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La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor HALES.-
Señora Presidenta, el proyecto en estudio parte de la convicción de que las ciudades constituyen hoy el eje de vida de las naciones, de que son la cuna y el desarrollo de la modernidad. Por eso, resulta contradictorio observar que mientras las ciudades han avanzado enormemente, no lo han hecho con la misma velocidad y desarrollo temas como la capacidad de gestión y el financiamiento urbano, la participación ciudadana en las decisiones, la planificación urbana y el diálogo sobre el destino de las ciudades.
La iniciativa, iniciada en mensaje del Presidente de la República, busca abordar esta contradicción.
Para dar cuenta de la fuerza e importancia de las ciudades basta con señalar que el 85 por ciento de los chilenos vive en ellas, la mayor parte de las cuales ha crecido ocupando espacios físicos y aglutinando a una enorme cantidad de habitantes. Existe un gran incremento en la cantidad de viviendas, lo que no ha sido acompañado por los aumentos de servicios que las ciudades necesitan con urgencia. El país ha conocido las carencias más evidentes, como las relacionadas con aspectos viales obstaculización del tráfico, con evacuación de aguas lluvia, con espacio público, que aparecen como menos notorias, pero igualmente evidentes, sobre todo en los sectores populares. El espacio público es un elemento que asegura más desarrollo urbano y refuerza la seguridad.
Por eso, el propio mensaje habla de “pasivo urbano”, postura que compartimos. En los sectores donde viven las personas con mayores ingresos constatado por la discusión habida en la Comisión, es posible resolver estas carencias. Sin embargo, en los sectores más pobres esto se hace muy difícil. Paradójicamente, son los que hacen más vida en la calle y que cuentan con viviendas mucho más pequeñas. Ahí, el pasaje se convierte en el patio, en su estar, en el sitio de recreación, y la calle, en el lugar de encuentro. Por lo tanto, esos espacios requieren mejor equipamiento urbano.
En ese sentido, existe una extremada sinceridad en el propio contenido del mensaje y en sus fundamentos, bien explicitados. Se señala que ha sido insuficiente la labor desarrollada tanto por los municipios como por el propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Quiero destacar que en el caso del patrimonio, muchas de las necesidades no están claramente cubiertas por los planes de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y constatamos, más bien, bastantes insuficiencias en lo que se refiere a mantención y desarrollo patrimonial, con excepción de las ideas generales del Plan Bicentenario.
Existe un deterioro de la calidad de vida en las ciudades. Esto se traduce en escasez de lugares para practicar deportes, de sitios de esparcimiento y de desarrollo de la cultura y de la vida social y, por lo tanto, en vetustez, envejecimiento y descascaramiento, tanto del aspecto físico como de la vida en la ciudad.
Para enfrentar esta situación, se requieren mayores recursos. El Estado quiere y necesita por eso ha presentado el proyecto contar con mecanismos que tiendan a igualar las condiciones urbanas de la población. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no existe igualdad de oportunidades urbanas; no podemos hablar de igualdad de oportunidades y restringir ese concepto sólo al ámbito económico si no contamos con igualdad de oportunidades espaciales, en los asentamientos donde se desarrolla la vida económica, social y cultural. El propio mensaje señala que hacer realidad la igualdad de oportunidades, establecida en el artículo 1° de la Constitución Política, es una necesidad que prima en la inspiración del proyecto.
Cuando la inversión es cuantiosa, el Estado no puede abordarla solo. Por eso, la iniciativa tiende a incentivar la participación del sector privado en el desarrollo y modernización de nuestras ciudades, de modo que sus agentes puedan invertir en ámbitos que, hasta ahora, han sido privativos del sector público. Queremos que los privados participen en áreas de intervención urbana que estaban restringidas estrictamente a los organismos del Estado.
La proposición consiste en implementar un sistema de financiamiento urbano compartido. Mediante el proyecto el texto original señalaba sólo a los Serviu, pero en su tramitación en el Senado se agregaron las municipalidades se entrega la posibilidad de adquirir bienes u obtener la ejecución, operación o mantención de obras por parte del sector privado en sus respectivos territorios jurisdiccionales. A cambio, se les otorgan ciertos derechos, como contraprestación, entre los que se incluirá la posibilidad de explotar una obra.
Dentro de los objetivos fundamentales del sistema se encuentran los siguientes:
Multiplicar el presupuesto destinado a desarrollo urbano; fortalecer la gestión descentralizada de los Serviu el proyecto original sólo consideraba a estos servicios; generar un marco transparente para las relaciones contractuales, a fin de que no se trate de simples iniciativas individuales, sino que la ley lo establezca y ordene; implementar un sistema estructurado sobre la base de un régimen claro de prestación la acción que establece el privado y de contraprestación, esto es, la acción que permite y autoriza el Serviu respecto del bien de que estamos hablando.
Si sus Señorías se atienen al informe escrito, confeccionado por la secretaría de la Comisión, pueden imponerse del detalle de la discusión que se llevó a efecto sobre la materia.
¿En qué consisten las prestaciones y contraprestaciones planteadas por la iniciativa? Si se compara el texto del mensaje con el del Senado y el de la Comisión de Vivienda en relación con el artículo 1°, se puede observar que en el primero sólo se otorgaba esa facultad a los Serviu, como organismos regionales. En cambio, el texto del Senado señala que esa facultad pueden ejercerla las municipalidades. Esta materia generó una discusión importante en el seno de la Comisión. Finalmente, se aprobó el texto modificado por el Senado y no el del Ejecutivo.
