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- rdf:value = " El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Se va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de Acuerdo Nº 39, suscrito en calidad de autores por los diputados señores Díaz, Forni, Prieto, Ulloa, Longueira, Escobar y Norambuena y, en calidad de adherente, por la diputada señora Rosa González:
“Considerandos:
Que las zonas de población indígena se encuentran todas afectadas por el drama del subdesarrollo y la pobreza, por lo cual es un deber ineludible efectuar propuestas que contribuyan a aliviar la situación de numerosas personas y sus familias, afectadas por años por esta situación.
Que con estas propuestas no se pretende resolver los conflictos puntuales suscitados entre algunas comunidades indígenas con las empresas forestales, ni desalojar terrenos ocupados o evitar nuevas talas, sino que atacar lo que constituye el problema de fondo: la pobreza y subdesarrollo en que se encuentra parte importante de los chilenos que habitan las zonas rurales, muchos de los cuales forman parte de las etnias que representan nuestras más ricas tradiciones y son la base de la nacionalidad.
Que la situación de las comunidades indígenas asentadas en Chile no está dada por su condición de mapuches, o por pertenecer a otra etnia cualquiera, sino por su condición de chilenos en estado de extrema pobreza e indigencia, con falta de oportunidades y retraso en el proceso de integración al desarrollo, sin distinción de sexo, de religión ni origen étnico, tal como lo demuestran todos los estudios efectuados a la fecha por el Gobierno y diferentes centros de estudios nacionales y extranjeros.
Que este documento es una propuesta que tiene por objeto servir de aporte a la discusión; pero, por sobre todo plantear soluciones concretas, con la convicción de que estos problemas no se resuelven con palabras, sino con hechos que trasciendan las coyunturas electorales.
Que con él no se pretende restarle importancia a un problema que es real, pero sí recalcar que no es sano legislar en estas materias bajo presión en situaciones de crisis. En ambos casos, lo único que se conseguirá será mantener latente el problema y postergar una vez más una situación que el país debe asumir como tal y resolver.
Que la integración al proceso de desarrollo y la preservación de la identidad de las culturas indígenas son perfectamente compatibles, por lo que se proponen medidas tendientes a lograr ambos objetivos. No es admisible que, bajo el pretexto de no afectar la identidad cultural de las etnias, se siga manteniendo a estas comunidades aisladas y en la pobreza. Una vida desadaptada y sin integración social posible no es a lo que nuestros pueblos originarios aspiran, sino que, por el contrario, requieren de más recursos y oportunidades. Las culturas indígenas chilenas constituyen la parte más importante de la historia e identidad cultural nacionales y, por ello son demasiado ricas como para que se les mantenga como “museo étnico”, para ser exhibidas como curiosidades ante grupos de turistas y estudiosos. Se requiere integración y oportunidades; no aislamiento.
Que el Gobierno no puede restarle importancia al problema ni sustraerse a su responsabilidad ni endosarla ni presentar este problema como algo menor que afecta exclusivamente a particulares. Por el contrario, el Gobierno debe ser claro y categórico en la defensa del derecho de propiedad, ya sea de campesinos, indígenas, empresas o de cualquier otro legítimo propietario de tierras o bosques en las zonas que presentan este fenómeno. Cualquier solución al conflicto pasa por reconocer y garantizar los derechos esenciales, lo cual permitirá generar un marco de estabilidad que fomente un adecuado desarrollo.
Que, a la fecha, el Gobierno no ha dado muestras de gobernabilidad con relación a tan delicada cuestión.
Que los empresarios privados no pueden aparecer ante la opinión pública sólo como las víctimas del problema, sino que deben asumir su cuota de responsabilidad en el mismo. Es preciso reconocer que una parte de los conflictos generados entre las comunidades indígenas y las empresas privadas tiene su origen en la poco acertada estrategia de desarrollo emprendida por algunas de ellas. Sin pretender responsabilizar a estas empresas de las escasas posibilidades y oportunidades de desarrollo de los sectores rurales, es conveniente reconocer la existencia de conductas negativas, en especial en el funcionamiento de las empresas forestales aledañas a las comunidades indígenas chilenas. Las empresas deben asumir la función social que les corresponde en el desarrollo de las zonas en que se han asentado.
