecerán idénticas en esta nueva formulación legal.
También quiero clarificar que cuando votemos el proyecto en discusión, no lo haremos movidos por interés particular o interés propio alguno, como se ha mencionado por algunos parlamentarios. En tal caso, quien se encuentre en esa situación estaría obligado, por la ley de probidad, a abstenerse en la votación.
El Ejecutivo , que en este proyecto actúa como colegislador, y los parlamentarios que lo apoyamos, estamos velando por el interés general, porque el Ejecutivo es la única autoridad que tiene la facultad de proponer gastos públicos y el Congreso la única autoridad que tiene facultades legales para aprobar sus propuestas.
Estamos legislando para resolver un problema de transparencia que existía desde hace tiempo, no para incrementar recursos de los parlamentarios ni defender intereses propios.
Estas dos modificaciones no son las únicas que se deben introducir para modernizar el Estado: la transparencia en el uso de los fondos públicos en relación con la política y la modificación profunda de muchas estructuras obsoletas de la administración serán lo que finalmente nos permitirán contar con un Estado moderno.
Debemos hacer de la crítica situación que hemos vivido los últimos días, que ha sido dura y difícil, una gran oportunidad para entregar una legislación provechosa al país.
He dicho.
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