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El señor SAFFIRIO .-
Señor Presidente , en nombre propio y de mi bancada, quiero empezar diciendo que el tema mapuche tiene más aristas y elementos que los señalados hasta ahora en la presente sesión. Por lo mismo, resulta lamentable que no se haya dado la unanimidad para que el subsecretario de Mideplan ingresara a la Sala.
En nuestra opinión, abordar de modo central el tema mapuche a partir de la aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado o de la ley sobre conductas terroristas -incluso, en los últimos meses, lo han pedido algunos parlamentarios de Gobierno-, o para enfrentar la existencia de presuntos grupos paramilitares de Derecha en la Novena Región, es simplemente errar el camino.
Por cierto, la legislación está para que se aplique, y en esto no puede haber dos opiniones. Estoy contra la mano dura, pero también contra la mano blanda. Como parlamentario democrático y abogado, me basta con la mano justa.
Por eso, ayer le solicité al Vicepresidente de la República , don José Miguel Insulza , que el Ejecutivo le fije urgencia al proyecto de ley de los senadores democratacristianos señores Sabag y Zaldívar , que excluye de los beneficios patrimoniales que el Estado otorga a los indígenas a aquellos que se encuentren condenados por delitos cometidos como una forma de presionar y obtener dichos beneficios.
Sin embargo, debo señalar con la misma claridad que las peticiones de aplicación genérica de la legislación de excepción citada al inicio de mi intervención son erradas. Lo que se debe hacer es enfrentar cada situación en que haya ilícitos penales, aplicando la legislación pertinente, caso a caso. Las peticiones genéricas de aplicación de la legislación excepcional pueden desatar una caza de brujas contra las comunidades mapuches y contra los propietarios agrícolas no mapuches.
Su efecto práctico sólo daña aún más la imagen de la Región de La Araucanía. En los últimos años, los canales de televisión han presentado muchas veces a La Araucanía como una pequeña Colombia, presa del terrorismo étnico y de la violencia de los propietarios agrícolas afectados.
El impacto de lo anterior sobre el acceso a créditos y seguros en los proyectos de inversión privada y en los flujos turísticos es, obviamente, negativo para esa región. Debo señalar que algunos países vecinos se han hundido en la crisis y en el caos económico y social por el llamado riesgo país, hoy tan importante para bancos e instituciones financieras. Como parlamentario de la Novena Región, no quiero que el riesgo región complique aún más las actividades productivas y la generación de empleo en La Araucanía.
Por eso, en este debate debemos ser particularmente responsables, pesar las palabras que pronunciamos y meditar con prudencia sobre lo que hacemos y pedimos.
Doy por zanjado el tema diciendo que constituye una exageración agraviante hablar de genocidio y de terrorismo en La Araucanía. En ciencia política, cualquier definición básica de terrorismo nos demostraría que no podemos confundir alteraciones del orden público o perpetración de delitos comunes, por muy reprobables que ellos sean, con terrorismo, vía armada o alzamiento contra el gobierno constituido o contra el orden constitucional de la República.
Lo voy a decir con claridad, aunque les pese a los medios de comunicación social sensacionalistas: hoy, en La Araucanía, no existe ni guerrilla étnica ni paramilitares de Derecha. Si les interesa informar sobre tales fenómenos sociales, váyanse a Chiapas, al país vasco o a Colombia. Hoy en La Araucanía hay comunidades mapuches pacíficas, empobrecidas e históricamente discriminadas, y pequeños y medianos propietarios agrícolas no mapuches atemorizados por los fantasmas de la violencia urbana y rural de hace tres décadas, que algunos irresponsables de distinto signo político quieren revivir.
Hablemos en serio, entonces, sobre la temática mapuche. Propongo a la Cámara tres cuestiones, de corto, mediano y largo plazos.
En primer lugar, es necesario profundizar las políticas compensatorias impulsadas por los tres gobiernos de la Concertación en favor del pueblo mapuche. No cabe duda de que hay una deuda histórica con el pueblo mapuche, lo que justifica la compensación en tierras así como el apoyo a su desarrollo productivo, al riego, al arreglo de caminos, a la electrificación rural, al agua potable, a las becas indígenas, a la instalación de buenos colegios e internados en las zonas rurales, a la atención oportuna y eficaz de las enfermedades y de los problemas de salud.
