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El señor BAYO .-
Señor Presidente , hemos solicitado esta sesión especial para analizar los serios incidentes y hechos violentos en el marco del denominado “conflicto mapuche”. La situación existente en La Araucanía y en la parte sur de la Octava Región obliga a preocuparnos con seriedad del tema, con el objeto de lograr acuerdo en la búsqueda de soluciones definitivas.
La Novena Región tiene características únicas en nuestro país. Es una zona incorporada -anexada, según opinan otros- a la República recién en 1881, que presenta alta ruralidad, niveles únicos de subdesarrollo, un nivel per cápita que alcanza a menos de la mitad del que exhibe el resto del país, alta presencia de población mapuche, débil estructura caminera, bajísimos niveles de rendimiento escolar. Es la región más pobre del país, con los peores indicadores de salud y de educación, y escasísimas expectativas de desarrollo, relacionadas con una creciente conflictividad generada por los hechos que pasamos a denunciar, los que la colocan en un lugar preferente en los medios de comunicación social.
Según informe de Carabineros , en 1999 hubo 189 conflictos en la Región de La Araucanía. A octubre de 2001 sumaban otros 410 y, en los últimos meses, a las miles de hectáreas de pino, eucaliptos, bosques nativos, cercos, puentes, se agregan los ataques incendiarios dirigidos a camiones, galpones y casas-habitación.
Señor Presidente , por su intermedio le digo al ministro del Interior que tenemos toda la documentación de soporte que respalda lo expresado anteriormente, la que demuestra que el terrorismo se expande en los sectores rurales de la Novena Región de La Araucanía y también en la parte sur de la Octava Región. Podemos aseverar que estamos frente a una situación de gran inseguridad.
Los gremios asociados a la Confederación de la Producción y el Comercio de La Araucanía, presididos por Manuel Riesco , llamaron oportunamente la atención de la ciudadanía acerca de este clima. Los agricultores, madereros, transportistas, obreros y trabajadores en general se sienten amenazados, sin que se advierta una acción efectiva del Estado.
La Constitución Política de la República establece en su artículo 1º: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia”.
Aseguramos, señor ministro, con mucho respeto pero con firmeza, que el Estado no está cumpliendo con este deber en nuestra región.
Las empresas forestales cosechan en un marco de inseguridad, y no están plantando ni un solo árbol más por temor al presente y al futuro. Los empresarios agrícolas de predios afectados o en riesgo de serlo no encuentran trabajadores para tareas propias del campo o, incluso, tareas domésticas, por temor.
Trabajadores transportistas, algunos de los cuales hoy están en tribunas, han visto amenazadas sus vidas, limitadas sus capacidades físicas y perdidas sus fuentes laborales.
Los medios de comunicación masivos y los propios afectados, como también quienes buscan el conflicto por desconocimiento o subalterno interés, presentan esta violencia como violencia mapuche. No es así. Ello es estigmatizar a la gente y ayudar, en forma indirecta, a los verdaderos violentistas. La violencia es rural, no mapuche, y está alentada, entre otros, por organizaciones no gubernamentales de países amigos, acreditados con sus embajadas en Chile. Recientemente se desarrolló en Traiguén una amplia reunión de trabajadores y agricultores descendientes de esos países, para expresar su dolor y frustración por esta acción y pedir la intervención de los respectivos gobiernos.
Largo sería enumerar los actos de verdadero terrorismo que motivan nuestra intervención. Aquí muestro, a guisa de ejemplo, un listado de actos terroristas efectuados en la provincia de Cautín y en las comunas de Traiguén y de Lumaco. Son miles. Sólo en Traiguén y en Lumaco tenemos 400 en el último año. Pero quizás el caso más emblemático es el de Cañete, en el cual el Ejecutivo se hizo parte, invocando la ley antiterrorista, para investigar la vinculación de encapuchados con preparación subversiva que se adjudicaban reivindicaciones de tipo territorial. Esto lo hizo el Gobierno en 1999, a través de la División de Inteligencia de la Policía de Investigaciones y de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, Dipolcar. El ministerio fue informado del establecimiento de una organización autodenominada “Coor-dinadora de comunidades en conflicto Arauco-Malleco”. Esta habría contado con la asistencia, en aspectos organizacionales y operativos, del Frente Patriótico “ Manuel Rodríguez ” y del MIR, tal como lo reconocen sus propios documentos publicados en internet en el sitio http://www.west ftum.cjb.net. Lo cierto es que dicho proceso parece estar durmiendo en el juzgado de Cañete . Esto demuestra la forma en que actúan estos delincuentes, cosa que uno no ve en el mundo mapuche, porque ellos no tienen acceso a internet.
