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El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, el distrito que represento se encuentra enclavado en una zona donde habita gran parte del pueblo mapuche chileno.
Nuevamente se debaten en esta Sala los impactos coyunturales de lo que algunos denominan como el “conflicto mapuche”, y las graves secuelas de la violencia extremista, como son la nula inversión privada en nuestra Región de La Araucanía, el traslado de la actividad forestal a Paraguay y Uruguay, y, con ello, el aumento de la cesantía y de la pobreza.
Esto ya tiene impredecibles consecuencias no sólo para el sur, sino para todo el país. Se ha puesto en serio riesgo la estabilidad necesaria para el desarrollo económico, y con ello se posterga cada vez más el sueño que tenemos de derrotar la pobreza.
En los últimos años, estos grupos minoritarios han tenido un protagonismo confrontacional y violento en contra de agricultores, de empresas forestales e, incluso, de campesinos chilenos de origen mapuche.
Estos grupos radicalizados pretenden asumir la representación del pueblo mapuche, buscando convertirlo en sujeto de polarización de conflictos y, por esa vía, convertirlo en promotor y protagonista de climas de confrontación.
Son diversas las comunidades indígenas que han levantado su voz para rechazar la instrumentalización política de sus aspiraciones, así como para mostrar que los grupos violentistas no son representativos del pueblo mapuche. Entre estas organizaciones puedo mencionar a la Asociación Lautaro Ñy Ávila Rehue , cuyo presidente , Arnaldo Ñanculef , ha hecho llamados al pueblo mapuche a no dejarse utilizar por elementos foráneos que introducen ideas que conducen a la confrontación y a la división. En la misma línea, han hecho planteamientos loncos tan prestigiosos como Venancio Coñupán , Oscar Imihuala , Braulio Ancán , entre muchos otros.
Sin embargo, lo sustantivo no está tanto en la coyuntura, por muy graves que sean las secuelas -las que, más bien, son expresión de los efectos de un problema de fondo que se arrastra por una década-, sino en la incapacidad de los gobiernos de la Concertación para dar una respuesta eficaz, con soluciones concretas a estos compatriotas campesinos de origen mapuche, quienes, sin duda, son los más pobres entre los pobres del país.
El Gobierno, en lo inmediato, lejos de garantizar el orden público, ha establecido mesas de diálogo no con las entidades representativas del pueblo mapuche, sino justamente con quienes protagonizan y agudizan los conflictos. Como ha ocurrido en otras situaciones, el Gobierno ha mostrado su incapacidad para manejar las situaciones de crisis.
Hoy existe consenso en que la denominada ley Indígena produce más daños que beneficios. Ninguna norma puede sobrevivir sin una mínima aceptación por parte de la comunidad, y dicha normativa no la tiene en nuestro sur. Existe sensación de ilegitimidad por doquier, pues se sabe que se basa en fundamentos falsos, en mitos históricos y en lugares comunes. Su balance final es trágico: más y más pobreza.
Quienes impulsaron esta ley tan nociva para Chile y para nuestra región de La Araucanía creyeron erradamente que el conjunto de demandas y aspiraciones de los campesinos chilenos de origen mapuche podría ser resuelto por la vía de fomentar un conjunto de mitos históricos y de repetir lugares comunes. Como bien lo decía Eduardo Díaz Herrera , cuando dicha ley se promulgó, ��los mapuches no comen leyes ni resuelven sus agudos problemas de crisis agrícola y de pobreza con la creación de organismos como la Conadi, que son redes burocráticas para atrapar el dinero -el cullín en mapudungún- que la ley destina al pobre”.
La ley considera a los indígenas como personas en estado de interdicción, incapaces de decidir por sí mismos, y se les aplica una serie de prohibiciones y restricciones abiertamente discriminatorias respecto del resto de la población chilena. Además, se terminó por imponerles un organismo burocrático absolutamente inútil, como la Conadi, que, durante su existencia, ha hecho noticia más por las irregularidades que ocurren en ella que por otra cosa. La Conadi ha terminado atrapando el dinero -el cullín- que la ley destina a los campesinos más pobres.