Por ello, es urgente y necesario coordinar los distintos servicios públicos que actúan en políticas sociales en La Araucanía, ya que al trabajar por separado despilfarran recursos y no se territorializa el esfuerzo contra la pobreza. Hay que hacer verdaderas operaciones focalizadas en contra de la indigencia, por ejemplo, en Padre Las Casas, en Lumaco, en Puerto Saavedra y en Tirúa. Necesitamos un gran esfuerzo solidario del Estado chileno para que las políticas compensatorias tengan flujos financieros crecientes, que permitan afrontar la situación de marginación social y de exclusión que nos involucra a todos.
Esta tarde no puedo callar mis dudas fundadas en cuanto a que las políticas públicas y las leyes de presupuestos no están satisfaciendo las prioridades fijadas por las comunidades indígenas de La Araucanía en los diálogos comunales mapuches realizados en 1999, lo que es muy grave, porque sólo en ese espacio se ha podido escuchar la voz de todo el pueblo mapuche, y no de unos pocos que se arrogan, nacional e internacionalmente, su vocería. En dichos diálogos hablaron directamente y pidieron solución a sus problemas los campesinos mapuches de carne y hueso, que están masivamente en contra de la violencia y a favor de soluciones pacíficas y respetuosas del Estado de derecho. Ahí no se encontraban los falsos profetas de la causa mapuche que, con histrionismo, usan dicha causa en Chile y en el extranjero para beneficio personal.
Por eso es tan importante cumplir, oportuna y cabalmente, con los compromisos que el Gobierno adquirió con las comunidades mapuches hace ya tres años.
En segundo lugar, es fundamental pensar y trabajar en el desarrollo productivo de La Araucanía. Si hacemos una aplicación dogmática de las visiones económicas predominantes, es obvio que las ventajas comparativas de La Araucanía están dadas por el sector forestal.
Sin embargo, en torno de ello, surgen preguntas que también son obvias. ¿Cuál es el costo social de tal especialización primaria? Lo pregunto, porque la especialización forestal supone, a lo menos, niveles de educación y capacitación que hoy no tiene la inmensa mayoría de los pobres del sur. Esto significa que en La Araucanía no se cumple un presupuesto básico de la teoría de las ventajas comparativas, porque no hay movilidad de los factores productivos. El campesino, de precaria educación básica, no se transformará por arte de magia en un calificado obrero de una industria de punta, como es la de la madera.
¿Es sostenible este costo social en democracia? ¿Cuál será el impacto en la vida urbana de las ciudades del sur, que reciben a los campesinos desarraigados de la tierra y sin oportunidades de empleo en el sector agrícola? ¿Es posible, en el siglo XXI, repetir procesos de desarrollo económico que generaron revueltas y revoluciones, incluso en la Europa del siglo XIX? ¿Tiene respuesta la teoría económica neoclásica para esta pregunta? ¿No tendrá un impacto negativo en la cultura, en los modos de vida y en el medio ambiente, que consideramos en sí valiosos, la especialización forestal en La Araucanía? En su afán de ser competitivas internacionalmente, las inevitables economías de escala, ¿no terminarán favoreciendo aún más la concentración económica en manos de grandes empresas? Los campesinos desplazados de la tierra, tal como ocurre hoy con el urbano pobre, ¿no serán objeto de más clientelismo gubernamental, municipal y político, que degrada a quien lo practica y a quien lo recibe? El asistencialismo estatal, ¿no configura, a la larga, una carga fiscal intolerable en una sociedad como la chilena, que de Arica a Magallanes, pese a lo hecho en estos últimos doce años, aún está tan llena de injusticias, pobreza y desigualdades?
Por ende, la verdadera respuesta económica al problema mapuche no está en los libros básicos de la ciencia económica que leen los principiantes, sino que supone un esfuerzo de conocimiento histórico y de creatividad pública y privada, que haga posible, bajo condiciones democráticas e inspiraciones humanistas, la reconversión y el desarrollo productivo de La Araucanía.
El campesino mapuche -¡que lo escuchen los agricultores de la Novena Región que están en las tribunas!- es sólo el eslabón más débil de la cadena productiva regional, porque es el conjunto de la ruralidad sureña la que hoy se encuentra amenazada por los cambios económicos y tecnológicos que el país y el mundo han estado viviendo durante las últimas tres décadas. En todo el planeta, las producciones tradicionales han ido perdiendo terreno, y en La Araucanía deberemos realizar un proceso de transformación, que tomará años y que, para ser viable, supone el apoyo de los sectores público y privado.
