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El señor SALAS (Vicepresidente).-
Los diputados tienen el informe en sus escritorios, de manera que pueden leerlo.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en verdad considero que el informe ha sido bueno, muy bien presentado. Creo que existe consenso en cuanto a que es necesario mejorar la calidad del espacio y del equipamiento urbano y a que tenemos que buscar nuevas modalidades para lograrlo.
El modelo actual tiene muchas limitaciones y presenta un fuerte déficit porque está basado en un financiamiento público que no siempre es posible. Por lo tanto, los sectores en los cuales viven personas de menores ingresos siempre van quedando muy rezagados. Así, tenemos ciudades con muchos déficit, a pesar de todo lo que se ha hecho en pavimentación urbana y de los grandes avances logrados con financiamiento público en el curso de estos años.
Entiendo que la idea que inspira este proyecto se fundamenta en el gran incremento experimentado por las concesiones de carreteras y ejes viales urbanos. Entonces, decimos ¿por qué no extenderlas al desarrollo de las ciudades? Y se nos propone un modelo respecto del cual llamo la atención de los diputados presentes en la Sala que no son muchos, por cuanto tiene muchos riesgos. Por lo mismo, este proyecto no puede ser aprobado sin discutirlo más a fondo.
Aquí estamos haciendo transables bienes de utilidad pública o equipamiento comunitario; es decir, intercambiamos esos bienes, algunas prestaciones o contraprestaciones a cambio de obtener ciertas cosas. En muchos casos podría ser algo válido, pero los riesgos que ello implica son grandes. En el proyecto original podían hacerlo los Serviu y estaba orientado a obras mayores; pero el Senado lo hizo aplicable a obras menores. Por lo tanto, en un conjunto de situaciones puede ocurrir que la comunidad termine siendo seriamente perjudicada. Por ejemplo, un colegio sé cual es y podría mencionarlo puede decidir licitar e invertir en la multicancha o en el complejo deportivo que está al lado. Entonces, a cambio de eso, aparte de usarlo, puede cobrarles a los que viven alrededor. Aparentemente, suena muy interesante que la multicancha tenga mejor equipamiento y preste servicios a la comunidad. El colegio se va a quedar con la cancha y cobrará por su uso para los efectos de recuperar su inversión; pero la comunidad quedará limitada para acceder a ella, debido a que deberá pagar más de lo que está en condiciones de hacer. Y esto se va repetir en muchos barrios.
En consideración a que estamos ante una lógica global que se relaciona con equipamiento y bienes urbanos, esto también se podría extender al manejo de los consultorios. El día de mañana un grupo de médicos de determinado sector podría decidir mejorar el equipamiento de dicho consultorio, y harían una propuesta. Entonces, deben participar en una licitación pública y ganarla. De manera que esto puede aplicarse a muchas otras cosas.
Por lo tanto, lo que era bueno para los Serviu, al extenderlo a las municipalidades se entra a un conjunto de complejidades nuevas que el proyecto no aborda en detalle, ni regula de manera que no genere desproporciones; tampoco lo acota ni lo restringe para que no genere restricciones mayores.
Cuando se habla de planes de desarrollo comunal, todos sabemos en qué consisten y que son muy genéricos. Por ejemplo, tengo mucho temor por una norma que hace mucho tiempo incluimos en otra ley y que permite a los municipios desafectar y modificar el destino de los terrenos que los urbanizadores entregan a la municipalidad. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? Que los alcaldes, con un criterio de muy corto plazo, acuerdan cambiar el destino de esos terrenos y se los venden al urbanizador para que construya más casas. Sin duda, el urbanizador hace la cesión, sabiendo que se lo venderán de nuevo. He sabido que, en algunos casos, se transa antes de que esté construida la población, por lo que su valor es mucho más bajo que el que tendría si ya estuviera construida.
De manera que, en aras del bien común, es necesario asumir las implicancias que pueden tener las micro, pequeñas, medianas y grandes decisiones que provengan de la diversidad de criterios de los alcaldes. En ese sentido, si miráramos hacia atrás y viéramos cuántos años se demoró la ciudad de Santiago en transformar el cerro Santa Lucía en lo que es hoy día, cuánto se demoró en construir el Parque Forestal y el cerro San Cristóbal , con todo lo que hoy puede ofrecer a la ciudadanía, comprobaríamos que existía un criterio de ciudad, de beneficio público y una visión de largo plazo.
Los alcaldes no deben actuar con una lógica de corto plazo que sólo tenga que ver con su período. Lo que ocurrió en la comuna de Santiago cuando el alcalde Lavín decidió vender el agua porque necesitaba plata para hacer obras durante su período, demuestra algo tremendamente peligroso: la lógica de corto plazo de una autoridad en beneficio personal sin pensar en la ciudad ni en la comuna.
