?REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA Sesión 18ª, en martes 12 de noviembre de 2002 (Ordinaria, de 11.03 a 14.01 horas) Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-ORDEN DEL DÍA VI.-PROYECTOS DE ACUERDO VII.-INCIDENTES VIII.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.Asistencia7 II.Apertura de la sesión11 III.Actas11 IV.Cuenta11 Remisión de proyecto a Comisión11 Permiso constitucional11 V.Orden del Día. Sistema de financiamiento urbano compartido. Segundo trámite constitucional11 Procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Primer trámite constitucional28 VI. Proyectos de acuerdo. Investigación sobre mercados de distribución y comercialización de combustibles35 Adopción de medidas frente a acusaciones de organismos internacionales formuladas en contra de la industria exportadora nacional37 Programa de apoyo a las ligas rurales y campesinas de fútbol40 VII.Incidentes. Construcción de casetas sanitarias en viviendas mapuches. Oficios43 Actualización de señales de tránsito. Oficios43 No pago de asignaciones especiales a funcionarios de la salud de Atacama44 Situación política y necesidad de transparentar la gestión de diputados presuntamente involucrados en ilícitos44 Reanudación de importación de carnes desde Argentina. Oficios46 Reiteración de antecedentes por contaminación del río Elqui. Oficios47 Realización de encuesta CAS por municipios de la región de La Araucanía. Oficio48 Precisiones sobre responsabilidades en casos de corrupción48 Respuesta a críticas del subsecretario de Salud. Oficios49 Cumplimiento de dictamen de la Contraloría acerca de programa “Desarrollo territorial en la región del Biobío”. Oficio50 VIII.Documentos de la Cuenta: Mensajes de S. E. el Presidente de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos: 1. Aprueba el tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma, el 27 de febrero de 2002 (boletín Nº 311818)52 2. Aprueba el tratado de extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma, el 27 de febrero de 2002 (boletín Nº 311910)60 3. Aprueba el Convenio de seguridad social entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Santiago, el 7 de diciembre de 2000 (boletín Nº 312010)72 4. Aprueba el Convenio entre la República de Chile y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio, y su protocolo, suscritos en Seúl, Corea, el 18 de abril de 2002 (boletín Nº 312110)84 5. Aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al establecimiento de una oficina de la OIT en Chile, suscrito en Santiago, el 10 de enero de 2002 (boletín Nº 312210)111 6. Modifica la ley Nº 18.314 sobre conductas terroristas, en orden a sancionar más eficazmente la financiación del terrorismo, en conformidad a lo dispuesto por el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (boletín Nº 312307)121 7. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual incluye en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional el proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades para que los contratos y concesiones sean sometidos a la toma de razón de la Contraloría General de la República (boletín Nº 311206)124 8. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto sobre calificación de la producción cinematográfica (boletín Nº 267504)124 9.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma” para el despacho del proyecto que establece nuevas normas para la reprogramación de deudas provenientes del crédito solidario de la educación superior (boletín Nº 296404)125 Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos: 10. Modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (boletín Nº 304807)125 11. Sobre financiamiento urbano compartido (boletín Nº 265114)126 12. Oficio del Senado por el cual solicita el asentimiento de la Cámara de Diputados para proceder al archivo de los siguientes asuntos: 126 a) Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Convenio Básico de Cooperación entre los Gobiernos de Chile y de Cuba, suscrito en La Habana, el 10 de enero de 1996 (boletín Nº 1.82110). b)Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito el 24 de julio de 1998, en Ushuaia, República Argentina (boletín Nº 2.51710). 13. Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaídos en los siguientes proyectos: 127 a) Aprueba el Convenio entre las Repúblicas de Chile y de Ecuador para evitar la doble tributación, adoptado en Quito el 26 de agosto de 1999 (boletín Nº 301310). b) Aprueba el Convenio entre Chile y el Reino de Noruega para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal con relación a los impuestos a la renta y al patrimonio, y su protocolo (boletín Nº 302710). c) Aprueba el Convenio entre Chile y la República Federativa del Brasil para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta, y su protocolo (boletín Nº 302810). d) Aprueba el Convenio entre Chile y la República de Polonia, para evitar la doble tributación, y su protocolo (boletín Nº 302910). e) Aprueba el Convenio entre las Repúblicas de Chile y Perú, para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y su protocolo, suscritos en Santiago el 8 de junio de 2001 y el protocolo modificatorio del convenio, suscrito en Lima el 25 de junio de 2002 (boletín Nº 308610). 14. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto que modifica la ley de Tránsito fijando estacionamientos para discapacitados (boletín Nº 270715)137 X.Otros documentos de la Cuenta: 1. Comunicaciones: Comunicación del jefe de la Bancada del Partido Renovación Nacional por la cual informa que la diputada señora Carmen Ibáñez reemplazará en forma permanente al diputado señor José Antonio Galilea en la Comisión especial constituida para el estudio del proyecto del futuro acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea. Comunicación del diputado señor Tuma, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 8 de noviembre en curso para dirigirse a India y Corea. 2. Oficios: Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita que se redestine a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto, iniciado en moción, que establece una rebaja de penas a personas condenadas por delitos cometidos por razones políticas con la finalidad de facilitar la pacificación nacional (boletín Nº 305607). Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que acordó crear el Grupo Interparlamentario Chileno-Búlgaro, para que los señores diputados que lo deseen procedan a la correspondiente inscripción. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (112) --Aguiló Melo, Sergio --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Araya Guerrero, Pedro --Ascencio Mansilla, Gabriel --Barros Montero, Ramón --Bauer Jouanne, Eugenio --Bayo Veloso, Francisco --Becker Alvear, Germán --Bertolino Rendic, Mario --Burgos Varela, Jorge --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Cubillos Sigall, Marcela --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Egaña Respaldiza, Andrés --Encina Moriamez, Francisco --Errázuriz Eguiguren, Maximiano --Escalona Medina, Camilo --Escobar Urbina, Mario --Espinoza Sandoval, Fidel --Forni Lobos, Marcelo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --González Román, Rosa --González Torres, Rodrigo --Guzmán Mena, Pía --Hales Dib, Patricio --Hernández Hernández, Javier --Hidalgo González, Carlos --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Ibáñez Soto, Carmen --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jiménez Villavicencio, Jaime --Kast Rist, José Antonio --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Lagos Herrera, Eduardo --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mella Gajardo, María Eugenia --Meza Moncada, Fernando --Molina Sanhueza, Darío --Monckeberg Díaz, Nicolás --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Norambuena Farías, Iván --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Ortiz Novoa, José Miguel --Palma Flores, Osvaldo --Paredes Fierro, Iván --Pareto Vergara, Cristián --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez Opazo, Ramón --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prieto Lorca, Pablo --Quintana Leal, Jaime --Rebolledo González, Víctor Manuel --Recondo Lavanderos, Carlos --Riveros Marín, Edgardo --Robles Pantoja, Alberto --Rojas Molina, Manuel --Rossi Ciocca, Fulvio --Saa Díaz, María Antonieta --Saffirio Suárez, Eduardo -Salaberry Soto, Felipe --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Seguel Molina, Rodolfo --Sepúlveda Orbenes, Alejandra --Soto González, Laura --Tapia Martínez, Boris --Tarud Daccarett, Jorge --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Bonilla, Ignacio --Valenzuela Van Treek, Esteban --Varela Herrera, Mario --Vargas Lyng, Alfonso --Venegas Rubio, Samuel --Vidal Lázaro, Ximena --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Von Mühlenbrock Zamora, Gastón Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Patricio Walker Prieto y Eugenio Tuma Zedan. Asistió, además, el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.03 horas. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El acta de la sesión 13ª se declara aprobada. El acta de la sesión 14ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Se dará lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que se redestine a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el proyecto, iniciado en moción, que establece una rebaja de penas a personas condenadas por delitos cometidos por razones políticas, con la finalidad de facilitar la pacificación nacional. ¿Habría acuerdo? Acordado. PERMISO CONSTITUCIONAL La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el señor Tuma para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 8 de noviembre en curso, con el objeto de dirigirse a India y Corea. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA SISTEMA DE FINANCIAMIENTO URBANO COMPARTIDO. Segundo trámite constitucional. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto sobre financiamiento urbano compartido. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Patricio Hales. Antecedentes: -¿Proyecto del Senado, boletín Nº 265114 (S), sesión 19ª, en 17 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 10ª, en 29 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 7. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor HALES.- Señora Presidenta, el proyecto en estudio parte de la convicción de que las ciudades constituyen hoy el eje de vida de las naciones, de que son la cuna y el desarrollo de la modernidad. Por eso, resulta contradictorio observar que mientras las ciudades han avanzado enormemente, no lo han hecho con la misma velocidad y desarrollo temas como la capacidad de gestión y el financiamiento urbano, la participación ciudadana en las decisiones, la planificación urbana y el diálogo sobre el destino de las ciudades. La iniciativa, iniciada en mensaje del Presidente de la República, busca abordar esta contradicción. Para dar cuenta de la fuerza e importancia de las ciudades basta con señalar que el 85 por ciento de los chilenos vive en ellas, la mayor parte de las cuales ha crecido ocupando espacios físicos y aglutinando a una enorme cantidad de habitantes. Existe un gran incremento en la cantidad de viviendas, lo que no ha sido acompañado por los aumentos de servicios que las ciudades necesitan con urgencia. El país ha conocido las carencias más evidentes, como las relacionadas con aspectos viales obstaculización del tráfico, con evacuación de aguas lluvia, con espacio público, que aparecen como menos notorias, pero igualmente evidentes, sobre todo en los sectores populares. El espacio público es un elemento que asegura más desarrollo urbano y refuerza la seguridad. Por eso, el propio mensaje habla de “pasivo urbano”, postura que compartimos. En los sectores donde viven las personas con mayores ingresos constatado por la discusión habida en la Comisión, es posible resolver estas carencias. Sin embargo, en los sectores más pobres esto se hace muy difícil. Paradójicamente, son los que hacen más vida en la calle y que cuentan con viviendas mucho más pequeñas. Ahí, el pasaje se convierte en el patio, en su estar, en el sitio de recreación, y la calle, en el lugar de encuentro. Por lo tanto, esos espacios requieren mejor equipamiento urbano. En ese sentido, existe una extremada sinceridad en el propio contenido del mensaje y en sus fundamentos, bien explicitados. Se señala que ha sido insuficiente la labor desarrollada tanto por los municipios como por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Quiero destacar que en el caso del patrimonio, muchas de las necesidades no están claramente cubiertas por los planes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y constatamos, más bien, bastantes insuficiencias en lo que se refiere a mantención y desarrollo patrimonial, con excepción de las ideas generales del Plan Bicentenario. Existe un deterioro de la calidad de vida en las ciudades. Esto se traduce en escasez de lugares para practicar deportes, de sitios de esparcimiento y de desarrollo de la cultura y de la vida social y, por lo tanto, en vetustez, envejecimiento y descascaramiento, tanto del aspecto físico como de la vida en la ciudad. Para enfrentar esta situación, se requieren mayores recursos. El Estado quiere y necesita por eso ha presentado el proyecto contar con mecanismos que tiendan a igualar las condiciones urbanas de la población. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no existe igualdad de oportunidades urbanas; no podemos hablar de igualdad de oportunidades y restringir ese concepto sólo al ámbito económico si no contamos con igualdad de oportunidades espaciales, en los asentamientos donde se desarrolla la vida económica, social y cultural. El propio mensaje señala que hacer realidad la igualdad de oportunidades, establecida en el artículo 1° de la Constitución Política, es una necesidad que prima en la inspiración del proyecto. Cuando la inversión es cuantiosa, el Estado no puede abordarla solo. Por eso, la iniciativa tiende a incentivar la participación del sector privado en el desarrollo y modernización de nuestras ciudades, de modo que sus agentes puedan invertir en ámbitos que, hasta ahora, han sido privativos del sector público. Queremos que los privados participen en áreas de intervención urbana que estaban restringidas estrictamente a los organismos del Estado. La proposición consiste en implementar un sistema de financiamiento urbano compartido. Mediante el proyecto el texto original señalaba sólo a los Serviu, pero en su tramitación en el Senado se agregaron las municipalidades se entrega la posibilidad de adquirir bienes u obtener la ejecución, operación o mantención de obras por parte del sector privado en sus respectivos territorios jurisdiccionales. A cambio, se les otorgan ciertos derechos, como contraprestación, entre los que se incluirá la posibilidad de explotar una obra. Dentro de los objetivos fundamentales del sistema se encuentran los siguientes: Multiplicar el presupuesto destinado a desarrollo urbano; fortalecer la gestión descentralizada de los Serviu el proyecto original sólo consideraba a estos servicios; generar un marco transparente para las relaciones contractuales, a fin de que no se trate de simples iniciativas individuales, sino que la ley lo establezca y ordene; implementar un sistema estructurado sobre la base de un régimen claro de prestación la acción que establece el privado y de contraprestación, esto es, la acción que permite y autoriza el Serviu respecto del bien de que estamos hablando. Si sus Señorías se atienen al informe escrito, confeccionado por la secretaría de la Comisión, pueden imponerse del detalle de la discusión que se llevó a efecto sobre la materia. ¿En qué consisten las prestaciones y contraprestaciones planteadas por la iniciativa? Si se compara el texto del mensaje con el del Senado y el de la Comisión de Vivienda en relación con el artículo 1°, se puede observar que en el primero sólo se otorgaba esa facultad a los Serviu, como organismos regionales. En cambio, el texto del Senado señala que esa facultad pueden ejercerla las municipalidades. Esta materia generó una discusión importante en el seno de la Comisión. Finalmente, se aprobó el texto modificado por el Senado y no el del Ejecutivo. Describiré en qué consisten las prestaciones y contraprestaciones a que se refiere el proyecto y luego ejemplificaré sus aplicaciones. Primero, las prestaciones que recibirán los Serviu o los municipios consistirán en la ejecución, operación o mantención de una obra por un privado. ¿Qué tipo de obra? Urbana, de equipamiento, vial, de áreas verdes, de espacios públicos; segundo, la entrega en propiedad de uno o más bienes inmuebles; tercero, la municipalidad puede recibir el uso o goce de inmuebles, y cuarto, también puede recibir dinero. La contraprestación corresponde a lo que los municipios y el Serviu entregan al privado por efectuar una inversión. ¿Qué pueden otorgar? La explotación, total o parcial, de uno o más bienes u obras; el derecho a uso o goce de uno o más bienes muebles o inmuebles; la entrega en propiedad de determinados bienes, y una suma de dinero, como contraprestación a lo que el privado invirtió e hizo. Ejemplo de esta aplicación: se podría construir, operar y mantener un parque de atracciones por un privado, y otorgársele la posibilidad de explotarlo por un tiempo determinado; cobrar entrada, tener locales de alimentación, de esparcimiento, comercio u otras actividades. Otro ejemplo: que se construya y se mantenga un parque, en cualquiera de las regiones de Chile, a cambio del derecho de explotar el uso de campos deportivos, pistas de patinaje, canchas de fútbol, quioscos y otros. También podría haber