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- rdf:value = " ADOPCIÓN DE MEDIDAS FRENTE A ACUSACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES FORMULADAS EN CONTRA DE LA INDUSTRIA EXPORTADORA NACIONAL.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 133.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 133, de los diputados señores Recondo , Alvarado y Galilea, don Pablo :
“Considerando:
Que Chile se ha dado una institucionalidad medioambiental basada en la ley de Bases del Medio Ambiente, que garantiza que todas las actividades económicas y productivas deben someterse a los requerimientos y exigencias de la ley, que hace sustentables las intervenciones a través de actividades productivas compatibles con nuestro nivel de desarrollo y que nadie puede eludir.
Que la legislación chilena ha ido incorporando exigencias para las actividades productivas y las inversiones públicas y privadas en cada una de las normas sectoriales, lo cual permite el objetivo de hacer sustentable cada una de ellas y mantener la biodiversidad y los equilibrios de los ecosistemas intervenidos.
Que el desafío implícito en los criterios que nuestro país ha definido para dictar las normas medioambientales cumple el propósito compartido por la sociedad en su conjunto, el cual es compatibilizar en forma adecuada y armónica los conceptos de crecimiento económico y de respeto al medio ambiente y la biodiversidad.
Que igual criterio y propósitos han inspirado la legislación laboral vigente, que ha sido modificada y perfeccionada en forma permanente, de manera de dar adecuada
protección al trabajador y crearle condiciones de dignidad y de retribución justa. Todas estas normas han sido siempre concordadas con la legislación internacional, los tratados y las normas universalmente aceptadas a través de las organizaciones internacionales de trabajadores.
Las normas laborales vigentes, igual que las normas ambientales, han perseguido mantener exigencias que permitan condiciones de competitividad y de productividad en las empresas, compatibles con las exigencias de la globalización e internacionalización de la economía chilena.
Que el Estado de Chile debe garantizar a toda la población nacional y también a la comunidad internacional que la institucionalidad chilena en materias de medio ambiente y laboral se cumple y que para ello existen los mecanismos de fiscalización y control del cual el propio Estado es responsable y garante.
Que los crecientes niveles de competencia internacional en la producción de todo tipo de bienes y servicios y, por lo tanto, el también creciente intercambio comercial y la conquista de mercados para esos bienes y servicios han obligado a organismos como la OMC y otros que hagan concordar a los países en normas que hagan transparente y fluido el comercio internacional.
Que los países desarrollados, promotores de la mayor libertad de comercio y de apertura económica, han visto muchas veces amenazadas sus cuotas de mercado por parte de economías emergentes que aspiran a conquistarlos. Como una forma de reaccionar en defensa de sus mercados, en especial cuando son sobrepasados por economías más competitivas o por industrias especificas más eficientes y productivas, surgen las acusaciones de “dumping”. Se han hecho cada vez más frecuentes las acusaciones de “dumping” laboral y “dumping” ambiental.
Que la industria chilena del salmón y la industria forestal han sido objetivos permanentes de los ataques de organizaciones internacionales y nacionales, que, bajo el rótulo de ambientalistas o en una pseudodefensa de los trabajadores, las acusan de no respetar las normas laborales y ambientales, de manera de desplazarlas de los mercados donde han conquistado una cuota con eficiencia y competitividad.
En los últimos días y en especial en momentos difíciles del país, donde todo el mundo exige sacrificios, hay quienes están haciendo campañas en contra del empleo. Tal es el caso de la fundación TERRAM y la fundación Amigos de la Tierra, las que en Norteamérica, así como en Europa, se han dedicado a desprestigiar las exportaciones de salmón chilenas, alegando que los trabajadores chilenos no cumplen con las normativas medioambientales respecto de la elaboración de sus productos.
Que, al revisar las declaraciones y las acusaciones hechas por este tipo de instituciones, llama la atención que sean hechas precisamente por algunas cuyas fuentes de financiamiento son totalmente desconocidas. Por otra parte, sorprende que estas declaraciones y acusaciones se hagan en los países desarrollados y en contra de productos y trabajadores chilenos, favoreciendo a las empresas y accionistas de países desarrollados que son menos competitivos en la elaboración de estos productos.
Que es indispensable recalcar que, para resolver este problema, es necesario que el Gobierno y la Oposición, los empresarios y los trabajadores trabajen unidos en defensa de nuestros productos cuando cumplen con todos los estándares nacionales e internacionales vigentes.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República que instruya a la Ministra de Relaciones Exteriores a fin de que se confiera un certificado diseñado especialmente para que las empresas exportadoras puedan acreditar que cumplen con todas las normas legales que Chile establece para desarrollar alguna actividad económica.
