CREACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS. Primer trámite constitucional. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Hidalgo. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 3176-05, sesión 35ª, en 17 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 12, de esta sesión. -Certificado complementario de la Comisión de Hacienda. Documentos de la cuenta Nº 14, de esta sesión. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor HIDALGO .- Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.818, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación. La iniciativa tuvo su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , calificada de “discusión inmediata” para su tramitación legislativa. Esta iniciativa fue presentada por cinco diputados de Renovación Nacional, entre los cuales figura quien habla, y su Excelencia el Presidente de la República le dio el patrocinio. Los artículos 1º, 3º y 4º deben aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional por incidir en materias de la ley orgánica de Municipalidades. Entre las disposiciones o indicaciones rechazadas, puedo mencionar el párrafo segundo del artículo 2º de la indicación del Ejecutivo y la última parte del artículo 8º. En cuanto a las disposiciones aprobadas por unanimidad, se puede citar todo el articulado que no fue objeto de rechazo. Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, los señores Nicolás Eyzaguirre , ministro de Hacienda ; José Miguel Insulza , ministro del Interior ; Mario Fernández , ministro secretario general de la Presidencia ; Heraldo Muñoz , ministro secretario general de Gobierno ; Mario Marcel , director de Presupuestos ; Alberto Arenas , subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, y los asesores señores Julio Valladares y Eduardo Azócar . Concurrieron también la señora Ana María de la Jara , presidenta de la Asociación Chilena de ONG, y el señor Francisco Estévez , coordinador del Fondo de la Sociedad Civil. Las ideas matrices y fundamentales del proyecto consisten en crear un Registro Central de Colaboradores del Estado , a cargo de la Subsecretaría de Hacienda , y registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la entidad administrativa correspondiente, como requisito habilitante para acceder a dichos recursos, propósito que se enmarca dentro de la Agenda pro Transparencia. Como antecedentes generales, según el mensaje, el proyecto recoge una moción de los diputados señores Alberto Cardemil , Alfonso Vargas , Carlos Hidalgo y las diputadas señoras María Pía Guzmán y Lily Pérez relacionada con la materia. Esta regulación se sumaría a la que, en la actualidad, se aplica a los distintos organismos que postulan y reciben fondos públicos provenientes de la ley de Presupuestos de la Nación. Por ejemplo, en materia de ONG, la regulación de la percepción y uso de fondos públicos se viene estableciendo desde 1996 en la ley de Presupuestos de la Nación. Dicha regulación tiene los siguientes elementos. En primer lugar, debe identificar el uso y destino de dichos fondos. En segundo lugar, quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República respecto a rendición de cuentas. Por su parte, el órgano de administración que apruebe la entrega del aporte debe identificar el objeto del mismo, señalando el destino final: inversiones, remuneraciones u otros gastos de operación. En la ley de Presupuestos se establece que el órgano que entregue el aporte debe requerir el balance y los estados financieros de las ONG. También un informe de la ejecución de las actividades y la nómina de sus directivos, copia de los cuales deben remitirse por las respectivas instituciones públicas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados. Las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones fundaciones quedan sujetas a la fiscalización que ejerce el Ministerio de Justicia. Dicha regulación implica la entrega de una memoria y de un balance anual. Como antecedentes presupuestarios o financieros, puedo citar el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 13 de diciembre de 2002, que señala que la aplicación de la iniciativa irrogará un mayor gasto fiscal de 100 millones de pesos para el año 2003 y de 50 millones de pesos para el año 2004, derivados de las necesidades de infraestructura, apoyo técnico y compra de servicios necesarios para su implementación. El financiamiento durante el año 2003 se hará con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda y, en lo que faltare, mediante reasignaciones con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos para esa anualidad. Respecto de la discusión y votación en general del proyecto, debo informar que en el debate habido en la Comisión, el señor José Miguel Insulza , ministro del Interior , recordó que, junto con presentarse la iniciativa sobre remuneraciones de las autoridades (boletín Nº 3.171-05), el Gobierno recibió la solicitud de varios diputados para que se presentara un proyecto de ley con el objeto de crear un registro nacional de organizaciones no gubernamentales que reciben recursos públicos. Precisó que las transferencias de recursos tienen diversos mecanismos, como donaciones y franquicias tributarias. Explicó que en el proyecto de ley se propone crear un Registro Central de Colaboradores del Estado , a cargo de la Subsecretaría de Hacienda y registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la entidad administrativa correspondiente, como requisito habilitante para acceder a dichos recursos. Hizo notar que en el caso de las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones o fundaciones, quedan sujetas a la fiscalización que ejerce el Ministerio de Justicia. Destacó que la creación de los registros servirá de requisito habilitante para postular y percibir fondos públicos. En primer lugar, se define el concepto de transferencias, las que deben ser subvenciones, es decir, dineros entregados por el Estado con cargo a la ley de Presupuestos, a fondo perdido, o sea, sin la obligación de devolución. En segundo lugar, debe tratarse de subvenciones a personas jurídicas. En consecuencia, quedan excluidas las personas naturales como receptoras de fondos. Explicó que la inscripción de la persona jurídica receptora en el respectivo registro produce los siguientes efectos: En primer lugar, la entidad queda habilitada para recibir recursos o franquicias. La persona que reciba fondos públicos y que no esté inscrita, debe devolverlos reajustados, más el interés máximo convencional. En segundo lugar, la institución receptora de la transferencia debe mantener actualizada toda la información relativa a ella que se encuentre en el respectivo registro. Señaló que, por su parte, el registro contendrá la información relativa a la individualización de la entidad respectiva, su área de especialización, su naturaleza jurídica y sus antecedentes financieros. También deben consignarse las actividades, trabajos o comisiones que se le encarguen por parte del Estado, los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República, cuando corresponda. Destacó que el principio de publicidad se hará efectivo, ya que cualquier persona podrá solicitar la información contenida en el registro al órgano encargado. Detalló que las instituciones públicas que efectúan transferencias deberán establecer los registros correspondientes durante el curso del año 2003. Por su parte, el registro central que lleve la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado al 1 de julio de 2004. Para tal efecto, los órganos de la administración y las entidades que recibieron fondos deberán enviar a la Subsecretaría de Hacienda , en el primer trimestre de 2004, las bases de datos con que cuenten respecto de la información histórica de los años 2001, 2002 y 2003, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Hacienda para requerir información a los órganos públicos. Por último, indicó que, durante el transcurso del año 2003, se aplicarán las normas actualmente vigentes para dicha anualidad, y sólo a contar del 1 de enero de 2004 se hará plenamente exigible la habilitación de la inscripción correspondiente en los registros. El señor Francisco Estévez hizo presente que el término ONG fue incorporado explícitamente en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, quedando asociadas al orden internacional humanitario que surge en el mundo luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se dedicaron a contribuir al desarrollo humano de los países en materia de democracia, sustentabilidad ambiental, equidad social, defensa de los derechos humanos, entre otros. Este trabajo, por definición, no es gubernamental ni antigubernamental. A partir de los años 90, todas las ONG en Chile tienen la personalidad jurídica de corporación o fundación. Las ONG están por la transparencia, apoyan el proyecto. La habilitación de los registros es un paso positivo. Afirmó también estar dispuesto a contribuir a la creación de los registros públicos poniendo a disposición de la autoridad toda la información con que cuentan sus organizaciones. La señora Ana María de la Jara sostuvo, en primer lugar, su disconformidad por la forma y oportunidad en que han aparecido las ONG en la agenda legislativa. Efectivamente, ha resultado equívoco y lesivo para el conjunto de las ONG chilenas, conformado principalmente por corporaciones y fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro y con finalidades de interés público, que se haya considerado legislar sobre ellas a propósito del debate sobre probidad y transparencia que ha afectado a instituciones gubernamentales. En principio le parece pertinente y necesario crear un registro público de organizaciones privadas, por razones de transparencia y confiabilidad pública. Con todo, cree importante que se establezca un registro especial de entidades asignatarias de donaciones asociadas a franquicias tributarias. El proyecto en cuestión denomina a las entidades sujetas a registro como colaboradoras del Estado. Dicha denominación la consideramos restrictiva, ya que ubica implícitamente la misión de estas instituciones en función de la gestión estatal. Debido al carácter de ellas su misión está focalizada hacia el desarrollo social e iniciativa de interés público, emanen éstas del Estado o de la propia sociedad civil. Puesto en votación general, el proyecto fue aprobado por unanimidad. En relación con la discusión y votación en particular del proyecto, cabe señalar lo siguiente: En el artículo 1º del proyecto se establece que los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación que efectúen transferencias deberán llevar un registro de las personas jurídicas receptoras de dichos fondos. En el inciso segundo se señala que en el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes. En el inciso tercero se precisa que igual obligación regirá respecto de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias. En el inciso cuarto se señala que, en todo caso, deberán registrarse las entidades susceptibles de recibir recursos públicos contemplados en la ley de Presupuestos de la Nación o aquellas con derecho a crédito fiscal reguladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, en el artículo 69 de la ley Nº 18.681, en el artículo 3º de la ley Nº 19.247 y en el párrafo 5º del Título IV de la ley Nº 19.712. El Ejecutivo formuló dos indicaciones a este artículo: la primera para reemplazar, en su inciso primero, las palabras “personas jurídicas” por el vocablo “entidades”. La segunda para agregar el siguiente inciso quinto: “Asimismo, deberán registrarse las personas jurídicas o naturales que efectúen la donación correspondiente”. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en su primer inciso, encabezándolo, la frase “Los municipios y”, pasando la expresión “Los órganos” a ser “los órganos”. Puesto en votación el artículo, con las indicaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad. En el artículo 2º se determina que, para los efectos del proyecto, se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios y, en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que los recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales y otras de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento. El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar este artículo por el siguiente: “Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios y, en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que estos recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales, o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales, y otras de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento. También se entenderá por transferencias las subvenciones que se efectúen a entidades sin personalidad jurídica que, en todo caso, por prestar servicios importantes a la comunidad, estén habilitadas para percibir fondos públicos”. Puesta en votación la indicación anterior, se solicitó votación separada de su último párrafo, siendo éste rechazado por unanimidad. El resto del artículo fue aprobado por unanimidad. En el artículo 3º se contempla que quedan facultados y obligados a establecer registros, por el ministerio del proyecto, los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, en los que se clasificará, acreditará y proporcionará información pública sobre la existencia, antecedentes de constitución y funcionamiento de las entidades favorecidas, conforme al reglamento, que deberá dictarse dentro del plazo de 120 días, contado desde la fecha de publicación de este cuerpo legal. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, a continuación de la palabra “reglamento”, las expresiones “u ordenanza respectiva”, y reemplazar la palabra “deberá” por “deberán”. Sometido a votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad. En el artículo 4º se preceptúa que en los registros se incorporará la información relativa a la individualización de las entidades mencionadas en el proyecto, su área de especialización, su naturaleza jurídica y sus antecedentes financieros. En el inciso segundo se dispone que deberán consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que se hayan encargado por parte del Estado; los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República, cuando corresponda. El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en el inciso segundo las palabras “del Estado” por “de las entidades públicas y municipios”. Se acordó, asimismo, agregar, en el mismo inciso, a continuación de la palabra “República”, las expresiones “y otros órganos fiscalizadores”. Sometido a votación el artículo con la modificación e indicación precedente, fue aprobado por unanimidad. En el artículo 5º se previene que las instituciones receptoras de transferencias o donaciones deberán mantener actualizada la información a que se refiere el artículo anterior. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar la palabra “mensualmente”, a continuación de la palabra “actualizada”. Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad. En el artículo 6º se estipula que a las entidades a las que se refiere el proyecto sólo se les podrá entregar recursos fiscales o conseguir franquicias tributarias una vez que se encuentren inscritas en el registro correspondiente y, en todo caso, únicamente a partir de la vigencia señalada en el artículo 1º transitorio. En el segundo inciso se señala que a los funcionarios públicos que otorgaren recursos públicos a entidades no inscritas en los registros que se establecen, se aplicará la sanción que corresponda, de acuerdo al estatuto administrativo que lo rija. En el inciso tercero se dispone que las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con el interés máximo convencional. El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el inciso primero, la expresión “recursos fiscales” por “recursos públicos”. Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad. En el artículo 7º se faculta al Ministerio de Hacienda para dictar las normas e instrucciones por las que deberán regirse los registros antes mencionados y establecer la forma en que deberán uniformarse los datos provenientes de las diversas entidades a que se refiere el proyecto, los que incorporará en su propia base de datos. En el inciso segundo se preceptúa que dicha Secretaría de Estado estará facultada para requerir información de los órganos y servicios públicos antes citados, y para constituir un Registro Central de Colaboradores del Estado , que será llevado por la Subsecretaría del ministerio referido. En el inciso tercero se contempla que un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación y gestión de los registros mencionados en el proyecto. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para instituciones de menor tamaño. El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar su inciso final por el siguiente: “El reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación y gestión de los registros mencionados en el artículo 1º de esta ley. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para las entidades que anualmente perciban transferencias de la fuente correspondiente inferiores a su equivalente en pesos de 500 Unidades Tributarias Mensuales”. A propósito de este artículo, el señor Alberto Arenas explicó que en él se establece el registro central de la información que proporcionarán los organismos y servicios públicos incluidos en la ley de Presupuestos que efectúen transferencias a personas jurídicas receptoras de dichos fondos. Al respecto, añadió que, al incluirse a los municipios en esta disposición, habría que adecuar la normativa, puesto que no les sería aplicable. Hizo hincapié en que el registro será llevado por la Subsecretaría de Hacienda, por lo que no le correspondería manejar antecedentes que no dicen relación con los organismos que forman parte de la administración central. En este caso, se refería al municipio. Luego de un variado intercambio de opiniones acerca de la mejor alternativa posible, se sugirió que el registro centralizado de la información de los municipios podría ser llevado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. El diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión, propuso dejar pendiente el artículo en espera de que el Ejecutivo presentara una indicación que recogiera los planteamientos que sobre el particular se han efectuado. Por su parte, el diputado Montes, don Carlos , sugirió que, sin perjuicio de la disposición genérica contenida en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, podría contemplarse en este proyecto de ley una norma específica que facultara a dicho órgano para fiscalizar la información del registro central. El señor Arenas argumentó que si se trata de agregar una función adicional a las actualmente contempladas en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, habría que estudiar la factibilidad de ello, lo que no sería necesario en el caso de que se tratara de una simple reiteración de facultades que ya tiene. El diputado Montes sostuvo que existen diversas “áreas grises” en que la Contraloría General de la República está impedida de fiscalizar. A su juicio, en el caso de los recursos de que trata esta iniciativa, debieran, sin lugar a dudas, ser sometidos a la fiscalización de dicho ente. El señor Mario Fernández recordó que cuando se debatió el proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de la Contraloría General de la República, en la etapa correspondiente al Senado, hubo una extensa discusión en cuanto a si dicho ente podría o no inmiscuirse en cuestiones relativas a la gestión del Gobierno y cuándo se estaría en presencia de esa situación. En su opinión, no habría objeción en cuanto a que la Contraloría General de la República fiscalizara este tipo de información. El señor Fernández anunció una indicación sobre esta materia. El diputado Lorenzini, don Pablo , propuso realizar una sesión especial el próximo día martes -hoy-, antes de la sesión de la Sala, a efectos de discutir las indicaciones pendientes. Eso fue llevado a cabo, por lo que informaré al final. En consideración a que el tema debió ser consultado a nivel de Ejecutivo , se acordó dejar pendiente la votación del artículo 7º, por lo que se omite del texto aprobado por la Comisión. En el artículo 8º se dispone que cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que lleven registros sectoriales como a la Subsecretaría de Hacienda , la información contenida en el respectivo registro, la que será pública en los términos establecidos en los artículos 13 y 14 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Puesto en votación este artículo, se solicitó votación separada respecto de la frase “en los términos establecidos en los artículos 13 y 14 de la ley Nº 18.575, orgáni-ca constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, la que fue rechazada por unanimidad. El resto de los artículos fue aprobado por unanimidad. Conforme al artículo 1º transitorio, las instituciones y entidades a que se refiere el proyecto deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003. En el inciso segundo se precisa que durante el transcurso de dicho año, se aplicarán las normas actualmente vigentes para dicha anualidad. En consecuencia, las instituciones estatales incluidas en la ley de Presupuestos sólo otorgarán fondos o franquicias a las entidades señaladas en el artículo 1º, que cuenten con la inscripción correspondiente, a contar del 1 de enero de 2004. El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar este artículo por el siguiente: “Artículo 1º transitorio.- Las instituciones a que se refiere esta ley, deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003, en base a las transferencias que se efectúen en dicho año”. “La información de dicho registro deberá estar disponible a través de los medios electrónicos. “Sin embargo, el requisito establecido en el artículo 6º para entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias regirá sólo a contar del 1 de enero de 2004”. Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad. En el artículo 2º transitorio se dispone que el registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado el 1 de julio de 2004. En el inciso segundo se precisa que, con tal objeto, las entidades a que se refiere esta iniciativa deberán enviar a la Subsecretaría de Hacienda las bases de datos con que cuenten, en que conste la información histórica de los años 2001, 2002 y 2003. En el inciso tercero se estipula que los órganos y servicios públicos, cualquiera sea su naturaleza, que cuenten con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta el proyecto, serán responsables. Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo: “Artículo 4º transitorio.- Sin perjuicio de las normas especiales de vigencia establecidas en este cuerpo legal, la presente ley entrará en vigor dentro de 90 días de publicada en el Diario Oficial.”. Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación. Conclusión. En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que daré a conocer oportunamente en mi calidad de diputado informante, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del proyecto. “Proyecto de ley. “Artículo 1º.- Los municipios y los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos. “En el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes. Igual obligación regirá respecto de las instituciones que autoricen donaciones o franquicias tributarias. En todo caso, deberán registrarse las entidades que sean susceptibles de recibir recursos públicos contemplados en la ley de Presupuestos de la Nación o aquellas con derecho a crédito fiscal reguladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, en el artículo 69 de la ley Nº 18.681, en el artículo 3º de la ley Nº 19.247, y en el párrafo 5º del Título IV de la ley Nº 19.712. Asimismo, deberán registrarse las personas jurídicas o naturales que efectúen la donación correspondiente. Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes o servicios, y en especial, subsidios para financiamiento de actividades específicas o programas especiales y gastos inherentes o asociados a la realización de éstos; sea que estos recursos se asignen a través de fondos concursables o en virtud de leyes permanentes o subsidios, subvenciones en áreas especiales, o contraprestaciones establecidas en estatutos especiales, y otras de similar naturaleza, todo esto según se determine en el reglamento. Artículo 3º.- Quedan facultados y obligados a establecer registros, por el ministerio de esta ley, los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, en los que se clasificará, acreditará y proporcionará información pública sobre la existencia, antecedentes de constitución y funcionamiento de las entidades favorecidas, conforme al reglamento u ordenanza respectiva, que deberán dictarse dentro del plazo de ciento veinte días contado desde la fecha de publicación de este cuerpo legal. Artículo 4º.- En los registros se incorporará la información relativa a la individualización de las entidades mencionadas en esta ley, su área de especialización, su naturaleza jurídica, y sus antecedentes financieros. Deberán consignarse también las actividades, trabajos o comisiones que se hayan encargado por parte de las entidades públicas y municipios; los recursos públicos recibidos y el resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la República y otros órganos fiscalizadores, cuando corresponda. Artículo 5º.- Las instituciones receptoras de las transferencias o donaciones deberán mantener actualizada mensualmente la información a que se refiere el artículo anterior. Artículo 6º.- A las entidades a las que se refiere esta ley sólo se les podrá entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias una vez que se encuentren inscritas en el registro correspondiente y, en todo caso, únicamente a partir de la vigencia señalada en el artículo transitorio primero. Se aplicará a los funcionarios públicos que otorgaren recursos públicos a algunas de las entidades a que se refiere esta ley no inscrita en los Registros que se establecen, la sanción que corresponda de acuerdo al estatuto administrativo que lo rija. Por su parte, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con más el interés máximo convencional”. El artículo 7º está pendiente. Por tanto, le daré lectura a continuación del informe. “Artículo 8º.- Cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que lleven registros sectoriales como a la Subsecretaría de Hacienda , la información contenida en el respectivo registro, la que será pública. Artículo 1º transitorio.- Las instituciones a que se refiere esta ley, deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003, en base a las transferencias que se efectúen en dicho año. La información de dichos registros deberá estar disponible a través de medios electrónicos. Sin embargo, el requisito establecido en el artículo 6º para entregar recursos públicos o conceder franquicias tributarias regirá sólo a contar del 1 de enero de 2004. Artículo 2º transitorio.- El registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado al 1 de julio de 2004. Los órganos y servicios públicos, cualquiera sea su naturaleza, que cuenten con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta esta ley, serán responsables de remitir a la Subsecretaría mencionada dicha información dentro del primer trimestre del año 2004. Artículo 3º transitorio.- El financiamiento del mayor gasto que irrogue esta ley durante el año 2003 se hará con cargo al presupuesto de las reparticiones correspondientes, de la ley de Presupuestos para dicha anualidad. Artículo 4º transitorio.