una relación entre los privados, el Serviu y las municipalidades para la construcción de vías urbanas, de calles, cuestión que hoy la hace directamente el Serviu u Obras Públicas, cuando se trata de autopistas. Esta iniciativa autoriza a los privados a invertir en vialidad urbana, a cambio de lo cual pueden tener publicidad, estacionamientos, concesiones. Si bien el proyecto original se refería sólo a los Serviu, se agregaron las municipalidades, aun cuando están facultadas por ley para hacer concesiones. Lo que sucede es que son de carácter precario desde el punto de vista de la relación con el sistema financiero, lo cual produce un efecto negativo, pues si un privado toma una concesión municipal y quiere darla en garantía en un banco, éste la rechaza por considerarla insuficiente y tratarse de una concesión que puede ser retirada por cualquier necesidad del municipio. Un último ejemplo: un privado podría hacer una remodelación de un edificio institucional a cambio de terrenos prescindibles del Serviu o de los municipios. La iniciativa en análisis recoge aspectos parecidos, no iguales, a los de la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y el mecanismo opera sobre la base de licitación pública. Respecto de este tema, hubo discusión en la Comisión. Si se revisa el informe, se puede apreciar que, incluso, en la discusión en general se debatió la relación entre el texto original y el del Senado, en lo que se refiere a las municipalidades. La Comisión, para aunar criterios, agregó, en una indicación, la obligatoriedad de que las decisiones que se tomen por parte del municipio en este plano, deban estar de acuerdo con el plan de desarrollo comunal, a lo menos. Había preocupación, pues donde existe conurbación en una misma ciudad entre varias comunas pueden presentarse diferencias con respecto a los planes regionales. De ahí que se insistió en la necesidad de que coincidieran los planes de desarrollo comunal e intercomunal. En la Comisión, el ministro hizo una observación bastante interesante, relativa al interés que podrían tener los privados en invertir en las comunas más pobres. Indicó que puede suceder que los privados no tengan interés en hacer ese tipo de negocios en territorios donde existe pobreza, porque les resultará difícil cobrar por esos servicios, ante lo cual probablemente preferirán realizarlos en sectores donde existe mayor poder adquisitivo. Al parecer, por lo que la Cámara Chilena de la Construcción insinuó en el seno de la Comisión, así ocurrirá. Sin embargo, el ministro manifestó que si los privados prefieren invertir en las zonas donde hay más dinero, porque les significa mejor negocio, el Estado puede quedar liberado de efectuar inversiones en esas zonas y, por tanto, destinar los recursos a territorios más pobres. En definitiva, si se abre la posibilidad de financiar obras de equipamiento urbano por parte de privados, el Estado puede tener más dinero disponible para invertir en otros sectores, más pobres, y producir lo que, personalmente, llamo la igualdad de oportunidades espaciales, que significa hacer mejor ciudad en todos los territorios. En la discusión en general del proyecto participó la Cámara Chilena de la Construcción y hubo una destacada y permanente participación de personeros del Ministerio de Vivienda. La discusión en particular fue amplia y bastante profunda en determinados aspectos. Uno de ellos, el referido a los planes de desarrollo comunal. También se discutió sobre las licitaciones. En ese sentido, se rechazó por unanimidad, después de una amplia discusión, el artículo 5º, que contenía la posibilidad de que estos contratos pudieran adjudicarse directamente a un privado cuando se declarara desierta la licitación. La objeción que hicimos algunos es que si se deja establecido por ley que, en un llamado a propuesta en que la licitación se declara desierta, la autoridad queda facultada para otorgársela, por ejemplo, a un cuarto proponente que no se había presentado, perfectamente puede producirse un sistema perverso que abra una oportunidad de corrupción, pues se podría tener un pequeño cartel de privados que se pusieran de acuerdo para que las obras se fuesen adjudicando mediante contratos directos de manera permanente, en la medida en que se pongan de acuerdo el resto de los licitantes para quedar fuera de las bases. La discusión fue amplia y, al final, la Comisión resolvió rechazar la posibilidad de otorgar el trato directo. Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al diputado señor Jaramillo. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo por la vía de la interrupción. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, sólo quería hacer notar que el diputado señor Hales formuló la indicación relacionada con el artículo 5º. Me alegra mucho saber esto, porque, conocedor del tema de vivienda y urbanismo, el distinguido arquitecto y diputado señor Patricio Hales no ha hecho otra cosa que conjugar lo que en justicia debe ser. Tal como él dice, se estaría creando legalmente un sistema perverso si no se hubiese rechazado por unanimidad ese artículo. Muchas gracias. El señor SALAS (Vicepresidente).- Pido a los señores diputados formular sus consultas una vez que el diputado señor Hales termine su exposición como diputado informante. Puede continuar, señor diputado. El señor HALES.- Señor Presidente, agradezco las palabras del diputado señor Jaramillo, pero he preferido plantear la exposición del informe de manera plural. En él se encuentra el detalle de esa discusión. Si se compara el texto del proyecto del Ejecutivo con el del Senado, se podrá comprobar que en el primero figuraba un artículo 4º que hablaba sólo de licitaciones, pero no otorgaba ninguna posibilidad de hacer tratos directos. El Senado agregó un artículo 5º, que dice: “Declarada desierta una licitación, se podrá adjudicar directamente el contrato de participación en caso que se presente un interesado que cumpla todos los requisitos exigidos en las bases de la licitación y siempre que su oferta no difiera en más de un diez por ciento del valor mínimo o máximo señalado en las respectivas bases”. La Comisión eliminó este artículo, manteniendo sólo la licitación. Durante la discusión particular se introdujeron diferentes modificaciones de carácter formal. Por ejemplo, artículos que debían ser aclarados en mejor forma, cuestiones similares que estaban incluidas en normas diferentes y que era necesario refundir en una sola, etcétera. También se introdujeron modificaciones a las disposiciones relativas a la licitación y a la Comisión Conciliadora. La más importantes es, tal vez, el cambio de culpa levísima por culpa leve, en caso de incumplimiento de contrato. Esta modificación fue aprobada por unanimidad. Quiero hacer presente a la Sala que la Cámara Chilena de la Construcción formuló dos observaciones: La primera, que los contratos entre los privados y el Serviu para estas prestaciones y contraprestaciones deberán llevar, a modo de garantía, la firma del ministro. La Comisión escuchó atentamente a los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción durante una jornada completa y, finalmente, resolvió que eso no era pertinente, toda vez que hay contratos en curso y en plena normalidad. La segunda fue planteada durante la discusión del artículo 35, que pasa a ser 33. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras Públicas, señor Vicente Domínguez, señaló que era partidario de establecer en la ley la facultad de los Serviu y de las municipalidades para estipular restricciones o limitaciones al celebrar nuevos contratos, porque, después de firmado el contrato de prestación y contraprestación, podrían aparecer otras obras que pudieran competir con estos negocios. El diputado José Antonio Galilea, cuya participación fue una de las más importantes en la discusión y elaboración del proyecto, dijo que era inevitable que el Estado ejecutara obras, las que, finalmente, terminarían compitiendo con las de los privados que habían ganado las concesiones, pero que pensaba que era un hecho imposible de prever y que esas dificultades deberían ser asumidas por el concesionario. Otros diputados planteamos que en estas licitaciones se conocen las reglas del juego, y que no podíamos dejar atados de manos a los Serviu o a los municipios para que continúen realizando obras de mejoramiento. Por ejemplo, si un privado invierte en obras destinadas a diversión, esparcimiento o cultura en un determinado parque o territorio, no se le puede impedir por ley a un municipio o a los Serviu que realicen una obra similar en un lugar cercano. Puede haber diversos criterios sobre la materia, pero se supone que la ley fija los marcos generales. Por lo tanto, se adoptó el criterio de la Comisión y no la sugerencia de los concesionarios de obras públicas. El último artículo, el 34, introduce diversas modificaciones al decreto ley Nº 1.305, de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda, con la finalidad de adecuar su normativa al funcionamiento de este sistema. Finalmente, la Comisión tuvo en consideración no sólo la idea matriz del proyecto, sus fundamentos y la idea de avanzar en el mejoramiento de la calidad del espacio urbano público, sino que, además, trabajó con la convicción de que, siendo las ciudades un eje de vida para las naciones, también lo son para el 85 por ciento de los chilenos, quienes tienen una necesidad evidente: mejorar sus condiciones desarrollo. De manera que este proyecto, que apunta a incentivar la inversión privada, abre un cauce para que ésta se materialice en el mejoramiento del espacio urbano. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, el proyecto ha sido muy bien informado por el diputado Patricio Hales, con quien hemos trabajado en los dos últimos períodos como titulares de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. Sólo deseo hacer algunas reflexiones relacionadas con los objetivos del proyecto. Tal como lo señaló el diputado Hales, tiene su origen en mensaje, y corresponde a una iniciativa del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales, quien nos acompaña esta mañana en la Sala. Cumplió su primer trámite constitucional en el Senado e ingresó a la Cámara en segundo trámite constitucional a comienzos del año pasado. En primer lugar, la iniciativa regula el régimen administrativo denominado “financiamiento urbano compartido”, en cuya virtud los servicios de vivienda y urbanización, dentro de las políticas, planes y programas del propio ministerio, así como también las municipalidades, dentro de su competencia, pueden celebrar contratos de participación, y la contraparte, llamada participante, se obliga a adquirir, ejecutar, operar o mantener obras de equipamiento comunitario u otras, tales como plazas, áreas verdes, parques, etcétera, a cambio de una contraprestación, que puede consistir en un derecho sobre bienes muebles o inmuebles o en la explotación de uno o más inmuebles u obras. En segundo lugar, regula el sistema de licitación para adjudicar el contrato de participación. En tercer lugar, establece mecanismos de inspección y sanciones y multas por incumplimiento del contrato. Por último, contempla un mecanismo de solución de controversias a mi juicio, es uno de los puntos más importantes entre los Serviu o las municipalidades y los participantes privados. El fundamento de la iniciativa dice relación con que, en la actualidad, más del 85 por ciento de los chilenos vive en ciudades, la mayoría de las cuales ha crecido de manera increíble en espacio físico y en número de habitantes. Dicho crecimiento se ha manifestado principalmente en el gran aumento de la cantidad de viviendas, lo que, a mi juicio, no ha ido acompañado de los servicios que el incremento poblacional requiere con tanta urgencia. Lo anterior ha determinado que nuestras ciudades hayan acumulado, año a año, un déficit cada vez mayor en aspectos tales como áreas verdes, vialidad, evacuación y drenaje de aguas lluvia problema que vivimos con mucha intensidad en algunos sectores de la Región Metropolitana, particularmente en comunas como La Florida, que represento en esta Corporación, espacios públicos y, en fin, en infraestructura urbana en general. En consecuencia, se trata de un verdadero pasivo urbano que es urgente revertir. ¿Cuáles son las principales obligaciones de las partes intervinientes? En primer lugar, los beneficios que pueden recibir los Serviu o las municipalidades del partícipe adjudicatario son: ejecución, operación o mantención total o parcial de una obra por un período determinado; entrega en propiedad de uno o más bienes inmuebles; entrega en propiedad de uno o más bienes muebles que estén destinados a los fines del contrato de participación; uso o goce por un período determinado de uno o más bienes inmuebles; uso o goce por un período determinado de uno o más bienes muebles que estén destinados a los fines del contrato de participación, y, por último, una suma de dinero, adicional a uno o más de los beneficios anteriores. En relación con las modificaciones generales que se le hicieron al proyecto, ya fueron comentadas por el diputado Hales. A mi juicio, uno de los aspectos más importantes es que el proyecto original sólo permitía celebrar estos contratos de participación a los Serviu, y el Senado incluyó a las municipalidades, lo que constituye uno de los avances sustantivos del proyecto. De manera que los municipios podrán celebrar directamente contratos de participación mediante el sistema de financiamiento urbano compartido, para lo cual el alcalde deberá contar con el acuerdo del concejo, que es un punto no menor. Otro aspecto que también concitó nuestra atención también fue mencionado por el diputado informante se refiere al sistema de licitación que se adopte, a fin de evitar la adjudicación de proyectos a empresas de escasa idoneidad, como ocurrió en el pasado en materia de construcción de viviendas sociales, ya que estos contratos suponen necesariamente una prolongación en el tiempo. Es decir, no son proyectos transitorios, sino obras que van a perdurar. Además, este tipo de contratos en algún minuto podrían generar el traspaso de activos, es decir, de bienes muebles e inmuebles, a un tercero. Una de las cosas que nos interesaba era cómo resolver el problema de las garantías para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato respectivo, pero, durante la discusión del proyecto en la Comisión, esta materia, después de ser discutida en profundidad, a mi juicio, fue bien resuelta. Es cuanto quería aportar al informe entregado por el diputado Hales. He dicho. El señor HALES.- Señor Presidente, pido la palabra por una cuestión de Reglamento. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor HALES.- Aunque reglamentariamente estoy autorizado, por deferencia a la Sala quiero informar que debo participar en la Comisión especial investigadora de las plantas de revisión técnica. Como soy diputado informante, quiero pedir la autorización de la Sala para ausentarme durante una hora, a fin de asistir a dicha Comisión. El señor SALAS (Vicepresidente).- Hay un acuerdo de la Sala para votar los proyectos al término del Orden del Día, a fin de que los diputados puedan asistir a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. De manera que su Señoría también puede asistir a la Comisión especial. El señor HALES.- Me refiero a que no podré responder consultas. El señor SALAS (Vicepresidente).- Los diputados tienen el informe en sus escritorios, de manera que pueden leerlo. Tiene la palabra el diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en verdad considero que el informe ha sido bueno, muy bien presentado. Creo que existe consenso en cuanto a que es necesario mejorar la calidad del espacio y del equipamiento urbano y a que tenemos que buscar nuevas modalidades para lograrlo. El modelo actual tiene muchas limitaciones y presenta un fuerte déficit porque está basado en un financiamiento público que no siempre es posible. Por lo tanto, los sectores en los cuales viven personas de menores ingresos siempre van quedando muy rezagados. Así, tenemos ciudades con muchos déficit, a pesar de todo lo que se ha hecho en pavimentación urbana y de los grandes avances logrados con financiamiento público en el curso de estos años. Entiendo que la idea que inspira este proyecto se fundamenta en el gran incremento experimentado por las concesiones de carreteras y ejes viales urbanos. Entonces, decimos ¿por qué no extenderlas al desarrollo de las ciudades? Y se nos propone un modelo respecto del cual llamo la atención de los diputados presentes en la Sala que no son muchos, por cuanto tiene muchos riesgos. Por lo mismo, este proyecto no puede ser aprobado sin discutirlo más a fondo. Aquí estamos haciendo transables bienes de utilidad pública o equipamiento comunitario; es decir, intercambiamos esos bienes, algunas prestaciones o contraprestaciones a cambio de obtener ciertas cosas. En muchos casos podría ser algo válido, pero los riesgos que ello implica son grandes. En el proyecto original podían hacerlo los Serviu y estaba orientado a obras mayores; pero el Senado lo hizo aplicable a obras menores. Por lo tanto, en un conjunto de situaciones puede ocurrir que la comunidad termine siendo seriamente perjudicada. Por ejemplo, un colegio sé cual es y podría mencionarlo puede decidir licitar e invertir en la multicancha o en el complejo deportivo que está al lado. Entonces, a cambio de eso, aparte de usarlo, puede cobrarles a los que viven alrededor. Aparentemente, suena muy interesante que la multicancha tenga mejor equipamiento y preste servicios a la comunidad. El colegio se va a quedar con la cancha y cobrará por su uso para los efectos de recuperar su inversión; pero la comunidad quedará limitada para acceder a ella, debido a que deberá pagar más de lo que está en condiciones de hacer. Y esto se va repetir en muchos barrios. En consideración a que estamos ante una lógica global que se relaciona con equipamiento y bienes urbanos, esto también se podría extender al manejo de los consultorios. El día de mañana un grupo de médicos de determinado sector podría decidir mejorar el equipamiento de dicho consultorio, y harían una propuesta. Entonces, deben participar en una licitación pública y ganarla. De manera que esto puede aplicarse a muchas otras cosas. Por lo tanto, lo que era bueno para los Serviu, al extenderlo a las municipalidades se entra a un conjunto de complejidades nuevas que el proyecto no aborda en detalle, ni regula de manera que no genere desproporciones; tampoco lo acota ni lo restringe para que no genere restricciones mayores. Cuando se habla de planes de desarrollo comunal, todos sabemos en qué consisten y que son muy genéricos. Por ejemplo, tengo mucho temor por una norma que hace mucho tiempo incluimos en otra ley y que permite a los municipios desafectar y modificar el destino de los terrenos que los urbanizadores entregan a la municipalidad. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Que los alcaldes, con un criterio de muy corto plazo, acuerdan cambiar el destino de esos terrenos y se los venden al urbanizador para que construya más casas. Sin duda, el urbanizador hace la cesión, sabiendo que se lo venderán de nuevo. He sabido que, en algunos casos, se transa antes de que esté construida la población, por lo que su valor es mucho más bajo que el que tendría si ya estuviera construida. De manera que, en aras del bien común, es necesario asumir las implicancias que pueden tener las micro, pequeñas, medianas y grandes decisiones que provengan de la diversidad de criterios de los alcaldes. En ese sentido, si miráramos hacia atrás y viéramos cuántos años se demoró la ciudad de Santiago en transformar el cerro Santa Lucía en lo que es hoy día, cuánto se demoró en construir el Parque Forestal y el cerro San Cristóbal, con todo lo que hoy puede ofrecer a la ciudadanía, comprobaríamos que existía un criterio de ciudad, de beneficio público y una visión de largo plazo. Los alcaldes no deben actuar con una lógica de corto plazo que sólo tenga que ver con su período. Lo que ocurrió en la comuna de Santiago cuando el alcalde Lavín decidió vender el agua porque necesitaba plata para hacer obras durante su período, demuestra algo tremendamente peligroso: la lógica de corto plazo de una autoridad en beneficio personal sin pensar en la ciudad ni en la comuna. Cuando legislemos sobre una multiplicidad de decisiones municipales, debemos incorporar cuestiones más específicas. Entre otras cosas, me parece que a nivel municipal, para cualquier decisión superior a las 500 UTM, el acuerdo debe ser adoptado, como mínimo, por dos tercios del concejo, y no por la simple mayoría, como establece el artículo 65. Eso puede ser válido para inversiones menores, que signifiquen operaciones inferiores a las 500 UTM, por ejemplo. En fin, hay que establecer un conjunto de restricciones. En realidad, no me convence mucho este enfoque global del Ministerio de Vivienda, porque si vemos el debate que hay en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, nos daremos cuenta de que va por otro lado: la generación de un sistema que capte plusvalías, a fin de compartirlas entre el inversionista y lo público; que no queden sólo para el inversionista. Muchas plusvalías derivadas de una inversión pública por ejemplo, el Metro, quedan para la inmobiliaria, el inversionista o el propietario, y el Estado no es capaz de captar nada a cambio. Si miramos la legislación norteamericana, veremos que eso no ocurre. Allí gran parte de las obras urbanas se financian sobre la base de compartir ese beneficio; en algunos casos, cincuenta y cincuenta; en otros, setenta y treinta. Hay distintos criterios. Colombia está aplicando el mismo sistema; incluso, está establecido en su Constitución Política. A partir de una inversión pública que beneficia a ciertos privados, éstos deben entregar una parte de ese beneficio para inversión urbana. Este sistema también se aplica en Brasil; pero allí está consignado en las leyes urbanas. Ésa es la tendencia de todos los enfoques modernos: la solidaridad urbana, la solidaridad territorial, establecida en las nuevas leyes de urbanismo francesas, y la manera en que se está haciendo la nueva intervención urbana, en el caso inglés. Considero necesario asumir también este enfoque. Creo que no hay ningún país que subsidie a los constructores de casas, como ocurre en Chile. ¿En qué país sucede eso? El año pasado se les regalaron 84 mil millones de pesos a los inversionistas de la construcción, y se les devolvió el 65 por ciento del IVA, incluso por los grandes edificios de lujo. ¿Por qué? Porque se piensa que con eso se estimula la construcción. Esos mismos 84 mil millones de pesos podrían haberse destinado a la demanda, a las personas que están optando a una vivienda. Sin embargo, se hizo por el otro lado, y eso genera distorsiones en el mercado. Además, cuando a través de los municipios estamos multiplicando decisiones, debemos asegurar que ellas respondan a una lógica general de ciudad y de comuna. Esto también es válido para los Serviu, y, tal como están planteadas, las definiciones pueden ser de buen criterio, o a la inversa. Por eso, hay que estudiarlo. Por último, no me convence mucho la idea de dejar sujeta a la buena voluntad, la posibilidad de captar recursos en las comunas más ricas o que atienden a segmentos de la población con mayores ingresos, porque los privados se interesarán en invertir allí, debido a que podrán cobrar por entrar a una plaza. Perdónenme, señores diputados; digo esto porque la Escuela de Economía de la Universidad Católica, en un seminario de la Cámara, planteó que debía cobrarse por entrar a las plazas y que éstas debían tener una administración privada. Acepto ese enfoque; pero creo que es complicado cuando lo público se va transformando en algo no tan público, puesto que es medido por la capacidad de comprar el uso de lo público. Lo que quiero decir con esto es que si en los sectores de más altos ingresos va a ocurrir lo que señalaba el diputado Hales, ¿cómo aseguramos que parte de esos beneficios vayan a otros sectores? ¿Se creará algún fondo de compensación que permita establecer que en otros sectores se hará una inversión de otra naturaleza? Considero necesario efectuar una segunda discusión sobre estas materias. No podemos aprobarlas y permitir que se conviertan en ley sin hacer una discusión que considere más escenarios y posibilidades. Por eso, he presentado un conjunto de indicaciones, con el propósito fundamental de asegurar que la iniciativa vaya a segunda discusión y de que en ella asumamos a cabalidad lo que implica incorporar a los municipios. No es lo mismo los Serviu, con decisiones de macrociudad, que los municipios, con decisiones micro. Muchas de estas decisiones pueden ser muy potentes; pero otras pueden ser muy contradictorias con el rol fundamental de los municipios, que es administrar las comunas en beneficio de todos y, por lo tanto, construir los espacios públicos y los equipamientos comunitarios, a fin de que quienes viven en ellas compartan, convivan y sean parte de una misma realidad, y no se vayan segmentando y segregando según su poder de compra e ingresos, dejando de lado la definición fundamental de ciudad: el lugar donde se conversa entre gente distinta y diversa. La materia amerita un segundo debate, y por eso he presentado las indicaciones ya mencionadas. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado José Antonio Galilea. El señor GALILEA (don José Antonio).- Señora Presidenta, mi intervención será muy breve y está motivada por la del colega Carlos Montes. Empiezo manifestando que celebro que en el trámite legislativo del proyecto se haya tomado la determinación, por lo demás, mayoritaria, de incorporar a las municipalidades en el sistema de financiamiento urbano compartido. Considero que es un paso modesto, pero importante en la dirección de apoyar el proceso de descentralización en Chile. Me habría parecido inexplicable haber excluido a los municipios de la posibilidad de hacer uso de este sistema, que puede llevar importantes inversiones a las comunas. Además, de alguna manera en este proyecto gracias a la modificaciones introducidas por el Senado, en cuanto a incorporar a los municipios al sistema de financiamiento urbano compartido hay una manifestación real de creer en las comunas, en los gobiernos locales y en el criterio y buen juicio de sus autoridades. Ahora, que los sistemas de esta naturaleza tienen riesgos, por cierto que los tienen. Cualquier sistema novedoso como éste, por lo menos en el ámbito de los espacios urbanos, trae consigo riesgos, y en la medida en que las decisiones se acerquen al nivel local, naturalmente esos riesgos pueden aumentar. En definitiva, es necesario ir avanzando en el otorgamiento de mayores facultades a las autoridades comunales, aunque ello implique riesgos. Creo que hay que quedarse con el avance del proceso de descentralización y elevar el grado de toma de decisiones a nivel regional y comunal, aun asumiendo los riesgos del caso, porque, al final del día, si no se asumen, el proceso de descentralización quedará estancado. Es muy valioso que esta idea se haya incorporado durante el trámite legislativo de la iniciativa y que, para los efectos de su concreción, haya sido acogida por el Ministerio de Vivienda. Por otro lado, básicamente por un problema de rentabilidad, no hay que hacerse demasiadas expectativas respecto de los beneficios que traerá a las comunas pequeñas este sistema de financiamiento urbano compartido. No puede escapar a nadie el hecho de que, con seguridad, las inversiones más importantes tenderán a localizarse en las grandes ciudades o comunas, donde existen mayores probabilidades de que el sistema genere rentabilidad a los inversionistas que deseen incorporarse a él. Pero, al igual que el sistema de concesiones de carreteras y de obras públicas, en general, a la larga esto beneficia directamente a las comunas más pequeñas, porque libera recursos del nivel central hacia éstas, que es lo que se quiere resguardar. Tal vez un inversionista no tenga mucho interés en llegar a un acuerdo con el municipio de alguna pequeña comuna, por ejemplo, de la Novena o Décima regiones, a fin de hacer uso de la idea matriz contenida en este proyecto. Es probable que eso no ocurra; pero si llega a suceder en la capital de la región, es decir, en Temuco o Puerto Montt para los ejemplos que he dado, sin duda permitirá liberar recursos al Ministerio de Vivienda, a fin de llevar a cabo obras de adelanto urbano en las comunas pequeñas. Comparo esto con lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas porque, en la práctica, es lo que ha ocurrido. ¿Por qué hoy todo el mundo celebra que los caminos secundarios de nuestras regiones estén en muy buen estado? Porque el Estado dejó de invertir gigantescas sumas de dinero en la Ruta 5 Sur o en los caminos más importantes, lo que ha permitido a dicho ministerio destinar más recursos a mejorar la red vial secundaria de las regiones. Si podemos trasladar una parte del efecto que se ha producido en el caso de las concesiones de Obras Públicas a las pequeñas comunas, habremos hecho una importante contribución al incorporar al Serviu y a las municipalidades, por las enormes expectativas de generar obras reales de mejoramiento urbano en los sectores más pobres, en los cuales, probablemente, no habrá en un principio interés en invertir. Me quiero quedar con este elemento del proyecto, porque, a ratos, en la muy interesante y profunda discusión que tuvimos en la Comisión de Vivienda, existía un poco la idea de que no había confianza en los municipios ni en el principio de la descentralización para incorporarlos. Me alegro mucho de que, finalmente, haya prevalecido ese criterio. No me habría parecido correcto que de una muy buena iniciativa, por la cual felicito al ministro de Vivienda, señor Ravinet, no hubiéramos sacado provecho en favor de los municipios. Me habría parecido una grave falencia. Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto, por considerarlo importante y de gran utilidad. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor ministro. El señor RAVINET (ministro de Vivienda y Urbanismo).- Señora Presidenta, por su intermedio, quiero partir agradeciendo la exposición del diputado informante, extraordinariamente completa, como asimismo las palabras de la diputada Lily Pérez y del diputado José Antonio Galilea, quienes participaron activamente en la Comisión junto al resto de sus integrantes, en un proyecto que, debo confesarlo, ha sido bastante mejorado en su redacción, en sus mecanismos de control y en su transparencia y eficacia. Agradezco el estupendo trabajo realizado, porque un texto, aprobado unánimemente por la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado y, posteriormente, por la Sala, esto es, tanto por los senadores designados como por los de los distintos colores políticos, con la revisión jurídica que eso implica, fue de tal manera bien analizado en el seno de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara, que muchas de sus disposiciones pudieron ser aclaradas, en especial las que aseguran la transparencia de los mecanismos de asignación de los contratos. Agradezco reitero a los integrantes de esa Comisión y muy particularmente al equipo de su secretaría técnica. Confieso estar muy sorprendido por algunos de los juicios que aquí se han dado. Siguiendo la teoría de que los bienes públicos no deben ser transados al sector privado, deberíamos proponer la derogación de la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que tan buenos rendimientos y efectos ha generado. Sólo una mentalidad muy retardataria, propia de los años 50, podría pensar en volver a la idea de que el Estado construye y fiscaliza todo. La ley de concesiones ha tenido un efecto notable. Ha permitido multiplicar por cuatro las dobles vías de las carreteras, y por seis, los caminos pavimentados; además, mejorar puertos, aeropuertos, y hoy, mejorar las cárceles. ¿Por qué impedir beneficios similares para las ciudades? El diputado José Antonio Galilea fue clarísimo al señalar que gracias a que el Estado ha podido ahorrar dineros que antes destinaba a las autopistas, hoy puede destinar recursos a mejorar notablemente la pavimentación de caminos secundarios. Eso es lo que está en la filosofía del proyecto; eso es lo que quisiéramos ver aprobado. En verdad, respetando la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Vivienda, quisiera que la Cámara se pronunciara con rapidez sobre la materia, de modo que el proyecto entrara así al tercer trámite constitucional para que, ojalá, se convirtiera en ley de la República al inicio de 2003, con el fin de permitir que los Serviu y los municipios puedan acogerse a sus beneficios. Se ha citado con profusión un popurrí de leyes internacionales de Estados Unidos, Francia, España sin indicar en qué consisten. En verdad, los ejemplos concretos que se han puesto no son necesariamente los más eficientes en América Latina. Por eso y sin perjuicio de debatir la materia, creo importante que la Cámara se pronuncie sobre ella. Se ha especulado sobre la iniciativa, interpretando en forma confusa su espíritu; se ha dicho que el proyecto estaría sólo orientado a grandes obras y no a obras chicas. Como autor, puedo decir que da para obras grandes y obras chicas, salvo que se interprete en forma “genial” por algunos integrantes de esta Corporación. El proyecto está dirigido a grandes parques urbanos, pero también a municipios, como el de Pichilemu, que quiere mejorar su costanera a través de unos cuantos casinos entregados en concesión, o a comunas muy pequeñas que, al concesionar el stand de una plaza o la ribera de un río, pueden generar recursos para mejorar el déficit urbano en materia de equipamiento. El proyecto apunta a lo grande y a lo pequeño. Por eso el Ejecutivo acogió la petición unánime de la Comisión de Vivienda del Senado para incorporar a los municipios, y no, como superficialmente se ha afirmado, para que aquéllos tengan más poder. Eso significa desconocer la ley municipal. Hoy, los municipios pueden concesionar el colegio aludido por un señor diputado; pueden cobrar por entrar a las plazas, pero el tema no es ése. Si se tiene desconfianza, plantéese modificar la ley orgánica de Municipalidades. El proyecto busca lo opuesto a lo mencionado en la Sala. Por un lado, establece, en primer lugar, la condición esencial de que la licitación sea pública, y mejora la transparencia y los procedimientos, y, en segundo lugar, la capacidad de prenda sobre la concesión y los flujos del contrato, de manera de hacerla más sólida, más transparente y más estable. Afirmo que no se está concediendo una facultad más a los municipios cuánto quisiera que se les diera muchas más, sino que simplemente se está reglamentando de mejor manera el otorgamiento de concesiones que autoriza su ley orgánica. Me preocupa este ánimo de desconfianza en relación con los municipios, como si los integrantes de la Cámara o de los ministerios fuéramos más capaces y probos que los del sistema municipal. La República de Chile, en su democracia, se va a construir en la medida en que se descentralice, en la medida en que se acerquen las decisiones a la gente, en la medida en que haya confianza, transparencia, fiscalización y probidad. No creo que por dejar las cosas a nivel central Congreso o Presidente de la República, necesariamente la eficiencia sea mejor. Los tiempos modernos apuntan a la descentralización y no a la concentración que defiende un pequeño grupo de “iluminados” que creen tener la verdad y dar cátedra sobre lo que debe hacerse a lo largo del país. En mi opinión, el proyecto constituye un esfuerzo por captar recursos privados, en la misma línea en que lo hace la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Incorporar inversión privada en las ciudades no significa capacidad de privatizar colegios, plazas o consultorios, porque eso lo pueden hacer hoy los municipios, como se ha reconocido en la Cámara, pero ése no es el tema en discusión. Queremos que los municipios tengan un mecanismo de licitación pública más transparente en la asignación de las concesiones. En ese sentido, el proyecto, lejos de empeorarla, mejora la gestión municipal. En consecuencia, solicito a la honorable Cámara que lo apruebe para que la futura ley pueda aplicarse en 2003. