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El señor LAGOS ( Presidente ).-
En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , que otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con los plazos de la ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, con informe de la Comisión de Educación y Cultura, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.583-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 3ª, en 22 de marzo de 2016 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016.
Hacienda: sesión 22ª, en 8 de junio de 2016.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
El principal objetivo del proyecto es otorgar beneficios como incentivos al retiro voluntario al personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar la educación municipal; en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980; en los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM); en las Direcciones de Educación Municipal (DEM), y en la entidad administradora de las referidas corporaciones sin fines de lucro.
La Comisión de Educación y Cultura discutió el proyecto en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 13 de abril de 2016, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Rossi, Quintana e Ignacio Walker. También lo aprobó en particular en los términos y con las votaciones que consigna en su informe.
La Comisión de Hacienda, por su parte, lo aprobó en general y luego en particular, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Educación y Cultura, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Montes, Tuma y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 17 a 26 del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor LAGOS (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
Señor Presidente , con mucho gusto y en forma muy breve, voy a relatar lo que es el contenido -ya lo ha anticipado en alguna medida el señor Secretario - de esta iniciativa, tan importante para los asistentes de la educación.
Quiero partir con una afirmación, que espero que refleje el sentimiento de todos los miembros de la Comisión de Educación, donde fue aprobada por unanimidad.
Si nosotros podemos hablar en general, en el campo de la educación, de una deuda histórica con los profesores, con tanta o mayor propiedad podemos hablar de una deuda con los asistentes de la educación.
Son cerca de 130 mil en nuestro país; de ellos, alrededor de 70 mil se encuentran en la educación pública municipal, y aunque no están dentro del aula, cumplen un rol central, una función absolutamente insustituible en el proceso educativo.
En una breve y apretada síntesis, lo que estamos aprobando es un doble beneficio.
En primer lugar, se otorga al personal asistente de la educación una bonificación por retiro voluntario; o sea, un incentivo al retiro voluntario. Y junto con ello, y en segundo término, se entrega una bonificación adicional por antigüedad para quienes se hayan desempeñado al menos durante diez años como asistentes de la educación.
El primer beneficio, tal como lo hacemos generalmente en el Parlamento respecto de la educación y la salud, constituye un pago, por una sola vez, de una bonificación por concepto de retiro voluntario a los asistentes de la educación que se encuentren en alguna de las siguientes cinco situaciones:
1.- Que se desempeñen en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades.
2.- Que trabajen en corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por los municipios para administrar la educación municipal.
3.- Que se desempeñen en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, sobre educación técnico-profesional, que hayan sido entregados en administración.
4.- Que -y este es un punto muy importante, porque existen muchas dudas e inquietudes entre los asistentes de la educación a nivel municipal- estén regidos por el Código del Trabajo y se desempeñen en los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM) o en las Direcciones de Educación Municipal (DEM).
5.- Formen parte del personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en las referidas corporaciones municipales.
Los beneficiarios y las beneficiarias de este primer bono deberán haber cumplido 60 o 65 años de edad, según sean mujeres u hombres, en el período comprendido entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio del 2022. Durante ese lapso de ocho años, cualquier asistente de la educación que haya cumplido las edades mencionadas podrá postular al beneficio, que será de cargo del empleador.
En segundo lugar, el artículo 7° contempla una bonificación adicional, que también se pagará por una sola vez, para quienes tengan una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios, lo cual, obviamente, hace justicia a los asistentes de la educación que llevan más tiempo en el sistema.
Por ejemplo, uno que tenga veinte años de servicios y reúna ambos beneficios, recibirá, aproximadamente, 7,6 millones de pesos, que evidentemente es una ayuda -se trata de un bono, una bonificación- que servirá para hacer frente a las tan disminuidas pensiones que reciben los trabajadores de nuestro país.
Termino diciendo que este proyecto puede llegar a favorecer a 9 mil asistentes de la educación en el período que he mencionado, con un valor total de 111 mil millones de pesos. Estamos hablando de unos 150 millones de dólares.
Este no es un gasto: es una inversión, un acto de justicia para con los asistentes de la educación, en la forma de un incentivo al retiro.
El artículo 1°, que contempla la bonificación por retiro voluntario, tiene un costo de 43 mil millones de pesos (38 por ciento del total), que se pagará con cargo a la subvención. Y el artículo 7°, que establece la bonificación por antigüedad, representa un desembolso de 69 mil millones de pesos (62 por ciento del total), el cual será completamente de cargo fiscal.
El proyecto, señor Presidente , fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación y, reitero, constituye un acto de justicia para con los asistentes de la educación de nuestro país.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Me ha pedido intervenir la señora Ministra de Educación, a quien le cedo la palabra.
La señora DELPIANO (Ministra de Educación).-
Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero entregar un pequeño complemento a lo que acaba de manifestar el Senador Ignacio Walker , Presidente de la Comisión de Educación , donde discutimos ampliamente este tema antes de que lo hiciéramos con el Senador Zaldívar y todo el equipo de Hacienda.
Me voy a referir a algo que ha sido un sello de la labor que se ha realizado.
Hemos trabajado con todos los dirigentes de los asistentes de la educación, quienes han tenido no solo, diría yo, la deferencia de colaborar, sino que además han tenido una participación sistemática con el Ministerio, planteando sus inquietudes, buscando fórmulas, etcétera.
Este incentivo al retiro, como muy bien expresó el Senador Ignacio Walker, viene a hacer justicia a un sector de la educación que es clave para que funcione un establecimiento.
Estamos hablando de un grupo muy heterogéneo, porque es tan asistente de la educación el señor que abre el colegio en la mañana, las señoras que mantienen el aseo, como el inspector de patio o la asistente social que trabaja en el recinto. Todo el personal que no es docente es un asistente de la educación.
En ese sentido, el requisito de diez años de trabajo continuo para lograr el incentivo constituye una garantía de que se hace justicia a quienes ya llevan cierto tiempo desempeñándose como asistentes de la educación y no a personas que pueden haberse incorporado recientemente.
Además, el proyecto se preocupa de que el otorgamiento de los beneficios se materialice a lo largo de determinado período, a fin de que no haya una acumulación al comienzo. Los 9 mil cupos de que habló el Senador Ignacio Walker representan, aproximadamente, el 70 por ciento de los potenciales beneficiarios de la iniciativa. Cada vez que se ha entregado un incentivo al retiro, nunca se ha llegado a más del 60 por ciento. Sin embargo, aquí se amplía el número de cupos para que quien pretenda acogerse a los beneficios lo pueda hacer en los tiempos reales que plantea el proyecto.
Se establece, eso sí, la limitante de que, una vez que la persona haga uso del derecho, no podrá trabajar en un municipio antes de cinco años.
Además, si un trabajador no postula el año en que cumpla la edad para jubilar, después solo podrá acceder al 50 por ciento del beneficio. Y, si finalmente no hace uso del derecho, puede perderlo.
En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo grande con los empleadores para que todas las personas que realmente quieran jubilar puedan hacerlo en mejores condiciones económicas que las que tendrían si no contaran con las bonificaciones que entrega el proyecto.
Finalmente, me voy a referir a un tema que preocupa a muchos Senadores, como es el peso de los recursos.
Al respecto, debo hacer presente que los empleadores -en este caso los municipios, vía corporación municipal o vía DAEM o DEM- tienen dos fuentes para resolver el asunto.
Como bien se ha dicho, la bonificación por retiro voluntario representa el 38 por ciento del costo total. El resto es plata directa que pondrá el Fisco. Sin embargo, ese 38 por ciento se podrá pagar, o contra anticipo de la subvención -mecanismo que se ha utilizado periódicamente, cada vez que se ha querido desvincular a algún profesor-, o vía FAEP, pues una parte de este fondo tiene que ver con la regularización de pagos previsionales y con compromisos que justificadamente hayan contraído los municipios.
Por lo tanto, este es un proyecto que se encuentra completamente financiado, que cuenta con la venia de la Asociación Chilena de Municipalidades, y que además tiene detrás al gremio afectado. Cabe agregar que hemos asumido el compromiso de presentar a futuro una iniciativa que más bien establece un marco regulatorio en lo relativo a la función que cumplen los asistentes de la educación. Es un proyecto que será discutido a comienzos del próximo año, pero, como digo, ya existe un compromiso para levantarlo.
Creo que con ambas iniciativas estaremos haciendo justicia a un sector de la educación que muchas veces es clave para el clima interno de cada establecimiento.
Y, para tranquilidad de quienes seguramente están escuchando este debate, también se hace cargo de los asistentes de la educación de los jardines infantiles, vía transferencia de fondos (VTF), quienes, por tanto, también se hayan considerados en el proyecto.
Es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor WALKER (don Ignacio).-
¡Abra la votación, señor Presidente!
El señor LAGOS (Presidente).-
Se ha pedido abrir la votación.
La señora ALLENDE.-
De acuerdo.
El señor LAGOS (Presidente).-
Muy bien.
Entonces, en votación la idea de legislar.
--(Durante la votación).
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda analizó el proyecto y lo aprobó en general y en particular por unanimidad, sin perjuicio de que algunos de sus miembros hicieron cierto tipo de observaciones en cuanto al efecto que podría producir sobre las municipalidades, desde el punto de vista financiero, en la parte de los beneficios que sean de cargo de ellas.
La señora Ministra y su equipo asesor explicaron que, si bien existe un costo total, en régimen, de casi 43 mil millones de pesos, el ahorro que significa que algunos funcionarios dejen de trabajar en el sector municipal, más aún con el proceso de desmunicipalización que se va a llevar a cabo en el próximo tiempo, implica que el tema de orden financiero al parecer no afectaría a los municipios, que es algo que a todos y cada uno de los Senadores nos preocupa al momento de poner obligaciones sobre entidades que no se hallan financiadas.
Como les señalo, hubo una aclaración en ese sentido, e incluso se dijo que, en un balance global, considerando el monto que los municipios se ahorrarían, más el hecho de que después no tendrían ningún costo al dejar la gestión del sector educacional, se produciría un diferencial de casi 10 mil millones de pesos, en total, en favor de las municipalidades, aunque podría ser que la aplicación del proyecto significara un costo para algunas de ellas.
En segundo término, se explicó también que si las municipalidades tuvieran problemas de caja, fundamentalmente, para proceder al pago de los beneficios, podrían recurrir a un anticipo de las subvenciones e incluso utilizar recursos del FAEP, de manera que el otorgamiento de las bonificaciones no les signifique una situación gravosa.
Ahora, acerca del proyecto mismo, como aquí ya se ha expresado, otorgará beneficios a casi 9 mil funcionarios en un espacio de seis años. Esto marca una diferencia con varias otras iniciativas de retiro voluntario, pues en este caso se establece un plazo más largo que el que normalmente se contempla, de uno o dos años. En esta oportunidad se dispondrá de seis años, donde se llegará, por cuotas, a los 9 mil cupos, comenzando el 2016, con 878 cupos, y terminando el 2022, año en que se completará enteramente aquella cantidad.
El costo total de la iniciativa, al finalizar el sexenio, será del orden de 111 mil millones de pesos, de los cuales 43 mil millones serán de cargo del empleador -en este caso, las corporaciones municipales-, y 68 mil millones, casi 69 mil millones, de cargo fiscal, correspondiente a la bonificación por antigüedad.
En cuanto a la bonificación por retiro voluntario que se le entregará a cada funcionario, ella ascenderá a un mes por año de servicio, siempre y cuando tengan 60 años de edad, los hombres, y 65 años, las mujeres, estableciéndose todo un mecanismo para poder ir optando al beneficio...
El señor PROKURICA .-
¡Al revés!
El señor BIANCHI .-
¡Sí, es al revés!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Así es, efectivamente. Discúlpenme.
El señor PROKURICA .-
¡No vayan a creer que cambiamos la ley!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Exactamente.
La bonificación por antigüedad, por su parte, se otorgará a aquellos funcionarios con más de 10 años de servicio, comenzando con un monto de 80 UF, que irá ascendiendo hasta 560 UF, cuando alcancen 35 o más años de antigüedad.
Este es un proyecto muy esperado por todo el sector municipalizado de los asistentes de la educación, y creemos que en este proceso de transición en la desmunicipalización de la educación municipal lo que se propone será positivo para esos funcionarios que podrán acogerse a sus beneficios.
Por todas esas razones la iniciativa se aprobó por unanimidad en la Comisión y se le pide a la Sala que, ojalá, permita su pronto despacho.
El señor LAGOS (Presidente).-
Para estar claros, hay doce oradores inscritos. Se abrió la votación, pero nadie hizo la salvedad de que se conservaran los tiempos.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Es obvio, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).-
Quiero asumir que así es.
El señor PROKURICA.-
¡Por supuesto!
El señor LAGOS ( Presidente ).-
¿Ven, Sus Señorías, que soy razonable?
Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.-
Señor Presidente , la verdad es que la Ministra y el Presidente de la Comisión de Educación fueron muy claros al relatar cuáles son los principales beneficios de este proyecto de ley.
Quiero resaltar que esto viene a dar cumplimiento, por parte del Gobierno, a un acuerdo que se suscribió el 27 de octubre de 2015, en que se estableció la implementación de un plan de retiro para los asistentes de la educación.
De más está mencionar la importancia que ellos tienen -una vez se habló de paradocentes-: son una pieza fundamental de todo proyecto educativo. En toda comunidad educativa el asistente de la educación, cualquiera que sea su función, cumple un rol realmente clave en la formación de nuestros hijos. Es preciso relevarlo, y por eso celebro y destaco que la Ministra haya planteado la creación de una suerte de estatuto de los asistentes de la educación.