- Sin perjuicio de las normas especiales de vigencia establecidas en este cuerpo legal, la presente ley entrará en vigor dentro de 90 días de publicada en el Diario Oficial.”. Acordado en las sesiones de 18 de diciembre, 7, 8 y 9 de enero de 2003, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini , Alvarado , Álvarez , Cardemil , Guzmán , señora Pía ; Vargas , Dittborn , Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Lagos, Ortiz , Silva , Tohá , señora Carolina , y Von Mühlenbrock . A continuación, voy a dar lectura al artículo 7º, cuyo texto fue reemplazado por el siguiente: “Artículo 7º.- El Ministerio de Hacienda deberá dictar las normas e instrucciones por las que deberán regirse los registros antes mencionados y establecerá la forma en que deberán uniformarse los datos provenientes de las diversas entidades a que se refiere esta ley, los que incorporará en su propia base de datos. Dicha Secretaría de Estado estará facultada para requerir información de los órganos y servicios públicos antes citados, excluidas las municipalidades, para constituir un registro central de colaboradores del Estado, que será llevado por la Subsecretaría del Ministerio referido. El reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, establecerá lo relacionado con la organización, coordinación y gestión de los registros mencionados en los incisos anteriores de este artículo. En todo caso, el reglamento podrá establecer sistemas simplificados para instituciones de menor tamaño. Por su parte, con la información que proporcionen los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dependiente del Ministerio del Interior, deberá establecer un régimen central de colaboradores de las municipalidades. Se aplicará a los funcionarios municipales que otorgaren recursos de esas corporaciones a entidades no inscritas en los registros municipales y el central de municipalidades, la sanción que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Además, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que recibieren recursos municipales, deberán devolverlos reajustados más el interés máximo convencional. “La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo dictará el reglamento necesario para la adecuada organización y operación del registro a su cargo.”. Indicación al artículo 8º. “Para reemplazar este artículo de la siguiente forma: Artículo 8º.- Cualquier persona podrá solicitar, tanto a las entidades que llevan registros sectoriales o municipales, como a la Subsecretaría de Hacienda o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la información contenida en el respectivo registro, la que será pública”. Artículos nuevos. Artículo 9º.- Todos los registros a que se refiere la presente ley deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República, con el propósito de facilitar la fiscalización que le corresponde ejercer”. “Artículo 10º, nuevo.- Los Ministerios de Hacienda y del Interior deberán celebrar convenios para que, a través de los medios electrónicos, se pueda intercambiar la información contenida en sus respectivos registros.”. Indicación al artículo segundo transitorio: Para reemplazar su texto por el siguiente: “Artículo 2º transitorio.- Los registros centrales a que se refiere esta ley deberán encontrarse consolidados el 1 de julio de 2004. Los órganos y servicios públicos cualquiera sea su naturaleza, que cuenten con la información respectiva, y las entidades particulares a que afecta esta ley, serán responsables de remitir a la Subsecretaría de Hacienda dicha información, dentro del primer trimestre del año 2004. La misma obligación tendrán las municipalidades y entidades particulares, en su caso, de enviar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la información correspondiente, en el plazo señalado en este inciso”. La Comisión acordó que los artículos 7º, 8º y artículo 2º transitorio son normas de carácter orgánico constitucional. Se acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal directamente en la Sala. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes . El señor MONTES.- Señora Presidenta, valoro la forma en que el proyecto ha sido despachado por la Comisión. Anuncio mi voto favorable y el de toda mi bancada. Este debate no es nuevo, ya que hace seis o siete años hubo uno similar sobre esta materia, el cual dio origen al artículo 17 de la ley de Presupuestos, vigente durante siete años y que en este último fue retocado. En lo fundamental establece: todas las organizaciones no gubernamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley -de Presupuestos- deberán indicar el uso o destino de dichos fondos, los cuales quedarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, conforme a las instrucciones impartidas por dicho organismo respecto a la rendición de cuentas. Los órganos y servicios públicos, a través de cuyos presupuestos se efectúen transferencias a corporaciones y fundaciones, identificadas expresamente en el ítem o asignación respectiva de acuerdo a convenios, deberán requerir el balance y los estados financieros del ejercicio de las respectivas entidades, un informe de la ejecución de las actividades o programas acordados, la nómina de su directorio, así como la de sus ejecutivos superiores y otros aspectos. ¿Qué es lo nuevo que viene en el proyecto? Primero, se crea un registro amplio que tiene que ver con todas aquellas transferencias que se realizan desde el sector público al privado y que, como dijo el ministro señor Insulza en el debate que se llevó a cabo en la Comisión, no sean parte de Chile-Compra, cuestión que pediría clarificar ahora al señor ministro . El artículo 2º del proyecto dispone que “para los efectos de esta ley, se entenderá por transferencias las subvenciones a personas jurídicas, sin prestación recíproca en bienes y servicios”, concepto que es bastante genérico y amplio. En la Comisión se concordó en que esto se refiere a que por transferencia se entiende todo aquello que no es propiamente parte de los registros de Chile-Compra que está llevando el Estado y que se está regulando en un proyecto que se discute en el Senado en segundo trámite constitucional. Si es así, se trata de una ampliación muy grande a todo el conjunto de los recursos de lo que originalmente concebía en esta materia el artículo 17 de la ley de Presupuestos. Esto significa que están todas las corporaciones, fundaciones, consultoras y sociedades de responsabilidad limitada que prestan distintos servicios de esta naturaleza. Del total de recursos del Fosis, durante el año 2002 fueron transferidos a sociedades de responsabilidad limitada el 43,7 por ciento y sólo el 28 por ciento a corporaciones y fundaciones; a las municipalidades el 10 por ciento y a las sociedades anónimas el 3,3. Ahora, si revisamos los antecedentes del Sence, fueron transferidos a sociedades de responsabilidad limitada el 54,1 por ciento, a sociedades anónimas el 18 por ciento y, en este marco, a las corporaciones y fundaciones fueron transferidos sólo el 9,9 por ciento. Es importante también considerar todas aquellas entidades que reciben transferencias vía donaciones en virtud de cualquier iniciativa. Por ejemplo, según datos de 2002, las universidades e institutos profesionales recibieron 24 mil millones, que serán sujetas al registro y a los sistemas de control que contiene; 3 mil 945 millones de pesos fueron destinados a fundaciones y corporaciones culturales y 5 mil 132 millones a instituciones educacionales. Faltan las donaciones que ahora vienen para el deporte y que están recién implementándose. En consecuencia, estamos hablando de treinta y tantos mil millones de pesos, vía donaciones, que quedarán dentro del registro y, por lo tanto, sujetos a todo el sistema que éste contiene. Esto lo queremos valorar, porque es importante considerar no sólo el proyecto directo, sino también un conjunto de otras transferencias que realiza el Estado. Rechazo la intención original del proyecto, que partía considerando a las ONG como un demonio. Se dijo que se les transferían 1.500 millones de dólares, cosa que nunca ha demostrado nadie ni tampoco se desprende del control que se les hace de conformidad al artículo 17 de la ley de Presupuestos. Esa cifra es totalmente desproporcionada e inflada. Nunca se ha establecido un concepto claro respecto de qué organizaciones estamos hablando. Por definición internacional los bomberos, la cruz roja, los rotarios y un conjunto de otras instituciones también son considerados como ONG. Rechazo la campaña orientada a estigmatizar a las ONG que ha desencadenado un sector de la Derecha, particularmente el ex senador Sebastián Piñera y otros miembros de Renovación Nacional. Aquí se inventa un monstruo, se busca demonizar a un tipo de institución. Ha sido una verdadera operación de exterminio de imagen orientada a caricaturizarla y decir que son un demonio y que por ahí se roban los recursos. Si alguien sabe que se han usado para un destino distinto del cual fue asignado a una ONG debe denunciarlo. Comete delito, tanto el que lo orientó de una mala manera como aquel que, sabiéndolo, no realiza la denuncia correspondiente, especialmente si se trata de un parlamentario. Aquí se abusó de distintas posibilidades de expresión para caricaturizar este sector. Las ONG son muchas y variadas. Son parte de la riqueza de un país, y así se entiende desde el punto de vista de distintas definiciones internacionales y dentro de un concepto moderno de sociedad civil. Distintos grupos se van organizando para cumplir ciertos objetivos de bien común, accediendo a recursos públicos, privados, nacionales e internacionales. Las ONG juegan un papel importante, ya sea en políticas sociales o de capacitación. Aprovecho de recordar a algunos señores que la Fundación Futuro, que entiendo preside el señor Piñera , también es una ONG, o la Fundación La Vaca, que a estas alturas no sé qué toro la preside, pero que para estos efectos es también una ONG, un organismo no gubernamental. Estas instituciones, a las cuales se quiere caricaturizar, son aquellas que fueron muy decisivas en los años de dictadura, por cuanto ayudaron a formar y a agrupar gente para defender los derechos humanos y a muchas otras cosas. Se caricaturiza a partir del rol que ellas cumplieron en la historia. Sin embargo, creo que sería importante tener una visión un poco más amplia y generosa. Insisto: si se sabe de alguna que ha cometido irregularidades, la responsabilidad de quien lo sabe es hacer la denuncia, porque ese tipo de situaciones se puede controlar en virtud del artículo 17 de la ley de Presupuestos. Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de que el conjunto de las transferencias del sector público al privado, que no estén en Chile-Compra, que es el concepto que se ha concordado con el Gobierno, sea incorporado en la agenda de probidad. Se trata de dar mucha más transparencia y fiscalización a todos los dineros públicos, no sólo a los que planteaba el proyecto original de Renovación Nacional, que se limitaba a repetir lo establecido en la ley de Presupuestos, sin aportar nada nuevo. Queremos transparencia sobre los dineros públicos, porque pertenecen a toda la sociedad. Por lo tanto, todos los destinos deben ser controlados. Para eso, debe haber organismos que lo puedan hacer, lo que debe comenzar por existir un registro transparente y abierto al respecto. El proyecto tiene algunas insuficiencias, que espero se puedan corregir. Es importante que exista el registro de todos los organismos privados que cooperan de esta manera con el Estado. También es importante que los municipios se hayan incorporado en el debate de la Comisión, por cuanto no estaban considerados, creándose un sistema propio de centralización de la información municipal, pero sujeta a las normas que establezca el Ministerio de Hacienda. Si no existe compatibilidad entre los sistemas de información, puede haber una gran dispersión de esfuerzo. Eso es muy valioso, pero junto al registro también tiene que haber sistemas de contabilidad muchos más claros. Sé que hay normas de cuenta, pero se podría interpretar que la Contraloría tiene facultades para que todas estas entidades que reciben recursos públicos tengan un sistema de contabilidad abierta y transparente, con sistemas de balance y de flujo, claramente controlables. Espero que eso sea así. Pero lo que no queda contemplado en el proyecto es la posibilidad de que la Contraloría tenga un control pleno de todas las transferencias del sector público al privado. Existe un conjunto de recursos que no tienen control, que es el caso, por ejemplo, de las corporaciones culturales. La propia Contraloría considera que hay una norma que le impide controlarlas. Por ejemplo, en las corporaciones municipales de educación y salud, la Contraloría puede fiscalizar lo que se refiere fundamentalmente a aspectos de la educación, pero no así las remuneraciones de su personal. Ese organismo no tiene facultades para controlar, por ejemplo, las donaciones en aquella parte que no tiene que ver con el donante, sino con el receptor de la donación. Ésta, en ocasiones -así ocurre con las universitarias-, es pagada con becas o con otras formas de retribución. En el fondo, más que una manera de agregar aportes privados a los fondos públicos es una manera de no pagar impuestos. El principio matriz es que los recursos públicos son de toda la sociedad. Por su parte, el Estado debe contar con instrumentos para fiscalizar, y la Contraloría disponer de facultades para saber qué pasa con esos recursos. Esto se habría resuelto con facilidad agregando en la parte final del artículo 9º, nuevo, que “todos los registros a que se refiere la presente ley deberán encontrarse a disposición de la Contraloría General de la República con el propósito de facilitar su fiscalización”. La idea era entregar una facultad total a ese organismo y no sólo sobre aquello que le corresponde ejercer. Ello, por cuanto existen dudas respecto de los recursos que la Contraloría debe fiscalizar. Hace una semana se pidió a Hacienda que estudiara esta posibilidad. Lamentablemente, una semana más tarde, la indicación regresó en los mismos términos en que fue enviada, no reparándose en el hecho de que se trataba de proporcionar a la Contraloría no sólo la facultad de fiscalizar un registro, sino que, además, transparencia y capacidad para saber qué ocurre con estos recursos públicos. He dicho. -Aplausos. La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. El señor MONCKBERG.