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor González. El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).- Señora Presidenta, el proyecto establece instrumentos muy importantes para el desarrollo urbano, mediante la incorporación del esfuerzo mancomunado de los sectores público y privado. Sin embargo, no contempla la incorporación del financiamiento privado de acuerdo con sus propias leyes y a su arbitrio, sino a través de una alianza entre ambos sectores para desarrollar las ciudades, en la cual el sector privado procurará velar por sus propios objetivos y el sector público tratará de cautelar los intereses generales que representa. En ese contexto, es pertinente y acertado haber incorporado a los municipios en el proyecto, pues se encuentran en una gran desventaja en la aplicación de los sistemas de concesiones. Las concesiones del Ministerio de Obras Públicas cuentan con una serie de normas, facilidades y procedimientos que no se aplican a las concesiones municipales, las que en la actualidad no se hallan suficientemente reguladas. Las municipalidades tienen más dificultades para concesionar que el Ministerio de Obras Públicas, por lo que ojalá el sistema que tiene dicha cartera para concesionar también pueda aplicarse a los municipios, habida cuenta de una aplicación constructiva y creativa. Por lo tanto, las indicaciones que se presenten deberían apuntar a establecer las facilidades y posibilidades de garantías y de articulación con el sector privado que se otorgan al sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, las cuales le han permitido ejecutar sus obras. Por otro lado, es importante tener en cuenta que existe una gran superposición de facultades entre los organismos nacionales, regionales y municipales, las cuales se entrecruzan de tal modo que muchas veces los municipios se ven afectados por decisiones de nivel nacional y regional que, la mayor de las veces, no son las más acertadas para las comunas. En consecuencia, lo mismo que se dice en cuanto al peligro o al riesgo de que una decisión de carácter municipal pudiera afectar el interés público, debiera señalarse en cuanto a las decisiones y a la intervención de los niveles centrales. A veces, es muy peligroso que el nivel central tome decisiones o intervenga a nivel de los municipios sin contemplar la debida participación del nivel comunal. De hecho, se han cometido muchos errores históricos en las ciudades por no haber contemplado la participación municipal. De esta manera, la necesaria articulación entre los distintos niveles del Estado, así como la entrega de facilidades a las municipalidades para que puedan concesionar, en el marco de entregar cada vez más facultades descentralizadas a los organismos que tienen que decidir en relación con la vida comunal, deberían formar parte de la lógica y de la línea de orientación de las ideas matrices de los proyectos que aprueba la Cámara de Diputados. En ese sentido, en la actualidad una verdadera línea de descentralización debiera entregar cada vez más facultades a los municipios para que decidan sobre las materias que son de su competencia. Al respecto, no deberíamos temer que esas facultades vayan a ser mal utilizadas. Pero si tenemos ese temor, la solución no está en no entregárselas a las municipalidades, sino en fortalecerlas, en capacitar más a su personal y en dotarlas de más recursos para la participación de la comunidad. En ese sentido, creo que la iniciativa podría incorporar mecanismos de participación comunal similares a los de los proyectos medioambientales. Es decir, habría que establecer mecanismos de comunicación para que cada vez que se presen ten proyectos de financiamiento compartido, la comunidad entregue sus observaciones y aportes para el desarrollo de los mismos. Por lo tanto, me inscribo plenamente en la línea de argumentación dada a conocer tanto por el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales como por el diputado señor José Antonio Galilea, en el sentido de que, para resguardar el interés público en las facultades que entrega el proyecto a los municipios, habría que fortalecer, sobre todo, sus mecanismos de participación y su institucionalidad. No debemos tener desconfianza respecto de las municipalidades, porque si existen planes de desarrollo comunal y estrategias de desarrollo regional adecuados, no tenemos que pensar, a priori, que los municipios, en forma persistente, vayan a equivocar sus decisiones. En consecuencia, debemos aprobar el proyecto en los términos presentados por el Ejecutivo, a fin de fortalecer las posibilidades de la alianza públicoprivada para el desarrollo de las ciudades, en el entendido de que el sector público tendrá que cumplir con sus funciones, y el sector privado, con las suyas. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero reconocer que el trabajo efectuado por la Comisión en relación con el proyecto, contó con la permanente asesoría y compresión de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, quienes colaboraron en el esclarecimiento de los problemas y en la proposición de soluciones que realmente ayudaran a mejorar la iniciativa. Tal como lo señaló el diputado informante, el proyecto busca obtener financiamiento privado para obras de construcción en aquellos sectores de la ciudad que, de otra manera, continuarían abandonados o formando parte de las denominadas áreas grises. Dicho financiamiento privado tiene algunas condicionantes, aspecto del cual da cuenta la iniciativa. Como se trata de áreas urbanas, no podríamos pensar en el cobro de peajes, como sucede con las concesiones de las vías intercomunales o interprovinciales. Por lo tanto, hablamos de contraprestaciones, mediante la entrega de servicios, de terrenos, de posibilidades de implementar obras y otras facilidades que se darían a la empresa privada a cambio de su inversión. Por otra parte, se establece que los proyectos deben estar dentro de los planes y programas de los Serviu y que las municipalidades tendrán que actuar de conformidad con sus planes de desarrollo comunal. Ésa fue una indicación presentada en la Comisión, respecto de la cual particularmente insistí, porque hay muchos municipios que hoy todavía no cuentan con planes de desarrollo comunal. Como en ocasiones es difícil establecer prioridades en cuanto a inversiones y, por lo tanto, también hacer atractivos aquellos lugares que queremos ofrecer para ser financiados por el sector privado, nos pareció muy atingente establecer que los municipios actúen dentro de sus planes de desarrollo comunal. Si bien ello parece obvio, no lo es tanto, desde el momento en que hay muchas municipalidades que aún no cuentan con ellos. No voy a entrar en mayores detalles, porque tanto el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales como los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron al proyecto, pero quiero decir que hubo algunas aprensiones por parte del sector privado, como, por ejemplo, que la firma, en el caso de los Serviu, fuera sólo del director del Serviu; y en el caso de los municipios, sólo del alcalde. A sus representantes les parece mejor y más fácil para obtener financiamiento si las firmas corresponden a las de los ministros de Vivienda y de Hacienda, como lo establece la ley de concesiones, dados los cuantiosos montos que se comprometerán en los proyectos urbanos que se van a financiar con este sistema compartido. Parece exagerado que todos los contratos sean firmados por los ministros, en circunstancias de que lo que se busca, como se señaló, es la descentralización y que cada región pueda disponer con independencia de los terrenos o proyectos que quiera llevar adelante. Lo mismo sucede con los municipios. Durante la discusión del proyecto, se concordó en la necesidad de mejorar los sistemas de control, tanto municipales como de los Serviu, no sólo respecto de las licitaciones que se declaren desiertas y se presten a malas interpretaciones, por decir lo menos, sino también de las asignaciones. Y como se trata de buscar transparencia, se suprimió el artículo 5º introducido por el Senado, que permitía la posibilidad de declarar desierto un concurso o una licitación y, después, asignar el proyecto a un tercero. Eso generaba desconfianza respecto del sistema, puesto que operó en otros casos. Por desgracia, nunca se puede dejar absolutamente establecida la transparencia. Por lo tanto, se prefirió señalar que si la licitación resultaba desierta, se podría llamar a otra, con todos los antecedentes, de manera que se respete el derecho de los postulantes de participar. El proyecto llevará progreso a las ciudades porque permitirá al Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales invertir en los sectores más pobres y que más necesitan. Los lugares más acomodados o con mejores condiciones socioeconómicas serán más atractivos para las empresas privadas. Por lo tanto, se utilizarán mejor los recursos públicos. Muchas gracias. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señora Presidenta, la discusión me recuerda la maravillosa frase del urbanista inglés Kevin Lynch, quien decía que “lo importante en la ciudad y en los pueblos es que, aunque no estén construidos la plaza, los paseos peatonales y los equipamientos comunitarios, el espacio exista”. Y el proyecto, con mucha fuerza por eso hay que apoyarlo con gran entusiasmo, entrega un instrumento de gestión concreta a los municipios, a los Serviu, a las instancias regionales. Como le conté al diputado Delmastro, estuve de visita en Valdivia y troté por su costanera, que es muy corta. Va de puente a puente. Cuando fui alcalde de Rancagua, mantuve difíciles diálogos con la Contraloría, a propósito del intento de llevar a cabo un proceso el diputado señor Barros lo conoció de renovación urbana por la vía de las concesiones, a pesar de las dificultades. Muchas veces faltó coordinación entre el municipio y el Serviu. Otras, surgieron voces en el sentido de que eso podría prestarse para negocios privados. Se remodeló replicando lo que el proyecto de ley pretende un segmento de la alameda de Rancagua. El sector privado invirtió el equivalente al 15 por ciento. Le resultó un mal negocio. Pero se hizo una obra de remodelación importante en la ciudad y no se distrajeron los recursos del pavimento participativo ni del combate a la pobreza. Lo ha dicho bien el ministro: hay que desatar las energías de nuestro país sin temores, y este instrumento lo hace; no hay que llenarlo de centralización. Lo digo por las aprensiones de un señor diputado. Chile es un país que no permite a los municipios endeudarse ni emitir bonos; que no permite que los gobiernos regionales puedan constituir empresas mixtas ni ser parte de universidades. Estamos llenos de limitaciones. El proyecto significará un instrumento de gestión territorial moderno. Es, además, creativo, porque en período de baja en los recursos, con un acuerdo político que se va a prolongar hasta el año 2005, recién se lograrán nuevos ingresos para los municipios. Por otra parte, si la ley entrara en vigencia a comienzos de 2003, muchos municipios podrían realizar gestiones para atraer recursos del sector privado y así lograr el bien común. El profesor de urbanismo señor Lisandro Silva decía: “Hay una clave en la gestión pública: lograr negocios privados con virtudes públicas”. Esto abre una posibilidad de asociación o alianza de enorme relevancia. Por lo tanto, llamo a dejar de lado las aprensiones y a votar por unanimidad a favor del proyecto. Termino señalando que Chile no tiene los instrumentos legales que existen en otros países, como los impuestos de planificación e impacto urbano de mejoramiento de un área. Asimismo, hay un municipio del barrio alto cuestionado por negociaciones previas con una inmobiliaria. A veces, ello se debe a la falta de instrumentos más transparentes que permitan ocupar espacios públicos para bienes de uso común. Esto ayuda a transparentar. Por eso, vamos a apoyar, con mucho entusiasmo, el proyecto de ley. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Cerrado el debate en general. La votación se efectuará al término del Orden del Día. Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos: La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley sobre financiamiento urbano compartido. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado en general el proyecto. Se deja constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido de 67 votos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado, ÁlvarezSalamanca, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Errázuriz, Escobar, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Rebolledo, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Como el proyecto ha sido objeto de indicaciones, debe volver a la Comisión correspondiente. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Todas las indicaciones que se transcriben a continuación tienen por autor al diputado señor Montes. Al artículo 1º 1. Para eliminar la referencia a las municipalidades en sus tres incisos. Al artículo 2º 2. Para eliminar la inclusión de las municipalidades en sus incisos primero y segundo. 3. Para reemplazar, en su inciso segundo, la frase: “el Alcalde correspondiente deberá contar con el acuerdo del Concejo” por “el Alcalde correspondiente deberá contar con el acuerdo de 2/3 del Concejo cuando la operación sea superior a 500 Unidades Tributarias Mensuales y con sujeción a lo etablecido en el artículo 65 de la ley Nº 18.695 para las operaciones de menos de 500 Unidades Tributarias Mensuales.”. Al artículo 3º 4. Para eliminar, en su inciso tercero, la referencia a la Municipalidad. Al artículo 5º 5. Para eliminar, en sus incisos primero y tercero, la referencia a las Municipalidades. Al artículo 7º 6. Para eliminar, en su inciso final, la referencia a la Municipalidad. Al artículo 10 7. Para eliminar en su inciso primero y en la letra i) de su inciso segundo, la referencia a la Municipalidad. Al artículo 11 8. Para eliminar la referencia a la Municipalidad. Al artículo 12. 9. Para eliminar la referencia al Alcalde. Al artículo 13. 10. Para eliminar, en su letra c) de su inciso segundo y en el inciso final, las referencias a la Municipalidad. Al artículo 15 11. Para eliminar las referencias al Alcalde y a la Municipalidad. 12. Para eliminar las referencias al Alcalde y a la municipalidad en el resto del articulado del proyecto. PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN. Primer trámite constitucional. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Diputado informante de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano es el señor Boris Tapia. Antecedentes: -Mensaje, boletín Nº 301114, sesión 21ª, en 30 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1. -Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 13ª, en 5 de noviembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 12. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor TAPIA.- Señora Presidenta, el objetivo principal del proyecto de ley es establecer una presunción de conocimiento respecto de la aprobación de los anteproyectos y del otorgamiento de los permisos de construcción que efectúan las direcciones de obras municipales, mediante un procedimiento voluntario de publicidad, con el objeto de otorgar certeza jurídica a los inversionistas del sector de la construcción y de dar a conocer al público la existencia de ciertas gestiones administrativas vinculadas a dicha actividad. En efecto, en el mensaje se sostiene, por una parte, que los anteproyectos y permisos de construcción, instituciones fundamentales de la actividad inmobiliaria, constituyen actos administrativos de especial importancia en cuanto a los efectos que producen en las decisiones y compromisos de inversión de los agentes inmobiliarios, y, por otro lado, se agrega que, en el último tiempo, algunos permisos aprobados han sido impugnados por terceros interesados cuando el proceso de construcción se encontraba en estado muy avanzado, con lo cual se ha afectado a un conjunto de inversiones y decisiones empresariales ya consumadas, lo que ha producido fuertes pérdidas y ha afectado la confianza en la actividad inmobiliaria. Los objetivos básicos que se mencionan en el mensaje son los siguientes: 1.Establecer un procedimiento de publicidad con el objeto de dar a conocer al público ciertas gestiones administrativas vinculadas a la actividad de la construcción, tales como la aprobación de un anteproyecto y el otorgamiento de una autorización, de un permiso de edificación, de urbanización o de un cambio de destino de un edificio existente. 2. Determinar una fecha a partir de la cual se cuenten los plazos que las leyes consagran para impugnar los respectivos actos administrativos. 