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El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , compartiendo el buen espíritu que probablemente anima a los Senadores autores de esta iniciativa, considero que es un mal proyecto. Ello no tanto por su contenido, sino porque me parece que estas materias deben ser objeto de políticas públicas que se expresen a través de la potestad reglamentaria del Presidente de la República .
Fijar por ley este tipo de soluciones me parece extraordinariamente peligroso, pues los temas son bastante más complejos.
Pensar que con una medida vamos a resolver los problemas de congestión o de contaminación me parece realmente una fantasía.
Pensar que las dificultades se solucionarán igual en Santiago, en Linares, en Puerto Montt o en Antofagasta, lo considero una irrealidad.
Por lo tanto, creo que avanzar en esta línea para resolver estos problemas es simplemente un espejismo; es sembrar ilusiones en una materia que es extraordinariamente más compleja y que no se va a resolver a través de una disposición que tiene la gracia de la simplicidad pero, a la vez, las limitaciones derivadas de esa misma característica.
Pienso que hacemos mal cuando aprobamos leyes de esta índole. Entiendo y valoro el espíritu, la creatividad legislativa de nuestros colegas, porque siento que se esfuerzan y hacen aportes en temas que son necesarios y relevantes. Sin embargo, me da la impresión de que esta problemática es muy difícil de resolver a través de una iniciativa de ley. Al contrario, lo que vamos a hacer es rigidizar un asunto que requiere flexibilidades tanto en las medidas, en su duración, como en los lugares donde estas se aplican, dadas las distintas realidades que existen en el país.
Peor aún: modificar el día de mañana estas medidas, que pueden ser de carácter permanente, será simplemente imposible.
En consecuencia, creo que estamos mal encaminados cuando tratamos de resolver un problema grave, complejo y, además, variante en el tiempo a través de una normativa que no es el instrumento más adecuado para ello.
A mi juicio, esta materia debiera resolverla el Ejecutivo , por su cuenta. Nosotros podemos pedirle que nos informe cuáles son sus políticas públicas sobre el particular y, de tiempo en tiempo, aconsejarlo o sugerirle medidas. Sin embargo, no me parece que deba aprobarse una iniciativa de ley en los términos aquí planteados.
De hecho, esta materia ha sido regulada por el decreto supremo Nº 211, de 1991, que estableció las características que debían cumplir los vehículos motorizados livianos para su funcionamiento. Eso fue producto de la potestad reglamentaria.
El Ministerio de Transportes no requiere una ley para resolver este problema. Simplemente, puede dictar otro decreto supremo y, además, ir fijándolo en atención a las realidades regionales, diferenciando claramente entre contaminación y congestión, toda vez que son dos fenómenos distintos que deben abordarse mediante capítulos diferentes. Pretender matar dos pájaros de un tiro me parece más una ilusión que una realidad en este caso.
En suma, señor Presidente, opino que esta iniciativa no va bien encaminada. Por eso, a pesar de que respeto y valoro el espíritu que anima a los amigos que la han propiciado, voto que no.
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