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El señor NORAMBUENA .-
Señor Presidente , en días recientes, el distrito que represento, la provincia de Arauco y Lota, y el país, nuevamente han sido testigos de un recrudecimiento de hechos de violencia que se realizan bajo las banderas de la causa mapuche, en un conflicto que se viene arrastrando desde hace varios años y que obedece a diversas causas.
Sobre el particular, nadie es dueño de la verdad. El problema no se soluciona con una varita mágica y nadie puede decir que posee la solución sin actuar con arrogancia e hipocresía.
Hace falta un diálogo, pero un diálogo sensato que incluya a todas las etnias que conviven en nuestra nación.
En verdad, espero que esta sesión especial sea el punto de partida de un debate nacional al respecto, en el que, por primera vez, se incorpore a todos los sectores involucrados y no sólo al Gobierno y a dirigentes de determinadas agrupaciones mapuches.
También quiero poner de relieve la enorme vocación pacifista del pueblo araucano, lo que no se condice, aparentemente, con las imágenes vistas en televisión y las informaciones transmitidas por el resto de la prensa. Ello es artificial, pues el porcentaje de la población mapuche que participa en tales actos de violencia es mínimo y se encuentra alentado por activistas -a los cuales azuzan sus líderes- que, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad social de esa etnia, agitan las aguas provocando un clima de hostilidad nunca antes visto.
Quiero decir, con fuerza, que el Gobierno se ha equivocado nuevamente, pues, cuando recibió el país, la problemática en cuestión era incipiente y tuvo todas las herramientas para administrarla adecuadamente. Sin embargo, no lo hizo; por el contrario, se manoseó inescrupulosamente el tema.
En efecto, cuando el ex Presidente Aylwin estaba en campaña política, en la comuna de Nueva Imperial firmó un pacto con los pueblos originarios y les hizo un conjunto de promesas, las cuales en su mayoría no se han cumplido. A partir de entonces, hemos debido soportar un diálogo de sordos, pues las sucesivas administraciones de la Concertación dicen que escuchan a nuestros pueblos de origen, crean inútiles y sesgadas mesas de diálogo; pero las promesas les son indiferentes, pues se han empecinado en dar a entender que la solución, inequívocamente, va por el camino que ellos indican. Lamentablemente, los hechos han demostrado que no tenían razón. Se siguen equivocando.
Asimismo, en relación con las reclamaciones de tierras, también desempeña un rol preponderante la ley Indígena, toda vez que no se saca nada con seguir entregando territorios si la legislación vigente, en forma automática, los saca del comercio humano. Con esto no se ayuda a los mapuches a salir de la extrema pobreza en que se encuentran sumidos, por cuanto ellos se hayan impedidos de acceder a créditos al no poder dejar sus tierras en garantía, sobre todo considerando que generalmente no tienen otros bienes.
Entonces, podremos entregar terrenos hasta la eternidad, pero los mapuches seguirán siendo pobres, puesto que su herramienta de trabajo, históricamente, es su tierra. Sin embargo, nada sacan con tenerla si no pueden contar con las herramientas legales que les permitan explotarlas.
Por lo demás, esta política de entrega de tierras ha perdido toda credibilidad, incluso la de los mismos pueblos mapuches, ya que ha dado lugar al desenvolvimiento de grandes hechos de corrupción, vinculándose las entregas de la Conadi a coimas, sobreprecios y pagos de favores políticos.
En consecuencia, en Chile no existe ley más desprestigiada que la Indígena ni institución más desacreditada que la Conadi, dirigida por la Concertación. Tal vez, el logro más importante de ese organismo es ser muy activo en las campañas políticas.
Nos preguntamos: ¿por qué el Gobierno actúa de esta manera? ¿Será porque en las zonas de comunidades mapuches es donde más mal le ha ido en las últimas elecciones, tanto presidencial como parlamentarias? Ante ese escenario, no sería extraño que la Izquierda concertacionista y la Izquierda extraparlamentaria hicieran creer al pueblo mapuche que sus problemas derivan de que los empresarios no invierten en la zona, como generalmente ocurre. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las cosas se miden por sus resultados y no por sus intenciones. Las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos concertacionistas podrán haber tenido las mejores intenciones, lo que no pondré en duda, pero sus resultados han sido muy pobres, por no decir nefastos, puesto que el Estado de derecho se encuentra totalmente pasado a llevar, y las instituciones no funcionan, a pesar de lo que dicen algunos. ¿O alguien puede decir responsablemente que se respeta el Estado de derecho y que las instituciones funcionan correctamente, cuando existen personas que han sido víctimas de dieciocho atentados en su propiedad -hoy tenemos en las tribunas a una de ellas, a don Osvaldo Carvajal - y se encuentran amenazadas de muerte? El Gobierno tiene los mecanismos legales para hacer frente a estos actos, que, digámoslo de una vez, son de terrorismo, pero se contenta con realizar declaraciones públicas y con presentar querellas por el delito de incendio. Incluso, algunos personeros proponen que los particulares practiquen la autodefensa.
Extraño aquellos tiempos en que las personas de todas las etnias y de todos los colores convivían pacíficamente en cualquier parte de Chile; en que la industria forestal se desarrollaba libremente en la provincia de Arauco, generando progreso y creando fuentes de trabajo; en que existía inversión inmobiliaria y turística; en que todos éramos iguales, sin sesgos paternalistas ni discriminaciones.
No perdamos más tiempo. Desde esta tribuna, hago un llamado al Gobierno para que, después de tantos fracasos, convoque a un debate real, de amplias dimensiones, con inclusión de todos los posibles actores involucrados. Que esta sesión especial sea el punto de partida para que, con una visión de país, sin prejuicios, sin egoísmos, sin arrogancia, avancemos por los caminos que conduzcan al apaciguamiento del pueblo araucano, parte fundamental de la historia y del presente del Estado chileno.
He dicho.
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