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El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Sergio Gahona .
Antecedentes:
-Moción, sesión 78ª de la legislatura 363ª, en 8 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 21ª de la presente legislatura, en 11 de mayo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 6.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor GAHONA (de pie).-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Minería y Energía, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en una moción de los diputados señores Alvarado , Hasbún , Kast, don José Antonio ; Morales , Núñez, don Daniel ; Trisotti, Ward ; de las diputadas señoras Molina y Nogueira , y de quien habla, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para imponer a las empresas eléctricas la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
La comisión discutió y aprobó este proyecto en una única sesión por tratarse de una iniciativa de fácil despacho. La aprobó tanto en general como en particular por unanimidad y no consideró necesario realizar audiencias públicas, por tratarse de hechos públicamente conocidos por la comunidad.
Los autores de la moción señalan que el devastador terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter ocurrido en 2015 sacudió con gran violencia vastas zonas de la Región de Coquimbo y ocasionó lamentables daños materiales e irreparables pérdidas humanas. El balance arrojó información de numerosos daños en las viviendas de una gran cantidad de habitantes, muchos de los cuales perdieron absolutamente todo.
Uno de los sectores más dañados fue el energético, cuya necesidad es absoluta, particularmente para proveer a la población de los servicios fundamentales y prevenir actos delictivos en las zonas afectadas.
Estos hechos hicieron patente el espíritu de sacrificio de la ciudadanía, la solidaridad, el empuje y otros valores importantes para superar la tragedia. Sin embargo, la población se vio enfrentada a una grave e injusta situación provocada por exigencias de las empresas eléctricas que, en algunos casos, piden que sea de cargo de los propios damnificados el retiro y reposición de los empalmes y de los medidores que solicitan para sus nuevas viviendas de emergencia, en circunstancias de que en muchos casos se encuentran en condiciones de seguir siendo utilizados por los usuarios.
Además, cobran cifras excesivas por tales servicios, sin considerar que dichas personas perdieron todo a consecuencia del terremoto y no cuentan con los medios económicos necesarios para hacerlo.
El decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, que refundió la Ley General de Servicios Eléctricos, dispone en su artículo 139 lo siguiente: “Es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, (...)”.
Los considerandos agregan que como la inversión, generación, distribución y todo aquello que atañe al servicio eléctrico está entregado por el legislador a privados a través de concesiones, debe ser necesariamente una tarea del Estado buscar que se garanticen principios mínimos de justicia de acceso y uso de la energía eléctrica en el país, dado que se trata de un servicio público de vital importancia para las personas.
De lo dicho, resulta del todo injusto que, luego del gran sismo acontecido en una importante zona del país, las empresas de distribución eléctrica cobren a los usuarios y damnificados por ese acontecimiento de la naturaleza los costos de reposición, retiro y cambio del empalme. Ese acto se aleja de las normas mínimas de sentido común y solidaridad para con los afectados.
Por otra parte, el citado decreto no dispone qué sucede en aquellos casos en que la destrucción del empalme, definido por la letra L del decreto 197, de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, como el “conjunto de elementos que conectan una instalación interior a la red de distribución”, o del medidor, señalado en la letra F de este último decreto, no es consecuencia de un actuar negligente del usuario, sino que, por el contrario, se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, como una inundación, la erupción de un volcán o, como sucedió hace muy poco en el país, un terremoto que destruyó miles de viviendas por completo y, por consiguiente, todo su sistema eléctrico, vale decir, empalmes, medidores y automáticos.
A juicio de los patrocinantes de la iniciativa y de los diputados integrantes de la comisión, es adecuado y justo que los trabajos de reposición deban ser solventados íntegramente por la empresa de distribución eléctrica. De esa forma, se resolverá una laguna legal de nuestra legislación, que se ha prestado para la comisión de actos que, sencillamente, nos parecen inaceptables.
Recordemos que la idea de legislar a este respecto se presentó en 2010 con ocasión del terremoto que afectó la zona centro-sur del país. En ese sentido, debe reconocerse la labor del senador Eugenio Tuma y de la entonces senadora Ximena Rincón , quienes denunciaron y pusieron este tema en la discusión legislativa. En efecto, este proyecto también tiene como fuente una iniciativa de similares características presentada por ambos parlamentarios.
El proyecto contiene un artículo único que libera a los usuarios de la obligación de pagar por el retiro y cambio del empalme y medidor cuando la caída de estas obras se haya debido a una fuerza mayor irresistible, como lo es un terremoto, aluviones o tsunamis, casos en los cuales los costos deberán ser absorbidos íntegramente por la empresa de distribución eléctrica.
El retiro y reposición no quedará condicionado a que exista morosidad en la cuenta o saldo pendiente al momento en que se produzca la fuerza mayor o se haya decretado por la autoridad competente la zona de catástrofe.
De esta forma se busca evitar la discriminación que hacen las empresas distribuidores de energía, al inhibirse de la reposición del empalme y medidor respecto de personas que se encuentran en estado de morosidad.
Por lo expuesto, solicito a la Sala que esta iniciativa, de indiscutible beneficio social, especialmente para las familias de menores recursos afectadas por hechos de la naturaleza o de fuerza mayor, sea aprobada por unanimidad de los diputados presentes, tal como ocurrió en el seno de la comisión.
Es todo cuanto puedo informar. He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los autores del proyecto.
Después de varios meses de ocurrido el terremoto, pude constatar que a los habitantes de las localidades afectadas les seguía llegando el cobro del suministro eléctrico, en circunstancias de que sus casas estaban destruidas y abandonadas. Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa.
Sin perjuicio de ello, hago presente que debemos avanzar mucho más en materia de regulación de las empresas de distribución de energía eléctrica.
En la boleta mensual que reciben los clientes aparece un cobro por concepto de “arriendo de equipos”, por el cual deben pagar una cantidad de dinero que se suma a la del consumo de energía.
En ocasiones, los clientes ven suspendido el suministro eléctrico en su hogar sin que las empresas dejen en claro el tiempo y el plazo en el que deben solucionar el problema. La interrupción del suministro implica un cobro por reposición, independientemente de que la interrupción se haya debido a que el cliente se atrasó en el pago, o se haya producido por causas ajenas a los usuarios. Además, los tiempos de suspensión del suministro quedan al arbitrio de las empresas. A veces, estas se excusan en situaciones climáticas para mantener la suspensión durante uno o dos días, y no están obligadas a compensar a los clientes por ese hecho.