Es fundamental, entonces, seguir potenciando la industria, el comercio, los servicios y, por supuesto, el sector rural, que es más amplio que el agrícola, pues incluye el etnoturismo, el agroturismo, la artesanía, la agroindustria, la certificación y comercialización de productos y servicios con sello étnico. No dará respuesta a los actuales desafíos el liderazgo nostálgico, anclado en un mundo que ya se fue, y tampoco el liderazgo tecnocrático, que sabe de libros, de cifras y de ecuaciones, pero ignora la historia de La Araucanía, no posee compromisos con su tierra ni con sus habitantes, y jamás ha visto el rostro de un campesino del sur ni estrechado su mano.
No se puede cerrar La Araucanía, como se hizo con las minas de Lota; no se pueden convertir dos o tres regiones del país en una gigantesca reducción de pobres e indigentes; no es éticamente correcto ni políticamente viable, más allá de lo que señalen las teorías económicas en boga y los nuevos teólogos del libre mercado, convertir a las regiones que componen La Araucanía en el patio trasero del desarrollo nacional.
Por eso, es fundamental sostener la economía agrícola del mediano y del pequeño agricultor, mapuche y no mapuche; por eso, es fundamental sostener las actividades industriales, comerciales y de servicio que desarrollan las pequeñas y medianas empresas; por eso, es fundamental sancionar la usura y la voracidad del capital financiero, que hoy ahoga al conjunto de las actividades productivas de las regiones del sur.
Si queremos integración social y no violencia, si deseamos unidad nacional y no revueltas separatistas, hay que trabajar fuerte y de una vez por todas en tal sentido. La integración de Chile al mundo no puede hacerse pagando el precio de la desintegración nacional.
La tercera cuestión de largo plazo se refiere a los cambios culturales que Chile requiere llevar a cabo para convertir su pluralidad en una riqueza para su vida comunitaria y republicana.
Nuestra sociedad es autoritaria, racista, clasista y machista. El racismo se da en todos los sectores: pudientes y populares. Una mala conducción mapuche, con identidades defensivas y con retóricas radicales en los fines o en los medios, activa el peor racismo contra el indígena que hoy existe entre ricos y pobres.
Un liderazgo mapuche lúcido debería tener claro lo anterior. En Chile se discrimina negativamente, no sólo al mapuche, sino también al anciano, al débil...
El señor SALAS ( Presidente en ejercicio).-
¿Me permite, señor diputado ? Su Señoría ha ocupado once minutos del tiempo de su Comité.
El señor SAFFIRIO .-
...al discapacitado, al joven, a la mujer y al pobre, urbano o rural. Esta tarea tomará décadas, pero las tareas de largo plazo no deben ser obstáculo para que el Congreso Nacional se abra, de una vez por todas, al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y no siga dilatando la tramitación legislativa de las iniciativas legales que apuntan a establecerlo.
Termino reiterando que queremos mano y trato justos para los mapuches y para La Araucanía. La historia de Chile demuestra que cuando no ha imperado la ley, los mapuches han sido despojados de sus tierras, discriminados y oprimidos. La ley es el escudo del pobre, en general, y del mapuche, en particular. El único dique de contención contra el abuso del poderoso en nuestra historia patria, ha sido y es, nada más y nada menos, la vigencia plena del estado democrático de derecho.
Los pequeños y medianos empresarios de La Araucanía, aún traumatizados por la violencia urbana y rural de hace tres décadas, no deben caer en el error de dejarse llevar por la retórica de la intransigencia; por el contrario, deben participar activamente en un proceso de diálogo y de construcción, en una plataforma de cambios sociales, culturales y productivos que, afortunadamente, ya se está desarrollando con buena voluntad en la mesa de diálogo regional, que debemos promover y apoyar.
Llamo al Gobierno de Chile a no olvidar que el tema mapuche es una promesa incumplida de nuestra Independencia nacional. Bernardo O’Higgins, Padre de la Patria , en 1839 se lamentaba por no haber podido hacer más por el pueblo que él llamaba araucano, que lo inspiró en Inglaterra durante su juventud.
“A la verdad -dijo O’Higgins- es lo más humillante que nosotros hayamos permitido por encima de nuestras cabezas, veintidós años que han transcurrido después de la declaración de nuestra Independencia, sin hacer alguna cosa por amor a la humanidad”. Ésta es una tarea pendiente, sustancial para el segundo centenario de la República de Chile .
He dicho.
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