Que las propuestas contenidas en este documento permiten ofrecer un abanico amplio de alternativas al campesino, algunas excluyentes entre sí, de tal modo que cada cual pueda optar libremente por alguna de ellas de acuerdo con sus propias necesidades.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a su Excelencia el Presidente de la República con el objeto de plantearle las siguientes observaciones y proposiciones en relación con el denominado “conflicto mapuche”.
I.- Servicios básicos
a) Agua potable.
Reducir o fusionar la duración de las cuatro etapas exigidas hoy para implementar un sistema de agua potable rural. Para cumplir con este objetivo, se propone flexibilizar los requisitos de postulación de dichos sistemas de agua potable, para hacerlos accesibles a comunidades con menor cantidad de viviendas o más distantes unas de otras (menor densidad).
b) Saneamiento básico.
Se trata aquí de proporcionar a los indígenas chilenos la información relativa a las medidas sanitarias que deben adoptarse para la realización de pozos de agua potable y fosas sépticas. El objetivo de esta medida es reducir los riesgos que las malas instalaciones en estos casos pueden acarrear.
c) Vivienda.
Es necesario intentar difundir e impulsar los programas de vivienda rural acordes a las necesidades de las comunidades.
Las compras de tierras deben hacerse considerando la factibilidad de traslado que tienen las viviendas de las familias beneficiadas por estos programas, ya que, si las tierras entregadas no van acompañadas de la infraestructura necesaria, no son utilizadas de manera productiva.
d) Electrificación.
Es indispensable reducir los plazos de estudio y desarrollo de los proyectos de electrificación. Para esto se propone otorgar incentivos para la participación de privados en este campo.
Por otro lado, se requiere flexibilizar los requisitos de postulación de los sistemas de electrificación, para hacerlos accesibles a comunidades con menor cantidad de viviendas o más distantes unas de otras (menor densidad).
e) Telefonía rural.
Propone intensificar la aplicación del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, especialmente destinado a estas zonas, de forma de generar incentivos a las empresas telefónicas para llegar a lugares que, de acuerdo con sus estudios, pueden considerarse de baja rentabilidad.
f) Saneamiento de basura.
En las áreas rurales es común que no existan vertederos oficiales o autorizados y por tanto, los desechos son depositados en forma absolutamente desordenada, sin respetar ni las mínimas condiciones sanitarias.
Se debe incentivar a las municipalidades para que erradiquen los microbasurales e instalen contenedores que permitan acumular los desechos en determinados sectores de fácil acceso para la comunidad, para que la municipalidad los pueda retirar periódicamente.
g) Mejoramiento de vías de acceso.
Para incorporar a las comunidades indígenas al proceso de desarrollo, se requiere mejorar y mantener caminos, construir y mejorar puentes y crear sistemas eficientes de transporte público rural.
En este orden de materias se debe establecer un índice de calidad de los caminos y puentes rurales, con parámetros claros y objetivos, para determinar su estado y calidad.
h) Programas permanentes de saneamiento de la propiedad rural.
Se propone que Conadi gestione programas permanentes de saneamiento de títulos de dominio a través de contratistas idóneos de modo de mantener actualizados, en el tiempo, los títulos de dominio de las comunidades indígenas. Además, se debe implementar un programa especial destinado a la contratación de abogados de primer nivel que se dediquen al estudio y terminación de las causas “históricas”, aún pendientes en los tribunales de justicia y de todas aquellas materias que digan relación con reclamaciones de tierras y aguas todavía pendientes.