- Señora Presidenta , en primer lugar, considero una actitud cristiana brindar desde esta tribuna apoyo a quienes hoy, como consecuencia de distintas sanciones administrativas, disciplinarias y judiciales, están sufriendo por haber sido privados de libertad. Hoy nos convocan dos proyectos que componen la agenda pro transparencia. Con todo, quiero ser franco: no me acompaña, como a muchos colegas, el mejor de los ánimos. Cuando uno habla de agenda pro transparencia, reconoce que está reparando una situación que no era transparente. En eso, nadie tiene dudas. Cuando uno reconoce una situación con sinceridad o admite un error y quiere enmendarlo, lo primero que se exige es un ánimo real de reparar el daño causado, como lo exige un confesor o un juez al aplicar una atenuante. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Hace unos momentos, discutíamos el proyecto que busca transparentar los sueldos de funcionarios públicos. No obstante, la única versión oficial del Gobierno que hemos recibido es que aquello que se recibía en sobres no eran sueldos, sino que gastos de representación. Es decir, eran dineros que debían recibir los ministros para ejecutar en forma eficiente su cargo y que nada tenían que ver con los gastos personales propios de un sueldo, como cuentas de colegio, supermercado, etcétera. Si ello fuera cierto, no tendría sentido apoyar esta iniciativa que, lisa y llanamente, aumenta los sueldos de los ministros. Ahora bien, también nos encontramos discutiendo un segundo proyecto que se relaciona con transparentar los dineros asignados a las ONG. No es casualidad que tratemos ambos proyectos en forma conjunta: luego de dos años y para tratar el tema de los sueldos ministeriales, fue condición estudiar, además, el proyecto que transparentaba las ONG. Pero también quedo con gusto a poco. Hace dos años, Renovación Nacional ha venido alzando la voz por estos dineros oscuros que reciben las ONG. El diputado Montes decía hace un momento que esto era un fantasma que había inventado el presidente de mi partido, Sebastián Piñera ; que los 100 mil millones de pesos que él calculaba que se transferían a las ONG -muchos técnicos lo refrendan- no eran tales y que nunca habíamos sido capaces de probarlo. Sin embargo, el diputado Montes sabe perfectamente que si eso no ha sido capaz de probarse es porque después de dos años el Gobierno no ha enviado un solo informe y no ha contestado certeramente ningún oficio que haya recabado esa información. Algo se está ocultando. Me alegro de que a partir de este proyecto se transparenten los actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante, pero me entristece por Chile, por esos miles de compatriotas que confiaron en la Concertación, como un conglomerado responsable para gobernar, que no hayamos sido capaces de darles un explicación y señalar en qué se han gastado los recursos transferidos a la fecha a las ONG. Presentamos un proyecto que incluía un inciso que obligaba a transparentar los dineros asignados a las ONG desde 2001 a 2003. ¿Qué solicitó el Gobierno? Eliminarlo. Algo se está tapando. El problema no es tener ONG, como intenta disuadir el diputado señor Montes. El pecado no se configura por el hecho de que exista la Fundación Futuro, la Fundación La Vaca o alguna asociada al Hogar de Cristo, sino por mantenerlas a fin de cumplir determinados fines, o bien por el hecho de solicitar al Ministerio de Justicia personalidad jurídica para un fin y utilizarla para otro. Esto se agrava cuando para esa utilización tergiversada se recurre a dineros públicos. Ése es el verdadero pecado que intentamos regular a través de esta iniciativa. Me alegra el hecho de que sean los propios parlamentarios de la Concertación quienes celebren la aprobación de este segundo proyecto. Sin embargo, hemos perdido dos años. Si este proyecto lo hubiéramos aprobado en su oportunidad, no estaríamos diciendo que determinada información no existe o que no se puede entregar. Sin duda, habríamos mostrado las manos limpias al país mucho antes. Constituye una nota positiva que estos dos proyectos finalmente hayan sido tratados. Lamentablemente y sobre el particular, no disponemos de mucha información, o bien ésta no se quiere entregar. No quiero inscribir estos dos proyectos como formando parte de una agenda pro transparencia, porque siento que cuando se deja una cortina de humo atrás, lo único de lo que no se puede hablar es de transparencia. Podemos inventar muchos proyectos de ley -éste, el de los sobresueldos y otros que vendrán a futuro como parte de la agenda pro transparencia-, pero si no inculcamos en el servicio público un ánimo real de transparentar los comportamientos, nada de esto cambiará las conductas. Quizá, podremos transparentar los recursos de las ONG, pero si algún funcionario quiere utilizar gastos reservados -algunos ex presidentes de la República han señalado que ellos se han utilizado para financiar partidos políticos-, este proyecto no lo soluciona. En una de sus partes, el proyecto señala que no habrá prestación recíproca de bienes o servicios. Sin embargo, ya existe un caso en manos de los tribunales: el llamado “Gate”. Allí, se inventó una prestación recíproca de bienes y servicios para transferir recursos. Respecto de los sobresueldos, es posible que el proyecto incremente las remuneraciones, pero no quiero saber en unos meses más que aun después de promulgada la ley, existan ministros o subsecretarios o empleados públicos que, además del sueldo de planta, sean beneficiarios de contratos a honorarios por funciones que ellos saben que no realizan. Si bien es cierto que el proyecto constituye un avance en pos de la transparencia futura -no pasada-, no está todo hecho, y requerimos de una mejora en la conducta de aquellas personas que hoy tienen la responsabilidad de gobernar. Sin un cambio de conducta, ni mil leyes cambiarán estos comportamientos. He dicho. La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta , mientras escuchaba al diputado señor Monckeberg , pensaba que nos falta más autocrítica y más señales reales de transparencia en el Congreso Nacional. Eso ha quedado demostrado hoy con el desafuero de cinco diputados de la República. Como dice el adagio, “más vale tarde que nunca”. Lo digo a propósito de que es necesario avanzar en una justicia que sea más igualitaria para todos y que cuando se cometan faltas y delitos, respondamos según las leyes que nosotros mismos creamos y apoyamos. Lo que ha sucedido hoy es terrible, doloroso, pero una justa señal. Pienso que no necesitamos más prudencia, sino más eficiencia, responsabilidad y honestidad; que se traduzcan en señales claras, como por ejemplo, apoyando proyectos de ley como los que hoy se debaten. Me llama la atención que nos cueste tanto ser coherentes entre el discurso y la acción política. No debería haber contradicciones como las que expresan los diputados de la Alianza Por Chile. Ha sido el Gobierno del Presidente Lagos el que ha puesto sobre la mesa el tema de la corrupción, con señales bien concretas, para enfrentar uno de los males que ataca a la sociedad toda. No sólo el Gobierno y el Congreso están afectados por la corrupción y otros antivalores, sino también las empresas y las instituciones, en las que actúan personas. Es decir, somos todos nosotros los llamados a entregar respuestas adecuadas, en los momentos precisos, para generar las leyes que ayuden a mejorar el desarrollo del país. “La justicia a veces tarda, pero llega”, es otro refrán que responde al análisis de estos dos proyectos de ley que discutimos hoy. Hemos sido testigos de algo realmente tremendo para quienes confiamos en un proyecto de Gobierno que de a poco ha puesto a prueba toda nuestra moral y, ciertamente, nuestras convicciones más profundas. Pero frente a la crisis debemos decir, de manera clara y enfática, que hoy más que nunca tenemos que confiar en el proyecto que nos ha congregado como Gobierno, representante de la mayoría ciudadana. Por eso y por muchas otras razones, hoy es el día en que debemos comenzar a darnos cuenta de que aun cuando existan fallas, caídas y sobresaltos, nos corresponde iniciar un nuevo compromiso, una nueva forma de unión con el Gobierno y la ciudadanía, y es en ese camino, con golpes increíbles, como los que hoy nos han dado los tribunales de justicia, que nos obligan a triplicar los esfuerzos tendientes no sólo a seleccionar a los mejores para las altas funciones del Estado, sino que también a superarnos para gobernar. Esto es lo que más nos hace sentido. Un gobierno es siempre perfectible, también las personas, pero los ideales que nos hicieron transitar por el camino que nos trajo a este hemiciclo son los que deben guiarnos en este momento de reflexión para lograr una acción política clara y de acuerdo con las exigencias ciudadanas. Por ello nos parece bien legislar sobre estos proyectos de ley, que van dirigidos al avance necesario en la agenda pro transparencia y modernización. Quiero hacer resaltar que mejorar las remuneraciones de altos funcionarios públicos mediante asignaciones establecidas correctamente en la ley y de acuerdo con la dignidad del cargo para tener entre nosotros a los mejores, beneficia al país. También el establecimiento de asignaciones por el desempeño de funciones críticas en ciertos órganos considerados estratégicos, que impliquen no sólo confianza, sino que también experticia técnica para que así puedan darse los objetivos perseguidos por el administrador. Quiero destacar que toda asignación será tributable y considerada renta para los efectos legales y, por tanto, la tributación de los funcionarios que perciben las antedichas asignaciones será de todos conocida. Igual sentido tienen los destinos de los gastos reservados. Por eso, no se nos debe olvidar en cuanto al segundo proyecto de ley que discutimos, que se abren puertas para que las organizaciones no gubernamentales queden en un registro nacional que transparente su accionar, sumando a toda la sociedad, a todos nosotros, a dar señales de honestidad. Por eso, no se nos puede olvidar que el Gobierno del Presidente Lagos es el que ha hecho un cambio en las prácticas que datan de la época de la dictadura; que no sólo queden en la retina de los acusadores las denuncias y los escándalos, sino que también los esfuerzos continuos del Ejecutivo por transparentar la gestión de aquí hacia delante. He dicho. La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi . La señora CRISTI (dona María Angélica ).- Señora Presidenta , no puedo más que alegrarme con esta iniciativa que en alguna forma va a transparentar la entrega de recursos públicos a distintas organizaciones no gubernamentales. Al respecto, en el último tiempo, y por dos caminos, se produjo una dispersión de estos fondos. Primero, por los denominados fondos concursables, de distintos ministerios, a los que personas o comunidades organizadas podían postular con proyectos, y, segundo, fondos del Estado entregados a distintas organizaciones no gubernamentales para ejercer alguna acción. ¿Por qué se produjo el problema? Se perdió el control de esos recursos y de lo que efectuaban esas organizaciones, públicas o privadas, con los dineros destinados, en su mayoría, a programas de índole social. Cuando tratamos de obtener información acerca de los montos de los recursos involucrados, qué se hacía con ellos, quién los manejaba, tuvimos la sensación de que existía un área gris, oscura, nebulosa. Por eso, por ser desconocida la cantidad de fondos destinados a estas organizaciones, se generan especulaciones, como que podrían ser 1 mil 200 millones de dólares, tal vez 800 millones; como que serían 1 mil 200 organizaciones no gubernamentales, etcétera. Por mucho tiempo traté de llegar a lo medular de esa información y no fue posible lograrlo ni a través de los ministerios, ni de fiscalización, ni de internet. Incluso recurrimos a la Contraloría General de la República, que hizo un esfuerzo grande por recolectar información de todos los ministerios, sobre el destino y la tenencia de estos recursos, con muy poco éxito. De hecho, de 217 ó 300 fondos detectados, sólo pudo informar sobre muy pocos porque los distintos organismos no la tenían, no la quisieron dar o no existía evaluación. Ni siquiera pudimos tener claro si los fondos asignados se habían ocupado, es decir, no había forma de medir la eficiencia de la gestión. Puede que algunos hayan existido, pero nunca concretaron los proyectos. Sería lamentable que mañana se detectara en esa área oscura, como la he denominado, otras instancias en las que se hubieran producido irregularidades, como las que hemos visto en el último tiempo, por ejemplo, el caso Gate. La política de los proyectos concursables es relativamente nueva y fue uno de los grandes logros que anunció el Jefe de Estado en las últimas leyes de Presupuestos. Incluso, me acuerdo que el año 2000 el Presidente Lagos anunció la gran reforma social, el gran cambio en el país, que consistía en contar con muchos recursos para los proyectos concursables. A lo mejor es una buena idea, pero no lo es que no haya nadie que controle, que evalúe y que determine con qué criterios se entregan los recursos, quiénes van a hacer uso