REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA Sesión 7ª, en martes 16 de octubre de 2001 (Ordinaria, de 11.29 a 15.14 horas) Presidencia de los señores Pareto González, don Luis; Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ORDEN DEL DÍA VI.PROYECTOS DE ACUERDO VII.INCIDENTES VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I.Asistencia6 II.Apertura de la sesión9 III.Actas9 IV.Cuenta9 V.Orden del Día. Sustitución de la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Primer trámite constitucional. (Continuación)9 VI.Proyectos de acuerdo. Modificación del artículo 5º del decreto ley Nº 1, de Educación, de 1996. (Votación)36 Comisión investigadora sobre responsabilidades de agentes del Estado en los hechos de Alto Hospicio. Notas de condolencias37 Determinación de competencia desleal contra el acero nacional40 Extensión de asignación especial a docentes directores de establecimientos rurales42 VII.Incidentes. Creación de Unidad encargada de denuncias de personas perdidas en Carabineros de Chile. Oficio44 Homenaje a los profesores de Chile con motivo de celebrarse su día. Oficio45 Fiscalización de Contraloría General de la República de contratos con empresas de telefonía rural. Oficio47 Homenaje a los profesores en su día. Oficios47 Actuación de Carabineros e Investigaciones en caso de homicidios en Alto Hospicio49 Revisión de medida de cambios de hora. Oficio51 Inclusión de educación parvularia en sistema de educación pública. Oficio51 Designación de ministro en visita por desaparecimiento de menor. Informaciones en prensa sobre hechos de esta naturaleza. Oficio52 Adecuación de normas reguladoras de tarifas eléctricas53 Intervención del Banco Central en regulación del precio del dólar. Oficios53 Apoyo a CodelcoChile por adopción de medidas de gestión. Oficios53 Continuación de obras viales en la Séptima Región. Oficio54 Investigación sobre el pago de deudas Iansa con recursos del IVA. Oficios54 Saludo a profesores de La Reina y Peñalolén. Oficios55 Información sobre recursos destinados a programas de empleo municipal en la Región Metropolitana. Oficios55 Antecedentes de comisión de distorsiones acerca de importación de acero. Oficio55 Incremento de monto estatal asignado a crianceros de la Cuarta Región. Oficio56 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que crea juzgados de policía local en las comunas que indica (boletín Nº 178906)58 2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que sanciona el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (boletín Nº 243920)58 3.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto sobre calificación cinematográfica (boletín Nº 267504)59 4.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado las observaciones del Presidente de la República al proyecto que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos para financiar la construcción de un parque científicotecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado (boletín Nº 245419)59 5.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que posterga para el año 2002 la determinación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal (boletín Nº 280506)60 6.Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “simple”, que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos (boletín Nº 229115) (S)60 IX. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficios: Contraloría General de la República De los diputados señores Rosauro Martínez y Urrutia, incumplimiento de contrato en construcción de infraestructura para funcionamiento de escuela en jornada escolar completa en Chillán. Ministerio del Interior De los diputados señores Víctor Pérez, Masferrer y Rosauro Martínez, costo exacto de campaña publicitaria de cambio de imagen corporativa del Banco del Estado. Ministerio de Justicia De los diputados señores Patricio Cornejo, Ascencio, Krauss, Ojeda, Ortiz, Reyes, Ulloa y Villouta, reestructuración Servicio Médico Legal. Del diputado señor Jiménez, proyecto que crea juzgados de policía local. De los diputados señores Gutiérrez, Alvarado, Delmastro, Jaramillo, Ojeda y Ortiz, estudios que se encuentran en ejecución para perfeccionar la actual ley sobre violencia intrafamiliar. De la diputada señora Guzmán, proceso de concesiones al sector privado en la construcción y servicios de unidades penales. Del diputado señor Jarpa, hechos ocurridos al interior del recinto militar de Quilmo, comuna de Chillán Viejo. Ministerio de Defensa Nacional Del diputado señor Navarro, acciones realizadas con respecto a accidente del buque “José Fuch’s” en la Undécima Región. Del diputado señor Krauss, dotación mínima de seguridad de las naves pesqueras. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Del diputado señor Delmastro, privilegiar contratación de obra procedente de pobladores de campamentos en nuevo conjunto habitacional que se ubicará en el sector Sedeño de la ciudad de Valdivia. Del diputado señor Kuschel, estado de avance de proyecto de dotación de casetas sanitarias en sectores de la comuna de Puerto Montt. De los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Navarro, Ortiz, Sánchez y de la diputada señora Caraball, contrato de ejecución de 140 viviendas sociales en Paillaco. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones De la diputada señora Lily Pérez, situación de contratos celebrados entre las compañías telefónicas y los usuarios. Superintendente de AFP Del diputado señor Mulet, pago de pensión devengada a título de herencia. I. ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (98) NOMBRE --Aguiló Melo, Sergio --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Allende Bussi, Isabel --Ávila Contreras, Nelson --Bartolucci Johnston, Francisco --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo González, Aldo --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Correa De la Cerda, Sergio --Cristi Marfil, María Angélica --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, HaroldoRNVIII46 --Galilea Carrillo, PabloRNXI59 --Galilea Vidaurre, José Antonio --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --Girardi Lavín, Guido --Guzmán Mena, Pía --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Jocelyn-Holt Letelier, Tomás --Krauss Rusque, Enrique --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Morel, Juan Pablo --Letelier Norambuena, Felipe --Longton Guerrero, Arturo --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Mulet Martínez, Jaime --Navarro Brain, Alejandro --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Pollarolo Villa, Fanny --Prochelle Aguilar, Marina --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rocha Manrique, Jaime --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Seguel Molina, Rodolfo --Silva Ortiz, Exequiel --Soria Macchiavello, Jorge --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Urrutia Cárdenas, Salvador --Valenzuela Herrera, Felipe --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Vilches Guzmán, Carlos --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio --Asistió, además, el ministro del Interior (S), señor Jorge Correa Sutil. II. APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 11.29 horas. El señor PARETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor PARETO (Presidente).- El acta de la sesión 38ª de la legislatura ordinaria Nº 344 se declara aprobada. El acta de la sesión 1ª de la legislatura extraordinaria Nº 345 queda a disposición de las señoras y señores diputados. IV. CUENTA El señor PARETO (Presidente).- Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. El señor SILVA.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor SILVA.- Señor Presidente, a pesar de que la materia no aparece en la Cuenta, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento adoptó un acuerdo para suspender la realización del Parlamento Juvenil. Lo señalo porque la mayoría de los jóvenes del distrito que represento me han consultado sobre las razones que originaron la medida, de la cual me enteré a través de la prensa. Por lo tanto, solicito que se nos informe de los motivos que la Comisión de Régimen Interno tuvo en cuenta para adoptar ese acuerdo. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno no corresponde que sean consignados en la Cuenta. Los Comités parlamentarios, con posterioridad, informarán sobre las razones que se tuvieron en cuenta para suspender la realización del Parlamento Juvenil. V. ORDEN DEL DÍA SUSTITUCIÓN DE LA LEY Nº 19.366, QUE SANCIONA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor PARETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde iniciar la discusión particular del proyecto de ley que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Tiene la palabra, por quince minutos, el diputado señor Elgueta. El señor ELGUETA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero realizar un examen de los principios rectores que rigen esta iniciativa en el derecho penal, de conformidad con los principios democráticos, constitucionales y los tratados internacionales. Un proyecto de ley de estas características, que eminentemente tiene que ver con el ámbito penal, debe establecer la proporcionalidad de las penas; garantizar el derecho a la defensa, al debido proceso, al respeto de la presunción de inocencia, de igualdad, de contar con un tribunal imparcial e idóneo, con un juicio previo, oral y público, y efectuar la descripción legal de las conductas penadas. Deseo formular una observación de carácter general. Curiosamente, tal como lo establece el artículo 3º, este proyecto, que se está tramitando con la urgencia asignada por el Ejecutivo, sólo comenzará a regir una vez que se implemente en todo el país el Ministerio Público y entre a regir el Código Procesal Penal, cuya gradualidad de entrada en vigencia termina en la Región Metropolitana en 2004. Es decir, estamos dictando un proyecto de “ley virtual”, porque ninguna de sus normas regirá mientras no lo haga en la totalidad del país la reforma procesal penal, lo que trae consigo dificultades. Si en el proyecto existieran normas más favorables a los procesados o a las personas imputadas, lógicamente éstas tendrían que aplicarse en virtud de lo que dispone el artículo 18 del Código Penal y la garantía constitucional respectiva. En consecuencia, como se producirá una superposición de disposiciones, creo que se debe aclarar el punto o debe corregirse con posterioridad, en el Senado. Se pueden presentar dificultades debido a que la tipificación de los delitos ha cambiado, pues los requisitos que se exigen en el proyecto respecto de algunas figuras penales no son iguales a los que contiene la actual ley de drogas, lo que traerá como consecuencia múltiples dificultades de interpretación. En ciertos casos deberán sobreseerse algunas causas, con el consiguiente peligro de que queden impunes conductas que deben ser severamente castigadas. Si uno analiza el texto que aprobó la Comisión especial de Drogas se puede dar cuenta de que existen aproximadamente trece o catorce presunciones, tanto de la existencia del delito como de responsabilidad. Sin embargo, en algunas situaciones ni siquiera se despeja si se trata de una presunción legal o si es de derecho. En algunos casos, se señala “a menos que probare” tal cosa, lo que indica claramente que se está simplemente frente a una presunción legal; pero el artículo 1º señala que se presume autor del delito a quien incurra en algunas de las acciones que a continuación se enumeran, sin expresar “a menos que probare tal cosa”. En el debate de la ley Nº 19.366 se señaló que se trataba de una presunción meramente legal. En ese sentido, quiero dejar constancia de que nos encontramos frente a una presunción legal de responsabilidad, porque las presunciones de derecho en materia de responsabilidad están prohibidas por la Carta Fundamental. En consecuencia, si queremos entender lo anterior de conformidad con esa garantía constitucional debemos llegar a la conclusión de que se trata simplemente de una presunción legal. Además, el inciso tercero del artículo 1º establece una enumeración de sustancias, lo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia posteriormente suprimió, pues en el reglamento contenido en el decreto supremo Nº 565, de 9 de junio de 1995, se indican las sustancias que producen dependencia síquica o efectos tóxicos y las que no lo producen. Por esa razón, dicho inciso fue suprimido del texto del proyecto por la Comisión de Constitución. Por otra parte, en los artículos 3º y 4º se produce una confusión respecto de la presencia de “tráfico” y de “consumo”. El texto de la Comisión especial de Drogas, que se refiere al que guarde o porte consigo tales sustancias o materias primas, se confunde con la acción que dispone el artículo 4º, que señala que los que porten o posean substancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas en una situación determinada, incurren en consumo. Es decir, mientras el artículo 3º señalaba el “porte” de estas substancias, el artículo 4º habla del “consumo”. En consecuencia, tal como lo propuso la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se deben suprimir los verbos rectores “guardar” o “portar consigo”. En el artículo 4º se elimina el delito de consumo, aspecto que constituye un debate muy complejo y de gran magnitud. Sin embargo, la Comisión de Drogas señaló: “el que porte o posea tales sustancias y lo hace en cantidad y circunstancias que sugieran inequívocamente que dicha tenencia o posesión tiene como fin su consumo”. Aparte de la mala redacción del precepto, no se sabe si se trata de una persona que porta un papelillo, medio kilo o un kilo. ¿Qué sugiere inequívocamente que dicha tenencia tiene como fin su consumo? ¿Qué cantidad lo sugiere inequívocamente? ¿Un gramo, medio, dos?, porque no va a andar trayendo un saco de 40 kilos y decir que es para su consumo. En general, en las legislaciones modernas el consumo es una falta o se considera una especie de dependencia o enfermedad que afecta a las personas. Empero, la Comisión de Drogas asigna a este hecho una pena de 61 días a tres años. Cuando se trata del llamado microtráfico, se dice que sufre la pena de tres años y un día a diez años, pero no se dice qué se entiende por microtráfico. ¿Una cantidad determinada? ¿Quién decidirá esa situación y con qué criterio resolverá el juez? ¿Cuándo una acción es repetida? Por ejemplo, si una persona ha vendido 20, 30, 40 ó 50 veces un gramo a personas distintas, ¿está incurriendo en el microtráfico? Por eso, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hizo bien al suprimir el delito de consumo y al cambiar el microtráfico por una norma que expresa de mejor manera lo que se quiere afirmar. El texto señala que los que porten o guarden consigo sustancias o drogas estupefacientes psicotrópicas que no estén destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, serán sancionados con presidio menor en cualquiera de sus grados; o sea, de 61 días a cinco años. Pero si la condena fuera menor en su grado mínimo, o sea, de 61 días a 540, el tribunal puede aplicarle una pena de trabajo comunitario, por supuesto con el consentimiento del condenado. Ese criterio es mucho más conveniente que el que propuso la Comisión de Drogas. El párrafo 2º se titula “De las rebajas y aumentos de penas”. Si se leen los artículos 5º, 6º y 7º, se ve que sólo se trata de agravantes. En consecuencia, no se puede hablar de rebajas, porque no hay atenuantes; todas son circunstancias agravantes. Quiero detenerme en el artículo 5º, que dice que “la pena deberá ser aumentada en uno o más grados”, “ya que su letra a) establece: “Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes...”. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Cuándo se reúnen los delincuentes? ¿Cuándo se reúnen varias personas que han sido reos rematados, condenados? ¿Son personas a las que simplemente se les está haciendo cargos por sospecha, que han estado procesadas? ¿Cuál es la situación de ese carácter de delincuentes y qué diferencia habría, en algunas circunstancias, entre delincuentes y malhechores? Porque usan los dos términos en la letra a) En mi opinión, esto puede traer consecuencias graves, porque las interpretaciones variarán según los criterios que se tengan. Por lo tanto, la circunstancia agravante relativa a si el imputado formó parte de una agrupación de delincuentes en el pasado debería referirse también a un tiempo presente; es decir, si forma parte de una agrupación o reunión. Esa reunión ¿será permanente o una sola? Creo que también hay que suprimir esa expresión. En consecuencia, si el imputado forma parte de una agrupación, asociación, etcétera, sin incurrir en el delito de organización del artículo 23, agrega mayor criminalidad al comportamiento de los malhechores. En el artículo 8º se quiere sancionar a la persona que proporciona a menores de 18 años de edad productos que contengan hidrocarburos aromáticos y otros que allí se señalan, y se añade que se podrá imponer la clausura a que hace referencia el artículo 10. ¿No se tratará de que el agente que proporciona los productos es un comerciante? La ley Nº 19.366 se refería al comerciante, ferretero u otras personas que habitualmente proveen al público de estos productos. El artículo se debe referir a ese tipo de personas, porque no veo cómo a un particular le clausurarán su casa o su oficina. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto, por siete minutos. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, en los últimos decenios y luego de una larga interrupción de nuestra tradición de apego y respeto al derecho y a las instituciones políticas democráticas, nuestro país ha hecho una verdadera transición jurídica, paralela a la de carácter político. Dicha transición ha pretendido actualizar los contenidos normativos de nuestro sistema de leyes a los estándares internacionales vigentes en la materia, particularmente en aquello que dice relación con las garantías individuales y libertades públicas, como ya lo señaló el diputado señor Elgueta. Como país, parafraseando a Von Jehring, Chile ha dado una nueva lucha por el derecho que, como tal, no ha estado exenta de retroceso. En general, luego de la reforma constitucional de 1989, que permitió la constitucionalidad de los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos, con la aprobación de la nueva ley de filiación y de la reforma procesal penal, esa transición la podemos considerar un éxito, sin perjuicio de que aún existen vacíos que deben ser abordados por el Congreso Nacional. Consciente de estos avances en la defensa y promoción de los derechos de las personas, literalmente estimamos que es un retroceso el actual contenido de algunas normas del proyecto. Me voy a referir especialmente a dos disposiciones. La primera, que penaliza la tenencia para el consumo próximo de drogas, y la segunda, que se refiere a la incompatibilidad entre el consumo de drogas y el desempeño de determinadas funciones públicas. En el primer caso no puedo sino respaldar la iniciativa de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de flexibilizar la norma aprobada por la Comisión de Drogas, de suerte tal de despenalizar la tenencia, el porte o posesión para consumo inmediato y próximo. Ella aborda una situación que para el derecho es especialmente trascendente a la hora de definir si se usa o no el poder punitivo del Estado: el consumo de drogas en sí mismo no puede ser entendido como un delito, sino que como un fenómeno de carácter médico y social. Es decir, la tenencia y porte de pequeñas dosis de droga cuando se establezca que no son para traficar, deben ser consideradas conductas atípicas. De lo contrario, se corre el riesgo de que todos los consumidores sean penalizados, con las consecuencias sociales de tal decisión. Por un lado, se impide el proceso de reeducación y resocialización de los consumidores, transformándolos en simples delincuentes y, por otro, se genera una mayor presión sobre el sistema penitenciario nacional, que en los últimos años ha visto aumentada de manera exponencial su demanda de servicio. Hay que recordar que en Estados Unidos de América país al que algunos miran con especial atención, particularmente hoy, para copiar modelos de combate al crimen existe consenso en que desde que se inició la denominada guerra contra las drogas, hace 10 años aproximadamente, se ha privado de libertad a más personas que las que Stalin tuvo prisioneras durante los peores años del totalitarismo soviético, sin que en la práctica haya habido resultados positivos concretos. Entonces, a nuestro juicio, es dable concluir que no podemos caer en la tentación autoritaria y totalitaria, inspirados en una noble lucha contra la drogadependencia y las mafias del crimen organizado, y hacer de esta nación un país policíaco, donde los enfermos se transformen en delincuentes. Eso es francamente intolerable, por lo que llamamos a rechazar la norma señalada y a aprobar, en cambio, la propuesta por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por otra parte, en cuanto a la incompatibilidad entre el desempeño de funciones públicas y el consumo de drogas, también me parece mucho más razonable la disposición aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, toda vez que ella resguarda dos principios básicos: la dignidad y la intimidad de las personas. Mantener la norma aprobada por la Comisión de Drogas importaría siempre exponer a los funcionarios al oprobio público y a la publicidad de los resultados de los exámenes, lo que, en mi opinión, no se condice, una vez más, con la naturaleza jurídica del consumo de drogas que, creemos, es un asunto médicosocial y no criminal, con la agravante de que se puede prestar para una tremenda caza de brujas. Termino haciendo un llamado a la conciencia jurídica y republicana de mis colegas. Esta mañana la Cámara estudia esa clase de asuntos del Estado que demandan una visión clara, desprejuiciada, sin descalificaciones y sin demagogia. No podemos arriesgar nuestra libertad ni nuestra adhesión permanente a los valores del derecho y al respeto de las garantías de las personas, por una visión ideologizada de la lucha contra el narcotráfico. En caso de tomar decisiones erradas, no sólo arriesgamos el rechazo ciudadano, sino que también lo que es más importante, sin quererlo, podemos causar un grave daño a la convivencia nacional. Quiero sumarme a lo dicho por el diputado señor Elgueta en cuanto a que, además, esta normativa sólo entrará plenamente en vigencia una vez que empiece a funcionar en todo el país el Ministerio Público, y eso puede traer consecuencias desastrosas, las que hemos querido evitar precisamente con la dictación de este cuerpo legal. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Juan Bustos. El señor BUSTOS.- Señor Presidente, tal como ya se ha dicho, la mayoría de las disposiciones de esta iniciativa afecta gravemente el Estado de derecho. El ex presidente del Consejo de Defensa del Estado señor Luis Bates, en la parte medular de un artículo crítico, dijo: “Estamos en presencia de una huida al derecho penal, sin considerar los aspectos sociales, culturales y de salud que deben ser, justamente, el fundamento de una política al respecto”. Eso no sólo queda en evidencia al analizar detenidamente el proyecto. En el artículo 1º, inciso cuarto, se establece una presunción, como muy bien decía el diputado señor Elgueta, que no podría considerarse de derecho, sino simplemente legal; pero aun así afecta y contradice a nuestro nuevo Código Procesal Penal, sobre todo si este cuerpo legal regirá una vez que entre en vigencia tal código, porque, de acuerdo con él, a toda persona se le presume inocente conforme a la Constitución. Esta iniciativa sigue al antiguo Código de Procedimiento Penal que establece, por el contrario, una presunción de culpabilidad. Más aún, se trata de una disposición dirigida a la prueba, o sea, al proceso, por lo que no es propiamente un problema de ley penal. Al respecto, en el nuevo Código no hay prueba tasada. Antes era común este tipo de disposición precisamente porque había prueba tasada. Hoy no existe, por lo que cualquier indicio o antecedente, según las circunstancias, el juez puede tomarlo en cuenta para fundamentar su resolución. En seguida, en los artículos 2º y 16 se utiliza la expresión “no pudiendo menos que conocer”, con lo cual se quiere incorporar el dolo eventual, pero evidentemente aquí hay un error dogmático grave, porque cuando se utilizan esas expresiones se alude sólo a una determinada posición respecto de dolo eventual, que es minoritaria y se refiere al porcentaje de probabilidades es decir, el 80, el 50 o el 60 por ciento que pudo conocer para determinar si hay dolo eventual, lo que ha sido rechazado por toda la doctrina y no es, repito, la opinión predominante. Si se quiere consagrar en esta materia el dolo eventual, debería dejarse abierto, es decir, suprimir la forma verbal “conociendo” o la expresión “no pudiendo menos que conocer”. Así queda establecido de manera general y el juez verá, según las circunstancias, si hubo dolo directo o dolo eventual y, por tanto, sancionar por uno u otro. En seguida, en los artículos 4º, 20 y otros se contempla como delito el consumo, cuando evidentemente es un problema de salud que no se puede solucionar con la pena. De manera que aquí, desde el punto de vista político-criminal, también hay un grave defecto, más aún porque ni siquiera se distingue si es consumo ocasional o habitual. Sencillamente, se plantea el consumo. Por eso, estamos de acuerdo con la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero no con la indicación del artículo 21, y menos con la sanción indiscriminada a todos los funcionarios públicos por el consumo establecida por el proyecto de ley. Al respecto, esto debería ser materia del estatuto correspondiente, como ocurre hoy. En la actualidad, si un detective consume, pasa a la Comisión de Ética e inmediatamente, en forma administrativa, es separado del servicio. Lo mismo sucede en Carabineros. Es decir, deben establecerse sanciones administrativas, en lugar de convertir el consumo en delito. En seguida, en el artículo 10 se establece una ley penal en blanco, lo que contraviene el artículo 19, Nº 3º, inciso final, de la Constitución, puesto que no se señala la conducta prohibida. Además, se remite a disposiciones reglamentarias, es decir, a normas de carácter inferior a la ley. Por otra parte, en el artículo 17 se crea otra presunción negativa, que se refiere a las personas que no puedan justificar su nivel de vida. Esto es contradictorio, porque allí se quiere castigar el lavado de dinero, pero la sanción para ese delito se establece en el artículo 16, que es sumamente amplio. En síntesis, existe una contradicción entre los artículos 16 y 17, además de que esta última norma incluye una presunción negativa, lo que va en contra de un Estado de derecho. En el derecho comparado, no existe este tipo de fórmula, porque evidentemente infringe la Constitución y el más mínimo derecho a la defensa. Además, va en contra de todos los tratados internacionales sobre la materia. El artículo 25 establece: “Los delitos de que trata esta ley se sancionarán como consumados desde que haya principio de ejecución”. Esto ya se abordó, por ejemplo, en los delitos sexuales. Se estima que están consumados cuando haya principio de ejecución, que es un nuevo concepto dentro de nuestra legislación penal. Si se quiere ampliar la disposición, lo lógico es decir que la tentativa se castigará como si el delito estuviese consumado, con lo que se elimina un problema de carácter dogmático. El artículo 26 se refiere a la cooperación eficaz. Los propios tribunales y la doctrina han señalado que su redacción, en vez de servir para la persecución del narcotraficante en general, sólo favorece al gran traficante, que delata al pequeño para eximir o atenuar su responsabilidad. El artículo 30 define al agente encubierto y señala que quedará exento de las penas que correspondieren a los autores, cómplices o encubridores por cualquier delito; no hace ninguna exclusión. Es decir, no se aplicarán las penas por delitos contra la vida y la salud. Al respecto, todas las legislaciones que establecen disposiciones semejantes no contemplan los delitos contra las personas. El señor PARETO (Presidente).