?REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 348ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 12ª, en jueves 31 de octubre de 2002
(Ordinaria, de 10.40 a 13.25 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y de los señores Salas de la Fuente, don Edmundo, y Letelier Morel, don Juan Pablo.
Presidencia accidental del señor Seguel Molina, don Rodolfo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
PUBLICACIÓN OFICIAL
REDACCIÓN DE SESIONES


ÍNDICE
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.ORDEN DEL DÍA
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
VII.INCIDENTES
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia6
II.Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Réplica a publicaciones de prensa. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento9
Desarchivo de proyecto10
Integración de Comisión Mixta11
V.Orden del Día.
Convenio sobre cooperación comercial y económica entre Chile y Ucrania. Primer trámite constitucional11
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. Primer tramite constitucional13
Creación de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Segundo trámite constitucional16
VI.Proyectos de acuerdo.
Legalidad de contratos forzados y existencia de “Dicom de celulares”. (Votación)32
Reducción de presupuesto del Congreso Nacional para contribuir a superar momento económico33
VII.Incidentes.
Irregularidades en uso de franquicias tributarias en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en Traiguén y Angol35
Alteración de puntaje de ficha CAS. Oficios36
Reiteración de necesidades viales y educacionales del distrito 48. Oficios36
Celebración de los cincuenta años de la creación del Servicio Nacional de Salud. Oficios37
Aumento del desempleo en la Región del Maule. Oficios38
Implementación de sistema de televigilancia en Décima Región. Oficios39
Responsabilidad de periodistas por opiniones vertidas en medios de comunicación39
Avance en estudio de reforma previsional en favor de profesores. Oficio40
Alcances a proyecto que regula el silencio administrativo41
Pág.
Saludo a la escuela de Cultura y Difusión Artística, de la ciudad de La Unión, y reconocimiento a la labor de su directora42
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto sobre calificación cinematográfica (boletín N° 267504)44
2.Oficio de la Excelentísima Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto de ley que aumenta sanciones a hurtos y facilita su denuncia e investigación. (boletín N° 307807)44


IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
Oficio de la Comisión especial destinada a estudiar el cumplimiento y resultado de las distintas medidas legales y/o administrativas que se aplican en favor de las zonas extremas, por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para que el proyecto de ley que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones Primera, Undécima, Duodécima y provincias de Chiloé y Palena (Boletín N° 310705) sea remitido a esa Comisión, en el carácter de Comisión técnica y, posteriormente, a la de Hacienda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 220 del Reglamento de la Corporación.
Oficio de la Comisión investigadora encargada de analizar los posibles actos ilegales en la concesión y funcionamiento de las plantas de revisión técnica de todo el país, por el cual informa que ha procedido a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Arturo Longton.
Contraloría General de la República
De los diputados señores Norambuena, Ulloa y Egaña, investigación en gobierno regional de la Octava Región sobre irregularidades en contratación de personas.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Rodrigo González, derrame de petróleo que afectó al río Aconcagua, comuna de Concón.
De la diputada señora Allende, muerte de un lactante en el gimnasio de Puente Alto.
Del diputado señor Mora, contratos de arriendo de edificios y oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
De la diputada señora Cristi, situación creada por consumo de drogas y alcohol por parte de jóvenes.
Ministerio de Justicia
De la diputada señora Vidal, Corporaciones de Asistencia Judicial.
Ministerio de Agricultura
Del diputado señor Ascencio, programa Pro rural.
Ministerio de Salud
Del diputado señor Sánchez, nómina de fallecidos desde mayo a julio, comuna de Aisén.
Ministerio de Bienes Nacionales
Sistema Nacional de Información Territorial (898)
Tesorería General de la República
Del diputado senor Muñoz, bonificación a la mano de obra causada por trabajadores jubilados o pensionados.


I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (83)
--Accorsi Opazo, Enrique
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Araya Guerrero, Pedro
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Barros Montero, Ramón
--Bauer Jouanne, Eugenio
--Bayo Veloso, Francisco
--Becker Alvear, Germán
--Bertolino Rendic, Mario
--Burgos Varela, Jorge
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cubillos Sigall, Marcela
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Egaña Respaldiza, Andrés
--Encina Moriamez, Francisco
--Escobar Urbina, Mario
--Espinoza Sandoval, Fidel
--Forni Lobos, Marcelo
--García García, René Manuel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, RosaU
--González Torres, Rodrigo
--Guzmán Mena, Pía
--Hidalgo González, Carlos
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Ibáñez Soto, Carmen
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Kast Rist, José Antonio
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mella Gajardo, María Eugenia
--Meza Moncada, Fernando
--Molina Sanhueza, Darío
--Monckeberg Díaz, Nicolás
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Paredes Fierro, Iván
--Pareto Vergara, Cristián
--Paya Mira, Darío
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Prieto Lorca, Pablo
--Quintana Leal, Jaime
--Riveros Marín, Edgardo
--Robles Pantoja, Alberto
--Rojas Molina, Manuel
--Rossi Ciocca, Fulvio
--Saffirio Suárez, Eduardo
--Salaberry Soto, Felipe
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sepúlveda Orbenes, Alejandra
--Silva Ortiz, Exequiel
--Tapia Martínez, Boris
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Uriarte Herrera, Gonzalo
--Urrutia Bonilla, Ignacio
--Varela Herrera, Mario
--Venegas Rubio, Samuel
--Vidal Lázaro, Ximena
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Von Mühlenbrock Zamora, Gastón
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Sergio Aguiló Melo y Juan Bustos Ramírez.


II. APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.


IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señora Presidenta, en el punto número dos de la Cuenta, la Comisión especial de zonas extremas solicita el asentimiento de la Sala para que el proyecto de ley que regula el decreto ley Nº 889 sea analizado también por ella.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Señor diputado, debo solicitar el acuerdo unánime de la Sala sobre la materia.
¿Habría acuerdo para aprobar la petición de la Comisión especial de zonas extremas?
El señor TUMA.- No, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- No hay acuerdo.
RÉPLICA A PUBLICACIONES DE PRENSA. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- El diputado señor Juan Pablo Letelier ha solicitado hacer uso de la palabra de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Corporación.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señora Presidenta, el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, entre otras cosas, dispone que “El diputado cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos formulados en algún medio de publicidad o por observaciones de otro Diputado, podrá, para vindicarse, usar de la palabra durante cinco minutos, como máximo, inmediatamente después de la Cuenta o al término de la sesión”.
Hago uso de este derecho por las siguientes razones:
Hace casi dos semanas, la opinión pública conoció las afirmaciones del empresario rancagüino Carlos Filippi, de que habría pagado, en el año 1999, determinadas sumas de dinero para obtener la administración de nuevas plantas de revisión técnica en dicha ciudad. Los actos del señor Filippi y de quienes recibieron dineros es lo que el país conoce como el “caso coimas”.
Yo no tengo nada que ver con el “caso coimas”. ¡Por favor! Soy una persona honesta; la gente me conoce; mis colegas me conocen; el país me conoce. La gente sabe cómo actúo y cómo he actuado.
Creo en la libertad de expresión, pero ella tiene un límite. Yo exijo respeto.
Cuando el señor Filippi dijo a la prensa que había entregado aportes a las campañas electorales, fui el primero en reconocer que, como él, son muchos los empresarios que hacen aportes para esas campañas. Pero también dije con absoluta claridad que no estaba dispuesto, en ninguna circunstancia, a aceptar que alguien que aporte a una campaña espere favores a cambio; mucho menos, a aceptar que se ampare un delito o un crimen.
El tema de los aportes de campaña no tiene nada que ver con el “caso coimas”, que tanto daño le ha hecho al país. Al parecer hay quienes están interesados en dañar y en confundir entre aportes de campaña y el “caso coimas”.
En el diario “La Tercera” del día de hoy se señala que hay “acusaciones” en contra de mi persona. Yo pregunto, porque tengo derecho a saberlo, ¿quién me acusa y de qué se me acusa? Si existen acusaciones, que se presenten en los tribunales de justicia dentro de las próximas veinticuatro horas. Si hay una acusación, que se haga. Este medio de comunicación dice que yo me beneficio de las utilidades de la escuela de conductores “Siglo 21”. Yo no tengo ninguna relación con esa empresa, más allá de conocer a quienes son sus dueños, tal como todos los que estamos en esta Sala conocemos a muchos empresarios emprendedores en el país.
Se acusa a esa empresa de tener problemas con el Servicio de Impuestos Internos. Pues bien, que este organismo la investigue, y si ha cometido alguna irregularidad, que la sancione, tal como dispone la ley. Pero esa empresa no tiene nada que ver con los pagos que hizo el señor Filippi a determinadas personas para acceder a la administración de nuevas plantas de revisión técnica. El “caso coimas” tiene que ver con las plantas de revisión técnica y no con quién es el dueño o con el amigo de éste.
Creo en la libertad de expresión, pero exijo respeto y seriedad, y si hay alguien que quiera acusarme de algún ilícito, que lo haga, pero basta de cobardía.
Hace varios días informé al jefe de mi bancada sobre mi interés de ser recibido por la Comisión de Ética de la Cámara, porque no tengo nada que ocultar. Ningún parlamentario puede prestarse a este juego de confundir el “caso coimas”, de corrupción, en el que está involucrado el señor Filippi, con otra situación.
Por ello, reclamo contra los dueños de dos medios de comunicación: antes fue la revista “Qué Pasa”, que incluyó mi foto en la portada, en cuyo titular se me asocia, sin ningún fundamento, a los escándalos de corrupción. Ahora, es el diario “La Tercera”. Ambos medios trabajan en el mismo edificio. Exijo que si alguno tiene una acusación concreta que me vincule con los pagos por la entrega de plantas de revisión técnica, que la haga. Destruir la honra de una persona no cuesta nada. Por tanto, si algún medio de comunicación tiene alguna acusación, que diga quién acusa y de qué acusa.
Para mí es evidente que todo esto no tiene nada que ver con la urgente necesidad de clarificar el caso de la corrupción. Aquí hay otras intenciones que no tienen nada que ver con el esfuerzo que debe encabezar el colega Longton en la Comisión investigadora. Por tanto, reitero, si hay alguien que tenga una “acusación”, que diga cuáles son los cargos, quién acusa y que me lleven a los tribunales de justicia. No tengo nada que ocultar.
He dicho.
Aplausos.

DESARCHIVO DE PROYECTO
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de su Excelencia el Presidente de la República de desarchivar el proyecto que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a autoridades que ejerzan una función pública, en los términos en que figura en la Cuenta de la sesión del martes pasado.
Acordado.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor SALAS (Vicepresidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea el Registro nacional de transporte de carga terrestre, con la diputada señora Eliana Caraball y con los diputados señores Fidel Espinoza, Roberto Delmastro, Felipe Salaberry y Guillermo Ceroni.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


