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El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton por ocho minutos.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , hace algunos días, el periodista señor Eugenio Salinas , de Canal 11, Chilevisión, dio a conocer en un extenso reportaje las situaciones anómalas en que ha incurrido la empresa Metalpar S.A. en relación con la venta de autobuses que miles de chilenos han adquirido. La empresa en cuestión representa el principal “holding” proveedor de microbuses carrozados llamados Metalpar.
Ese reportaje es realmente impactante, porque, en las entrevistas a los afectados, se denuncian no sólo las incautaciones violentas sin órdenes legales, sino también que, una vez requisados los vehículos, son llevados directamente a la empresa.
Todas esas irregularidades, incluso el peritaje de los vehículos, fueron mostrados en el reportaje.
El ingeniero Raúl Sierralta , quien patrocina muchas querellas, hizo hincapié en los problemas de inscripción, de los cuales existen hasta siete anotaciones anteriores.
Según Raúl Sierralta , el proceso irregular consiste en que, en ese entonces, Comercial Metalpar facturó los buses a Industrias Metalúrgicas Paredes, que, en calidad de dueña de esos vehículos, los inscribió en el Registro de Vehículos Motorizados, obtuvo la patente, logró la revisión técnica y los inscribió en el Registro del Servicio de Transportes del Ministerio del ramo.
“Incluso -dice el ingeniero Sierralta - los inscribieron en un recorrido, comprometiéndose, en una declaración jurada, a hacerlos trabajar. En ese momento, toma carácter de usuario, no de vendedor, por lo cual, al momento de enajenar ese bien a las personas, era usado. Acá hay una estafa, un engaño a los usuarios, al vender algo usado por nuevo”.
Continúa el profesional: “Otro problema que se ha detectado es que la empresa cuestionada hizo incurrir a los empresarios en una irregularidad, al solicitar un crédito fiscal o diferir el pago del impuesto al valor agregado para la adquisición de vehículos para el transporte de pasajeros cuando no les correspondía.
“Al tener dueños anteriores, técnica y tributariamente hablando, la ley que dio inicio a las franquicias dispone que los que tienen derechos son los primeros adquirentes en calidad de usuarios del bien. La gente que adquirió los buses no debería haber podido pedir al Servicio de Aduanas el crédito fiscal o al Servicio de Impuestos Internos, autorizando el pago, en diez cuotas, diferido del IVA, que corresponde a esa compra, por lo que se hizo mal uso de estos recursos fiscales”.
“Las diligencias realizadas por los empresarios y sus asesores descubrieron que varios de los chasis de las máquinas que andan circulando en Santiago y en la Quinta Región no corresponden a la marca Mercedes Benz”. Agrega el ingeniero: “El chasis no es Mercedes Benz, sino Maxion. Las facturas dicen que se trata de un bus modelo tanto, año tanto, sobre un chasis de origen brasileño nuevo y sin uso, marca Mercedes Benz”, lo cual es falso.
El profesional indicó que lo anterior es importante para el tipo de vehículo y sus inscripciones respectivas.
Todo lo anterior ameritó que los empresarios afectados presentaran una querella en un tribunal de Santiago. En el caso de la Quinta Región, se han efectuado más de diez peritajes a diversas máquinas para determinar la calidad de los buses que están circulando en la zona.
“En su ocasión -sigue la información- la Empresa Metalpar S.A. señaló que las imputaciones no son efectivas y que afectan el honor de sus ejecutivos, personeros, accionistas y abogados, involucrando a otros organismos, como los tribunales de justicia, Carabineros, el Servicio de Aduanas y de la Tesorería General de la República.
“La empresa, a través de un comunicado oficial, manifestó que se trata de una firma líder en el rubro con más de 35 años de trayectoria, que ha venido financiando más de 25 mil buses para personas de distintos niveles”. Hasta ahí la información.
El abogado Juan Enrique Prieto detalló datos de los chasis que no pertenecen a la marca Mercedes Benz, sino a la Maxion.
Ante el hecho de no entregar lo que se esperaba, la situación se puede tipificar como una estafa.
En la Corte de Apelaciones de Santiago han ingresado más de 2 mil 400 casos, y ayer, altos ejecutivos de esta empresa, que no han trepidado en poner grandes avisos en la prensa escrita para señalar lo contrario a lo que se les imputa, fueron detenidos, y hoy, en la mañana, puestos a disposición del Primer Juzgado del Crimen de Valparaíso .
Ante esta situación, que aparece anómala, se pueden aducir muchos más argumentos que los que se están dando; pero quiero defender el derecho a fiscalizar de la Cámara de Diputados. Lo digo porque desde el primer día en que manifesté interés en esta situación, al recibir a más de 300 personas afectadas, al dar, en una entrevista privada, al presidente de la Corte Suprema una información detallada de lo que hoy estoy señalando, he sido objeto de tres querellas por parte de esta empresa.
Estimo que la libertad de las personas vale mucho; la libertad de los diputados de hacer uso de sus facultades, como las de fiscalizar, hace mucho más fuerte, de alguna manera, nuestra democracia; y el hecho de que privados se sientan con derecho a amedrentar, a tratar de asustar a quienes ejercemos esta labor, me parece inaceptable.
Felicito a los medios de comunicación que se han atrevido a denunciar esta situación irregular.
Felicito a Chilevisión por el coraje y la valentía de mostrar, tal como son hoy, las acciones que representan irregularidades graves y un daño enorme al patrimonio de personas modestas que han confiado y han querido iniciarse como pequeños empresarios. Muchos de ellos, como en el caso de Lota, por ejemplo, se sometieron a una reconversión e invirtieron todos sus pequeños ahorros, pero finalmente resultaron estafados y han perdido absolutamente todo.
Considero que los medios de comunicación, hoy más que nunca, tienen la gran responsabilidad, no sólo de informar de este hecho, sino también de muchas situaciones respecto de las cuales normalmente los diputados somos testigos, pero no contamos con la comprensión ni con los apoyos necesarios.
El derecho a fiscalizar y a informar a la opinión pública, y a poner en conocimiento de la ciudadanía situaciones irregulares como ésta, no puede ser cercenado mediante querellas de carácter judicial.
Quiero felicitar también a los tribunales de justicia, que, muy lentamente, están haciendo caminar esa máquina que se llama “de la justicia”.
Estamos ante una situación grave que afecta a mucha gente, y ojalá la Cámara de Diputados pueda hacerse parte en este asunto. Con el diputado señor Alejandro Navarro presentaremos un proyecto de acuerdo a fin de solicitar la formación de una Comisión investigadora, porque aquí hay involucrados organismos del Estado, como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Quiero agradecer la confianza depositada por algunos diputados en mi condición de fiscalizador.
Por último, abrigo la esperanza de que ojalá se haga luz en un tema tan sensible y que afecta a tantos miles de chilenos.
He dicho.
"