3. Otorgar certeza a las gestiones administrativas publicitarias, evitando que se afecte la estabilidad de nuestro sistema jurídico-administrativo. Para cumplir con los propósitos señalados, el mensaje propone introducir modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, mediante un artículo único, compuesto de tres números, cuyo contenido es el siguiente: En el número 1 se propone incorporar un inciso segundo, nuevo, al artículo 4º, con el objeto de establecer que las interpretaciones de los instrumentos de planificación territorial que las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo emitan, en el ejercicio de sus facultades, regirán a partir de su fecha de emisión, y que deberán evacuarse dentro de los plazos que señale la ordenanza general. En el número 2 se propone reemplazar el inciso séptimo del artículo 116, con el propósito de incluir, dentro de las actuaciones que requieren aprobación del director de obras municipales, los anteproyectos de edificación o de urbanización o cualquier proyecto futuro, a fin de dar mayor precisión al ámbito de aplicación de la norma, favoreciendo la seguridad jurídica de los propietarios. En el número 3 se propone agregar un artículo 116 bis C, nuevo, con la finalidad de disponer que el propietario a quien le sea aprobado por el director de obras municipales un anteproyecto u otorgada una autorización o un permiso de edificación, de urbanización o de cambio de destino de un edificio existente, podrá informar al público sobre dichas gestiones administrativas mediante el procedimiento de publicidad que regula la misma norma. Asimismo, preceptúa que las direcciones de obras municipales deberán exhibir un listado de los anteproyectos aprobados y los permisos otorgados, con indicación de los que se hubieren acogido al procedimiento mencionado. Del mismo modo, regula un procedimiento de publicidad simplificado que será aplicable respecto de anteproyectos o permisos de edificación, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios, y de anteproyectos o permisos de subdivisiones o loteos de terrenos. Finalmente, consagra una presunción de derecho respecto del conocimiento de las actuaciones publicitadas, de conformidad con el procedimiento que se señala en este número. En la discusión habida en la Comisión se valoró el hecho de que, a través de la iniciativa, se establece un procedimiento para determinar una fecha cierta a partir de la cual se entienda conocido el permiso de construcción por todas las personas, de modo que se comiencen a contar todos los plazos legales para reclamar respecto de esa actuación. Para tales efectos, el proyecto establece un procedimiento de publicidad, de carácter voluntario, con el objeto de permitir su utilización por las empresas que desean tener certeza respecto de sus inversiones. Una vez transcurrido el plazo que se señala en el articulado del proyecto, la dirección de obras municipales respectiva emite un certificado en el que consta que, hasta la fecha de su emisión, no ha ingresado un reclamo de ilegalidad ni se ha notificado judicialmente un recurso de protección que recaiga sobre la gestión publicitada. En razón de lo anterior, se destacó que el proyecto contribuye a llenar un vacío legal que hasta la fecha había provocado perjuicios a los inversionistas y a las empresas constructoras, toda vez que éstas solicitan créditos bancarios para ejecutar las obras y que la paralización de las mismas, cuando se decreta una orden de no innovar, implica una gran pérdida financiera. Sin embargo, hubo consenso entre los diputados integrantes de la Comisión, en que con este solo procedimiento los vecinos no pueden tener claridad respecto de la forma en que serán afectados por una edificación y del perjuicio o molestia que les causará. En efecto, si bien la determinación de una fecha cierta a partir de la cual se deben contar los plazos para impugnar los permisos de construcción, otorga certeza a los inversionistas que financian las obras, se suscitan dudas acerca de si dichos plazos son razonables y suficientes para presumir que los vecinos han comprendido a cabalidad la incidencia que para ellos tendrá dicha obra en construcción. En razón de lo anterior, se concordó en la necesidad de que la iniciativa debiera propender hacia un equilibrio justo, en virtud del cual el empresario inmobiliario tenga certeza para realizar su inversión y, en forma simultánea, se resguarden los derechos de los vecinos que pueden verse afectados. Por otra parte, se valoró el hecho de que se disponga que las direcciones de obras municipales deben mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con las aprobaciones o permisos, toda vez que hasta la fecha no existe esa posibilidad. No obstante lo anterior, la Comisión consideró que, dentro de la obligación de informar al público acerca de la aprobación u otorgamiento de anteproyectos, subdivisiones y permisos de edificación, debiera incluirse la de poner en conocimiento de dichas actuaciones al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente en forma previa a la publicación del aviso en el Diario Oficial. De este modo, se propone garantizar la información a los entes representativos y, por medio de ellos, a la comunidad. Por otra parte, se estimó que este procedimiento de publicidad debiera establecerse con carácter general en la ley, de modo de evitar la regulación excesiva que se contiene en el articulado del proyecto, la que es más propia de un reglamento. Durante la discusión en particular, se recogieron las inquietudes planteadas en el seno de la Comisión por medio de una indicación sustitutiva, que reemplaza el texto del artículo único, patrocinada por la diputada señora Eliana Caraball y por los diputados señores José Antonio Galilea, Patricio Hales, Carlos Montes y Boris Tapia, cuyo tenor consta en el proyecto aprobado por la Comisión. Dicha indicación sustantiva tiene por objeto introducir las siguientes modificaciones en el artículo único: a) Efectuar correcciones formales en los números 1 y 2; b) Consagrar, en forma separada, en el número 3, nuevo, la obligación de las direcciones de obras municipales de exhibir nóminas que den cuenta de la aprobación de los anteproyectos, subdivisiones y permisos, y de informar de ellas al público, al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente, y c) Establecer, en el número 4, que corresponde al número 3 del mensaje, las características principales del procedimiento de publicidad y dejar entregada a la ordenanza general la reglamentación del mismo. Se hace presente que el artículo único del proyecto, que fue objeto de una indicación sustitutiva, fue aprobado, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los integrantes presentes en la Comisión. Cabe señalar que la Comisión determinó que el proyecto no contiene artículos que deban votarse con quórum especial y que no requiere cumplir trámite en la Comisión de Hacienda. El proyecto fue tratado y acordado en las sesiones celebradas los días 2, 16 y 30 de octubre de 2002, con asistencia de la presidenta de la Comisión, diputada señora Eliana Caraball, y de los diputados señores Sergio Aguiló, José Antonio Galilea, Patricio Hales, Jaime Jiménez, Iván Norambuena; de la diputada señora Lily Pérez, y de los diputados señores Víctor Pérez, Alberto Robles, Boris Tapia y Gonzalo Uriarte. Concurrieron a las sesiones, en calidad de reemplazantes, los diputados señores Javier Hernández y Carlos Montes. Debo destacar la excelente colaboración que prestaron a la Comisión los funcionarios directivos del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada Eliana Caraball. La señora CARABALL (doña Eliana).- Señora Presidenta, la idea fundamental que tuvo el Ejecutivo a la vista para mandar este proyecto a tramitación a la Cámara fue, simplemente, fijar una fecha cierta a partir de la cual se pudiera entender conocido por todos el procedimiento que se seguirá respecto de una determinada construcción, y asignar a los instrumentos administrativos, como permisos, anteproyectos, etcétera, la calidad que tienen. Por lo tanto, que cuando éstos se utilicen en procedimientos judiciales, se sepa a partir de qué fecha pueden empezar a aplicarse o si están caducos. Me explico: una actitud podría ser la de una persona que, de repente, se da cuenta de que un edificio de doce o más pisos le molesta, porque le tapa el sol o proyecta sombra sobre su terreno. Pero manifiesta su molestia ante los tribunales después de que se construyen esos doce pisos, y su explicación puede ser que andaba por Europa y que llegó hace dos días. Presenta un recurso de protección, esperando que la corte, por tratarse de bienes cuantiosos, pueda acoger una orden de no innovar y, por lo tanto, paralizar las obras. Esta es una situación extrema que produce un daño enorme a la construcción, por cuanto los créditos involucrados están devengando intereses diarios y cada paralización significa un daño adicional. Finalmente, lo más probable es que la corte determine que el permiso está bien dado y que la construcción está bien hecha, pero ya el daño está hecho. Por otro lado, si consideramos que la comunidad tiene derecho a saber qué tipo de construcciones se van a hacer en su entorno, pareciera que faltara un instrumento como el que hoy discutimos a objeto de informarla y también para dar certeza jurídica a los juicios que eventualmente pudieren iniciarse. En la discusión del proyecto se introdujo una modificación que, a mi manera de ver, mejora sustantivamente la situación actual, puesto que se hace obligatorio para las direcciones de obras municipales, publicar, a la entrada del recinto que ocupan, una lista de todos los proyectos aprobados durante el mes anterior, de manera que cualquier vecino que quiera saber cuál es la situación dentro de su comuna, simplemente debe dirigirse a la dirección de obras correspondiente, leer ese listado y, si hay algún proyecto que le llame particularmente la atención, puede solicitar al director o a algún funcionario que le explique en qué consiste, y así podrá iniciar acciones si le parece que dicho proyecto pasa a llevar sus derechos. Fundamentalmente, esto se hizo por lo siguiente: avisar a los vecinos por medio de una carta certificada era un trámite bastante engorroso, por cuanto no había certeza de que efectivamente les llegara. Hubo una discusión bastante larga acerca de dónde se dejaba la carta si no había quién la recibiera; si se tiraba por debajo de la puerta o se ponía sobre la reja, etcétera. Son detalles, pero, de alguna manera, van enardeciendo a la opinión pública cuando se trata de temas que la afectan. Buscamos una solución bastante definitiva, cual es reitero que la dirección de obras entidad encargada de dar los permisos sea la que publique todos los meses los proyectos que aprobó, de manera que cualquier vecino, informado en detalle, pueda actuar si, eventualmente, se ve atropellado en sus derechos. Esto es un subproducto del proyecto, porque no lo traía originalmente, y creemos que es muy útil. Por supuesto, el objetivo fundamental del proyecto es que deja a voluntad del empresario el hecho de hacer pública la condición de que su obra, de tales y cuales características, la va a iniciar en tal fecha, lo cual protege sus intereses, por cuanto, cumplidos los requisitos que la ley establece esto es, de tantos días en un lugar público y, después, en el Diario Oficial, se entenderá que toda la comunidad tuvo conocimiento sobre las características del proyecto y contó con un plazo de sesenta días para hacer sus observaciones, a contar de la fecha de publicación de los antecedentes. El proyecto va en la línea correcta de lo que significa la interacción entre los inversionistas, el sector privado y la comunidad, puesto que, hoy, la falta de información es la que produce mayores roces y molestias. Sin duda insisto, la iniciativa va en la línea correcta. Fue aprobada por la unanimidad como destacó el diputado informante, tanto en general como en particular. Por tanto, ojalá la Sala la apruebe exactamente igual. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, la discusión de este proyecto en la Comisión de Vivienda nos motivó a todos y nos produjo bastante entusiasmo, porque dice relación con un tema muy relevante: la información y el acceso a ella por parte de la gente, de los vecinos que, el día de mañana, serán afectados cuando se comience, sobre todo, la construcción de un edificio o de una obra de gran impacto urbano y social. El proyecto tuvo una sola indicación sustitutiva, porque, en general, nos pareció bastante bien desarrollado y acertado en su presentación. Diría que lo más importante es que los vecinos no van a ser sorprendidos, como habitualmente ocurre, cuando vean, por ejemplo, el inicio de las obras de un edificio de veinte pisos con una publicidad fantástica que señala todas las bondades de la nueva construcción; pero la gente nunca alcanza a imaginarse los perjuicios que puede tener ella. Por eso, cuando se pone énfasis en que las empresas constructoras, con carácter voluntario, van a poder hacer publicidad respecto de sus proyectos, hay que aclarar que uno de los aspectos que más se discutió en la Comisión es que esa información debe ser muy transparente y fidedigna. Quiero hacer mucho hincapié en que para nosotros es muy importante que la información que den las empresas constructoras e inmobiliarias con respecto al desarrollo de sus proyectos sea fidedigna, porque, muchas veces, un proyecto que se anuncia como fantástico, termina siendo tal que, en vez de arreglar la vida de los vecinos, produce conflictos, porque genera problemas de acceso a la luz natural, de seguridad, e incluso afecta la plusvalía de las propias viviendas. A mi juicio, el proyecto apunta en la línea correcta, puesto que permite a los vecinos mayor acceso a la información, con prevenciones respecto de la publicidad, de los letreros y del envío de cartas certificadas. Además, hace un par de años, con un grupo de parlamentarios enviamos este proyecto a la Comisión de Vivienda para que allí se estudiara que cualquier modificación al plan regulador que afectara clara y seriamente la calidad de vida de las personas, también fuera comunicada a través del correo certificado. Por esa razón, como lo ha dicho el diputado informante, Boris Tapia, aprobamos por unanimidad esta iniciativa y esperamos que la Sala también se pronuncie en el mismo sentido, porque reitero va en la línea correcta, y, de alguna forma, contribuirá a disminuir los juicios. Hoy, cuando los vecinos se sienten afectados, pueden recurrir ante los tribunales de justicia, aunque, en honor a la verdad, muy poca gente puede hacerlo, porque no tiene dinero para contratar a un abogado. Por tanto, las empresas serias sin lugar a dudas, la mayoría van a querer evitar las contiendas en los tribunales y van a optar por informar en forma clara, transparente y fidedigna a los vecinos respecto de los proyectos que les puedan afectar. Por lo demás, esas contiendas son muy largas, caras y burocráticas o terminan en nada, porque insisto los vecinos no tienen apoyo jurídico para interponer una demanda. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Tiene la palabra el señor ministro. El señor RAVINET (ministro de Vivienda y Bienes Nacionales).- Señora Presidenta, quisiera agradecer, por su intermedio, al diputado informante su muy completa exposición, como asimismo a las diputadas señoras Eliana Caraball y Lily Pérez, quienes, al igual que otros señores diputados, aprobaron el proyecto por unanimidad en el seno de la Comisión. Sus integrantes mejoraron la redacción del proyecto original, simplificando, además, los trámites por realizar para cumplir con sus objetivos. Por tanto, agradezco nuevamente a los integrantes de la Comisión el trabajo realizado en cuanto a perfeccionar la idea del Ejecutivo en esta materia. Respecto de la duda planteada acerca de qué tipo de información debe publicarse en el Diario Oficial o informarse a los vecinos y al concejo, debe ser precisamente el anteproyecto o proyecto aprobado por el respectivo municipio. Así se señala en el articulado del proyecto; cualquier otra información sería no cumplir con lo establecido en la iniciativa. He dicho. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Cerrado el debate. Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos a fin de efectuar la votación. Se suspende la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión: La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley que establece un procedimiento de publicidad para gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Como este proyecto no ha sido objeto de indicaciones, propongo a la Sala votarlo en general y en particular. Acordado. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Dado que muchos votos no se han registrado, se va a repetir la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Aprobado en general y en particular. Despachado el proyecto. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Díaz, Errázuriz, Escobar, Espinoza, García (don René Manuel), GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Meza, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta. VI. PROYECTOS DE ACUERDO INVESTIGACIÓN SOBRE MERCADOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES. La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 132. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 132, de los diputados señores Pérez, don Aníbal; Saffirio, Vargas, Lagos, Encina, Galilea, don Pablo; Villouta, Vilches, Leal y Tapia: “Considerando: Que es un hecho público y notorio que en el país ha existido, en los últimos años, una espiral de alzas en el precio de los combustibles derivados del petróleo. Que la ciudadanía tiene serias dudas sobre la corrección de los procedimientos empleados por los agentes del mercado de la distribución y venta de combustibles, quienes trasladan con especial celo y rigurosidad las alzas en los precios de sus productos y no así las disminuciones de los precios de referencia que proporciona la Empresa Nacional del Petróleo. Que el mercado de la producción y distribución del petróleo y de sus derivados es imperfecto como fruto de la posición dominante de los proveedores en el mercado y de la dependencia externa de nuestro país de los carburantes importados. Que, pese a que se han dado a conocer múltiples denuncias sobre la existencia de posibles concertaciones de precios o, derechamente, de abuso de posiciones dominantes en el mercado unas formales y otras de carácter medial hasta el momento no ha habido iniciativas públicas por parte de los organismos encargados de resguardar el cumplimiento de la ley Antimonopolios y de Derechos del Consumidor para defender los intereses sociales en juego. Que existe, de parte del Estado, el derecho y, además, el deber de proveerse de los medios institucionales más idóneos para asegurar el buen desempeño de los mercados, como es propio del modelo de libre empresa que gobierna la economía nacional. Que, en consecuencia, se hace necesario que una comisión especializada, como es la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, efectúe una investigación a fondo de la realidad del mercado de combustibles derivados del petróleo que establezca y califique el desempeño que les ha correspondido a los organismos públicos encargados de velar por el imperio de las leyes sobre libre competencia y de derechos de los consumidores en esta materia. Asimismo, deberá indagar las posibles falencias normativas existentes en esta campo y proponer las modificaciones legales pertinentes, así como recomendar las medidas de carácter meramente administrativo que han de adoptar los órganos de la Administración Pública. La Cámara de Diputados acuerda: Mandatar a la Comisión de Minería y Energía para que, en calidad de Comisión Investigadora, estudie el mercado de la distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo, indagando, en particular, el desempeño que han tenido los órganos estatales encargados de asegurar la libertad y la transparencia de los mercados en la investigación y persecución de posibles infracciones del decreto ley N° 211, ley Antimonopolios como, asimismo, las acciones llevadas a cabo por parte del Servicio Nacional del Consumidor y por el propio Ministerio de Economía para asegurar la legalidad de las actuaciones de los agentes privados involucrados. La Comisión deberá, además, examinar el estatuto jurídico aplicable a este mercado, inquiriendo las posibles falencias normativas existentes y proponiendo las modificaciones legales pertinentes. Para el desempeño de este encargo, la Comisión tendrá el plazo de sesenta días corridos, el que podrá prorrogarse por acuerdo de la Sala. Para el cumplimiento del mandato, la Comisión podrá citar a funcionarios públicos e invitar a personas con conocimientos o intervención relevantes en este mercado”. El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, este proyecto fue redactado con anterioridad a la presentación hecha por el fiscal nacional ante la Comisión Resolutiva para acoger las peticiones que diversos parlamentarios hemos formulado a la fiscalía nacional en cuanto a determinar inequívocamente que hay una violación a la ley Antimonopolios por parte de las grandes empresas distribuidoras de combustible líquido en nuestro país. El fiscal nacional no ha acogido una parte de la presentación que habíamos hecho en relación con la concordancia de precios, porque después de la investigación fue difícil probar, pese a los antecedentes pormenorizados que diversos parlamentarios entregamos en los distintos períodos, que existió dicha concordancia. Sin embargo, el fiscal económico hace una denuncia que es bastante grave: las trabas que se colocan en el acceso al mercado de los combustibles líquidos. Ello conlleva la imposibilidad en la práctica de que nuevas empresas y nuevos actores ingresen al mercado para garantizar mayor competencia y así regular la libre competencia en un sector en el cual, permanentemente, los usuarios tienen la percepción de que se concuerdan los precios o de que cuando se genera una baja en el mercado internacional de los combustibles, en particular del precio del petróleo, ella no se revierte en el usuario, y de que, generalmente, cuando se produce un alza, ésta es más o menos semejante en todas las empresas distribuidoras de combustibles. Por estas razones, cabe destacar, en primer lugar, que el fiscal económico está cumpliendo con su cometido. Sin embargo, espero que aprobemos la ley que reemplaza a la Comisión Resolutiva por un tribunal de libre competencia, a fin de vigilar aún más el proceso, pues un mercado, para ser competitivo, requiere, además, ser transparente. Mientras tanto, me parece importante que la Comisión de Minería y Energía pueda abocarse a discutir este tema y a tomar conocimiento de la situación real que se vive en el mercado de los combustibles líquidos. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, apoyamos este proyecto de acuerdo, que faculta a la Comisión de Minería y Energía de esta Cámara para investigar el tema de los mercados de distribución y comercialización de los combustibles, porque creemos que ello es absolutamente necesario, en primer lugar, por las fluctuaciones de precio que ha habido en los mercados internacionales. En segundo lugar, porque la normativa que hoy rige y que tiene una parte importante en relación con los precios libres para que vendan los distribuidores, tiene como referencia el precio que la Comisión Nacional de Energía y la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, fijan semana a semana. Como es de gran utilidad, llamo a los señores parlamentarios a apoyar este proyecto, porque nos va a permitir esclarecer el mercado de los combustibles. Además del estudio y la investigación que se haga al respecto, ver las posibilidades de flexibilizar los impuestos que están afectando a la venta de los combustibles. Estamos convencidos de que si apoyamos este proyecto, lograremos un importante avance, en el cual los grandes beneficiados serán los propios usuarios de combustibles. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación el proyecto de acuerdo Nº 132. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: ÁlvarezSalamanca, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Espinoza, GarcíaHuidobro, Jaramillo, Jarpa, Kast, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Martínez, Meza, Molina, Mora, Ojeda, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta. ADOPCIÓN DE MEDIDAS FRENTE A ACUSACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES FORMULADAS EN CONTRA DE LA INDUSTRIA EXPORTADORA NACIONAL. El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 133. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 133, de los diputados señores Recondo, Alvarado y Galilea, don Pablo: “Considerando: Que Chile se ha dado una institucionalidad medioambiental basada en la ley de Bases del Medio Ambiente, que garantiza que todas las actividades económicas y productivas deben someterse a los requerimientos y exigencias de la ley, que hace sustentables las intervenciones a través de actividades productivas compatibles con nuestro nivel de desarrollo y que nadie puede eludir. Que la legislación chilena ha ido incorporando exigencias para las actividades productivas y las inversiones públicas y privadas en cada una de las normas sectoriales, lo cual permite el objetivo de hacer sustentable cada una de ellas y mantener la biodiversidad y los equilibrios de los ecosistemas intervenidos. Que el desafío implícito en los criterios que nuestro país ha definido para dictar las normas medioambientales cumple el propósito compartido por la sociedad en su conjunto, el cual es compatibilizar en forma adecuada y armónica los conceptos de crecimiento económico y de respeto al medio ambiente y la biodiversidad. Que igual criterio y propósitos han inspirado la legislación laboral vigente, que ha sido modificada y perfeccionada en forma permanente, de manera de dar adecuada protección al trabajador y crearle condiciones de dignidad y de retribución justa. Todas estas normas han sido siempre concordadas con la legislación internacional, los tratados y las normas universalmente aceptadas a través de las organizaciones internacionales de trabajadores. Las normas laborales vigentes, igual que las normas ambientales, han perseguido mantener exigencias que permitan condiciones de competitividad y de productividad en las empresas, compatibles con las exigencias de la globalización e internacionalización de la economía chilena. Que el Estado de Chile debe garantizar a toda la población nacional y también a la comunidad internacional que la institucionalidad chilena en materias de medio ambiente y laboral se cumple y que para ello existen los mecanismos de fiscalización y control del cual el propio Estado es responsable y garante. Que los crecientes niveles de competencia internacional en la producción de todo tipo de bienes y servicios y, por lo tanto, el también creciente intercambio comercial y la conquista de mercados para esos bienes y servicios han obligado a organismos como la OMC y otros que hagan concordar a los países en normas que hagan transparente y fluido el comercio internacional. Que los países desarrollados, promotores de la mayor libertad de comercio y de apertura económica, han visto muchas veces amenazadas sus cuotas de mercado por parte de economías emergentes que aspiran a conquistarlos. Como una forma de reaccionar en defensa de sus mercados, en especial cuando son sobrepasados por economías más competitivas o por industrias especificas más eficientes y productivas, surgen las acusaciones de “dumping”. Se han hecho cada vez más frecuentes las acusaciones de “dumping” laboral y “dumping” ambiental. Que la industria chilena del salmón y la industria forestal han sido objetivos permanentes de los ataques de organizaciones internacionales y nacionales, que, bajo el rótulo de ambientalistas o en una pseudodefensa de los trabajadores, las acusan de no respetar las normas laborales y ambientales, de manera de desplazarlas de los mercados donde han conquistado una cuota con eficiencia y competitividad. En los últimos días y en especial en momentos difíciles del país, donde todo el mundo exige sacrificios, hay quienes están haciendo campañas en contra del empleo. Tal es el caso de la fundación TERRAM y la fundación Amigos de la Tierra, las que en Norteamérica, así como en Europa, se han dedicado a desprestigiar las exportaciones de salmón chilenas, alegando que los trabajadores chilenos no cumplen con las normativas medioambientales respecto de la elaboración de sus productos. Que, al revisar las declaraciones y las acusaciones hechas por este tipo de instituciones, llama la atención que sean hechas precisamente por algunas cuyas fuentes de financiamiento son totalmente desconocidas. Por otra parte, sorprende que estas declaraciones y acusaciones se hagan en los países desarrollados y en contra de productos y trabajadores chilenos, favoreciendo a las empresas y accionistas de países desarrollados que son menos competitivos en la elaboración de estos productos. Que es indispensable recalcar que, para resolver este problema, es necesario que el Gobierno y la Oposición, los empresarios y los trabajadores trabajen unidos en defensa de nuestros productos cuando cumplen con todos los estándares nacionales e internacionales vigentes. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al Presidente de la República que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores a fin de que se confiera un certificado diseñado especialmente para que las empresas exportadoras puedan acreditar que cumplen con todas las normas legales que Chile establece para desarrollar alguna actividad económica. Frente a casos de acusaciones infundadas de ONGs, tanto nacionales como extranjeras, es menester que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgue el certificado en forma expedita, con copia al embajador o representante diplomático del país donde se materializa la acusación y con instrucciones imperativas a las representaciones diplomáticas de Chile ante esos países para que lo difundan en todas las instituciones u organismos que tengan vínculo o relación con la industria amenazada. En caso de que la acusación sea genérica, dirigida en contra de la industria del país, sin distingo de empresas, ha de ser el Gobierno de Chile quien preste la colaboración y los soportes tanto técnicos como financieros a las organizaciones que representan a esa industria para que emprendan su defensa. Solicitar, además, que el Gobierno de Chile colabore en la elaboración de todas las acciones judiciales que los trabajadores y productores chilenos puedan interponer en contra de los promotores de las campañas pseudoambientales y laborales.” El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, cada vez es más reconocido el importante aporte de la industria salmonera al desarrollo de la economía nacional, en general, y a las regiones del sur, en particular. Como todos sabemos, se trata de una actividad que exporta alrededor de 1.000 millones de dólares al año y cuyas expectativas a futuro se basan en el crecimiento y en una mayor inversión. Así las cosas, es posible duplicar las actuales cifras de exportación. El desarrollo de esta industria tiene su origen no sólo en las ventajas comparativas que esta actividad sustenta en el sur del país, basadas en las condiciones naturales para desarrollar la acuicultura, sino, además, en la exitosa gestión de las empresas, en particular por el aporte hecho por los trabajadores en pos del desarrollo de esta industria. Ellos, que en forma directa o indirecta suman más de 45 mil trabajadores, han aportado en forma creciente a la especialización y competitividad del sector, lo que ha posibilitado que la industria haya conquistado amplios mercados en el mundo. Estos logros han despertado reacciones en los mercados internacionales, como acusaciones de dumping, las que primero surgieron en Estados Unidos y luego en algunos países de la Unión Europea. Adicionalmente, organizaciones no gubernamentales han iniciado campañas en contra de este sector industrial, para lo cual argumentan el hecho de que las industrias nacionales no cumplen con las normas ambientales vigentes. No obstante, todos sabemos que nuestro país se ha dado una institucionalidad medioambiental moderna, a la que todas las empresas se deben someter. Así las cosas, las acusaciones y las campañas internacionales no tienen verdadero fundamento. Por esa razón, es necesario que el Estado avale a estas empresas que, en el desarrollo de sus faenas, cumplen con la normativa medioambiental vigente. En los últimos meses hemos sido testigos de campañas llevadas adelante por determinados organismos de ciertos países para impedir que el salmón chileno llegue a sus mercados. Esas acciones han sido impulsadas precisamente en países donde Chile compite en condiciones ventajosas gracias al mejor desarrollo de su industria, lo que le ha permitido repito conquistar esos mercados. Esta situación de menoscabo debe ser reparada por el Estado. Por esa razón, se ha solicitado que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un instrumento diseñado especialmente para el efecto, emita, cuando se generen este tipo de acusaciones, un certificado que garantice que las empresas que funcionan en Chile cumplen con la institucionalidad medioambiental exigida, de modo que pueda ser difundido a través de las embajadas y organizaciones que nuestro país mantiene en esos países, y cumpla con el objetivo de neutralizar las campañas que tanto daño ocasionan a una industria que, como señalé al inicio de mi intervención, ha sido tan exitosa y que ha generado una importante cantidad de empleos. Sin duda, esa situación continuará siendo favorable en la medida en que podamos contrarrestar los efectos negativos de campañas de la naturaleza mencionada. Por los argumentos invocados, la Cámara debiera aprobar el proyecto de acuerdo, sobre todo atendido el hecho de que existe una opinión consensuada respecto de los aportes que entrega la industria salmonera. En los próximos días, la Comisión de Pesca viajará a la Unión Europea a plantear lo inconveniente que resulta formular acusaciones infundadas. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Escalona, Escobar, Espinoza, GarcíaHuidobro, González (doña Rosa), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Meza, Molina, Norambuena, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Quintana, Rebolledo, Recondo, Robles, Rojas, Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vilches, Villouta y Von Mühlenbrock. PROGRAMA DE APOYO A LAS LIGAS RURALES Y CAMPESINAS DE FÚTBOL. El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo siguiente. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 134, de los señores Espinoza, Robles, Saffirio, Pérez, don José; Paredes, Barros, Aguiló, Forni, Bustos y Prieto. “Considerando: Que, sin ninguna duda, el deporte aficionado de mayor masividad y popularidad que se practica en el país es el fútbol “amateur”, que se desarrolla, fundamentalmente, a través de las diversas federaciones, ligas o asociaciones, que, a su vez, están integradas por miles de clubes, organizados en torno a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, constituyendo una actividad deportiva que agrupa a más de medio millón de deportistas cada fin de semana. Que, en este marco deportivo aficionado, existe una red particular y paralela de organización ligada de manera directa y estrecha a las actividades rurales, agrícolas, campesinas o, derechamente, precordilleranas: las ligas rurales, las campesinas o, en el caso del norte, las andinas, compuestas mayoritariamente por trabajadores, campesinos, temporeros, agricultores, ganaderos y pastores. Que estas ligas reproducen las particularidades propias de quienes las integran y, por ello, en medio de extensas jornadas laborales y el desarrollo de tareas durante todos los días de la semana, existe el espacio para la práctica de esta actividad deportiva, constituyéndose no sólo en el único momento de esparcimiento y recreación de los trabajadores de las zonas rurales, sino también, de hecho, en un espacio de reunión y de disfrute colectivo de sus grupos familiares, formando parte de su identidad social, regional y cultural. Que estas ligas campesinas o rurales constituyen el sector más desfavorecido del fútbol aficionado, toda vez que su distancia o lejanía de los grandes centros urbanos los alejan también de los apoyos institucionales, gubernamentales, municipales y sectoriales y, lo que es peor, los distancia de los recursos que les pudieren permitir fortalecer su organización, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de infraestructura y equipamiento. Por esta razón, los pocos recursos que manejan son utilizados en la adquisición de sus vestimentas deportivas y en el traslado que les significa interrelacionarse deportivamente con otras zonas rurales. La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar al Subsecretario de Deportes que desarrolle una política específica orientada a los deportistas campesinos, que masivamente practican el fútbol aficionado, por medio de la creación de un Programa de Apoyo a las Ligas Rurales y Campesinas, que se traduzca en la destinación de fondos por la vía de presupuestos permanentes y fondos concursables, para el fortalecimiento y desarrollo de la actividad deportiva rural, especialmente considerando el impacto social y cultural que ésta genera.” El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA.- Señor Presidente, junto a un grupo de parlamentarios pertenecientes a todas las bancadas, hemos presentado esta iniciativa por razones que consideramos muy importantes. Gran parte de los diputados presentes representamos a distritos de características eminentemente rurales. Cuando visitamos nuestras zonas durante la semana distrital o en cumplimiento de nuestras actividades normales, nos percatamos de que la única actividad de esparcimiento y recreación que se desarrolla en los diferentes campos de nuestro país se relaciona con la actividad deportiva, organizada a través de las ligas campesinas rurales. Todos estamos en conocimiento de que el Gobierno ha hecho importantes esfuerzos, a través de Chiledeportes, para mejorar la actividad deportiva. No obstante, consideraríamos de mucha relevancia apoyar esta iniciativa, la que persigue oficiar al subsecretario de Deportes, señor Arturo Salah, a fin de desarrollar una política específica orientada a los deportistas campesinos que masivamente practican el fútbol aficionado por medio de la creación de un programa de apoyo a las ligas rurales y campesinas que tengan carácter regional. Hoy, los clubes deportivos rurales prácticamente están imposibilitados de acceder a recursos del Estado, por cuanto tienen que postular en igualdad de condiciones a las iniciativas concursables, lo que no les es posible, ya que no cuentan con capacidad para hacerlo. Por eso, consideramos de mucha importancia esta iniciativa, la que esperamos que sea complementada por los colegas que, de una u otra forma, puedan apoyarla. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, seré muy breve, a fin de que, si la Sala lo tiene a bien, pueda intervenir a favor del proyecto el diputado señor Barros. Simplemente, quiero agregar dos antecedentes a los entregados por el diputado señor Fidel Espinoza. En el mundo campesino, el desarrollo del deporte, en particular del fútbol, es una poderosa herramienta para combatir dos problemas: uno, el flagelo del alcoholismo, derivado de la falta de oportunidades y de la dureza de la vida campesina. Las cifras son inquietantes en regiones rurales. En el caso de la Novena Región, prácticamente el 44 por ciento de los hombres son bebedores-problema, y el deporte es una manera complementaria de sacar a la gente de este mal o de evitar que los niños y los jóvenes caigan en él. En segundo lugar, está el problema de la atomización del mundo campesino. Hoy existe debilidad en las organizaciones populares urbanas y rurales. Muchas veces, y lo hemos visto en la práctica, en torno al fútbol florecen las organizaciones. El club deportivo se organiza en una comunidad rural, se construye una sede, la gente comienza a conocerse y en torno a ello florece una multiplicidad de otras organizaciones que hacen un gran bien no sólo a sus afiliados, sino también a la calidad de vida comunitaria y al capital social de este país. Por estas razones, complementarias de las que ha dado el diputado señor Espinoza, la Sala debiera dar su apoyo a este proyecto de acuerdo. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para dar la palabra al diputado señor Ramón Barros, uno de los autores del proyecto de acuerdo. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra, señor diputado. El señor BARROS.- Señor Presidente, para el mundo rural es de importancia suprema el hecho de que nos preocupemos también de que tenga actividades con financiamiento permanente. Solamente en mi distrito, el 35, funcionan más de 1.500 clubes deportivos rurales y una cantidad creciente de escuelas de fútbol. Por lo tanto, con la bancada de la UDI apoyaré con entusiasmo este proyecto de acuerdo, que de alguna manera persigue que tengamos presupuestos permanentes para una actividad que, sin lugar a dudas, es la más popular y la que concita la mayor cantidad de participantes en el mundo rural. Además, con iniciativas de esta naturaleza, de alguna manera ayudaremos a superar problemas de alcoholismo y de drogadicción de nuestra juventud. Por lo tanto, espero que el Ejecutivo tenga a bien oficiar al subsecretario de Deportes para éste implemente una política en favor del mundo deportivo rural y campesino. Agradezco la oportunidad de haber hecho uso de la palabra. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo. ¿Habría acuerdo? Aprobado. VII. INCIDENTES CONSTRUCCIÓN DE CASETAS SANITARIAS EN VIVIENDAS MAPUCHES. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, en la comuna de Los Sauces, de mi distrito, hace aproximadamente dos años se inició un programa especial de viviendas mapuches, así como también en las de Lumaco y Purén, de la Novena Región. Con mucha visión, el alcalde de Los Sauces consiguió fondos para agregar casetas sanitarias a esas viviendas mapuches, pero lamentablemente la empresa tuvo problemas económicos y hasta el momento esas casas no se han entregado, si bien algunas pocas han sido ocupadas por sus propietarios. Este programa de casetas sanitarias rurales ha sido bien considerado por el Gobierno, y hace algún tiempo se nos dijo que existía la posibilidad de concretar estos programas, en el sector campesino, como un programa nacional. Por lo tanto, pido oficiar al ministro del Interior para consultar en qué situación se encuentra, en Los Sauces específicamente, la entrega de viviendas rurales con sus casetas sanitarias. Asimismo, oficiar a los ministros de Vivienda y de Hacienda para saber si hay alguna posibilidad de que a futuro se cree un programa nacional de construcción de casetas sanitarias para el sector rural porque se trata de una buena medida. Por otra parte, los organismos internacionales están pidiendo mejorar las condiciones sanitarias de las viviendas rurales como una forma de asegurar que los productos agrícolas enviados al exterior no sean víctima de contaminación, lo que después significaría su rechazo. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Ojeda, Mulet, Tapia, Araya, Jaramillo, Rossi y de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda, Ximena Vidal y Laura Soto. ACTUALIZACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO. Oficios. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, hace aproximadamente dos meses se aprobó la nueva normativa sobre velocidad en el tránsito, tanto para las carreteras concesionadas de doble tránsito como para las de vías simples. Unas, hasta 120 kilómetros por hora, y otras, en los sectores urbanos, hasta 60 kilómetros, pero resulta que hay caminos, como los accesos a Nacimiento y a Renaico, y otras comunas, donde no se ha actualizado la señalización. Incluso, algunas personas me han comentado que Carabineros seguiría pasando partes porque la señalización en el camino se mantiene con la velocidad antigua, que lógicamente está obsoleta. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior para que haga presente a los municipios la necesidad de adoptar las medidas, a la brevedad, para regularizar los letreros de velocidad máxima. Asimismo, oficiar al ministro de Obras Públicas en lo que compete a esa cartera de Estado en algunos sectores cercanos al radio urbano de las comunas. Esto, por supuesto, no se refiere sólo a mi distrito, sino también a todas las comunas del país. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Ojeda, Mulet, Tapia, Araya, Jaramillo, Rossi y de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda, Ximena Vidal y Laura Soto. NO PAGO DE ASIGNACIONES ESPECIALES A FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE ATACAMA. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, quiero hablar de un tema que preocupa fundamentalmente a los funcionarios de la salud de mi distrito. Los funcionarios del Servicio de Salud de Atacama, quienes atienden a los habitantes de la Tercera Región, enfrentan un problema económico que, fundamentalmente, afecta a los choferes de ambulancias de los distintos servicios, y también a todos aquellos que los acompañan en los traslados de pacientes a las diferentes ciudades dentro de la región de Atacama, y también hacia otros destinos. Por ejemplo, por disposiciones del Ministerio de Salud, habitualmente ellos deben trasladar a pacientes a distintos establecimientos hospitalarios: de Antofagasta, de Coquimbo y de la ciudad de Santiago. Estimo que debiera reglamentarse con absoluta claridad el pago de horas extraordinarias de los funcionarios que participan en esos traslados, y también el pago de viáticos si realizan traslados más allá de la distancia que señala el decreto que regula los viáticos, porque no existe una disposición clara en esta materia. En particular, a los trabajadores que laboran en la ciudad de Vallenar, a pesar de que están dentro del mismo servicio de salud de Atacama, se les están aplicando criterios distintos de aquellos que rigen para los funcionarios que laboran en los hospitales de Huasco o Copiapó. En efecto, a aquellos les han cambiado las reglas del juego, toda vez que a muchos hoy no les están pagando viáticos y horas extraordinarias, en circunstancias de que se los cancelaban hasta hace algunas semanas. Por eso, solicito que se oficie al ministro de Salud, a fin de que informe de manera circunstanciada, con la mayor cantidad de detalles posibles, la forma en que se deben pagar las horas extraordinarias y los viáticos a los choferes y a los demás funcionarios del Servicio de Salud Atacama que realizan desplazamientos para el traslado de pacientes o cumplen órdenes de las autoridades respectivas. Asimismo, pido oficiar, con la misma finalidad, a la Contraloría General de la República, a fin de que ésta informe a este parlamentario de qué manera se deben pagar, reitero, los viáticos y las horas extraordinarias a los funcionarios que se desplazan por distintas ciudades, en los términos en que he señalado. Finalmente, solicito acompañar ambos oficios, para que sean más explícitos, con copia del texto de mi intervención. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada y los diputados de su bancada, señora Alejandra Sepúlveda, y señores Boris Tapia, Pedro Araya, José Miguel Ortiz; de la diputada y diputado del Partido por la Democracia señora Ximena Vidal y señor Felipe Letelier; del diputado del Partido Radical señor Alberto Robles; de los diputados del Partido Socialista señores Fulvio Rossi y Sergio Aguiló, y de quien habla. SITUACIÓN POLÍTICA Y NECESIDAD DE TRANSPARENTAR LA GESTIÓN DE DIPUTADOS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS EN ILÍCITOS. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra la honorable diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, a raíz de los últimos acontecimientos que han afectado a diputados de nuestro partido y de la Concertación, no puedo dejar de compartir algunos puntos de vista al respecto. No podemos quedarnos con la sensación de impotencia, de vergüenza o de rabia que nos provocó la denuncia de presuntas coimas y la eventual responsabilidad que puedan tener algunos de nuestros colegas con la anécdota, y tampoco quedarnos sin fuerza y energía suficientes para actuar, más que nunca, con una actitud firme, honesta y de cara a la ciudadanía. Estos hechos demostrarían algunas acciones oscuras del quehacer político, así como ha ocurrido en la Iglesia, las Fuerzas Armadas y también en otros organismos de la sociedad. También deberían servirnos para ser capaces de cambiar la forma de hacer política. ¿Cómo? Por ejemplo, tomando las medidas que está auspiciando el Gobierno para mejorar y transparentar la gestión previniendo, enfrentando y no tapando los actos de corrupción o ilícitos que se detecten o presenten en las instituciones y en la ciudadanía, en general. Debe quedar claro que éste no es un grave problema de la clase política de nuestros tiempos, como algunos quieren hacer creer, sino que de toda la sociedad, en su conjunto. Frente a esto, se hace necesario recalcar, de manera explícita y enfática, que ha sido el propio Gobierno el que, a través de los órganos correspondientes, se ha encargado de enviar y de promover, de manera ágil, los proyectos de ley que vayan en franco ataque contra el flagelo de la corrupción, cualquiera sea la forma y el sector político desde el cual proviene. Un ejemplo de esta afirmación es el proyecto de ley que controla el gasto electoral que está siendo exitosamente tramitado, como el que regula la contratación de obras y de funcionarios en los municipios; el que fija los honorarios máximos de los directivos de las empresas del Estado, establece las normas sobre declaración patrimonial que deben hacer los funcionarios públicos antes de proveer el cargo, y otros que el Ejecutivo irá implementando paulatinamente, a fin de hacer claro y posible el objetivo que se ha propuesto, cual es el del combate frontal a cualquier manifestación de corrupción. Éste es un problema de fondo y de forma. De ahí que el camino para recuperar la confianza en las personas y el sentido genuino de la política pasa necesariamente por recrear las acciones políticas. Entonces, si ello es así, también pasará por buscar las respuestas adecuadas para las realidades que vivimos en el siglo XXI. Es un largo camino que debemos estar dispuestos a reconocer y recorrer, lo que, de alguna manera, ya estamos haciendo, pero en forma errática y poco cohesionada, sin la visión consistente que entrega, también en la política, la manera de concretar la realización de los sueños. En cuanto recuperemos el contacto y la sintonía fina con nuestros manoseados valores, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, la cooperación, la libertad, el amor, la paz, seremos capaces de llevar a la práctica nuestros discursos y teorías. Tal vez sea básica y simple mi mirada, pero estoy convencida de que, con un lenguaje directo y con voluntad, a pesar de que nuestros valores son pesados y de alta densidad, seremos capaces de transformar el discurso en acciones que nos permitan cambiar la política y la cultura en lo que queremos y necesitamos para ser ciudadanos más felices. Debemos trabajar para que exista mayor igualdad de oportunidades, es decir, invertir para disminuir la falta de educación y de calidad de salud para todos. No podemos negar que, más allá de las encuestas, el Presidente Lagos y el Gobierno están bien evaluados por la ciudadanía, porque han sido coherentes en el discurso y en las acciones políticas y de gestión que, aunque a destiempo, han sido realizadas, no obstante la persistente mirada puntillosa de la Oposición que se fija más en los errores que en los innumerables aciertos que ha tenido y tendrá este Gobierno y en la acción ciudadana con que construimos, día a día, más democracia. Reconozcamos los logros y, junto con aplaudirlos, multipliquemos los esfuerzos por hacer un trabajo político creativo, sin miedo a realizar las transformaciones necesarias para responder adecuadamente a las expectativas de las ciudadanas y de los ciudadanos, quienes, igual que nosotros, se la juegan por hacer de este Chile un país mejor, más libre, justo y solidario. No nos defraudemos a nosotros mismos. Si creemos en esa opción, tengamos la voluntad para innovar; ejercitémonos para la acción y transformemos la política, porque cuando se tiene la fuerza de creer, todo es posible. He dicho. REANUDACIÓN DE IMPORTACIÓN DE CARNE DESDE ARGENTINA. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo. El señor HIDALDO.