Ahora, quiero resaltar algunas cosas de esta iniciativa, porque en algún minuto hubo bastante controversia y preocupación legítima entre algunos funcionarios de los Departamentos de Administración de la Educación Municipal (DAEM), de las Direcciones de Educación Municipal (DEM) o de las mismas Corporaciones de Educación Municipal en cuanto a si serían considerados como asistentes de la educación para estos efectos, a fin de poder impetrar los beneficios de la bonificación por retiro voluntario y la adicional por antigüedad.
Eso quedó zanjado en la Comisión de Educación del Senado y, por tanto, los llamo a estar tranquilos y a que tengan la certeza de que dichos funcionarios y dichas funcionarias también serán considerados en este beneficio.
En cuanto a la bonificación por retiro voluntario (después haré algunos comentarios en relación con el financiamiento, porque he escuchado algunas críticas sobre el particular), ella consiste en una bonificación equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, con un tope de once años, de cargo del empleador (el municipio).
Después, hay una bonificación de antigüedad adicional, que se entrega una sola vez y que es bastante importante. O sea, estamos hablando de que se otorga, además de un mes de remuneración por cada año de servicio, con un tope de once años -corresponde al incentivo al retiro-, una bonificación adicional por antigüedad, que -como digo- puede ir desde 80 UF, en el caso de tener al menos 10 años de servicio, hasta 560 UF si se tienen 35 o más años de servicio y una jornada de 44 horas.
Por lo tanto, ambos beneficios realmente constituyen un incentivo y van a permitir un ahorro a los municipios.
Ese es uno de los temas controversiales. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que a los asistentes de la educación hay que permitirles jubilar con una situación más favorable, además de mejorar sus condiciones laborales. Y no solo eso, sino que también se los debe considerar parte del equipo, y de ahí que es primordial que dispongan de un estatuto.
Siempre he señalado que las manipuladoras de alimentos debiesen ser parte de este equipo: son pieza clave -repito- de la comunidad educativa y, lamentablemente, hoy día siguen viviendo una situación francamente discriminatoria, con condiciones laborales de extrema precariedad, a mi juicio, por el rol que desempeñan.
Yendo al tema relativo al financiamiento, quiero mencionar que la bonificación por retiro voluntario es de cargo del empleador en un 38 por ciento, y el 62 por ciento restante lo asume el Fisco. La carga fiscal es de 68 mil millones de pesos.
Un punto importante es que el empleador, o sea el municipio, va a tener una diferencia favorable de más de diez mil millones de pesos; porque tener funcionarios con más años de servicios significa un mayor costo.
Por lo tanto, ahí ya se observa un ahorro para la municipalidad derivado de este proyecto.
Insisto en que este tema probablemente se va a plantear. Siempre se dice que el municipio no tiene plata, que el Gobierno le impone cargas y no le entrega recursos. Yo, en verdad, creo que aquí los hay.
Lo que he visto, por mi experiencia particular en la municipalidad de Iquique, es que la gestión educativa es tremendamente deficiente, y uno lo puede evaluar tanto en la PSU, en el SIMCE y en otro tipo de indicadores. Lamentablemente, ello tiene que ver con una falta de compromiso absoluto por la educación pública en el municipio. Y eso demuestra lo urgente que es sacar adelante el proyecto de nueva educación pública, que desmunicipaliza y crea una nueva institucionalidad para la educación pública.
Ahora, ¿cómo financiarlo fácilmente?
Los municipios tienen acceso al Fondo de Apoyo a la Educación Pública -aquí se ha mencionado-, y, además, pueden solicitar anticipos de subvención. Fíjense que, si vemos estos anticipos, 140 municipios (40 por ciento del total) reciben menos del uno por ciento de ellos. El tope de anticipos de subvención es de 3 por ciento, y la inmensa mayoría de los municipios no utiliza ese instrumento.
Por lo tanto, lo que se propone es perfectamente financiable.
Quiero despejar algunas dudas con respecto al financiamiento.
Repito que, primero, hay un ahorro significativo para los municipios producto de este plan de retiro, más de diez mil millones de pesos. Después, para el 38 por ciento que deben cubrir por bonificación de antigüedad, también tienen dos vías: una es justamente el Fondo de Apoyo a la Educación Pública y la otra es el anticipo a la subvención, que -como dije- es bastante poco utilizada hoy.
Espero que todos respaldemos este proyecto, que de alguna manera reivindica un rol insustituible en el ámbito educativo: el que cumplen los asistentes de la educación y que incluye, también, a los funcionarios de los Departamentos de Administración de Educación Municipal o a las Corporaciones de Educación de cada municipio.
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , creo que a estas alturas nadie pone en duda que la educación es la llave del éxito en esta vida moderna. Y en ese sentido, tanto los docentes como los asistentes de la educación desempeñan una labor importante y abnegada en el sistema educacional público de nuestro país.
Por eso, resulta fundamental que estos trabajadores, al salir del sistema, al momento de pensionarse, cuando han entregado una vida entera, puedan tener una salida más digna y acorde con lo que entregaron e impartieron por tantos años a miles de niños a lo largo y ancho del país.
De ahí que los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra hayan mencionado tantas veces que este era un proyecto muy esperado por numerosas personas.
Quiero decir quiénes son los beneficiarios. Según la Dirección del Trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.464, se entiende por asistentes de la educación a los trabajadores que desarrollen las siguientes funciones:
a) De carácter profesional, que es la que realizan los profesionales no afectos al Estatuto Administrativo, para cuyo desempeño deberán contar con el título respectivo.
b) De paradocencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores de apoyo administrativo que se lleven a cabo en las distintas unidades educativas. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida oficialmente por el Estado. c) De servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, protección y mantención de los establecimientos, para cuyo desempeño se deberá contar también con licencia de educación media.
Para el logro de los objetivos del proyecto, el plan de incentivo al retiro voluntario propuesto tiene una mayor duración.
Ya lo dijo la señora Ministra : curiosamente, a pesar de que estos planes de apoyo son esperados por quienes desean retirarse del sistema, solo el 60 por ciento de los eventuales beneficiarios hacen uso de ellos. Por eso, es valioso que el Gobierno y los miembros de la Comisión de Educación hayan estudiado la incorporación de un plazo mayor para acogerse al beneficio.
Este plan de incentivo permitirá, durante los ocho años en que se encontrará vigente, que hasta 9 mil trabajadoras y trabajadores accedan a los beneficios en él contemplados. De esta forma, se favorecerá a los que cumplieron o cumplan, entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2022, 60 años de edad, si son mujeres, o 65, si son hombres, siempre que reúnan los demás requisitos para acceder a cada uno de los beneficios.
En consecuencia, me parece justa y necesaria la presente iniciativa, que otorga incentivos al retiro voluntario y una bonificación por antigüedad al personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas con el objeto de administrar la educación municipal; en los planteles regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980; en los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM); en las Direcciones de Educación Municipal (DEM), y en la entidad administradora de las referidas corporaciones sin fines de lucro.
Señor Presidente , este tipo de bonos ayudará a los asistentes de la educación que tengan que retirarse por vejez a que su salida del sistema no sea tan dura. De lo contrario -como se ha dicho muchas veces aquí-, serán condenados al hambre, por cuanto las pensiones que obtienen son bajísimas.
Este es un esfuerzo del Estado de Chile, y hay que reconocérselo a la señora Ministra y a quienes han patrocinado esta iniciativa, cuya finalidad es alivianar el retiro de los asistentes de la educación, realidad que con frecuencia es un salto al vacío, pues se trata de gente que, al jubilar a la edad correspondiente, recibe pensiones muy bajas.
)----------(
El señor LAGOS ( Presidente ).-
Quiero saludar a los alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María que nos acompañan.
¡Bienvenidos!
)----------(
El señor LAGOS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente , en la Comisión de Educación aprobamos este proyecto en general y en particular de manera unánime, porque creemos que su objetivo es bueno.
El texto propuesto reconoce el trabajo que realizan los asistentes de la educación y plantea beneficios para que se acojan a retiro quienes ya han cumplido los años respectivos de labor, tiempo que han entregado al cuidado de los niños a lo largo de todo el país.
El personal asistente de la educación siempre termina al final de todas las discusiones sobre educación. Un ejemplo de ello se observa en la iniciativa acerca de la carrera docente: ahí no se analizó un estatuto especial para esos trabajadores.
Vamos a ver si el debate sobre dicho estatuto se produce en el proyecto que establece una nueva educación pública o en una propuesta legislativa distinta. Nosotros esperamos que en el primero se aproveche la oportunidad de analizar esa materia, pues se trata de una aspiración muy sentida de los asistentes de la educación.
Respecto de la iniciativa que nos ocupa, hago presente que el incentivo planteado se compone de dos partes: primero, la bonificación por retiro voluntario, que es de cargo del empleador -o sea, de los municipios- y representa el 38 por ciento del costo total, y segundo, la bonificación adicional por antigüedad (artículo 7º), que es de cargo fiscal -es decir, del Gobierno central- y equivale al 62 por ciento restante.
Por lo tanto, no es real que los beneficios serán pagados completamente por el Fisco. Nuevamente estamos legislando con cargo a las municipalidades.
El representante de la Asociación Chilena de Municipalidades (actual Presidente del PPD , entiendo) en su momento planteó en la Comisión de Educación que a esa Asociación no le parecía que nuevamente -este mismo beneficio se ha propuesto en distintas áreas- se impusiera desde el nivel central un proyecto de ley con el fin de establecer un bono de incentivo al retiro que, finalmente, los municipios deberán pagar.
Esta bonificación por retiro voluntario, la que es de cargo municipal, ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado, con un máximo de once meses.
Y se contempla que, si las municipalidades no cuentan con los fondos para pagar, podrán solicitar anticipos de subvenciones.
Señor Presidente , no me parece correcto -y lo dije en la Comisión- que se proponga como opción el uso de tales anticipos, ya que la subvención debiera ocuparse en financiar los gastos normales del funcionamiento del sistema educacional y, ojalá, en mejorar la calidad de la educación, pero no en cancelar un bono fijado por el Gobierno central.
Con esa alternativa no se estaría pagando lo que debiera pagarse mediante la subvención escolar.
En el fondo, cuando se ocupan anticipos de subvenciones, el municipio se endeuda con el nivel central. ¡El municipio se endeuda!
Uno siempre pregunta: ¿por qué las municipalidades están tan endeudadas en el área de la educación? Parte de la respuesta podríamos encontrarla en lo que acabo de señalar. Estamos diciéndole al empleador: "Usted tiene que pagar esto. Pero no se preocupe porque, si no cuenta con recursos, puede pedir anticipos de la subvención".
Además, uno de los planteamientos que la Ministra de Educación hizo en la Comisión fue que también se podía pagar a través del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), instrumento que se estableció en la Ley de Presupuestos para 2016.
Ante ello, nosotros pedimos que tal proposición se incorporara explícitamente en la iniciativa, pero el Gobierno no quiso. Se negó a introducir una norma que señalara que los bonos se podían cubrir con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, cuya finalidad es colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan los municipios.
La razón que nos dieron fue que no se sabía si el FAEP seguiría existiendo en el tiempo.
En definitiva, caemos en lo mismo: al final del día van a terminar pagando el beneficio los municipios, ya sea con anticipos de subvenciones o -si se puede- con el Fondo referido.
¡En cualquier caso, será deuda de las municipalidades!
Pensamos que habría sido mucho mejor -y lo pidieron los alcaldes también- establecer específicamente la posibilidad de cancelar los bonos con el FAEP.
Los alcaldes temen que quizás la Contraloría no les permita pagar con cargo al Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Los municipios podrían tener problemas con dicho órgano, nuevamente generados por una regulación proveniente del nivel central.
Por lo tanto, señor Presidente, creemos que esta no es la manera correcta de legislar: siempre desde la Administración central y cobrándoles a los gobiernos comunales.
Adicionalmente, cabe indicar que esa materia no se resolvió en la Comisión y que no escuchamos a los representantes de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), quienes habían pedido ser recibidos. ¡Pese a ello, no fueron oídos!
El proyecto dispone que los beneficios son para los asistentes de la educación de los establecimientos administrados por los municipios y, adicionalmente, para los asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos de administración delegada del decreto ley N° 3.166. Estos son de propiedad del Ministerio de Educación, pero son administrados por otra persona jurídica, que es privada.
Nosotros creemos que es bueno que los asistentes de la educación de las instituciones delegadas sean beneficiados también por este bono.
La pregunta es si está bien, en la lógica de la Ley de Inclusión Escolar impulsada por este Gobierno, no por la Oposición, que dispuso que los establecimientos particulares subvencionados son cooperadores del Estado -esto fue repetido muchas veces por el ex Ministro de Educación durante la discusión del proyecto-, que estos sostenedores, calificados como "cooperadores del Estado", se encuentren en una situación análoga a la de los sostenedores de establecimientos de administración delegada.
De hecho, una de las razones por las que se establece la gratuidad y el término del copago es que ahora los colegios particulares subvencionados van a recibir el costo total de parte del Estado.
Entonces, cabe preguntar por qué se discrimina aquí, nuevamente, a los asistentes de la educación que trabajan en este sector.
Nosotros planteábamos una lógica distinta. Fue este Gobierno el que habló de los "cooperadores del Estado".
Dado que son cooperadores del Estado que ya no van a poder cobrar copago, me parece que así como existe una lógica de discriminación hacia los profesores, pues según la Ley Docente entrarán mucho más tarde al beneficio, se discrimina ahora a los asistentes de la educación que no se encuentran en el sector municipal sino en el particular subvencionado, especialmente porque aquí sí están los de la administración delegada, que son personas jurídicas privadas.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad respecto de este último punto, y decir que nosotros creemos que este es...