de ellos, qué capacitación tienen las personas, etcétera. También me temo, y estoy casi segura, que gran parte de esos recursos han tenido una muy baja rentabilidad social, lo que es lamentable, porque así como aquí alguien ha dicho que hay organizaciones no gubernamentales que podrían tener una acción destacada, una realización sobresaliente y un uso espectacular, con un gran fin social, por ejemplo, el Hogar de Cristo, Paz Ciudadana -no es el caso de la Teletón, pero podría haber sido si hubiera tenido fondos fiscales- y tantas otras instancias que con la mejor voluntad y entrega se han dedicado a tender una mano especialmente a las personas más necesitadas. Hay organismos que desarrollan proyectos que acogen a madres solas, a mujeres embarazadas, etcétera; con muy buenas intenciones, pero en ese gran conglomerado de organizaciones sin duda hay algunas que se han prestado para fines muy distintos y menos loables. Eso fue lo que nos llevó, como una forma de asegurar más transparencia y control del gasto para lograr una mejor focalización de esos recursos hacia las personas que realmente lo necesitan, a tener registros de organizaciones no gubernamentales, que como un diputado decía, efectivamente tendrían que haber existido porque el Ministerio de Justicia debería tener control de todas las organizaciones no gubernamentales, incluso llevar una evaluación para saber si se está cumpliendo la finalidad para la cual fueron creadas. Pero el Ministerio de Justicia ha dicho que no tiene la capacidad para llevar a cabo esa tarea. Por otra parte, entiendo también que el Ministerio de Hacienda, cada cierto tiempo, de acuerdo con las normas de la ley de Presupuestos anterior, tiene que hacer una evaluación de al menos 30 fondos. De hecho, el año pasado se hizo una evaluación, que está en la Comisión de Hacienda del Senado, en la cual hubo una evaluación con calificaciones no muy buenas para varios organismos y bastantes críticas al propio Fondo de Solidaridad, el Fosis, quizás el mayor causante de lo que está pasando con estos fondos públicos, por cuanto este organismo -que depende del Mideplan y cuenta con un presupuesto de 28 mil millones de pesos-, con 500 funcionarios, se adscribe y entrega recursos a instituciones privadas para que realicen acciones que podrían hacerlas el Mideplan o el Fosis. De hecho, en la postulación de proyectos a este fondo hay distintas instancias: para evaluación, para medición e, incluso, para asignación, funciones que se van delegando a privados. Y en ese mar de delegaciones o de sucursales, como las podríamos denominar, sucede esta dispersión, que genera ignorancia y desconocimiento en quienes manejan estos fondos. Eso ocurre con fondos que son del Fosis, de la Conace, del Fonadis, del Indap, de la Conadi, del Ministerio de Educación, de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, de la Junta de Jardines Infantiles, de la Prodemu, del Serman, del Ministerio del Interior, etcétera. En definitiva, cada cartera tiene estas sucursales en las que han delegado responsabilidades a personas naturales o también a instancias del sector para llevar a cabo acciones que deberían ejecutar los propios ministerios. Ahí perdimos el hilo de esta gran cantidad de organizaciones. Algunas de ellas, sin duda, han hecho uso ideológico de los fondos que les han entregado. Muchas de ellas se han dedicado a temas relacionados con la mujer: la promoción de género en el aparato del Estado, las relaciones de género desde una mirada indígena -tienen nombres casi de fantasía-, el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo. Otras han abordado temas fuertes de la mujer: la salud, el derecho sexual y reproductivo. Están ligadas a programas que están llenos de palabras maravillosas, pero que a la larga no dicen nada y en los cuales se han utilizado gran cantidad de recursos. Hemos preguntado sobre los objetivos de esos proyectos, pero rara vez hemos obtenido una respuesta sólida que nos dé la confianza de que efectivamente no se están creando líderes políticos con un claro sesgo ideológico. Hay muchos de esos programas que están dedicados a la sociedad civil, a aportes culturales, a animadores culturales y deportivos, que no sabemos qué son ni qué hacen, pero se les ha asignado gran cantidad de fondos. En todo caso, en la última campaña parlamentaria denunciamos la participación de animadores deportivos que estaban haciendo la campaña de determinado candidato. Ellos mismos nos informaron. Por lo tanto, en este ánimo de transparencia, obviamente había que llegar a estos fondos que están repartidos en distintas formas, lo que hace difícil que sean detectados. Me preocupan algunos vacíos del proyecto. Por ejemplo, quién va a evaluar, no sólo a las organizaciones que se hacen acreedoras de estos fondos, sino también el buen uso de ellos y la rentabilidad social que generan. Al respecto, la Contraloría General de la República, con la que tuvimos una larga conversación y realizamos un extenso trabajo el año pasado, nos manifestó que no tiene facultades para controlar el buen uso de los fondos, por cuanto su función se limita a comprobar que la imputación del gasto esté bien hecha. Pero el contralor Aylwin manifestó , a propósito del informe que se hizo a las organizaciones, que había “un gasto grosero de los fondos del Estado”. De hecho, la Contraloría General de la República ha vuelto a insistir, a petición del senador Zaldívar , sobre los fondos que se están entregando a estas organizaciones. El proyecto mismo, como alguien señaló, no va a resolver todos los problemas. Sabemos que cuando en nuestro país se quiere violar una ley, simplemente se viola. Esto me parece muy lamentable, porque las leyes son para cumplirlas, ordenar y controlar el buen funcionamiento de una sociedad, no para burlarla. Sería muy lamentable que no le diéramos seriedad a este problema, porque considero que es una tema-país, en el que están involucrados muchos recursos de todos los chilenos que deberían tener el mejor uso posible. Por ello me preocupa que en el proyecto no exista ninguna instancia de evaluación. Creo que es algo que está pendiente. Desgraciadamente no se encuentra presente el diputado Hidalgo , quien entregó un muy buen informe, para que aclarara si la ley de Presupuestos del año 2003 va a considerar la entrega de fondos públicos solamente a aquellas organizaciones que ya están inscritas en ese registro, o se va a seguir en la nebulosa de no saber para quién son, y qué se hace con ellos. Anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto y esperamos que su aprobación ayude a poner orden en la entrega de esta gran cantidad de recursos para que lleguen a su verdadero destino: a los más pobres de nuestro país. He dicho. La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles . El señor ROBLES .- Señora Presidenta , en verdad hoy estamos estudiando dos proyectos importantes que constituyen, en mi opinión, el inicio de un proceso de transparencia en el sector público. Legislar para entregar una asignación de dirección superior de los órganos más importantes de nuestro país en el sector público - Presidencia de la República , ministros, intendentes, jefes superiores de direcciones, así como una asignación por el desempeño de funciones críticas que van a ser determinadas por cada ministerio-, es un primer paso de garantía de transparencia, o más que de transparencia, de una modernización del sector público. Me parece tremendamente relevante para todos los funcionarios públicos de nuestro país que discutamos cómo va a tratar el Estado, la sociedad en su conjunto, a sus servidores públicos. Para que un ministerio o una institución pública desarrolle bien una función y dé calidad a la acción del Estado -por ejemplo, a través de las concesiones- se entrega un aumento de las remuneraciones a algunos funcionarios, como lo hemos visto en la prensa, haciéndoles desarrollar labores distintas de las que normalmente les corresponde para financiar asesorías extraordinarias con el objeto de gozar de un mayor ingreso. ¿Por qué en nuestro país no somos capaces de transparentar o, más que de transparentar, de modernizar la función pública completa? Nuestros funcionarios públicos deberían ser los mejores en el país en las áreas en que cada uno se desempeña, pero deben ser bien remunerados para que sus funciones estén a la altura de lo que el país requiere. Por lo tanto, tenemos que entrar en un proceso de modernización completa del aparataje público; no sólo de la estructura de las remuneraciones, sino en cómo el Estado controla que esos funcionarios públicos desarrollen su trabajo o gestión en beneficio de todos los chilenos y de la sociedad en su conjunto. Debemos ser capaces de manejar el recurso humano público de acuerdo con los tiempos que vivimos, con sistemas de control y de administración modernos y eficientes, con el fin de lograr los objetivos del Estado en su calidad de servidor público. Por lo tanto, me parece muy relevante que entremos en una discusión seria con la Derecha y con todos los entes de la Concertación para determinar qué sistema público queremos, cómo lo vamos a remunerar y también controlar. Por ejemplo, entregándole mayores capacidades a la Contraloría General de la República -que hoy las está requiriendo- para poder fiscalizar la gestión de distintos actos que desarrolla la administración pública en el cumplimiento de sus funciones habituales. Sin una modernización real no vamos a tener un Estado ni un sector público eficiente en términos de su gestión. Respecto de las organizaciones no gubernamentales y lo expresado por la diputada Cristi respecto de la transparencia, me parece que el Gobierno de la Concertación ha sido muy diligente en tratar de transparentar el uso de los recursos del Estado asignados a las organizaciones no gubernamentales. Quiero recordar que lo único que hace la actual ley es crear un registro. El resto de las atribuciones que de verdad tienen que ver con la transparencia se han abordado en las discusiones de las leyes de Presupuestos de la Nación , desde 1996. A partir de esa fecha, los gobiernos de la Concertación vienen haciendo esfuerzos por transparentar el uso de los recursos de las organizaciones no gubernamentales; en esas leyes, que se aprueban en forma anual, se ha establecido que se deben identificar el uso y destino de los fondos que se entregan a las ONG, que los fondos quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República respecto de la rendición de cuentas, que el órgano de la administración que aprueba el otorgamiento de recursos debe identificar el objetivo de la entrega, el destino final, si es inversión, remuneración o gasto de operación. Es decir, desde hace más de seis años hay un intento efectivo por transparentar esta situación en el Presupuesto de la Nación. Sin embargo, si bien un registro puede ayudar a lograr transparencia, no es menos cierto que necesitamos acciones mayores en ese ámbito. Al decir esto, me refiero a que debemos transparentar la relación que existe entre el dinero y la política. Cuando cumplamos ese objetivo, daremos un salto cualitativo real. Cuando los parlamentarios seamos capaces de informar a nuestros electores, en forma pública, el financiamiento de las campañas; cuando el financiamiento de las campañas sea discutido en esta Sala, cuando ninguno de los parlamentarios reciba recursos de empresas que después le vengan a cobrar la palabra y deba votar de una u otra manera, estaremos desarrollando transparencia. Cuando el financiamiento de la política sea transparente, estaremos dando un paso adelante; cuando los gastos de las campañas tengan piso y techo y se muestre que los gastos electorales no son exorbitantes, como sucede con algunos que gastan fortunas para colocar su nombre en conocimiento de la comunidad, no con trabajo público real, sino más bien con dinero, con la compra de conciencias -por diputados que no están en la Concertación-, puede darse la transparencia. Este es el primer paso que damos adelante en beneficio de la sociedad. Pero debemos avanzar en la modernización del Estado y de la administración pública. En cuanto a la transparencia, debemos trabajar y desarrollar proyectos que tiendan a transparentar la relación que hay entre el dinero y la política. He dicho. El señor SALAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García . El señor GARCÍA (don René Manuel) .