Se fundó el Pegun-Dugun, y uno de sus miembros, testigo protegido, confirma e identifica al grupo que actuó por vía violenta, instrumentalizando la lucha étnica para fines propios. Esa organización es comandada públicamente por José Huenchunao y está constituida, además, por cuatro personas: el Óscar, el Kiwi, el Héctor y el Reinao, todos hoy en libertad. Uno de ellos, el Héctor, participó recientemente en el acto terrorista que afectó a los trabajadores señores Boisier -padre e hijo-, de Purén.
Con posterioridad, la Policía de Investigaciones recogió testimonios y pruebas acerca de planes terroristas de la organización, entre los que se incluirían, además, planes de secuestro y de traslado de armamentos. Investigaciones entregó información al juez de Cañete, don Jaime Álvarez , quien abrió un cuaderno secreto por asociación ilícita y conducta terrorista, y destinó una unidad especializada a la investigación de la organización.
Hoy, el señor Álvarez está trabajando como juez de garantía en Ovalle, y la unidad de la Policía de Investigaciones ha sido desmantelada. El juzgado de Cañete permaneció sin magistrado por más de dos años. El Gobierno, en tanto, expresa que está atento al tema de Cañete.
En concreto, señor ministro : ¿Qué respuesta definitiva le dará el Gobierno a don Jorge Luchsinger, de Vilcún ; a don Enrique Stappung, de Traiguén ; a los señores Gerardo y Hernán Jequier , de Collipulli; al señor Edgardo Maynet y al señor Feliciano Cayul , de Maica, al último de los cuales le quemaron su casa en 1999; a los doscientos operarios, en su mayoría mapuches, que perdieron su trabajo en el fundo Rucañanco; al señor Osvaldo Carvajal , de la hacienda Lleu Lleu, agredido en 18 ocasiones por cometer, hace años, el delito de denunciar públicamente a los responsables; a don Antonio Boisier y a su hijo, conductores de camiones forestales, que hoy se encuentran en la tribuna, uno de ellos con un ojo menos de por vida?
Sabemos lo que ya se ha dicho, es decir:
-Que el Gobierno hará respetar el Estado de derecho.
-Que el Gobierno se ha hecho parte en muchos procesos judiciales, incluyendo requerimientos por ley de Seguridad Interior del Estado.
-Que se han magnificado los hechos por parte de gente interesada.
-Que son los afectados ubicados en zonas de conflictos quienes deben procurarse su propia seguridad.
También sabemos lo que se ha hecho:
-Se ha aumentado el número de efectivos policiales en la zona, con gran cantidad de recursos distraídos en una estrategia que consideramos equivocada.
¿Cuál es el resultado?
-El resultado es la mantención de un clima de gran inseguridad en La Araucanía y en la parte sur de la Octava Región.
-Existe un constante y sostenido proceso de deterioro del imperio del derecho, incluidos los derechos humanos, propiciado por terroristas organizados.
-La población rural, y también la urbana, valoriza el poder de esta verdadera banda criminal, que sobrepasa la capacidad de protección que han otorgado la justicia y las policías.
-Esta misma población escucha el discurso de los cabecillas de la banda, que encadena los beneficios que otorga el Estado con la acción que ellos desarrollan, validando así su eficacia ante la población mapuche en su proceso de reivindicación económica y social.
-Como consecuencia, la nueva inversión en la Región prácticamente no existe. Empresarios y trabajadores, amedrentados, no viven un clima de paz. Las compañías de seguro no aceptan los riesgos en esta zona.
Se observa así, señor ministro , como, lamentablemente, este problema de orden público en La Araucanía y en la parte sur de la Octava Región se ha transformado en una espiral viciosa con tres componentes: terrorismo, impunidad, beneficio.
El terrorista actúa, incendia, ataca y amedrenta.
La justicia, según expresiones de magistrados a cargo de los procesos, “vela por la paz social”.
El Gobierno, atendiendo los aspectos sociales de la demanda pública de los pueblos originarios, se esmera en entregar beneficios de todo tipo a la comunidad indígena. ¡Exitosa transformación de una violencia terrorista en un conflicto racial! Repito: ¡Exitosa transformación de una violencia terrorista en un conflicto racial!
Ante este clima, llamamos a los honorables señores diputados a consensuar las diferencias y a lograr los acuerdos necesarios para avanzar paso a paso en la solución de los problemas. Este problema no es sólo del Gobierno, sino de todos, en conjunto.
La situación de pobreza que vive esta región es propicia para generar desencanto y desazón. Hay que hacer esfuerzos que permitan renunciar a la violencia y fomentar el diálogo que promueva los emprendimientos productivos, de manera que se levanten las regiones en un contexto de igualdad de oportunidades y de progreso equitativo.
Deben resguardarse y promoverse los derechos fundamentales de las personas, cualquiera sea su color y su etnia. Debe asegurarse el respeto al Estado de derecho.
Chile es uno solo. Construyámoslo juntos, sin divisiones y en paz.
He dicho.
-Aplausos.
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