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Moción de los diputados señores Navarro , Escalona , Meza , Ojeda y Tuma .
Crea comisión permanente de pueblos originarios, etnias y patrimonio. (boletín Nº 2900-16)
“Considerando:
1. Que la temática concerniente a los pueblos originarios, grupos étnicos y la identidad indígena tiene una larga historia de avances, estancamientos y retrocesos a lo largo de la historia de Chile, desde antes de la conformación de la República y el Estado independiente.
2. Que, mayoritariamente, la historia de los distintos pueblos originarios que residen en el territorio nacional chileno, ha sido un proceso de signo negativo, marcado por la discriminación cultural, territorial, social, económica, religiosa y política, lo que incluso se ejemplifica en que hasta hoy no existe un reconocimiento constitucional que dé cuenta de la diversidad étnica existente en nuestro país.
3. Que la política indígena gubernamental generada desde 1990 fue establecida por medio de la ley Nº 19.253, aprobada en el Congreso Nacional en octubre de 1993. Su origen se remonta al Acta de Compromisos suscrita en Nueva Imperial, por el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin , en diciembre de 1989, durante el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, al que asistieron más de 400 líderes representantes de los pueblos mapuche, aimara, pehuenche, hulliche y rapa nui.
Esta acta marca el compromiso mediante el cual se expresa la intención de trabajar en conjunto para avanzar en la superación de los problemas que afectaban a los pueblos indígenas. De ese compromiso surgió la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, con el objeto de estudiar una nueva legislación sobre la materia que contemplara la creación de una Corporación nacional de Desarrollo Indígena e impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
De esta manera, la Conadi fue creada como un servicio público gubernamental para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, debiendo velar su Consejo Nacional, con ocho representantes de gobierno, por el cumplimiento de la ley Indígena Nº 19.253. Sin embargo, pese a ese esfuerzo ha quedado demostrada la falta de eficacia de la Corporación Nacional Indígena en su quehacer.
4. Que en ese mismo contexto, al comienzo de los noventa, las minorías étnicas estaban en una situación crítica. No solamente debido a la acumulación histórica de conflictos, sino también por los efectos negativos causados por las políticas establecidas con anterioridad. Se desataba un fuerte proceso por dispensar las etnias y las minorías indígenas se volvían indefensas como resultado de las políticas negativas de discriminación.
A lo anterior se sumó un sistemático proceso de pérdida de tierras, que se generó desde mediados de 1850, mediante la existencia de leyes que facilitaron la enajenación y la venta de tierras. En el mismo tenor, diversas leyes, como las Nºs. 2.568 y 2.750, de 1979, fueron promulgadas para acelerar el proceso de disolución de comunidades. Entre 1979 y 1986, un total de 1.739 comunidades -un 59%- fueron fraccionadas, creándose además 46.346 pequeñas parcelas.
Producto de lo anterior se produjo una fuerte emigración indígena a las principales ciudades. De acuerdo al Censo Nacional de 1992, la población indígena se dividía en un 79,25% urbana y un 20.75% rural. Esta situación agudizó la pobreza étnica durante la década de los ochenta. El Censo de Disminución Indígena efectuado en 1988 en la IX Región concluyó que: la mortalidad era la más alta del país, estando cinco años atrasado en relación al resto de la nación; las condiciones de las viviendas precarias, en un 53% tenían casas con piso de madera o de tierra; en 1996 la población indígena en pobreza era un 35% más alta que el promedio de la nación que era de un 23.2%. Asimismo, un 10.6% de la población indígena era indigente o vivía en condiciones de extrema pobreza y un 25% estaba en la pobreza misma.
5. Que la experiencia de otras naciones han demostrado que un tratamiento y acercamiento específico a las problemáticas y demandas históricas indígenas, respetando sus formas de organización política y social, así como de resolución de conflictos, permite la superación de las barreras interculturales y socioeconómicas históricas, avanzando hacia las posibilidades de pleno desarrollo basado en sus medios, intereses y potencialidades.
6. Que en la actualidad, el llamado tema indígena ha estado marcado por la movilización de las comunidades originarias en pos de hacer valer sus puntos de vista respecto de sus demandas de tierras, defensa de los recursos hídricos y la defensa de los ambientes naturales y culturales en que han desarrollado su vida de manera ancestral.