V. ORDEN DEL DÍA

CONVENIO SOBRE COOPERACIÓN COMERCIAL Y ECONÓMICA ENTRE CHILE Y UCRANIA. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio sobre cooperación comercial y económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania”.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Abel Jarpa.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3062-10, sesión 12ª, en 12 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 10ª, en 29 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor JARPA.- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre cooperación comercial y económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania.
El Convenio tiene por objeto establecer un marco jurídico adecuado para crear condiciones favorables a la expansión y facilitación del comercio bilateral de bienes y servicios recíprocos, así como propender al fomento de las inversiones mutuas.
Ucrania es una de las repúblicas europeas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Federación Rusa. Tiene una superficie de 603.700 kilómetros cuadrados y una población de, aproximadamente, 52 millones de habitantes, con un ingreso per cápita de alrededor de 4.700 dólares, muy similar al nuestro. El 20 por ciento de su población trabaja en la agricultura; el 40 por ciento, en la industria, y el otro 40 por ciento, en servicios.
El 1 de diciembre de 1991, el pueblo ucraniano se pronunció a favor de su independencia. Chile reconoció al Gobierno de Ucrania el 7 de diciembre de 1991, y, a partir de esa fecha, se establecieron relaciones diplomáticas bilaterales. Además, cabe señalar que Ucrania fue uno de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas.
En cuanto a la relación bilateral, las cifras del intercambio comercial chileno-ucraniano han sido inestables: en 1994 ellas fueron, en total, de 45.695 dólares; alcanzaron su mayor monto en 1998, con 37.839.509 dólares, para registrar en 2001, hasta mayo, 9.900.614 dólares.
El mensaje señala que la celebración del Convenio de cooperación comercial y económica se inscribe en el marco de la política del Gobierno chileno, en orden a ampliar, mantener y dinamizar los lazos de amistad y de cooperación con la comunidad internacional y, especialmente, con aquellos países con los cuales se puede, mutuamente, ofrecer y obtener valiosos aportes de cooperación en materia comercial y económica.
Agrega que esta clase de acuerdos tiene especial relevancia cuando se suscriben entre países que no son miembros de la Organización Mundial de Comercio, como es el caso de Ucrania.
La Comisión aprobó por unanimidad el Convenio, y recomienda a la Sala proceder en los mismos términos.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la honorable diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen).- Señor Presidente, en nombre de Renovación Nacional y como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, anuncio nuestra aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre cooperación comercial y económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania.
Este Convenio se enmarca en la política de nuestro Estado, en orden a abrir, ampliar y mantener lazos de amistad y de cooperación económica y social con países de la comunidad internacional, especialmente con aquellos con los cuales es posible efectuar transacciones y negocios que incentiven la producción de empleo y el crecimiento económico.
Por lo tanto, daremos nuestra aprobación al proyecto de acuerdo en discusión.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, hoy estamos abocados a la discusión del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio sobre cooperación comercial y económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania, que tiene por finalidad establecer un marco jurídico adecuado para crear condiciones favorables a la expansión y facilitación del comercio bilateral de bienes y servicios recíprocos, así como propender al fomento de las inversiones mutuas.
El mensaje señala que este Convenio se inscribe en el marco de la política del Gobierno, en orden a ampliar, mantener y dinamizar los lazos de amistad y de cooperación con la comunidad internacional, especialmente con aquellos países a los cuales se puede ofrecer y de los cuales se pueden obtener mutuos y valiosos aportes de cooperación en materia comercial y económica.
Como lo señaló el diputado informante, hay que buscar la forma de ampliar la cooperación entre ambos países, que presentan similitudes en cuanto a su desarrollo económico, porque Ucrania tiene una población mucho más numerosa. Se trata, entonces, de abrir mayores espacios para vender lo que somos capaces de producir, y el Convenio apunta en esa dirección.
Si bien el comercio con Ucrania no es significativo, hay empresas chilenas que exportan sus productos a ese mercado, y este Convenio les permitirá ampliar sus exportaciones.
Ucrania es uno de los países que no forma parte de la Organización Mundial de Comercio, y estos acuerdos bilaterales permiten ampliar el ámbito de las normas de dicha organización.
Por lo tanto, la Unión Demócrata Independiente, manteniendo su constante línea de apertura hacia el extranjero, votará favorablemente este proyecto de acuerdo porque le conviene a Chile.
Nuestro partido, que es popular, siempre entregará su adhesión a iniciativas de esta naturaleza.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre cooperación comercial y económica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania.
Aprobado.

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS. Primer trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).- A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Kuschel.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 3071-10, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 10ª, en 29 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, conforme a las declaraciones que los Estados parte formulan en el preámbulo, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados tiene por objeto establecer un régimen internacional de protección especial para los niños, con miras a evitar que participen en conflictos armados y, de ese modo, seguir mejorando su situación, sin distinción, y procurar que se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad.
Los compromisos que contraen los Estados parte son, en lo esencial, los siguientes:
1.Adoptar medidas para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años de edad participe directamente en hostilidades.
2.Velar por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años de edad.
3.Elevar la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en la Convención sobre los derechos del niño 15 años, reconociendo de ese modo que los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.
Cabe hacer notar que, en virtud de una modificación formal propuesta por el Depositario de este Protocolo facultativo, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, no objetada por los Estados signatarios, entre ellos Chile, se ha corregido la norma del párrafo 1 del artículo 3 del Protocolo, con el objeto de precisar que la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas deberá ser contada en años, lo que no se contempla en el texto auténtico del instrumento.
Al momento de ratificar el Protocolo, el Estado deberá formular una declaración vinculante en la que indique la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales, y describa las salvaguardias adoptadas para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.
4. Los Estados que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales de menores de 18 años, deberán garantizar que ese reclutamiento es auténticamente voluntario, realizado con el consentimiento informado de los padres o de las personas que tengan su custodia legal, con plena información a los menores de los deberes que supone el servicio militar, y exigencia de pruebas fiables de la edad del menor antes de ser aceptado en ese servicio.
5. No reclutar o utilizar en hostilidades, en ninguna circunstancia, a menores de 18 años en grupos armados distintos de las fuerzas armadas, e impedir, prohibir y castigar ese reclutamiento.
6. Interpretar el Protocolo de manera que no impida la aplicación de cualquier precepto de derecho interno, internacional o humanitario internacional que sea más propicio a la realización de los derechos del niño.
7. Adoptar medidas legales, administrativas o de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva del Protocolo, así como difundir y promover entre adultos y niños los principios y disposiciones de este instrumento.
8. Desmovilizar o separar del servicio a las personas que hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades, en contradicción con el Protocolo.
9. Cooperar en la prevención de actividades contrarias al Protocolo y en la rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos contrarios al mismo, y
10. Presentar al Comité de los derechos del niño, a más tardar dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto del Estado, un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, pudiendo dicho Comité pedir información adicional a la proporcionada.
La Comisión escuchó al director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador señor Claudio Troncoso Repetto, quien informó, en lo sustancial, que el Protocolo sometido a la consideración de esta honorable Cámara es concordante con el derecho internacional humanitario codificado por los Convenios de Ginebra, de 1949, y sus Protocolos adicionales, incorporados al orden jurídico interno, y con los compromisos internacionales contraídos por Chile para proteger los derechos de los niños, y es armónico con las disposiciones legales y reglamentarias internas aplicables al reclutamiento y al servicio militar de los chilenos. Agregó que el Protocolo ha sido suscrito por 110 Estados y ratificado por 41 de ellos, y que, en conformidad con el N° 1 de su artículo 10, se encuentra internacionalmente vigente.
Por las razones expuestas, nuestra Comisión decidió, por unanimidad, proponer a esta honorable Cámara que preste su aprobación al proyecto de acuerdo en informe en los mismos términos en que lo propone el mensaje.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.
La señora IBÁÑEZ (doña Carmen).- Señor Presidente, en nombre de Renovación Nacional, anuncio que daremos nuestra aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados.
Este Protocolo obliga a los Estados miembros a tomar medidas que aseguren que los menores de 15 años no participarán, directa o indirectamente, en hostilidades bélicas y que no serán reclutados por las fuerzas armadas.
En el último tiempo, la Cámara ha dado claras señales de protección a la infancia y de estar en contra del abuso sexual por parte de mayores de edad, así como de la explotación y utilización de menores en pornografía infantil. De manera que este proyecto de acuerdo se enmarca en la permanente preocupación de nuestra Corporación por el bienestar y protección de nuestros niños, quienes, como sabemos, son el futuro de nuestro país.
Por lo tanto, reitero que daremos nuestro más absoluto apoyo al proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).- Señor Presidente, en esta ocasión, hago uso de la palabra para manifestar el apoyo de los diputados de mi bancada a este proyecto de acuerdo relacionado con esenciales derechos del niño.
En los tiempos que corren y en atención a las formas que han ido adquiriendo los conflictos bélicos, consideramos muy importante impedir que los jóvenes menores de edad sean incluidos en tales conflictos, ni siquiera en carácter de voluntarios.
Existen formas encubiertas a través de las cuales se utiliza a estos niños. Por ejemplo, hemos sabido de niños que portan explosivos o que son enviados a campos minados o a cumplir misiones de alto riesgo, situaciones que no es posible tolerar.
La formación de nuestra juventud, capital humano que representa el futuro de la humanidad, exige tomar medidas como las señaladas en este proyecto de acuerdo.
Por las razones expuestas, votaremos favorablemente el proyecto.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en nombre de mi bancada, anuncio la aprobación de esta importante iniciativa que nos convoca.
A propósito, quiero recordar algunas situaciones que vivió la humanidad, en particular una en la que participaron jóvenes menores de 18 años: me refiero a la segunda guerra mundial, recordada hasta hoy como la peor.
En el sur de Chile, en mi provincia, fui testigo del fondeo de un barco alemán en el río Bueno, curso de agua cercano a mi ciudad. En aquel tiempo y con ojos de niño, pude ver a familias del lugar reunir alimento para entregarlo a los tripulantes de esa embarcación recalada en Trumao. ¿Quiénes eran ellos? Ni más ni menos que niños de entre 16 y 17 años, todos ellos marinos destacados por el gobierno alemán en la última etapa de su poderío para continuar adelante la guerra.
Tal vez esta evocación pueda parecer liviana y pequeña, pero constituye un recuerdo que trae a la memoria de este diputado los tristes momentos que vivieron esos adultos que llevaban alimento a esos niños, los que eran tratados como hijos. Más tarde, cuando salieron de su encierro en la zona sur del país, el barco fue hundido en las costas del Uruguay.
Jamás los niños deben participar o ser incentivados a intervenir en actos de esa naturaleza. Más cercana en el tiempo que el recuerdo que acabo de relatar se encuentra la situación que vive, por ejemplo, el extremo Oriente.
Proyectos como éste enaltecen el quehacer de la legislación chilena frente a los embates que muchas veces debemos encarar quienes integramos la Cámara, propios, quizás, de un país todavía inmaduro en lo que a democracia se refiere. Esa inmadurez tal vez proviene del hecho de no haber sabido llevar a cabo lo que se ha entregado por derecho de la humanidad.
Reitero, la bancada del PPD anuncia su voto favorable al proyecto, pues lo estima de real importancia.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
Aprobado.