Es indispensable que se flexibilicen los trámites para obtener y sanear los títulos. La burocracia existente en este ámbito atenta contra la dignidad de las personas.
II. Educación y Cultura:
a) Flexibilización de los calendarios escolares.
Se sugiere que las escuelas y liceos de comunas rurales diseñen su propio calendario escolar, de tal forma de afectar lo menos posible las actividades laborales que constituyen la principal fuente de ingreso de las familias de los estudiantes, en especial en períodos de siembra, cosecha, tala, recolección de frutos silvestres, etc.
b) Transporte escolar rural.
Establecer sistemas de transporte rural para el traslado de los estudiantes a las escuelas en las zonas de difícil acceso, donde se carezca de él o donde haya internados. Esto supone, además, mejoramientos en infraestructura, en especial de puentes y caminos, y de adecuados incentivos al transportista rural. Se debe facilitar el acceso a la educación a los jóvenes campesinos.
c) Fomento de escuelas técnicas y reconversión ocupacional.
Se propone privilegiar en estas zonas el establecimiento de escuelas técnicas que formen a los jóvenes en aquellas labores técnico- profesionales por las que exista mayor demanda laboral en la zona o en otras ciudades del país y que permitan la reconversión tan necesaria respecto de las comunidades indígenas y sus habitantes.
En este mismo sentido, debe incentivarse la dictación de una mayor cantidad y variedad de cursos del SENCE, con estímulos adicionales a los existentes en la actualidad, que permitan a los egresados obtener la calificación y la práctica profesional debidamente calificadas.
d) Incentivo y creación de estímulos contra resultados.
Es necesario dar incentivos a los profesores según resultados. Esto es, un profesor que logre destacarse en su trabajo con los alumnos tendrá compensaciones monetarias o de otro tipo por su labor.
Como establecimientos educacionales y municipalidades a cargo de la educación, se deben crear planes de acción con metas concretas por alcanzar cada año y responsables de cumplirlas, ya que hoy en día el Padem no responde a las necesidades reales de los estudiantes.
e) Disminución de la deserción escolar.
La tasa de analfabetismo en las zonas rurales se encuentra en el15%, lo que se contrapone al 3% existente en las zonas urbanas. Para paliar esta diferencia, es indispensable disminuir la deserción escolar, especialmente aguda en los niveles 7° básico y superiores. Para esto se propone la creación de un subsidio directo al transporte escolar rural, que permita que dichos niños accedan a terminar la educación básica y participar en la media en los establecimientos ya existentes en las comunas.
f) Respeto y promoción de las culturas propias.
Se propone que el sistema educacional garantice el respeto, fomento y preservación de las más genuinas tradiciones de las respectivas culturas indígenas, lo que supone, entre otras cosas, la enseñanza de su historia y tradiciones, el respeto por sus costumbres y la preparación de profesores bilingües que dominen, además, las lenguas nativas, asegurándoles a los docentes una asignación especial de perfeccionamiento por este concepto, mientras ejerzan la docencia en las zonas con mayor población indígena.
Dada la magnitud de la emigración campo-ciudad, debe ser obligatorio que los municipios estimulen la construcción de centros, parques o complejos ceremoniales y deportivos que permitan a los indígenas reunirse, recrearse y desarrollar su cultura.
III. Salud:
a) Más y mejor atención en salud, sobre todo de especialidades médicas.
Se propone que, igual que en el caso de los servicios públicos, los municipios implementen sistemas móviles de salud y de atención dental en zonas rurales con alta presencia de indígenas. Es prioritario tener adecuados servicios de urgencia en sectores de difícil acceso y dar especial énfasis a los programas de prevención, lo que en materia de salud se denomina “promoción de la vida saludable”.
Es indispensable contar con mayor número de especialistas dispuestos a trabajar en estas localidades. Para esto se propone que los móviles en salud cuenten con un número de especialistas que se vayan rotando de acuerdo con los recorridos que hagan dichos móviles.
b) Integración de la medicina tradicional con la moderna.
