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El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , voy a votar favor de esta iniciativa, pues considero de toda justicia que se otorgue una bonificación por retiro voluntario y también una bonificación adicional por antigüedad al personal asistente de la educación que labora en municipalidades, en corporaciones municipales o en aquellas instituciones educacionales acogidas a un convenio con el Ministerio de Educación.
Estimo que se trata de una medida justa, no solo por el daño previsional implícito del que han sido objeto dicho trabajadores, no solo por sus malas pensiones -porque, además, hay que decir que las remuneraciones de este personal de la educación son malas-, sino también porque me parece enteramente legítimo que toda persona, después de 30, 35, 40, 45 o 50 años de servicio, reciba una retribución que le permita hacer realidad algunos sueños, proyectos, o simplemente disponer de una mayor cantidad de recursos para vivir la vejez.
Dicho eso, es del caso señalar que el problema del proyecto -lo plantearon quienes me antecedieron en el uso de la palabra- estriba básicamente en el financiamiento.
La bonificación por retiro voluntario va a ser de cargo de las municipalidades; en cambio, la bonificación adicional por antigüedad será de cargo fiscal.
A nosotros nos parece que todo ello debiera ser de cargo fiscal. ¿Por qué? Porque el anticipo de subvenciones significa que, dinero que debe entregarse para el funcionamiento regular y óptimo de la educación y para el mejoramiento de su calidad, hay que desviarlo -una parte- para pagar un beneficio que por ley se les otorga a personas que se están desvinculando del sistema. Por lo tanto, son recursos que salen, que no se quedan dentro de él.
Se ha dicho aquí que lo propuesto en este proyecto no les va a afectar a los municipios, pues habría un ahorro.
Señor Presidente , quiero leer lo que dijo el Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Gonzalo Navarrete , en la Comisión de Educación del Senado (página 14 del informe).
Él manifestó que "si bien es imperativo apoyar la iniciativa por su objetivo de favorecer, en esta oportunidad, a los asistentes de la educación que están cercanos a jubilar, otorgando un retiro con mejores condiciones económicas por el incentivo, por la bonificación y por permitirles acceder al bono poslaboral, es necesario considerar de manera importante el mecanismo de financiamiento del monto indemnizable, ya que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los gremios no consideró la opinión de los municipios, obligándolos a financiar una parte importante de los beneficios que considera el diseño legal con cargo a la deficitaria subvención educacional a que ha hecho referencia pretéritamente.
"En ese mismo orden de consideraciones, puntualizó que no es una opción adecuada afectar la subvención regular, por lo que sugirió que el costo del financiamiento del proyecto podría recaer sobre recursos disponibles de subvenciones o líneas de financiamiento disponibles, como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), la subvención de educación especial del Programa de Integración Escolar (PIE) y la Subvención Preferencial (SEP).".
Entonces, señor Presidente , al final nos estamos engañando. Porque decimos: "Señor sostenedor municipal, si usted no tiene recursos para financiar con cargo a la subvención regular el pago del incentivo al retiro, pida un anticipo".
Obviamente, se le irá descontando mensualmente dicho anticipo de la subvención.
¿A qué obliga aquello? A que el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) deba aumentar cada año.
Sería mucho más razonable que simplemente dijéramos que ello va a ser de cargo fiscal. Los números y las cuentas estarían mucho más claros. También evitaríamos el cuestionamiento de los alcaldes, pues permanentemente nos hallamos despachando proyectos de ley que establecen obligaciones económicas, pero acompañadas de financiamientos que no son suficientemente claros como para decir que tales recursos se encontrarán a disposición de las cajas de los respectivos organismos, sino que tendrán que conseguirse por la vía del endeudamiento.
Asimismo, quiero mencionar que el Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde Gonzalo Navarrete , en una parte de su intervención señala que una de las razones por las cuales considera inconveniente el sistema de financiamiento vía anticipo de la subvención se halla relacionada con el hecho de que los municipios ya están suficientemente endeudados.
Y da a conocer cifras realmente alarmantes.
El señor Navarrete dijo que los municipios de nuestro país "presentan un desequilibrio administrativo financiero en el servicio de educación, el cual se expresa en la existencia de deudas de stock del orden de los $190.000 millones de pesos ($120.000 millones de anticipo de subvenciones)".
Es decir, ya tienen una deuda de arrastre, por leyes anteriores, de 120 mil millones de pesos. Ello, además de deudas previsionales, etcétera.
Entonces, señor Presidente , me parece que nos vamos autoengañando. Nosotros tramitamos y aprobamos ese tipo iniciativas. Son necesarias y beneficiosas para las personas que se podrán acoger a sus normas. Pero, al final, les traspasamos una tremenda responsabilidad -en este caso, ni más ni menos que hasta el 2022- a los municipios.
Por último, deseo hacerme cargo de la presentación que hizo la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) en la Comisión de Hacienda, en la cual reclamaron una discriminación arbitraria por el hecho de que no se halla contemplado en esta iniciativa el personal asistente de la educación de los colegios particulares subvencionados.
Y la razón que se señaló para establecerlo de esa manera es que "la educación particular subvencionada es particular".
Pero olvidamos que, por el proyecto de ley que despachamos el año pasado, el financiamiento fundamental de los colegios particulares subvencionados, en la medida que todos se vayan integrando a la gratuidad, será puramente público.
Entonces, no tiene lógica decir: "La discriminación es válida, porque ustedes lo pueden hacer con sus propios recursos".
En el caso concreto de los municipios, por lo menos una parte importante de ese gasto, aproximadamente el 62 por ciento, lo está financiando el Fisco directamente, y no a través de la subvención.
Nosotros quisiéramos que fuera el 100 por ciento, y no solo el referido porcentaje.
Con respecto a los establecimientos particulares subvencionados, que prácticamente en su totalidad son financiados con recursos públicos, creo que también debiera haber una disposición de similar naturaleza.
Con todo, como ya lo señalé, voto a favor.
Celebro, además, que este proyecto haya sido objeto de un acuerdo con los gremios pertinentes.
Celebro la existencia de algunas disposiciones muy importantes. Por ejemplo, que a las mujeres se les permita elegir el momento en que se pensionan, entre 60 y 65 años de edad. No las obligamos a que lo hagan a los 60 años, como ha ocurrido con otros proyectos de ley.
Por otra parte, me parece muy significativo que se reconozca que este bono puede ser heredable, pues hay personas que fallecen una semana, quince días o un mes antes de recibirlo, y, por tanto, la familia pierde ese beneficio económico.
Por ello, considero que se trata de una medida superrazonable.
En este proyecto de ley hay varias materias en las que se avanza de manera importante.
¡Mayor razón, pues, para votarlo favorablemente!
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