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- rdf:value = " El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , según la convocatoria a esta sesión fuimos citados con el objeto de “analizar los serios incidentes y hechos violentos, en el marco del denominado ‘conflicto mapuche’, y las necesarias medidas que debe adoptar el Gobierno respecto a las acciones concertadas de grupos violentistas en las regiones afectadas”.
Al leer este párrafo, de inmediato uno se pregunta hacia dónde se quiere llevar el debate: hacia un diálogo serio, que permita concordar efectivamente bases compartidas respecto de este verdadero desafío que tiene el país, o si sólo se quiere trasladar al campo de lo contingente, de la controversia artificiosa, o, peor aún, si se pretende convertir esta sesión en una escaramuza para atacar al Gobierno. Es más, al ver la redacción de la convocatoria, nos embarga una preocupación, porque una vez más se comete el error de asociar el desafío de nuestros pueblos originarios con el terrorismo. De hecho, la redacción comete ese error.
Sin embargo, tenía la esperanza de que no ocurriera lo mismo con el debate; pero, lamentablemente, las intervenciones de los parlamentarios de la Derecha confirman la preocupación que tenía antes de concurrir a la sesión.
En primer lugar, las informaciones entregadas sobre los programas de tierras son absolutamente inexactas y reflejan una ignorancia gravísima.
Desde 1994 a la fecha, en virtud de la aplicación de la letra b) del artículo 20 de la ley Indígena -sobre compra de tierras-, se han adquirido 35.147 hectáreas, que han beneficiado a más de tres mil familias. A su vez, por aplicación de la letra a) del artículo 20 -sobre subsidios para la compra de tierras-, se han beneficiado 698 familias, con más de 9.000 hectáreas. Con el traspaso de predios fiscales, se han beneficiado 1.949 familias, con una superficie de 171.000 hectáreas. Es decir, desde 1994 hasta la fecha, el traspaso de tierras al patrimonio indígena llega a 215.457 hectáreas, con lo que se han beneficiado 5.745 familias. Es decir, no es posible sostener tan livianamente que se debe disolver la Conadi, a partir de hechos terroristas que deben sancionar los tribunales de justicia e investigar los organismos policiales, ya que el volumen de traspaso de tierras supera las 215 mil hectáreas, y más de 5.700 familias han sido beneficiadas. A lo menos, resultaría una afirmación aventurada.
En esta materia no hay que perder la calma. No debemos dejarnos aprisionar por los extremos: ni por la extrema Derecha, que quiere crear una imagen de inestabilidad, de caos, de desgobierno, ni tampoco por la extrema Izquierda o por grupos terroristas, que fomentan el violentismo. Existe un anchísimo espacio para una política democrática que efectivamente aborde, como un asunto de Estado, el desafío de los pueblos indígenas.
Ahora bien, cuando se afirma que simplemente se trata de la incapacidad de los gobiernos de la Concertación, se falta groseramente a la verdad, y eso hay que decirlo derechamente. Además, se exculpan las propias responsabilidades, porque, durante el período de la transición democrática, el Congreso tuvo la posibilidad de votar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero la Concertación no contó con los votos suficientes para hacerlo realidad.
En consecuencia, no se trata de decir: “Miren, señores, hay un Gobierno incapaz y una Concertación ineficiente”. Lo menos que se puede exigir es un mínimo de rigor, en primer lugar con los hechos, pero también un mínimo de consecuencia con los propios actos, pues lo que ha habido es un esfuerzo del Estado -desde 1990 a la fecha, cuando el ex Presidente Patricio Aylwin firmara, en su condición de candidato presidencial, en un verdadero congreso mapuche reunido en Nueva Imperial, la más importante instancia representativa de los pueblos originarios- para resolver una deuda de cerca de quinientos años, y éstas no son sólo palabras.
Repito, por primera vez desde 1990 en adelante, los mapuches no han tenido desalojos, no les han quitado sus tierras ni han sido expulsados violentamente de sus predios, como sí ocurrió en el gobierno de la Derecha, porque ésa es la verdad; pero ahora, sueltos de cuerpo, atribuyen el problema a la incapacidad de la Concertación.