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Un minuto, Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
... un buen proyecto. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la discriminación hacia algunos asistentes de la educación, pero, sobre todo, no estamos de acuerdo con cargarles nuevamente la mano a los municipios con un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente , yo tengo algunas dudas.
Este proyecto propone un incentivo al retiro. Cerca de 9 mil asistentes de la educación, en un lapso de ocho años, podrán mejorar sus condiciones de salida de la función que han desarrollado toda su vida.
¿Cuáles son mis dudas, señor Presidente ? Y tal vez es bueno colocar una mirada distinta a todo lo que se ha hablado en esta discusión.
¿Cuándo se lleva adelante el proceso de desmunicipalización de la educación? ¡Ahora! Entiendo que a partir del próximo año algunos municipios no tendrán la responsabilidad de la educación.
Este dato no es menor, porque si bien todos estamos de acuerdo en buscar un incentivo para el retiro de estas mujeres y estos hombres asistentes de la educación, lo que tenemos que hacer ver, sobre todo al Gobierno y a la Ministra que hoy día nos acompaña, es en qué condición van a quedar estos trabajadores una vez que se traspase la educación municipal a lo público.
¿Cuál va a ser su situación? ¿Cómo van a ser desvinculados? ¿Les van a pagar una indemnización para ser traspasados de un empleador a otro?
¡Esas dudas no las ha despejado nadie!
¿Existirá algún incentivo especial para salir de las corporaciones o el lugar donde estén, de los DAEM, de las DEM, y luego ser traspasados a un sistema que nadie conoce?
Por otro lado, ¿qué va a ocurrir con la deuda previsional de estos funcionarios?
Qué va a pasar -y esto me interpreta absolutamente- con las personas que yo represento: los funcionarios y funcionarias de la educación, los asistentes de la Región de Magallanes que están en una corporación. Esta gente, después de muchos años, logró grandes conquistas. Se sindicalizaron y obtuvieron algunos beneficios.
Y fíjese usted, señor Presidente , que con el traspaso y el acuerdo a que están llegando los funcionarios de los DAEM y las DEM a estas personas se les van a quitar los beneficios que históricamente tenían.
¿Qué va a haber allí?
Por mi parte, quiero pedirle encarecidamente a la Ministra -por su intermedio, señor Presidente- que esta situación se observe, se estudie. No puede ser que los asistentes de la educación que están dentro de una corporación pierdan todos aquellos logros obtenidos durante tantos años.
Entonces, por un lado celebramos, aplaudimos, votamos favorablemente que haya un incentivo para el retiro. Pero ¿cómo se va a realizar este retiro si -repito- a partir del próximo año comienza la desmunicipalización de la educación pública, donde el empleador ya no será la municipalidad ni la corporación?
¿Habrá algún incentivo distinto allí?
Yo creo que eso es lo que debemos discutir; ese es el tema de fondo. Y le pedimos encarecidamente a la señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente -, quien no tengo duda de que tiene una sensibilidad especial en esta materia, que aclare la situación laboral en que van a quedar miles de trabajadoras y trabajadores asistentes de la educación. ¿Cómo va a ser el cambio de empleador al momento de desmunicipalizar la educación de nuestro país?
Bien por estas 9 mil personas que tendrán la posibilidad de recibir algún incentivo.
Otro problema es la falta de un estatuto, un marco regulatorio para los asistentes de la educación. ¡Eso es urgente! ¡Eso es tremendamente necesario! Los asistentes de la educación lo han venido reclamando históricamente, para definir funciones y profesionalizar su tarea.
Entonces, todavía hay mucho paño por cortar, muchos temas que ver, que abordar.
Y algo muy particular y especial, señor Presidente : una vez que se desmunicipalice la educación, debemos dar garantías a los funcionarios, a los asistentes de la educación del país respecto de la condición laboral en la que van a quedar.
Me parece que ese es un tema de muchísima importancia.
Yo no sé si estos 9 mil funcionarios se van a desvincular en los próximos ocho años, porque tengo la impresión de que muchos de ellos van a pensar: "Bueno, si me cambio de empleador, ¿quedaré en mejores condiciones?".
Ese es el punto que se debe aclarar: qué va a pasar con aquellas mujeres y aquellos hombres que cambien su condición laboral y de empleador.
Voy a votar favorablemente este proyecto, señor Presidente . Pero confío en que las consultas que he dejado planteadas en algún momento reciban respuesta de parte del Ministerio, para dar garantía y tranquilidad a los asistentes de la educación.
He dicho.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Está muy claro el punto que ha planteado, Senador señor Bianchi. Seguramente, la Ministra se referirá a ello más tarde.
Tiene la palabra el Senador señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , el Senador Prokurica me dijo que ya sabía lo que yo iba a decir en mi intervención...
El señor PROKURICA .-
¡Va a referirse al sistema previsional...!
El señor TUMA.-
Claro. Porque la verdad es que cuando tratamos un incentivo al retiro, invariablemente, no puedo dejar de mencionar que este problema tiene su origen en el pésimo sistema previsional existente. Si no tuviéramos un sistema previsional que condena a los trabajadores a pensiones miserables, seguramente no sería necesario el incentivo al retiro.
Lo que ocurre es que estamos soslayando o eludiendo el problema de fondo que afecta a los trabajadores, y especialmente a los funcionarios públicos, en materia previsional: ellos no están en condiciones de acogerse a retiro dado que el sistema les entrega una pensión miserable, indigna. De ahí que el Congreso a menudo esté aprobando incentivos al retiro para distintos sectores.
Dicho eso, quiero señalar que nosotros debemos aprobar el proyecto, porque tiene su origen en un protocolo de acuerdo que se suscribe, con motivo del reajuste del 25 de noviembre del año 2014, entre el Gobierno, la CUT y las organizaciones gremiales del sector público. Ese protocolo establece, en su número segundo, que en materia de incentivos al retiro se avanzará a través de acuerdos sectoriales durante el primer semestre del año 2015, los que deberán considerar como criterio general que los nuevos mecanismos tengan como base leyes anteriores aplicables a cada sector y una mayor vigencia.
En síntesis, se trata de establecer mecanismos que otorgarán, por una parte, bonos para el incentivo al retiro y, por otra, bonos por antigüedad.
Los beneficiarios serán el personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones municipales privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar la educación municipal y, además, el personal regido por el decreto ley N° 3.166, de 1980.
Es evidente que el bono está destinado al sector público.
Alguien dijo -hicimos ese debate en la Comisión de Hacienda- que aquí existe una discriminación. ¡Claro! Pero es una discriminación que obedece a razones fundadas. Este es un beneficio que se entrega al sector público y, además, que paga este sector a sus propios trabajadores.
El primer bono va a ser cancelado por los municipios.
La Ministra de Educación , doña Adriana Delpiano -a quien saludo-, señaló en la Comisión de Hacienda -y comparto ese argumento- que los municipios van a recuperar estos recursos desde el mismo momento en que bajen la planilla de los no docentes que se acogen a retiro.
Muchos de los trabajadores que se van a retirar -por no decir todos-, de acuerdo a la evaluación que ha hecho el Ministerio de Educación tras la disminución de alumnos en el sector público, no cumplen funciones indispensables y, por tanto, su reemplazo no será imprescindible.
Entonces, el hecho de que se dejen de pagar esas remuneraciones durante un largo tiempo les significará a los municipios, entre los años 2016 y 2022, un ahorro que bordea los 54 mil millones de pesos, mientras que el costo por el pago del bono al retiro alcanzará los 43 mil millones de pesos.
En suma, habrá una diferencia de 10.800 millones de pesos en favor de los municipios.
Además, el Fisco va a financiar un incentivo al retiro que significa un adicional por año de servicio. Se trata de una segunda bonificación para aquellos trabajadores que tienen 35 años de servicio o más y que podrá llegar hasta los 14 millones de pesos.
Naturalmente, esto no resuelve el problema de los beneficiarios que continuarán recibiendo una pensión que criticamos y que les significa una disminución de sus ingresos en comparación con los que les deparaba su servicio activo. Sin embargo, este bono permitirá a las personas mayores de 60 años, en el caso de las mujeres, y mayores de 65 años, en el caso de los hombres, acogerse a retiro -es voluntario; por eso se habla de "incentivo"- y hacer uso de este beneficio entre los años 2016 y 2022.
Pienso que este proyecto apunta, en verdad, a que la desmunicipalización refleje para el Fisco y los municipios los costos reales que debería tener un establecimiento de acuerdo a las verdaderas necesidades de personal.
Tenemos una historia de contratos suscritos por los municipios que no han sido indispensables y que muchas veces han respondido a otros criterios, no necesariamente educacionales. Por lo tanto, pienso que esta iniciativa de ley va a incentivar un sinceramiento del personal no docente que se requiere y ayudará a que el proyecto sobre desmunicipalización se ajuste a los montos que se necesitan para tener una educación de calidad.
Quiero expresar mi reconocimiento a los trabajadores no docentes por la contribución que realizan a la educación.
La reforma educacional no solamente debemos hacerla con los alumnos, con los padres y apoderados, con los profesores, sino también con los trabajadores no docentes, por la enorme e indispensable contribución que hacen para contar con una educación con cobertura y de calidad.
En consecuencia, con entusiasmo, voto a favor del proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER .-
Señor Presidente , desde luego, dentro del concepto de asistentes de la educación estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de personas que trabajan en los establecimientos educacionales y que forman parte de la comunidad educativa, cumpliendo roles que son esenciales para la formación de la juventud.
Sus funciones abarcan desde servicios auxiliares menores hasta labores profesionales y tienen por objeto colaborar con la tarea educativa, tanto curricular como pedagógica, y con el desarrollo del proyecto educativo institucional.
Por lo tanto, el personal no docente merece el respeto de todo trabajador que se desempeña en la educación.
Entre los no docentes encontramos al personal que trabaja en funciones de carácter estrictamente profesional, establecido en el marco del Estatuto Docente; al personal de carácter paradocente (o sea, trabajadores de nivel técnico, complementarios a la labor educativa, cuya función está dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, quienes ejercen incluso tareas de apoyo administrativo); y también a trabajadores de servicios auxiliares, que corresponden a las labores de cuidado, protección, mantención y limpieza de los establecimientos, condiciones esenciales para que los jóvenes lleven adelante su proceso formativo con dignidad.
Por consiguiente, estamos hablando de un conjunto heterogéneo de personas que aportan y son decisivas en la educación.
El universo total de asistentes de la educación lo constituyen 127.531 cargos en el sistema escolar y 61 mil en el sector municipal. De estos, más de 9 mil accederán inmediatamente a los beneficios establecidos en el proyecto.
Pueden postular a ellos, de acuerdo al Plan, los asistentes de la educación que hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad, si son hombres, en el período comprendido entre el 1 de julio del 2014 y el 30 de junio de 2022.
A su vez, tendrán derecho a la bonificación por retiro voluntario los asistentes de la educación que al 30 de junio de 2014 hayan cumplido 60 años de edad o más, si son mujeres, y 65 años de edad o más, si son hombres, y se mantengan en funciones.
En consecuencia, se establecen beneficios por la vía de una bonificación por retiro voluntario que será de cargo del empleador y que ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades mencionadas anteriormente, con un máximo de 11 meses.
La bonificación adicional por antigüedad será para los trabajadores y las trabajadoras que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, tengan a la fecha del retiro una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en calidad de asistentes de la educación.
El proyecto establece plazos para dicho objetivo.
Finalmente, se dispone que podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario hasta un total de 9.000 beneficiarios o beneficiarias.
Habrá un promedio anual de 1.125 asistentes de la educación que podrán acogerse a retiro durante el período 2014-2022.
También hay que reconocer la enorme heterogeneidad de las remuneraciones de los trabajadores que se encuentran en esa categoría.
Ellos, por consiguiente, recibirán montos diferenciados conforme a las funciones que hayan desempeñado. De hecho, su escala remuneracional varía de entre un sueldo mínimo y hasta un máximo promedio de 800 mil pesos en el estamento profesional.
Lo anterior nos da una aproximación de la idea de que se está ayudando y haciendo justicia a un grupo heterogéneo de trabajadores auxiliares de la educación, quienes cumplen una función extraordinariamente importante y que, en general, perciben ingresos significativamente bajos.
Por esa razón, parece de justicia mínima apoyar este proyecto.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente , voy a votar favor de esta iniciativa, pues considero de toda justicia que se otorgue una bonificación por retiro voluntario y también una bonificación adicional por antigüedad al personal asistente de la educación que labora en municipalidades, en corporaciones municipales o en aquellas instituciones educacionales acogidas a un convenio con el Ministerio de Educación.
Estimo que se trata de una medida justa, no solo por el daño previsional implícito del que han sido objeto dicho trabajadores, no solo por sus malas pensiones -porque, además, hay que decir que las remuneraciones de este personal de la educación son malas-, sino también porque me parece enteramente legítimo que toda persona, después de 30, 35, 40, 45 o 50 años de servicio, reciba una retribución que le permita hacer realidad algunos sueños, proyectos, o simplemente disponer de una mayor cantidad de recursos para vivir la vejez.
Dicho eso, es del caso señalar que el problema del proyecto -lo plantearon quienes me antecedieron en el uso de la palabra- estriba básicamente en el financiamiento.
La bonificación por retiro voluntario va a ser de cargo de las municipalidades; en cambio, la bonificación adicional por antigüedad será de cargo fiscal.