CREACIÓN DE LAS EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Segundo trámite constitucional.
El señor SALAS (Vicepresidente).- A continuación, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada.
Diputado informante de la Comisión especial sobre la Pequeña y Mediana Empresa, Pyme, es el señor Saffirio.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín N° 370-07 (S), sesión 19ª, en 23 de noviembre de 1993. Documentos de la Cuenta Nº 5.
Informe de la Comisión especial sobre la Pequeña y Mediana Empresa, sesión 9ª, en 17 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada.
Como constancia previa, debo decir que el artículo 10, que se eliminó, y el 22, que se reemplaza y pasa a ser 18, fueron aprobados por el Senado con quórum de ley orgánica constitucional.
La Comisión especial no aprobó artículo alguno con quórum especial.
No se ha hecho presente el trámite de urgencia por parte del Ejecutivo, pero la iniciativa legal se encuentra incluida en la actual legislatura extraordinaria de sesiones.
Durante su tramitación en el Senado, se consultó la opinión de la Excelentísima Corte Suprema, la que se anexa al informe.
La Comisión especial escuchó a una serie de actores, entre ellos al Ejecutivo, a dirigentes de la pequeña y mediana empresa y a destacados académicos universitarios.
Los fundamentos del proyecto en informe son los siguientes.
En opinión de los autores de la moción la entonces senadora señora Olga Feliú y el actual senador señor Sergio Fernández, existiría una conciencia generalizada sobre la necesidad de incentivar las actividades económicas, productivas o comerciales, otorgando seguridad al quehacer de las personas naturales que deseen desarrollarlas.
La creación de empresas para producir bienes y servicios y, en consecuencia, generar empleos, implica asumir riesgos. La excesiva amplitud de la responsabilidad de las personas naturales, dada por la indivisibilidad del patrimonio y, por regla general, por el hecho de que éstas responden de sus obligaciones con todos sus bienes embargables, de la naturaleza que sean, presentes o futuros también llamado derecho de prenda general de los acreedores, retrae su iniciativa.
Si una persona natural decide instalar un establecimiento mercantil o una empresa, compromete el conjunto de su patrimonio, es decir, responde con todos sus bienes por las obligaciones que contraiga en el giro de su establecimiento o negocio. Para limitar su responsabilidad a una cierta cantidad de dinero, no tiene otra posibilidad que asociarse, pero subsiste la obligación de involucrar a terceros que carecen de un interés directo en la marcha de la empresa, por lo que muchas veces debe recurrirse a testaferros, “palos blancos” o “socios de palo”, a fin de dar existencia a una sociedad en la cual éstos concurren con un aporte insignificante, quedando más del 99% del capital en manos del verdadero y, en la realidad, de facto, único empresario y dueño de la empresa.
El proyecto, tal como está concebido, pretende salvar las dificultades que se presentan para dar entidad a un conjunto de activos y pasivos, bajo el ordenamiento de un titular. Naturalmente destaco este hecho, los destinatarios de esta iniciativa son los pequeños empresarios.
Acorde con lo expresado, la idea matriz o fundamental, esto es, la situación, materia o problema específico que se desea resolver o abordar, es incentivar, mediante el mecanismo de la limitación de la responsabilidad, las actividades económicas, productivas o comerciales que pretendan desarrollar las personas.
El proyecto de ley aprobado por el Senado, originalmente, constaba de 22 artículos.
El artículo 1° autoriza a toda persona natural para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada.
El artículo 2° define la empresa individual de responsabilidad limitada, en adelante la empresa, como una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular. Es siempre comercial y está sometida al Código de Comercio cualquiera sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley a las sociedades anónimas.
El artículo 3° exige que la constitución de la empresa se haga por escritura pública en la cual constará su estatuto, la que deberá inscribirse y publicarse con arreglo a los artículos siguientes.
El artículo 4° establece las menciones que la escritura pública deberá necesariamente contener, entre ellas, la individualización del constituyente, el nombre de la empresa, que debe contener el nombre y apellido del constituyente y las palabras “empresa limitada”, o las abreviaturas “Ltda.” o “E.L.”; el monto del capital inicial afecto, precisando si se trata de dinero o especies, con indicación en este caso del valor que se les asigna; la actividad económica específica que constituirá el giro de la empresa; la declaración del monto de las obligaciones por las que responderá, su domicilio, las normas básicas a las que se sujetará en la confección del balance general anual y el plazo de duración de la misma, sin perjuicio de su prórroga.
El artículo 5° ordena que un extracto del estatuto autorizado por el mismo notario ante quien se otorgó la escritura, que resuma los elementos señalados en el artículo 4°, se inscriba en el Registro de Comercio del conservador del domicilio de la empresa y se publique por una vez en el Diario Oficial, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura.
El artículo 6° establece que toda modificación del acto constitutivo, como el aumento o disminución de capital, la terminación anticipada y la prórroga, debe cumplir las mismas solemnidades del artículo anterior, y tomar nota de ella al margen de la inscripción original bajo sanción de inoponibilidad a terceros.
El artículo 7° sanciona con la nulidad absoluta del acto respectivo, la omisión de alguna de las solemnidades de los artículos anteriores. Agrega que si se tratare del acto constitutivo, el titular responderá personal e ilimitadamente de las obligaciones que contraiga en el giro de la empresa.
El artículo 8° fija un capital mínimo para constituir la empresa de quince unidades tributarias anuales.
El artículo 9° señala que el capital comprometido en la empresa responde sólo por las obligaciones contraídas dentro de su giro y de conformidad a las disposiciones que regulan su administración.
El titular de la empresa responde con su patrimonio sólo respecto del pago efectivo del aporte que se hubiere comprometido a realizar.
El artículo 10 otorga a los acreedores personales del titular u otros interesados que puedan verse afectados por la creación de la empresa, una acción para oponerse a su constitución, la que deberá interponerse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la publicación del extracto de su escritura constitutiva, ante el juez de letras del domicilio de la empresa, quien resolverá en procedimiento sumario, debiendo negar la constitución si de ésta pudiere seguirse perjuicio a terceros, y el empresario no diere garantías suficientes para cubrir sus deudas.
La resolución que no dé lugar a la constitución se publicará en extracto en el Diario Oficial, indicando el nombre y domicilio de la empresa, y la fecha y número del Diario Oficial en que originalmente se hubiere publicado el extracto de su estatuto, y se anotará al margen de la inscripción estatutaria.
El artículo 11 define los actos de la empresa como aquellos que son ejecutados en su nombre y representación, por su administrador.
El administrador será el mismo titular de la empresa, o un gerente general, el que tendrá todas las facultades del administrador, salvo las que se excluyan expresamente mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio de la empresa, y se anotará al margen de la inscripción estatutaria. Todo ello, sin perjuicio de los mandatos generales o especiales que pueda conferir el titular, que deberán cumplir las mismas formalidades.
El artículo 12 permite la autocontratación del titular de la empresa individual, en cuanto a los actos que celebre, por una parte, con su patrimonio no afecto a la empresa, y por la otra, con el patrimonio de la empresa. Dichos actos tendrán valor si constan por escrito y desde que se protocolicen en el registro de un notario público, debiendo además anotarse al margen de la inscripción estatutaria dentro del plazo de sesenta días.
El artículo 13 aumenta en un grado, es decir, a presidio o relegación menores en su grado medio, la pena asignada al delito de otorgamiento en perjuicio de otro, de un contrato simulado, contemplado en el artículo 471, Nº 2º, del Código Penal, cuando éste fuere cometido por un empresario de responsabilidad limitada.
El artículo 14 faculta a los acreedores de la empresa individual de responsabilidad limitada para oponerse a cualquier modificación que signifique disminución de las garantías o del respaldo patrimonial de la empresa.
El artículo 15 obliga a la empresa a llevar su contabilidad en registros permanentes, con sujeción a las normas generales del Código Tributario; a que sus balances los efectúe un contador registrado, y a someterse al examen de uno o más inspectores de cuenta o auditores externos, quienes informarán por escrito al término de cada ejercicio.
El artículo 16 obliga a la empresa a destinar el cinco por ciento, a lo menos, de las utilidades líquidas obtenidas a un fondo de utilidades retenidas hasta completar un mínimo del veinte por ciento del capital consignado en el balance, destinado a absorber pérdidas o a pagar deudas en caso de liquidación. Completado el fondo, podrá destinarse todo o parte a aumentar el capital de la empresa, formándose nuevamente el fondo con futuras utilidades. Si la empresa tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades se destinarán primeramente a absorber éstas, y luego, a la formación del fondo.
Como es obvio, el resto de las utilidades líquidas pertenecerán al patrimonio del titular separado del de la empresa y, una vez retiradas, no habrá acción contra ellas por las deudas sociales.
El artículo 17 menciona los casos en que el titular deberá responder ilimitadamente con su patrimonio personal.
El artículo 18 establece que la quiebra fortuita de la empresa no ocasiona la quiebra personal del titular, pero la de éste importa la de aquélla.
Consagra, además, la preferencia de los acreedores de la empresa para el pago de sus créditos sobre los bienes de ella, por sobre los acreedores personales del titular, quienes no tendrán acción sobre los bienes de la empresa, salvo en los beneficios o utilidades líquidas y sobre el remanente que quede una vez satisfechos los acreedores de la empresa.
El artículo 19 determina las causales de término de la empresa individual de responsabilidad limitada.
Junto con enumerarlas, añade que cualquiera sea la causa de terminación, deberá constar por escritura pública, inscribirse y publicarse de acuerdo con el artículo 6°.
En caso de fallecimiento del titular, cualquier heredero podrá declarar la terminación, salvo que se hubiere designado gerente y continuado el giro, pero vencido el año podrá efectuar tal declaración.
Los legados que el titular hubiere hecho sobre derechos o bienes singulares de la empresa valdrán y no se verán afectados por la continuación de ésta, y se sujetarán, en lo demás, al derecho común.
Manifiesta el proyecto que las causales de terminación se establecen tanto en favor del empresario como de sus acreedores.
El artículo 20 expresa que el aporte de capital de una empresa individual a una sociedad hace responsable a ésta por las deudas de aquélla, salvo que el titular declare que las asume ilimitadamente, lo que deberá hacer por escritura pública, inscrita y publicada, y de la cual se tome nota al margen de la inscripción de los estatutos.
El artículo 21 dispone que, en caso de quiebra de la empresa, el adjudicatario único de ella podrá continuar como su nuevo titular, declarándolo así con las formalidades del artículo 6° del proyecto.
El artículo 22 establece que la liquidación de la empresa podrá hacerse por el empresario, por un liquidador designado por la justicia ordinaria en caso de muerte del titular o si lo solicitan al menos tres acreedores de la empresa, o en caso de quiebra, de acuerdo con la legislación vigente.
Agrega, por último, que el empresario puede evitar la liquidación haciéndose cargo del activo y del pasivo, caso en el cual responderá con todos sus bienes por las obligaciones de la empresa, pudiendo los acreedores exigir las garantías necesarias, y si no fueren éstas otorgadas a satisfacción del juez, se nombrará un liquidador. Lo anterior es sin perjuicio de las normas aplicables al caso de quiebra.
Opinión del Ejecutivo.
En primer lugar, señaló que el pequeño empresario, en el desarrollo de sus actividades propias, bajo su propio nombre, somete todos sus bienes al cumplimiento de las obligaciones que contrae en el ejercicio de sus actividades comerciales. En derecho, este principio se denomina derecho de prenda general, y afecta todos sus bienes, tanto aquellos que destina al negocio como aquellos destinados a su bienestar doméstico o familiar.
No existe en nuestra legislación un mecanismo que permita al empresario individual separar el patrimonio que destina al negocio, de aquellos bienes de su propiedad destinados a un objeto distinto.
Al no existir esta separación, el empresario individual se encuentra expuesto a un riesgo adicional al que enfrenta aquel empresario que desarrolla sus actividades empresariales a través de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima.
Esta diferencia lleva a que, con frecuencia, con el objeto de separar el patrimonio y disminuir así los riesgos que implica el derecho de prenda general de los acreedores, se formen sociedades ficticias, como lo señalan los autores de la moción cuando se refieren a los testaferros o “socios de palo”.
A fin de atender al problema mencionado, que, por una parte, inhibe el desarrollo de iniciativas empresariales, particularmente de pequeña escala económica, y que, por otra, provoca situaciones de poca transparencia, el derecho comercial moderno ha buscado mecanismos jurídicos que permitan separar el patrimonio destinado a una actividad comercial, de aquellos bienes destinados a otros objetivos.
La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, la afectación de patrimonios y la empresa individual con responsabilidad limitada, son los tres mecanismos que al respecto se han aplicado en el derecho comparado.
En Europa, con la excepción de Alemania, ha predominado la figura de la sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. En América Latina, en cambio, ha imperado la figura de la empresa individual de responsabilidad limitada, sin excepciones, que es la idea que está detrás del proyecto.
El Ejecutivo estima que esta última figura contenida en la moción de los honorables senadores se condice de mejor manera con las tradiciones jurídicas chilenas, ya que implica reformas de menor envergadura a otras instituciones de nuestro derecho; resuelve, además, con cierta facilidad el problema que nos interesa enfrentar, y responde a los rasgos fundamentales del proyecto.
Además, el Ejecutivo hace presente que el acuerdo con la Unión Europea impondrá la necesidad de legislar sobre el particular, puesto que actualmente todos los países que la integran ya han adoptado un régimen jurídico que da solución al problema planteado, mediante mecanismos de diversa índole.
En síntesis, el Ejecutivo opina que el proyecto de ley en discusión constituye un buen punto de partida, pero que debe ser perfeccionado para incorporarle los avances de nuestra legislación que les pueden ser aplicados y, por otra parte, para que puedan hacer uso del mismo todos los empresarios, cualquiera sea el volumen o la escala de sus operaciones.
La discusión sobre la materia ya se encontraba en desarrollo en el Gobierno, donde se ha llegado a los siguientes tres consensos:
a)En cuanto a la decisión de insertar la empresa individual de responsabilidad limitada en nuestro ordenamiento jurídico, como lo hace la moción.
b)En cuanto a que el régimen de las empresas individuales con responsabilidad limitada debiera servir tanto para las personas naturales como para las jurídicas, y no sólo limitarlo a la formación de una empresa por persona.
c)Por último, en cuanto a la necesidad de establecer los mecanismos mínimos de seguridad que, por una parte, den la debida certeza jurídica, pero que, por la otra, no sean inhibitorios del ejercicio de actividades empresariales ni de la libre iniciativa económica.
Por lo tanto, se estima que, en general, estas empresas no debieran tener una mayor carga jurídico-administrativa que la que tienen las sociedades de responsabilidad limitada.
Por ello, el Ejecutivo propuso eliminar las disposiciones contenidas en diversos artículos del proyecto aprobado por el Senado, lo que, en su mayoría, fue recogido por unanimidad en la Comisión especial sobre la Pequeña y Mediana Empresa de la honorable Cámara.
Asimismo, el sector privado se pronunció en términos favorables al proyecto, como consta en el informe.
También figuran allí las opiniones de los académicos abogados señores Raúl Varela Morgan, Luis Morand Valdivieso y Andrés Medina Herrera, todos profesores de derecho comercial, quienes comparten, aunque con las obvias discrepancias que puedan existir en un asunto opinable en torno de la figura, que el proyecto es ampliamente necesario y que tiene efectos económicos y jurídicos positivos.
La Comisión especial sobre Pymes aprobó la idea de legislar por la unanimidad de los señores diputados presentes en la sesión, que son los siguientes: don Rodrigo González, doña Rosa González, don Carlos Montes, don José Miguel Ortiz, don Ramón Pérez, don Eugenio Tuma, don Samuel Venegas, Presidente de la Comisión, y quien habla.
Se presentaron indicaciones a los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 y 22, que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión especial de la Cámara.
Deseo tomarme algún tiempo para analizar tres artículos.
El artículo 1º propuesto por el Senado, decía: “Se autoriza a toda persona natural para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, con sujeción a las normas de esta ley”.
El diputado señor Venegas formuló indicación para agregar la frase “y jurídica”, luego de la palabra “natural”; eliminar la palabra “una”, y reemplazar las palabras “empresa individual” por “empresas individuales”.
El Ejecutivo apoyó la proposición de extender a las personas jurídicas la posibilidad de constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, dado que, desde un punto de vista jurídico, no existiría impedimento alguno para tal efecto, puesto que es la voluntad de una persona jurídica, la que, a través de los mecanismos de toma de decisión, por su propia voluntad, pretende constituirse en una empresa adicional, con el carácter de empresa individual de responsabilidad limitada.