Frente a casos de acusaciones infundadas de ONGs, tanto nacionales como extranjeras, es menester que el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgue el certificado en forma expedita, con copia al embajador o representante diplomático del país donde se materializa la acusación y con instrucciones imperativas a las representaciones diplomáticas de Chile ante esos países para que lo difundan en todas las instituciones u organismos que tengan vínculo o relación con la industria amenazada.
En caso de que la acusación sea genérica, dirigida en contra de la industria del país, sin distingo de empresas, ha de ser el Gobierno de Chile quien preste la colaboración y los soportes tanto técnicos como financieros a las organizaciones que representan a esa industria para que emprendan su defensa.
Solicitar, además, que el Gobierno de Chile colabore en la elaboración de todas las acciones judiciales que los trabajadores y productores chilenos puedan interponer en contra de los promotores de las campañas pseudoambientales y laborales.”
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, cada vez es más reconocido el importante aporte de la industria salmonera al desarrollo de la economía nacional, en general, y a las regiones del sur, en particular. Como todos sabemos, se trata de una actividad que exporta alrededor de 1.000 millones de dólares al año y cuyas expectativas a futuro se basan en el crecimiento y en una mayor inversión. Así las cosas, es posible duplicar las actuales cifras de exportación. El desarrollo de esta industria tiene su origen no sólo en las ventajas comparativas que esta actividad sustenta en el sur del país, basadas en las condiciones naturales para desarrollar la acuicultura, sino, además, en la exitosa gestión de las empresas, en particular por el aporte hecho por los trabajadores en pos del desarrollo de esta industria. Ellos, que en forma directa o indirecta suman más de 45 mil trabajadores, han aportado en forma creciente a la especialización y competitividad del sector, lo que ha posibilitado que la industria haya conquistado amplios mercados en el mundo.
Estos logros han despertado reacciones en los mercados internacionales, como acusaciones de dumping, las que primero surgieron en Estados Unidos y luego en algunos países de la Unión Europea. Adicionalmente, organizaciones no gubernamentales han iniciado campañas en contra de este sector industrial, para lo cual argumentan el hecho de que las industrias nacionales no cumplen con las normas ambientales vigentes. No obstante, todos sabemos que nuestro país se ha dado una institucionalidad medioambiental moderna, a la que todas las empresas se deben someter.
Así las cosas, las acusaciones y las campañas internacionales no tienen verdadero fundamento. Por esa razón, es necesario que el Estado avale a estas empresas que, en el desarrollo de sus faenas, cumplen con la normativa medioambiental vigente.
En los últimos meses hemos sido testigos de campañas llevadas adelante por determinados organismos de ciertos países para impedir que el salmón chileno llegue a sus mercados. Esas acciones han sido impulsadas precisamente en países donde Chile compite en condiciones ventajosas gracias al mejor desarrollo de su industria, lo que le ha permitido repito conquistar esos mercados. Esta situación de menoscabo debe ser reparada por el Estado. Por esa razón, se ha solicitado que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un instrumento diseñado especialmente para el efecto, emita, cuando se generen este tipo de acusaciones, un certificado que garantice que las empresas que funcionan en Chile cumplen con la institucionalidad medioambiental exigida, de modo que pueda ser difundido a través de las embajadas y organizaciones que nuestro país mantiene en esos países, y cumpla con el objetivo de neutralizar las campañas que tanto daño ocasionan a una industria que, como señalé al inicio de mi intervención, ha sido tan exitosa y que ha generado una importante cantidad de empleos. Sin duda, esa situación continuará siendo favorable en la medida en que podamos contrarrestar los efectos negativos de campañas de la naturaleza mencionada.
Por los argumentos invocados, la Cámara debiera aprobar el proyecto de acuerdo, sobre todo atendido el hecho de que existe una opinión consensuada respecto de los aportes que entrega la industria salmonera. En los próximos días, la Comisión de Pesca viajará a la Unión Europea a plantear lo inconveniente que resulta formular acusaciones infundadas.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Álvarez , Araya , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Correa, Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Escalona , Escobar , Espinoza , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Kuschel, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Meza , Molina , Norambuena , Ortiz , Paredes, Paya, Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Rebolledo , Recondo , Robles , Rojas , Salaberry , Salas , Sánchez , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vilches , Villouta y Von Mühlenbrock .
"
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