- Señor diputado, el resto de su exposición será con cargo al tiempo de su Comité. El señor BUSTOS.- Estoy terminando, señor Presidente. En el artículo 60 se establece: “El menor de dieciséis años que incurriere en alguna de las faltas a que se refiere este título, será sometido a las normas contenidas en la ley Nº 16.618,...”. O sea, esto se aplicará a un menor de 4, de 5 o de 6 años. En resumen, nos encontramos ante una iniciativa elaborada en forma apresurada, que es de naturaleza represiva, que no integra los aspectos de prevención y de rehabilitación y, lo que es peor, que contradice los más elementales principios de un Estado de derecho. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa, por cinco minutos. El señor JARPA.- Señor Presidente, una de las preocupaciones del Gobierno es modificar la ley Nº 19.366, con el objeto de sancionar adecuadamente el tráfico de estupefacientes y drogas. En primer lugar, estoy de acuerdo con las ideas matrices del proyecto, entre las cuales están la de introducir modificaciones técnicas a la ley Nº 19.366, con el objeto de establecer sanciones concordantes con la magnitud de los delitos, así como mantener en reserva la identidad de los testigos, para que quienes realicen las investigaciones reciban mayor información. En segundo lugar, se crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, que nos parece muy importante, con el objeto de investigar lo relacionado con el tráfico de drogas, especialmente el lavado de dinero, y entregar las pruebas al Ministerio Público. En tercer lugar, para sancionar a los funcionarios públicos que consuman alguna de las sustancias que indica el artículo 21 para mantener la capacidad técnica y resguardar su probidad, como también a los conductores de diferentes vehículos de transporte. Concuerdo con quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en cuanto a que esta iniciativa es especialmente represiva y en ella no hay mayor preocupación por la prevención, lo que, como médico, considero muy importante, especialmente cuando vemos que aumenta el consumo de drogas ilegales en nuestra juventud, sobre todo en los jóvenes de entre 20 y 24 años. En ese sentido, concuerdo con las aprensiones expresadas aquí por los diputados señor Elgueta, señora Laura Soto y señor Bustos, particularmente en lo que se refiere al artículo 4º, que sanciona a quienes portan drogas ilícitas. Al respecto, estoy de acuerdo con lo señalado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como también con lo relacionado con el artículo 21, que sanciona a los funcionarios públicos. En consecuencia, en mi opinión, es conveniente votar favorablemente la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Señor Presidente, estimo que los esfuerzos de las diferentes Comisiones y del Gobierno para modificar esta ley están bien inspirados, pero debemos preocuparnos de despachar una ley menos represiva. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis, por diez minutos. El señor ORPIS.- Señor Presidente, tal como lo señalé en la Comisión y en la discusión general del proyecto, a mi juicio el Congreso Nacional enfrenta una gran responsabilidad. El consumo y el tráfico de drogas se encuentran absolutamente desbordados. Además, en la práctica han fracasado dos o tres leyes dictadas sobre la materia. Los informes oficiales, lejos de señalar que disminuyen el consumo y el tráfico de drogas, indican que aumentan cada día. Finalmente, se ha comprobado que determinados sectores son verdaderos guetos en los que no rigen las leyes chilenas, sino las que impone el narcotráfico. Esto lo he venido señalando desde hace mucho tiempo, pero me han respondido que soy agorero, que las cosas no son así, que el tema se tiene completamente controlado, aunque la realidad es radicalmente distinta. No podría señalar que el Estado no se ha preocupado del problema. A mi juicio, para que sea efectiva la aproximación a cualquier tema debe partirse de una premisa fundamental: la respuesta a un fenómeno determinado debe ser proporcional a su magnitud. En caso contrario, lejos de resolverse, el fenómeno se agudizará en forma progresiva en el tiempo. Ahora, quiero referirme a las palabras del diputado señor Bustos. Como voy a abordar los artículos 4º y 21, me gustaría que nos planteáramos cuál es el bien jurídico que es necesario proteger en este cuerpo legal. ¿La relación víctima-victimario o la integridad de la sociedad? Si es la relación víctima-victimario, por supuesto que regirá una legislación garantista, en la que este tipo de delito será uno más. Y ésa es la gran discusión de hoy. En mi opinión, esta visión garantista es la que nos lleva a continuar fracasando en la materia, porque el bien jurídico que debe protegerse en relación con la droga es la integridad de la sociedad. Deseo llevarlos a conocer otra realidad, porque de alguna manera el país ya está viviendo el problema. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? ¿La legislación colombiana aborda la situación como una relación víctima-victimario, o lo que está en juego es la integridad de la sociedad? Sin duda, la integridad de la sociedad, porque casi un tercio del territorio colombiano está tomado por los narcoterroristas. Ese hecho no es tan lejano, porque ¿qué ocurre hoy en La Legua? Es una población tomada por el narcoterrorismo. ¿Está en juego la relación víctima-victimario o la integridad de la sociedad? Ahí se destruyó una población completa: familias, generaciones de personas y toda la comunidad porque el narcotráfico es el que impone las leyes en ese lugar. Si analizamos esta situación a otro nivel, veremos que no sólo existe el caso de la población La Legua. Ese hecho es bastante más generalizado y se produce en muchos otros sectores, incluso cercanos a ese lugar. En Santiago y en regiones se está viviendo algo muy similar. Cuando lo que está en juego es la integridad de la sociedad, no se puede aplicar una legislación común. Se requiere una normativa de carácter excepcional. Ese es el gran dilema del Congreso Nacional al despachar el proyecto. Este tema no se discute sólo en nuestro país. Hoy el lavado de dinero y el narcoterrorismo, la criminalidad asociada a este tipo de delito, se debaten en los paneles más importantes de los organismos internacionales, y ha quedado en claro que es necesaria una legislación de carácter excepcional. No cabe duda de que con este cuerpo legal se avanza en una serie de materias. A partir de esta introducción, deseo referirme al artículo 4º, el cual es fuerte y duro, porque las cosas fuertes y duras deben ir en función de la realidad. No es efectivo que disposiciones de esta naturaleza no existan en ninguna parte del mundo. Canadá estableció normas eficaces como éstas, gracias a lo cual posee los índices más bajos de consumo y tráfico de drogas. Presenté indicación para modificar el artículo 4º después de ver que, en la práctica, no había salida para abordar el microtráfico. Esto hay que hacerlo a partir de la realidad concreta que se vive. ¿Qué ocurre muchas veces con un microtraficante? Que tiene una doble condición: es consumidor y microtraficante. ¿Y qué ha ocurrido, en general, con los magistrados? Que al encontrarse con esa doble condición, han optado por sancionar a la persona como consumidor, no como microtraficante. Esto es sabido por las organizaciones de microtráfico; por eso la utilizan. Es decir, al advertir que existe impunidad en materia legislativa para abordar el consumo, en general, los microtraficantes con esa doble condición saben que serán castigados sólo como consumidores. Al respecto, ¿cómo debe actuar el legislador? Creo que debe tratar de cerrar todos los caminos a la distribución de la droga. Soy categórico en afirmar que aquí no se castiga a quien consume en la vía pública, como se señaló. En ninguna parte del artículo 4º propuesto por la Comisión de Drogas, se plantea que el consumo en la vía pública será castigado como delito. Sólo se habla del porte de droga, y en esas circunstancias es muy difícil establecer la línea divisoria entre lo que es tráfico y consumo. Ante ello, prefiero ser categórico: que se castigue como delito. Sólo incurre en delito quien la porta. Si el consumidor es detectado con droga, se le aplica el artículo 4º. Esa línea divisoria, difícil de distinguir, lleva a que siga proliferando el tráfico y el microtráfico de droga en el país. Para que sea efectivo el combate contra el narcotráfico hay que encarecer y dificultar la distribución de la droga, es decir, incidir sobre la oferta y la demanda de la droga. Esto ha sido demostrado en todo el mundo. Y para reprimir la oferta de droga hay que contar con disposiciones eficaces. Por otra parte, no me cabe duda de que esta disposición se rechazará en la Cámara y en el Senado. Quiero quedar con la conciencia tranquila, ya que cuando siga aumentando el microtráfico y el tráfico podrá decirse que, al menos, existió un grupo de parlamentarios que advirtió a tiempo la situación y fue capaz de anticiparse a la realidad dramática del país, pero que se siguió una visión garantista, asimilando la situación a un delito común. En definitiva, que no se tuvo la valentía de enfrentar el problema como correspondía. A continuación, me referiré al artículo 21. Otra de las grandes estrategias que utiliza el narcotráfico es debilitar los poderes del Estado, en especial el Judicial, el Congreso Nacional y las autoridades de distintos niveles. De esa manera, los narcotraficantes quedan con el camino libre para ejercer el narcotráfico y distribuir la droga. Si ésa es la estrategia del narcotráfico, lo que debemos hacer es dictar disposiciones que apunten a fortalecer a los poderes del Estado, a evitar que funcionarios de los distintos niveles tengan cercanía con la droga. El artículo 21 propuesto por la Comisión especial de Drogas es una disposición fuerte, severa, pero necesaria. Variados ejemplos en nuestro país demuestran que funcionarios de poderes del Estado, de diferentes niveles, han tenido algún tipo de vinculación y cercanía con la droga. La mejor respuesta a lo que está viviendo nuestra sociedad es establecer normas concretas, severas, que permitan revertir una situación muy difícil, porque la droga se mueve en torno de dos polos extremadamente duros. Por un lado, la adicción el adicto termina por perder el empleo y la familia, y está dispuesto a robar y a matar con tal de conseguir la droga y, por otro, las organizaciones de narcotráfico, cuyos integrantes también están dispuestos a robar, a matar y a corromper para continuar con su actividad, por tratarse de un negocio muy lucrativo. Eso, desde un punto de vista represivo, sólo se combate con normas severas. Comparto plenamente la aprensión manifestada por varios parlamentarios en esta honorable Sala, en el sentido de que para tener éxito en la lucha contra la droga hay que tener una visión no sólo de carácter represivo, sino integral, que aborde la represión y la rehabilitación con igual intensidad. Los miembros de la Comisión especial de Drogas planteamos insistentemente, por unanimidad, que nos habría gustado tener un cuerpo legal que integrara estos dos aspectos, fundamentales para establecer una política acertada en materia de drogas. Es básico abordar con igual intensidad el tema de la oferta y demanda de drogas y la rehabilitación. Oferta implica combatir el narcotráfico con severidad, como se propone por la Comisión de Drogas en un conjunto de disposiciones; demanda, es la necesidad de masificar la prevención de manera prioritaria, y rehabilitación significa no sólo rescatar a las víctimas, pues el tema está estrechamente vinculado con la seguridad ciudadana. Si alguien, con acuciosidad, hace un seguimiento de los delitos más violentos que ocurren hoy en nuestro país, podrá advertir que detrás de cada uno de ellos alguien está involucrado en la droga. Por eso considero que el Congreso asume una gran responsabilidad al tratar este problema. Al parecer no queremos aceptar, al cabo de un año, que el proyecto no aborda las realidades como corresponde, ni siquiera después de tener que lamentar muchas víctimas, como las que, por desgracia, nos ha tocado conocer en el último tiempo, en que ha sido necesario cercar sectores poblacionales completos porque el narcotráfico ha desintegrado comunidades. Revertir ese proceso resulta extraordinariamente difícil. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, este proyecto lleva bastante tiempo en la Cámara. Con esto quiero dejar claramente establecido que no se trata, bajo ningún respecto, de una iniciativa cuyo análisis ha sido somero, o a la que se le haya dedicado poco tiempo o que, a causa de ello, se estén desconociendo principios penales fundamentales. Esa es la peor imagen que se pueden formar quienes están viendo la sesión de la Cámara a través de nuestro canal de televisión. Creo que no dedicar suficiente tiempo a la discusión de un proyecto tan transcendental como éste, no permitirá formar convicción respecto de su importancia. Lo anterior, como dos consideraciones previas. Como lo han dicho algunos distinguidos colegas y abogados, las presunciones simplemente legales deben entenderse como tales y bajo ningún respecto como presunciones de derecho, porque lo contrario sería atentar contra la Constitución. No me parece correcto mezclar los temas, como si alguna vez hubiéramos pretendido tal cosa. Es evidente, de Perogrullo, que se trata de presunciones simplemente legales y no de derecho. Admiten prueba en contrario y, por lo tanto, no violan ningún precepto constitucional. Eso es claro y categórico. No hay que faltar a la verdad jurídica en estos temas. Después se asume que sí son presunciones simplemente legales, pero que no son buenas. ¿Buenas para quién? ¿Para el narcotraficante, que debe tener un dogmatismo jurídico en términos de una muy buena defensa e irnos por el lado de una mayor protección de la defensa penal? Las presunciones simplemente legales existen y quien quiera desvirtuarlas tendrá que hacerlo en el campo judicial, en los tribunales respectivos. Quiero dejar establecido el punto con mucha claridad, porque si no asumimos ese tema, se debilitará posteriormente, en las alegaciones ante tribunales, la existencia de las presunciones simplemente legales. Quien desee desvirtuarlas repito que lo haga con pruebas. También me parece peligroso sostener que la doctrina legisla en Chile. La doctrina no legisla: el poder legislador radica en esta Sala y en el Senado. La doctrina jamás ha tenido prerrogativa legislativa, y eso casi constituye una falacia ad hóminem establecida en la doctrina y no al rango de autoridad, como son las falacias ad hóminem en términos de su definición. Es evidente que la doctrina tiene otras posiciones, pero ya está bueno que empecemos a revisar, de una vez por todas, por cuál nos vamos a decidir: por el dolo directo o por el dolo eventual. Quien crea que con dolo directo se tipifica el lavado de dinero, se equivoca. No hay posibilidades de perseguir el ilícito lavado de dinero si en el tipo uno asume el dolo directo como figura integrante del mismo. La definición es aún más fuerte: ¿Queremos luchar contra el lavado de dinero o no? Esa es una definición política. Pregunto, ¿vamos a hacerla? ¿Sí o no? En el extranjero, se ha efectuado por la vía de declarar que se luchará contra el lavado de dinero. Se ha legislado al respecto, pero a la hora de los qui’hubos no hay persecución. En Estados Unidos, con una legislación avanzada, ¿saben cuántos casos de lavado de dinero existen en el ámbito procesal? Dos. Bélgica, con la mejor unidad de análisis de inteligencia financiera, ¿cuántos casos tiene? ¡Ninguno! ¡Y en Chile todavía pretendemos que al tipificar el lavado de dinero podremos luchar contra ese delito! El caso de Aero Continente salta a la vista es patético y constituye un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nos salvamos sólo gracias a los votos de minoría del fallo de la Corte Suprema. Se necesitan definiciones políticas mucho más grandes aún. Por eso, la discusión respecto de si tipificamos con dolo eventual o dolo directo es bueno que lo sepa la gente que está viendo televisión implica definiciones políticas. Con dolo directo, el lavado de dinero no constituye un tipo penal perseguible; sólo queda tipificado en la ley, sin ninguna posibilidad de persecución. Con dolo eventual, sí es posible y se abre la puerta, siempre que se cree la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera que establece el proyecto y exista voluntad política para asumir con pachorra y con pantalones los costos que tiene perseguir el lavado de dinero, porque puede significar costos para las empresas involucradas: hay que bloquear cuentas corrientes, etcétera, el mismo costo que ha estado dispuesto a asumir Estados Unidos respecto de la guerra en que hoy está involucrado. ¿Por qué está dispuesto a eso? Porque murieron más de cinco mil personas, de muchas nacionalidades, hubo una definición tan grande. En el lavado de dinero se debe hacer una definición que puede implicar, incluso, efectos colaterales comerciales, laborales, administrativos y de sociedad. ¿Qué quiero plantear con esto? Que, de una vez por todas, le demos transparencia a estos temas. Si no estamos dispuestos a enfrentar esos efectos colaterales, no persigamos el delito del lavado de dinero y restrinjamos sólo al narcotráfico; pero hagamos la definición política y explicitémosla con claridad. Esta discusión jurídica no es menor y no debemos relativizarla pretendiendo que puede constituirse en un atentado contra los derechos fundamentales en materia penal consagrados en la Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales, porque ello no es así. Por tanto, recojo plenamente la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto del artículo 4º. Me parece mucho más estricta, en términos jurídicos, que la redactada en la Comisión de Drogas, por una razón muy simple y sin mayor disquisición: si acogiéramos la disposición que propuso la Comisión de Drogas, generaríamos una colisión con nuestras propias normas, porque sería mejor no portar para traficar, sino portar para consumir, pues, como tienen distintas sanciones, con el porte como consumo se cae en falta. De manera que se trata de una adecuación estrictamente jurídica que ni siquiera tiene valoraciones de otro tipo. La indicación de la Comisión de Constitución al artículo 4º es mucho más precisa. Termino refiriéndome a un tema que no es menor: la incompatibilidad entre ser funcionario público y consumidor de drogas. ¿Por qué no podemos hacer esta discusión de una vez por todas? Respeto mucho a los funcionarios del Estado de hecho lo fui en una época, quienes señalan que no hay ningún antecedente que pueda acreditar en las muestras de consumo en Chile que ellos se encuentran involucrados en esto. Es más, sostienen que los antecedentes que poseen indican con toda claridad que no existirían funcionarios públicos vinculados a las drogas. Les creo y estoy muy contento por ello. Entonces, les pregunto: ¿para qué se preocupan? ¿Por qué nos oponemos tanto a los test de drogas aleatorios con muestra y contramuestra, con la debida reserva y con reglamentos previos que enmarquen su accionar? En ese sentido, los parlamentarios no podemos pretender establecerlo sólo para dichos funcionarios, sino también para nosotros. De lo contrario, sería una terrible incoherencia exigirlo sólo a los funcionarios de la administración del Estado y no a los integrantes del Poder Legislativo, diputados y senadores, o a los que aspiren a serlo. En la lucha contra la droga, los países que han sido ingenuos han terminado con sus instituciones horadadas: Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Poder Legislativo, Ejecutivo, etcétera, y cuando ello ocurre ya no hay nada que hacer. No creemos bueno restringir la incompatibilidad a lo que se denominan las funciones críticas. Debe ser a todos, pero con un principio rector: no tratar al funcionario como delincuente, sino como enfermo. Por ello, no consideramos bueno alejarlo de sus funciones, sin darle la posibilidad de tratamiento y rehabilitación. Ese es el contexto de la incompatibilidad que hemos planteado entre consumidor y funcionario público, el de carrera y el de elección popular, pero no bajo el principio de delincuente, sino del enfermo, con la posibilidad de tratamiento, rehabilitación y reinserción laboral, y de alejamiento, en caso de reincidencia o de negativa a la oportunidad de tratamiento y rehabilitación. Eso es lo que proponemos. Este proyecto es mejor que la actual ley de Drogas. Por ello, deroga la ley Nº 19.366 en cuanto a temas orgánicos, pero hay tres o cuatro puntos que es fundamental discutir y sancionar: las presunciones y responsabilidades, respecto de las cuales estamos a favor; el dolo eventual como parte del tipo en el delito de lavado de dinero, contenido en el artículo 16 y también en el artículo nuevo, que pasó a ser 17, respecto del nivel de vida del imputado; la incompatibilidad entre consumidor y funcionario público; la creación de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera y el reforzamiento de todas las técnicas investigativas. El texto que proponemos recoge algunas sugerencias de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, principalmente la del artículo 4º. Llamo la atención en cuanto a que el financiamiento básicamente se establece para la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y que, en lo demás, corresponde a cada uno de los servicios respectivos, lo que ya genera la posibilidad de no contar con los recursos necesarios. Dejo planteada esa duda y aprensión. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pollarolo. La señora POLLAROLO (doña Fanny).- Señor Presidente, sin duda, el tema de este proyecto implica siempre un serio y complicado debate. Tengo la impresión de que hemos podido avanzar, con bastantes acuerdos, respecto de instrumentos fundamentales en la investigación y en la sanción del lavado de dinero, como la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera. Sobre el particular, hay acuerdo y no hemos tenido mayor problema. Sin embargo, tenemos dificultades para ponernos de acuerdo en cómo reprimir el delito y en la necesidad de lograr tipificaciones que nos permitan llegar de manera más clara ante el juez con elementos probatorios. Sobre ese punto existe una gran complejidad. Personalmente, tengo algunas diferencias con mi colega el diputado señor Bustos, en relación con los artículos 2º y 17, porque en la Comisión de Drogas consideramos que eran instrumentos necesarios para mejorar la tipificación y no encontrarnos con el problema de la prueba, como ocurrió en el caso de Aero Continente, que provocó un gran debate nacional. En ese sentido, sin ser especialista en el tema, el dolo eventual, sobre todo en lo relativo a precursores y otros, me parece necesario. El dolo directo es casi imposible de probar. Lo planteado por el diputado señor Bustos, en cuanto a dejarlo como dolo solamente, es un acuerdo que debiera tomarse en la Sala, porque me parece importante. En la Comisión consideramos una innovación significativa el artículo 17, que incorpora este tipo de enriquecimiento ilícito. En verdad, significa trasladar la carga de la prueba, que hoy aparece como una cuestión necesaria para sancionar con elementos probatorios suficientes. Sin duda, el tema más de fondo en una iniciativa como ésta, básicamente represiva del delito, es lo relativo al consumo. Quiero insistir sobre una cuestión que para la Comisión de Drogas es clave: necesitamos legislar específicamente sobre el tema del consumo, de la prevención y de la rehabilitación, sin enredarnos en los aspectos represivos, que se refieren a la parte delictual del narcotráfico y del lavado de dinero, con cuestiones que tienen que ver con elementos culturales y conductas referentes a la libertad personal. Ese es un ámbito totalmente distinto, muy complejo, que debemos abordar en su mérito y naturaleza. Me parece muy grave la indicación del diputado señor Orpis al artículo 4º, que por una situación bastante coyuntural fue aprobada en la Comisión de Drogas. Resulta absurdo plantear que portar drogas que sugieran inequívocamente como fin su consumo personal se convierta en delito por la sola sospecha. Si es inequívoco, no veo por dónde cabe la sospecha. Por desgracia, percibo que nos cuesta evaluar con serenidad. Hay una actitud tremendista, de terror frente a esto. Creo que no estamos evaluando ni legislando bien. Como presidenta de la Comisión de Drogas, estoy en contra del artículo 4º aprobado por ella y concuerdo con la modificación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, en el fondo, busca reponer nuestra posición original. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, sin duda, la droga es uno de los flagelos de la sociedad moderna, y la asociación ilícita en torno de ella pone en peligro principios muy importantes. Así como ha habido otros elementos de peligro social en la humanidad, ahora tenemos el caso del terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo religioso o político del que hemos sido testigos en este último tiempo. Hay otra serie de problemas sociales, como el hambre, que también es un flagelo de la sociedad. Digo esto porque los legisladores no podemos perder la calma frente a la gravedad de los problemas, sino que debemos entender que se presentan en el curso de la humanidad y que es necesario combatirlos de la mejor manera posible. Tampoco podemos poner a toda la sociedad interdicta a causa de un flagelo como la droga. Esas reacciones tremendistas, como las calificaba la diputada señora Pollarolo, nos pueden llevar a legislar en forma represiva y a perder de vista elementos muy importantes de la convivencia entre las naciones. En este sentido, me sumo a las condenas al artículo 4º digo condenas, porque es un asunto de tremenda gravedad, el cual, como explicaba la diputada señora Pollarolo, se aprobó por una mayoría eventual en la Comisión de Drogas. Desde el punto de vista de lo que significa este tema, penalizar el porte para el consumo se dice que sugieran, inequívocamente, que dicha posesión tiene como fin su consumo personal y transformarlo en delito, no sólo no corresponde, porque sabemos que los consumidores son enfermos, sino que también se presta, como decía otro diputado, a que se califique como porte para el consumo el destinado al tráfico. Todos estamos de acuerdo en que el hecho de que exista esa penalidad rígida en la ley actual ha llevado a que muchas veces, cuando el juez se da cuenta de que hay un tráfico pequeño, lo que significa aplicar una pena de cinco años y un día, la disminuya por la vía de calificar el tráfico como consumo. Entonces, este artículo 4º no corresponde porque indica una mentalidad tremendamente represiva, pues el consumo debemos tratarlo en los niveles de prevención y rehabilitación, aspectos importantes del problema. Además, ya está tipificado como falta el consumo público y el concertado. En estas modificaciones a la ley de Drogas, quiero destacar varios elementos tremendamente importantes aportados por la aplicación de la ley. Hemos avanzado en mejorar los mecanismos de investigación policial que estaban fallando en cuanto a detectar bien el tráfico de drogas, pero quiero hacer notar que para aplicar los nuevos mecanismos de investigación se necesitan fondos especiales, y dudo que estén considerados dentro de los presupuestos de las respectivas instituciones. En ese sentido, apelo al Gobierno para que destine los recursos necesarios para estos fines. Otro avance importante del proyecto es la creación de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, que entrega al Estado instrumentos con el objeto de que no se utilice el sistema financiero para operar con fines ilícitos. Hago notar que dicha unidad no solamente se refiere al lavado de dinero o a los problemas de drogas, sino que su ámbito debe extenderse a todo tipo de asociación ilícita. Ojalá encontremos un mecanismo, a lo largo de la tramitación de esta iniciativa, de manera que dicha unidad quede establecida para todo tipo de operaciones financieras hechas por asociaciones criminales o ilícitas. Quiero destacar, como lo hizo la diputada señora Pollarolo, el artículo 17, que establece el delito de enriquecimiento ilícito. Creo que puede ser tremendamente importante y útil para la investigación. En realidad, significa un avance en la materia. En resumidas cuentas, considero que las modificaciones propuestas implican un avance; que el artículo 4º no debe ser aprobado, y que en relación con los funcionarios del Estado es mejor la definición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Estoy por aprobarla, porque es más justa y clara. La actitud de permanente vigilancia respecto de los funcionarios públicos, de exámenes obligatorios, en verdad no soluciona los problemas. Creo que la modificación propuesta constituye un avance. Llamo a no aprobar el artículo 4º, sino la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, al igual que el artículo 21. Muchas gracias. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora. El señor MORA.- Señor Presidente, nadie puede discutir el esfuerzo que se está haciendo por mejorar la legislación contra el tráfico y consumo de drogas. Si estuviera convencido de que con la normativa propuesta vamos a terminar con esta plaga, pediría la unanimidad para aprobar el proyecto de inmediato. Pero todos sabemos, y la experiencia así lo confirma, lo que sucede con las leyes relacionadas con el combate a la delincuencia. Hay un slogan muy popular que es repetido entre los delincuentes: “Hecha la ley, hecha la trampa”. Es decir, el delincuente siempre está un poco más avanzado que los legisladores y sabe cómo evitar la acción de la justicia. Creo que se ha hecho un esfuerzo serio, pero no basta ni me satisface plenamente el articulado del proyecto, pues vamos a terminar discutiendo eternamente por dónde va el camino. ¿Acaso hay alguien en el mundo que no sepa que la droga es perniciosa? ¿Acaso no se ha difundido desde hace tantos años información sobre las lacras y consecuencias que provoca la droga? Aquí, lo que falta, más que la prevención y educación el Conace tiene un presupuesto cada día mayor, y el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, aumenta el presupuesto de educación y prevención es crear una policía especializada dedicada exclusivamente al combate contra la droga; reestructurar las policías, para evitar lo que sucedió en Alto Hospicio o con el caso Matute Johns, en que el entorpecimiento en la acción policial inhibe la eficacia en el resultado de la acción, y la duplicidad de funciones policiales entorpece la acción y persecución del delito. Lo que cabe hacer es crear una policía dedicada exclusivamente al combate contra la droga, y que las demás policías sean auxiliares y complementarias, a fin de que cuando tomen un caso lo pongan en conocimiento de los estamentos especializados, porque con esta legislación no lo conseguiremos. Hay varios problemas que me parecen interesantes. Se habla del enriquecimiento ilícito. Este no sólo se consigue por la vía de la droga, sino también cuando los funcionarios públicos meten las manos en las arcas del Gobierno. En este caso también hay enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no se establece una diferencia respecto de quienes incurren en enriquecimiento ilícito mediante actos de corrupción. Comparto plenamente lo señalado por el diputado señor Orpis respecto del artículo 4º, porque pone atajo a algo muy importante. ¿Acaso no se sabe que portar drogas es un delito? El proyecto establece que quien consuma o trafique drogas será sancionado drásticamente. Al dejar una puerta abierta, estamos facilitando la forma de que las personas que portan drogas puedan eludir la acción de la justicia. En esto hay que ser claros: aquí se cierra esa puerta, porque será el juez quien determinará las circunstancias en las cuales la portaba. Por lo tanto, no comparto lo señalado por la diputada señora Fanny Pollarolo, en cuanto a que la prevención y la educación son el camino para frenar el consumo y el tráfico de drogas. ¡No! El medio correcto es la acción policial. La prevención y la educación son complementos, así como también la ayuda médica que el Estado proporcione a los adictos. No podemos combatir este flagelo sólo con la prevención y la educación: debemos recurrir directamente a la represión de una de las plagas más nefastas que pueden penetrar en una sociedad. Es así como en el norte de nuestro país, Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla y Calama, el 90 por ciento de las cárceles están ocupadas por gente involucrada en el narcotráfico. Es decir, los pobres consumen o trafican drogas para sobrevivir. De manera que, a mi juicio, es la acción policial la que debe apuntar a combatir este flagelo, y el Gobierno debe tomar medidas para dotar de recursos a la policía o estudiar seriamente la creación de una policía especializada en el tema. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán. La señora GUZMÁN (doña Pía).- Señor Presidente, debo empezar diciendo que soy escéptica respecto de la batalla contra la droga, y que cada vez tengo más dudas respecto a la efectividad de la represión en contra de este flagelo. Sin embargo, es obvio que no podemos quedarnos sin hacer nada. Está claro que hay diferentes luchas: contra el consumo, contra el microtráfico, contra el tráfico propiamente tal y contra el lavado de dinero, siendo esta última la más importante. Es decir, la gran tarea del Estado es combatir el lavado de dinero, y la de la sociedad luchar contra el microtráfico. Pero si queremos eliminar este problema, debemos combatir, primero, el lavado de dinero, aspecto en el que estamos muy mal. Todos los casos en que ha participado el Consejo de Defensa del Estado han fracasado, salvo los del “cabro” Carrera y de “El Perilla”. Tengo la impresión de que eso ocurrió porque sus organizaciones no eran de las mejores y porque el holding que armaron no era suficientemente seguro. De manera que reitero aquí existe un gran vacío. Respecto de la ley actual, llevo mucho tiempo desde cuando Carlos Figueroa era ministro del Interior conversando el tema, y está claro que hay dos externalidades negativas que se mantienen. Una de ellas dice relación con penas muy altas. No es lo mismo traficar diez gramos con un 25 por ciento de pureza que traficar uno o diez kilos. Es obvio que en el primer caso el juez dejará en libertad al portador, porque se entiende que una persona que porta cinco o diez gramos con un grado tan bajo de pureza es un consumidor y no un distribuidor o un “dealer”. Por lo tanto, creo que una regulación excesivamente represiva, al final, resulta inaplicable. Ésta es la segunda externalidad negativa: la no aplicación de la ley produce un efecto contrario, ya que las personas no creen en la ley y saben que continuará la impunidad. En consecuencia, el deterioro de las normas jurídicas es cada vez mayor. Podemos modificar una y otra vez la ley, pero las personas no creerán en lo que estamos haciendo. Respecto del artículo 4º, concuerdo con el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La Comisión especial de Drogas insiste en la represión fuerte, en aplicar la pena de 61 a 540 días de cárcel. Además, hay que considerar otro problema de fondo: ¿dónde cumplirán la pena? La Comisión de Constitución sube la pena de 61 días a tres años. En caso de que se aplique una pena de 61 días generalmente los jueces aplican la menor, se da la posibilidad de que el condenado efectúe actividades en beneficio de la comunidad, las cuales estarán a cargo del departamento social de las municipalidades. Esta posibilidad existe en la actualidad. El problema radica en que no se les dan recursos y no tienen ninguna capacidad para aplicar esta pena sustitutiva. Por lo tanto, nuevamente queda una norma sin aplicación por falta de recursos y de infraestructura y, una vez más, volvemos al problema de las cárceles. Hoy día existe un 50 por ciento de déficit de cárceles, y donde debería haber sólo un recluso hay dos. Si se mantiene el crecimiento vegetativo de la delincuencia, las diez nuevas cárceles serán insuficientes y, en definitiva, el gobierno del Presidente Lagos terminará con el mismo déficit carcelario que existe en la actualidad. Sumado a lo anterior, el proyecto establece pena de cárcel para los consumidores. En esas circunstancias, ¿dónde los vamos a llevar? Ésa es la gran pregunta. He sido invitada a distintas conferencias en Estados Unidos, en las cuales se ha tratado este tema. Pues bien, allí el problema se aborda de manera absolutamente distinta, porque todo lo que tiene que ver en particular con porte y consumo de drogas es visto por tribunales especiales: las famosas “drug courts”, que no envían a los consumidores a la cárcel, sino que encargan la rehabilitación del niño, joven, adolescente o adulto consumidor, junto a su familia, a un equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, abogados y especialistas. Hace pocos días conversé con la directora del Conace señora María Teresa Chadwick, quien me comentó que la institución que dirige dispone sólo de 1.600 millones de pesos para la rehabilitación de drogadictos. Si alguien me dijera que con esa suma se logrará algo, me daría mucha pena porque significaría que no entiende el problema. En realidad, la cárcel no ejerce ningún efecto rehabilitador en los consumidores; lo único que hace es proporcionarles droga de mucho mejor calidad que la que consumían en la calle. Ésa es la gran tragedia. Sabemos que no se consigue un ciento por ciento de rehabilitación de los adictos. Si consultáramos a personas como Pablo Egenau, de las comunidades Manresa, nos daríamos cuenta de que a los tres meses de iniciada la rehabilitación sólo queda un tercio de quienes la iniciaron, y que son muy pocos los que dejan de ser adictos. Incluso, en muchos casos, es necesario seguir proporcionándoles pequeñas dosis de drogas para mantenerlos vivos. En cuanto a lo señalado por el diputado señor Orpis con quien he trabajado muchas veces en otros temas, no creo posible cerrar todas las puertas ni todos los caminos. Me suena parecido a lo que sucedió en Estados Unidos, donde, después de lo ocurrido con las torres gemelas y considerando la seguridad existente allí, la gran interrogante es: ¿cómo pudo producirse un acto terrorista como ése? Porque somos vulnerables, porque el hombre y la sociedad son vulnerables. Y, ¡ojo! el tráfico de drogas es el segundo en importancia; el primero es el de armas; el segundo, el de drogas, y el tercero, el de niños. Me encantaría que empezáramos a preocuparnos del último. Considero que el combate radical al tráfico de drogas más aún si lo hacemos a través del consumo es una utopía. Me gustaría volver a estudiar el proyecto, pero sé que es imposible. Espero que en el Senado se pueda mejorar, porque es necesario hacer diferenciaciones respecto de los delitos. Hay una acción relacionada con el consumo, pero la prueba tiene que ver con la cantidad y la pureza del porte. El microtráfico es otro de los problemas que interesan a la sociedad, porque está muy relacionado con la seguridad ciudadana; pero en este caso es imprescindible contar con pruebas específicas que van más allá de la cantidad de la droga que se porta. Tiene que ver con el tipo de organización en que está inserta la persona, con la reincidencia y con muchas otras pruebas que deben ser tratadas en forma más profunda. Para terminar, considero que el problema mayor reside en los grandes distribuidores y traficantes y en el lavado de dinero. Pero ¿quieren que les confiese algo? No sé qué se puede hacer. ¿Limitar al máximo su acción? ¿Que el negocio sea menos rentable? Quiero repetir lo que dije al empezar: estoy muy escéptica; creo que seguiremos tratando de arreglar la ley, pero no solucionaremos el problema. He dicho. Aplausos. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, ¿cuánto tiempo le queda al Comité Demócrata Cristiano? El señor PARETO (Presidente).- Nueve minutos, señor diputado. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, coincido con muchos aspectos de lo que acaba de exponer la diputada señora Pía Guzmán, pero no con su escepticismo. Creo que, por el camino que vamos, tenemos perdida la guerra. Ni Estados Unidos, ni Colombia, ni nosotros ganaremos la guerra al narcotráfico si no entendemos bien el problema. Pese a las evidentes mejoras introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que yo respaldaré el proyecto no avanza sustancialmente salvo en algunos aspectos muy puntuales a los cuales me referiré en la solución del problema en nuestro país. Hace exactamente cuatro años, muchos candidatos al Congreso usaron como lema de su campaña que iban a barrer con la droga. En mi distrito, hubo candidatos a senadores y a diputados que prometieron barrer con la droga, uno de los cuales ha reconocido aquí que no tuvo éxito, porque no ha sido acertada la línea de trabajo que hemos seguido como país. Y no se ha tenido éxito porque se superponen distintos enfoques que impiden lograr un acuerdo sobre el verdadero problema y aplicar soluciones coherentes. No es lo mismo hablar de drogas, de consumo de drogas, de adicción a las drogas, de tráfico, de microtráfico o de lavado de dinero. Cada uno de estos problemas requiere soluciones diferentes. Entiendo que el diputado señor Orpis diga que penar el consumo encarece la oferta, porque tiene formación de abogado; pero cualquier economista le puede demostrar lo contrario y que, probablemente, como ocurre hoy en nuestra sociedad, la persecución del consumo incrementa la oferta, porque aumenta el precio final de la transacción. Es lo que ocurre en Estados Unidos y lo que motivó a Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, y a Gary Becker quien publicó un artículo hace tres semanas en el diario “El Mercurio” a afirmar que la solución del problema del tráfico de drogas pasa por su legalización. Recientemente, el arzobispo católico de Río de Janeiro señaló también que la única solución al tráfico de derogas es su legalización. Coincido con Gary Becker, con Milton Friedman y con el arzobispo católico de Río de Janeiro en que la única solución al tráfico de drogas es legalizarlo. Incluso, estoy dispuesto a entrar en un debate serio sobre la materia; pero, a pesar de que nuestro país lo requiere, es difícil que ello ocurra por los temas emotivos que involucra. Es fundamental un debate en tal sentido porque, de