Como hemos dicho, esta figura jurídica está establecida en otros países y ha funcionado en forma normal. Es así como la mayoría de las empresas que operan en la Unión Europea lo hacen como personas jurídicas, sin ninguna limitación.
Varios honorables diputados argumentaron en sentido contrario, señalando que si a una sociedad se le permite constituirse como empresa individual de responsabilidad limitada, se estaría distorsionando la idea matriz del proyecto de ley, cual es permitir que las personas naturales no arriesguen su propio patrimonio o el de su familia en el manejo de la empresa.
Se hizo presente que la génesis y exigencias para constituir una empresa formada como persona jurídica, obviamente son diferentes a las de la persona natural.
La Comisión especial adoptó los siguientes acuerdos respecto de este artículo, que es muy relevante:
Rechazó, por asentimiento unánime, la indicación para agregar “y jurídica”, luego de la palabra “natural”.
Aprobó el artículo original en los mismos términos, con la indicación de eliminar “una”, reemplazar “empresa individual” por “empresas individuales” y sustituir la expresión “para constituir una empresa individual” por la expresión “el establecimiento de empresas individuales”.
El artículo 13 del Senado establecía lo siguiente: “La pena del delito contemplado en el número 2º del artículo 471 del Código Penal se aplicará aumentada en un grado si fuere cometido por un empresario de responsabilidad limitada”.
Los diputados señores Becker y Tuma formularon indicación para suprimir el artículo.
El Ejecutivo expresó su opinión en contra de dicha indicación y señaló que los delitos contemplados en el artículo son la sustracción de bienes y el otorgamiento de actos simulados.
Complementó sus observaciones contra la indicación manifestando que cuando estos delitos se cometen por una sociedad, siempre existe una contraparte, que puede ser un socio, que tiene la posibilidad de reclamar. En el caso de la sociedad unipersonal, existe un solo propietario, que tiene la libertad de hacer lo que desee con su empresa.
Por las razones anteriores, el Ejecutivo estimaba justo subir la penalidad para estos últimos casos, con el objeto de entregar una mejor imagen de seriedad en el manejo de la empresa individual.
Luego del debate, la Comisión especial aprobó la indicación para eliminar el artículo 13 por 4 votos a favor y 1 en contra.
En relación con el artículo 17 del Senado, el diputado señor Venegas formuló varias indicaciones, respecto de las cuales la Comisión especial adoptó los siguientes acuerdos:
Aprobó por unanimidad la eliminación de la frase “no comprometidos en la empresa”, que figura en el inciso primero.
En los mismos términos, aprobó las letras a), b) e) y g).
Por asentimiento unánime, aprobó la eliminación de las letras c) y d).
Rechazó la eliminación de la letra f) por 4 votos contra 2, la que, en consecuencia, queda vigente.
Finalmente, acordó suprimir, en la letra f), la referencia que se hace al inciso final del artículo 16 del proyecto de ley en informe.
Dejo constancia de que el proyecto no requiere informe de la Comisión de Hacienda.
Lo anterior fue acordado en sesiones de fechas 17 y 31 de julio, 7 y 21 de agosto, 4 de septiembre y 2 de octubre de 2002, con asistencia de los diputados señores Samuel Venegas Rubio, Presidente; Germán Becker Alvear, señora Rosa González Román, señores Rodrigo González Torres, Ignacio Urrutia Bonilla, en reemplazo del diputado señor Juan Masferrer Pellizzari; Rosauro Martínez Labbé, Iván Moreira Barros, Carlos Montes Cisternas, Ramón Pérez Opazo, José Miguel Ortiz Novoa, Eugenio Tuma Zedan y de quien informa.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Ramón Pérez.
El señor PÉREZ (don Ramón).- Señor Presidente, es conocida por todos la situación por la que atraviesan actualmente las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como Pymes, las que generalmente son empresas familiares y de gran creación de mano de obra.
En la búsqueda de soluciones y como una manera de facilitar la creación de estas empresas, en 1991 se presentó en el Senado la moción que debatimos, que autoriza el establecimiento y regula la creación de empresas individuales de responsabilidad limitada, la que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional.
En tanto, un grupo de diputados planteó una idea similar en el año 2000, la que activó esta iniciativa.
Para efectos de un mejor entender, es propio señalar que la creación de una sociedad de responsabilidad limitada exige la participación de dos o más personas, y que, en caso de fracasar, responden solamente con el capital de la sociedad, sin afectar sus patrimonios personales.
Para crear una empresa de responsabilidad limitada, toda persona emprendedora necesita obligatoriamente de la participación de un familiar en la sociedad, por lo general la esposa, o de un testaferro, con el fin de cumplir con la disposición legal, lo que en muchos casos provoca dificultades posteriores.
Este proyecto viene a solucionar esta dificultad, en cuanto permite que una persona, en forma individual, pueda crear una empresa de carácter limitado, situación que, en caso de quiebra, le permite proteger su patrimonio familiar, el cual no se vería afectado sino sólo hasta el límite del capital propio del negocio.
En esa perspectiva, el proyecto que hoy debatimos va en la línea correcta, cual es apoyar la creación de nuevas fuentes laborales e, incluso, transformar las existentes para asegurar a los pequeños empresarios que no perderán lo que por años les ha costado forjar con mucho esfuerzo.
En lo medular, el proyecto en sí autoriza a toda persona natural para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada. Asimismo, el texto señala que la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica, con patrimonio propio distinto al del titular; es siempre comercial y está sometida al Código de Comercio, cualquiera sea su objeto. Asimismo, dice que podrá realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley de Sociedades Anónimas.
La constitución de estas sociedades se hará por escritura pública, en la cual constará el estatuto de la empresa, que se inscribirá y publicará. Su duración será indefinida. La empresa responderá exclusivamente por las obligaciones contraídas dentro de su giro con todos sus bienes, y la administración corresponderá al titular de la empresa, quien la representa judicial y extrajudicialmente, y para el cumplimiento del objeto social, con todas las facultades de administración y disposición.
Como nos podemos dar cuenta, la iniciativa en discusión busca establecer una nueva fórmula para facilitar a los pequeños empresarios, deseosos de crear nuevos proyectos, el camino que les permita llevar a feliz término sus iniciativas, en contraposición con todas las trabas burocráticas que, para instalar una empresa, exigen tanto las municipalidades como los servicios públicos, las que, finalmente, desmoralizan a la persona que se atreve a plantear una idea.
Debido a lo positivo de esta iniciativa, que favorece el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, tan necesitadas de un verdadero apoyo, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, este proyecto apunta en la dirección correcta para favorecer a hombres y mujeres emprendedores de nuestro país. Al darles esta oportunidad, lograremos que quienes tengan capacidades y estén dispuestos a arriesgar, puedan emprender negocios, crear nuevos espacios y puestos de trabajo, y, con su esfuerzo, ayudar al desarrollo del país.
También es importante considerar lo que dispone el artículo 14, en el sentido de establecer que cualquier sociedad, cuyas acciones, derechos o participaciones en el capital se concentren en manos de una sola persona, podrá transformarse en una empresa individual de responsabilidad limitada.
Todos sabemos que hoy existen miles de empresas pequeñas y medianas que tienen un socio con el 1 por ciento del capital. Justamente se ha dejado así para no perder su historia bancaria y comercial, que en el mundo de los negocios es fundamental tener, mantener y cuidar.
Me gustaría tener claridad con respecto a la letra b) del artículo 4º, que dispone: “b) El nombre de la empresa, que contendrá, al menos, el nombre y apellido del constituyente y deberá concluirse con las palabras “empresa limitada” o la abreviatura “E.I.R.L.”.
Al respecto tengo dos consultas que hacer al diputado informante: en primer lugar, por qué cuando se denomina a la empresa no se emplea la expresión “empresa individual de responsabilidad limitada” o su abreviatura E.I.R.L., porque en el proyecto solamente se habla de “empresa limitada”. Es importante que el nombre que define a la empresa guarde relación con su abreviatura. Por lo tanto, haré llegar a la Mesa la indicación respectiva.
En segundo lugar, por qué, si se faculta a los propietarios de estas empresas para ponerles, al menos, su nombre y apellido, no podrían también operar con un nombre de fantasía. En esas condiciones, por ejemplo, una persona que tiene una actividad profesional con su nombre y, además, una sociedad individual de responsabilidad limitada, podría administrar dos empresas reales sin que el nombre se preste a confusión. Se actuaría igual como se hace con las actuales sociedades limitadas.
Por tanto, anuncio mi voto favorable y el de Renovación Nacional para este proyecto, pues considero que estamos en la línea correcta para favorecer a los emprendedores de nuestro país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Señor diputado, el diputado informante no se encuentra presente en este momento, pero le haremos llegar sus sugerencias a la brevedad.
Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, asistimos a la aprobación de un proyecto que tiene que ver mucho con la igualdad de oportunidades para aquellas personas que quieren emprender. También tiene que ver con la posibilidad de cómo personas naturales que desean participar en el mercado, se insertan en un modelo que muchas veces no les da la opción, especialmente porque cuando esa persona se constituye en agente del mercado, inmediatamente pone a disposición de éste, como respaldo, todos sus bienes sin límite alguno, incluyendo aquellos que constituyen el patrimonio del hogar, que generalmente ha adquirido con su cónyuge, como, por ejemplo, los enseres más íntimos de la familia.
Desde ese punto de vista, avanzamos en permitir una figura de sociedad distinta, especial, de modo de separar los bienes disponibles para responder como agente del mercado, excluyendo aquellos que deben ser garantía de la propiedad del hogar. Por esa razón, la excesiva amplitud de responsabilidad de las personas naturales terminará ahora, gracias a esta opción de poder participar como agente del mercado en las condiciones que señala el proyecto. Entonces, sólo van a ser embargables aquellos bienes que el empresario hubiere comprometido, en cuanto a correr riesgos o ponerlos a disposición de la empresa limitada.
Hoy, si una persona natural decide instalar un establecimiento mercantil o empresa, para no comprometer su patrimonio debe recurrir al artificio de buscar a algún socio o bien a un testaferro, que no tenga ninguna capacidad de influir en la dirección ni que tampoco ponga capital. Muchas veces ocupa el nombre de un hijo mayor de 18 años o de algún pariente, familiar o amigo, con lo cual se disfraza la constitución de la empresa en el sentido de decir, por ejemplo, que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada donde el 99,9 por ciento del capital es de Juan Pérez González y el 1 por ciento es de Pedro Pérez Pérez. Luego constituye la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual el individuo arriesga sus bienes personales y los de su familia.
De manera que ahora, cuando damos la posibilidad de crear una empresa individual, quien opte por ella deberá cumplir con el requisito de dar a conocer el monto del capital, para lo cual se ha establecido un mínimo de 8 unidades tributarias mensuales.
El requisito del artículo 4º, en el sentido de que el constituyente exprese su nombre en la escritura, es innovador. Coincido con el planteamiento del diputado Bertolino en cuanto a que quizás sería necesario que estas empresas individuales de responsabilidad limitada pudiesen usar un nombre de fantasía, al igual como lo hacen las personas jurídicas. No consideramos esa posibilidad, que es una buena iniciativa, por lo cual voy a respaldar su indicación.
Además, cuando en dicho artículo se señala que, en la escritura, el constituyente expresará, también, el nombre de la empresa, “que contendrá, al menos, el nombre y apellido del constituyente”, y las palabras finales “empresa limitada” o las abreviaturas “Ltda.” o “E.L.”, para indicar que se trata de una empresa individual, no necesariamente se requiere indicarlo, porque eso queda claro con el nombre y apellido. Sí es indispensable establecer que la empresa es individual y de carácter limitado; por eso la exigencia de poner la abreviación “Ltda.” o “E.L.”
También deben quedar expresados en la escritura el monto del capital inicial afecto que se compromete en la empresa; la actividad económica que constituirá su objeto o giro, señalándose el ramo específico si fuere el comercio o la industria; la declaración del monto de las obligaciones por las que responderá. Esto es de extraordinaria importancia para los agentes del mercado que quieran negociar con ella, puesto que conocerán exactamente el límite de sus responsabilidades.
Asimismo, deben quedar consignadas las normas básicas a las que se sujetarán la confección del balance general anual y demás estados financieros, los que se harán, por lo menos, al 31 de diciembre de cada año calendario, y el plazo de duración de la empresa, sin perjuicio de su prórroga.
Ésos son los requisitos mínimos, básicos, para establecer una sociedad de responsabilidad limitada.
Felicito a los autores de la iniciativa, aprobada en el Senado, en su primer trámite constitucional, con la que se crea una nueva forma de participar en el mercado, con más libertad, autonomía, responsabilidad, sin arriesgar los bienes propios. Además, brinda una oportunidad a las personas que no están en condiciones de arriesgar el patrimonio de su hogar para participar como agentes del mercado.
Éste es un gran proyecto para reactivar la economía, en especial para los sectores de más escasos recursos que quieran emprender. No estamos hablando de grandes capitales, sino más bien del microempresario, más que del pequeño empresario. Por tanto, celebro este proyecto que, sin duda, el Partido por la Democracia va a votar favorablemente en su integridad.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, la consulta del colega Bertolino es bastante razonable. Él preguntó por qué el proyecto no permite que, no obstante aparecer en la escritura el nombre de la persona natural, se pueda agregar un nombre de fantasía. Es obvio: por las características particulares de la empresa, existe una razón de publicidad para que el nombre de la persona natural no sólo figure en la escritura, sino también en las actividades comerciales.
Sin perjuicio de que cualquier colega pueda presentar la indicación que estime conveniente al respecto, a fin de debatir acerca de si sólo basta con que el nombre de la persona natural figure en la escritura de constitución o si también es necesario que aparezca, por ejemplo, en la publicidad o en otras actividades comerciales de la empresa, mi respuesta reitero al colega Bertolino, por su intermedio, señor Presidente, es que la razón obedece a las características particulares de este tipo de empresa, detrás de la cual hay sólo una persona natural.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, todos coincidimos en que en un país en desarrollo, como el nuestro, se requiere estimular a las personas a fin de que surjan muchos pequeños emprendedores, sin importar que se mantengan como tales o se transformen en medianos o grandes emprendedores. Necesitamos estimular mucho más el emprendimiento, especialmente de los jóvenes, de las nuevas generaciones.
El tema no es marginal; tiene que ver con una discusión sustancial, incluso con la del propio modelo de desarrollo, el cual está mucho más centrado en el gran emprendimiento que en el pequeño. Es necesario, después de cinco años en que hemos tenido una baja en la actividad económica, repensar las bases estratégicas de largo plazo en cuanto al rol de la mediana, pequeña y microempresa en nuestra economía.
En esa perspectiva, el proyecto es muy valioso. Comparto lo manifestado por los diputados Bertolino y Tuma. No lo voy a repetir, porque se dijo lo fundamental. Después de tratar este proyecto, uno se pregunta cómo es posible que no hayamos adoptado antes esta modalidad, sobre todo viendo que existe en casi toda América Latina y en Europa. Incluso, la Unión Europea pone esto como requisito para el desarrollo de nuestras relaciones.
La generación de esta forma jurídica nueva era algo que se caía de maduro. Necesitamos que las personas tengan la posibilidad de constituir empresas sin caer en la figura tan poco transparente de inventar un socio; porque hoy existe la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se debe inventar un socio, a quien muchas veces se le asigna el 1 ó 2 por ciento para cumplir con la norma jurídica y poder separar el patrimonio personal del de la empresa. Con este proyecto se termina eso, porque no es necesario. Un individuo puede constituir una empresa y limitar su compromiso al patrimonio declarado en ella. Por lo tanto, sólo tiene responsabilidad limitada en esa parte de su patrimonio y no compromete el de la familia, su casa, vehículo, etcétera.
Además, esto estimula la creación de formas jurídicas y de empresas, en la medida en que la separación del patrimonio no pone en riesgo las posibilidades de subsistencia, la situación más general.
Asimismo, la iniciativa ayudará a formalizar a una parte de las empresas de trabajadores independientes. Muchos comerciantes, feriantes y suplementeros van a asumir esta modalidad. No todos, porque esto supone en esas empresas cierto nivel de desarrollo. También va a permitir a todos los pequeños empresarios formalizar su actividad y, en consecuencia, poder acceder al crédito y a otras posibilidades que otorga la institucionalidad económica.