- Señor Presidente , desde la mañana estoy escuchando con mucha atención el debate de los dos proyectos sometidos a la consideración de esta Sala. Como es de conocimiento público, estuve enfermo y, como siento pasión por lo que estoy haciendo, me dediqué a ver el trabajo de la Sala y de Comisiones, cuyos debates se transmitían por el canal de la Cámara. Todos hemos tenido campañas políticas en nuestra vida. Yo he tenido cuatro. Sobre la materia, escuché a diputados de la Concertación decir que una campaña a senador costaba entre 500 y 700 millones -revisé las actas-, y que una campaña a diputado costaba entre 70 y 100 millones. Por su intermedio, señor Presidente , pregunto al diputado Robles quién paga las campañas de la Concertación, sobre todo si dicen que son candidatos de los pobres, que no tienen dinero, que no tienen nada, en circunstancias de que he visto campañas sumamente ricas. En consecuencia, no vengamos a decir quiénes son los que gastan plata. Quiero saber quiénes pagan las campañas. Por ejemplo, los compañeros de mi distrito gastaron miles y miles de millones. A la gente le llamaba la atención cuando veían un letrero mío, porque entre 200, sólo uno era mío. Entonces, no nos veamos la suerte entre gitanos. Ellos mismos han dado a conocer esas cifras, no yo. Por eso quiero saber, si son candidatos de los pobres, de dónde sacan el dinero, porque ellos manifiestan que representan a los pobres, a los desvalidos y, más encima, indican las cifras. En consecuencia, no vengamos a decir que son esto o lo otro. Por lo demás, si alguien habla de transparencia, tiene que decir quién financió su campaña. No tengo empacho en ello. Jamás he recibido un peso de empresa alguna y jamás han ido a mi oficina a pedirme un voto. Y soy de Derecha, a gran honor. Nunca voy a desconocer eso. En consecuencia, no vengamos a “sacar las castañas con la mano del gato”. En el norte, la gente vio cómo andaban tres o cuatro circos dando vueltas haciendo campaña, y no precisamente a un candidato de la Derecha. En el sur pasaba lo mismo. Entonces, es mucho más grave que lo que se ha dicho en la Sala, tratando de culparse unos a otros. Si es verdad -y esto en el terreno de los supuestos- que los candidatos de la Derecha son financiados por empresas privadas, es mucho más grave que la Izquierda sea financiada con dinero del Estado, obtenida de empresas que pertenecen a todos los chilenos. ¡No nos veamos la suerte entre nosotros! Si vamos a hablar de transparencia, digamos la verdad de dónde salen los recursos para las campañas. Prefiero tener un financista que se gasta su plata, y no ser financiado con plata de todos los chilenos. Y lo que es más, ésa si que es desventaja y desigualdad ante la ley, porque son unos pocos los que tienen la “suerte” de pasar facturas en algunas instituciones públicas para que les paguen su propaganda, como el Indap o los Ministerios de Obras Públicas o de Salud. ¡Eso es mucho más grave! ¡Si se quiere sacar los trapos al sol, digámoslo! No se trata de sacarse los ojos en el estudio de estos proyectos -hemos escuchado con mucha paciencia-, sino de que haya absoluta transparencia. ¡Cómo va a ser lógico el reconocimiento de 680 mil millones de pesos de platas de las ONG! Hoy entregaron un papel al respecto. ¿Qué proyectos han hecho esas entidades? Se sabe que son más de mil millones de dólares que están dando vuelta. ¡Ésas son cajas negras! ¡Ésos son financiamientos encubiertos! Queremos que haya transparencia, sobre todo cuando todos tenemos la voluntad de que el país salga adelante, de que la gente -sin cuñas, porque no las necesita- presente proyectos para su aprobación. No se trata de venir a engranar cómo se financia. Ahora, si quieren financiar los partidos políticos, si desean que los postulantes a parlamentarios tengan financiamiento, manden un proyecto y discutámoslo. Pero no nos vengamos a “ver la suerte entre gitanos”. Reconozcamos que algunos candidatos son financiados por empresas privadas, pero es mucho más grave que sean solventados por el Gobierno -ellos mismos han dado las cifras-, porque dicen ser candidatos de los pobres. Entonces, no deberían contar con dinero, y ellos mismos le han puesto precio a las campañas. Eso es grave, eso es lo que deseamos que se acabe. Para ello estamos dispuestos a cooperar con nuestros votos en favor de la transparencia, en el momento oportuno, si lo amerita la ocasión. He dicho. El señor SALAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González . El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .- Señor Presidente , como lo han expresado los distintos señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, los proyectos en discusión son de la mayor importancia para el Congreso, para el país, para mejorar la relación entre los órganos públicos y los ciudadanos y para transparentar un conjunto de situaciones que permanecieron relegadas durante años, respecto de las cuales no se había legislado y la opinión pública no tenía claridad. En primer lugar, me referiré al proyecto que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Su solo título señala la importancia del avance logrado en la materia en relación con las proposiciones iniciales de algunos políticos que habían sugerido legislar sobre las llamadas ONG. La ampliación de las entidades sobre las cuales estamos legislando señala que, inicialmente, se había tenido un sesgo para denunciar situaciones inexistantes y que había un ámbito en el cual ciertos organismos utilizaban fondos públicos sin rendir cuenta de ellos o que no existía suficiente transparencia, situaciones que, desde luego, eran inexistentes, como se demostró con los antecedentes que estos organismos entregaron en las comisiones. Hoy estamos hablando de personas jurídicas receptoras de fondos públicos en un ámbito muy amplio, refiriéndonos a organismos como corporaciones municipales o de otra naturaleza, fundaciones y, en general, todo tipo de entidades que reciben estos fondos. Sin duda, esta acepción es mucho más amplia que aquella restringida a las que inicialmente se quería fiscalizar o plantear la necesidad de una legislación o de una clarificación frente a la opinión pública. Desde luego, es fundamental que todas las personas jurídicas que reciben fondos públicos estén registradas, lo cual significará un avance enorme en cuanto a transparencia y clarificación en relación con el destino de los fondos, de quienes los otorgan y en la tranquilidad que la opinión pública debe tener respecto del uso de recursos públicos por entes privados que colaboran con la función del Estado o que realizan, en forma amplia, funciones sociales. Lo dicho en algunas denuncias públicas, en el sentido de que los fondos utilizados por las llamadas organizaciones no gubernamentales no tendrían rentabilidad, no responde a ningún criterio empírico, a ninguna realidad, puesto que durante los muchos años en que no existía institucionalidad democrática en el país, dichos organismos fueron los únicos que apoyaron y protegieron los derechos de los ciudadanos oprimidos, de los ciudadanos sin defensa, de los que no tenían oportunidad alguna de desarrollarse y defender sus derechos, y lo hicieron con gran eficiencia y dedicación. Muchas veces, la utilización de recursos por ese tipo de organismos resulta más eficiente y de menor costo que los programas realizados con fondos de organismos públicos. He sido testigo, en múltiples oportunidades, de que pocas cantidades de dinero generan beneficios muy altos, en términos del desarrollo de organizaciones, de solución de problemas que aquejan a determinados sectores de la ciudadanía, que sin la asistencia de este tipo de entidades estarían desprotegidos y desprovistos de ayuda. Pero no sólo hay gran rentabilidad sino que, me consta, se ha visto, y ha sido testimoniado con el servicio que cumplen esos organismos, fundaciones o corporaciones, que el uso de esos fondos ha sido proporcional a los problemas y necesidades planteadas por los sectores que acuden a pedir ayuda de verdad, y no de tipo ideológico. Es tremendamente falso que recursos entregados a organizaciones dedicadas a la mujer, a la protección de los derechos humanos, a la solución de problemas sociales o al apoyo de inversiones para desarrollo de microempresas, se hayan destinado a usos ideológicos, sino que responden a necesidades en las cuales, a veces, el Estado no alcanza a llegar o no tiene institucionalidad democrática. En tales oportunidades, esos organismos contribuyeron a resolver los problemas. Creo que el proyecto, que permite el registro en forma amplia, sin discriminación de ningún tipo de organizaciones, fundaciones o corporaciones que usan fondos públicos, significa un gran progreso en relación con la utilización de los mismos. Por otra parte, se clarificará quiénes son los donantes privados, personas jurídicas o naturales, que entregan fondos a determinadas fundaciones respecto de las cuales no existía ningún control, pero sí en muchas oportunidades los recursos no se destinaron a los fines para los que fueron entregados. En segundo lugar, quiero referirme al proyecto sobre remuneraciones de autoridades de gobierno en cargos críticos. Sin duda, la iniciativa en debate contribuirá también a mejorar el clima público y a resolver situaciones pendientes o que no habían sido solucionadas durante muchos años. Desde luego, como lo plantearon otros parlamentarios del Partido por la Democracia, habría sido partidario de realizar una reforma a la Constitución que hubiese separado, claramente, las remuneraciones y beneficios que reciben los altos funcionarios del Estado de aquellas que recibimos quienes somos elegidos, por voto popular, como parlamentarios. Esa reforma de la Constitución habría clarificado definitivamente la situación. Era partidario de apoyar el proyecto que se presentó desde la presidencia de la Cámara de Diputados para separar ambos conceptos y hacer transparentes ante la opinión pública los fondos que reciben los parlamentarios y, al mismo tiempo, que fuesen organizados en forma orgánica por la propia Corporación, de manera que cada ítem o cada asignación que reciban los parlamentarios sean absolutamente claros y transparentes para la opinión pública. Debido al consenso que se ha dado en esta materia, declaro que apoyaré el proyecto, pero habría preferido la otra solución. En relación con algunas afirmaciones que se han hecho, quiero decir que cuando votemos el proyecto que nos propone el Ejecutivo , sobre incremento de remuneraciones del Ejecutivo , de ninguna manera aumentaremos las dietas parlamentarias, las que permanecerán idénticas en esta nueva formulación legal. También quiero clarificar que cuando votemos el proyecto en discusión, no lo haremos movidos por interés particular o interés propio alguno, como se ha mencionado por algunos parlamentarios. En tal caso, quien se encuentre en esa situación estaría obligado, por la ley de probidad, a abstenerse en la votación. El Ejecutivo , que en este proyecto actúa como colegislador, y los parlamentarios que lo apoyamos, estamos velando por el interés general, porque el Ejecutivo es la única autoridad que tiene la facultad de proponer gastos públicos y el Congreso la única autoridad que tiene facultades legales para aprobar sus propuestas. Estamos legislando para resolver un problema de transparencia que existía desde hace tiempo, no para incrementar recursos de los parlamentarios ni defender intereses propios. Estas dos modificaciones no son las únicas que se deben introducir para modernizar el Estado: la transparencia en el uso de los fondos públicos en relación con la política y la modificación profunda de muchas estructuras obsoletas de la administración serán lo que finalmente nos permitirán contar con un Estado moderno. Debemos hacer de la crítica situación que hemos vivido los últimos días, que ha sido dura y difícil, una gran oportunidad para entregar una legislación provechosa al país. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Von Mühlenbrock. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente , el proyecto en debate, que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, dispone en su articulado que los municipios y los órganos y servicios públicos incluidos en la ley anual de Presupuestos de la Nación y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos. Agrega que, en el caso de las entidades que reciban fondos públicos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, la obligación corresponderá a la institución que apruebe la transferencia o que sancione la asignación de los fondos correspondientes. Igual obligación regirá respecto de las instituciones que autorizan donaciones o franquicias tributarias. Luego establece la definición de la transferencia de subvenciones, lo cual, para decirlo en forma simple, tiene que ver con todo aquello que Chile compra, materia sobre la cual existe un proyecto en el Senado. También dispone que los registros serán obligatorios para los órganos y servicios del Estado que asignen recursos de carácter público, individualiza las entidades que pueden recibir esos recursos, la actualización mensual de la información de los registros y los requisitos de las instituciones a las que por ley se les puedan entregar recursos públicos o conceder franquicia tributaria, una vez que se haya inscrito en el registro correspondiente. Por su parte, las entidades no inscritas en el registro correspondiente que reciban recursos públicos, deberán devolverlos reajustados con el máximo interés convencional. La Subsecretaría de Hacienda reglamentará quién llevará los registros y la forma en que lo hará. Un aspecto muy importante es que la información será absolutamente pública. Los artículos transitorios disponen que las instituciones a que se refiere el proyecto deberán establecer los registros correspondientes en el curso del año 2003; que la información de los mismos deberá estar disponible a través de medios electrónicos y que el registro central que llevará la Subsecretaría de Hacienda deberá encontrarse consolidado el 1 de julio de 2004. Como miembro de la Comisión de Hacienda, me correspondió participar en la Comisión Mixta de Presupuestos para el año 2003. Me llamaba profundamente la atención escuchar en la Sala a algunos diputados decir que el Gobierno de la Concertación ha hecho un esfuerzo desde hace años por transparentar los recursos públicos. Me habría gustado que muchos de esos diputados, que quizás no eran miembros de la Comisión de Hacienda, hubiesen estado en las sesiones en las que analizamos y aprobamos el proyecto de ley de Presupuestos para 2003. Durante toda la tramitación de esa iniciativa los parlamentarios de la Alianza por Chile presentamos indicaciones con el objeto de transparentar los gastos reservados y los fondos que reciben las ONG. Innumerables veces presentamos indicaciones en tal sentido, pero, lamentablemente, todas ellas fueron rechazadas por la Comisión Mixta de Presupuestos. Repito: ¡Rechazadas! Eso ocurrió hace 60 días. Hoy estamos debatiendo un nuevo proyecto en el mismo sentido. En esa ocasión hubo parlamentarios que nos negaron la sal y el agua, porque no aprobaron indicación alguna que permitiera transparentar, de una vez por todas, lo que estaba pasando con los gastos reservados y con las ONG. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Buscamos una solución por todas partes, hablamos con el Ejecutivo , a fin de lograr una mayoría parlamentaria en la votación que llevaría a cabo la Comisión especial, pero nos rechazaron todas las indicaciones que tenían como objeto lograr mayor probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Ése fue el peor favor que le hicieron al Presidente Ricardo Lagos , porque si efectivamente querían transparencia, como lo han dicho aquí, muy sueltos de cuerpo, ¿por qué hace 60 días nos rechazaron todas las indicaciones que presentamos en esa misma dirección? Ése es el problema de fondo: no darse cuenta de que el peor favor que pueden hacer a un gobernante es no ser capaces de ver lo que estaba pasando con los gastos reservados y con las ONG. ¿A qué le temían? Si no hay problema alguno, ¿por qué rechazaron todas las indicaciones que se presentaron? Ése es el problema. Creo que hay muchas ONG, quizás la mayoría, que están haciendo bien su papel, pero se vieron perjudicadas por algunas pocas, cuyos montos que están manejando desconocemos. Por algo, en las sesiones de la Comisión de Presupuestos para 2003 nos rechazaron las indicaciones tendientes a establecer más transparencia sobre los gastos reservados, tener mayor conocimiento sobre los mismos y establecer un registro como corresponde. Me llama mucho la atención que hoy se hable de la transparencia del Gobierno y de la Concertación, en circunstancias de que hace 60 días la situación era otra. Eso no puede ocurrir. Debemos ser serios en el debate y en lo que estamos haciendo. Hay que reconocer cómo fueron las cosas; para eso están las actas y las votaciones, y cualquier persona que quiera tener más antecedentes puede saber qué pasó en el país hace sesenta días. Creo que el proyecto en debate se encuadra en la agenda correcta de probidad y transparencia, porque aclara los recursos que reciben las ONG, pero el problema de fondo es otro. En la Comisión de Hacienda escuchamos a los representantes de las ONG, tal como corresponde hacerlo con las partes interesadas o con quienes se pueden sentir afectados por una iniciativa. A ellos les quiero decir que no tengan temor por lo que establece el proyecto, porque las ONG que están cumpliendo bien con su función, de las cuales hay muchas y muy meritorias, deben estar agradecidas de que legislemos sobre la materia, porque la iniciativa lo único que hará será cuidarlas de aquellas organizaciones que no están cumpliendo con el fin para el cual fueron creadas. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ortiz. El señor ORTIZ .- Señor Presidente , no puedo dejar de recordar también algunos hechos suscitados en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para la Nación sobre el tema de los gastos reservados. En ese debate fui uno de los que planteé que deben existir gastos reservados, de lo cual sigo convencido. Tal vez, algunos honorables señores parlamentarios quieren que el Estado no funcione. Señalé ese tema con mucho conocimiento de causa, porque he participado en la Comisión Mixta de Presupuestos desde hace muchos años. Cuando planteamos el tema de los gastos reservados, las autoridades competentes solicitan sesiones secretas, en las que explicitan en qué se utilizan dichos fondos. No daré conocer esos antecedentes aquí, porque estaría pasando a llevar mi juramento, pues como se trata de sesiones secretas, no se puede a exponer en forma pública lo que en ellas se trata. Además, durante los doce años de Gobierno de la Concertación se han bajado, año a año, en forma importante, los presupuestos de gastos reservados. Este año se rebajaron en 20 por ciento. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno de 1985 fue de 2 mil 876 millones de pesos y de 560 mil dólares; en 1989, de 2 mil 820 millones de pesos y también 560 mil dólares. El financiamiento que aprobamos para 2003 fue de alrededor de 760 millones de pesos. Si eso no es rebajar los gastos reservados, ¿qué es? Es bueno que la gente sepa que se está transparentando una situación que viene desde 1931. Para aclarar el tema, debo señalar que en el proyecto de ley de Presupuestos, de una plumada, los gastos reservados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio Secretaría General de Gobierno quedaron en cero peso. Esos dineros financiarán las remuneraciones de esas carteras. He seguido el debate del proyecto. Nadie ha sostenido hasta el momento que no es justo, sino necesario y legítimo que el Presidente de la República, los ministros, subsecretarios e intendentes perciban rentas acordes con la dignidad de los cargos que desempeñan. Entonces, no sólo debemos tocar este tema, debido a que recién comenzamos nuestro trabajo parlamentario, porque un país se hace en función de su historia presente y futura. Eso quería clarificar. En nombre de la bancada Demócrata Cristiana quiero señalar que las ONG han sido instituciones importantes en el desarrollo de nuestro país y que con ellas se cometió una gran injusticia. Se aborda el tema de los sueldos no acordes por ley y, entremedio, se plantea el tema de las ONG. Se dan cifras increíbles, que no corresponden a la realidad. Desafío a que demuestren que el traspaso a las ONG -como algunos distinguidos honorables parlamentarios lo expresaron- representa un gasto de 350 mil millones de pesos. Eso significa no conocer ni entender el presupuesto de la nación, las partidas respectivas y las glosas presupuestarias. La gente olvida que, desde 1996, en la ley de Presupuestos de la Nación están regulados los traspasos a las ONG en relación con el uso de fondos públicos. Desde 1995, cuando se analizó el presupuesto para 1996, hay glosas presupuestarias que deben identificar el uso y destino de dichos fondos, los que quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a rendición de cuentas. Es decir, ninguna ONG se manda sola. Se trata de instituciones dignas, con muy buenos profesionales, que tienen espíritu de servicio público, que deben rendir cuenta a la Contraloría General de la República respecto de los recursos que reciben. No he sabido que haya juicios de cuentas masivos relacionados con las ONG en la Contraloría General de la República, en circunstancias de que muchas instituciones afectas a su control sí tienen juicios de cuentas pendientes. Pero nunca he visto, como ahora se trata de estigmatizar, que existan respecto de las ONG. Por otra parte, el órgano de administración que apruebe la entrega de aportes debe identificar el objetivo de los mismos y señalar su destino final, es decir, inversiones, remuneraciones y otros gastos de operación. Además, desde hace siete años se establece en la ley de Presupuestos que el órgano que entregue aportes debe requerir el balance y los estados financieros de las ONG; un informe de la ejecución de las actividades y la nómina de sus directivos, copia de las cuales deben remitirse por las instituciones públicas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara. Las agrupaciones que revisten la naturaleza de corporaciones o fundaciones quedan sujetas a la fiscalización del Ministerio de Justicia, lo cual implica la entrega de una memoria y de un balance anual. Me impresionaron favorablemente las intervenciones de la señora Ana María de la Jara , presidenta de la Asociación Chilena de las ONG, y del señor Francisco Estévez , coordinador del Foro de la Sociedad Civil. Creo que fueron bastante explícitos para hacernos recordar que las ONG nacen en el orden internacional humanitario que surge luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces están funcionando en todo el mundo. Además, expresaron, y así figura en el informe y en las actas, que apoyan el proyecto, porque crea un registro central de colaboradores del Estado, de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, a cargo de la Subsecretaría de Hacienda . El señor SALAS ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor diputado . Le ruego redondear su idea. El señor ORTIZ.- Muy bien, señor Presidente. Quiero terminar con algo que no se ha dicho: los siete parlamentarios titulares de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que somos parte de este Gobierno de la Concertación, solicitamos por escrito -no quedó expreso en el mensaje presidencial- que se trate el tema de las organizaciones, instituciones o corporaciones que reciben franquicias tributarias, porque también son recursos de todos los chilenos. En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que aprobaremos en general y en particular el proyecto. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso Vargas. El señor VARGAS .- Señor Presidente , respecto del proyecto en discusión se debe hacer historia y decir que entró a trámite legislativo porque fue parte de una negociación previa con el Gobierno, en la cual acordamos que fuera sometido exactamente a la misma discusión de la iniciativa que figura en el primer lugar de la Tabla. El proyecto nace, y así lo consigna el mensaje, de una iniciativa de los diputados de Renovación Nacional. Sobre esa base el Gobierno lo envía, ya que constituye un antiguo anhelo de poner las cosas en su lugar y de decirlas de manera clara. No hablaré más del detalle del proyecto, porque, después de lo dicho, queda de manifiesto que lo compartimos plenamente. Sin embargo, debo decir que, respecto de esta materia, debería haber existido claridad hace mucho tiempo. No se trata de que en la ley de Presupuestos no se hayan consignado determinadas transferencias de fondos; el problema radica en que muchas de ellas no están consignadas en dicha ley. De hecho, si analizamos la minuta que nos entregó hoy el ministro de Hacienda , podremos darnos cuenta de que las cifras resultan muy dudosas, ya que se omiten muchos ministerios que realizan transferencias a organizaciones privadas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mideplan, que transfería recursos a la fundación Justicia y Democracia, dirigida por Patricio Aylwin . Por otra parte, tampoco figuran las transferencias a algunos organismos internacionales efectuadas, entre otros, por el Ministerio de Salud. Es decir, en la información entregada aparecen las transferencias directas, pero no las indirectas. La cifra total consignada en la minuta es del orden de los 300 millones de pesos, suma muy parecida a la estimación que realizamos cuando detectamos que el Presupuesto para el año 2001 había entregado a las ONG, potencialmente, cerca de 220 mil millones. Tal como lo señalé durante la discusión del proyecto anterior, nos interesa que estas cosas se conozcan. A través de las ONG se han financiado -lo decimos derechamente- campañas políticas y eso no corresponde. En definitiva, el proyecto establece que, existiendo un registro de quienes reciben recursos públicos, se den a conocer públicamente, y eso es lo que pretendemos. Estamos legislando para el futuro, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Pero nos duele que tengamos que legislar ahora porque el Gobierno se ha visto obligado a hacerlo. Si lo hubiéramos hecho antes, habríamos evitado muchas situaciones. Reitero que la iniciativa nació de una idea de los diputados de Renovación Nacional y la vamos a impulsar con mucha fuerza. Acabamos de conversar con el ministro de Hacienda y le hicimos ver las aprensiones que se manifestaron en la Comisión de Hacienda, algunas de las cuales correspondieron al diputado Carlos Montes , que es de la Concertación. En realidad, debemos mejorar lo relacionado con la información que se entrega a la Contraloría, porque no la recibe. Entonces, si no recibe información, no puede haber juicios de cuentas ni control. Hay un documento de la Contraloría de mayo del año pasado que señala que le es imposible entregar información porque, simplemente, no la tiene. Por su parte, el Gobierno -enten-demos que ocurre así y valoramos que, finalmente, lo reconozca- tampoco tiene una información completa. Nos interesa que la información sea pública, de manera que pueda ser analizada por cualquier chileno, porque se trata de recursos de todos los chilenos y tenemos derecho a saber qué se hace con ellos. Aquí hay sectores que siempre están dispuestos a aumentar los impuestos para financiar nuevas cosas, pero no se preocupan de averiguar en qué se están gastando muchos miles de millones de pesos. Eso es lo que pretendemos que quede meridianamente claro a futuro, y reitero lo mismo que dije hace un instante: el hecho de que estemos legislando sobre esta materia no significa sepultar ni dejar en el olvido las irregularidades ocurridas en el pasado. Reitero que esto no debe inducir a la gente a pensar que estamos blanqueando situaciones irregulares; estamos legislando para el futuro, pero las responsabilidades del pasado deberán ser enfrentadas por los responsables. He dicho. El señor SALAS ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez . El señor PÉREZ (don Víctor) .