Una materia más delicada la constituye el cambio de los medidores. Los usuarios no son dueños de los medidores, pero tampoco saben cuál es el tiempo de vida útil de los mismos. La decisión de cambiar los equipos también queda al arbitrio de la empresa distribuidora, la cual generalmente opera con empresas subcontratistas que se encargan de efectuar dicho cambio. El dueño de la propiedad no tiene la facultad de decir cuál es la vida útil del medidor.
En marzo de 2016 una empresa distribuidora de energía eléctrica envió la siguiente carta a los clientes: “Asimismo, Chilectra se encuentra instalando medidores inteligentes. Estos nuevos medidores inteligentes no se encuentran en venta. Por ello, usted puede optar por instalarlo en su domicilio bajo modalidad de arriendo, incorporando a su cuenta mensual el valor regulado de arriendo del medidor. Es importante recordar que no existe obligación alguna de cambiar el equipo actual, que no es de propiedad del cliente. Es decir, la decisión de cambio es completamente voluntaria.”.
Lo que acabo de leer es contradictorio, puesto que, como dice la carta, la decisión de cambio del equipo es voluntaria; sin embargo, a ningún vecino le preguntan cuándo el medidor dejó de prestar vida útil, a fin de que sea cambiado. Sobre eso no tenemos control; solo las empresas lo tienen.
Por lo tanto, a la discusión de este buen proyecto que beneficia a los ciudadanos víctimas de catástrofes naturales, deberíamos agregar, como una urgente necesidad, la discusión sobre la regulación de las empresas eléctricas, que tienen facultades sobre los ciudadanos que, en definitiva, se traducen en cobros a veces abusivos y en una calidad y eficiencia cuestionables.
Tengo en mis manos un gráfico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que muestra la cantidad de reclamos presentados por cada 1.000 clientes. Respecto de Emetal, la SEC recibe 2,47 reclamos por cada 1.000 clientes; respecto de Conafe, 1,69 por cada 1.000 clientes. Los reclamos dicen relación con cobros abusivos, con cortes de suministro y tardía reposición, y con calidad del servicio.
Sería muy interesante que en la discusión sobre una nueva regulación que beneficie más a los ciudadanos y que no fortalezca tanto las utilidades de las empresas, se revisen las respuestas que reciben las personas cuando ven interrumpido el suministro, cuando ven un cobro abusivo en su cuenta o cuando no entienden la glosa de arriendo en la boleta del servicio. Reitero la disparidad que existe: al cliente se le señala que no es dueño del medidor; sin embargo, cada mes se le cobra en la cuenta el arriendo del equipo, cuya vida útil desconoce.
Es muy bueno que cada vez que se produzca una catástrofe natural, sean las empresas eléctricas las se hagan cargo de la reinstalación de un nuevo medidor y no los usuarios que fueron víctimas del desastre. Por otra parte, tampoco pueden seguir existiendo interpretaciones extrañas sobre arriendo de equipos, sobre los reclamos de los usuarios o sobre las glosas que se incluyen en la boleta mensual que paga cada ciudadano.
La bancada de la Democracia Cristiana va a apoyar el proyecto, pero solicita, por el bien de los ciudadanos, que situaciones como las que he señalado se aclaren.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, hemos concurrido a apoyar este proyecto, iniciado en una moción del diputado Gahona , representante de la Cuarta Región, para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Lo anterior se refiere principalmente a catástrofes, tan frecuentes en nuestro país, que pueden ser generadas por ríos, volcanes. Sin embargo, en nuestro caso, en Coquimbo, se trató de un terremoto de 8.4 grados asociado a un posterior tsunami. Ello reflejó la precariedad y el desamparo en que se encuentra nuestra población ante empresas todopoderosas que imponen cobros excesivos por los servicios de que se trata, incluso aunque en muchas ocasiones los equipos ni siquiera están dañados.
Además, en situaciones como la señalada, cuando fallan los equipos de los servicios sanitarios -lo hemos investigado largamente o del servicio eléctrico -ello sucedió en nuestra región-, suele ocurrir que las empresas no entregan mayores explicaciones al respecto, por lo que hay que seguir adelante nomás.
Este proyecto se da en el contexto de una región, la de Coquimbo, que se halla muy golpeada. La cifra de desempleo, sobre todo por el tema minero, aumentó sobre 6 por ciento. Asimismo, los promedios históricos de sueldo de nuestra región son muy bajos: de acuerdo al INE, del orden de 400.000 pesos para las mujeres, y de 580.000 pesos para los hombres.
Por tanto, obligar a los usuarios -en muchos casos se trata de propietarios de viviendas sociales a ser los “responsables” en la situación en comento, y, en consecuencia, a pagar las excesivas cifras que cobran las empresas por los servicios de que se trata, nos parece una desregulación absoluta.
El concesionario del servicio público de cualquier naturaleza debe mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones que eviten el peligro para las personas, en particular los niños, o las cosas.
De igual modo, debemos regular de manera efectiva toda la inversión, generación y distribución del servicio eléctrico. En este sentido, sé que en la Comisión de Minería y Energía tendremos avances significativos.
La energía eléctrica, que sobre todo en los últimos años ha sido objeto de una gran inversión en Chile, debe constituir un servicio público de vital importancia para los ciudadanos. El Estado debe tener necesariamente un rol protagónico en ello. No es posible que todavía existan nichos de pobreza, especialmente en nuestra Cuarta Región, que es tan dispersa y rural, donde todavía se utilicen velas, haya restricciones horarias para el suministro de energía eléctrica y -ello ocurre en muchos casos se emplee la energía solar fotovoltaica, que también representa costos excesivos para los usuarios.