7. Que esta situación de agitación social ha enfrentado a los pueblos originarios con la estructura del Estado, con empresas extranjeras que buscan invertir en el ámbito de la generación de la electricidad y con unidades económicas del ámbito de la producción forestal a gran escala, las que a su vez han ejercido presión política y utilizado tanto la vía policial como judicial como fórmula.
8. Que ante la espiral de judicalización y militarización de esta situación de claro sentido político-cultural, que amenaza con no tener fin y tensionar innecesaria y gravemente a la sociedad chilena actual y a las futuras generaciones, es necesario que el Poder Legislativo asuma un rol activo y aportante en la búsqueda de la solución de este conflicto, propiciando por sobre todas las cosas la mantención de un diálogo constructivo y la atención a todos los sectores involucrados.
9. Que aunque hasta ahora alguno de los temas relevantes para un adecuado abordamiento del tema, como el Convenio 169 de la OIT y el proyecto de reconocimiento constitucional, han sido analizados por la actual Comisión de Derechos, Nacionalidad y Ciudadanía, claramente esto ha sido insuficiente, ya que esta instancia ha estado mayoritariamente abocada a los temas de violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país.
10. Que existe una importante cantidad de proyectos, en trámite actual tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que afectan directa e indirectamente la relación del Estado con los pueblos originarios y donde será necesario generar adecuados canales de interlocución, encontrándose entre ellos el proyecto “Reforma Constitucional que reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas y les otorga participación política en el Estado”, del ex diputado Francisco Huenchumilla , que propone la creación de un Registro Electoral Indígena , de donde surjan diputados, senadores, alcaldes, concejales, y consejeros regionales que representen a ese 10 por ciento de chilenos que se reconocen integrantes de un pueblo originario.
11. Que existen otros proyectos en este mismo sentido tales como la Reforma al Código de Aguas, que es un tema central en las demandas indígenas; la ley de Pesca, respecto de las áreas de manejo en zonas donde históricamente se han utilizado por parte de las comunidades, y otras iniciativas relacionadas con las áreas de la Minería, Medio Ambiente, Cultura, Educación, Justicia, Obras Públicas y Salud, que revisten particular importancia para los distintos pueblos originarios.
12. Que existe un Plan Especial de apoyo al pueblo indígena, que incluye 32 programas de ocho ministerios y está siendo ejecutado en cinco áreas específicas: desarrollo indígena productivo, infraestructura y vivienda indígena.
En ese mismo contexto, y por primera vez en la historia de Chile, más de mil mapuches firmaron -en el Palacio de La Moneda- un Pacto por el respeto ciudadano y se creó un grupo de trabajo sobre la temática indígena, que incluye una mesa de trabajo sobre temas relacionados con los pueblos originarios. Este grupo incluyó organizaciones indígenas, representantes de la iglesia y organizaciones gubernamentales. En 50 días elaboraron un plan de acción de 16 medidas para intensificar el apoyo social y público hacia el pueblo indígena. Este es un primer avance para establecer las bases de un Nuevo Trato entre el Estado, la sociedad y el mundo indígena.
Los resultados de esta mesa, los compromisos gubernamentales y la decisión de crear una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, demuestran una política de participación basada en un diálogo establecido dentro de la ley indígena para respetar y valorar a los pueblos originarios.
13. Que en el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia nacional, Chile debe ser capaz de avanzar hacia ese importante hito, no sólo materializando importantes obras públicas, sino que puede y debe ser capaz entre otras grandes tareas de llegar al 2010 habiendo alcanzado el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y habiendo establecido políticas auténticamente integradoras, justas, no discriminatorias y la generación para espacios de autonomía dentro del Estado Nacional para los pueblos indígenas.
14. Que ante lo anterior parece absolutamente necesario que la temática relacionada con el complejo mundo de los pueblos originarios sea abordada por una comisión específica, ya que con toda seguridad, los alcances de este tema se irán ampliando cada vez más, tanto en el ámbito nacional como internacional, lo que requerirá de una atención más exclusiva y dedicada por parte de los legisladores, tanto de aquellos que representan distritos con importante composición de distintos grupos étnicos, como de aquellos que representan las distintas visiones que aparecen en contradicción.
Por lo anterior, el diputado que suscribe viene en presentar el siguiente:
Proyecto de modificación del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.
Artículo único.- Modifíquese el inciso 1º del artículo 213 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados de la siguiente forma:
1. Incorpórese el siguiente nuevo numeral 20:
“20. De pueblos originarios, etnias y patrimonio”.
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