- Señor Presidente , a raíz del análisis de este proyecto, nadie podrá discutir la necesidad de que en el país existan organismos no gubernamentales, es decir, personas organizadas en distintas instituciones para contribuir al desarrollo de la sociedad. Eso no está en discusión; es saludable y bueno que así ocurra. Tampoco está en discusión que el Gobierno entregue recursos a organizaciones que se dedican a diversas tareas en diferentes ámbitos del quehacer nacional. El problema radica en la información que debe tener la ciudadanía acerca del destino de estos recursos, y de cuáles son las organizaciones los que reciben. Voy a dar un solo ejemplo práctico que justifica nuestra posición, en cuanto a que creemos muy importante transparentar esta información. En el ejercicio de mis facultades fiscalizadoras solicité al Ministerio Secretaría General de Gobierno que me entregara información sobre un programa llamado “Programa para fortalecer alianzas entre la sociedad civil y el Estado”. Su presupuesto para 36 meses es de 14 millones 500 mil dólares, financiado con un aporte del BID, por más de 8 millones de dólares, y un aporte del Gobierno, por casi 6 millones de dólares. Pues bien, requerida tal información, el Gobierno responde con antecedentes absolutamente insuficientes y en carácter de reservados. Es decir, el Ministerio Secretaría General de Gobierno les dice a todos los chilenos y chilenas que no tienen derecho a conocer esta información; que no pueden saber cuáles son las instituciones que reciben estos recursos; les dice a todos los chilenos y chilenas que son menores de edad y que, por lo tanto, no pueden saber en qué se gastan casi 6 millones de dólares que el Estado pone a disposición de esas organizaciones. La información, además de enviarla en carácter de reservada, sólo menciona siglas. Algunos pueden conocerlas; pero, en general, la gente no sabe qué es el Cide, el CED, qué es la Corporación del Norte Grande, la Fundación Cotra o a qué se dedica el Instituto Agrario de Fundación Avec, en fin. Algunas como Flacso son conocidas; pero corresponden a ONG que reciben durante 36 meses la suma de 14 millones de dólares. El punto es que todos deberíamos saber a qué se destinan esos recursos; pero como se me entregaron en forma reservada, no puedo darlos a conocer; el Gobierno no quiere que se sepa; considera que los chilenos no deben saberlo. Por ejemplo, un registro computacional costó 52 millones de pesos; un estudio sobre las organizaciones civiles, 62 millones de pesos. Como dije, debemos tener claro que aquí no está en discusión la existencia de las organizaciones no gubernamentales; deben existir; no está en discusión que el Estado les entregue recursos; debe entregárselos; pero debe haber transparencia, debemos saber cuáles son y quiénes están detrás de estas organizaciones no gubernamentales. En la información que recibí figuran casi 50 siglas. ¿De qué instituciones se trata? Entonces, uno se pregunta si alguna de las personas que hoy están desempleadas tuvieron la posibilidad de integrar esas organizaciones y de hacer programas realmente importantes. Se menciona un centro voluntario; pero lo único que dice es “Centro de Voluntarios de la Región Metropolitana”, casi 600 millones de pesos. Pero nadie sabe cuáles son las ONG que reciben esos recursos y qué hacen con ellos. La información que me envía la Secretaría General de Gobierno no dice dónde funcionan esas organizaciones. Así, podría seguir fiscalizando sobre la materia y en forma muy responsable. Dice: Región Metropolitana, tales y cuales ONG, 600 millones de pesos. ¿Dónde funcionan? Octava Región: otra serie de siglas -conozco algunas porque se trata de mi región- que nadie conoce, 500 millones de pesos. En la Octava Región, nadie sabe dónde funcionan. A lo mejor, lo están haciendo muy bien y están realizando una labor extraordinaria; pero lo menos que se puede pedir es que la gente sepa cuáles son esas organizaciones, qué hacen, quiénes trabajan en ellas y cuál es el resultado de su cometido. Aquí estamos hablando de cantidades importantes. Por ejemplo, para el programa “Fortalecimiento de la sociedad civil” se destinan 3 millones 800 mil dólares. Indudablemente, si queremos fortalecer la sociedad civil es importante que destinemos recursos, pero queremos saber quién se está fortaleciendo con estos 3 millones 800 mil dólares. Hay otro programa que se llama “Participación ciudadana en políticas públicas” -considero muy importante que la gente participe en las políticas públicas-: 2 millones 750 mil dólares. Queremos saber quién está participando de esos recursos. Después hay otro programa: “Fomento del voluntariado”: 5 millones 40 mil dólares. ¿Qué están fomentando? Lo reitero: es posible que estén haciendo una labor espectacular, extraordinaria; pero todo para callado, todo bajo cuerda, todo secreto. Y cuando un diputado , en virtud de sus facultades fiscalizadoras, le pide a un ministerio que le entregue información, se la envía en forma reservada: “Se la mando, pero para callado; no se la puede contar a nadie”, y, además, es absolutamente insuficiente. Entonces, frente a estos temas, lo único que pedimos es que se transparenten, que se conozcan, puesto que se trata de muchos recursos. A lo mejor, alguien podría decir que nos estamos metiendo en las platas del BID. En realidad, da lo mismo que el BID ponga 8 millones de dólares; pero me preocupan los 6 millones de dólares que pone el Gobierno. Considero fundamental transparentar, de una vez por todas, el tema de las ONG. Ahora bien, esta situación es muy diferente de la relacionada con las que tienen franquicias tributarias. En este caso, cuando se trate, por ejemplo, de un curso de capacitación, deberán indicar claramente al Sence quiénes se capacitarán, con nombres y apellidos, en qué se capacitarán, la dirección de la institución en la cual se capacitarán, las horas de capacitación, etcétera. Es decir, el Sence y el Servicio de Impuestos Internos pueden saber claramente si la institución que está recibiendo una franquicia tributaria está cumpliendo, Pero, respecto de las ONG -muchos se han puesto nerviosos y han empezado a defenderlas- nadie tiene idea de nada. Y estoy hablando de un programa: “Fortalecimiento de la sociedad civil”. Todos queremos fortalecer la sociedad civil, pero también queremos saber quién se fortalece con esos recursos y la eficacia que se logra con ellos. Tal como decía el diputado Vargas , creemos que se está dando un paso importante que debería haberse dado hace mucho tiempo. Es de esperar que a futuro esto evite que cuando preguntemos por un programa de esa naturaleza, que significa invertir 14 millones de dólares, de los cuales seis son puestos por el Gobierno, la autoridad gubernamental no nos responda para callado y en forma reservada. Por ejemplo, para la Octava Región, que represento aquí, sería muy importante saber dónde funciona el centro regional, qué instituciones participan en el centro regional del voluntariado, en qué se van a gastar los 500 millones de pesos. En la región nadie lo sabe, porque el Gobierno ha decidido que nadie tiene derecho a conocer esa información. Por eso, este debate es muy importante, y ojalá este paso sea efectivo para que estas cosas nunca más vuelvan a suceder. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Hidalgo. El señor HIDALGO.- Señor Presidente, ante todo es bueno dejar establecido que en nuestra bancada y, en particular, en nuestro partido no existe animosidad alguna en contra de las organizaciones no gubernamentales, porque muchas de ellas cumplen una función loable desde todo punto de vista. Tenemos el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el Hogar de Cristo, por nombrar algunas. Pero hay otras que son desconocidas porque no existe un registro. Durante el transcurso del año pasado, a menos de un mes de haber asumido el cargo de diputado , pedí el envío de un oficio a la Contraloría General de la República sobre la materia. El contralor general de la República de entonces, señor Arturo Aylwin , me contestó que se iba a hacer la investigación correspondiente, y en la última parte el oficio dice textualmente: “De acuerdo con lo expuesto, no es posible adelantar, por ahora, ninguna información específica sobre el comportamiento del manejo de tales subvenciones hasta mientras no se procesen los antecedentes referidos”. Es decir, no existía un registro de las ONG, cosa que ocurrirá una vez que se promulgue esta ley. Por eso, hemos sido muy celosos, porque no ha existido claridad respecto de cuáles son las ONG que funcionan en el país. Independientemente de la información que nos entregó el ministro de Hacienda y a la cual ya se refirió el diputado Vargas , creo que es preferible la peor de las verdades a la mejor de las mentiras. En ese sentido, es bueno para el país que exista un registro de las ONG que ha sido largamente discutido durante esta sesión; es sano y bueno para que nuestro país siga teniendo, a pesar de los desafueros conocidos hoy día, una buena calificación internacional, en relación con la transparencia a todo nivel. Tal vez no está bien que lo diga por ser uno de los diputados autores de la idea recogida por el Ejecutivo ; pero es bueno que exista transparencia respecto de la administración financiera del Estado. De esta forma, se podrán administrar y focalizar mejor los recursos, especialmente en favor de los más necesitados. El hecho de que la información que se solicitaba no estuviera disponible, habla por sí solo e indica que ha existido -debido, como digo, a que no existía una relación completa de las ONG no incluidas en el artículo 17 de la ley de Presupuestos- cierta negligencia en la administración de los recursos, tan importantes para atender ciertas prioridades como, por ejemplo, la extrema pobreza. Me siento muy contento de que estemos legislando sobre un registro nacional de las ONG, y que en el proyecto también se hayan incluido las transferencias de fondos que hacen los municipios, que suman muchos millones de pesos. En este caso, será la Subsecretaría de Desarrollo Regional la que deberá informar a la Subsecretaría de Hacienda sobre el monto global de dichos fondos. En el transcurso de la discusión se ha hablado mucho sobre la agenda de probidad del Gobierno, que corresponde a la segunda de una serie de 17 iniciativas, de las cuales 13 ó 14 son de Renovación Nacional. Hay que reconocer que el Gobierno ha estado predispuesto a establecer un nuevo marco legal, seguramente, en los próximos cinco o seis meses. La Derecha, de alguna forma, se siente muy complacida de contribuir a la transparencia, a la probidad y a que Chile mantenga su reputación de país serio, desde todo punto de vista, en particular, gracias a la aprobación, hace un par de semanas, de los acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos. Gracias a la globalización de los mercados, esto hará que nos sigan viendo como un país digno de respeto. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Cerrado el debate. Corresponde votar, en general, el proyecto que establece registros de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, con excepción de los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Aprobado en general el proyecto. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Los artículos 1º, 3º, 4º, 7º y 8º, permanentes, y 2º, transitorio, para su aprobación requieren quórum de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Encina, Escalona, Escobar, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Se declaran aprobados, con el mismo quórum de la votación en general por no haber sido objeto de indicaciones, los artículos 2°, 5° y 6°, permanentes, y 1°, 3° y 4°, transitorios. Los artículos 1°, 3° y 4° requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional. A su vez, la Comisión de Hacienda ha formulado indicación sustitutiva de los artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 2° transitorio. ¿Habría acuerdo de la Sala para votar los artículos en su conjunto, incluidas las indicaciones de Hacienda? Acordado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Despachado el proyecto. Tiene la palabra el señor ministro. El señor EYZAGUIRRE ( Ministro de Hacienda ).- Señora Presidenta , quiero agradecer a la honorable Corporación la generosidad que ha tenido por aprobar -virtualmente de manera unánime- una iniciativa que es fundamental, desde el punto de vista del Gobierno, para la adecuada dignificación de la función pública. Sabemos que en virtud de un precepto constitucional el cambio de los salarios de ministros ha acarreado una modificación de la estructura de asignaciones de los parlamentarios. En concreto, se trata de un cambio desde una asignación no tributable a una tributable, la que está incorporada a la dieta. Quiero dejar muy claro -posteriormente lo haré ante los medios de comunicación- que los parlamentarios no recibirán un solo peso adicional en términos líquidos y que la Corporación, en su conjunto, al ser esta nueva asignación tributable, percibirá menos recursos. Por lo tanto y como nobleza obliga, reitero nuestros agradecimientos a la Cámara de Diputados. En segundo lugar, los dos contenidos fundamentales del proyecto, tanto la dignificación de la función pública que acarrea salarios más reales para el ejercicio apropiado de los cargos, como la transparencia cada vez mayor en cuanto a quiénes son los beneficiarios de las transferencias del Estado, también nos hacen más merecedores de los recursos que recibimos de todos los chilenos por la vía tributaria. Esto fortalece a nuestra sociedad y responde a las demandas de cualquier evaluación internacional respecto de países que son capaces de ponerse al día en cuanto a requerimientos más exigentes de probidad y transparencia. Con ello y más allá de oposiciones o gobiernos, nos beneficiamos todos. Se podrán tener legítimas opiniones respecto de si la iniciativa debió llevarse adelante con antelación o si se hizo en función de determinadas coyunturas. Con todo, lo claro es que el país, en virtud del apoyo de todos ustedes, ha sido capaz de avanzar en este trance. Sólo me resta decir que estos proyectos estarían incompletos si no avanzamos con paso decidido en dos nuevas iniciativas que el Ejecutivo intentará consensuar y entregar a la Corporación a la brevedad, cuales son los regímenes de provisión y separación de los directivos públicos y la transparencia y fuentes de financiamiento de la política. Al aprobar esos proyectos, podremos tener una mejor nación para el beneficio de todos. Muchas gracias. -Aplausos. La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta ).- Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
CREACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS. Primer trámite constitucional.