Por último, anuncio que, como bancada, apoyaremos este proyecto, pues pensamos que, como una primera propuesta en la materia, ayudará a establecer una mínima regulación no solo en los servicios eléctricos, sino también en los demás servicios básicos, como los sanitarios, a los que, como todo ciudadano en este país, debemos tener acceso en condiciones de mínimos morales.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate, originada en moción, es importante y coincido plenamente con su esencia, particularmente porque cuando se trata de excepciones vinculadas a catástrofes naturales, los habitantes no pueden ser doblemente damnificados: damnificados por un aluvión, damnificados por un terremoto, damnificados por la erupción de un volcán y, luego, damnificados por el comportamiento abusivo e inmoral de empresas con gestión monopólica en cuestiones sustantivas para la vida de las familias de nuestro país.
El proyecto en cuestión en hora buena establece que las empresas vinculadas a la distribución de energía deben solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Creo que el modelo neoliberal exageró tanto, que terminó abusando del presupuesto ordinario de una familia, en particular de la parte referida a gastos en servicios, que incluye los servicios de energía y sanitarios, esto es, energía eléctrica y agua potable. Sin embargo, ambos servicios, que son casi imprescindibles -digo “casi” porque hay personas que viven sin energía, pero en malas condiciones-, están en manos de actores que en beneficio de la economía de libre mercado aplican una política sin mercado.
Quisiera saber qué posibilidad tiene un simple poblador de elegir entre las compañías distribuidoras de energía A, B o C. ¿Puede optar? No puede; son mercados cautivos. Lo mismo pasa con las empresas sanitarias.
¿No le gusta el precio del agua? ¿Es mala la calidad del agua? ¿Le cortan el suministro cuando quieren? ¡Cámbiese! ¿Pero a dónde se cambia uno? No existe posibilidad para ello.
Entonces, les regalaron un mercado cautivo a empresas que no tienen ningún límite, pues cuando hoy ocurre una catástrofe, deberes que son propios de ellas se trasladan a los damnificados, es decir, a los pobladores. Me refiero al cambio o a la reparación de empalmes y medidores que no se pueden usar.
Además, está el cobro que esas compañías llaman “cargo fijo”. O sea, aquí no solo hay una curva que se mueve según la oferta y la demanda de aquel dios que ellas tienen, que se llama mercado, sino también un renglón desde donde parten los cobros.
Si asimilamos esta situación con la del fútbol internacional, es como si un equipo entrara ganando 1-0 de inmediato, antes de empezar el partido.
La situación que nos ocupa constituye un abuso y una falta a la relación que corresponde entre dos partes que convienen, una, adquirir un servicio, y la otra, venderlo.
No tengo ninguna duda de que la moción que dio origen a este proyecto se motivó en la conversación natural, regular y cotidiana entre pobladores y parlamentarios, quienes debieron canalizarla -en hora que lo hicieran con sensibilidad.
Por ello, en la medida en que avancemos en esta iniciativa y que sigamos cerca de la gente, esta nos irá indicando cuáles son las distorsiones que se están produciendo desde el punto de vista del funcionamiento de la economía de las grandes empresas y de la economía familiar -ambos, agentes a nivel microeconómico-, cuestión que, si uno quiere actuar en justicia, hay que solucionar de inmediato con equidad y escuchando al damnificado, en este caso, doble damnificado.
Por ello, anuncio que apoyaremos este proyecto, porque recoge el sentimiento, la vivencia, la tragedia y el drama de los damnificados, doblemente damnificados por las empresas en todos aquellos lugares en que ha ocurrido una catástrofe violenta que ha dañado la infraestructura de que se trata, lo que no es responsabilidad de la población afectada, sino de la empresa, que para eso cobra abusivamente durante el “tiempo de paz”, esto es, el tiempo en que no se producen catástrofes.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, velo con gran dedicación e interés por este proyecto de ley, cuyo informe tuve la labor de rendir en esta sesión, porque, además de enfocarse hacia todos los chilenos, hace una especial consideración e incide en la Región de Coquimbo y sus habitantes. Además, porque fundamentalmente va en beneficio de las personas que resultaron damnificadas debido a los últimos terremoto y tsunami que azotaron a nuestra región y de aquellas que en el futuro puedan sufrir una situación como la que vivimos nosotros.
En dicho contexto, es de conocimiento público que uno de los sectores más afectados por dicha tragedia fue el energético. Cientos de personas sufrieron daños a causa de la inclemencia de dicha catástrofe y vieron cómo sus hogares y poblaciones quedaban privados de uno de los servicios más esenciales para la vida: el suministro de energía eléctrica.
La situación descrita se tradujo en daños en cientos de empalmes y medidores, ante lo cual, casi de manera inexplicable, las empresas prestadoras del servicio determinaron que debían ser los propios clientes damnificados los encargados de pagar por el retiro y la reposición de ese material, determinación que atenta contra toda lógica de servicio y se aleja del sentido social y solidario que se espera de las empresas ante situaciones de tanta calamidad que afectan al conjunto de la comunidad.
Por eso impulsamos este proyecto de ley, para que se acuda rápidamente en auxilio de las personas más necesitadas, como los cientos de chilenos y chilenas que vieron cómo se destruían sus hogares, que tuvieron que rehacer su vida en viviendas de emergencia y, además, a causa de una injusticia derivada de una determinación arbitraria, se vieron obligados a costear la reparación de los daños y a tener que pagar tarifas excesivas para reponer los equipos dañados.
Si bien, como ocurrió en mi caso, las empresas de servicios eléctricos dejaron de efectuar ese cobro a causa de la gran cantidad de reclamos ciudadanos, considero que situaciones de este tipo no deben quedar entregadas a la discrecionalidad o buena voluntad de las empresas distribuidoras, sino que deben regularse por ley, para que los ciudadanos damnificados no sean doblemente afectados.
El objetivo de la iniciativa en discusión es modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para liberar a la ciudadanía de la obligación de responder por los empalmes y medidores dañados por fuerza mayor, en zonas declaradas en estado de catástrofe por decreto presidencial.
En consecuencia, hago un llamado a la honorable Sala para que apruebe esta iniciativa por unanimidad, puesto que es indiscutible que está orientada a favorecer a los más necesitados y ampara a quienes sufren los rigores de la naturaleza, especialmente en situaciones de catástrofe como las que hemos experimentado en el último tiempo, a las que, lamentablemente, debemos empezar a acostumbrarnos.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, es indudable que todos los avances destinados a dar un respiro económico a la gente, en especial a la más necesitada, son buenos y bienvenidos, por lo cual hay que aprobarlos. Sin embargo, considero que en el debate de este proyecto de ley estamos perdiendo la oportunidad para hacer algo mucho más potente, algo que ayude a enfrentar un conjunto de problemas vinculados a los servicios domiciliarios, como el de agua potable y el de energía eléctrica, que están en la palestra.