En el debate surgió una duda, porque había dos proyectos: uno muy restrictivo, que generaba muchas normas limitantes, y otro muy liberal, muy abierto. Finalmente, en la discusión con el Ejecutivo, llegamos a un camino intermedio, porque si esta forma jurídica se desprestigia desde el comienzo, y determinadas personas abusan de ella, no vamos a lograr lo que esperamos.
Por eso, el proyecto mantiene todavía cierto nivel de restricciones para velar por que ese riesgo no exista o se minimice. Entonces, se establece un conjunto de restricciones que permiten conocer, de manera más precisa, el capital con que se cuenta, las condiciones en que se está, incluso algunos aspectos de las propias sociedades de responsabilidad limitada de varios socios, aun cuando ello se limitó bastante. Es razonable que así sea, porque estamos empezando a desarrollar una norma jurídica para limitar el riesgo.
Espero que el Senado apruebe el informe de la Cámara a fin de que la iniciativa se transforme rápidamente en ley y podamos desarrollar este tipo de empresa.
Aquí no quedó incorporada la empresa de persona jurídica de responsabilidad limitada, porque genera un riesgo adicional. Ese tema no quedó incorporado en el proyecto, a pesar de que el Ejecutivo así lo quiso en su momento, pero, probablemente, en el futuro habrá que rediscutirlo e incorporarlo. Ahora, la iniciativa sólo queda circunscrita, hasta donde entiendo, a las personas naturales.
Los socialistas vamos a apoyar el proyecto, porque va en la línea de fortalecer a la pequeña y mediana empresa, y de dar nuevas posibilidades a los emprendedores. Creemos que los pequeños empresarios tienen mucho que decir en el desarrollo presente y futuro del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en este hemiciclo se han formado Comisiones para las Pymes, se ha escuchado a sus dirigentes y se ha buscado constantemente apoyo estatal para esas empresas. En fin, hay mucha preocupación por ellas. Pero, curiosamente, lo inexplicable es que este proyecto de ley corresponde a una moción parlamentaria presentada hace varios años, la cual tenemos que decirlo no ha sido tratada con la celeridad necesaria, no obstante la importancia que le han asignado aquí los demás colegas y el diputado informante, y la gran novedad que constituye para el derecho comercial chileno.
En cuanto al proyecto mismo, que consta de 18 artículos, he notado el interés que concitó su discusión entre los participantes en la Comisión. Por supuesto, debo hacer un reconocimiento al diputado Eugenio Tuma, por su constante preocupación por las Pymes, empresas que hoy podrían llegar
a tener connotación en la legislación chilena.
La iniciativa tiene por objeto incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una institución ya probada por sus bondades en legislaciones más modernas. De paso, hago un recuerdo de la legislación italiana, que, curiosamente, en el informe no ha sido mencionada como derecho comparado.
En suma, entiendo que el capital para el desarrollo de esta nueva institucionalidad, de giro comercial, es el patrimonio personal y familiar del empresario, el cual queda a resguardo. Hasta hoy, una persona que emprende actividades económicas arriesga, en la explotación de su giro, todo el patrimonio personal, incluso el de su familia. Un almacenero, por ejemplo aún existen, como persona natural, al caer en quiebra, en el fondo, hace quebrar a su familia, lo cual es una traba para el desarrollo de los negocios. Con el proyecto se busca separar el patrimonio es lo más importante que noto acá con el cual responderá ante sus acreedores. Si a ese almacenero le va mal en sus negocios, sólo perderá el patrimonio de su empresa individual que declaró al momento de ser constituida. Entonces, su familia quedará a resguardo, lo cual hoy no sucede.
Discrepo de algunas ideas sobre la utilización de testaferros y en cuanto a los nombres artificiales o de fantasía de las empresas, y creo que, al respecto, debe mantenerse la redacción como viene en el proyecto, de modo de evitar que se cree una situación diferente.
Este es un gran proyecto, que demoró en ser tratado, pero que luego se convertirá en ley de la República, lo cual me alegra por los miles de chilenos que esperaban que el Congreso se preocupara de las Pymes.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, no voy a repetir las justificadas alabanzas al proyecto, la necesidad de legislar rápidamente sobre el mismo y lo que significa desde el punto de vista del desarrollo económico, particularmente para el pequeño y mediano empresario. En eso hay consenso, más allá de algunos aspectos que pudieren faltar. Simplemente, quiero referirme a un hecho muy concreto que surge del informe entregado por el diputado Saffirio.
Según entiendo, en la Comisión, el Ejecutivo se opuso a una indicación para suprimir el artículo 13, el cual era del siguiente tenor: “La pena del delito contemplado en el número 2º del artículo 471 del Código Penal se aplicará aumentada en un grado si fuere cometido por un empresario de responsabilidad limitada”.
El artículo 471, número 2º, del Código Penal, dice: “Será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimos es decir, de 61 días a 541 días o multas de once a veinte unidades tributarias mensuales:
“2º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado”.
Esta es una forma de estafa o engaño común cuando las relaciones comerciales se hacen complejas.
A mi juicio, el aumento de la pena en un grado tiene sentido lógico. Aquí estamos haciendo una legítima apuesta en el sentido de ponernos al día en una forma distinta de hacer negocios. El hecho de que una persona natural pueda limitar su patrimonio, su responsabilidad frente a terceros, particularmente frente a los bancos, va a dar movimiento a la economía y va a producir una serie de despejes respecto de situaciones complejas.
A mi modesto entender, esa buena fe, que todos aplaudimos y va a ayudar, debe ser acompañada de un elemento punitivo que haga más difícil la situación de aquellos que, aprovechándose de ella, por alguna razón cometieran, en el tráfico de los negocios provenientes de esta nueva figura jurídica, algún acto ilícito.
Quien presentó este artículo acierta al aumentar el grado de la pena contenida en el número 2º del artículo 471 del Código Penal, porque tiene algún conocimiento respecto de esa figura penal, que suele ocurrir, desgraciadamente más de lo que uno quisiera, en la situación procesal.
En consecuencia, sería prudente y bueno para el proyecto mantener aquella norma, votada negativamente en la Comisión, en el sentido de aumentar en un grado la pena de este delito, sustituyendo la norma actual, donde el piso es de 61 días y el techo de 541 días; es decir, una pena bastante baja, particularmente si quien comete el delito acredita una circunstancia atenuante, lo que en la práctica, significará no tener penalidad alguna.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, la moción parlamentaria que nos convoca reviste gran importancia y es atingente con nuestras realidades económicas, tanto en la interna como con aquella comprometida, prácticamente, con el universo.
La tramitación de la moción fue iniciada en el Senado hace más de diez años. Posteriormente, varios colegas diputados presentaron una similar, que, prácticamente, contenía el mismo articulado y perseguía los mismos objetivos que la anterior. Sin embargo, con la anuencia de los autores, las mociones se refundieron en una sola iniciativa, a fin de agilizar el trámite legislativo.
El proyecto contiene disposiciones que establecen mayores facilidades para el libre emprendimiento. Al respecto, lo que quiere nuestro país, tal como lo demuestran las experiencias de otras naciones, es dar cabida y posibilidades a la creatividad que, por naturaleza, posee el libre emprendedor.
El análisis de los planteamientos de las personas más versadas en la materia y el de diputados que entregaron su visión y conocimientos en la Comisión especial encargada de analizar la situación que afecta a las Pymes, da aún mayor claridad sobre la importancia que tiene el proyecto para aquellos que llevan a cabo una función y una actividad en dichas empresas, pues se les permite, en forma complementaria y sin comprometer el patrimonio familiar, crear una empresa de responsabilidad limitada unipersonal, disposición legal muy importante, porque resguarda absolutamente el patrimonio que el grupo familiar ha logrado como producto de mucho esfuerzo, ya que les posibilita no arriesgarlo al iniciar una actividad de libre emprendimiento, como aquellos que hoy, por condiciones innatas, han tenido la voluntad de iniciarla.
Por lo tanto, los emprendedores pueden iniciar su actividad con absoluta tranquilidad, y de esa forma contribuir a aquello con lo cual nuestro país está comprometido: la creación de fuentes de trabajo libres e independientes, que permitan mayor dignificación del hombre y mayor tranquilidad al grupo familiar, tal como la economía del mundo así lo aconseja.
Son muchas más las posibilidades de trabajar y de ganarse el sustento familiar a través del libre emprendimiento que como trabajador dependiente, por lo que actividades de esa naturaleza adquieren una importancia cada vez mayor. Por eso, el Partido Radical Social Demócrata ha comprometido su apoyo pleno a esta iniciativa, a fin de que sea convertida en ley, porque de esa manera muchos más emprendedores podrán, libremente, tomar el camino del desarrollo, producto de su esfuerzo, de su creatividad y de su visión.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que están inscritos para hacer uso de la palabra cuatro señores diputados y que el proyecto debe ser votado, en general, al término del Orden del Día, es decir, a las 12.30 horas.
Tiene la palabra el diputado señor Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que vamos a apoyar con mucho interés el proyecto, porque pensamos que constituye una real iniciativa para enfrentar el momento económico que vive el país y para impulsar la economía nacional.
Muchos pequeños emprendedores del país no se arriesgan a iniciar negocios debido a que deben comprometer el patrimonio de sus familias. Sin embargo, mediante esta iniciativa estamos dando solución a mucha gente que cuenta con un pequeño capital para acometer negocios, los cuales, a su vez, servirán para generar más empleos.
La iniciativa constituye una legislación moderna, que recoge el sentir de la ciudadanía y la experiencia internacional. De hecho, en momentos en que nuestro país se apresta a celebrar un convenio con la Unión Europea, dicha normativa legal será una herramienta fundamental para su desarrollo económico y empresarial. Sin embargo, es importante subrayar lo señalado por el diputado señor Burgos, en cuanto a que es necesario aumentar la pena para el delito de contrato simulado que eventualmente se pueda presentar, debido a que mediante lo que establece la iniciativa se está haciendo un acto de confianza en una sola persona, que no es la forma como comúnmente opera el derecho comercial en materia de sociedades, las cuales conforman un ente colectivo. En ese sentido, el aumento de la pena para dicho delito constituye un resguardo para los terceros que van a contratar y suscribir convenios con las Pymes.
Iniciativas de esta naturaleza realmente permiten dar un impulso a los emprendedores del país, a todos aquellos que hoy quieren iniciar negocios, quienes en la actualidad se ven impedidos de hacerlo por lo riguroso que es el derecho comercial en esta materia.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, expreso mi satisfacción por este proyecto, pues tendrá un importante impacto en las regiones, en particular en aquellas como la Décima Región, que cuentan con un gran porcentaje de agricultores, pescadores y trabajadores independientes. Sin embargo, considero que la iniciativa debe ser complementada, a la brevedad, con otras de carácter económico, como las que se han anunciado a través de la agenda Pro Crecimiento, y que se deberán revocar algunas leyes de carácter tributario, laboral y medioambiental que se aprobaron a inicios de la década de los noventa, las que causaron mucho daño al crecimiento, a la inversión y al empleo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, esta mañana estamos haciendo justicia a un sector fundamental de la economía.
Todo el mundo habla de la importancia de las Pymes, pues son las que dan el ochenta por ciento del trabajo en el país. De ahí que en estos momentos, en que hay un alto nivel de cesantía, este proyecto es muy importante, por lo que no me cabe duda de que será aprobado, tal como lo hará la bancada de la Unión Demócrata Independiente. Por lo tanto, se está haciendo justicia.
Si bien han pasado muchos años antes de aprobar un proyecto de estas características, el tiempo transcurrido constituye el pasado, por lo que ahora debemos mirar hacia el futuro.
Por otra parte, en forma respetuosa, pido a los medios de comunicación que a veces entregan tanta información sobre la labor de esta honorable Cámara que divulguen profusamente lo que significa la aprobación de este proyecto. Como en el último tiempo hemos generado sólo noticias por hechos no muy importantes, solicito a los medios de comunicación que divulguen e informen sobre la aprobación de este proyecto, de gran importancia para la pequeña y mediana empresa, pues implica dar un salto importante para que aquellos hombres y mujeres del país que quieren emprender un negocio lo puedan hacer. Eso demuestra que aquí estamos trabajando y legislando por el bien de todos y que estamos preocupados por el futuro del país.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, uno de los aspectos más importantes del trabajo legislativo, en temas que preocupan a la ciudadanía, además de lograr que la tramitación de los proyectos sea eficaz y rápida, es también ser claros en nuestros planteamientos y reconocer lo que se ha hecho.
Este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción parlamentaria, fue estudiado por la Comisión especial sobre la Pequeña y Mediana Empresa, Pyme, formada por iniciativa de un grupo de diputados, y discutido en forma muy seria y profunda.
Dicha Comisión especial, de la cual tengo el orgullo de ser uno de sus trece miembros titulares desde su creación, no fue obra de la casualidad, sino que se formó como consecuencia de dos seminarios, en los que se realizó una evaluación muy clara de lo que faltaba al respecto: qué estaba sucediendo con algunos instrumentos financieros aprobados por la Cámara y por el Senado, y cómo conseguir coordinación de todos los entes a fin de darles un apoyo real y efectivo a las pequeñas y medianas empresas.
Además, nuestro país demostró, en el trabajo diplomático desarrollado por el Presidente Lagos y por la ministra de Relaciones Exteriores, al momento de firmarse el acuerdo con la Unión Europea, que el tema que nos preocupa conlleva doble responsabilidad.
La experiencia de los países europeos en relación con las pymes nos indica que debe haber un fomento muy efectivo y un aporte de subsidios específicos por parte del Estado a fin de desarrollarlas.
Tenemos el desafío, a partir de enero del próximo año en especial los habitantes nacidos, criados y desarrollados en la Octava Región, es decir, el millón setecientos cincuenta mil que la conforman, de esforzarnos para seguir adelante con este tema.
Hemos participado en todos los seminarios a que nos ha invitado la Asociación de Exportadores de Productos Manufacturados, Asexma, regional. En la evaluación quedó en claro la necesidad de darles un apoyo real y efectivo a los cientos de pequeñas y medianas empresas de la Octava Región.
Pero faltan cosas.
Este proyecto de ley es bueno ser enfático porque esta sesión se está televisando autoriza a toda persona natural para constituir una empresa individual de responsabilidad limitada.
En esta materia, se ha eliminado toda referencia a la capacidad de las personas, con el fin de que rijan las reglas generales.
Se define la empresa individual de responsabilidad limitada como “una persona jurídica con patrimonio propio distinto al del titular”. Esto es importante porque hemos visto que muchos empresarios emprendedores han colocado todo su patrimonio personal y familiar como aval de créditos financieros o bancarios y, si les ha ido mal en su actividad comercial, lo han perdido todo.
El proyecto diferencia el patrimonio individual del patrimonio como persona jurídica.
Además, en esta iniciativa se exige que la constitución de la empresa se haga por escritura pública, en la cual conste su estatuto, y deberá inscribirse en el Registro de Comercio del respectivo Conservador y publicarse en el Diario Oficial.
En la Comisión especial escuchamos a representantes de la Conapyme, la cual entregó su apoyo total a la iniciativa legal y señaló que constituye un gran avance para todos los socios de la confederación. Por ejemplo, existen 648 mil empresas en el país, de las cuales aproximadamente 535 mil son microempresas; 94 mil son pequeñas; 13 mil son medianas, y sólo 6.066 son grandes empresas, por lo que cualquier medida en favor del sector de las pequeñas y microempresas siempre va a ser bien recibida.
Se escuchó, además, a los representantes de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo, quienes fueron claros y precisos al afirmar que desde hace años la Confederación esperaba la tramitación de este proyecto, que comenzó en el Senado.
Por lo tanto, a todos los actores que participaron en su análisis, el proyecto les parece muy bueno, y, al aprobarlo en este trámite constitucional, vamos a dar una señal muy positiva.
Como lo informó el honorable diputado señor Pedro Araya, la bancada del Partido Demócrata Cristiano va a votar a favor del proyecto.
He dicho.
Aplausos.
El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación en general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Aprobado.
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión respectiva.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Correa, Egaña, Encina, Escobar, Forni, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Lorenzini, Melero, Meza, Molina, Montes, Mora, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pareto, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Riveros, Robles, Saffirio, Salaberry, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 4º
1.De los señores Bertolino y Vilches, para sustituir en su letra b) la frase “empresa limitada” por “empresa individual de responsabilidad limitada”.
Al artículo 15
2.De los señores Bayo, Forni, Montes,
Ortiz y Saffirio, para agregar el siguiente inciso final:
“La pena del delito contemplado en el número 2º del artículo 471 del Código Penal se aplicará aumentada en un grado si fuere cometido por un empresario de responsabilidad limitada”.