En mi distrito, que corresponde a la provincia de Arauco, en la Octava Región, son centenares las familias mapuches que fueron violentamente expulsadas de sus terrenos en los años 74, 75, 76, 77, etcétera. Sus enseres fueron sacados de sus hogares, fueron abandonados en los caminos, y sus hijos se quedaron sin tierra, sin educación y sin salud.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
¡Qué lindo que los parlamentarios de la Derecha se rían! Eso refleja su sensibilidad. ¡Qué bueno que se burlen de lo que estoy diciendo, porque detrás de esas risas cínicas existe un intento de ocultar su propia responsabilidad! Porque fueron algunos de estos colegas, entre otros alcaldes, quienes estaban cuando la gente fue expulsada de sus terrenos. ¡Sí, pues, señores, ustedes tenían la responsabilidad del Estado!
(Hablan varios señores diputados a la vez).
El señor representante de la UDI se molesta, pero en aquella época era el alcalde de Pinochet en Curanilahue, cuando en la provincia las familias mapuches fueron expulsadas violentamente de su territorio, sin ningún respeto por la propiedad privada. ¡Ahí sí que no había respeto por la propiedad privada! Para la Derecha, la propiedad privada es la de sus beneficiarios, la de sus mandantes, la de los grupos económicos que defienden políticamente en el Congreso. ¡Ésa es la propiedad privada que les interesa, pero no la de los demás! Yo defiendo la propiedad privada del pueblo mapuche; defiendo su derecho a la tierra, defiendo su derecho a que si tienen cincuenta, sesenta, ochenta o cien hectáreas no sean expulsados de esa tierra que les pertenece. Ésa es la diferencia. No sólo defiendo la propiedad privada de “mis patrones”, sino la de todos.
Por eso, se pretende ocultar y disipar la responsabilidad política detrás de unas cuantas risas nerviosas. Sin embargo, los datos son elocuentes e indesmentibles, y no sólo del problema de las tierras, pues nunca se había desarrollado una reforma educacional como la que hoy tiene lugar en esas tierras; nunca se inauguraron tantos colegios como los que se inauguran hoy; nunca se habían aprobado tantas leyes para que los profesores pudieran enseñar; nunca se habían hecho tantas postas rurales como las que se han hecho hoy; nunca se habían construido tantos caminos como los que se han construido hoy, y nunca se había luchado tanto contra la ignorancia, contra la postración y la humillación como se está haciendo hoy.
Por otra parte, se habla mucho de que no sirven las llamadas mesas de diálogo. Debo decir que en las del caso han participado las más representativas organizaciones del pueblo mapuche, de los aimaras o de los rapa nui. De ellas han surgido iniciativas como las siguientes: establecer en la Región Metropolitana, en la ciudad de Santiago, capital del país, un parque de los pueblos originarios, para lo cual se ha concordado con el municipio de la comuna de El Bosque para llevarlo a cabo.
Efectivamente, como reflejo de los sentimientos condicionados que existen en la oligarquía nacional respecto de los mapuches, tenemos en la Región Metropolitana -y lo podemos decir con orgullo, porque la nuestra es una tierra acogedora- el Estadio Italiano, el Estadio Español, el Estadio Israelita, pero ningún tipo de entidad similar que haga homenaje a los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche.
Ha sido el Gobierno del Presidente Lagos el que promovió la iniciativa del parque de los pueblos originarios de la Región Metropolitana, primera de este tipo en su naturaleza, porque no somos racistas ni consideramos que existen chilenos de primera o de segunda clase, sino que todos somos iguales.
Nuestro ánimo es proseguir trabajando para enfrentar las causas de fondo del problema y establecer una relación de confianza entre el Estado y los pueblos originarios; una relación constructiva entre el Estado y el pueblo mapuche, que vaya avanzando en saldar la deuda de décadas por la negación de derechos y la usurpación de las tierras. Nuestro ánimo es echar las bases de una política de Estado que signifique el reencuentro de la Nación y su real y efectiva integración, y que los pueblos originarios tengan el lugar que corresponde a su dignidad y a su condición de hombres y y de mujeres libres.
He dicho.
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