Así, por ejemplo, cuando se produce un apagón de luz en una comunidad y una persona llama a la compañía respectiva para que le repongan el servicio, curiosamente, no obstante que el problema puede afectar a varias familia, a treinta, cuarenta o más personas, el cobro por la reposición se carga a la cuenta de quien hizo la llamada, situación que habría que analizar, porque a lo mejor quien llamó era la única persona que tenía teléfono en el lugar para avisar.
Esa es la razón por la cual en muchas ocasiones las personas no llaman a las compañías para avisar sobre un corte de luz, dado que saben que les van a cobrar a ellas por la reposición del servicio.
Por otra parte, me atrevería a decir que el cien por ciento de los diputados alguna vez hemos recibido en nuestras oficinas parlamentarias las quejas de adultos mayores a los que les han cortado la luz porque debían, por ejemplo, cinco mil pesos, pero resulta que por reponerles el servicio les cobran quince mil pesos.
Ante la ausencia de soluciones a situaciones como las descritas, que no son consideradas en el proyecto, pienso que estamos perdiendo una oportunidad gigantesca para incluir beneficios muy esperados por la gente, en especial los que favorecen a las personas de la tercera edad que no pueden pagar la cuenta, a las que se les podría otorgar un subsidio o un bono especial. Beneficios como ese se podrían incluir mediante indicaciones, a fin de que, por ejemplo, no se les cobre por la reposición del servicio eléctrico, dado que en muchos casos ese cobro supera en tres o cuatro veces el valor de la cuenta que se adeuda.
Esas son cosas que no podemos dejar pasar.
La iniciativa en debate pierde la gran oportunidad de dar solución a problemas que hemos tratado muchas veces en la Cámara de Diputados. Así, resulta que el proyecto señala que el retiro y reposición del empalme y medidor será íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, pero siempre que su inutilización se haya producido por fuerza mayor, como un temporal; sin embargo, cuando se produce un temporal, hay ocasiones en que las empresas dicen que el corte se produjo porque cayó el gancho de un árbol sobre la línea, y como esta corresponde a una vivienda determinada, le cobran a quien la habita. Y eso no es todo: más encima le cobran el poste que se quebró.
O sea, para decirlo en palabras simples, esto es como si en las bombas de bencina cobraran a los clientes por la manguera que utilizan para echar combustible. Indudablemente, sin manguera no pueden echar bencina. Lo mismo ocurre en este caso: sin línea de distribución, las empresas eléctricas no pueden cobrar.
A veces hay temor a decir las cosas por su nombre, pero resulta que ese es un servicio pagado. Uno está pagando para que le presten un servicio, para recibir los 220 volts en la casa, no 190, 200 o qué sé yo cuántos volts.
Felicito a los autores de la iniciativa, pero, reitero, me parece que estamos perdiendo una tremenda oportunidad para arreglar varios problemas.
No por despachar rápido una iniciativa vamos a hacerlo en términos que favorezcan solo a un par de personas, cuando podría beneficiar a muchas más. Podemos incorporar todos esos aspectos a los que me he referido, como el que favorece a los adultos mayores. Eso debiéramos incluirlo vía indicación, para que forme parte de esta futura ley. Me atrevo a plantear, sin miedo a equivocarme, que también podríamos incluir a las personas que ganan el salario mínimo, a fin de que no se les cobre por concepto de reposición del servicio cuando se lo hayan cortado.
Indudablemente, no estoy planteando que no haya que cortarles el suministro de energía cuando mantengan cuentas impagas, sino que no se les cobre por la reposición del servicio si no disponen de los medios suficientes para pagar por ello. Eso es lo que estoy diciendo, y creo que todos los parlamentarios estamos de acuerdo en ello, ya que nadie se podría oponer a una cosa así de justa.
En consecuencia, solicito a la Sala enviar nuevamente el proyecto a la comisión técnica respectiva, para que se incluyan un par de mejoras. Recordemos que no por mucho madrugar amanece más temprano, así es que no importa que algún parlamentario, como el diputado Gahona , tenga interés en despacharlo luego, salga como salga. Quizás le interesa muy poco lo que vaya a pasar con los adultos mayores o que sigan pagando por la reposición del servicio. Lo que realmente debe importarnos es que tenemos la oportunidad de arreglar las cosas como corresponde.
Parece que en el último tiempo los parlamentarios nos hemos puesto reaccionarios para enfrentar los problemas: esperamos a que estos sucedan para intentar resolverlos y privilegiamos aparecer ante los medios como los autores del proyecto que lo solucionó. Pero aquí tenemos la oportunidad de arreglar algo sin que los problemas se hayan manifestado plenamente, y la estamos desperdiciando.
Perdónenme que insista, pero es debido a actitudes como esa que perdemos oportunidades de incluir beneficios como los que he mencionado y de arreglar este tipo de problemas de una vez por todas, no por parches.
Las empresas dicen que no tienen la obligación de asumir esos costos. Ante eso, es bueno que nos detengamos un poco y analicemos otra situación que en algunas oportunidades hemos discutido. Aunque a veces el diputado Meza se pone medio “traguilla” y trata de hacer creer a todos que ciertas propuestas las ha inventado él, lo cierto es que lo que voy a mencionar lo hemos discutido y ha surgido de ese debate entre los dos.
Resulta que, como sabemos, a la gente le cobran una cierta cantidad mensual, mil ochocientos pesos, dos mil pesos, por ejemplo, por el arriendo del medidor del consumo eléctrico. Pero pasan años y años en la misma situación, así es que después de cierto tiempo han financiado plenamente su costo, y varias veces.
Por lo tanto, ¿por qué no presentamos una indicación que establezca que con el pago del arriendo por el medidor se vaya cancelando su valor, a fin de que una vez que eso se haya financiado completamente pase a pertenecer a quien paga por el arriendo?