Mención aparte merece la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en términos de representación de la comunidad mapuche. El desarrollo del actual conflicto es prueba de su absoluta inutilidad como organismo público. Superada por los acontecimientos, no es reconocida como interlocutora válida por ninguna de las partes, y se recurre a ella para el solo efecto de acceder a los recursos del Fondo de Tierra.
Hace algunos meses, el país conoció el estallido de un escándalo que afectaba a la Conadi a raíz de que algunos de sus funcionarios aparecían comprometidos en gravísimas irregularidades, incluso, en actos constitutivos de delitos tales como la adulteración maliciosa de la extensión territorial y del avalúo de los predios agrícolas que esa Corporación adquiere en nombre del Estado, usando para ello el Fondo de Tierras, a fin de quedarse con el sobreprecio.
Con este tipo de irregularidades, las únicas perjudicadas son las comunidades mapuches, puesto que los recursos que, por este concepto, se les destinan, son apropiados indebidamente por burócratas que estiman más conveniente desviarlos hacia sus propios intereses. Muchos de esos recursos van a parar a los bolsillos de correligionarios que son contratados no precisamente por sus conocimientos técnicos, o bien a entidades con las cuales existen intereses políticos comunes y a las que se les encargan estudios muy caros e inútiles. En definitiva, el porcentaje de dineros fiscales -repito, el cullín- que reciben los mapuches es ínfimo.
El Gobierno en forma irresponsable tampoco ha cumplido su promesa de comprar 150 mil hectáreas de tierra -así lo ofreció el Presidente Lagos en la última campaña presidencial-, pues en lo que va corrido de su gestión, sólo se han adquirido 3.386 hectáreas el año 2000, y 1.539 en 2001, lo que da un total, a la fecha, de 4.925 hectáreas.
¡Enhorabuena!, decimos nosotros, porque aún es tiempo de que entiendan que la solución al drama de estos chilenos jamás se alcanzará con la promesa de entregas masivas de tierras, hoy desvalorizadas por efectos de la crítica situación de la agricultura, para que profiten de su compraventa exclusivamente los intermediarios partidistas y también los vendedores. El gobierno de Aylwin destinó, ni más ni menos, 14 millones de dólares, en 1991, para entregar el Quinquén -arriba en la cordillera- a los pehuenches. Diez años después están más pobres que entonces, y continúan alimentándose con piñones.
En la pasada legislatura elaboré una propuesta para abordar y aproximar una solución al problema mapuche. Ella sigue plenamente vigente y, por eso, deseo explicitarla resumidamente en esta intervención. Incluye soluciones de corto plazo, a través de la adopción de medidas urgentes, y también de largo plazo, que apuntan a los problemas estructurales.
En el corto plazo se propone lo siguiente:
-Atacar el problema del desempleo, que es generalizado en la zona e incluye a sectores indígenas.
-Crear un programa transitorio que alivie tal situación, lo que implica asignar recursos adicionales a los municipios a fin de que éstos desarrollen proyectos intensivos en la utilización de mano de obra, que vayan en directo beneficio de la población rural e indígena de las zonas más afectadas. Proyectos relacionados con infraestructura, cunetas, drenajes, puentes, canales, etcétera. Soluciones concretas.
-Generar incentivos tributarios a las empresas de la zona a fin de que contraten mano de obra indígena local, pues no basta con desarrollar proyectos de utilización de mano de obra si las empresas de la zona contratan a trabajadores provenientes de otros lugares.
-Otorgar incentivos tributarios para aquellas empresas interesadas en apoyar a las zonas rurales con alta presencia indígena, con el objeto de fomentar donaciones y aportes en dinero o mejoras en infraestructura que vayan en directo beneficio de las comunidades afectadas en áreas como salud, educación y cultura, creándose para tal efecto un fondo de desarrollo social, administrado por los municipios y por las empresas involucradas, que permita el diseño e implementación conjunta de programas sociales dirigidos a los habitantes de esas zonas.
Respecto del plan estructural de largo plazo, sostengo que la principal vía de solución del problema de la marginalidad mapuche es desarrollar la educación a fin de que, a través de ella y de la capacitación, los miembros de esa etnia puedan incorporarse al mercado laboral en plena igualdad de oportunidades con el resto de los chilenos. No existe incompatibilidad alguna entre saber manejar internet y hablar perfectamente el mapudungún y el castellano.
