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El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Le restan seis minutos al Comité de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , la violencia tiene sus causas, y para terminar con ella no se debe emplear más violencia. Cuando en una democracia como ésta se producen estos hechos, es porque hay otros motivos que la generan. La forma para prevenirla o de reprimirla debe basarse necesariamente en corregir los motivos que le dieron origen, así como también en aplicar la normativa correspondiente. Nada más.
En el caso presente, además de adoptar medidas punitivas respecto de las acciones concertadas de grupos violentistas en las regiones afectadas, deben adoptarse medidas que solucionen los problemas que generan los incidentes y descontentos. De los conflictos se aprovechan siempre los violentistas, y no son los indígenas precisamente los que ejercen la violencia. Por ningún motivo justificamos la violencia, pero ella se genera paralelamente a los problemas que existen o que surgen.
Los indígenas constituyen las raíces primarias de nuestra nacionalidad. Ellos han aportado y se han integrado, pero no siempre son tratados como corresponde ni tampoco siempre se les respetan sus derechos. No obstante, se puede decir que los mapuches no se integraron al Estado chileno voluntariamente, ya que inicialmente fueron incorporados por la fuerza por una acción del reduccionismo que se remonta a 120 años. Cada vez que ha habido un intento de relacionarse con el Estado chileno, el pueblo mapuche no siempre ha salido airoso. Y cuando hablo de Estado chileno no me refiero sólo a los gobiernos que se han sucedido, sino también a la sociedad entera, a los cuerpos intermedios.
La tierra es el fundamento principal de su existencia y de su cultura, según lo señala la ley Nº 19.253. Cuando ellos nacen es como si lo hicieran trayendo un pedazo de tierra entre sus manos. La llaman la “madre tierra” o Ñuque Mapu , y es vital y fundamental. Entonces, ¿cómo no entender que sus reclamos por las tierras que les fueron quitadas no sean legítimos y no formen parte de su vida; que los 10 millones de hectáreas que constituían el territorio mapuche se hayan reducido a 500 mil hectáreas; que la acción de los tribunales de justicia, a través del tiempo, haya significado para los mapuches la pérdida de miles de juicios y, con ello, la pérdida de miles de hectáreas de terreno por la influencia y el peso que significa el alegato de empresas y de grandes consorcios ante esos organismos; que, entre los años 1967 y 1973, el Estado chileno llevó a cabo a un proceso de reforma en virtud del cual unas 30 mil hectáreas fueron traspasadas a campesinos indígenas, pero que, posteriormente, el mismo Estado, durante el régimen autoritario, inició la contrarreforma agraria a través de la cual les quitó a esos campesinos unos cuantos miles de hectáreas que años atrás les habían sido entregados; que, en virtud de la figura jurídica del derecho de ausentes -decreto ley Nº 2.568, de 1979-, quien no estaba en las tierras cuando se iniciaba la división de la comunidad, automáticamente perdía todo derecho a la tierra, se le declaraba ausente y sólo se le pagaba un dinero conforme al avalúo fiscal que tuvieran dichas tierras?
Durante gobiernos pasados, que no fueron democráticos, muchas tierras de indígenas fueron declaradas fiscales y vendidas a particulares a través del SAG. Hoy, esos mismos particulares hacen verdaderos negocios vendiendo a la Conadi tierras que les pertenecían a los indígenas.
¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo entender que las tierras del Alto Biobío, que pertenecían a los pehuenches y que, en razón de un mal entendido progreso o supuesto desarrollo energético del país, deban ser inundadas por una planta generadora de electricidad y así arrasar con historias, tradiciones, con todo un patrimonio cultural, social y económico? Aquí la ley eléctrica se superpuso a la ley Indígena, contrariándose el espíritu del acuerdo de Nueva Imperial de los años 1989 y siguientes.
Si bien hemos sido capaces de crear una ley Indígena, pese a que su cuerpo legal original es muy distinto del actual, no ha sido suficiente para completar un marco jurídico que entregue a los indígenas instrumentos que garanticen sus derechos como tales y su patrimonio cultural. Esa ley fue titulada como “norma de protección, fomento y desarrollo de los indígenas”, pero muy poco hemos logrado en cuanto al fomento, el desarrollo y la protección, no obstante los grandes esfuerzos del Gobierno y a su espíritu de identidad con las aspiraciones e inquietudes de los indígenas.
No hemos sido capaces de establecer un verdadero reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas -aquí mismo fracasó, por falta de quórum, la aprobación de la reforma constitucional-, ni menos de sancionar el convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce a los pueblos indígenas como tales, ya aprobado por muchas naciones de Latinoamérica. En ese sentido, estamos rezagados en el tiempo y tenemos una deuda con ellos. Nuestra preocupación es darles lo que aún les falta.
En 1990 no había luz en algunos rincones de las comunidades. Tampoco había buenos caminos ni viviendas. Hoy la luz ha llegado a las comunidades, y los caminos y sus viviendas han mejorado. Pero la dignidad no se repara sólo con estos simples adelantos materiales. Hay mucho más que hacer para brindarles el verdadero respeto y dignidad que se merecen. El desprecio, la indiferencia y la discriminación aún subsisten, y la calificación como pueblo atrasado se mantiene.
Los problemas internos también existen entre las comunidades, y se agudizan. El 29 de enero pasado murieron cinco indígenas, integrantes de la comunidad de Rucamañío, en San Juan de la Costa, por rivalidades internas que no fue posible prevenir. Ni los tribunales de justicia ni el Estado han sido capaces de resolver plenamente esos problemas por el desconocimiento de las materias; porque sus dificultades son propias, de una naturaleza especial, donde nuestra legislación resulta a veces inaplicable. Entonces, ¿cómo impedir el conflicto? ¿Cómo impedir la violencia si el Estado chileno, a través del tiempo, no ha sido capaz de entender que los métodos de solución deben estar de acuerdo con la idiosincrasia de esas etnias? Chile no es el único país que concentra grupos originarios; por el contrario, son muchos. Esas etnias contribuyen a reforzar nuestra cultura. Sabemos que los países se enriquecen con la diversidad cultural.
Señor Presidente , exijo que se apruebe pronto la reforma constitucional, con la participación de las comunidades indígenas; que se apruebe el convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que se apliquen políticas más estructurales respecto de la solución de los problemas de las comunidades, con el objeto de evitar la violencia y de cautelar que no se dé lugar a que algunos grupos puedan aprovecharse de esta circunstancia para emplearla.
He dicho.
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