Se propone integrar la medicina tradicional de dichas comunidades con la moderna, esto debido a la necesidad de respetar la cultura de dichas comunidades.
IV. Fomento productivo:
a) Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
Es necesario desarrollar planes de fomento para la participación de las organizaciones como una forma de que se transformen en gestores de la solución de sus problemas.
b) Programa de empleo para jefes de hogar.
Se propone la creación de un programa de empleo para jefes de hogar pertenecientes a comunidades indígenas.
En este sentido, se sugiere crear un programa transitorio que alivie la situación de cesantía que afecta a vastos sectores rurales, en muchos de los cuales existe una alta presencia de población indígena. Para estos efectos, resulta necesario asignar recursos adicionales a los municipios, a fin de que estos desarrollen proyectos intensivos en la utilización de mano de obra, que vayan en directo beneficio de la población rural e indígena de las zonas más afectadas (infraestructura, cunetas, drenajes, puentes, canales, obras viales menores, etc.).
c) Incentivo a contratación de mano de obra local.
Se propone generar incentivos económicos a las empresas de la zona o que en lo futuro se instalen en ella, a fin de que contraten mano de obra local y, en especial, indígena.
Resulta fundamental que la creación de los programas de empleo vayan acompañados de incentivos para contratar mano de obra local, lo que les permitirá a las empresas, entre otras, a las forestales ubicadas en las zonas y a los contratistas de obras públicas, cooperar en la solución del problema de cesantía y, de paso, mejorar su imagen ante la opinión pública local y nacional.
Asimismo, estos programas deben ir acompañados de incentivos para la capacitación de dicha mano de obra, esto debido a las grandes deficiencias que presenta la educación en las comunidades rurales. Esto es indispensable para romper el circulo de la pobreza.
d) Incentivos tributarios para apoyo de empresas.
Se propone la libre aplicación de hasta el 5% de los impuestos generados en la zona al financiamiento de alguna de las siguientes áreas: salud, educación y cultura. Asimismo, parece posible generar incentivos para que las empresas que contraten mano de obra local sujeta a contratos de duración indefinida y que tengan sus centros de operación en las comunas rurales, reinviertan sus utilidades sin pagar impuestos o cargar a gasto partidas que, por regla general, no están autorizadas.
e) Intensificar programas de asistencia técnica productiva. gestión y comercialización de los productos.
La política impulsada por el Gobierno, en materia de proporcionar tierras a los campesinos, no es suficiente si no está acompañada de la. posibilidad de acceder a créditos para financiar proyectos productivos.
Es fundamental capacitarlos en el uso de sus recursos, más aun cuando estos son escasos.
En este sentido, y aunque ya existe, debe fomentarse aun más, la forestación con especies nativas o exóticas, maderables, frutales o medicinales, tales como quillay, boldo, avellano, castaño, áloe, tilo, olivo, raulí y otras con propiedades especiales, por sus alternativas comerciales, que puedan ser explotadas y que, además, cumplan con el objetivo de contribuir a la preservación del medio ambiente.
Asimismo, es importante que los productos obtenidos a partir de las plantaciones tengan acceso a redes comerciales de distribución que les garanticen un precio óptimo y adecuada comercialización de las maderas, frutos y subproductos.
f) Fomento para la creación de pequeñas y medianas empresas y fortalecimiento de la asociatividad.
Las nuevas Pymes que surjan en las zonas deprimidas deben gozar de preferencias que les permitan postular con éxito a propuestas públicas de suministro de bienes y servicios. (Ej.: leche, verduras, legumbres a programas Junaeb dirigidos a escuelas locales o a servicios de salud, etc.)
V. Instituciones de apoyo:
Es necesario contar con métodos eficientes que proporcionen información oportuna para las personas y sus respectivas organizaciones.
a) La acción de los gobiernos locales en este ámbito.