A nosotros nos parece que todo ello debiera ser de cargo fiscal. ¿Por qué? Porque el anticipo de subvenciones significa que, dinero que debe entregarse para el funcionamiento regular y óptimo de la educación y para el mejoramiento de su calidad, hay que desviarlo -una parte- para pagar un beneficio que por ley se les otorga a personas que se están desvinculando del sistema. Por lo tanto, son recursos que salen, que no se quedan dentro de él.
Se ha dicho aquí que lo propuesto en este proyecto no les va a afectar a los municipios, pues habría un ahorro.
Señor Presidente , quiero leer lo que dijo el Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Gonzalo Navarrete , en la Comisión de Educación del Senado (página 14 del informe).
Él manifestó que "si bien es imperativo apoyar la iniciativa por su objetivo de favorecer, en esta oportunidad, a los asistentes de la educación que están cercanos a jubilar, otorgando un retiro con mejores condiciones económicas por el incentivo, por la bonificación y por permitirles acceder al bono poslaboral, es necesario considerar de manera importante el mecanismo de financiamiento del monto indemnizable, ya que el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los gremios no consideró la opinión de los municipios, obligándolos a financiar una parte importante de los beneficios que considera el diseño legal con cargo a la deficitaria subvención educacional a que ha hecho referencia pretéritamente.
"En ese mismo orden de consideraciones, puntualizó que no es una opción adecuada afectar la subvención regular, por lo que sugirió que el costo del financiamiento del proyecto podría recaer sobre recursos disponibles de subvenciones o líneas de financiamiento disponibles, como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), la subvención de educación especial del Programa de Integración Escolar (PIE) y la Subvención Preferencial (SEP).".
Entonces, señor Presidente , al final nos estamos engañando. Porque decimos: "Señor sostenedor municipal, si usted no tiene recursos para financiar con cargo a la subvención regular el pago del incentivo al retiro, pida un anticipo".
Obviamente, se le irá descontando mensualmente dicho anticipo de la subvención.
¿A qué obliga aquello? A que el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) deba aumentar cada año.
Sería mucho más razonable que simplemente dijéramos que ello va a ser de cargo fiscal. Los números y las cuentas estarían mucho más claros. También evitaríamos el cuestionamiento de los alcaldes, pues permanentemente nos hallamos despachando proyectos de ley que establecen obligaciones económicas, pero acompañadas de financiamientos que no son suficientemente claros como para decir que tales recursos se encontrarán a disposición de las cajas de los respectivos organismos, sino que tendrán que conseguirse por la vía del endeudamiento.
Asimismo, quiero mencionar que el Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde Gonzalo Navarrete , en una parte de su intervención señala que una de las razones por las cuales considera inconveniente el sistema de financiamiento vía anticipo de la subvención se halla relacionada con el hecho de que los municipios ya están suficientemente endeudados.
Y da a conocer cifras realmente alarmantes.
El señor Navarrete dijo que los municipios de nuestro país "presentan un desequilibrio administrativo financiero en el servicio de educación, el cual se expresa en la existencia de deudas de stock del orden de los $190.000 millones de pesos ($120.000 millones de anticipo de subvenciones)".
Es decir, ya tienen una deuda de arrastre, por leyes anteriores, de 120 mil millones de pesos. Ello, además de deudas previsionales, etcétera.
Entonces, señor Presidente , me parece que nos vamos autoengañando. Nosotros tramitamos y aprobamos ese tipo iniciativas. Son necesarias y beneficiosas para las personas que se podrán acoger a sus normas. Pero, al final, les traspasamos una tremenda responsabilidad -en este caso, ni más ni menos que hasta el 2022- a los municipios.
Por último, deseo hacerme cargo de la presentación que hizo la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) en la Comisión de Hacienda, en la cual reclamaron una discriminación arbitraria por el hecho de que no se halla contemplado en esta iniciativa el personal asistente de la educación de los colegios particulares subvencionados.
Y la razón que se señaló para establecerlo de esa manera es que "la educación particular subvencionada es particular".
Pero olvidamos que, por el proyecto de ley que despachamos el año pasado, el financiamiento fundamental de los colegios particulares subvencionados, en la medida que todos se vayan integrando a la gratuidad, será puramente público.
Entonces, no tiene lógica decir: "La discriminación es válida, porque ustedes lo pueden hacer con sus propios recursos".
En el caso concreto de los municipios, por lo menos una parte importante de ese gasto, aproximadamente el 62 por ciento, lo está financiando el Fisco directamente, y no a través de la subvención.
Nosotros quisiéramos que fuera el 100 por ciento, y no solo el referido porcentaje.
Con respecto a los establecimientos particulares subvencionados, que prácticamente en su totalidad son financiados con recursos públicos, creo que también debiera haber una disposición de similar naturaleza.
Con todo, como ya lo señalé, voto a favor.
Celebro, además, que este proyecto haya sido objeto de un acuerdo con los gremios pertinentes.
Celebro la existencia de algunas disposiciones muy importantes. Por ejemplo, que a las mujeres se les permita elegir el momento en que se pensionan, entre 60 y 65 años de edad. No las obligamos a que lo hagan a los 60 años, como ha ocurrido con otros proyectos de ley.
Por otra parte, me parece muy significativo que se reconozca que este bono puede ser heredable, pues hay personas que fallecen una semana, quince días o un mes antes de recibirlo, y, por tanto, la familia pierde ese beneficio económico.
Por ello, considero que se trata de una medida superrazonable.
En este proyecto de ley hay varias materias en las que se avanza de manera importante.
¡Mayor razón, pues, para votarlo favorablemente!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra, quien, como sabemos, puede intervenir en cualquier momento para efectuar rectificaciones.
La señora DELPIANO ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , solo quiero aclarar un par de datos que me parecen relevantes para la emisión del voto de Sus Señorías.
En primer lugar, es efectivo que el Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades realizó en la Comisión de Educación del Senado una presentación en que reconoció (y lo reconoció también el gremio de funcionarios) la existencia de una cantidad de personas incorporadas al sistema como asistentes de la educación y que han sido -por decirlo de alguna manera- supernumerarias respecto de lo que se requiere en aquel.
Ello no es menor, pues en los últimos años el número de asistentes de la educación ha crecido en más de 40 mil. O sea, sobre el particular estamos hablando de un inflamiento muy grande. Y quienes han asumido esa responsabilidad han sido los sostenedores, es decir, los propios municipios.
Señalo aquello por lo que vendrá después: se trata de una materia que tendrá mucha significación respecto tanto de la educación pública como del estatuto especial para los asistentes.
¿En qué momento vamos a considerar el corte? ¿Dónde estamos?
Tampoco es un asunto menor, señor Presidente.
En cuanto a lo que planteó el Senador Bianchi, es del caso señalar que aquí hay dos cuestiones distintas.
La primera se refiere al incentivo al retiro, el que se contempla en este proyecto.
La segunda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo, el cual ya se encuentra bastante avanzado.
Probablemente a comienzos del próximo año se envíe al Congreso la iniciativa pertinente: la relacionada con la creación de un estatuto para los asistentes de la educación (nunca lo hemos tenido).
Ello se vincula con lo que expresó el Senador García en el sentido de que tanto para los profesores, con el mejoramiento de la carrera docente, como para los asistentes de la educación, con el arreglo hecho en el estatuto correspondiente, resolvamos el problema de fondo y no tengamos que estar pensando cada cierto tiempo en el otorgamiento de un bono porque la remuneración que reciben no les alcanza para generar una pensión digna.
Por lo tanto, debemos ser conscientes de que nos estamos haciendo cargo de eso todo junto, pues así se determinó al discutirse la iniciativa sobre nueva carrera docente.
Esperamos que se apruebe también el proyecto relativo a la creación del estatuto para los asistentes de la educación que enviaremos al Parlamento, a fin de tener ingresos mayores más permanentes.
En cuanto al dato que dio acerca del punto el Senador García, cabe manifestar que hoy se estableció claramente que si un sostenedor, concurriendo las causales del caso, quiere despedir al director o a un profesor de un colegio, puede hacerlo.
Entonces, para pagar la indemnización por años de servicio -en el caso que estoy señalando el retiro no es voluntario, sino obligatorio-, se consignó el anticipo de subvención, con un tope de 3 por ciento; o sea, no se puede contraer una deuda que supere dicho porcentaje.
De los 346 municipios existentes en nuestro país, solo 10 tienen un endeudamiento de 3 por ciento o más. Y hay 252 con deudas menores a 2 por ciento; es decir, todavía tienen un margen.
Cuando se traspasen los servicios educacionales a la nueva educación pública, seguramente el Estado se hará cargo del pasivo y del activo en ese tipo de endeudamiento.
¿Por qué señalo aquello? Porque se trata de un gasto presente, pero que puede recuperarse, no solo por la vía de la disminución de dotación, sino también al momento del traspaso.
A mi entender, el hacerse cargo del 68 por ciento del proyecto, que es el porcentaje que asumirá el Fisco, entrega una señal clara para que no se siga incrementando infinitamente el personal en los municipios -en un año electoral, además-, pues ello les significará un costo. Y lo puntualizo en este minuto.
Quise entregar dicha cifra, señor Presidente, para que no se piense que por esa vía estamos incrementando una deuda casi impagable.
Asimismo, están los fondos FAEP, que se hallan destinados al mejoramiento de la educación. Y queremos que tengan ese sello.
Sin embargo, parte de dicho mejoramiento ha implicado hacerse cargo de deudas previsionales o de deudas que se han generado históricamente, las que, además, tienen un corte en el tiempo (no siguen hacia adelante).
No olvidemos que el referido corte se estableció en el PADEM de finales de 2014. Sobre la base de él nos estamos haciendo cargo de la deuda. Si no, estaríamos pagándola todos los días.
Si la entrada en régimen hubiera demorado cinco o seis años, ¡quién sabe a qué deuda podríamos haber llegado!
Entonces -repito-, hay un corte.
Por último, le reitero al Senador Bianchi que se va a enviar el proyecto sobre creación del estatuto para los asistentes de la educación.
Se trata de un compromiso que contrajimos, y lo estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y los gremios.
Los asistentes de la educación lo están esperando.
Ello permitirá ordenar a un grupo muy heterogéneo de trabajadores, todos muy relevantes para el sistema educativo.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Agradecemos a la señora Ministra su aclaración.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, en primer término, quiero destacar lo importante que resulta que estemos dando este paso.
Es bueno recordar en la Sala que el 25 de noviembre de 2014, con motivo de la discusión del proyecto de reajuste, se suscribió un Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y las organizaciones gremiales del sector público. Ahí se estableció que en materia de incentivos al retiro se iba a promover que la solución avanzara a través de acuerdos sectoriales durante el primer semestre de 2015.
El 27 de octubre de 2015 se suscribió un Protocolo de Acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes gremiales de los asistentes de la educación al objeto de implementar un plan de retiro en los mismos términos que contempla el proyecto de ley que nos ocupa en este instante y que seguramente vamos a aprobar.
Señor Presidente, también deseo subrayar la tremenda importancia que reviste el cumplimiento de los compromisos.
Ahora, yo pregunto cuánto se ha esperado y anhelado este beneficio, este incentivo al retiro.
En seguida, debo puntualizar que no existiría una buena educación si, aparte de nuestros docentes, no contásemos con los asistentes de la educación, quienes van desde aquel señor que -tal como recordaba la Ministra - todos los días recibe en la puerta del establecimiento a los estudiantes hasta el psicólogo que está pendiente de la atención a los alumnos en las escuelas y colegios municipales.
De ahí, entonces, la importancia de que en esta Sala demos fe del compromiso asumido y digamos por fin: "Ya es hora de dar este paso y lograr, sobre la base de incentivar el retiro, que vayan saliendo del sistema quienes están en edad de hacerlo (60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres), en las condiciones que podemos ofrecer en este momento, que son las mejores, considerando la situación en que se encuentra nuestro país".
Es muy relevante lo manifestado en cuanto a que no solo se otorga una bonificación por retiro voluntario, sino que además se contempla un pago adicional por antigüedad, lo cual significa un plus importante que, evidentemente, va en beneficio directo de quienes llevan diez años continuos desarrollando funciones -todos lo sabemos- complejas, demandantes y que provocan mucho desgaste.
Se trata de una bonificación de cargo del empleador ascendente a un mes de remuneración imponible, con un máximo de once meses, por cada año de servicio, que se otorgará al personal asistente de la educación que se desempeñe en establecimientos educacionales administrados por las municipalidades, etcétera, o en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, "y, asimismo, a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que se desempeñen en los Departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM), en las Direcciones de Educación Municipal (DEM)...".
Es relevante destacar el bono por antigüedad, elemento adicional que genera mejores condiciones para el retiro.
Señor Presidente , precisamos ir ajustándonos a las necesidades reales de nuestros proyectos educativos y contar con el personal fundamental e indispensable, pero sin que los trabajadores terminen convirtiéndose en supernumerarios.
El impacto financiero total de este proyecto, que abarca del 2016 al 2022, es una suma bastante considerable.
No obstante, reiteramos la legitimidad y justeza de cumplir con un compromiso asumido.
Los beneficios serán decrecientes si el retiro es posterior a los 65 años, y así gradualmente.
Creo que requerimos una votación como la que recibirá el proyecto en el Senado. Nos parece muy importante darle todo nuestro apoyo a la iniciativa. Y, sobre todo, tenemos la satisfacción de decir que esto constituye algo a lo que nos habíamos comprometido, y hoy día podemos expresar con claridad que se está cumpliendo.
El proyecto tiene un sistema de cupos -ya mencionado-, que contempla un total de 9 mil beneficiarios, de acuerdo con una tabla que abarca -como ya decíamos- el período 2016 a 2022.
