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El señor SALAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , no puedo dejar de recordar también algunos hechos suscitados en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para la Nación sobre el tema de los gastos reservados.
En ese debate fui uno de los que planteé que deben existir gastos reservados, de lo cual sigo convencido. Tal vez, algunos honorables señores parlamentarios quieren que el Estado no funcione. Señalé ese tema con mucho conocimiento de causa, porque he participado en la Comisión Mixta de Presupuestos desde hace muchos años. Cuando planteamos el tema de los gastos reservados, las autoridades competentes solicitan sesiones secretas, en las que explicitan en qué se utilizan dichos fondos.
No daré conocer esos antecedentes aquí, porque estaría pasando a llevar mi juramento, pues como se trata de sesiones secretas, no se puede a exponer en forma pública lo que en ellas se trata.
Además, durante los doce años de Gobierno de la Concertación se han bajado, año a año, en forma importante, los presupuestos de gastos reservados. Este año se rebajaron en 20 por ciento. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno de 1985 fue de 2 mil 876 millones de pesos y de 560 mil dólares; en 1989, de 2 mil 820 millones de pesos y también 560 mil dólares. El financiamiento que aprobamos para 2003 fue de alrededor de 760 millones de pesos. Si eso no es rebajar los gastos reservados, ¿qué es?
Es bueno que la gente sepa que se está transparentando una situación que viene desde 1931.
Para aclarar el tema, debo señalar que en el proyecto de ley de Presupuestos, de una plumada, los gastos reservados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio Secretaría General de Gobierno quedaron en cero peso. Esos dineros financiarán las remuneraciones de esas carteras.
He seguido el debate del proyecto. Nadie ha sostenido hasta el momento que no es justo, sino necesario y legítimo que el Presidente de la República, los ministros, subsecretarios e intendentes perciban rentas acordes con la dignidad de los cargos que desempeñan.
Entonces, no sólo debemos tocar este tema, debido a que recién comenzamos nuestro trabajo parlamentario, porque un país se hace en función de su historia presente y futura. Eso quería clarificar.
En nombre de la bancada Demócrata Cristiana quiero señalar que las ONG han sido instituciones importantes en el desarrollo de nuestro país y que con ellas se cometió una gran injusticia. Se aborda el tema de los sueldos no acordes por ley y, entremedio, se plantea el tema de las ONG. Se dan cifras increíbles, que no corresponden a la realidad. Desafío a que demuestren que el traspaso a las ONG -como algunos distinguidos honorables parlamentarios lo expresaron- representa un gasto de 350 mil millones de pesos. Eso significa no conocer ni entender el presupuesto de la nación, las partidas respectivas y las glosas presupuestarias.
La gente olvida que, desde 1996, en la ley de Presupuestos de la Nación están regulados los traspasos a las ONG en relación con el uso de fondos públicos. Desde 1995, cuando se analizó el presupuesto para 1996, hay glosas presupuestarias que deben identificar el uso y destino de dichos fondos, los que quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a rendición de cuentas. Es decir, ninguna ONG se manda sola. Se trata de instituciones dignas, con muy buenos profesionales, que tienen espíritu de servicio público, que deben rendir cuenta a la Contraloría General de la República respecto de los recursos que reciben.
No he sabido que haya juicios de cuentas masivos relacionados con las ONG en la Contraloría General de la República, en circunstancias de que muchas instituciones afectas a su control sí tienen juicios de cuentas pendientes. Pero nunca he visto, como ahora se trata de estigmatizar, que existan respecto de las ONG.
Por otra parte, el órgano de administración que apruebe la entrega de aportes debe identificar el objetivo de los mismos y señalar su destino final, es decir, inversiones, remuneraciones y otros gastos de operación.
Además, desde hace siete años se establece en la ley de Presupuestos que el órgano que entregue aportes debe requerir el balance y los estados financieros de las ONG; un informe de la ejecución de las actividades y la nómina de sus directivos, copia de las cuales deben remitirse por las instituciones públicas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara.
Las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones o fundaciones quedan sujetas a la fiscalización del Ministerio de Justicia, lo cual implica la entrega de una memoria y de un balance anual.
Me impresionaron favorablemente las intervenciones de la señora Ana María de la Jara , presidenta de la Asociación Chilena de las ONG, y del señor Francisco Estévez , coordinador del Foro de la Sociedad Civil. Creo que fueron bastante explícitos para hacernos recordar que las ONG nacen en el orden internacional humanitario que surge luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces están funcionando en todo el mundo. Además, expresaron, y así figura en el informe y en las actas, que apoyan el proyecto, porque crea un registro central de colaboradores del Estado, de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la Subsecretaría de Hacienda .
El señor SALAS ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor diputado . Le ruego redondear su idea.
El señor ORTIZ.-
Muy bien, señor Presidente.
Quiero terminar con algo que no se ha dicho: los siete parlamentarios titulares de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que somos parte de este Gobierno de la Concertación, solicitamos por escrito -no quedó expreso en el mensaje presidencial- que se trate el tema de las organizaciones, instituciones o corporaciones que reciben franquicias tributarias, porque también son recursos de todos los chilenos.
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que aprobaremos en general y en particular el proyecto.
He dicho.
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