lo contrario, seguiremos entregando soluciones que se contradicen y neutralizan, sin abordar el tema de fondo. ¿Cuál es el problema real, de fondo? Que si voy a la población La Legua, puedo ver cómo los narcotraficantes han impuesto cierta autoridad sobre los vecinos comunes y corrientes, y que lo mismo ocurre en la población 23 de Enero, en Macul, en Santa Julia o en Chacarillas. El pasado fin de semana estuve en la población San Gregorio y, mientras trabajaba con los vecinos, bajaron de un vehículo policial dos policías, al cual después subieron tres narcotraficantes. El vehículo policial dio una vuelta, bajaron los tres narcotraficantes y subieron nuevamente los dos policías. ¿Qué pasó allí? Lo que ocurre en todas las poblaciones, y los parlamentarios, los jefes de las policías y las autoridades de Gobierno sabemos que el narcotráfico está corrompiendo a nuestras instituciones; pero no son los consumidores, sino los traficantes, quienes tienen el poder del dinero para imponer esas operaciones. En consecuencia, no es el consumo el verdadero y más grande problema, puesto que los delitos no están asociados a él, sino al tráfico, a las personas que promueven el consumo mediante el obsequio de drogas a jóvenes y niños, y una vez que los dominan y pasan a pertenecer a su círculo, les exigen que consigan nuevos consumidores para mantener y hacer crecer su oferta y su negocio. ¡Eso es lo que se debe combatir! Coincido con las diputadas Pía Guzmán, Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa, y con los diputados Rincón y Elgueta, en cuanto a que uno de los temas de radical importancia es la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera. Incluso, le hemos pedido al Gobierno que incluya en dicha unidad lo planteado por la diputada Pía Guzmán, ya que no es posible saber si el lavado de dinero es consecuencia de la trata de blancas, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de extorsiones políticas, etcétera. El lavado de dinero es simplemente eso, y deberíamos crear dicha unidad para avanzar en esa dirección. Por eso, no obstante reconocer que es imperfecto, es muy importante el artículo 17 bis, sobre el enriquecimiento sin causa, introducido al proyecto. Por ejemplo, cuando una persona cesante empieza a construir o a duplicar los metros cuadrados de su vivienda, y se reúne con narcotraficantes o actúa en su mismo entorno, como ocurre en todas las poblaciones, resulta evidente que es un traficante. Entonces, ¿de dónde podemos obtener las pruebas si no es a través de su enriquecimiento sin causa? Esta norma existe en el derecho francés y según la información que tenemos ha sido eficaz en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos similares. Como digo, esta norma puede ser imperfecta, pero no es un obstáculo al derecho de las personas. Por último ya hice mención a ello, el artículo 4º aprobado por la Comisión especial de Drogas se contrapone al aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Yo me quedo con el segundo. Sin duda, el artículo 4º de la Comisión especial de Drogas a diferencia de lo que manifestó el diputado Orpis castiga el consumo, porque no se puede apreciar la línea divisoria. Dicho artículo establece que quienes consuman o porten, sean consumidores o sorprendidos con droga, irán a la cárcel sin importar su condición. Ésa no es la solución. Hace un momento el diputado señor Mora pidió más represión, pero partió afirmando que en el Norte Grande el 90 por ciento de los presos está en la cárcel por narcotráfico. Es decir, ¿será necesario llegar al ciento por ciento para reconocer que, en realidad, la solución no va por ahí? Creo que es una reflexión que debemos hacernos como país. ¡Severo castigo al narcotráfico! De acuerdo, pero primero debemos distinguir entre consumidor y traficante. ¿Cómo le quitamos el poder a los narcotraficantes? Es la pregunta que debemos hacernos como sociedad. Hoy, cuando voy a La Legua de emergencia, en mi distrito, donde fui elegido diputado, los narcotraficantes me gritan “sapo”, porque el presidente de la junta de vecinos ex concejal de la comuna de San Joaquín ha recorrido esa población diciendo que estoy dedicado a combatir el narcotráfico. Por eso, si voy a esa comuna me gritan “sapo” y me amenazan. ¿Por qué? Porque tienen el poder del dinero para amenazar a la gente e impedir que se pueda desarrollar la vida normalmente. Para terminar, creo que hay que aprobar las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con una o dos excepciones. Sin embargo, considero que hay que entrar en un debate mucho más profundo sobre estas materias. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a la aprobación, por la Comisión especial de Drogas y la de Constitución, Legislación y Justicia de la sustitición del artículo 21 del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el cual dispone expresamente: “Los funcionarios directivos superiores de la Administración del Estado, hasta el grado de jefe de departamento o equivalente, contemplados en el artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal Calificador de Elecciones, los fiscales del Ministerio Público, los funcionarios del Escalafón Primario del Poder Judicial, como asimismo, quienes desempeñen o postulen a desempeñar un cargo público de elección y representación popular, que consuman alguna de estas sustancias señaladas en el artículo 1º de esta ley, serán castigados con suspensión de cargo u oficio público en cualquiera de sus grados o suspensión en el ejercicio del cargo por el resto del tiempo de su duración o la inhabilidad para acceder a dicho cargo u oficio público, y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales”. La aprobación de este artículo es de la mayor importancia porque, sin duda, constituye un avance en el control para detener el consumo y tráfico de droga, en especial en lo que dice relación con su fuerza corruptora de las instituciones. En efecto, aquí se sanciona el consumo de sustancias sicotrópicas por parte de las autoridades que se señala, dentro de las que se encuentran quienes desempeñan o postulen a desempeñar un cargo público de elección y representación popular. Lo anterior constituye un avance, pero habría preferido una norma mucho más completa. Por ejemplo, deberíamos preguntarnos cómo controlaremos el consumo de droga por parte de dichas autoridades. Basta recordar las trabas que en el pasado pusieron diputados de esta Cámara para someterse al el test de drogas. Por otro lado, y de acuerdo con dicha disposición, corresponderá a la autoridad superior de cada órgano o servicio prevenir el uso indebido de sustancias sicotrópicas. Sin embargo, tratándose de autoridades que desempeñan un cargo de elección y representación popular no existe ninguna autoridad superior del órgano o servicio, por lo que jamás le será aplicada dicha disposición. En otras palabras, nadie podrá exigir la realización de dicho control. Por lo señalado, se puede concluir que dicho artículo se refiere a la circunstancia de ser sorprendido in fraganti en el acto consumiendo algún tipo de drogas, lo que no resiste mayor análisis. Por lo tanto, sería conveniente modificar el artículo 21, incorporando en su inciso tercero, después de la palabra “servicio”, la siguiente frase: “Tratándose de las autoridades que desempeñan un cargo de elección y representación popular deberán presentar, antes de asumir el cargo respectivo, el resultado del examen de control de drogas”. En caso de no ser aprobada esta disposición, presentaremos un proyecto de reforma constitucional, con el objeto de incorporar un nuevo requisito para ser elegido diputado, senador o Presidente de la República: “No consumir ningún tipo de sustancia sicotrópica, lo que se acreditará con el examen respectivo”. De esta forma, quedará salvado cualquier argumento jurídico o moral que impida su realización. A mi juicio, las autoridades que invisten cargos de representación popular deben dar ejemplo de transparencia respecto del consumo de drogas, pues sus decisiones afectan a sus representantes y estarían viciadas si fueran influidas en cualquier forma por sus proveedores y su dependencia del narcotráfico. Un diputado mencionó que había policías vinculados al narcotráfico. Todos los que actuamos en terreno sabemos que hay miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones que están vinculados a narcotraficantes y que reciben coimas. Es un secreto a voces y hay que denunciarlo; sin embargo, para hacerlo hay que tener autoridad moral, la cual debe comenzar por casa. Por lo tanto, los parlamentarios debemos ser un ejemplo en esta materia y cada aspirante al Parlamento debería someterse al test de drogas y darlo a conocer a la gente. Aquí no se trata de descubrir quién es quién o quién consume drogas. El punto es otro: que un consumidor de droga mantiene un vínculo perverso con quien se las vende. La persona que le vende drogas a una autoridad política en este caso a un parlamentario o a una parlamentaria sabe que ella estará expuesta a chantajes o a presiones indebidas. Por lo mismo, me parece importante despejar en forma transparente cualquier tipo de dependencia de los narcotraficantes. El fenómeno de la droga debilita las estructuras sociales y políticas de un país, cualquiera que sea su naturaleza específica. Es un cáncer que invade y destruye el tejido social y político. Su curación es penosa, en ocasiones difícil y, a veces, imposible. Entonces, se requiere una política de Estado que comprometa activa y solidariamente a la sociedad. Es una lucha de mucho tiempo que exige consistencia y perseverancia; pero también un valor de las instituciones que componen el Estado, porque el costo humano es muy alto. En consecuencia, urge que el Estado tome la iniciativa a fin de evitar el deterioro de nuestra sociedad y, en definitiva, de nuestra institucionalidad. Por eso, es muy importante partir con instituciones como el Congreso y el Ejecutivo, en lo que se refiere a la designación de funcionarios, y también con el Poder Judicial. Me parece importante que las autoridades que fiscalizan, que legislan y que piden que se investiguen cuentas corrientes den el ejemplo. Pero ¿cómo pueden hacerlo si esas autoridades no están dispuestas a someterse al “test de la blancura”? Considero indispensable y muy sano, sobre todo en época electoral, que el país sepa quién es quién; que no sólo sepa cómo se vota, sino también cómo se opina frente a estas materias, y si existe disposición para someterse a estos exámenes, que son importantes por los vínculos perversos que hoy existen entre la política y el dinero; que sepa de dónde provienen los dineros que financian las campañas políticas, los que muchas veces también tienen que ver con los provenientes del narcotráfico. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, se ha dicho que debido a una situación puntual se aprobó el artículo 4º en la Comisión especial de Drogas. Sin embargo, quiero dejar en claro que eso no se debió a una situación puntual, sino a la ausencia de los diputados de la Concertación. La indicación propuesta por los diputados de la Alianza por Chile originó el artículo. Con posterioridad, los diputados de la Concertación, que tienen mayoría en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aprobaron el nuevo artículo que se propone a la Sala. Por lo tanto, los diputados de la Concertación no participaron en la votación del artículo 4º de la Comisión especial de Drogas. El proyecto es realmente importante para el país. Debemos asumir el drama y el flagelo que padecen los pobladores, sobre todo los de los sectores más pobres, debido a la lacra que significa la droga, que invade día a día las poblaciones de los distritos que representamos. Por eso, si no apoyamos con decisión el establecimiento de un articulado que realmente reprima el narcotráfico, en particular el microtráfico, que está destruyendo la comunidad, sin duda la legislación en debate no será suficiente para abordar el problema. En ese sentido, si se aprueba el artículo 4º que propone la Comisión especial de Drogas, se penalizará el porte de la droga en la calle. En cambio, si se aprueba la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, seguirá ocurriendo lo que hoy pasa en los tribunales, es decir, quienes en la actualidad portan y venden la droga en las poblaciones continuarán saliendo libres porque son considerados consumidores. La sociedad aún no ha tomado una decisión concreta para penalizar el consumo. De hecho, me da la impresión de que la mayoría de la Cámara quiere que continúe despenalizado, en circunstancias de que en otros países no se actúa de ese modo. Si el artículo 4º se aprueba de la manera en que lo están promoviendo la mayoría de los diputados de la Concertación y algunos de la Oposición, sin duda el trabajo que llevó a cabo la Comisión especial de Drogas durante mucho tiempo habrá sido estéril y el drama de la droga en las poblaciones continuará igual o peor. En segundo lugar, respecto del artículo 21, a mi juicio no se debe tener temor de que se lleven a cabo los exámenes correspondientes y de que sean obligatorios para todos los funcionarios de la administración del Estado. Si se aprueba lo que propone la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sólo las altas autoridades deberían efectuarse el test. ¿Acaso las organizaciones de narcotraficantes o de lavado de dinero no tratarán de interferir en los mandos medios o en los personeros clave del aparato del Estado? A modo de ejemplo, la secretaria de la Unidad de Inteligencia Financiera no tendría la obligación de realizarse el examen, a diferencia de los ministros, los parlamentarios y los altos funcionarios. En consecuencia, el examen debería ser obligatorio para todos, pues el país no resiste más el problema. Asumamos nuestras responsabilidades como parlamentarios, porque si no actuamos ahora, la comunidad lo lamentará mañana. Su futuro está en nuestras manos. O actuamos de frente y duramente contra el narcotráfico o seguimos tolerantes y permitimos una vía inversamente distinta a la que todos queremos. Por eso anuncio que la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente los artículos 4º y 21 que propone la Comisión especial de Drogas. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente, a veces me pregunto si será ignorancia o cinismo lo que está detrás de estos planteamientos sensibleros sobre los estragos que produce la droga. Precisamente son los represores que aquí se aprestan a penalizar el consumo individual los que le hacen el juego a las mafias criminales que controlan el negocio. Estas últimas no existirían sin los primeros. El diputado señor Andrés Palma ha puesto de relieve un hecho que me parece extraordinariamente significativo: la sociedad se pone en riesgo no por el consumo individual, sino por la guerra que producen entre sí las mafias para controlar el negocio. De hecho, ayer nada más supimos, por las noticias, de la muerte de un menor que fue baleado porque se atravesó en medio de la conflagración intermafiosa que se da en diversos sectores de Santiago. Con este tipo de medidas absurdas, ¿cómo harán para albergar gente en las cárceles? ¿Convertirán a Chile en una sola cárcel, de Arica a Punta Arenas? Con cargo a todos los chilenos deberemos financiar el mantenimiento, ya no de miles sino de millones de compatriotas, que serán reclutados por las mafias, cualquiera sea su situación, en todas las poblaciones de Chile, porque hoy, en definitiva, de acuerdo con esta lógica estúpida, la única alternativa que tiene en muchas oportunidades la gente modesta es vincularse al negocio de la droga, porque de alguna forma tiene que comer. Entonces, en definitiva, con esa lógica se están creando las condiciones para que Chile se transforme en una nueva Colombia. Eso es lo más absurdo. Por lo tanto, ojalá reparen en la irracionalidad de este tipo de aprobaciones legislativas. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada señora Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión especial de Drogas, que viene trabajando desde hace mucho tiempo por mejorar una legislación que no está dando los resultados esperados. En este proyecto se agregan una serie de medidas que apuntan a controlar la venta y tráfico masivo de drogas, con todas las consecuencias que eso tiene, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, me extraña que en el artículo 1º no se haya hecho una distinción que se discutió hace mucho tiempo y que tiene que ver con la diferencia entre drogas duras y drogas blandas. Lo señalo porque, sin estar de acuerdo con el consumo, venta y tráfico de ningún tipo de drogas, debemos ser realistas y reconocer que en Chile y en el mundo, desafortunadamente el consumo de algunas drogas se ha hecho parte de la conducta habitual de los jóvenes, como es el caso de la marihuana. En la actualidad, un alto porcentaje de jóvenes, que a lo mejor ni siquiera se consideran adictos, consumen esa sustancia especialmente en niveles universitarios y escolares, según las estadísticas y distintos estudios, sobre todo de Conace. Obviamente, a la hora de sancionar, no es lo mismo traficar marihuana que traficar pasta base, cuyo efecto negativo en la salud de las personas es tremendo, en particular por parte de los jóvenes de menos recursos, que son los que tienen acceso a ella o a la misma cocaína u otras drogas duras. Por lo tanto, repito, sin estar de acuerdo con la promoción ni venta de ninguna de esas drogas, en el proyecto no se hace distinción entre ellas; es como si mañana en la ley de alcoholes se sancionara en igual forma el consumo de cerveza que el consumo de whisky, que obviamente no es lo mismo. El artículo 4º pretende distinguir entre la venta y el porte de sustancias de esta naturaleza, pero no me queda claro que con ello se evite el microtráfico, que, según todos sabemos, es uno de los principales problemas, especialmente en los sectores poblacionales. Allí la droga se reparte en porciones mínimas para su venta y promoción; incluso, los niños son usados para este fatal negocio. Será difícil aplicar la definición del artículo 4º, en el sentido de si la droga portada es para el consumo personal o para la venta. El problema quedará a la discreción del juez, lo que lo complicará tremendamente. Por lo tanto, se seguirá con el microtráfico, que es una de las modalidades para vender las drogas en la actualidad. Se ha discutido si es más importante la prevención, el control o la represión de la venta de drogas. A mi juicio, quienes no están de acuerdo con la prevención se encuentran en un grave error. En todos los países del mundo, especialmente Estados Unidos, que tiene la mayor experiencia en el ataque contra las drogas, se ha logrado comprobar que, más allá de atacar el narcotráfico, lo que verdaderamente da resultados es la prevención. En definitiva, la formación de los jóvenes respecto de los daños que produce el consumo de drogas tiene más efecto. Por eso, llama la atención que a pesar de ser un flagelo tan grave para la sociedad lo sabemos muy bien quienes estamos en campaña, porque es la principal queja de las madres, los padres e incluso los propios jóvenes, especialmente en las poblaciones de la Región Metropolitana alguien pueda pensar que la prevención no es la forma más importante de atacarlo. Es más, me preocupa que en el presupuesto del Ministerio de Educación, que se discute en estos días, aparezca un ítem bajísimo para la prevención; que en el del Ministerio de Salud casi ni figure, y que en el del Conace se mantenga de alguna forma, pero con programas que no merecen confiabilidad porque carecen de evaluación y control. ¡Para qué hablar de rehabilitación, que casi no existe! Quienes quieren resolver su problema y están dispuestos a rehabilitarse, no tienen dónde llegar, a pesar de que existen instituciones privadas, como Crea y la que tiene el propio diputado señor Orpis, que con mucho esfuerzo personal logran salir adelante. El artículo 26 tiene que ver con un incentivo para la cooperación eficaz, relativo a quienes den antecedentes. Según lo que ocurre en la actualidad, ¿de qué sirve que exista un incentivo a la cooperación eficaz con antecedentes sobre la venta de drogas, en circunstancias de que en todas las poblaciones se conoce la dirección exacta donde se venden? Se ha hecho por años y se seguirá haciendo, y nadie entiende esa actitud. Todos los vecinos saben quién vende droga, dónde, cuánta, a qué hora; qué vehículos y quiénes llegan a comprar. Es una gran incógnita saber qué pasa con los encargados de la acción frente a los narcotraficantes, o sea, las policías, los tribunales, los jueces. Según los vecinos, los narcotraficantes van presos por cuatro o cinco días y vuelven. ¿Cómo puede ser eso? Si a eso agregamos los pocos recursos que tiene la Bridec, el OS7 de Carabineros, y la propia Dipolcar para ejercer las acciones, podemos entender la situación, pero algo debe pasar para que en los lugares en que se venden las drogas no se tomen las medidas. El señor subsecretario del Interior podría tomar nota de esta denuncia, que creo recibimos todos los diputados, para que se ejerzan las acciones. Si se sabe dónde se están vendiendo las drogas, ¿por qué se siguen vendiendo en ese lugar? ¿Por qué esa persona no permanece detenida? Alguien tiene que responder. Hay otro antecedente lamentable. Muchos funcionarios del OS7, de Carabineros, están resguardando la seguridad de autoridades públicas. Son personas preparadas que podrían ayudar a la detención de estos narcotraficantes. No deberían estar cuidando a autoridades, sino ejerciendo su función, porque es bastante especializada y requiere saber muy bien cómo hacerla. Me queda la gran inquietud de que todo el esfuerzo que significa el proyecto, que me parece muy importante, pueda perderse con lo que mencionó la diputada señora Lily Pérez respecto de los parlamentarios, de los funcionarios públicos y de los empleados de los tribunales de justicia. ¿Por qué hay tanto temor de que exista control de las autoridades? Se ha propuesto que quienes opten a un cargo parlamentario deben hacerse un examen que pruebe si son o no consumidores de drogas. ¿Cuál es el problema? Si una persona no consume, ¿qué problema tiene en que le hagan un examen? Sólo los que tienen temor no se atreven a hacerse los exámenes. ¿Por qué hace un tiempo había tanto temor de que se hicieran los exámenes? ¿A quiénes se los hicieron? Y si dieron algún antecedente, ¿por qué no se realizó una acción? Todos sabemos lo que pasó, pero no se hizo nada. En las Fuerzas Armadas los exámenes se toman cada seis meses, y es seguro que allí nadie se atreve a consumir drogas. Lo mismo debiera hacerse con los funcionarios públicos: que haya un examen de control de consumo de drogas cada seis meses. Todo el mundo viviría tranquilo; los chilenos no tendrían tanta desconfianza en los políticos y hoy, cuando estamos haciendo campañas, no tendríamos que soportar que la ciudadanía nos dijera: “No estamos ni ahí con las campañas, porque no creemos en los políticos”. Ésa sería una buena forma: empezar haciendo nosotros lo que queremos pedir a la ciudadanía. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Para cerrar el debate, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Eduardo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en relación con el artículo 21, en la Comisión de Drogas se aprobó, en forma unánime, una indicación que presenté con otros parlamentarios espero que se apruebe también en la Cámara y que es distinta a la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al respecto. Dicha indicación se transformó, en especial el inciso primero del artículo 21, que dice que los funcionarios de la administración del Estado, los ministros y funcionarios del Tribunal Calificador de Elecciones, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, los funcionarios judiciales contemplados en el artículo 264 del Código Orgánico de Tribunales, los funcionarios del Congreso Nacional, sea del Senado o de la Cámara de Diputados, como asimismo quienes desempeñen o postulen a desempeñar un cargo público de elección popular, que consuman alguna de las sustancias señaladas en el inciso cuarto, serán castigados con suspensión de cargo u oficio público en cualquiera de sus grados o suspensión en el ejercicio del cargo por el resto del tiempo de su duración, o inhabilidad en el otro caso para acceder a dicho cargo u oficio público, y además una multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales. Este texto sufrió algunas modificaciones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, las que, a mi juicio, no son buenas, a causa de la insistencia del Ejecutivo de acotar el ámbito de los sujetos activos del delito, por cuanto considera que sólo debiera referirse a las más altas autoridades el examen de drogas o el llamado comúnmente test del pelo, que es el más exacto para medir el consumo en las personas. ¿Qué sucedería en caso de aprobarse la norma de la Comisión de Constitución, que es más restringida? Por ejemplo, como señalaba el diputado señor Alejandro García-Huidobro, ¿qué pasaría con la secretaria de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, o con un chofer, como acota el diputado señor Ricardo Rincón, quien también apoyó mi indicación en la Comisión de Drogas, gente que puede escuchar y manejar información y ser presionable por algunos de los carteles de la droga a la hora de querer influir en los poderes públicos? Si queremos dar una señal de fortalecimiento de los poderes públicos, tenemos que establecer esta obligación para todos. Si en la empresa privada se hace un test psicológico o de droga y se le exige a un junior, a una secretaria o a un chofer para acceder a un trabajo, con mayor razón quienes tenemos que rendir cuentas públicas de nuestra actividad, en cualquier grado, debemos estar sujetos a este tipo de examen. Es la única forma de prevenir que ingrese el tráfico y el consumo a los poderes públicos, y de fortalecerlos en la lucha contra el narcotráfico. Hay otra diferencia entre las proposiciones de la Comisión de Drogas y la de Constitución, Legislación y Justicia. En la de la primera se sanciona a los postulantes a los cargos públicos y de elección popular que consuman alguna de estas sustancias. La idea es prevenir el ingreso de personas adictas que pueden ser fácilmente presionables y, por lo tanto, tener mayor debilidad frente a los carteles. Sin embargo, se modifica esto y se excluye a los postulantes. La idea es que tanto los postulantes como aquellos que ejercen algún cargo público estén obligados a hacerse el examen. Es mejor prevenir que curar. Además, es importante dar señales fuertes y claras en el combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Jorge Correa Sutil, ministro del Interior subrogante. El señor CORREA (Ministro del Interior subrogante).- Señor Presidente, me alegro de que en la primera sesión de la Cámara a que asisto haya escuchado un debate tan rico y profundo respecto de uno de los problemas más graves que afectan al país. Por eso partiré por agradecer a los señores diputados que participaron y enriquecieron el proyecto en las tres comisiones. Sin embargo, discrepo de lo señalado por el señor Bustos en cuanto a que ésta ha sido una discusión ligera. El proyecto ingresó en diciembre de 1999 y ha pasado por tres comisiones. El señor diputado integró una de ellas y votó favorablemente todos los artículos. Me referiré sólo a los puntos en discusión, pero antes quiero decir que adjetivos como “represivo” o “garantista”, incluidos en el proyecto, difícilmente pueden ayudar a solucionar el problema, pues contribuyen a formar frases que poco dicen y que son, más bien, peyorativas. Sin duda, toda ley penal, como la que está en debate, es represiva. Las leyes penales pretenden reprimir y controlar los delitos, y sin duda deben procurar la mayor cantidad de garantías para las personas inocentes y procesados, y creo que eso se resguarda con la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Estamos de acuerdo y no hay una gota de discrepancia entre los parlamentarios que han hecho uso de la palabra y el Gobierno en que la tarea principal es la prevención, a la cual está orientada la política social del Gobierno con un presupuesto cada vez en aumento. Tocando sólo los puntos conflictivos, quiero dividir el proyecto en lavado de dinero, narcotráfico, microtráfico, porte y problema de empleados públicos. En lavado de dinero, me alegro de que no haya una sola voz discordante en cuanto a señalar el progreso que significa para el país contar con una Unidad de Análisis e Información Financiera. La única crítica que he escuchado a este punto, emitida por el diputado señor Bustos, se refiere al dolo directo y al dolo eventual. Me parece que no cabe duda de que el dolo directo que contempla la actual legislación, o sea, al que hace lavado debe probársele que tenía conocimiento cierto de que el dinero provenía del narcotráfico, es insuficiente. Ambas Comisiones han incorporado el dolo eventual, esto es, “el que no pudiendo menos que saber...”