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El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma .
El señor PALMA.-
Señor Presidente, Chile es uno de los dos Estados del mundo, junto a Malta, que no tienen ley de divorcio. Esto no debe hacernos sentir orgullosos; al contrario, escondemos detrás de nulidades fraudulentas una realidad social indesmentible que ocasiona diversos y graves problemas.
Las parejas que se han unido en matrimonio ante la ley pueden fracasar y tienen el derecho a una salida legal con la voluntad de una de las partes, en forma digna y transparente, que dé solución a su problema y al de sus hijos, además de permitirles rehacer sus vidas en un marco legal.
Así también se soluciona el problema de más de la mitad de los niños que, en Chile, nacen fuera del matrimonio, de parejas estables, pero que no han podido regularizar su situación.
Todo este anacronismo legislativo disfrazado de falsas creencias para “reforzar” la familia, soporta y fomenta graves problemas de relación de pareja, violencia intrafamiliar, dificultades y discriminación, que principalmente afectan a la mujer, a los hijos y a las personas de escasos recursos, que no pueden pagar el costo de la tramitación de un juicio de nulidad. En Chile, todo esto comienza a diluirse definitivamente.
Las causales de divorcio se producen después de la celebración del matrimonio. Mal podrían las parejas optar por casarse renunciando a la posibilidad del divorcio. Es una aberración jurídica proponer esta alternativa; es como comprar remedios para una enfermedad que ni siquiera se sabe si se va a contraer. Sólo argumentos pobres sostienen esa posición.
Algunos tratan de revivir el matrimonio religioso e igualarlo al civil. Esto, además de extraño, es improcedente e inconstitucional, y ya se resolvió en el siglo XIX, al separar los problemas civiles, propios de las leyes y del Estado, de los problemas de fe, propios de las iglesias. En esto también se produce discriminación entre las diferentes iglesias, ya que de las dos mil iglesias evangélicas, por ejemplo, sólo cincuenta tienen carácter de corporación de derecho público, requisito que las autorizaría para validar sus matrimonios, según la indicación de la Democracia Cristiana y del senador Naranjo . Con esto, se está pasando a llevar a las iglesias evangélicas por volver a influencias políticas que le son ajenas por definición. Esto nada tiene que ver con la fe ni está contra Dios.
Chile es un Estado laico; pero algunos olvidan algo tan evidente e importante: “A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
Además, un sector católico no puede imponer su postura a los otros. Si los católicos no desean divorcio, sin duda es su derecho y pueden optar por contraer matrimonio religioso, además del civil, y no divorciarse. Es su opción. El Estado no se mete en los problema religiosos; pero tampoco las iglesias deben imponer al Estado sus posiciones, que pueden predicar en el libre ejercicio democrático, con respeto, sin la presión indebida de su peso político. Repito: no es un problema de fe ni de Cristo. Nadie está en contra de Dios.
Además, hay posiciones diferentes entre las distintas iglesias, y en ellas mismas a través de la historia. Es errado pensar que por no existir ley de divorcio las parejas dejarán de separarse. La separación obedece a sus propias causas y, al no existir ley, recurren a nulidades fraudulentas.
La ley de divorcio no va contra la familia; sólo legaliza la formación de otra pareja, la que existe independientemente de si hay o
no ley. En realidad, las rupturas matrimoniales no son consecuencia de la ley de divorcio. La ruptura de una pareja es una enfermedad social, y la ley de divorcio, su tratamiento.
Chile puede hoy estar más tranquilo: nos acercamos cada día más a la solución de un grave problema pendiente en nuestra sociedad.
He dicho.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
Muchas gracias, diputado señor Osvaldo Palma , por sus palabras y su reflexión.
"
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