En el caso de haber mayor número de postulantes que cupos disponibles, se hará un proceso de selección.
En primer término, desde luego, se parte por los de mayor edad de acuerdo a la fecha de nacimiento.
En igualdad de condiciones de edad, se desempatará según el mayor número de años de servicio en las instituciones señaladas.
De persistir la igualdad, según el mayor número de días de licencias médicas.
Por último, si persiste la igualdad, resolverá la Subsecretaría de Educación.
Necesitamos que este proceso se lleve a cabo efectivamente con criterios objetivos.
Hay que precisar que las vacantes que se produzcan no serán repuestas.
Asimismo, el beneficio será heredable de acuerdo con las condiciones que establezca el reglamento respectivo.
Entendemos que esto contempla una compatibilidad de plazos con el bono poslaboral de la ley N° 20.305.
Saludo el que en esta ocasión estemos votando todos a favor. Mi bancada así lo hará.
Por lo tanto, estamos muy satisfechos por cumplir con un compromiso con los asistentes de la educación.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Quiero recordar a los estimados Senadores y Senadoras que queda, al menos, una votación después de esta, que es en general.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente , deseo hacer dos reflexiones.
La primera es de carácter general.
Valoro que se haya llegado, por unanimidad, a un proyecto de larga espera y que, de alguna manera, va a colaborar en solucionar una parte de los problemas existentes con 9 mil personas que hoy son asistentes de la educación, en el sentido amplio, como ha explicado bien la Ministra . Estos trabajadores tendrán una opción de retiro mucho más digna.
A mi juicio, eso tiene que alegrarnos a todos.
Esta iniciativa de ley tiene dos partes, como se ha expuesto de buena manera. Y quiero incluir las cifras pertinentes.
La primera consiste en la bonificación por retiro voluntario, que asciende a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado, con un máximo de once meses.
La segunda es la bonificación adicional, que dependerá de los años de servicio prestados por cada trabajador y sus horas de contrato.
En la Comisión de Hacienda se explicó un cuadro que plantea montos que van de 80 UF (es lo mínimo que se podría recibir por esta vía, suponiendo que hay entre 10 y 14 años de servicio) hasta 560 UF (en el caso de aquellas personas que tengan 35 o más años de servicio).
Es una tabla bastante amplia, pero que, de alguna manera, recoge distintas fórmulas que se pudieran haber diseñado a este efecto y que, por lo que entendemos, es lo máximo que el Gobierno podía entregar.
Creo que hasta ahí, obviamente, es una buena noticia.
Siempre debemos ver el vaso medio lleno, particularmente cuando se trata de temas vinculados a personas que han desarrollado parte muy importante de sus vidas al servicio de la educación en Chile.
Eso es importante y valioso.
Pero hay dos temas que fueron objeto de debate en la Comisión de Hacienda -entiendo que también en la Comisión de Educación, según pude observar en las actas-, respecto de los cuales también es relevante, por lo menos, dejar constancia.
El primero dice relación con algo que no es exclusivo de este bono. Y por eso no podemos señalar que hay una responsabilidad de Educación. Esto tiene que ver más con una forma de solucionar los problemas del mundo municipalizado: básicamente, cargándoles la mata a los municipios.
Me parece que eso -quiero ser coherente con lo que hemos planteado en otros temas equivalentes- tiene un límite, pues creo que a esta altura los municipios se encuentran colapsados.
Tuve la ocasión de hablar en días pasados con el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Maule . Me llamó para reclamarme por un proyecto anterior, que también establecía un fondo de retiro -para otro tipo de profesionales- de cargo parcial de las municipalidades.
Y a los municipios no se les entregan los montos equivalentes. Porque hay que distinguir: no se reciben los montos, sino que se puede optar a adelantar un préstamo -digámoslo de esa manera-, a imputarlo a otro ítem. Este es el problema, pues después hay que pagarlo. No es que esto sea por gracia de los ángeles o del Espíritu Santo y que después se diluya en el tiempo. En efecto, al final, hay una contabilidad, y en esto la Dirección de Presupuestos es inflexible.
Entonces, si bien la municipalidad está pagando, en el fondo lo hace con dineros que después debe devolver.
Creo que no es la mejor fórmula para resolver estos problemas. ¿Hasta cuándo resisten los municipios cargándoles obligaciones sin que se les compensen los recursos? ¿Hasta cuándo?
Me dicen: "Si esto no es tanto. Puede influir el uno, el dos o el tres por ciento, según el municipio". Ello lo explicó la Ministra . Pero, al final, de a uno, de a dos, de a tres, ya estamos generando una situación de semiasfixia, y que en algunos municipios se nota con mucha más fuerza.
Por lo mismo, aquí hay un punto que nosotros hicimos presente en la Comisión de Hacienda, y la Comisión de Educación también lo hizo.
Por eso, vamos a reiterar una indicación en el sentido de que estos beneficios no sean de costo municipal.
Porque, además, la idea es del Gobierno, que para estos efectos representa al Estado. Por tanto, si se genera una obligación para pagar determinadas cantidades de dinero, lo lógico es que lo haga con recursos propios, no que se señale: "En virtud de la ley serán los municipios los que volverán a poner las lucas".
En mi concepto, esa es una indebida forma de enfrentar los problemas. Insisto: esta modalidad no guarda relación solo con este bono. Hay una tendencia a ir sumando beneficios de esta manera.
Espero que la sensibilidad de los Senadores, particularmente de los que han trabajado en los municipios, nos ayude a aprobar la indicación.
El segundo punto tiene que ver con un planteamiento que sí se hizo y que comparto plenamente -entiendo que la Comisión de Educación no tuvo ocasión de recibirlo, según veo en el informe-, en relación con lo que sucede con trabajadores que se encuentran en la misma situación. Hablo de los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados. Son iguales. Y ascienden a cerca de 3 mil. La ley en proyecto beneficia a 9 mil, pero estos otros son 3 mil.
Se trata del mismo trabajador que abre la puerta, el mismo psicólogo, el mismo ayudante, la misma persona que ha gastado horas equivalentes de su vida atendiendo a la educación, y que por una acción, no sé si ideológica -no sé cómo calificarla-, pero que considero completamente arbitraria, no se incluye en esta iniciativa. O sea, la ley en proyecto abarca a una parte de los asistentes de la educación.
Incluso, hay colegios que están al frente. Puede haber hermanos asistentes de la educación, uno de un colegio municipalizado y el otro de uno particular subvencionado, y el segundo no recibe ningún beneficio. ¡Ninguno! ¡Cero!
En efecto, no tienen ni el bono de retiro voluntario basado en la indemnización ni tampoco el bono adicional por antigüedad.
Entonces, me pregunto: ¿Es justo esto? Honestamente, no puedo encontrarle la justicia por ningún lado.
Yo leo el artículo 19, número 22°, de la Constitución, que prohíbe al Estado discriminar respecto de trabajadores que se encuentran en la misma situación. En este sentido, yo hago reserva de constitucionalidad. Esto no necesariamente va a generar un recurso, porque hay que ver cuáles son los efectos. Pero sí podrá alguien recurrir el día de mañana.
Por lo menos yo quiero dejar explicitado que a mi juicio esto es claramente contrario al artículo 19, número 22°, de la Constitución.
¿Acá hay una relación objetiva, clara según la cual los trabajadores del sector particular subvencionado trabajan en forma distinta? ¡No! ¡Si además reciben sus recursos producto de una subvención estatal!
Entonces, es ahí donde uno deja de entender la lógica con que se resuelven los problemas.
Usted me dice que de 12 mil personas, 9 mil entran en esta vía de beneficios. ¡Virtuoso! ¡Bien! Pero ¿y estos 3 mil trabajadores restantes? ¿Hasta la consumación de los siglos van a quedar vinculados a estos establecimientos o no tendrán ninguna fórmula de solución?
Señor Presidente , no me parece justo.
Por eso, hago expresa reserva de constitucionalidad.
Si el día de mañana los profesores de establecimientos particulares subvencionados recurren, por lo menos quiero dejar constancia de que a juicio de un sector del Senado implica una violación de la Constitución no incluir o, más bien dicho, discriminar arbitrariamente entre trabajadores que desarrollan exactamente las mismas funciones y que son pagados, al final, con los recursos del Estado.
Francamente, a mí eso no me parece bien. Lo hicimos ver en la Comisión.
Aquello fue parte de un debate muy civilizado y serio, en el cual había que plantear las cosas en su exacto mérito.
Señor Presidente, ¿qué puedo hacer ante este escenario?
Claro, voy a votar a favor pensando en los 9 mil asistentes de la educación de las escuelas municipalizadas.
Pero con el otro lado del corazón diré que ojalá aprobemos el día de mañana algún recurso a fin de que el resto de los trabajadores, de establecimientos particulares subvencionados, puedan acceder al mismo beneficio.
Y también siento el corazón partido porque solucionamos un problema, pero le cargaremos parte de él a los municipios.
Esto no es un barril sin fondo.
Aquellos Senadores que fueron alcaldes saben perfectamente de la rabia, el enojo legítimo que da enterarse después por la prensa acerca de normas que, al final, obligan a incurrir en gastos con recursos propios. Porque eso es lo que está haciendo la ley en proyecto.
Señor Presidente, con esos contrapuntos, voto a favor.
Sin embargo, espero que aquí no se haya cerrado un capítulo, sino que también se abra el escenario para dar soluciones globales a un problema de esta naturaleza.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente , considero de total justicia el presente proyecto, que establece beneficios para el personal asistente de la educación, más aún si se basa en acuerdos suscritos entre el Gobierno y las distintas organizaciones de trabajadores.
De todos los funcionarios del sector público que vieron afectados sus derechos en décadas pasadas, los asistentes de la educación probablemente se encuentren entre los más perjudicados; y el proceso de recuperación de sus derechos y de nivelación con otros servidores públicos ha sido lento y demasiado gradual.
Ellos son parte de esa enorme mayoría de trabajadores que se vieron obligados a afiliarse al nuevo sistema previsional, que hoy no les puede asegurar pensiones dignas y que a través de sucesivas leyes intentamos parchar o mitigar por medio de estos bonos.
Ellos son también testigos privilegiados y víctimas del deterioro progresivo de la educación pública, que perdió el lugar central que tenía en Chile.
Ellos son muchas veces los primeros en intervenir en situaciones que alteran la convivencia escolar y que han hecho cada vez más difícil sus condiciones de desempeño.
Por eso, es absolutamente justificado que, en el marco de una reforma educacional, se revisen también algunas de las condiciones laborales en las que ellos se desenvuelven.
Con este proyecto se aprueban beneficios pecuniarios con motivo del retiro. Pero habrá que considerar próximamente que este sector cuente al fin con un estatuto propio, al igual que los otros estamentos de la educación.
--(Manifestaciones en tribunas).
Esperamos que se cumpla el compromiso firmado por la señora Ministra en orden a que entre junio y agosto del presente año será enviado al Congreso el proyecto pertinente.
Por estas razones, apoyo esta iniciativa, que recoge en parte las aspiraciones de los asistentes de la educación.
Sin embargo, debo también plantear algunas dudas, que a estas alturas son recurrentes en este tipo de proyectos.
La primera se refiere al financiamiento de esta bonificación.
El proyecto establece que el bono correspondiente a un mes por año de servicio será de cargo exclusivo de las entidades empleadoras, es decir, de las municipalidades o sus corporaciones municipales, habilitándolas para endeudarse a través del mecanismo de los anticipos de las subvenciones.
Todos sabemos que el aporte estatal a la educación pública es insuficiente, al punto de que esto se encuentra en la base del deterioro del sistema, que hoy se está modificando radicalmente con el proyecto de ley de desmunicipalización.
En consecuencia, mientras no se efectúe el traspaso, el bono se pagará mayoritariamente con cargo a los fondos destinados a la educación de los niños más vulnerables.
Son pocos los municipios que pueden sostener un aporte sin tocar la subvención. Por lo tanto, en la práctica, esta bonificación se financiará con cargo a más deuda de los municipios.
Es cierto que en algunas comunas puede existir sobredotación y este mecanismo producirá un ahorro neto de recursos. Pero esa no es la situación de todas las comunas.
A su vez, en el marco actual, pese a la disminución de la matrícula, se impone la necesidad de aumentar la dotación para hacerse cargo de responsabilidades cada vez mayores y de la internalización del personal, para poner fin a los abusos de la subcontratación.
Si a esto se suma que aún no hay un proyecto que modifique el sistema de financiamiento municipal, creo que estamos poniendo en una situación difícil a los gobiernos locales.
Hemos de recordar que el reciente proyecto que autoriza la reformulación de las plantas de personal de los municipios también generará presión a sus presupuestos, pues no financia los nuevos cargos que deban crearse.
Me parece más justo el esquema utilizado recientemente para financiar el bono de retiro de los profesores, que consideró mayor participación del Fisco en su financiamiento.
En definitiva, se trata de un proyecto justo en beneficio de los asistentes de la educación, que hay que apoyar. Pero subsiste la actitud de soslayar los problemas de financiamiento municipal, y en especial de la educación municipalizada, que es la que brinda cobertura a nuestros niños y jóvenes más vulnerables.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Se��or Presidente , Honorable Sala, no cabe duda de que este proyecto trae enormes beneficios a más de 9 mil asistentes de la educación. Y es difícil no respaldarlo y sumarse a las palabras expresadas por los distintos Senadores.