Los gobiernos locales deben aprovechar las circunstancias actuales donde el gobierno central esté priorizando la asignación de recursos a las etnias indígenas, para así apoyar los proyectos educacionales y de cultura indígena, haciendo a ésta parte de la vida comunal.
Los gobiernos locales deben realizar todos los esfuerzos necesarios para que los buenos proyectos e iniciativas tengan posibilidades de ser financiados y, consecuencialmente, se logre crear nuevos recursos para la población de dichas comunidades.
b) Servicios públicos móviles.
Para lograr el objetivo indicado en la letra anterior, se deben además, acercar los servicios públicos y municipales a las comunidades rurales. Es fundamental que los principales servicios públicos se encuentren disponibles en las comunas con altas tasas de ruralidad y que los municipios respectivos implementen un sistema de móviles de atención de sus principales servicios para que concurran a las zonas rurales, dando de esta forma la posibilidad a los habitantes de estos sectores, en especial a los indígenas chilenos, de realizar sus trámites más frecuentes ( Registro Civil , Indap, oficinas de Conadi, servicios sociales, etc.). Un elemento importante de considerar es que los miembros de las comunidades indígenas rurales pierden casi la cuarta parte de su tiempo útil en la realización de estos trámites en centros urbanos próximos, con un importante costo alternativo y en la mayoría de los casos sin resultados positivos.
c) Reorientación de la acción de Indap.
Hasta la fecha, Indap ha cumplido un rol social con respecto a la agricultura, lo que ha significado enormes pérdidas económicas para el país. Por esto, es indispensable que dicha institución se concentre en los temas de desarrollo productivo y que deje los problemas sociales a otros organismos del sector público.
Indap cuenta con dos tipos de programas: por un lado, están los que apuntan a mejorar el patrimonio natural, a través de planes de mejoramiento y recuperación de suelos, reforestación, protección de cuencas, entre otros; y, por otro lado, están los programas de apoyo técnico y crediticio para desarrollar una producción sustentable en el tiempo.
En el primer caso, los programas deben realizarse independientemente de la persona o de las comunidades. Es una inversión a largo plazo en recurso natural y que será rentable en el tiempo, si es aplicado en conjunto con programas de capacitación en técnicas más adecuadas al medio.
En el segundo caso, que pretende fomentar el desarrollo productivo, se deben desarrollar programas que incorporen los elementos de cada cultura, pero que tiendan a implementar una agricultura sustentable y rentable en el tiempo. Este fomento debe basarse en tres elementos fundamentales:
Capacitación
Apoyo técnico
Financiamiento
La capacitación y el apoyo técnico deben ir orientados a una producción más eficiente, a través de la incorporación de nuevas técnicas de cultivo y de conceptos de desarrollo de negocio, para complementar la actividad productiva con la comercialización de los productos.
El financiamiento debe ser trasparente y sólo ser concedido a proyectos que estén supervisados por Indap y cuenten con una proyección sustentable en el tiempo.
d) Reformulación de la Conadi y una nueva legislación.
Se propone reformular la Conadi para que efectivamente gestione y alcance las soluciones para las zonas rurales con alta presencia indígena. Debe ser un organismo despolitizado y desideologizado, pero con una alta sensibilidad y compromiso con los reales problemas que afectan al mundo indígena chileno. Más que un organismo ejecutor y asignador de recursos (donde se ha demostrado incompetente hasta la fecha), se sugiere que sea un coordinador y gestionador de esfuerzos para dar solución a la problemática indígena. Así, velaría por la integralidad de las soluciones, utilizando los esfuerzos de los actores más idóneos, sean ministerios, municipios, privados, fundaciones sin fines de lucro, etc.