Alguien dirá que cuando se echa a perder el medidor tienen que reponérselo gratis. Señores diputados: un medidor vale entre doce mil y quince mil pesos. Eso vale. Lo sé porque acabo de comprar uno. De ahí que es perfectamente posible que con seis meses de arriendo se haya pagado completamente su costo.
Entonces, quiero decirle al diputado Gahona , por su intermedio, señor Presidente, que hay muchas cosas que podemos arreglar ahora, y eso es lo que estoy proponiendo: que lo hagamos con este proyecto de ley, a fin de que no tengamos que elaborar y tramitar otro para arreglar esas cosas, dado que eso demoraría una infinidad.
Tenemos esta posibilidad y espero que la aprovechemos, pero con la condición de que el proyecto vuelva dentro de las próximas semanas a la Sala. Creo que es una oportunidad que de no debemos desperdiciar, porque que se trata de soluciones necesarias y justas que la gente está esperando desde hace mucho tiempo.
No por apurarnos vamos a hacer las cosas a medias.
Para fundamentar más mi petición, hago presente que soy autor de un proyecto de resolución que suscribieron varios otros diputados, en forma transversal, el cual tenía por objeto que la gente de la tercera edad no pagara por concepto de reposición de servicios domiciliarios, iniciativa que fue aprobada por la unanimidad de los diputados.
En consecuencia, sería la oportunidad para permitir que al menos uno de los proyectos de resolución que hemos aprobado en la Sala, entre la infinidad que se han presentado, se transforme en ley. No creo que sean más de tres los que han corrido esa suerte.
Entonces, ¿para qué sirven los proyectos de resolución? ¿Son para ir a florearse al distrito y decir “miren lo que logré”, y que la gente quede convencida de que les van a arreglar todos los problemas?
Así es como los proyectos de resolución se han transformado en un simple engaño a la ciudadanía.
Por eso, reitero de manera formal mi petición, respecto de la cual el diputado Gahona me señalado que tengo razón, en el sentido de que el proyecto de ley en discusión debería volver a la comisión técnica, a fin de que se le presenten las indicaciones que sean necesarias, con el compromiso de que regrese a la Sala, ojalá, la próxima semana.
Se requeriría una sesión de Sala más para aprobar un proyecto realmente potente, que beneficie a la gente de la tercera edad y a todas aquellas personas que, por motivos económicos, no pueden pagar para que les repongan el servicio eléctrico.
Les aseguro que la gente agradecería la buena voluntad de los diputados para solucionar, a través de esta iniciativa, problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo.
Reitero mi felicitación a los autores del proyecto. Creo que es el primer paso para alcanzar soluciones concretas a este tipo de problemas.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Lemus .
El señor LEMUS.-
Señor Presidente, el Ejecutivo tiene muy pocos instrumentos para implementar medidas respecto del suministro de gas, de agua potable o de energía eléctrica, que favorezcan a los ciudadanos afectados por una catástrofe.
La verdad es que el mercado sigue funcionando en esas situaciones como si fueran absolutamente normales, en circunstancias de que cuando se decreta zona de catástrofe por un terremoto, un temporal o un aluvión, muchos chilenos y chilenas se ven afectados, por lo que el Estado les debe aplicar un régimen excepcional.
Los sismos de gran intensidad producen cortes prolongados de energía eléctrica o de las comunicaciones, los que muchas veces se mantienen por varias semanas.
El terremoto que ocurrió en nuestra región inspiró al diputado señor Sergio Gahona , a quien felicito, para presentar el proyecto en estudio. Esta materia fue discutida por muchos ciudadanos de nuestra región, ya que cuando solicitamos a las empresas que realizaran el empalme y la instalación del medidor para evitar accidentes en las viviendas de emergencia no estamos hablando del proceso de reconstrucción, que entregábamos a las familias damnificadas-, nos cobraban por esos trabajos, en circunstancias de que la catástrofe es un hecho absolutamente fortuito.
Por lo tanto, creemos que el proyecto, que nació de la discusión ciudadana, no afectará el patrimonio de las empresas, ya que es una obligación que deben cumplir. Es más, esta será una de las medidas que el Presidente o la Presidenta de la República podrá aplicar en zonas sometidas a un régimen excepción, como son las zonas de catástrofe.
Por eso, nosotros legislamos rápidamente en la Comisión de Minería y Energía, y nos hicimos parte del proyecto presentado por el diputado Gahona , que se aplicará no solo a nuestra región, sino a todos los casos en que se decrete zona de catástrofe.
Señor Presidente, deseo aclarar que hemos aprobado aplicar este instrumento solo cuando se decrete una zona de catástrofe; pero sabemos que se han presentado otras iniciativas para establecer este tipo de facultades para otros casos que favorezcan a los ciudadanos de nuestro país.
Por último, anuncio que apoyaremos el proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, cuando leo los fundamentos y la idea matriz del proyecto, no puedo evitar recordar la tragedia que significó el terremoto de 2010 para la provincia que represento, Malleco , en particular para su capital, Angol , y sus alrededores.
Tengo vívida la imagen de las gestiones que debimos realizar en favor de muchas modestas familias de Angol, de Renaico y de otros puntos, que perdieron sus viviendas debido al terremoto.
Se aplicaron los programas para entregar una alternativa rápida, una mediagua, mientras se esperaba la reposición definitiva de las viviendas. En esa oportunidad nos encontramos con el grave problema de que esas familias debían pagar el empalme que se había destruido debido al terremoto, lo que es una causa de fuerza mayor, pero no tenían los más de 100.000 pesos para conectar de nuevo el empalme. Ni qué hablar de la instalación interior.
En ese minuto me pareció extraordinariamente injusto que las familias modestas de todas las regiones afectadas no tuvieran el apoyo de las empresas de distribución eléctrica, respecto de las cuales, como señaló mi colega diputado René Manuel García , todos tenemos la sensación de que abusan, porque pagamos tarifas muy altas por la energía.
Además, como él mencionó, comprobamos que un medidor cuesta algo más de 12.000 pesos, y que el monto cobrado por concepto del corte y la reposición del servicio es mayor que el valor del medidor.
A ello, cabe agregar que la empresa recupera el valor del artefacto con el arriendo de seis meses, pero nos lo sigue cobrando por años y años.