VI. PROYECTOS DE ACUERDO

LEGALIDAD DE CONTRATOS FORZADOS Y EXISTENCIA DE “DICOM DE CELULARES”. (Votación).
El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 129.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum.

REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO NACIONAL PARA CONTRIBUIR A SUPERAR MOMENTO ECONÓMICO.
El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo Nº 120, que fuera suspendido por sus autores hace algún tiempo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 120, de los diputados señores Carlos Montes y Jorge Burgos; de la diputada señora Carolina Tohá, y de los diputados señores Fidel Espinoza, Eduardo Saffirio, Exequiel Silva y Sergio Aguiló.
“Considerando:
1ºQue un breve análisis del contexto internacional, especialmente en el ámbito latinoamericano, señalan la difícil situación y tendencia a la baja que atraviesan las economías locales.
2ºEn esa perspectiva nuestro país debe necesariamente efectuar una restricción y redistribución en su gasto a objeto de poder avanzar en las prioridades sociales que han sido delineadas.
3ºQue en tal sentido el Congreso Nacional puede efectuar un aporte en la reducción de gastos efectuando un ajuste en su presupuesto anual que signifique reducirlo en mil millones de pesos.
En virtud de lo expuesto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República a fin que tome las medidas del caso, oficiando a la Dirección de Presupuesto de manera que ésta reduzca en mil millones de pesos el presupuesto anual del Congreso Nacional a objeto de contribuir a superar el momento económico”.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero dejar en claro que el proyecto no contiene ninguna crítica a la Mesa; su propósito es que la Cámara de Diputados, en su conjunto, asuma la gravedad del momento económico que estamos viviendo y estudie la manera de restringir nuestro presupuesto para el próximo año, como una forma de contribuir con recursos para un conjunto de acciones que debe desarrollar el Estado.
Estoy consciente de que la Mesa está haciendo serios esfuerzos por disminuir el gasto; de hecho, ha acordado con el Ministerio de Hacienda mantener el mismo presupuesto del presente año para el próximo, con un incremento de 3,4 por ciento, porcentaje que, si mal no recuerdo, es el índice que se está aplicando en todas las partidas.
Adicionalmente, todos sabemos que la Corporación puede ajustar ciertas áreas, y nosotros también podemos restringir nuestros gastos para aportar más al presupuesto nacional y de esa manera dejar recursos para satisfacer otras necesidades.
Este año nuestro presupuesto es de 24.569 millones de pesos, más 1.200 millones para gastos específicos por cambio de período parlamentario; para el próximo año se mantiene el mismo presupuesto con el incremento ya señalado.
Creo que podemos hacer un esfuerzo orientado a racionalizar ciertas áreas, a asegurar funciones que eleven la productividad dentro de la institución. Aún más, sé que se están haciendo esfuerzos en esa dirección, pero debemos concordar en hacerlo mejor.
Sabemos que la Cámara de Diputados y el Senado cuentan con 40 mil millones de presupuesto; si a esa cifra sumamos los 3 mil millones de la Biblioteca, tenemos un total de 43 mil millones de pesos.
En esas circunstancias, no parece que 1.000 millones de pesos menos puedan tener un impacto negativo, y sólo constituyen la señal de buscar mayor eficiencia y mejor trabajo de todas nuestras instancias.
Por ello, sostenemos la necesidad de aprobar nuestra proposición al Ejecutivo.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, como patrocinante del proyecto de acuerdo, respaldo lo señalado por el diputado señor Carlos Montes.
Además de la posibilidad cierta de entregar una señal de austeridad y de ajuste en el gasto, como dijo el colega, es posible buscar fórmulas que, por cierto, no afecten a los funcionarios del Congreso Nacional nada más lejos de nuestra intención y que nos permitan rebajar gastos por 1.000 millones de pesos en el presupuesto total del Parlamento incluidos, por supuesto, el Senado y la Biblioteca.
Ello implicaría rebajar algunos programas y glosas que no afecten el funcionamiento de la Corporación, más allá de los esfuerzos de la Mesa en tal sentido se han notado y, además, sería una señal poderosa de un Poder del Estado que está dispuesto, en este momento, como hacen miles de chilenos, a apretarse el cinturón.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Hidalgo.
El señor HIDALGO.- Señor Presidente, en verdad, quiero hacer más bien una aclaración respecto de lo expresado por el diputado señor Montes.
El presupuesto del Congreso Nacional para el año 2003, enviado por Hacienda, viene con un 6,19 por ciento menos respecto del presente año; por lo tanto, la contribución a que se refiere el proyecto de acuerdo se está haciendo automáticamente: el presupuesto no sólo no va a subir el 3,4 por ciento, sino que viene rebajado en un 6,19 por ciento.
Desde ese punto de vista, creo que está más que clara la señal de que el Congreso Nacional no aumentará su presupuesto del próximo año.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, quiero dar la aprobación de mi bancada al proyecto de acuerdo.
Consecuentemente, presentaremos una indicación al proyecto de ley de Presupuestos para materializarlo: rebajar en mil millones el gasto de la Corporación sin afectar los intereses de los funcionarios.
He dicho.
El señor SALAS (Vicepresidente).- La Mesa hace presente a la Sala que se están efectuando gestiones en relación con el presupuesto de la Corporación, pues el recorte para el próximo año es superior al que pide el proyecto de acuerdo.
Además, debo señalar a los señores diputados que ello puede afectar el funcionamiento de la Cámara.
Lamento que esto no se haya presentado a la Comisión de Régimen Interno, para preguntar concretamente a sus Comités cómo se ha discutido de manera interna el presupuesto.
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Por no haberse reunido el quórum, se repetirá la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).- No hay quórum.
Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor SALAS (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor SALAS (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado el quórum correspondiente, queda pendiente la votación del proyecto para el próximo martes.


