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La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor González .
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-
Señora Presidenta, el proyecto establece instrumentos muy importantes para el desarrollo urbano, mediante la incorporación del esfuerzo mancomunado de los sectores público y privado. Sin embargo, no contempla la incorporación del financiamiento privado de acuerdo con sus propias leyes y a su arbitrio, sino a través de una alianza entre ambos sectores para desarrollar las ciudades, en la cual el sector privado procurará velar por sus propios objetivos y el sector público tratará de cautelar los intereses generales que representa.
En ese contexto, es pertinente y acertado haber incorporado a los municipios en el proyecto, pues se encuentran en una gran desventaja en la aplicación de los sistemas de concesiones.
Las concesiones del Ministerio de Obras Públicas cuentan con una serie de normas, facilidades y procedimientos que no se aplican a las concesiones municipales, las que en la actualidad no se hallan suficientemente reguladas. Las municipalidades tienen más dificultades para concesionar que el Ministerio de Obras Públicas, por lo que ojalá el sistema que tiene dicha cartera para concesionar también pueda aplicarse a los municipios, habida cuenta de una aplicación constructiva y creativa.
Por lo tanto, las indicaciones que se presenten deberían apuntar a establecer las facilidades y posibilidades de garantías y de articulación con el sector privado que se otorgan al sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, las cuales le han permitido ejecutar sus obras.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que existe una gran superposición de facultades entre los organismos nacionales, regionales y municipales, las cuales se entrecruzan de tal modo que muchas veces los municipios se ven afectados por decisiones de nivel nacional y regional que, la mayor de las veces, no son las más acertadas para las comunas. En consecuencia, lo mismo que se dice en cuanto al peligro o al riesgo de que una decisión de carácter municipal pudiera afectar el interés público, debiera señalarse en cuanto a las decisiones y a la intervención de los niveles centrales. A veces, es muy peligroso que el nivel central tome decisiones o intervenga a nivel de los municipios sin contemplar la debida participación del nivel comunal. De hecho, se han cometido muchos errores históricos en las ciudades por no haber contemplado la participación municipal.
De esta manera, la necesaria articulación entre los distintos niveles del Estado, así como la entrega de facilidades a las municipalidades para que puedan concesionar, en el marco de entregar cada vez más facultades descentralizadas a los organismos que tienen que decidir en relación con la vida comunal, deberían formar parte de la lógica y de la línea de orientación de las ideas matrices de los proyectos que aprueba la Cámara de Diputados. En ese sentido, en la actualidad una verdadera línea de descentralización debiera entregar cada vez más facultades a los municipios para que decidan sobre las materias que son de su competencia.
Al respecto, no deberíamos temer que esas facultades vayan a ser mal utilizadas. Pero si tenemos ese temor, la solución no está en no entregárselas a las municipalidades, sino en fortalecerlas, en capacitar más a su personal y en dotarlas de más recursos para la participación de la comunidad.
En ese sentido, creo que la iniciativa podría incorporar mecanismos de participación comunal similares a los de los proyectos medioambientales. Es decir, habría que establecer mecanismos de comunicación para que cada vez que se presen ten proyectos de financiamiento compartido, la comunidad entregue sus observaciones y aportes para el desarrollo de los mismos.
Por lo tanto, me inscribo plenamente en la línea de argumentación dada a conocer tanto por el ministro de Vivienda y Bienes Nacionales como por el diputado señor José Antonio Galilea , en el sentido de que, para resguardar el interés público en las facultades que entrega el proyecto a los municipios, habría que fortalecer, sobre todo, sus mecanismos de participación y su institucionalidad. No debemos tener desconfianza respecto de las municipalidades, porque si existen planes de desarrollo comunal y estrategias de desarrollo regional adecuados, no tenemos que pensar, a priori, que los municipios, en forma persistente, vayan a equivocar sus decisiones.
En consecuencia, debemos aprobar el proyecto en los términos presentados por el Ejecutivo, a fin de fortalecer las posibilidades de la alianza públicoprivada para el desarrollo de las ciudades, en el entendido de que el sector público tendrá que cumplir con sus funciones, y el sector privado, con las suyas.
He dicho.
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