Quiero hacer un reconocimiento a Francisco Pérez y a Jeannette Paineñanco , Presidente y Vicepresidenta de la Federación de Asistentes de la Educación de la Región de Los Ríos , respectivamente, con quienes me reuní en Valdivia a fines de marzo de este año. Ellos planteaban estas inquietudes y se mostraban escépticos en que se avanzara. Me señalaron con mucha fuerza la necesidad de contar tanto con un estatuto único como con una ley de incentivo al retiro.
Le planteo a la señora Ministra que vamos por buen camino.
Sin embargo, esta situación denota aspectos de fondo que hay que abordar, sobre todo cuando el Gobierno se encuentra en el proceso de llevar a cabo importantes transformaciones.
En primer lugar, no hay que dejar de lado a otros segmentos importantes en el proceso educativo. En este sentido, junto con la situación de los profesores -se ha estado trabajando con ellos- hay que abordar el caso de las manipuladoras de alimentos. Se trata de un importante segmento de miles y miles de mujeres quienes producto de su organización, del trabajo especialmente a través de los sindicatos, han obtenido mejoras.
No vamos a cambiar el sistema educativo si no entendemos que tiene que haber un trabajo efectivo con los profesores, con los alumnos, con los centros de padres y con dos estamentos fundamentales: los asistentes de la educación y las manipuladoras de alimentos.
Es una visión integral para entender que cada uno de estos gremios debe contar con un estatuto especial; debe haber un reconocimiento de su labor, de su trayectoria y del aporte que cada uno realiza.
Y creo que este es un buen camino.
Pero hay que poner el debate en lo que viene: el fortalecimiento de sus organizaciones.
A la vez, hay que trabajar efectivamente respecto del financiamiento, para que no signifique un peso, una mochila enorme para aquellos municipios que hoy día claramente están con problemas presupuestarios. Se trata de municipalidades pequeñas o que cargan una enorme deuda.
Debe haber un acompañamiento del Estado.
Hay municipios que en el ámbito educacional están técnicamente quebrados. No tienen la posibilidad de financiarse; no hay un equilibrio.
¡Ni siquiera existe la posibilidad de equilibrio!
Señalábamos, por ejemplo, la situación en nuestra Región de Los Ríos de la comuna de Mafil, que conoce la señora Ministra .
Técnicamente, es imposible nivelar la brecha existente entre los alumnos, los ingresos que perciben y el costo.
Entonces, esto constituye un buen avance en materia de protección, de reconocimiento, de incentivo al retiro de los asistentes de la educación.
No ahondaré en los beneficios, sino que simplemente felicitaré a su Federación. Hago referencia a la correspondiente a la Región de Los Ríos, pero, con ella, a todas las entidades que han agrupado adecuadamente y de manera organizada a este importante segmento de trabajadores.
Sin embargo, quiero plantear un punto de reflexión más de fondo acerca del proyecto, al que claramente vamos a apoyar.
Desde hace largo tiempo estamos considerando que el incentivo al retiro se estructura en el país a través de bonos. Los hemos establecido en materia de profesores, de salud y en distintas instancias. Creo que simplemente estamos saldando brechas existentes en nuestra sociedad.
La cuestión de fondo -y juzgo que es el debate que sería preciso realizar- radica en la jubilación: nuestro sistema es inadmisible. Gente que ha trabajado toda su vida, como es el caso de asistentes de la educación, de manipuladoras de alimentos y de otros sectores laborales, no obtiene una pensión digna.
La tasa de remplazo -o sea, cuánto es lo que efectivamente se recibirá, en definitiva, versus la última remuneración- resulta insostenible: representa un 20 o un 25 por ciento, y a veces menos.
¿Y eso a qué lleva? A que la persona permanezca hasta el final en el cargo y baje la productividad, lo que impide el ingreso de nuevos trabajadores y la rotación.
El problema no es solo del municipio o servicio tal o cual, sino que el sistema de administradoras de fondos de pensiones resulta inaceptable. La gran deuda del país dice relación con que los trabajadores, cumplida la edad requerida, puedan jubilar de manera tranquila, apropiada, sustentable, sin necesidad de recibir un bono.
Hoy día estamos aplicando este último procedimiento, pero la cuestión reside en que el régimen previsional no da más. Se plantea un tema de reflexión especialmente para los sectores más conservadores que se niegan a una modificación y lo siguen valorando y entendiendo que proporciona prestaciones adecuadas.
El bono permite ir en ayuda de nueve mil asistentes de la educación, mas lo central son las pensiones dignas, al igual que una institución estatal, como lo ha planteado la Presidenta de la República, y, en definitiva, un mecanismo previsional solidario, que se pueda suplementar y en el que sea posible valorar la trayectoria y no simplemente lo acumulado por cada uno en su cuenta individual.
Anuncio mi voto a favor, obviamente.
Cabe seguir dialogando con las federaciones, con los trabajadores. Es preciso avanzar en el estatuto único para los asistentes de la educación, lo que también vale para las manipuladoras de alimentos.
Ojalá este sea un paso hacia una mejor educación pública.
He dicho.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Puede intervenir el Honorable señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, nosotros hemos respaldado el proyecto de ley, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de retiro de los asistentes de la educación en edad de jubilar o de pensionarse.
Como se ha dicho, un universo posible de nueve mil trabajadores podría acceder a los beneficios que se establecen.
¿Cuáles son? Consisten en una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad.
Me parece bien que puedan verse beneficiados los asistentes de la educación en establecimientos administrados directamente por los municipios o por corporaciones privadas sin fines de lucro, así como en establecimientos de educación técnico profesional administrados por instituciones del sector público o personas jurídicas sin fines de lucro.
También se considera al personal regido por el Código del Trabajo que se desempeñe en los departamentos de Administración de Educación Municipal (DAEM).
Nos hallamos ante una de las inquietudes que los asistentes de la educación nos han planteado a todos nosotros en cada una de las regiones. Así ha ocurrido por lo menos en la mía.
Juzgo conveniente que el recién mencionado personal regido por el Código del Trabajo pueda acceder a estos beneficios, así como también el correspondiente a corporaciones municipales.
Siempre se consideró en un principio que la idea era no discriminar o discriminar lo menos posible y aumentar el grupo laboral que pudiera verse favorecido.
Estimo importante que en este ámbito se dé la oportunidad de que mujeres y hombres se acojan voluntariamente a los beneficios -creo que lo destacó el Senador señor García - a partir de 60 y 65 años, respectivamente.
¿A cuánto ascenderá la bonificación por retiro voluntario? Será de un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades antes mencionadas, con un máximo de once meses.
¿En qué consiste la bonificación adicional por antigüedad? La recibirán por una sola vez, de cargo fiscal, los trabajadores que, acogiéndose a la bonificación por retiro voluntario, registren a la fecha de este último una antigüedad mínima de diez años continuos de servicios efectivamente prestados en las entidades señaladas.
Ha habido un debate largo, sin duda, respecto del financiamiento.
La señora Ministra ha explicado qué está pasando realmente con la situación de los recursos en los municipios y la cantidad de dotación existente, la cual supera larga y objetivamente, desde luego, las necesidades. No cabe duda de que muchos de ellos se encuentran endeudados.
Aquí se establece un sistema de financiamiento por anticipo de subvenciones y asimismo se podrán destinar algunos recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), lo que sabemos que no implica, en la práctica, el total requerido.
Pero estimo que los municipios también deben colocar su parte y no estar esperando, lisa y llanamente, que los compromisos que asumen con sus dotaciones de asistentes de la educación para los efectos de que se pensionen o retiren sean financiados directamente por el Estado, por el Ministerio del ramo. Tienen que colocar una proporción importante y responder por ese tipo de decisiones.
Termino expresando que tiene lugar un avance, evidentemente. Resulta sumamente positivo, a mi juicio, haber considerado a los trabajadores en un diálogo y en acuerdos conversados.
Se sigue la línea de la prioridad absoluta que el Gobierno de la Presidenta Bachelet le ha dado a ir mejorando la situación de la educación -sobre todo, en el sector público-, en términos de calidad y de personal, lo que acompaña a las iniciativas sobre la carrera docente y demás que se han mencionado.
Estoy convencido de la justicia de que alrededor de nueve mil asistentes de la educación puedan acogerse voluntariamente al beneficio.
Votaremos a favor.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Parto por saludar a la señora Ministra y a mis colegas, señor Presidente.
Opino que el proyecto de ley en examen, que les otorga a los asistentes de la educación una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad, sigue el camino correcto en el sentido de hacerles justicia a quienes han entregado su vida entera a una de las más importantes vocaciones que es posible abrigar: formar jóvenes y entregarles instrumentos para la vida. Por eso, congratulo a todo ese personal, al que tanto le debemos, ya que, sin duda, ha contribuido siempre al engrandecimiento del país y de nuestros hijos.
Quisiera exponer una inquietud que acabo de plantearle a la señora Ministra . En el artículo 1°, al determinarse el universo de los beneficiarios, se dispone que podrán acceder a la bonificación por retiro voluntario los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales administrados directamente por municipalidades o por corporaciones creadas por ellas, o en los regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, de administración delegada. Me parece interesante que en el segundo trámite, en la Cámara de Diputados, se puedan incorporar las palabras "y los organismos que los sucedan".
De otro modo, como entremedio del proceso vendrá el proyecto de desmunicipalización, surgiría la necesidad de que se enviara una nueva iniciativa para que estas mismas personas pudieran acceder justamente a los beneficios que se les están otorgando.
Le he consultado al respecto a la señora Ministra, porque pienso que es una manera de colaborar a un trabajo conjunto con miras a que no se vaya a presentar ningún escollo en el futuro.
Se fija el período desde el 1° de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2022 para que mujeres y hombres que cumplan 60 o 65 años, respectivamente, comuniquen su decisión de renunciar en forma voluntaria al total de horas que sirven en los organismos respectivos.
Varios colegas han hecho referencia al pago. Es fundamental que no lo efectúen los municipios, sino que se verifique con recursos provenientes del Fisco.
Por otro lado, es interesante consignar que tiene lugar una progresión. El máximo, hasta el momento, son nueve mil beneficiarios. Se contemplan 878 para 2016 y otro tanto para 2017. En 2018 existirán mil cupos, y de 2019 a 2022 se consideran mil 561 para cada anualidad. Es decir, se va de menos a más.
Como lo han recordado algunos señores Senadores, el texto dispone una bonificación adicional, sumada a la bonificación por retiro voluntario, para los trabajadores que a la fecha del retiro registren una antigüedad mínima de diez años. Se parte, entre diez y catorce años, con 80 unidades de fomento; veinte años dan lugar a 165, y así, hasta 35 años o más, cuando se llega a 560.
Conviene señalarlo para los interesados.
El artículo 8° fija los períodos para postular.
El primero de ellos corresponde a trabajadores que cumplan 65 años de edad, quienes se ceñirán a los plazos que contenga el reglamento.
Es interesante saber si se ha trabajado un poco en esta última normativa, porque la manera como se procederá es muy relevante.
El segundo período dice relación con trabajadores que cumplan 66 años, y el tercero, con trabajadores que cumplan 67, fijándose los términos correspondientes.
El artículo 13 deja en manos del Ministerio de Educación la elaboración y dictación del reglamento.
Insisto en la discriminación que se observa en cuanto a particulares subvencionados y municipales. Ello lo expuso mi Honorable colega Von Baer. Todos los que trabajan hoy día en colegios de ese primer sector que se están incorporando a instituciones sin fines de lucro debieran contar con la misma posibilidad.
Espero que la señora Ministra pueda informar al respecto, porque muchas personas en el mismo caso que se van integrando en el proceso de reforma educacional quedan en un limbo.
Anuncio mi voto a favor, pero con la inquietud manifestada por todos las señoras Senadoras y señores Senadores con relación tanto al financiamiento como a la situación de quienes corresponden hoy día a colegios particulares subvencionados en proceso.
Gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, al igual que quienes han intervenido, encuentro que la iniciativa es valiosa, necesaria. Fue parte de un compromiso.
Deseo manifestar algunas preocupaciones en relación con el articulado y sobre aquel que se está elaborando como un estatuto.
Este último ha implicado hartos años. El primer proyecto "para los no docentes", como se llamó entonces, se presentó cuando el Ministro de Educación era Sergio Molina , y nunca ha sido fácil llegar a un acuerdo.
Juzgo que una de las cosas que es necesario despejar es la que decía el Senador señor Guillier . La realidad del llamado "asistente de la educación" es muy diversa. Entonces, es muy difícil encontrar fórmulas adecuadas para las distintas situaciones.
En lo atinente a lo sicosocial, por ejemplo, que es algo clave, veía recién unas estadísticas en el sentido de que solo el quince por ciento de los establecimientos educacionales disponen de un apoyo de esa índole. ¡Solo el quince por ciento!
Todos incluyen algo de administración y personal de inspectores en los recreos, de aseo y mantención, y de cuidado de la entrada. Son papeles diversos, que requieren un desarrollo y distintas preparaciones.
Ojalá podamos conseguirlo.
En Chile hay muy poca gente preparada en sicología de la educación. Los argentinos cuentan con muchos especialistas, muy avanzados, y trabajan en ello.
A mi juicio, es importante una diferenciación para poder lograr perspectivas de progreso, porque es un elemento que juega un papel muy relevante en la formación de los niños.
Partimos con una distinción, bien gruesa, entre docentes y no docentes. Después se puso el nombre de "asistente de la educación" sobre la base de aspectos absolutamente separados y respecto de los cuales es muy importante clarificar, tener planes de desarrollo aparte y sistemas de trabajo de acuerdo con los distintos roles.