Empero, para que este objetivo se materialice en el corto plazo, es necesario otorgar un bono de incentivo a la educación a aquellas familias indígenas de zonas rurales que tengan hijos cursando estudios, a partir del séptimo año básico, que es, más o menos, el nivel en que se produce el mayor porcentaje de deserción escolar. Dicho bono tendría por finalidad no sólo fomentar la educación de los niños, sino que, además, atenuar el costo que significa para las familias el hecho de no contar con los hijos para el trabajo de la tierra.
También en el ámbito educacional, se propone privilegiar el establecimiento de escuelas técnicas que formen a los jóvenes en aquellas labores técnico-profesionales que tienen mayor demanda laboral en la zona y en otras ciudades del país, y que les posibiliten mejores oportunidades de trabajo.
En materia de infraestructura, propongo mejorar y mantener caminos y puentes, y crear sistemas eficientes de transporte público rural, porque se trata de comunidades sumamente aisladas que han sufrido el problema por años. En consonancia con lo anterior, es necesario acercar los servicios públicos y municipales móviles a las comunidades rurales a fin de que sus integrantes puedan realizar sus trámites más frecuentes.
En materia de salud, se propone que los municipios implementen sistemas móviles de salud y de atención dental en las zonas rurales con alta presencia indígena, integrando la medicina tradicional, arraigada en la cultura mapuche, con la medicina moderna.
En lo concerniente a las tierras agrícolas y a su explotación, resulta vital entregarles -éste es un punto muy importante- un oportuno y eficaz apoyo en asistencia tecnológica en los procesos productivos, y asistencia especializada en la comercialización de sus productos. Sin estos elementos, la simple adquisición y entrega de tierras es una mera acción que no sirve para derrotar la miseria.
Nuestra propuesta entrega soluciones concretas y viables que miran al chileno de origen mapuche como una persona con dignidad. Se requiere urgentemente diseñar y poner en marcha políticas públicas que apunten efectivamente a la superación de la pobreza y de la marginalidad en que viven estos queridos compatriotas, pero no necesariamente por su origen étnico, sino porque son los más pobres.
A la hora de hacer un balance, la gente debe tener claro que el Gobierno ha fallado, porque no ha conseguido que los chilenos de origen mapuche superen su condición de pobres; por el contrario, al fomentar mitos y hacer vista gorda ante la violencia de encapuchados, ha contribuido a que se empobrezcan aún más.
Es obvio que de esa manera pueden seguir motivando la existencia de organismos burocráticos que sirven -tal como ocurrió con el Indap, como lo vimos hace algunas semanas- para financiar intereses partidistas y electorales. Esos partidos siempre se han nutrido de la pobreza; sin embargo, no fueron capaces de derrotarla en ninguna parte del mundo donde han gobernado.
En conclusión, nuestra propuesta de cambio persigue los siguientes objetivos:
1º Que todo hombre y mujer de origen mapuche deje de ser considerado en estado de interdicción y sea considerado como persona, como chileno de primera, igual que el resto de los habitantes de nuestro país;
2º Que se derogue la existencia de la Conadi y se apliquen mecanismos eficientes para que los recursos se focalicen directamente hacia el bolsillo de los más pobres, de manera que el cullín les llegue directamente, y
3º Que se impulse una profunda reingeniería en materia educacional y de asistencia técnica. Mientras se continúe perdiendo tiempo y dinero, fomentando mitos históricos y repitiendo lugares comunes, como bonitas frases y nuevos tratos, se estará evadiendo el fondo de los problemas.
Estamos convencidos de que la solución de fondo tampoco pasa por la creación de más mesas de diálogo, que sólo dilatan la solución de los problemas, ni por la creación de más comités de cesantes, sino por que quienes, desde distintas tendencias políticas -en esto formulo una autocrítica-, en su oportunidad, respaldaron la pésima legislación indígena vigente, reconozcan hidalgamente el fracaso de esa legislación, enmienden sus posturas y se sumen a un cambio.
Las manifestaciones de desencanto y de frustración en el sur seguirán expresándose -como ha ocurrido hasta ahora- por vías violentas, que son rechazadas por la gran mayoría de los chilenos de origen mapuche.
He dicho.
-Aplausos.
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