- Señor Presidente, durante los últimos días, especialmente el fin de semana, nos hemos enterado de que el Servicio Agrícola y Ganadero ha resuelto impedir el ingreso de carne de Brasil, específicamente del Mato Grosso, que representa el 30 por ciento del 68 por ciento de la carne que Chile importa desde ese país, debido a que allí se ha producido un problema zoosanitario. Anteriormente, se había impedido el ingreso de carne desde Paraguay, en circunstancias de que también está suspendida, desde hace un tiempo, la importación de carne desde Argentina. Esta resolución que, me imagino, es técnicamente loable desde todo punto de vista, ya que no quiero pensar que se trate de una situación eminentemente política que beneficiará a algunos, en perjuicio de todos los chilenos nos tiene tremendamente preocupados, porque significa que el precio de la carne subirá aproximadamente en 40 ó 50 por ciento, lo que ocasionará un doble perjuicio para todos los chilenos: primero, que esta alza de precio impedirá automáticamente que la gente pueda comprar la cantidad de carne que necesita; segundo, habrá un aumento del IPC, lo que pone en grave riesgo la meta antiinflacionaria fijada por el Banco Central y por el Gobierno, que considera que sólo llegue al 3 por ciento. Debemos recordar que el IPC ya llegó al 3 por ciento, pero restan dos meses para que termine el año. No creo que el IPC de esos meses sea tan negativo como para que baje esa meta del 3 por ciento, o permita mantenerla. Destaco esta grave situación, porque es correcto señalar que desde hace más de un mes y medio el SAG está en condiciones técnicas de reanudar la importación de carne desde Argentina. Por lo tanto, solicito oficiar al director del SAG y a los ministros de Hacienda, de Economía y de Agricultura, con el objeto de que nos informen por qué no se ha permitido el ingreso de carne desde Argentina, en consecuencia que no existen problemas zoosanitarios en la actualidad. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ojeda, Bertolino, Letelier, don Felipe, Rossi, Robles y Jarpa. REITERACIÓN DE ANTECEDENTES POR CONTAMINACIÓN DEL RÍO ELQUI. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, frente a una situación vivida hace 45 días y que, desgraciadamente, se ha repetido el 8 de noviembre recién pasado, debo informar a esta honorable Cámara y por ello reitero la petición de enviar una serie de oficios con el objeto de evitar que se repita la situación sobre la segunda contaminación de las aguas del río Elqui, Cuarta Región, a la altura de la quebrada Marquesa, ocurrida el viernes 8 recién pasado con relaves de la compañía minera Cobrex, que opera allí. Esta situación se vivió también el 22 de septiembre de 2002, fecha en la que, a través del diputado Encina y con la adhesión de otros diputados y de quien habla, se pidió a la honorable Cámara el envío de una serie de oficios a los respectivos ministerios para saber la forma en que se estaba enfrentando esa situación; oficios de los cuales, hasta el día de hoy, no hemos recibido respuesta. Ahora nuevamente se repite esta lamentable situación. La primera vez se derramaron ocho mil toneladas de material de relave y de alto contenido de fierro, manganeso, cobre y otra serie de micro-elementos, las que ocasionaron gravísimos perjuicios y daños a los usuarios del agua del río Elqui, que abastece preferentemente a la ciudad de La Serena y también a pequeños y medianos agricultores. Este material de relave se solidifica rápidamente y, además, es contaminante, por lo cual se originó una serie de embancamiento de canales y también pérdidas en el rendimiento de cultivos, muerte de plantas, impermeabilización del suelo e, igualmente, la muerte de fauna piscícola de la zona. Desgraciadamente, en las reuniones que han desarrollado las distintas instancias de la región, no se ha tomado en cuenta a la junta de vigilancia del río Elqui. Es así como ella tuvo que duplicar de 4 a 9 metros cúbicos por segundo la evacuación de aguas del tranque Puclaro para poder diluir esta contaminación, la cual la hizo perder 7 millones de metros cúbicos. A esta situación se suma una contaminación por, más o menos, tres mil metros cúbicos de relaves, por lo cual de nuevo se deberá evacuar otra cantidad de agua para poder diluirla. Hemos sabido que el comité de emergencia se habría reunido el viernes 8 recién pasado, oportunidad en la que tampoco, desgraciadamente, se invitó a la junta de vigilancia. Por ello, reitero mi petición de oficios a una serie de instituciones, entre ellas a la Conama, a los Ministerios de Obras Públicas, de Agricultura, de Minería y de Salud, para que nos informen, a través de la DGA, del SAG, de la Sernageomín y de la seremi de Salud de Coquimbo sobre cuál ha sido el daño y la evaluación de éstos ante estos dos hechos de contaminación de las aguas del río Elqui, qué información se tiene hasta el día de hoy y cuáles son las medidas que se han adoptado para evitar esta situación, ya que las tomadas en la primera oportunidad no dieron resultado, dado que se repitió la misma situación de que los relaves fueron a dar al río Elqui. También se publicó en el diario de la zona que se realizó una gira tecnológica a Estados Unidos, en la que participaron representantes de Sernageomín, DGA, Seremi de Salud Coquimbo y de Conama, a fin de estudiar y conocer el procedimiento para el cierre de minas o abandono de ellas. Son las mismas personas que debieron adoptar las medidas para que esta catástrofe no se hubiese repetido por segunda vez. Por tanto, solicito que los ministerios antes aludidos informen a la brevedad acerca de cuáles han sido las medidas tomadas, porque como se puede ver fallaron, ya que no fueron suficientes para evitar una segunda contaminación. También pido oficiar al ministro del Interior para que, a través del intendente, informe qué medidas se han coordinado y cuál fue el motivo para no incorporar a la junta de vigilancia del río Elqui, que agrupa a todos los pequeños y medianos agricultores, quienes han visto afectados sus cultivos por esta catastrófica situación de contaminación ecológica. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención. REALIZACIÓN DE ENCUESTA CAS POR MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo correspondiente al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra al diputado Jaime Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente, solicito que se oficie a la señora ministra de Mideplan, doña Cecilia Pérez, para que tenga a bien remitir a este diputado copia del informe que dicha repartición le hiciera llegar a la Contraloría General de la República en relación con algunas irregularidades detectadas en municipios de la región de La Araucanía, referidas a la encuesta CAS, en el cual se señala que existirían anormalidades que irían desde la aplicación de la encuesta hasta eventuales adulteraciones, situación sobre la que este diputado entregó, hace dos semanas, antecedentes preliminares a la Contraloría Regional. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría. PRECISIONES SOBRE RESPONSABILIDADES EN CASOS DE CORRUPCIÓN. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi. El señor ROSSI.- Señor Presidente, la corrupción debe ser combatida sin importar el lugar de donde provenga. Detrás de cada acto de corrupción y falta de probidad se esconde una sociedad que ha hecho de la acumulación de dinero y de poder, su Dios. El dinero se transforma en la mayor expresión de éxito y status. Pero debemos también apreciar que detrás de una coima, hay un privado ansioso de comprar la influencia política para favorecer sus propios negocios. ¡Cuidado con caer en la hipocresía de pensar que los hechos que hoy afectan a algunos miembros de la Concertación son sólo patrimonio de nuestro conglomerado! No debemos olvidar insisto que detrás de estos hechos está siempre un empresario inescrupuloso e, incluso, un dirigente empresarial. Son los mismos que fueron cómplices o encubridores de la estafa más grande del siglo: Javier Vial Cox, Rolf Lüder, Sergio Molina, César Valdés Zegers, Patricio Mayo Correa, Héctor Ovando, Juan Manuel Castro Cuevas, Carlos Bassino Galli y César Sepúlveda. Todos ellos, después de 19 años de proceso, han sido absueltos en un fallo de segunda instancia absolutamente cuestionable. Estos señores se robaron el dinero de miles de personas sencillas y modestas de nuestro país. Ahora salen a la calle, gozan de la más vergonzosa impunidad y no ha habido sobre esta situación ninguna cobertura relevante en los medios de comunicación. Hoy no deberán cancelar la multa de 600 millones de dólares que les impuso en el año 1997 el magistrado Rafael Huerta. Entonces, yo me pregunto: ¿la triangulación entre el Banco de Chile, el Banco Andino de Panamá y las empresas del BHC en Chile es menos grave que los hechos acaecidos recientemente? Estos personajes salen a la calle y nadie les dice nada, no los insultan ni les tiran monedas. Al parecer, los dos ministros de la Corte de Apelaciones que los absolvieron no tienen el mismo estilo del ministro Aránguiz o, quizás, es muy riesgoso enfrentarse a los grupos económicos que controlaban y aún controlan este país. Sin embargo, quiero destacar la tremenda entereza y valentía de la ministra Amanda Valdovinos, cuyo comportamiento en éste y en otros casos, nos hace seguir creyendo en la justicia. Hago un llamado a separar la paja del trigo, porque así como debemos combatir la corrupción con mano dura y drasticidad, de igual forma debemos defender a quienes son inocentes. Este último es el caso de nuestro colega y Segundo Vicepresidente de nuestra Corporación, Juan Pablo Letelier, hombre honesto cuya rectitud ha marcado su vida pública. Tanto es así que la petición por desaforarlo ha despertado el más profundo rechazo de la gente simple y sencilla que cree y confía en él. Por tanto, debemos tener cuidado incluidos nuestros ministros en no mezclar la paja con el trigo, porque una cosa es sancionar con dureza a los corruptos cosa que apoyo con fuerza y otra muy distinta es enlodar la honra de gente decente, más aún cuando sabemos que detrás de esto se esconden montajes y operaciones realizadas por oscuros personajes que operan con el único objetivo de dañar a ciertos sectores políticos y destruir las instituciones del Estado. He dicho. RESPUESTA A CRÍTICAS DEL SUBSECRETARIO DE SALUD. Oficios. El señor SALAS (Vicepresidente).- En nombre del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, la semana pasada solicité una audiencia para conocer, saludar y expresar el apoyo de la bancada Radical Social Demócrata a la gestión del nuevo subsecretario de Salud, doctor Antonio Infante. Junto al diputado Fernando Meza, concurrí a la cita, que había sido fijada para las 16 horas. Sin embargo, la secretaria del subsecretario nos informó que había salido a trámites personales. Con posterioridad, supe que, a esa misma hora, estuvo dando una teleconferencia, entre otras, a la Región de Atacama, a la cual represento. En dicha teleconferencia expresó opiniones que, en verdad, me parece importante que dé cuenta de ellas y nos explique las razones que las motivaron. El señor subsecretario señaló que el diputado que habla debiera preocuparse por trabajar más en beneficio de los electores que en defender, en la Cámara Baja, los intereses de sus colegas médicos, entre otras cosas. Al respecto, hago presente que la reforma de salud consta de seis proyectos, todos importantes. En la Comisión de Salud estamos votando el del Auge; en las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda, también estamos votando el proyecto de gestión y de recursos humanos; asimismo, debemos revisar el proyecto de ley de las isapres, su financiamiento y establecer los derechos y deberes de los pacientes. Quiero manifestar que soy un diputado de la Concertación, y como tal he estado discutiendo y votando esos artículos en términos de apoyar al Gobierno de la Concertación. Sin embargo, para que los proyectos satisfagan las necesidades de la población, no sólo hay que escuchar al Gobierno si eso fuera así no existiría Congreso para dictar leyes, sino a todos los sectores: a los gremios, a los usuarios, a las facultades de medicina de las universidades, a las escuelas de salud pública, etcétera. Lo hice, y los parlamentarios de las comisiones citadas con anterioridad hemos escuchado a la gente de los distintos sectores. Y para que lo sepa el señor Antonio Infante, la democracia permite estar en desacuerdo con algunos de los puntos planteados por el Gobierno. En ese accionar democrático, en lo que uno piensa cuando emite un juicio y da su voto, es en el bienestar de las personas a las que respondemos en definitiva. Nos debemos a ellas. Es muy importante que la gente conozca el accionar de sus diputados. En esa misma ocasión, la intendenta, señora Yasna Provoste, señaló que la gente debe saber lo que hace su diputado. Por ello, de cara a la gente de mi región y del país, aclaro que vamos a votar los proyectos de reforma de salud después de escuchar a todas las organizaciones y que prestaremos nuestro apoyo a todo lo que beneficia al país. Por cierto, escucharé al Colegio Médico y sus indicaciones, porque ése es mi deber como parlamentario; pero ese deber también involucra oír la opinión de otros sectores, lo que hemos hecho. Deseo aclarar al señor Antonio Infante que soy parlamentario de la Concertación y no de la Derecha. Y si él se fijara en las votaciones de todos los proyectos de ley, se daría cuenta de que mi votación, junto con la de la gran mayoría de los parlamentarios de la Concertación, siempre ha sido en apoyo de la gestión del Gobierno. He dicho. El señor SALAS (Vicepresidente).- Conforme a lo solicitado por su Señoría, se enviarán oficios al Presidente de la República y al ministro de Salud con la queja correspondiente y la adhesión de su bancada, de la UDI y de la Democracia Cristiana. CUMPLIMIENTO DE DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA ACERCA DE PROGRAMA “DESARROLLO TERRITORIAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO”. Oficio. El señor SALAS (Vicepresidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, en la Octava Región, junto con los diputados Jorge Ulloa, Iván Norambuena, Víctor Pérez y quien habla, hemos venido cumpliendo la labor que nos asigna la Constitución, cual es fiscalizar los actos de Gobierno. Es así como hemos hecho presentaciones a la Contraloría General de la República acerca de temas en los cuales se nos ha ido dando la razón. En esa dirección, denunciamos el mal uso de recursos en la gobernación provincial, irregularidades en el Servicio de Salud de Arauco y en la Unidad Eléctrica Rural. La Contraloría nos ha dado la razón. Lamentablemente, cuando hicimos esas acusaciones, la autoridad regional nos descalificó y dijo que estábamos actuando en forma politiquera, pero le hicimos notar que estábamos cumpliendo con nuestra labor fiscalizadora. Quiero informar que todas esas infracciones fueron dadas a conocer con mucha antelación a las que hemos visto durante el último tiempo. Por último, también denunciamos en su oportunidad, ante la opinión pública regional, que se estaba cometiendo un ilícito respecto de la creación del proyecto denominado “Desarrollo Territorial de la Región del Biobío”. En esa ocasión, los diputados mencionados con anterioridad sostuvimos que era un despropósito y un enorme despilfarro gastar 633 millones de pesos en la contratación de ocho funcionarios que, a todas luces, se veía que era innecesario, más aún si se considera que una región como la nuestra muestra los índices más altos de cesantía. Afirmamos que no correspondía aumentar la burocracia regional, en la cual ya tenemos al señor intendente, cuatro gobernadores, veintidós consejeros regionales, quince secretarios regionales ministeriales, cincuenta jefes de servicio, más los directorios de las empresas estatales. Reitero que esta denuncia la presentamos a fines de mayo del presente año. Esperamos con calma. La Contraloría confirmó lo que sosteníamos y con fecha 4 de noviembre concluyó: “Respecto de la ejecución del programa denominado “Desarrollo Territorial en la Región del Biobío”, que éste, por contemplar básicamente la contratación de personal para realizar las labores que se proyectan, no se ajusta a la normativa vigente sobre estas materias por las razones que en el citado dictamen se plantean y desarrollan”. Más adelante agrega: “En tal sentido, y sobre la base del citado pronunciamiento, este organismo contralor devolvió sin tramitar la resolución Nº 158, de 2002, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional”. Lo más preocupante es que informaciones de prensa publicadas en el diario “Crónica”, de la semana pasada, señalan que este proyecto continuó su marcha. Lo afirma el secretario ministerial de Planificación, don Haroldo Yévenes Por ello, en nombre de los diputados Ulloa, Norambuena, Víctor Pérez y de quien habla, solicitamos al Ministerio del Interior verificar con la autoridad regional el cumplimiento del dictamen de la Contraloría General de la República en cuanto al rechazo del programa “Desarrollo Territorial en la Región del Biobío”. Por último, hemos hecho estas denuncias en nuestra región, dando cumplimiento a nuestra labor fiscalizadora. Se ha tratado de interpretar esta situación como algo personal con la autoridad de la región. Nada más lejano de nuestra intención ni nada más lejano de nuestra obligación como diputados. Estamos cumpliendo con nuestra labor fiscalizadora y, si algo le molesta, corresponde que asuma su responsabilidad política y no llevar este asunto a un plano personal. Por lo anteriormente señalado, reitero nuestra petición de oficiar al ministro del Interior, a fin de que nos informe si se está ejecutando el proyecto denominado “Desarrollo Territorial de la Región del Biobío”. He dicho. El señor SALAS (Presidente).- Se enviará el oficio en los términos solicitados por su Señoría. Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión. --Se levantó la sesión a las 14.01 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.