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El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por siete minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado señor Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , extraño resulta, por decirlo de algún modo, un debate exclusivo acerca de la situación de los pueblos originarios y, al mismo tiempo, intentar reducirlo a la “conflictividad mapuche”.
Habría esperado que la convocatoria hubiese estado motivada por la cosmovisión indígena, por los aspectos sociales, por la realidad de pobreza e indigencia, por la formulación de planes de desarrollo o por la reforma de los existentes, e, incluso, por la eventual modificación de la propia ley Indígena.
No obstante, lo primero que habría que decir, en forma muy categórica, es que rechazamos cualquier acto de violencia, o la asociación ilícita para perpetrar atentados, intimidación, etcétera. Del mismo modo, debemos señalar que la ocurrencia de hechos de violencia, ocupaciones de predios e incidentes en relación con lo que se ha llamado “el conflicto mapuche”, ha experimentado una drástica disminución en lo que va del año, si lo comparamos con igual período del año anterior, lo que incluso se puede concluir de la lamentable y desproporcionada publicación de prensa hecha el 10 de marzo pasado por parte de un grupo de agricultores.
En lo referido al orden público, es necesario destacar la notable acción preventiva de Carabineros durante el presente año, lo que se ha traducido en detenciones de personas en delitos flagrantes, como el ocurrido en el secuestro de un bus en la provincia de Malleco, o en la interceptación de un camión con personas que portaban armas cortantes en el puente Cajón , quienes se dirigían a perpetrar la ocupación de un fundo. Destaco lo anterior porque, francamente, esta eficacia policial no la habíamos observado antes.
En cuanto a los principales recursos judiciales que, ante la ocurrencia de estos hechos, algunos sectores demandan, habría que decir lo siguiente: reconozcamos, de una vez por todas, que la ley de Seguridad Interior del Estado, en el marco de la reforma procesal, no rinde los efectos esperados; no ayuda en la agilización del proceso ni en la determinación de la pena. La Corte de Apelaciones de Temuco ha dejado con penas remitidas a personas procesadas por estos delitos. Aquí la víctima queda completamente ausente del proceso; ya no es parte.
Además, digámoslo con todas sus letras, los fiscales tienen plenas atribuciones para investigar, y cuando actúa el Ministerio Público, es el Estado el que está actuando.
En cuanto a la ley antiterrorista, recordemos que cualquier persona puede pedir su aplicación; no sólo es atribución del Estado. De hecho, agricultores de la región la han invocado en varias ocasiones.
Los temas de fondo no son los recursos procesales ni las estadísticas acerca de los conflictos ocurridos, sin desconocer -reitero- la gravedad de muchos de ellos. En este aspecto, a mi juicio, el punto central en relación con lo que ocurre en el sur del país ni siquiera es la pobreza. Es evidente que las comunidades mapuches de nuestra zona están inmersas en una realidad de pobreza e indigencia; pero tampoco podemos desconocer que el Ministerio de Planificación y Cooperación impulsa, desde hace bastante tiempo en la región de La Araucanía, programas con un fuerte impacto en el desarrollo socioproductivo del mundo indígena. Sin ir más lejos, los fondos por concepto del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para el programa “Orígenes”, están proyectados para alcanzar, en el mediano plazo, una profunda transformación en las condiciones de vida de muchas comunidades.
No obstante, la superación de los niveles de pobreza, desempleo y marginalidad está aún muy lejos de todos los objetivos que gobierno alguno pueda plantearse. Por eso me atrevo a decir que el salto que hoy estamos obligados a dar, que como sociedad no hemos querido ver, está referido al aspecto cultural: entender que estamos hablando de un pueblo.
Hace no más de diez días, junto con el diputado señor Meza , tuvimos la ocasión de participar en el parlamento mapuche, realizado en Villarrica, que fue convocado por la mayoría de las organizaciones indígenas existentes en la zona. En la oportunidad, los propios dirigentes, haciendo alusión al parlamento de 1883, señalaron a éste como un hito en lo que constituye el despojo de sus tierras. Por lo tanto, a juicio de los mismos, la pobreza mapuche también tiene un origen histórico.
Como decía recientemente, entre las conclusiones del mencionado parlamento realizado en la región de La Araucanía, surgen con fuerza ideas como las siguientes:
La corona española, hace doscientos años, había reconocido al pueblo mapuche como tal.
Hay un Estado que se interpuso sobre un pueblo-nación.
Los derechos políticos son anteriores al concepto de desarrollo.
Las políticas de desarrollo debieran fundarse sobre la base de las diversas identidades territoriales existentes.
Por último, existe un mandato espiritual, que es el que están llamados a cumplir hoy los mapuches.
Me parece que hace falta, precisamente, ver el aspecto cultural de los pueblos originarios. No sigamos ofendiendo a tantas personas con el estigma de la violencia y del vandalismo, porque no es efectivo. Tengamos la generosidad para abrirnos a conocer y a reconocer los elementos de identidad de una cultura ancestral con una cosmovisión distinta. No tengamos miedo de avanzar en aspectos tan sentidos por la cultura mapuche como son el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y, por qué no, plantearnos avanzar en otros derechos políticos, como la expresión de este pueblo en distintas instancias de representación. Por ejemplo, en el Congreso Nacional. En la medida en que nos atrevamos a dar ese paso y a reconocernos como una sociedad pluriétnica, no sólo haremos un acto de justicia frente a la historia, sino que, además, podremos adentrarnos en la perspectiva del desarrollo integral, eficaz y pertinente para todo ese pueblo.
He dicho.
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