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El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , me referiré a cuatro puntos.
El primero dice relación con nuestra visión sobre el tema que se debate en esta sesión especial, de modo de no andarnos por las ramas.
El segundo punto es una afirmación. Las autoridades del Estado han renunciado al ejercicio del poder legítimo en el territorio de Arauco al sur. No estoy asignando exclusiva responsabilidad al Ejecutivo . Las autoridades ejecutivas, judiciales y, en general, todos quienes tienen, en resguardo de la soberanía del Estado, el ejercicio de la facultad de imperio que el Estado de derecho les otorga, están renunciando a ejercer ese poder legítimo.
El tercer punto es, con todas sus letras y sin evasivas, la evidencia de que desde Arauco al sur, en las regiones Octava y Novena, está operando una asociación ilícita de carácter terrorista-incendiario, que se está tornando impune e intocable.
El cuarto punto que quiero abordar -porque no hay problema para el cual no se encuentre solución- es lo que consideramos como solución jurídica -la daremos a conocer ahora al subsecretario del Interior- dentro del Estado de derecho.
En cuanto al primer punto, este no es un debate ni histórico, ni sociológico ni antropológico. Es un debate legítimo y del cual uno debe entender. Hay historia oficial y revisionismo histórico. Soy aficionado a la historia y he escrito sobre ella, pero es tan interminable como inmovilizante. Si hay algo que a uno le queda claro cuando se decantan los conceptos de la historia de Chile, es que ha habido un esfuerzo constante de la nación-estado por integrar a todos a la nacionalidad. Y también queda claro que muchas veces ese proceso no ha estado exento de errores, porque la incorporación y la integración no es hacer tabla rasa, como muchas veces se ha entendido. Ése es un punto legítimo que el revisionismo histórico ha puesto sobre la mesa y que -repito- hay que entender.
Insisto, este no es un debate sobre historia, sino sobre una escalada, que está creciendo, que es cada vez más violenta, de hechos delictuales que afectan a la propiedad y seguridad de las personas en una inmensa porción del territorio nacional.
En relación con el segundo punto, afirmamos que las instituciones del Estado y sus autoridades están renunciando a su poder legal. Recién decía un diputado que la violencia no se combate con violencia. Eso es cierto. La violencia se combate con la ley; con el Estado de derecho cuando es contraria a éste. Aquí se está evitando enfrentar la cuestión principal, la verdad: la existencia en esas regiones de una asociación ilícita de carácter terrorista-incendiario. Hay un círculo vicioso que se torna cada vez más cerrado, y un área gris propia de tierra de fronteras. En esto, el país ha tenido una regresión de 150 años. El Gobierno dice que este problema es jurídico y que debe resolverse caso a caso; la justicia, requerida, sostiene que es un problema político que debe resolver el Gobierno. Las policías, a su vez, no pueden hacer nada, porque no tienen recursos y su voluntad está mediatizada por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo . Y en el medio queda la población indefensa e insegura. Eso es lo que está pasando.
Respecto del tercer punto, no neguemos lo innegable. Apelo al criterio prudente e ilustrado de mis colegas para que me digan si en los hechos que estamos analizando y en su conformación, no están todas las características de una conducta terrorista, de acuerdo con lo que define nuestra legislación.
La ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, señala en su artículo 1º: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando en ellos concurriere alguna de las circunstancias siguientes:
1ª Que el delito se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor injustificado de ser víctima de delitos de la misma especie,...”.
Su inciso segundo agrega: “Se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios,...”.
En esta escalada creciente de violencia, de hechos delictuales, repito, recurro a la ilustración y a la ponderación de mis colegas. ¿No está aquí claramente tipificada la conducta terrorista descrita en nuestra legislación? Nadie puede argüir en contra de este argumento.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señor diputado, se ha cumplido su tiempo.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, le pido un minuto porque voy a dar dos antecedentes.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Bien, pero con cargo a su bancada, señor diputado.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , quiero agregar otro hecho, y aquí está el subsecretario del Interior.
El Ministerio del Interior sabe, o debiera saber, que en las regiones Octava y Novena está operando la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco-Malleco, o coordinadora mapuche, que usa la sigla CAM, la cual -lo declaran ellos mismos- ha tenido asistencia, en aspectos organizacionales y operativos, de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR. Dicha Coordinadora elaboró una campaña de acción urgente en la comuna de Tirúa, de la Octava Región, con sus objetivos, con víctimas con nombres y apellidos, que quedaron registrados en el acta constitutiva.
Por si esto fuera poco, si el Ministerio del Interior no tiene la información, bastaría con recurrir a internet, porque, como en Chiapas, esta organización se anuncia allí. Doy su dirección: http://www.weftun.cjb.net/. Al igual que en Chiapas, hay aquí un planteamiento claro de subversión organizada, con pelos y señales.
Por último, deseo dar a conocer un hecho grave: la única investigación seria que se llevó adelante fue la incoada por el entonces juez de Cañete, señor Jaime Álvarez , quien abrió un cuaderno secreto por asociación ilícita y conductas terroristas, y organizó una unidad especializada para investigar la organización.
Pues bien, cuando eso pasó, inmediatamente hubo una acción destinada a desarmar lo que el juez Álvarez había investigado. Ese magistrado fue sacado del caso, nombrado juez de garantía en Ovalle, y el cuaderno secreto, que contiene todos los antecedentes por asociación ilícita, permanece en una caja de fondos en el tribunal de Cañete. Después, el juzgado de Cañete estuvo sin magistrado por más de dos años, y ahí quedó la información.
No escondamos el bulto. Aquí corresponde que el Gobierno pida un ministro en visita para que conduzca la investigación, reúna los antecedentes, defina si estamos o no ante una conducta terrorista y aplique las penalidades necesarias. Por mucho menos, tanto el Ministerio del Interior como los parlamentarios y la comunidad, piden y obtienen ministros en visita. No es posible que en la línea de la frontera tradicional de Chile, después de 150 años, la población viva de nuevo en la inseguridad y en el terror.
Es absolutamente necesario que el Gobierno reaccione, y en ese sentido vamos a hacer nuestro planteamiento.
Insisto en que esto se arregla con el derecho en la mano, con un ministro en visita que conduzca, de una vez por todas, las investigaciones conducentes a la sanción de los graves hechos que estamos denunciando.
He dicho.
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