En lo atinente a otras inquietudes, tendría mucho cuidado con el financiamiento vía Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
En los dos últimos años del Gobierno del Presidente Piñera se logró un fondo de revitalización de la educación pública. Del Gobierno anterior de la Presidenta Bachelet venía el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGEM). En el primer año de la actual Administración se les ocurrió fusionarlos. El FAGEM original estaba orientado a resolver problemas de arrastre y el otro era para tomar iniciativas de mejoramiento de la educación.
Me parece que juntarlos no fue una buena idea, especialmente cuando se pretende disponer desde aquí de una fuente de recursos para financiar lo que representa el aporte municipal a la iniciativa en debate.
Es cierto que esta última no es tan cara, mas se trata de 172 millones de dólares, si se suma el conjunto de años. Es muy importante que ello no se saque significativamente del FAEP, en lo que se refiere a la revitalización de la educación pública.
Otro aspecto es toda la transición.
Aquí se han dicho varias cosas del paso desde el sistema actual a otro de servicios locales.
Habrá una nueva organización de la educación pública. No se trata de un simple traslado de equipos, de colegios. En ello y en el proceso de transición se requiere algo cualitativo. Y un aspecto clave es cómo se va a pensar la transición en sectores como el de los llamados "asistentes de la educación".
La señora Ministra ha dicho que en varios municipios se registra una sobrecontratación. La Comisión de Hacienda le solicitó la evaluación llevada a cabo. Porque en las funciones menos calificadas es donde hay más sobredotación.
Es tremendamente importante saber cuántos son, más o menos, en las comunas; en qué período se ha dado el incremento. La "inflación" a que se ha hecho referencia no dice relación con cualquier época. Es algo verificado en algunas determinadas.
¿Y ello por qué? Porque, de aquí a que se termine de desmunicipalizar, puede haber una mayor motivación y entusiasmo para seguir contratando. Entonces, es bueno encontrar maneras de regularizar la situación y profesionalizar cada vez más cada una de las funciones.
Creo que tiene que haber una política de transición en lo que se refiere a los llamados "asistentes de la educación", para profesionalizarlos, desarrollarlos, de modo que su función educativa sea lo más potente posible.
Respecto del traspaso de pasivos mencionado por el Senador Bianchi, entiendo que se va a tratar de que no exista tal traspaso por parte del sistema municipal al nuevo sistema. Aquello no va a ser fácil.
Quiero hacer un comentario con relación a la reserva de constitucionalidad planteada por la Senadora Von Baer . Considero que debemos tener mucho cuidado en cómo llevamos a cabo esta discusión.
Se señala que existe una discriminación arbitraria entre el sector privado y el sector público.
El señor PROKURICA.-
¡Es una indicación del Senador Coloma!
El señor MONTES.-
¡Perdón! ¡A Coloma yo no lo critico...!
El señor PROKURICA .-
¿No puede hablar, señor Senador ?
El señor MONTES.-
¡Incluso me da tos...!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Dejemos que termine el Senador Montes.
El señor MONTES.-
Creo que hay que reflexionar sobre el alcance de lo que se está diciendo. Se nos está diciendo que ciertas funciones, si se cumplen en el sector público y también en el sector privado, por ese solo hecho el Estado adquiere responsabilidad respecto de lo que se cumple en el sector privado.
La verdad es que, si aplicáramos ese mismo concepto a las EGIS en vivienda, significaría que toda la responsabilidad que el Ejecutivo tiene con los funcionarios del SERVIU tendría que extenderse, en el ámbito de la educación, a los funcionarios de las ATE.
Cualquier perspectiva de estatización de la relación entre el Ministerio y estos agentes o actores privados, en este caso particulares subvencionados, conduce a una cierta suerte de estatización.
¿Queremos estatizar esto? ¿Queremos que las deudas que haya, las deficiencias en infraestructura, que de todo eso el Estado tenga que hacerse cargo al final? Durante el proceso de transición van a ir quedando en el camino temas previsionales y de otra naturaleza, como el pago de los meses por a��os de trabajo, etcétera.
Yo tendría mucho cuidado, ya que, sin darnos cuenta, estaremos haciendo un gran llamado a la estatización que algunos no queremos que se produzca en un sector que posee una dinámica diferente.
Los que queremos fortalecer la educación pública reconocemos la existencia de un sector particular subvencionado que es distinto, que tiene su propia dinámica.
La mezcla y la estatización del sector en nada ayudarán a mejorar la educación.
Lo importante, para algunos de nosotros, es contar con una educación pública tremendamente potente, fuerte, de mucha calidad; en otras palabras, que la educación pública chilena vuelva a ser lo que fue antes de todo este modelo que ha hecho agua por todos lados, y que no es solo un modelo de mercado; es también un concepto de educación.
Apoyo el proyecto y voy a votar a favor de todas sus normas.
Me parece que responde a un acuerdo. Creo que está bien concebido, bien hecho, y confío en que los cálculos que se han efectuado para ver de qué manera los municipios se pueden hacer cargo están correctos. Nosotros no hemos tenido el tiempo para rehacerlos y confiamos en que están bien, y que, por lo tanto, no les van a significar mayores gastos a las municipalidades.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , seré muy breve, porque la verdad es que ya se ha dicho todo: lo bueno, lo regular y los inconvenientes que presenta este proyecto.
Por mi parte, me sumo a esos comentarios y, por cierto, voy a apoyar la iniciativa, pues, a pesar de los inconvenientes, genera un hecho importante.
Y quiero subrayar precisamente eso. Desde hace muchos años, los asistentes de la educación han sido el pariente pobre de la educación.
Cuando ha habido mejorías significativas -por ejemplo, la carrera docente- muchos de nosotros hemos planteado por qué se piensa que la comunidad educativa está constituida solo por el profesorado.
Sin lugar a dudas, los maestros tienen una responsabilidad irremplazable. Por eso uno les tiene aprecio y admiración. Pero también trabajan en el mismo ámbito personas que igualmente contribuyen a la educación. No sacamos nada con tener un inspector, un funcionario o la persona que hace el aseo si no contribuye al espíritu formativo de determinada comunidad educativa.
Lo recordaba el Senador Montes: desde que el estatuto para los no docentes se perdió en el camino -porque fue retirado por la autoridad de la época- hasta la fecha, ha habido muchos compromisos, muchas promesas y pocas realizaciones.
En este caso, aunque se trata de un incentivo al retiro, se está dando una señal positiva que ojalá sea seguida por otra, para cumplir los anhelos de este sector de la educación.
--(Aplausos en tribunas).
Personalmente, tengo muchos acuerdos con las agrupaciones de asistentes de la educación de mi circunscripción. Existen algunas entidades muy fuertes en Cauquenes, en San Javier, en Parral, en Linares, con las que me he reunido durante largo tiempo, pero siempre sintiendo la sensación, un poco de frustración, de que no se avanza con este sector.
Por ello, valoro el trabajo realizado por la señora Ministra , a quien le pido muy encarecidamente que no se olvide de los asistentes de la educación, pues, en general, hay preocupación por la infraestructura, por el equipamiento, por los institutos, por los liceos bicentenario, por la carrera docente, pero no por quienes están ahí, y que ven cómo todo progresa, menos su personal, el que, no siendo docente, es también parte esencial de la labor que se realiza en la comunidad educativa.
Adicionalmente, me sumo a las inquietudes que plantea el financiamiento. Seguimos cargándole la mano a los municipios. Por eso, voy a apoyar la iniciativa que han presentado la Senadora Von Baer y el Senador Coloma, con el propósito de que no sean las municipalidades las que paguen la cuenta.
He dicho.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Me ha solicitado la palabra la señora Ministra para hacer algunas precisiones.
La señora DELPIANO ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , abordaré dos puntos en forma muy breve.
En primer lugar, recojo la inquietud que ha planteado el Senador García-Huidobro, la cual vamos a revisar en términos de qué significaría que efectivamente algunos asistentes de la educación de determinado municipio pasaran al servicio local antes que otros y quedaran sin poder haberse acogido a retiro.
En ese sentido, tomamos el compromiso de presentar una indicación en la Cámara de Diputados para abordar ese punto. Y le agradecemos al señor Senador su acotación, la que puede evitarnos tener que volver a legislar en el futuro sobre la materia.
Solamente, señor Presidente, quiero quitarle un poco de dramatismo a la situación, entendiendo que los promedios son promedios y no reflejan la realidad.
Si consideramos que serán 9 mil personas las que puedan acogerse a los beneficios de la ley y que los municipios son 345, el resultado promedio es de 25 trabajadores por municipalidad durante los seis años de vigencia de la normativa. Ahora, si lo calculamos por año, estamos hablando de un promedio de 4 trabajadores por municipio, entendiendo que algunos son más grandes y que en otros los posibles beneficiarios serán menos.
En consecuencia, no se trata de una carga inabordable desde el punto de vista del costo.
Hay que pensar también que los trabajadores que se podrán acoger a la ley no son, en general, profesionales, sino más bien personas pertenecientes a los que antes llamábamos "servicios auxiliares", cuyos sueldos son bastante más bajos.
Entonces, considerando todo lo anterior, estamos hablando de 2 millones de pesos aproximadamente, o un poco más, por funcionario. No es una carga inabordable, ni para el sector municipal, con sus recursos, ni tampoco para el sector privado, respecto de sus propios trabajadores.
Quiero señalarlo. Evidentemente, ahí existe un importante aporte del Estado para que ello sea posible, para que los asistentes puedan acogerse a los beneficios. Pero, si lo medimos por municipio, veremos que tampoco se trata de un peso tan grande.
Termino señalando que seguimos trabajando. Hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha quedado establecido, en un artículo específico, el plazo para presentar el proyecto de estatuto para los asistentes de la educación, el cual será de seis meses contados desde la publicación de la ley. Ese es el tope, porque podría ser antes.
La propuesta concreta la estamos elaborando con las asociaciones de esos trabajadores y, por lo tanto, aquella ya no será una promesa incumplida: tiene fecha y está marcada en una ley. Lo señalo sobre todo por la preocupación manifestada por el Senador Larraín.
Gracias.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
A usted, señora Ministra .
Algunos señores Senadores me han preguntado si queda otra votación. Por supuesto que sí, porque hay una indicación encabezada por la Honorable señora Von Baer . Y, por mucho que sea inadmisible, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional obliga a ponerla en votación. Yo la puedo declarar inadmisible, pero de todas maneras habrá que votarla en su oportunidad, a menos que se retirara, lo que ya es una decisión de ella, quien, en todo caso, tiene todo el derecho a plantearla.
Tiene la palabra a continuación el Senador señor Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , Honorable Sala, recuerdo la primera marcha que tuvimos con los asistentes de la educación, desde el centro de Valparaíso hasta el Congreso Nacional, en la cual justamente solicitábamos un estatuto para dichos funcionarios y donde pedíamos también dignificar su condición, su situación laboral.
Los asistentes de la educación son la pata que siempre falta en la reforma educacional. Y por eso quiero poner el tema sobre la mesa y felicitar al Ministerio de Salud -por su intermedio, señor Presidente- por el hecho de que finalmente exista la posibilidad de que el incentivo al retiro llegue a esos funcionarios...
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
"De Educación", "Ministerio de Educación", señor Senador.
El señor CHAHUÁN.-
¿Y qué dije yo?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
"Ministerio de Salud".
El señor CHAHUÁN.-
¡Ah, disculpen! Quise decir "de Educación".
La idea es que se pueda relevar la situación laboral de los asistentes de la educación, que tanto hacen por la salud de nuestros niños. Disculpen: "por la educación" de nuestros niños.
¡Vuelvo a insistir con el tema de la salud...!
El señor DE URRESTI.-
¡Es que eso también vale para la salud!
El señor CHAHUÁN.-
Claramente es una urgencia ciudadana, a pesar de que el Gobierno no la pone como urgencia.
Y excúsenme que me salga del tema. Pero bueno.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-
¡Salud...!
El señor CHAHUÁN.-
Quiero señalar que, en lo que dice relación con los asistentes de la educación, claramente se ha ido avanzando: se estableció una mesa de negociación durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet , donde se sentaron las bases para poder avanzar en un estatuto; posteriormente hubo una ley, y hoy día estamos dando paso a un incentivo al retiro que va a posibilitar dignificar la condición de aquellos funcionarios, resolviendo de alguna manera el daño previsional del que también han sido objeto.
Y quiero poner de relieve esta materia.
Muchas veces hablamos, con bastante fuerza, de la deuda histórica del Magisterio, y hemos defendido la idea de que el Ministerio de Educación pueda hacerse cargo de ella. Hemos apoyado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las acciones que han emprendido los profesores. Pero hay que advertir que no solo los profesores fueron afectados por la deuda histórica, sino también muchos asistentes de la educación. De hecho, en la Comisión especial que analizó el tema, cuando tuvimos que cuantificar los profesores afectados, llegamos a la cifra de 94 mil y a un número muy importante de asistentes de la educación que estaban en la misma condición.
En aquella oportunidad tuvimos la posibilidad de resolver el problema de la deuda histórica. Se presentó una propuesta -en esa Comisión estaba el hoy Senador Carlos Montes, antes Diputado, entre otros parlamentarios-, pero finalmente no fuimos escuchados por el Gobierno.
Hoy día estamos hablando de un tema distinto, pero que va en la misma dirección: cómo resolver el daño previsional causado, fundamentalmente, a aquellos funcionarios de la educación que por lo general no son considerados -son la pata coja-, pese a ser quienes pasan mayor tiempo con nuestros niños. Las labores que efectúan son muy amplias: van desde aquellas que realiza la persona que está a cargo de recibir a los menores, de cuidarlos en los recreos, hasta las que llevan a cabo trabajadores que desempeñan todo tipo de funciones para que el proceso educativo se desarrolle a cabalidad.