Dada la importancia que ha tenido la adquisición y asignación selectiva de tierras, se propone modificar el actual sistema en esta materia. Si lo que se pretende es favorecer a los habitantes de zonas rurales con alta presencia indígena, debe establecerse un programa claro y ordenado de adquisición de tierras en los casos imprescindibles, en lugares lo más cercanos posible a sus comunidades de origen, donde primen criterios técnicos y no presiones o consideraciones de otro orden.
Hay que enfatizar que la pobreza indígena y el estado de su cultura no se solucionan ni perpetúan con la compra de tierras, sino con un actuar integral como el que se intenta con estas propuestas.
En este sentido, el mecanismo de adquisición de tierras debe exigir ofertas públicas transparentes, precios de mercado y los resguardos que sean necesarios para evitar los abusos y sobreprecios que se pagan en la actualidad. Además, es indispensable que las tierras adquiridas permitan el desarrollo de actividades rentables, ya sea de agricultura moderna o de desarrollo turístico.
Es conveniente que las asignaciones se efectúen sobre la base de postulaciones individuales, sin perjuicio de que se puedan adquirir terrenos en común, donde los miembros de las comunidades indígenas chilenas puedan compartir sus costumbres y tradiciones. De esta forma, se defiende la propiedad privada y se incentiva el esfuerzo de cada persona, junto a su capacidad de trabajo e innovación.
Por otra parte, es fundamental establecer un sistema objetivo y claro respecto de la asignación de estas tierras, y no responder a las presiones de fuerza.
En relación con la legislación vigente, se propone modificar drásticamente la ley indígena, pues se trata de un cuerpo normativo que no ha representado mejora alguna en las condiciones de vida de la población indígena y porque, además, tiene como premisa fundamental que sus destinatarios y principales favorecidos se encuentran en una suerte de estado de “interdicción”, incapaces de tomar decisiones por sí solos y reacios a integrarse al desarrollo.
No parece que la solución del problema indígena chileno pase por una legislación que, además de ineficiente, es discriminatoria respecto del resto de los habitantes de nuestro territorio, muchos de los cuales tienen los mismos o mayores problemas que aquellos que afectan a las comunidades rurales indígenas y presentan un elevado porcentaje de mestizaje.
La ley tiende a transformar a las comunidades indígenas en verdaderos “guettos étnicos”, junto con atomizar fuertemente sus organizaciones, con los consiguientes conflictos y divisiones que ello genera.
Por lo tanto, es fundamental permitir que las personas puedan disponer de sus tierras, lo que, además, les permitirá acceder a créditos mediante hipotecas u otras formas de disposición, a elección de los interesados.
La actual situación de “interdicción” en que se encuentran los habitantes de zonas rurales indígenas les impide acceder a créditos y, con ello, desarrollar eventuales proyectos productivos, como asimismo la posibilidad de realizar negocios alternativos con sus tierras.
e) Creación de comités de resolución de conflictos menores.
Consiste en la creación de instancias de resolución de conflictos locales que actúen como una especie de “jueces de paz”, dependientes de los juzgados de policía local, con procedimientos fáciles y expeditos que permitan solucionar en forma oportuna conflictos puntuales, propios del mundo rural, que puedan surgir entre vecinos, tales como problemas de deslindes, accesos, servidumbres, daños por acción de los animales, liquidación de medierías, etc.
En el mismo orden de cosas, se propone la creación de instancias de coordinación comunal presididas por el alcalde o los jefes de servicios municipales, que tengan por objeto prevenir y resolver conflictos de tipo medioambiental o vial que se susciten entre las comunidades campesinas rurales y las empresas. Esta instancia comunal podría, dentro de su ámbito de acción, acordar la mejor forma de realizar obras, faenas o labores rutinarias en que puedan verse afectadas las aguas, siembras, fauna, flora, caminos y puentes de una comuna.
f) Fomento a las institucionesprofesionales.
Establecer un premio nacional a las universidades, centros de investigación o particulares que desarrollen proyectos productlvos factibles simultáneamente con el desarrollo del bosque, tendientes a aprovechar el suelo de éste en otros cultivos que generen actividad económica adicional”.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente , el señor Secretario ha dado lectura al proyecto de acuerdo Nº 39.