Por eso, la gente no entiende dónde está la responsabilidad social empresarial que se menciona, porque escaseó en esa circunstancia.
Felicito a los autores de la iniciativa, porque allí se dice que existe una causa de fuerza mayor que no es imputable a los usuarios del servicio.
Al respecto, firmé una indicación que establece claramente que la empresa se hará responsable de reponer el empalme a todo evento, excepto cuando pueda demostrar que su destrucción se debió a un acto incomprensible e irracional de alguien.
El proyecto se refiere al daño que produce un terremoto, tsunami, incendio u otro desastre de fuerza mayor, de manera que tiene un sentido muy concreto, porque nadie está libre de sufrir la calamidad que soportamos en 2010.
Chile es un país sísmico, por lo que resulta un hecho que se producirá este tipo de desgracias en cualquier lugar. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Hemos tomado adecuadas políticas, pero sin cuestionar el sistema de generación, transmisión y distribución de energía, el cual, como dijo el diputado René Manuel García , en algún momento tendremos que abordarlo en serio, para lo que necesitamos que los diputados de todos los colores políticos nos pongamos de acuerdo para que, pensando en el bien común del país, favorezcamos particularmente a la gente más pobre.
Señor Presidente, comparto plenamente el mérito específico del proyecto, por lo que felicito nuevamente a sus autores, ya que viví la angustia de hacer gestiones para tratar de resolver este problema a las familias más pobres. Al respecto, cabe precisar que no teníamos las herramientas legales para ello, debido a lo cual los representantes de las empresas de distribución eléctrica nos respondían que no era problema de ellos y que no tenían ninguna obligación de resolverlo.
En mi opinión, sí tienen esa obligación, porque, al final, esas empresas están usando recursos de todos los chilenos para generar energía eléctrica, por lo que tienen que ser solidarias con la gente cuando se produce ese tipo de desastres.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable al proyecto, así como a la indicación que hemos presentado y que he firmado, cuyo autor es el diputado René Saffirio .
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de la energía solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Señor Presidente, siempre leo literalmente el título de los proyectos que estamos discutiendo en Sala, porque la ciudadanía tiene que conocer estas cosas. Quienes estamos aquí tenemos la obligación de difundir el trabajo que se hace en la Cámara de Diputados, porque algunas personas opinan sobre el trabajo legislativo sin tener mayor conocimiento. Este trabajo se origina en las comisiones, donde realmente se discuten los proyectos de ley y se afinan sus detalles, iniciativas que luego llegan a la Sala para su discusión general y particular.
Entonces, este proyecto es uno más de los cientos que hemos trabajado, pero tiene una particular importancia, señor Presidente. Chile es un país que está todo el tiempo en peligro de sufrir desastres naturales de toda índole. Desastres naturales como los terremotos, los aluviones y los tsunamis obligan al Estado de Chile, independientemente del gobierno de turno, a entregar viviendas de emergencia a los damnificados, las cuales requieren, naturalmente, conexión eléctrica.
En Chile las empresas eléctricas lucran con la desgracia ajena. En momentos en que el país sufre, las empresas no dejan de cobrar por las conexiones, las desconexiones, los empalmes, los medidores, en fin.
Ya hemos hablado en otro momento de la importancia que tiene la energía para que Chile se convierta en un país desarrollado. En ese sentido, como dijo mi colega René Manuel García , el proyecto podría ayudar a mejorar la alimentación energética del país.
También se habló del daño económico que sufren nuestros adultos mayores cuando las compañías eléctricas les exigen el pago de los 12.000 pesos que cuesta la reposición de cada medidor.
En la discusión particular del proyecto en la Comisión de Minería y Energía se aprobó una indicación del diputado Marcos Espinosa y de otros colegas, para que el retiro y la reposición del medidor no quedaran condicionados a la ausencia de morosidad en el pago de la cuenta o saldo pendiente al momento en que se produzca la fuerza mayor. El objetivo de esa indicación es evitar la discriminación por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Así se evita un doble castigo: por una parte, ver afectada su vivienda por la catástrofe, y por la otra, no tener energía eléctrica por encontrarse moroso.
Recordemos que Chile tiene la energía eléctrica más cara de Latinoamérica, por lo cual mucha gente no puede pagar sus cuentas de la luz. Si a ello le sumamos el costo por reponer el empalme y la conexión, a muchos compatriotas se les imposibilita recuperar la energía eléctrica.
La bancada del Partido Radical Socialdemócrata va a apoyar con fuerza la iniciativa, porque en su mayoría representamos a provincias y a pequeñas comunidades. En mi caso, por ejemplo, represento a Curarrehue, Pucón , Villarrica , Loncoche , Gorbea , Cunco y Toltén , al igual que mi colega García .
Muchos diputados hemos visto el daño tremendo que se ocasiona a los hogares más humildes cuando se les corta la energía eléctrica o cuando se les obliga a pagar sumas de dinero con las que no cuentan sus escuálidos bolsillos para reponer la energía.
El proyecto de ley viene a entregar algo de justicia. Ojalá las políticas futuras apunten a regular mejor el cobro de estos servicios, que significan un sufrimiento económico para los hogares de Chile. En efecto, tanto el abastecimiento de agua potable, que se entregó a privados, como la entrega de energía eléctrica, constituyen un tremendo agujero económico en los hogares.
Eso no debiera ser, porque Chile es un país rico en posibilidades de energías renovables. Podemos contar con energía solar en el desierto de Atacama; tenemos agua para generar hidroelectricidad, y viento para la energía eólica. Sin embargo, seguimos pagando una cantidad descomunal por el consumo de luz.
Reitero: la bancada del Partido Radical Socialdemócrata aprobará íntegramente el proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción, que, sin duda, recoge algo que la ciudadanía espera.
Hace un tiempo hice uso de la palabra en la Sala para referirme a un cambio de medidores masivo y unilateral ocurrido en la Sexta Región. Las empresas eléctricas dicen que los medidores son de los usuarios a los que les presta el servicio; pero, lamentablemente, las empresas son las que determinan los cambios de medidores. Para llevar a cabo esta acción no contaron con la autorización de las personas; entraron a los patios de las viviendas a realizar el cambio del medidor. De esa manera, las personas solo se dieron cuenta del cambio a raíz del parpadeo de la luz. Su antiguo medidor había sido cambiado por uno digital. Posteriormente, ese cambio se les cobró en la cuenta.