Describiré en qué consisten las prestaciones y contraprestaciones a que se refiere el proyecto y luego ejemplificaré sus aplicaciones.
Primero, las prestaciones que recibirán los Serviu o los municipios consistirán en la ejecución, operación o mantención de una obra por un privado. ¿Qué tipo de obra? Urbana, de equipamiento, vial, de áreas verdes, de espacios públicos; segundo, la entrega en propiedad de uno o más bienes inmuebles; tercero, la municipalidad puede recibir el uso o goce de inmuebles, y cuarto, también puede recibir dinero.
La contraprestación corresponde a lo que los municipios y el Serviu entregan al privado por efectuar una inversión.
¿Qué pueden otorgar? La explotación, total o parcial, de uno o más bienes u obras; el derecho a uso o goce de uno o más bienes muebles o inmuebles; la entrega en propiedad de determinados bienes, y una suma de dinero, como contraprestación a lo que el privado invirtió e hizo.
Ejemplo de esta aplicación: se podría construir, operar y mantener un parque de atracciones por un privado, y otorgársele la posibilidad de explotarlo por un tiempo determinado; cobrar entrada, tener locales de alimentación, de esparcimiento, comercio u otras actividades.
Otro ejemplo: que se construya y se mantenga un parque, en cualquiera de las regiones de Chile, a cambio del derecho de explotar el uso de campos deportivos, pistas de patinaje, canchas de fútbol, quioscos y otros.
También podría haber una relación entre los privados, el Serviu y las municipalidades para la construcción de vías urbanas, de calles, cuestión que hoy la hace directamente el Serviu u Obras Públicas, cuando se trata de autopistas. Esta iniciativa autoriza a los privados a invertir en vialidad urbana, a cambio de lo cual pueden tener publicidad, estacionamientos, concesiones.
Si bien el proyecto original se refería sólo a los Serviu, se agregaron las municipalidades, aun cuando están facultadas por ley para hacer concesiones. Lo que sucede es que son de carácter precario desde el punto de vista de la relación con el sistema financiero, lo cual produce un efecto negativo, pues si un privado toma una concesión municipal y quiere darla en garantía en un banco, éste la rechaza por considerarla insuficiente y tratarse de una concesión que puede ser retirada por cualquier necesidad del municipio.
Un último ejemplo: un privado podría hacer una remodelación de un edificio institucional a cambio de terrenos prescindibles del Serviu o de los municipios.
La iniciativa en análisis recoge aspectos parecidos, no iguales, a los de la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y el mecanismo opera sobre la base de licitación pública.
Respecto de este tema, hubo discusión en la Comisión. Si se revisa el informe, se puede apreciar que, incluso, en la discusión en general se debatió la relación entre el texto original y el del Senado, en lo que se refiere a las municipalidades.
La Comisión, para aunar criterios, agregó, en una indicación, la obligatoriedad de que las decisiones que se tomen por parte del municipio en este plano, deban estar de acuerdo con el plan de desarrollo comunal, a lo menos.
Había preocupación, pues donde existe conurbación en una misma ciudad entre varias comunas pueden presentarse diferencias con respecto a los planes regionales. De ahí que se insistió en la necesidad de que coincidieran los planes de desarrollo comunal e intercomunal.
En la Comisión, el ministro hizo una observación bastante interesante, relativa al interés que podrían tener los privados en invertir en las comunas más pobres. Indicó que puede suceder que los privados no tengan interés en hacer ese tipo de negocios en territorios donde existe pobreza, porque les resultará difícil cobrar por esos servicios, ante lo cual probablemente preferirán realizarlos en sectores donde existe mayor poder adquisitivo. Al parecer, por lo que la Cámara Chilena de la Construcción insinuó en el seno de la Comisión, así ocurrirá. Sin embargo, el ministro manifestó que si los privados prefieren invertir en las zonas donde hay más dinero, porque les significa mejor negocio, el Estado puede quedar liberado de efectuar inversiones en esas zonas y, por tanto, destinar los recursos a territorios más pobres.
En definitiva, si se abre la posibilidad de financiar obras de equipamiento urbano por parte de privados, el Estado puede tener más dinero disponible para invertir en otros sectores, más pobres, y producir lo que, personalmente, llamo la igualdad de oportunidades espaciales, que significa hacer mejor ciudad en todos los territorios.
En la discusión en general del proyecto participó la Cámara Chilena de la Construcción y hubo una destacada y permanente participación de personeros del Ministerio de Vivienda.
La discusión en particular fue amplia y bastante profunda en determinados aspectos. Uno de ellos, el referido a los planes de desarrollo comunal. También se discutió sobre las licitaciones.
En ese sentido, se rechazó por unanimidad, después de una amplia discusión, el artículo 5º, que contenía la posibilidad de que estos contratos pudieran adjudicarse directamente a un privado cuando se declarara desierta la licitación.
La objeción que hicimos algunos es que si se deja establecido por ley que, en un llamado a propuesta en que la licitación se declara desierta, la autoridad queda facultada para otorgársela, por ejemplo, a un cuarto proponente que no se había presentado, perfectamente puede producirse un sistema perverso que abra una oportunidad de corrupción, pues se podría tener un pequeño cartel de privados que se pusieran de acuerdo para que las obras se fuesen adjudicando mediante contratos directos de manera permanente, en la medida en que se pongan de acuerdo el resto de los licitantes para quedar fuera de las bases.
La discusión fue amplia y, al final, la Comisión resolvió rechazar la posibilidad de otorgar el trato directo.
Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al diputado señor Jaramillo .
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