Hay otros dos proyectos de acuerdo, Nºs 40 y 41, que aún no se han leído.
Junto con otros señores diputados, soy autor del proyecto de acuerdo Nº 41, en el cual solicitamos al Gobierno la designación de un ministro en visita para tratar el problema que nos convoca.
Al respecto, el Gobierno ha dicho que no va a acceder a esa petición.
Hemos tomado nota de esa decisión y hemos decidido retirar el proyecto de acuerdo; luego vamos a estudiar el momento oportuno para hacer el requerimiento correspondiente, si procede, como simples ciudadanos.
He dicho.
El señor HALES.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HALES .-
Señor Presidente , en la línea criteriosa señalada por el diputado señor Cardemil , quiero precisar que el Reglamento especifica con toda claridad los tipos de sesiones y su clasificación.
Concretamente, la presente sesión corresponde a las que el artículo 68 califica de sesiones pedidas; está llamada como sesión especial, pero estrictamente es sesión pedida, es decir, aquellas que pide un tercio de los diputados y cuyo objetivo se especifica en la convocatoria correspondiente.
Reglamentariamente se rigen por el artículo 74 y se efectúan para tratar un objeto específico, el cual está en el texto de la convocatoria.
Con la misma flexibilidad y buen criterio del diputado señor Cardemil , le pido al diputado señor Díaz que retire el proyecto de acuerdo Nº 39, para que sea tratado en la sesión ordinaria que él estime conveniente, o bien que la Mesa lo retire por no corresponder a la idea matriz para la cual ha sido convocada esta sesión.
Por lo tanto, no corresponde votar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , cuestión de Reglamento.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , voy a dar lectura a algunos artículos del Reglamento y a defender mi posición.
En el inciso segundo del artículo 113 del Reglamento, en relación con los proyectos de acuerdo, se señala que también tendrán cabida en las sesiones especiales y en las pedidas cuando se refieran a las materias motivo de su convocatoria.
Por su parte, en el Nº 16 del artículo 1º del Reglamento se establece que los proyectos de acuerdo se presentan con el objeto de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre los actos del gobierno, o bien, obtener un pronunciamiento de la Corporación sobre temas de interés general.
En el proyecto de acuerdo en cuestión se señala que la Cámara de Diputados acuerda plantear al Gobierno las siguientes observaciones y proposiciones en relación con el denominado “conflicto mapuche”, que es parte de lo señalado en la convocatoria para la presente sesión.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Para referirse a un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES .-
Señor Presidente , parte de la tradición, de lo que hemos hecho siempre en el marco reglamentario para sesiones como ésta, es que cabe cualquier materia relacionada con el objeto central de la misma.
Me parece que el proyecto de acuerdo está dentro del marco de las materias que se pueden tratar en la sesión, porque tiene que ver con el conjunto de situaciones que afectan a los pueblos indígenas.
El problema es que no dejaron entrar al subsecretario de Mideplan , quien debió aclarar qué se está haciendo sobre cada uno de estos temas. Lo serio -si quieren que votemos como corresponde- sería dar al subsecretario la posibilidad de explicar estas materias. De lo contrario, parece una declaración de intenciones que no guarda ninguna relación con lo que el subsecretario de Mideplan , encargado de esta materia, está haciendo.
De no ser así, no queda otra cosa que votar en contra del proyecto, porque parece más bien una maniobra publicitaria que un intento real de avanzar en el desarrollo de las políticas hacia los sectores indígenas.
He dicho.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Señores diputados, la Mesa no tiene dudas en cuanto a que el proyecto de acuerdo es reglamentario.
En votación el proyecto de acuerdo Nº 39.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor SALAS (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Por fallas en el sistema electrónico, el resultado de esta votación no fue impreso.
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