VII. INCIDENTES

IRREGULARIDADES EN USO DE FRANQUICIAS TRIBUTARIAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO EN TRAIGUÉN Y ANGOL.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, estaba convencido de que el primer turno de Incidentes le correspondía al Partido por la Democracia.
Me voy a referir a un tema que tiene relación con algunos cambios en el gabinete.
El 2 de junio de 2002 hicimos una denuncia sobre la existencia de irregularidades en el uso de franquicias tributarias vinculadas con la capacitación y el empleo. Primero, se tuvo conocimiento de ello en la comuna de Traiguén, lo que posteriormente fue ratificado en la comuna de Angol. En esa oportunidad, expresamos nuestra aprensión frente a la posibilidad de que irregularidades de ese tipo se estuvieran cometiendo a través de todo Chile. Por eso pedimos una investigación sobre la materia, pero, para nuestra sorpresa, terminó con el sobreseimiento total de los funcionarios del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de La Araucanía, en circunstancias de que el mismo informe señala que hay algunas materias dudosas, lo que fue confirmado por la dirección regional. Eso nos obligó a pedir un nuevo informe a la Contraloría General de la República para precisar los hechos.
Ese informe, que aún no recibimos, confirmaría nuestras aprensiones iniciales, lo que hoy se confirmó al conocerse la remoción del director nacional del Sence por irregularidades producidas en las comunas de Traiguén y de Angol, de la región de La Araucanía, en las cuales la dirección regional tiene una responsabilidad superior. Felizmente, hoy nos impusimos de cambios de personas en el nivel más alto de esa institución.
Cuando todo Chile está preocupado de lograr que la gente se capacite para el Chile del mañana y el Gobierno se ufana de capacitar a más de quinientas mil personas, destinando montos que significan miles de millones de pesos, un personero de La Moneda dice que en esa institución efectivamente ya había muchos sumarios para no relacionar la salida del director del Sence sólo con el problema puntual de las coimas, nos sentimos tranquilos al respecto porque se están tomando medidas, tardías algunas, como éstas. Confiamos en que las nuevas autoridades del Sence no sigan aplicando los mismos criterios que terminaron el día de hoy con un escándalo nacional que todos lamentamos, y que se preocupen del futuro de esos chilenos que necesitan ser capacitados.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).- Gracias, señor diputado.

ALTERACIÓN DE PUNTAJE DE FICHA CAS. Oficios.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y de Vivienda a fin de que informen qué criterios técnicos se han tenido presentes para alterar el puntaje de la ficha CAS, que estaba en 543 puntos para la postulación de viviendas. Según la resolución del 22 de marzo y del 28 de octubre de este año, ese puntaje se ha reducido, en el caso de mi región, de 543 a 514 puntos; en cuanto a la Región Metropolitana, lo han ampliado afectando las postulaciones de la gente de más escasos recursos de las regiones extremas. La situación es peor para las regiones Novena, Décima y Undécima.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.

REITERACIÓN DE NECESIDADES VIALES Y EDUCACIONALES DEL DISTRITO 48. Oficios.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Bayo.
El señor BAYO.- Señor Presidente, quiero insistir en la petición de informes que hicimos hace varios meses. Con lo anterior quiero demostrar cuál es la atención que se da, de una u otra manera, a la inquietud de los diputados que están cumpliendo con su labor de fiscalización.
En junio de este año, solicitamos al ministro de Obras Públicas que nos informara sobre el proyecto de construcción de un puente en el sector de Bonilla, en Angol, y acerca de la marginación de que ha sido objeto la comuna de Traiguén en lo relativo al proyecto de regadío que se ejecutaría en Victoria, Traiguén y Lautaro.
Se contestó parcialmente sobre la primera materia, pero hasta ahora aún no tenemos respuesta sobre la principal obra pública en La Araucanía: el proyecto de regadío de Victoria, Traiguén y Lautaro.
En agosto, solicitamos enviar un oficio a la ministra de Educación, en relación con irregularidades en la construcción del edificio de la Escuela F8 Aragón.
En esa misma oportunidad, solicité oficiar al alcalde de Angol y al subsecretario de Educación, a fin de que informaran sobre eventuales irregularidades en la entrega en hipoteca, como respaldo, de una de las escuelas más tradicionales y emblemáticas de la comuna de Angol, la D 20, hecho que ocurrió a fines de agosto o en los primeros días de septiembre. Hasta la fecha no se ha recibido una respuesta.
Por último, a principios de octubre pedí a la ministra de Planificación que enviara a esta Cámara los antecedentes técnicos relacionados con el programa “Orígenes”, diseñado para las comunidades del distrito 48. Ello, debido a informes recibidos sobre la existencia de múltiples irregularidades en la realización de dicho programa, uno de los objetivos básicos por materializar a fin de sacar al pueblo indígena del subdesarrollo en que hoy se encuentra.
Insisto en esta petición de antecedentes, porque no sólo son necesarios para ejercer nuestra labor de fiscalización, sino para solucionar problemas del diario vivir en el distrito que represento.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Se reiterarán los oficios solicitados por el diputado señor Bayo.

CELEBRACIÓN DE LOS CINCUENTA AÑOS DE LA CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. Oficios.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Socialista y Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, en los cambios efectuados por el Presidente de la República en las distintas direcciones y reparticiones, llaman la atención la ocurrencia de algunos hechos. Hablo en nombre de los diputados del Partido Radical.
Hemos tenido conocimiento al igual que todos ustedes de la grave denuncia no desmentida realizada por los medios de comunicación, relativa al pago desmesurado de 28 millones de pesos que hiciera el Ministerio de Salud en pago de un acto social para festejar los 50 años de la creación del Servicio Nacional de Salud.
Es justo el homenaje en tan señalada fecha, pero es injusto que en momentos en que el país afronta una crisis económica muy seria, que requiere hacer serios ajustes se exige a los hospitales y a todos los centros que tienen que ver con la salud apretarse el cinturón, disminuir los gastos y reducir la gigantesca deuda hospitalaria, se gaste esa enorme suma de dinero en un acto, por importante que sea.
Sin embargo, luego de recabar información con empresas dedicadas a la ejecución de ese tipo de eventos, hemos concluido que, por mucho menos de la mitad de dicha suma, se habría podido realizar el mismo acto.
La opinión pública y los trabajadores del sector salud merecen una explicación. ¿Cómo se le explica a la gente que pulula por los consultorios en busca de un medicamento para la hipertensión arterial o la diabetes enfermedades crónicas para las cuales en muchos consultorios incluso no existe la medicación adecuada, que el señor ministro de Salud gastó 28 millones de pesos, a instancias de sus colaboradores, para conmemorar determinada fecha, la que debió celebrarse en forma más austera?
A nuestro juicio, el ministro de Salud no ha tenido una verdadera comunicación con los 60 mil trabajadores de ese sector, sin los cuales es imposible soñar siquiera con el éxito de una reforma a la salud. Quienes somos médicos y hemos trabajado en hospitales y consultorios públicos, sabemos que la gran mayoría de esos funcionarios no está de acuerdo en que medidas, muchas veces unipersonales; otras, adoptadas por el Ministerio de Salud entre cuatro paredes, puedan realmente favorecer a ese Servicio.
El señor ministro a diferencia de la valiente actitud del señor Daniel Farcas, quien renunció hace una semana a su cargo, asumiendo su responsabilidad y el costo político por errores cometidos por sus subalternos sólo se ha limitado a pedir públicas disculpas, en circunstancias de que también debió tener la valentía suficiente para, por lo menos, poner su cargo a disposición del Presidente de la República.
No nos bastan esas disculpas. Se debe asumir el costo político de los propios errores. Es utópico pensar que la reforma a la salud será un éxito cuando la inmensa mayoría de los funcionarios de la salud no está de acuerdo en muchos puntos que nos preocupan.
Solicito que se oficie nuevamente al ministro de Salud, porque nosotros ya lo hemos hecho en privado, como deben hacerse en principio las cosas, sin escándalo ni publicidad. Le hemos pedido explicaciones por todo lo que he señalado ahora y él ha hecho caso omiso de nuestra solicitud. No nos ha tomado en cuenta, ni se ha comunicado con nosotros, por lo que consideramos que nos ha faltado el respeto como diputados de la República.
El ministro debe señalar quién determinó entregar 28 millones de pesos a la empresa que organizó el acto, por qué no se consideró la diferencia de precios de otros oferentes y, por último, si realmente está dispuesto a hacer una reforma de salud en conjunto con los actores que la realizarán, o si ella quedará sólo en los papeles.
Asimismo, solicito oficiar, en el mismo sentido, al ministro del Interior, para conseguir, a través de él, lo que no se ha podido lograr con el ministro señor Artaza.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

AUMENTO DEL DESEMPLEO EN REGIÓN DEL MAULE. Oficios.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, cuando se advierte en el país un clima de acusaciones mutuas, de diferente índole; de coimas más, o de coimas menos, y de otras situaciones conflictivas que hemos vivido en los últimos días, ha pasado inadvertida una noticia: el Instituto Nacional de Estadísticas ha dado a conocer las cifras de desempleo en el país, las cuales han subido a 9,7 por ciento a nivel nacional, índice superior al del trimestre anterior y al del mismo trimestre del año pasado.
Quiero destacar que la Región del Maule tiene el más alto índice de cesantía del país: el 15,6 por ciento, y su comuna de Curicó, el 20,5 por ciento. Para una comuna que siempre lideró cifras del orden del 5 ó 6 por ciento, contar en este momento con una cesantía de más de un 20 por ciento, cifra que en realidad representa más del 30 por ciento, es realmente dramático. Es cosa de verlo y de apreciarlo en la calle: cuando uno transita por ella, todo el mundo se acerca a pedir un trabajo.
De alguna forma, este problema se ha paliado con la participación de diversas iglesias que están ayudando a solucionar en parte esta situación, a través de la implementación de comedores solidarios. Pero, sorpresivamente y esto es lo extraño el intendente de la región ha anunciado que, a partir de mañana, se acabarán los programas de empleo que, de una u otra forma, servían para bajar el índice de desempleo entre 2 y 3 por ciento, cifra que aumentará al no contar con estos programas.
Solicito oficiar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a fin de que considere la posibilidad de mantener los programas de empleo hasta que la situación se normalice.
Asimismo, pido que se oficie al Ministerio de Economía tengo entendido que la Empresa de Correos de Chile pertenece a esa Cartera, por cuanto también se ha anunciado que esa institución está retirando su personal en las comunas más pequeñas, con el objeto de privatizar el sistema. Es decir, entregará la atención de Correos a personas que no pertenecen a la planta, situación que agravará aún más el problema de cesantía que tenemos en la región.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se oficie al señor alcalde de Puerto Montt y al señor ministro del Interior, a fin de que se establezca el sistema de televigilancia, sobre todo en la calle Varas, en algunos sectores de la población Padre Hurtado y en otros que se estiman conflictivos, a fin de prevenir la acción de la delincuencia en la región.
Se trata de un sistema que se usa en Santiago, en Valparaíso y en otras ciudades. Servirá para evitar, entre otras cosas, el aumento de la delincuencia, sobre todo en esta capital del cono sur de América.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.

