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El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, hemos concurrido a apoyar este proyecto, iniciado en una moción del diputado Gahona , representante de la Cuarta Región, para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Lo anterior se refiere principalmente a catástrofes, tan frecuentes en nuestro país, que pueden ser generadas por ríos, volcanes. Sin embargo, en nuestro caso, en Coquimbo, se trató de un terremoto de 8.4 grados asociado a un posterior tsunami. Ello reflejó la precariedad y el desamparo en que se encuentra nuestra población ante empresas todopoderosas que imponen cobros excesivos por los servicios de que se trata, incluso aunque en muchas ocasiones los equipos ni siquiera están dañados.
Además, en situaciones como la señalada, cuando fallan los equipos de los servicios sanitarios -lo hemos investigado largamente o del servicio eléctrico -ello sucedió en nuestra región-, suele ocurrir que las empresas no entregan mayores explicaciones al respecto, por lo que hay que seguir adelante nomás.
Este proyecto se da en el contexto de una región, la de Coquimbo, que se halla muy golpeada. La cifra de desempleo, sobre todo por el tema minero, aumentó sobre 6 por ciento. Asimismo, los promedios históricos de sueldo de nuestra región son muy bajos: de acuerdo al INE, del orden de 400.000 pesos para las mujeres, y de 580.000 pesos para los hombres.
Por tanto, obligar a los usuarios -en muchos casos se trata de propietarios de viviendas sociales a ser los “responsables” en la situación en comento, y, en consecuencia, a pagar las excesivas cifras que cobran las empresas por los servicios de que se trata, nos parece una desregulación absoluta.
El concesionario del servicio público de cualquier naturaleza debe mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones que eviten el peligro para las personas, en particular los niños, o las cosas.
De igual modo, debemos regular de manera efectiva toda la inversión, generación y distribución del servicio eléctrico. En este sentido, sé que en la Comisión de Minería y Energía tendremos avances significativos.
La energía eléctrica, que sobre todo en los últimos años ha sido objeto de una gran inversión en Chile, debe constituir un servicio público de vital importancia para los ciudadanos. El Estado debe tener necesariamente un rol protagónico en ello. No es posible que todavía existan nichos de pobreza, especialmente en nuestra Cuarta Región, que es tan dispersa y rural, donde todavía se utilicen velas, haya restricciones horarias para el suministro de energía eléctrica y -ello ocurre en muchos casos se emplee la energía solar fotovoltaica, que también representa costos excesivos para los usuarios.
Por último, anuncio que, como bancada, apoyaremos este proyecto, pues pensamos que, como una primera propuesta en la materia, ayudará a establecer una mínima regulación no solo en los servicios eléctricos, sino también en los demás servicios básicos, como los sanitarios, a los que, como todo ciudadano en este país, debemos tener acceso en condiciones de mínimos morales.
He dicho.
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