Por eso me habría encantado tener aquí al ministro de Energía, para que se enterara de lo que ha estado ocurriendo no solo en cuanto a generación, transmisión o carreteras eléctricas, sino también en afectaciones a la ciudadanía, como ocurrió cuando discutimos la rebaja en las cuentas de la luz que beneficiará a algunas comunas, pero a otras no.
Ahora bien, no comparto la idea de que el cargo por el retiro y la reposición del medidor sea del consumidor y solo en caso de determinadas catástrofes le corresponda a la empresa.
Por eso, adhiero al planteamiento de los diputados Venegas y Saffirio -este último nos invitó a firmar una indicación de su autoría-, quienes han propuesto que salvo que la inutilización del medidor se deba a una acción u omisión del cliente, la reposición siempre sea de cargo de la empresa. Hoy, las empresas hacen lo que quieren, y siempre paga el usuario.
Después del cambio masivo de medidores, los precios de las cuentas de luz subieron en forma gigantesca.
Por lo tanto, lo que deberíamos pedir hoy, si lo tienen a bien los demás diputados, es que el proyecto vuelva a la Comisión de Minería y Energía para incorporar la idea de que pague la empresa, siempre y cuando no se trate de desperfectos provocados por el usuario.
Indudablemente, la empresa debe hacerse cargo del empalme y del medidor, conforme con la indicación que nos invitó a patrocinar el diputado Saffirio .
Lo importante es recoger todas las sugerencias hechas en la Sala, que son muy interesantes, pues apuntan a mejorar el proyecto en beneficio del bolsillo de los usuarios.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, el proyecto consta de un artículo único, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 4, de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, estableciendo que el retiro y reposición del empalme y medidor será íntegramente de cargo de la empresa distribuidora de energía, siempre que esa inutilización de la obra se haya producido por una fuerza mayor, como sismo, salida de mar, temporal u otra calamidad, y en el caso en que la autoridad competente haya decretado zona de catástrofe.
En este punto, cómo no recordar el terremoto del norte del país y el de 2010, cuando la zona central fue fuertemente afectada por las salidas de mar, especialmente la ciudad de Constitución, donde muchas familias resultaron damnificadas.
Recordemos que en esa ocasión se reubicó a mucha gente y se les entregaron mediaguas. La instalación de medidores y empalmes les fueron cobrados a las familias damnificadas.
Por lo tanto, considero que estamos frente a un buen proyecto de ley, por lo que vamos a aprobarlo en forma entusiasta.
Además, es una iniciativa que establece una solución solidaria por parte de las empresas distribuidoras, dueñas de los empalmes y de los medidores, ya que a ellas les corresponderá solventar los gastos de reposición luego de la inutilización por motivos de fuerza mayor.
Esto supondrá un alivio para todos los usuarios que se vieron afectados por el terremoto y posterior, que no contaban con los recursos para hacerse cargo de la situación.
También, va a dar certeza a todos los usuarios de que ante un evento de tal magnitud, será la empresa distribuidora la encargada de reponer los empalmes y medidores.
En la comisión se aprobó una indicación que establece que el retiro y reposición no quedará condicionado a que exista morosidad en la cuenta o saldo pendiente al momento en que se produzca la fuerza mayor o se haya decretado por la autoridad competente la zona de catástrofe.
Dicha indicación da mayor certeza a los usuarios de que se les repondrá sin costo el medidor y el empalme.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, es de toda justicia felicitar a los autores de esta moción y al diputado que informó el proyecto. Sin embargo, no quiero dejar fuera a aquellos que en el 2010 se refirieron a esta posibilidad con ocasión de la catástrofe que ocurrió en la zona centro-sur, particularmente en la Región del Biobío: al exdiputado y actual senador Eugenio Tuma y a la entonces senadora Ximena Rincón , quienes en su labor legislativa pusieron este tema en la palestra, lo que hoy nos permite sostener esta discusión.
También de toda justicia entender que este es un proyecto que responde al sentido común de los usuarios, de los que hoy viven y lamentan, muchas veces, las condiciones abusivas en que se entregan los servicios básicos.
Al igual como lo ha expresado la diputada Alejandra Sepúlveda , hace mucho sentido que en este tipo de discusiones también esté presente el ministro de Energía, porque se escucha que el país ha modificado su matriz energética y se evalúa, incluso, vender energía, pero se deja de lado y se olvida el impacto que eso provoca no solo en los hogares, sino también en nuestras regiones.
Lamentablemente, la Región del Biobío, particularmente la provincia de Ñuble -futura región de Ñuble es la zona en que hoy existen más proyectos energéticos en tabla. Producimos más del 19 por ciento de la energía que Chile consume en su totalidad, pero utilizamos solo el 9 por ciento de lo que producimos. Efectivamente, con lo que aprobamos hace una semana respecto de las tarifas, el impacto positivo que eso puede provocar no es más que solo una rebaja en las cuentas de la energía eléctrica de alrededor de 20 por ciento. Eso en nada compensa la inversión ni hace justicia a nuestros territorios agrícolas, que hoy son invadidos y destruidos -por qué no decirlo por grandes inversiones en materia energética, que impactan no solo en la dignidad y en la calidad de vida de las personas, sino también en nuestro entorno, en nuestras condiciones naturales, en nuestra producción y en nuestro desarrollo.
Por lo tanto, me parece igualmente importante que la autoridad escuche qué ocurre cuando la energía se produce, se distribuye y también cuando llega a los hogares. Al respeto, recalco lo que han expresado los autores y, por supuesto, lo que se ha dicho en la discusión de este proyecto, en cuanto a que hay una laguna, un vacío legal que no está abordado, que se conjuga con una serie de otros elementos que no está tratado, como lo que ha mencionado el diputado René Manuel García respecto de los costos de reposición. ¿Qué ocurre cuando alguien denuncia que su medidor está en mal estado? Las empresas se demoran meses en concurrir a verificar, pero mientras tanto el aparato sigue marcando. Si hay alguna anomalía, la empresa no se da por enterada o no hay personal, etcétera. Sin embargo, a la hora de cobrar, se actúa rápidamente y no se escapa ninguno de los factores que influyen y aumentan las tarifas. Evidentemente, en esos casos existe un abuso en la prestación e, incluso, una injusticia, que hoy se busca reparar.
