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El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señor Presidente , el proyecto en debate, que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, dispone en su articulado que los municipios y los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos.
Agrega que, en el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes. Igual obligación regirá respecto de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias.
Luego establece la definición de la transferencia de subvenciones, lo cual, para decirlo en forma simple, tiene que ver con todo aquello que Chile compra, materia sobre la cual existe un proyecto en el Senado.
También dispone que los registros serán obligatorios para los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, individualiza las entidades que pueden recibir esos recursos, la actualización mensual de la información de los registros y los requisitos de las instituciones a las que por ley se les puedan entregar recursos públicos o conceder franquicia tributaria, una vez que se haya inscrito en el registro correspondiente.
Por su parte, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con el máximo interés convencional.
La Subsecretaría de Hacienda reglamentará quién llevará los registros y la forma en que lo hará. Un aspecto muy importante es que la información será absolutamente pública.
Los artículos transitorios disponen que las instituciones a que se refiere el proyecto deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003; que la información de los mismos deberá estar disponible a través de medios electrónicos y que el registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado el 1 de julio de 2004.
Como miembro de la Comisión de Hacienda, me correspondió participar en la Comisión Mixta de Presupuestos para el año 2003. Me llamaba profundamente la atención escuchar en la Sala a algunos diputados decir que el Gobierno de la Concertación ha hecho un esfuerzo desde hace años por transparentar los recursos públicos. Me habría gustado que muchos de esos diputados, que quizás no eran miembros de la Comisión de Hacienda, hubiesen estado en las sesiones en las que analizamos y aprobamos el proyecto de ley de Presupuestos para 2003. Durante toda la tramitación de esa iniciativa los parlamentarios de la Alianza por Chile presentamos indicaciones con el objeto de transparentar los gastos reservados y los fondos que reciben las ONG. Innumerables veces presentamos indicaciones en tal sentido, pero, lamentablemente, todas ellas fueron rechazadas por la Comisión Mixta de Presupuestos. Repito: ¡Rechazadas!
Eso ocurrió hace 60 días. Hoy estamos debatiendo un nuevo proyecto en el mismo sentido. En esa ocasión hubo parlamentarios que nos negaron la sal y el agua, porque no aprobaron indicación alguna que permitiera transparentar, de una vez por todas, lo que estaba pasando con los gastos reservados y con las ONG. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Buscamos una solución por todas partes, hablamos con el Ejecutivo , a fin de lograr una mayoría parlamentaria en la votación que llevaría a cabo la Comisión especial, pero nos rechazaron todas las indicaciones que tenían como objeto lograr mayor probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Ése fue el peor favor que le hicieron al Presidente Ricardo Lagos , porque si efectivamente querían transparencia, como lo han dicho aquí, muy sueltos de cuerpo, ¿por qué hace 60 días nos rechazaron todas las indicaciones que presentamos en esa misma dirección? Ése es el problema de fondo: no darse cuenta de que el peor favor que pueden hacer a un gobernante es no ser capaces de ver lo que estaba pasando con los gastos reservados y con las ONG. ¿A qué le temían? Si no hay problema alguno, ¿por qué rechazaron todas las indicaciones que se presentaron? Ése es el problema.
Creo que hay muchas ONG, quizás la mayoría, que están haciendo bien su papel, pero se vieron perjudicadas por algunas pocas, cuyos montos que están manejando desconocemos. Por algo, en las sesiones de la Comisión de Presupuestos para 2003 nos rechazaron las indicaciones tendientes a establecer más transparencia sobre los gastos reservados, tener mayor conocimiento sobre los mismos y establecer un registro como corresponde.
Me llama mucho la atención que hoy se hable de la transparencia del Gobierno y de la Concertación, en circunstancias de que hace 60 días la situación era otra. Eso no puede ocurrir. Debemos ser serios en el debate y en lo que estamos haciendo. Hay que reconocer cómo fueron las cosas; para eso están las actas y las votaciones, y cualquier persona que quiera tener más antecedentes puede saber qué pasó en el país hace sesenta días.
Creo que el proyecto en debate se encuadra en la agenda correcta de probidad y transparencia, porque aclara los recursos que reciben las ONG, pero el problema de fondo es otro.
En la Comisión de Hacienda escuchamos a los representantes de las ONG, tal como corresponde hacerlo con las partes interesadas o con quienes se pueden sentir afectados por una iniciativa. A ellos les quiero decir que no tengan temor por lo que establece el proyecto, porque las ONG que están cumpliendo bien con su función, de las cuales hay muchas y muy meritorias, deben estar agradecidas de que legislemos sobre la materia, porque la iniciativa lo único que hará será cuidarlas de aquellas organizaciones que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas.
He dicho.
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