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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, nosotros hemos respaldado el proyecto de ley, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de retiro de los asistentes de la educación en edad de jubilar o de pensionarse.
Como se ha dicho, un universo posible de nueve mil trabajadores podría acceder a los beneficios que se establecen.
¿Cuáles son? Consisten en una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad.
Me parece bien que puedan verse beneficiados los asistentes de la educación en establecimientos administrados directamente por los municipios o por corporaciones privadas sin fines de lucro, así como en establecimientos de educación técnico profesional administrados por instituciones del sector público o personas jurídicas sin fines de lucro.
También se considera al personal regido por el Código del Trabajo que se desempeñe en los departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM).
Nos hallamos ante una de las inquietudes que los asistentes de la educación nos han planteado a todos nosotros en cada una de las regiones. Así ha ocurrido por lo menos en la mía.
Juzgo conveniente que el recién mencionado personal regido por el Código del Trabajo pueda acceder a estos beneficios, así como también el correspondiente a corporaciones municipales.
Siempre se consideró en un principio que la idea era no discriminar o discriminar lo menos posible y aumentar el grupo laboral que pudiera verse favorecido.
Estimo importante que en este ámbito se dé la oportunidad de que mujeres y hombres se acojan voluntariamente a los beneficios -creo que lo destacó el Senador señor García - a partir de 60 y 65 años, respectivamente.
¿A cuánto ascenderá la bonificación por retiro voluntario? Será de un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades antes mencionadas, con un máximo de once meses.
¿En qué consiste la bonificación adicional por antigüedad? La recibirán por una sola vez, de cargo fiscal, los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, registren a la fecha de este último una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en las entidades señaladas.
Ha habido un debate largo, sin duda, respecto del financiamiento.
La señora Ministra ha explicado qué está pasando realmente con la situación de los recursos en los municipios y la cantidad de dotación existente, la cual supera larga y objetivamente, desde luego, las necesidades. No cabe duda de que muchos de ellos se encuentran endeudados.
Aquí se establece un sistema de financiamiento por anticipo de subvenciones y asimismo se podrán destinar algunos recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), lo que sabemos que no implica, en la práctica, el total requerido.
Pero estimo que los municipios también deben colocar su parte y no estar esperando, lisa y llanamente, que los compromisos que asumen con sus dotaciones de asistentes de la educación para los efectos de que se pensionen o retiren sean financiados directamente por el Estado, por el Ministerio del ramo. Tienen que colocar una proporción importante y responder por ese tipo de decisiones.
Termino expresando que tiene lugar un avance, evidentemente. Resulta sumamente positivo, a mi juicio, haber considerado a los trabajadores en un diálogo y en acuerdos conversados.
Se sigue la línea de la prioridad absoluta que el Gobierno de la Presidenta Bachelet le ha dado a ir mejorando la situación de la educación -sobre todo, en el sector público-, en términos de calidad y de personal, lo que acompaña a las iniciativas sobre la carrera docente y demás que se han mencionado.
Estoy convencido de la justicia de que alrededor de nueve mil asistentes de la educación puedan acogerse voluntariamente al beneficio.
Votaremos a favor.
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