Tal como lo expresó el diputado Lemus , este proyecto va en el sentido correcto.
Es insólito que en una situación de caso fortuito, de fuerza mayor, no haya ninguna posibilidad de contar con el servicio, porque las condiciones naturales han hecho sus efectos, y nosotros estamos condicionados por nuestra geografía a que eso suceda recurrentemente. Por lo tanto, esta medida es de total legitimidad. Es más, ni siquiera deberíamos legislar respecto de ella, pues ya debería estar incorporado en el criterio de las empresas. Pero como eso no ha ocurrido, hoy debemos regular esas situaciones con las propuestas que han formulado -y que comparto el diputado García y la diputada Alejandra Sepúlveda , en cuanto a pensar en una normativa que incluya todos aquellos vacíos que hoy quedan al debe. Efectivamente, es de sentido común que nos preocupemos de las familias más vulnerables, aquellas que necesitan restablecer su servicio, construir una vivienda, poner una mediagua y tantos otros casos, como los adultos mayores que se retrasan porque están enfermos y deben hospitalizarse, de manera que nadie paga la cuenta de la luz, porque no tienen a quién recurrir, y al final resulta que el costo de reposición es mucho mayor que lo que costó el propio medidor, lo que les genera una dificultad económica considerable que en nada contribuye a su dignidad ni menos a pensar y actuar con sentido común, pues ellos deben ser los primeros garantizados, sobre todo en la entrega de los servicios básicos.
En consecuencia, no queda más que solicitar que esta iniciativa vuelva a la comisión, para incorporar aquellos elementos que he mencionado; al mismo tiempo, si eso no ocurre, llamo a aprobar el proyecto por unanimidad, como imagino que va a suceder en esta Sala, porque va en el sentido correcto y porque aborda las injusticias y los abusos de las empresas y repara algo tan legítimo para las ciudadanas y los ciudadanos de nuestras comunas.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Morano .
El señor MORANO.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que esta es una excelente iniciativa, que se motiva en la inquietud y en la preocupación de miles de hogares de nuestro país cuando se produce un cataclismo, casos en que siempre vamos a apoyar cualquier medida de mitigación.
A mi juicio, el proyecto en sí establece dos conceptos que son distintos, pero que son tratados como si fueran iguales. Uno es el tema del empalme a la energía eléctrica y otro distinto es el del medidor. Como reiteradamente han señalado los colegas que han intervenido, generalmente el medidor es de propiedad de la compañía eléctrica, sin perjuicio de que el usuario pueda decidir comprarlo e instalarlo por su cuenta. Pero si es de propiedad de la compañía, esta cobra una cuota de arriendo y mantención, de manera que, como se ha reiterado acá, en el lapso de 12 o 24 meses se recupera con creces la inversión, pero no se conocen las acciones de mantención en el tiempo de ese medidor.
Junto con otros colegas hemos presentado una indicación que permita generar un cambio en el concepto de que solo se liberará del pago en caso de una emergencia. Nos parece que nunca el usuario debe estar obligado a pagar el retiro del medidor, salvo que él haya manipulado el artefacto. Por lo tanto, no procede disminuir esa obligación de las empresas eléctricas solo cuando se trate de terremotos, temporales o tsunamis; debieran tenerla siempre y, por lo tanto, no sería conveniente que, gracias a este proyecto, apareciéramos disminuyendo sus obligaciones.
Como ha señalado el diputado García , lo más adecuado sería que este proyecto volviera a la comisión, para que esta abordara las diferencias que hay entre lo que es el empalme propiamente tal y lo que es el medidor, pues son situaciones distintas en el uso y en el cobro que hacen las compañías eléctricas de estos derechos.
Estoy de acuerdo con la idea esencial, pero considero que debemos mejorar y perfeccionar el proyecto.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, efectivamente esta iniciativa se inscribe dentro de otras tantas que hemos discutido en la Comisión de Minería y Energía, y tiene por objeto liberar a los usuarios de la obligación de pagar por el retiro de empalmes y medidores cuando la afectación de las obras se haya debido a una fuerza mayor irresistible, como en los casos de terremotos, aluviones o tsunamis.
Esta idea comenzó a generarse en el 2010, por la situación dramática que enfrentaron muchos vecinos y vecinas tras el tsunami. En su momento lo plantearon la entonces senadora Ximena Rincón y el senador Eugenio Tuma . Pero, como muy bien lo señaló el diputado Gahona , esta iniciativa nunca prosperó ni logró ver la luz en el Senado.
Una situación similar, ocurrida en el norte del país, en la Región de Coquimbo, motivó a revivir la aspiración de liberar a los usuarios de esta obligación.
La moción presentada por el diputado Sergio Gahona y otros colegas fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Minería y Energ��a. Era necesaria para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Como consecuencia del debate del proyecto han surgido algunas indicaciones, en particular una presentada por el diputado René Saffirio , la que debemos analizar con la máxima celeridad, para que la iniciativa tenga una rápida tramitación en el Parlamento.
Nuestra legislación debe ponerse al día con las realidades que han azotado a nuestras comunidades. Es necesario poner en el centro a los ciudadanos y ciudadanas, que son quienes se ven afectados por estas situaciones.
Esperamos –reitero que la Comisión de Minería y Energía tramite con celeridad la indicación presentada en esta Sala.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para imponer a la empresa distribuidora de energía la obligación de solventar el retiro y reposición del empalme y medidor en caso de inutilización de las instalaciones por fuerza mayor.
Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común.
-Durante la votación:
La diputada PROVOSTE (doña Yasna) .-
Señor Presidente, ¿este proyecto vuelve a la comisión? Lo pregunto porque se presentó una indicación. ¿Lo vamos a votar solo en general?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señora diputada, le responderé con posterioridad a la votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font , Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rivas Sánchez , Gaspar ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Minería y Energía.
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, le pido que recabe la unanimidad de la Sala para votar la indicación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado señor Venegas .
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/10331-08