Cuando legislemos sobre una multiplicidad de decisiones municipales, debemos incorporar cuestiones más específicas. Entre otras cosas, me parece que a nivel municipal, para cualquier decisión superior a las 500 UTM, el acuerdo debe ser adoptado, como mínimo, por dos tercios del concejo, y no por la simple mayoría, como establece el artículo 65. Eso puede ser válido para inversiones menores, que signifiquen operaciones inferiores a las 500 UTM, por ejemplo. En fin, hay que establecer un conjunto de restricciones.
En realidad, no me convence mucho este enfoque global del Ministerio de Vivienda, porque si vemos el debate que hay en América Latina, en Estados Unidos y en Europa, nos daremos cuenta de que va por otro lado: la generación de un sistema que capte plusvalías, a fin de compartirlas entre el inversionista y lo público; que no queden sólo para el inversionista. Muchas plusvalías derivadas de una inversión pública por ejemplo, el Metro, quedan para la inmobiliaria, el inversionista o el propietario, y el Estado no es capaz de captar nada a cambio. Si miramos la legislación norteamericana, veremos que eso no ocurre. Allí gran parte de las obras urbanas se financian sobre la base de compartir ese beneficio; en algunos casos, cincuenta y cincuenta; en otros, setenta y treinta. Hay distintos criterios.
Colombia está aplicando el mismo sistema; incluso, está establecido en su Constitución Política. A partir de una inversión pública que beneficia a ciertos privados, éstos deben entregar una parte de ese beneficio para inversión urbana. Este sistema también se aplica en Brasil; pero allí está consignado en las leyes urbanas. Ésa es la tendencia de todos los enfoques modernos: la solidaridad urbana, la solidaridad territorial, establecida en las nuevas leyes de urbanismo francesas, y la manera en que se está haciendo la nueva intervención urbana, en el caso inglés.
Considero necesario asumir también este enfoque. Creo que no hay ningún país que subsidie a los constructores de casas, como ocurre en Chile. ¿En qué país sucede eso? El año pasado se les regalaron 84 mil millones de pesos a los inversionistas de la construcción, y se les devolvió el 65 por ciento del IVA, incluso por los grandes edificios de lujo. ¿Por qué? Porque se piensa que con eso se estimula la construcción. Esos mismos 84 mil millones de pesos podrían haberse destinado a la demanda, a las personas que están optando a una vivienda. Sin embargo, se hizo por el otro lado, y eso genera distorsiones en el mercado.
Además, cuando a través de los municipios estamos multiplicando decisiones, debemos asegurar que ellas respondan a una lógica general de ciudad y de comuna. Esto también es válido para los Serviu, y, tal como están planteadas, las definiciones pueden ser de buen criterio, o a la inversa. Por eso, hay que estudiarlo.
Por último, no me convence mucho la idea de dejar sujeta a la buena voluntad, la posibilidad de captar recursos en las comunas más ricas o que atienden a segmentos de la población con mayores ingresos, porque los privados se interesarán en invertir allí, debido a que podrán cobrar por entrar a una plaza. Perdónenme, señores diputados; digo esto porque la Escuela de Economía de la Universidad Católica, en un seminario de la Cámara, planteó que debía cobrarse por entrar a las plazas y que éstas debían tener una administración privada. Acepto ese enfoque; pero creo que es complicado cuando lo público se va transformando en algo no tan público, puesto que es medido por la capacidad de comprar el uso de lo público.
Lo que quiero decir con esto es que si en los sectores de más altos ingresos va a ocurrir lo que señalaba el diputado Hales , ¿cómo aseguramos que parte de esos beneficios vayan a otros sectores? ¿Se creará algún fondo de compensación que permita establecer que en otros sectores se hará una inversión de otra naturaleza?
Considero necesario efectuar una segunda discusión sobre estas materias. No podemos aprobarlas y permitir que se conviertan en ley sin hacer una discusión que considere más escenarios y posibilidades.
Por eso, he presentado un conjunto de indicaciones, con el propósito fundamental de asegurar que la iniciativa vaya a segunda discusión y de que en ella asumamos a cabalidad lo que implica incorporar a los municipios. No es lo mismo los Serviu, con decisiones de macrociudad, que los municipios, con decisiones micro. Muchas de estas decisiones pueden ser muy potentes; pero otras pueden ser muy contradictorias con el rol fundamental de los municipios, que es administrar las comunas en beneficio de todos y, por lo tanto, construir los espacios públicos y los equipamientos comunitarios, a fin de que quienes viven en ellas compartan, convivan y sean parte de una misma realidad, y no se vayan segmentando y segregando según su poder de compra e ingresos, dejando de lado la definición fundamental de ciudad: el lugar donde se conversa entre gente distinta y diversa.
La materia amerita un segundo debate, y por eso he presentado las indicaciones ya mencionadas.
He dicho.
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