RESPONSABILIDAD DE PERIODISTAS POR OPINIONES VERTIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA.- Señor Presidente, en los últimos días hemos sido “golpeados” por hechos que han conmovido a la opinión pública y, en particular, al mundo político. Ha sido doloroso para todos los que, de una u otra manera, conocemos a las personas que aparecen involucradas. No parece justo ni correcto que se trate de meter en el mismo saco a quienes reciben platas y son investigados y denunciados, y a dos jóvenes diputados de la Democracia Cristiana, que, por falta de experiencia y por el excesivo afán de investigar para llegar al fondo de los hechos de corrupción que se estaban generando en la Sexta Región y que, de alguna manera, podrían estar vinculados a la autoridad del Ministerio de Transportes, y en particular al subsecretario, se quiera tratar de enlodarlos en un hecho que ni siquiera está demostrado.
Tampoco nadie se ha preguntado, ¿cómo es posible que un empresario con más de 34 plantas de revisión técnica sabemos que son más, que nunca fue mencionado ni involucrado en ningún hecho, ni por la prensa, ni por diputados, ni por nadie, curiosamente aparezca, cuatro meses después diciendo que trató de ser sobornado o que le pidieron dinero a cambio de conseguir nuevas plantas? ¿Por qué un hecho tan grave como éste no lo denunció inmediatamente a la autoridad? ¿Por qué si estaba presente o llegó al final el ex subsecretario, señor Patricio Tombolini, que ya estaba siendo investigado por el diputado Jiménez, respecto del cual también se había iniciado una querella por injurias y calumnias, no formuló inmediatamente la denuncia en los tribunales o en el Parlamento, como correspondía? ¿Por qué el señor Denham aparece denunciando estos hechos cinco días después de que la revista “Qué Pasa” los publicara? ¿No les llama la atención ese hecho? ¿Quién lo llamó? ¿Quién le pidió que intercediera? ¿A título de qué y por qué lo hizo? ¿Acaso le bajó un arrebato de moralidad o de conciencia? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es la operación o el montaje que se quiere hacer para que quienes aparecen involucrados y denunciados por los hechos de coima quieran cambiar la “torta” y culpar a dos hombres que han reconocido con hidalguía y honestidad que cometieron excesos en los procedimientos? ¿Acaso el error garrafal de los diputados Jiménez y Pareto, de querer investigar por cuenta de ellos este tipo de cosas, ha puesto en tela de juicio a toda la clase política? ¿Acaso nos olvidamos de los estilos de investigación que se implantaron en este país? ¿Quién los aplicó? ¿Acaso no recordamos cuando en televisión aparecía un parlamentario portando un candado con cadenas para violar una casa particular? ¿Ya olvidamos los estilos de aquellos que querían combatir el medio ambiente y viajaban a todas partes con la televisión con el propósito de hacer actos de investigación? ¿O el caso de Valparaíso, en el cual dos parlamentarios, en combinación con Investigaciones, lograron la detención de unos dirigentes empresariales, quienes posteriormente fueron sobreseídos y quedaron en libertad absoluta? ¿Nos olvidamos del caso del supermercado de la droga en la calle Santo Domingo, en que un parlamentario hizo un montaje con la televisión y Carabineros, hasta el punto de que los tribunales tuvieron que sobreseer de la causa a quienes eran autores confesos del delito de tráfico de drogas, dejándolos en libertad absoluta?
No olvidemos que en Chile algunos implantaron el estilo de que si no se sale en los diarios no se existe o no se es diputado. Lamentablemente otros lo copiaron y estamos pagando las consecuencias. Pero, a pesar de todo eso, doloroso por cierto, nadie puede negar el advenimiento a la democracia, en especial los jóvenes que estaban en tribunas y que recién se fueron. Ellos saben la diferencia entre la libertad y la democracia y lo que fue el régimen autoritario o militar, la dictadura. Hoy, en Chile hay libertad de prensa. ¡Gracias a Dios existe una libertad de prensa que permite denunciar todos los hechos de corrupción que pueda haber, a fin de que la opinión pública los conozca! Pero también queremos tener una prensa que sea seria y responsable.
Por eso, presentaré un proyecto que establezca que los periodistas que escriban en los medios de comunicación son responsables de sus comentarios. Hay libertad para decir lo que quieran; existe una ley que les garantiza la libertad para expresar libremente sus opiniones e investigar, pero deberían firmar sus notas y crónicas. Ello evitaría que algunos, basándose en la libertad de prensa, traten de construir mentiras a medias para hacer verdad cosas que no son ciertas. Ése es el daño que se está haciendo. Tampoco le estoy echando la culpa a la prensa, pues los errores los hemos cometido nosotros, pero si se quiere defender la libertad, la transparencia y combatir la corrupción, también hay que ser responsables de las cosas que se dicen.
He dicho.

AVANCE EN ESTUDIO DE REFORMA PREVISIONAL EN FAVOR DE PROFESORES. Oficio.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, honorables colegas parlamentarios, creo que en la vida hay diferentes estilos de hacer política. Por mi parte, voy a tratar de seguir haciendo mi “pega”. Para ello pedí ser elegido y en cuatro oportunidades mis conciudadanos de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz me han entregado el alto honor de ser primera mayoría.
No menos de seis veces he planteado el tema de los profesores que se mantienen en el sistema de administradoras de fondos de pensiones y que, no obstante cumplir con los requisitos para jubilar, no pueden hacerlo porque sus rentas se verían mermadas a menos de la mitad.
Hemos despachado un sinnúmero de leyes, como la Nº 19.200, y en dos oportunidades hemos modificado la ley Nº 19.070. Gracias a ello, cerca de siete mil colegas profesores que cotizaban en el sistema antiguo, es decir el INP, han podido jubilarse. Algunos de ellos conservaron un 82 por ciento de su renta, pero la inmensa mayoría retuvieron el ciento por ciento de sus emolumentos.
Acabo de recibir una respuesta oficial de la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin, a una serie de planteamientos que, hace aproximadamente 25 días, efectuamos varios parlamentarios de mi bancada y el diputado señor Enrique Jaramillo, del PPD. La ministra señala que considera legítimos los planteamientos y que se está terminando un estudio sobre la materia, el que ha ordenado despacharlo a los ministerios respectivos, de modo de hacer realidad ese anhelo.
Para acoger este tema, se ha conformado en Concepción un grupo en el que participan colegas profesores y servidores públicos de diferentes instituciones del Estado. ¿Por qué volvimos a plantear el tema hace 25 días? Porque esa acción formaba parte de los acuerdos adoptados por la mesa de negociación de conformada por el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación.
En la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, al analizar la partida correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en presencia del ministro, del subsecretario del Trabajo y de la subsecretaria de Previsión Social, se tocó el tema previsional. Creemos que se está trabajando en forma seria y profunda para ver las posibilidades reales de una mejor jubilación para los profesores del país.
Quien habla trata de ser positivo en la vida, lo que no significa ser voluntarioso. Cuando se sabe que para conseguir un objetivo es necesario ir saltando obstáculos, siempre se llega a feliz término. La respuesta recibida de la ministra de Educación es un avance y una señal importante para muchos miles de mujeres y hombres que están esperando concluir de buena forma su vida laboral.
Sin embargo, sobre esta materia quiero ser justo, por cuanto uno no debe vestirse con ropas ajenas. El tema fue puesto en el tapete, pero focalizado en el problema que aqueja a los profesores. Sin embargo, el Presidente del Senado, señor Andrés Zaldívar, lo extendió, en justicia, a toda la administración pública. Para tal efecto, él propuso al Ejecutivo un anteproyecto de ley, pues estas materias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ojalá que esta acción abra posibilidades reales y efectivas de jubilación para miles de trabajadores fiscales.
Junto con reconocer la rápida contestación de la ministra de Educación a la inquietud planteada, solicito que se oficie al ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que informe sobre los avances del estudio que persigue reformar la previsión en nuestro país.
He dicho.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana y del PPD.

ALCANCES A PROYECTO QUE REGULA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- En el turno correspondiente al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se encuentra radicado el proyecto de ley, boletín Nº 2594-06, que establece plazos para el procedimiento administrativo y regula el silencio administrativo.
Si bien es un proyecto que tiende a agilizar los trámites y a desburocratizar los sistemas y autorizaciones en distintos servicios de la administración pública, exhibe algunos riesgos en las áreas que paso a señalar.
La iniciativa consta de 69 artículos permanentes, los que, en síntesis, establecen y regulan las bases del procedimiento administrativo de los actos de la administración del Estado, fijando su ámbito de aplicación que regulará las actuaciones de los ministerios, intendencias, gobernaciones, servicios públicos, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, gobiernos regionales y municipalidades.
El proyecto define el acto administrativo como las decisiones formales que emitan los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad realizadas durante el ejercicio de la potestad pública. Si los actos administrativos concluyen con motivo de silencio administrativo, esto es, si luego de transcurrido un plazo no hay resolución del servicio que recibió la presentación de un particular para llevar adelante una actividad determinada o no existen objeciones a la misma, ese servicio debe emitir la resolución o la autorización respectiva.
La iniciativa me parece excelente, pero podría transformarse en un verdadero forado para la institucionalidad medioambiental construida en los últimos diez años. Por iniciativa del Presidente Aylwin, se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la ley de Bases del Medio Ambiente, que ha sido cuestionada debido a las falencias que exhibe. Sin embargo, se trata de una institucionalidad absolutamente imprescindible para el funcionamiento de la materia que regula. Con todo y debido a la aplicación del silencio administrativo, esta institucionalidad, que es perfectible, puede ser violentada.
Entregados estos antecedentes, estimo que debiera fortalecerse la institucionalidad pública medioambiental, pues, de lo contrario, bastaría con saturar el sistema de evaluación de impacto ambiental con la presentación de cientos de proyectos, apostando a la imposibilidad física de la institucionalidad para no estudiarlos adecuadamente.
Como se trata de un hecho extremadamente grave, solicito que, antes de pasar a la Sala, el proyecto sea conocido por la Comisión de Medio Ambiente.
He dicho.

SALUDO A LA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA, DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN, Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SU DIRECTORA.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Quiero saludar a la delegación de profesores y alumnos de la Escuela de Cultura y Difusión Artística, de la ciudad de La Unión, que ha sido invitada por el diputado señor Jaramillo.
¡Bienvenidos a la Cámara de Diputados!
(Aplausos).
Ofrezco la palabra al diputado señor Jaramillo para que salude a los profesores y a los niños de su zona.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, este colegio, tan querido para el que habla, ha llegado en las postrimerías de la sesión de hoy, pero, como se dice, no importa la hora, sino que hay que saber llegar.
Me permito decir unas breves palabras sobre un encuentro de bandas de guerra e instrumentales de los colegios y liceos de todo Chile que hoy comienza en la Quinta Región. Esta especial reunión tiene lugar en Quilpué, precisamente en El Belloto, en la Escuela Juan XXIII, cuyo anfitrión es el maestro señor Lincoyán Valenzuela.
¡Bienvenidos, jóvenes de Chile que cultivan la música!
En reiteradas oportunidades he relatado en este hemiciclo el orgullo que sentimos en mi ciudad de La Unión por el trabajo que, día a día, se realiza para promover el cultivo de las artes.
La tranquilidad de la provincia, la belleza del paisaje, las largas tardes de invierno, llenas de melancolía, son un acicate para la contemplación estética y para darse el tiempo de escuchar o interpretar buena música. En suma, para la creación artística en todas sus formas y facetas.
En el lugar donde vivo hay un establecimiento educacional de probado reconocimiento regional y nacional, donde estas cosas son posibles. Se trata del Liceo y Escuela de Cultura y Difusión Artística de La Unión, el cual cobija a alumnos desde prekínder hasta educación media. Niñas, niños y jóvenes, desde su temprana infancia, acompañan su proceso educativo con un currículo orientado a las artes, especialmente a la música.
Es este centro del saber el que forma parte importante de las energías creativas de ese sur de Chile; son sus niños, sus jóvenes y los maestros a cargo, quienes, con el apoyo irrestricto de padres y apoderados, son capaces de generar una comunidad educativa centrada en el cultivo de los valores.
Sus éxitos han sido muchos. De hecho, hoy están presentes en esta Sala en una visita también académica, pues participa su banda instrumental y la de guerra, formada por niñas y niños, en el Encuentro Nacional de Bandas que se está llevando a cabo, como señalé, en la ciudad de Quilpué, específicamente en El Belloto.
Señor Presidente, quiero rendir homenaje a esa escuela, al centro de padres, a sus maestros y a su directora. Pido esta venia porque es algo muy personal. Su directora, la señora María Angélica Astudillo, quien por más de 25 años ha dirigido ese establecimiento, con sus desvelos y esfuerzos, ha sido motor y estímulo indispensable para su desarrollo y proyección.
Señor Presidente, si pido esta venia es porque además tengo la alegría de tenerla junto a mí hace más de 40 años como esposa y madre ejemplar. Para ti, mi querida Keka, y para tu colegio, mi cariño, mi respeto y mi sincero y emocionado reconocimiento a tu trabajo.
Gracias, señor Presidente.
Aplausos.
El señor SEGUEL (Presidente accidental).- Señor diputado, ha puesto el tono de romanticismo y cariño que hacía falta en esta Cámara.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.


Se levantó la sesión a las 13.25 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.