Por lo mismo, quiero señalar que apoyamos con mucha fuerza este incentivo al retiro. Creemos que hace justicia a los asistentes de la educación.
Por último, deseo poner de relieve el hecho de que el Gobierno haya considerado esta materia, que hemos levantado con tanta fuerza muchos parlamentarios. Significa que finalmente estamos entendiendo que las cuatro patas de la educación son importantes y que en ella también cumplen una función muy clave los asistentes de la educación de Chile.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Les recuerdo a quienes están en las tribunas que no se pueden hacer manifestaciones en ningún sentido, ni a favor ni en contra.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Seré muy breve, señor Presidente.
Voy a decirlo en forma muy telegráfica, con respecto a la indicación que vamos a tener que votar después: es absolutamente inconstitucional, porque, al eliminar la frase "será de cargo del empleador", transfiere el gasto al Fisco, al Estado, a la Ley de Presupuestos, lo cual va contra la Constitución. Así lo declaró la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y también la Comisión de Hacienda del Senado.
Por eso yo llamo a una reflexión clara: que respetemos la Constitución, porque es muy fácil, eliminando una palabra, provocar un efecto fiscal no querido.
Esa era la razón de mi intervención, señor Presidente.
Gracias.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Es la misma opinión que tiene la Mesa, señor Senador , la cual hará presente cuando corresponda.
Finalmente tiene la palabra, por cinco minutos, el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , al igual que los Senadores que ya han intervenido, quiero señalar que los asistentes de la educación se han desplegado en todo Chile; sus diferentes organizaciones han sostenido conversaciones, y hay un gran consenso: esta bonificación, o incentivo al retiro, tiene que materializarse. Ellos han sido postergados durante mucho tiempo.
Acompañamos a los asistentes de la educación (excodocentes) durante la dictación del Estatuto Docente, ocasión en la cual hicimos esfuerzos para incorporarlos en dicho cuerpo normativo. Hoy día ellos están bajo el Código del Trabajo; en algunos casos negocian -cuando hay un buen municipio, con recursos-, y en otros, no, quedando a la discrecionalidad de los alcaldes.
Esta bonificación asegura un piso para la salida de muchos de esos funcionarios, quienes estaban esperándola. Pero hay que resolver pronto, señor Presidente , si dichos trabajadores van a seguir en el régimen del Código del Trabajo o si van a tener un estatuto de carrera funcionaria, para que cuenten con estabilidad laboral. De lo contrario, serán los únicos partícipes de la comunidad educacional regidos por el Código del Trabajo y que se hallen fuera del ámbito propio de la educación. En tal caso, tendrían un régimen bastante complejo y distinto.
Yo apelo a que la misma estabilidad que tienen los profesores la tengan los asistentes de la educación. Solo así garantizaremos una comunidad educativa regida por idénticas reglas.
Voy a votar a favor, señor Presidente , confiando en las cifras y montos que nos ha dado la señora Ministra. El punto lo planteó el Senador Montes . Para este año y el siguiente habrá 878 cupos; para el 2018, 1.000, y para el 2019 y hasta el 2022, 1.561. Si fuera distinto y aumentaran, confío en que los ministros de hacienda de la época van a generar los recursos para que la bonificación sea entregada y no hayamos generado una falsa expectativa.
Por último, quiero decir que el tema de los funcionarios de los DAEM, quienes también verán afectada su condición, habrá que abordarlo en su momento, porque hasta ahora han quedado fuera de todo debate y, por cierto, tienen el mismo derecho a plantear en qué condición laboral van a quedar.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Finalmente, me ha pedido la palabra el Senador señor Moreira, quien asegura que será aún más breve que el Senador señor Navarro.
La señora ALLENDE.-
¡Nooo!
La señora VON BAER.-
¿Por qué? ¿No tiene derecho a hablar?
El señor COLOMA.-
Tiene razón: tiene derecho a hablar.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.-
Así como ustedes, nuestros queridísimos colegas de enfrente -por su intermedio, señor Presidente -, han alargado la sesión esperando reunir los votos necesarios para rechazar la indicación, yo tengo el mismo derecho a hacer uso de la palabra. Sin embargo, en atención al fair play que me están pidiendo la Senadora Allende y los colegas de la Nueva Mayoría, voy a renunciar a ese derecho, para que posteriormente, cuando se discuta la indicación, pueda defenderla nuestra flamante Senadora Ena von Baer.
El señor COLOMA.-
¡Muy bien!
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
¡Ese es un verdadero apoyo, el que usted ha entregado, a la Senadora Von Baer!
Señor Secretario .
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor).
Votaron las señoras Allende,Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
--(Aplausos en tribunas).
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El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).-
Han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensaje
De Su Excelencia la Presidenta de la República , con el que retira y hace presente la urgencia, en los términos a que alude el inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental, respecto del oficio mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar al señor Luis Eduardo Bresciani Lecannelier miembro del Consejo Resolutivo de la Superitendencia de Casinos de Juego (boletín N° S 1.869-05).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Moción
De los Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, mediante el aumento de las penas y la tipificación de los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y que enmienda la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Por último, el Senador señor Zaldívar señala que la Comisión de Salud aprobó en general y en particular sin modificaciones, por unanimidad, el proyecto de ley que fortalece la gestión del Instituto de Salud Pública y concede beneficios a su personal, y solicita que pase a la Comisión de Hacienda, en su caso, antes de que se discuta la idea de legislar en la Sala.
--Así se acuerda.
)--------------(
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Con respecto a la indicación renovada, tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente , tal como lo planteamos no solamente Senadores de la Oposición, sino también de la Nueva Mayoría, especialmente aquellos que tienen experiencia en el ámbito municipal, este proyecto de ley fue planteado por el Ejecutivo , por el Gobierno central.
Sin embargo, parte importante de él, 38 por ciento, será financiado directamente por los municipios. Muchas veces ha ocurrido, independientemente de la Administración de que se trate, que proyectos del Gobierno central terminan siendo financiados por el municipio respectivo.
De hecho, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , actual Presidente del PPD , fue quien planteó con gran fuerza en la Comisión de Educación que esto no iba en la dirección correcta, que acá se obligaba a las municipalidades a pagar parte del beneficio en cuestión y que ello había sido fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los asistentes de la educación.
Adicionalmente, el Gobierno ha manifestado que, como las personas se van, esto significará un ahorro para los municipios.
Eso no es tan así. En algunos no va a ocurrir. Y, además -esto lo dijeron también los alcaldes en la Comisión de Educación-, en otros casos las personas que se acojan al beneficio serán reemplazadas, porque muchas de ellas, las que llevan más tiempo, no necesariamente fueron contratadas por razones políticas, sino que trabajan en los patios, trabajan como psicólogos, trabajan en distintas labores.
Por eso, señor Presidente , vamos a hacer este punto cada vez que el municipio termine pagando por un tema del Gobierno central.
Creemos que la indicación que renovamos no es inadmisible, porque de una manera o de otra esto lo va a pagar el Estado, pero no queremos que sea por deuda.
Por otra parte, esta indicación se votó en la Comisión de Educación, y su Presidente no planteó que fuera inadmisible. De hecho, la votamos y perdimos. Por lo tanto -reitero-, no creemos que sea inadmisible.
He dicho.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
La Senadora señora Von Baer insiste en la renovación de su indicación. Por lo tanto, la Mesa la declara inadmisible y someterá a votación su inadmisibilidad.
El señor DE URRESTI.-
¿Se puede argumentar el voto, señor Presidente?
El señor GIRARDI.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
La declaro inadmisible, pues irroga mayor gasto fiscal, señor Senador.
El señor COLOMA.-
¿Es posible reclamar por la declaración, señor Presidente?
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Claro, por supuesto.
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, las partes tienen derecho a argumentar.
Aquí hay dos cosas que usted no ha considerado en la justa apreciación de los hechos que, desde mi perspectiva, hacen que su decisión sea equivocada.
Primero, nosotros juntamos las diez firmas necesarias para que una indicación, que fue aceptada como admisible en la Comisión de Educación, pudiera ser renovada y votada en la Sala, lo cual es un derecho. No tiene nada que ver que otra Comisión la haya declarado inadmisible. Porque sería fantástico que yo tuviera un Presidente amigo -no es el caso; es un ejemplo- que me declarara inadmisibles indicaciones que en otra Comisión fueron declaradas admisibles. Pero esto significaría que no habría ningún espacio para funcionar.
Aquí se estarían cercenando facultades de la Comisión de Educación. Ella es matriz para este efecto, y no tuvo ningún problema en someter a votación la presente indicación. Luego, fue rechazada; y más tarde juntamos las firmas para renovarla.
Eso es un derecho.
Que otro órgano técnico la haya declarado inadmisible no tiene nada que ver, porque si no, bastaría con tener un amigo en una Comisión, señor Presidente , a fin de declarar inadmisible todo lo que a uno se le ocurriera. Y, con eso, se impediría que las Comisiones pudieran ejercer su justo derecho.
Aquí se está violentando una cuestión reglamentaria. Pueden votar en contra, no hay problema en ello, el punto es que no resulta legítimo que el Presidente declare inadmisible una indicación que fue votada como admisible por la Comisión de origen.
Y, segundo, el argumento de la Senadora Von Baer es muy importante.
No es que se aumente el gasto fiscal, sino que se lo sincera; porque, al final, esto se paga por dos vías: una parte por un aporte fiscal directo, y otra por un préstamo que reciben las municipalidades por concepto del Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Es un gasto fiscal. ¿Por qué no lo dice así el Estado? "¡Sepa Moya!", como decía un amigo mío.
Esa es la verdad: en el fondo, los recursos salen del Estado. Lo que pasa es que, por una figura, a mi juicio, equivocada -la Senadora Von Baer lo explicó bien-, esto, que es gasto del Estado, al final se le endosa a la municipalidad, a la cual se le dice: "se lo voy a prestar, y usted me lo va a devolver". Pero los recursos siguen siendo del Estado.
¡Cómo no va a poder un Parlamento discutir esto! El día de mañana el Estado, o una mayoría, podría aplicar cualquier obligación a la municipalidad, ¡y no habría nada qué decir!, ¡uno tendría que rendirse! No me parece adecuado.
Y los fondos -insisto- vienen del mismo origen. Lo que pasa es que se usa el artilugio del préstamo; pero no es que las platas salgan de otro lugar.
Entonces, señor Presidente , con todo respeto, a usted le podrá gustar la indicación o no, pero inadmisible no es. Ello, porque fue declarada admisible por una Comisión, y porque, al final, es una forma de aplicar los fondos del Estado.
He dicho.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Simplemente quiero citar el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: "La cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones resuelta en comisiones no obsta a la facultad de la Sala de la Cámara respectiva para hacer la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad para tales indicaciones.".
Por lo tanto, la decisión finalmente la tiene esta Sala.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Yo quiero invitar al Senador Coloma y a quienes renovaron la indicación a que lean la Constitución, que juramos respetar y que todos defendemos.
El artículo 65, en su inciso tercero, dice: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con (...) la administración financiera o presupuestaria del Estado".
Y lo que hace la indicación es innovar en una materia de administración financiera o presupuestaria, porque se está trasladando la responsabilidad de pago de un órgano a otro. Las municipalidades tienen un sistema de financiamiento y presupuestos separados del Estado, con recursos propios, aprobados también por traspaso del Estado.
Y esa norma -esto ha sido reiterado en el Parlamento como doctrina- no se puede, por la vía de suprimir una palabra, modificar. Por eso es inadmisible y la Mesa ha procedido correctamente.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Corresponde realizar la votación.
El Señor Secretario va a explicar lo que vamos a votar, y se podrá fundamentar el voto.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
Señor Presidente , quiero hacer presente que el pareo que tenía con la Senadora Lily Pérez , acordamos cambiarlo con la Senadora Goic .
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Así quedará registrado, señor Senador.
Honorable señor Rossi, ¿desea plantear un punto reglamentario?
El señor ROSSI.-
Señor Presidente, solo quiero decir que no se necesita ser abogado para darse cuenta de que la indicación renovada es claramente inadmisible.
Tal situación decepciona un poco -estoy hablando muy en serio-, porque recuerdo haber escuchado muchas veces al propio Senador Coloma argumentar -y con justa razón- que estábamos pasando la aplanadora cuando pretendíamos votar propuestas inadmisibles.
¡Claro, al calor de los debates políticos, suelen pasar estas cosas!
Pero creo que uno debe aplicar el mismo criterio que exige al resto.
Lamento que tengamos que votar a raíz de algo tan notoriamente inadmisible, pues va en contra de la ley.
El señor QUINTANA (Vicepresidente).-
Ahora sí, tiene la palabra el señor Secretario.
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Para que quede claro, hago presente que la indicación renovada busca eliminar, en el inciso segundo del artículo 1º del proyecto, la frase "será de cargo del empleador".
Quienes piensen que dicha indicación es inadmisible votan que sí y quienes la estimen admisible votan que no.
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
En votación la inadmisibilidad de la indicación renovada.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-
¿Se vota la inadmisibilidad, entonces?
El señor LABBÉ ( Secretario General ).-
Sí, señor Senador.
Reitero: quienes estén de acuerdo con la inadmisibilidad se pronuncian a favor y los que no lo estén, en contra.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA ( Vicepresidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba la inadmisibilidad de la indicación renovada (11 votos a favor y 7 en contra) y, por no haberse presentado más indicaciones, queda aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores De Urresti, Guillier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín y Moreira.
--(Aplausos en tribunas).
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