. El diputado señor Bustos señala que esto es contrario a la dogmática penal y a la filosofía moderna del derecho penal, pero quiero decir que dentro de la responsabilidad de los órganos colegislativos no pueden dejar en completa libertad a los jueces en la interpretación de esta materia. Correríamos dos riesgos. Primero, que cualquier persona que se sirviera de un bien que proviene del narcotráfico sería sancionada, lo que, sin duda, sería un error garrafal. Si el “cabro” Carrera tenía moteles, quien los ocupara debiera ser procesado y sancionado por el delito de narcotráfico. Por lo tanto, al ser insuficiente el dolo directo, me parece indispensable incorporar el dolo eventual para evitar el doble riesgo del exceso de restricción, por una parte, y por otra, que se pueda sancionar a personas por el mero hecho de adquirir, con completa inocencia, bienes que provienen del narcotráfico. En la presunción de enriquecimiento también discrepo del diputado señor Bustos. Ésta no es una disposición contraria al Estado de derecho y desconocida en las legislaciones del mundo. Es una norma que se toma del derecho francés. En cuanto al microtráfico, comparto con los honorables diputados que hoy tenemos una situación bastante grave, señalada por la diputada señora Pía Guzmán. Son tan altas las penas para el microtráfico o para el tráfico de estupefacientes, que el microtráfico termina sin sanción. Esto es, los jueces, entre la alternativa de aplicar una sanción de la gravedad que contempla la ley y procesar por consumo, terminan procesando a las personas por consumo. Por lo tanto, la incorporación de la noción del microtráfico, sin duda, será un progreso. Respecto del porte, que ha provocado gran debate, no obstante que el diputado señor García-Huidobro ha señalado que la UDI votará en conformidad con lo propuesto por la Comisión técnica y no por lo aprobado por la Comisión de Constitución, no quisiera tomarme ni un minuto para hacerme la ilusión de que pudieran cambiar de opinión. Esa disposición, de partida, es incongruente con lo que la Comisión especial de Drogas aprobó en el artículo 56. Por una parte, en el artículo 4º, sancionó el porte de drogas como delito y, por otra, en el artículo 56 estableció que su porte para consumo era sólo falta. Entrando más en el mérito, según la tesis de la Comisión especial de Drogas, si una persona es descubierta portando droga, le convendría consumirla con el objeto de ser sancionada por una falta, y no por portarla, porque en tal caso se le sancionaría por un delito. Llegamos al absurdo de que al que porta droga le convendría, frente a la sorpresa policial, consumirla rápidamente para obtener una menor sanción. Otra razón, con la cual me atrevería a convencerlos habiendo consenso en esta Sala de que el instrumento de la sanción penal no es adecuado para el consumo de drogas es que la disposición en comento no pone en duda el porte para consumo. Dice exactamente que se aplicará la pena de falta sólo a aquellos que porten, estando claro que dicho porte no está destinado sino para uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo. O sea, debe haber pruebas fehacientes y concluyentes de que ese porte debe ser para el consumo. Sería la única alternativa por la cual el juez aplicaría una pena de falta y no de tráfico. Por último, en lo que respecta a los empleados públicos, si hay consenso en la Sala en que no debe penalizarse el consumo de drogas, por cuanto ése no es el método para combatir su uso, no veo por qué se les debe aplicar una regla distinta. Se dice que todos los empleados públicos deben estar sujetos a este control, porque si no, es un riesgo. Es cierto. Sin duda, el consumo de drogas por cualquier funcionario público representa un riesgo; pero también lo representa el hecho de recibir coimas, de que puedan obtener dineros en forma ilícita o, por último, de que sean personas lujuriosas. Y no creo que nadie en esta honorable Cámara esté dispuesto a sancionar la lujuria de los funcionarios públicos como un riesgo cierto para entrar en redes a las cuales pudieren entregar información. Aclaro que la disposición que propone la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que el Gobierno respalda, no establece un test de pelo para ningún funcionario público, ni siquiera para los de más alto nivel, sino la necesidad de que los jefes de servicio sigan las políticas de prevención necesarias para este efecto. En virtud de lo señalado, el Gobierno respalda plenamente este proyecto en la forma propuesta por las Comisiones de Constitución y de Hacienda. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Con la intervención del señor ministro, ponemos término al debate y al Orden del Día. Hago presente a las señoras y señores diputados que la votación en particular, de acuerdo con lo establecido por los Comités, se llevará a efecto a las 15 horas de hoy. El proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado, de manera que les ruego puntualidad en la iniciación de la sesión de la tarde. VI. PROYECTOS DE ACUERDO MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO LEY Nº 1, DE EDUCACIÓN, DE 1996. (Votación). El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 607. Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Krauss, para plantear una cuestión de Reglamento. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, se han presentado a la Mesa dos proyectos de acuerdo relativos a los estremecedores sucesos ocurridos en Alto Hospicio. Tienen algunas diferencias, pero, en lo esencial, buscan la participación e integración de esta Corporación frente a esos hechos. Pido preferencia en el despacho de esos proyectos y, de ser posible, un tratamiento conjunto. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, para entrar a analizar esos proyectos de acuerdo necesitamos la unanimidad de la Sala. Tiene la palabra el diputado señor Navarro. El señor NAVARRO.- Estoy completamente de acuerdo con lo que se está planteando, pero quiero señalar que junto con el diputado Jeame Barrueto hemos presentado un proyecto de acuerdo para analizar la situación del acero y de la industria de Huachipato, para lo cual formulamos la misma petición del diputado señor Krauss. El señor MASFERRER.- No mezclemos las cosas. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor Navarro, su Señoría deberá pronunciarse sólo respecto de la petición del señor Krauss. Una vez que la resolvamos, podremos tratar su solicitud. En votación el proyecto de acuerdo Nº 607. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se rechaza, por no haberse reunido el quórum necesario. COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE RESPONSABILIDADES DE AGENTES DEL ESTADO EN LOS HECHOS DE ALTO HOSPICIO. Notas de condolencias. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- A continuación, el señor Secretario dará lectura a los proyectos de acuerdo a que hizo mención el honorable diputado Enrique Krauss, los cuales serán votados por separado. El señor ÁLVAREZ.- Proyecto de acuerdo Nº 615, de los señores Orpis, García-Huidobro y Correa. “Considerando: 1. Que en el mes de noviembre de 1999 se produce la primera desaparición de una menor en Alto Hospicio, comuna de Iquique. 2. Que con posterioridad y hasta el mes de junio del año 2000 se producen cinco desapariciones adicionales. 3. Que en su totalidad se trata de familias modestas que desde el momento que estampan la denuncia por presunta desgracia son estigmatizadas y vejadas por quienes actúan en representación del Estado. 4. Que después de nueve meses de iniciada la investigación, y no obstante no encontrarse agotada la misma, se emitieron juicios e informes por parte de las policías y autoridades políticas regionales y nacionales, en las que se señaló que se estaba en presencia de “un caso social y no policial”, argumentando abandono de hogar a raíz de problemas de violencia intrafamiliar, drogas, prostitución o malos tratos en que habrían estado involucradas las menores y las familias. 5. Que de los hechos se constata que nunca tuvo prioridad la hipótesis investigativa del “homicidio”, lo que sin duda refleja negligencia, facilitando la acción del psicópata para continuar cometiendo crímenes o violaciones. De haberse asumido la hipótesis del homicidio con fuerza desde un comienzo, podría haberse evitado la muerte y violación de alguna de las menores. 6. Que de todo lo anterior, se desprende que las autoridades nunca asumieron la versión de los propios padres de familia, quienes desde un comienzo rechazaron de manera categórica un posible “abandono de hogar”. Simplemente no se les creyó por tratarse de familias humildes. 7. Resulta difícil asimismo comprender cómo, a pesar de haber sido solicitado en dos oportunidades el nombramiento de un ministro en visita, éste no se otorgara, no obstante que tres de las desapariciones se habían producido desde un mismo sector en el mes de junio del año 2000, las que se sumaban a las de otras tres adolescentes que se habían producido los meses anteriores desde el mismo lugar. 8. Que al margen de cualquier error policial, este caso demostró una falta de acceso a la justicia de los sectores más modestos, y lo que resulta más agraviante e inaceptable es la estigmatización y el vejamen que sufrieron los padres de familia en su dignidad, al colocarse en tela de juicio públicamente su aptitud para ejercer la paternidad o la maternidad, por parte de agentes del Estado. Proyecto de acuerdo: Constituir una Comisión investigadora para determinar: 1. Las negligencias policiales que se cometieron en los crímenes de Alto Hospicio. 2. El acceso a la justicia de las personas modestas a partir de los crímenes de Alto Hospicio. 3. La responsabilidad de los agentes del Estado sea que se trate de autoridades policiales, administrativas o políticas al emitir juicios que afectaron gravemente la honra y la dignidad de padres de familia de origen modesto. 4. Proponer mecanismos de reparación a los familiares de las víctimas”. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo Nº 616, de los señores Silva, Krauss, señoras Sciaraffia, doña Antonella; Soto, doña Laura; señores Riveros, Rincón, Montes, Bustos, don Juan, y Salas. “Considerando: 1. Que, el brutal asesinato de siete jóvenes, seis de ellas estudiantes, residentes en Alto Hospicio, provincia de Iquique, ha estremecido la conciencia moral del país, el cual, junto con solidarizar con el dolor de sus padres y parientes, ha exigido un transparente pronunciamiento de la autoridad sobre los procedimientos policiales y judiciales en relación con estos hechos. 2. Que, la Comisión Permanente de Familia de la Corporación se preocupó en su oportunidad y requirió información sobre las pesquisas realizadas, recibiendo de los funcionarios encargados de las investigaciones, antecedentes que han sido desvirtuados por los dramáticos resultados conocidos. 3. Que, la Cámara de Diputados, invariablemente, ha asumido sus funciones institucionales en cuanto a reunir información en situaciones tan graves como la que preocupa, con el objeto de posibilitar encausar responsabilidades políticas, si las hubiere, y sugerir medidas administrativas y/o legales que eviten la ocurrencia de los hechos investigados, sin perjuicio, por cierto, de respetar el curso de los procesos en trámite. 4. Que, en este caso se justifica plenamente encomendar a la Comisión de Familia la investigación de los lamentables hechos de Alto Hospicio, confiriéndole al efecto las facultades que contempla el Título III del Libro Tercero del Reglamento de la Corporación. La honorable Cámara de Diputados acuerda: 1.Expresar a los padres y familiares de las jóvenes Virginia Garay Moena, Angélica Lay Alcayaga, Laura Zola, Macarena Montecinos Iglesias, Macarena Sánchez Jabré, Katherine Arce Rivera y Patricia Palma Valdivia (Q.E.P.D.), vilmente asesinadas en Alto Hospicio, los profundos sentimientos de adhesión y condolencia que a esta Cámara merece el dolor que, justificadamente, les embarga. 2.Encomendar a la Comisión de Familia, a la que se confiere las facultades investigadoras establecidas en el Reglamento de la Corporación, que reúna los antecedentes que acrediten las actuaciones judiciales, procesales y político-administrativas con que se enfrentaron los hechos y emita un informe sobre ellos, proponiendo las medidas de carácter legal y administrativo que correspondan en relación con tales actuaciones, así como sugiera las reparaciones que se estimaren pertinentes en favor de los familiares afectados”. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Consulto a los señores diputados patrocinantes de estos proyectos si sería posible que en un plazo breve, de no más allá de tres minutos, se pusieran de acuerdo para tratar de unificar los dos proyectos en uno, porque, de lo contrario, tendríamos que votarlos por separado, por orden de presentación. Tiene la palabra el diputado señor Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, el ánimo es que la Corporación, en forma unitaria, dé a conocer su actitud frente a lo sucedido. Esta Cámara, foro esencial de la democracia, siempre ha estado presente, y por unanimidad, en esta clase de circunstancias. Aparte de detalles formales, como la expresión de solidaridad frente a lo ocurrido a las familias, existe el mismo propósito, pero en un caso se radica en una Comisión especial que se crea, y en otro que patrocinamos, se encomienda la tarea a la Comisión de Familia. Las razones de nuestro proyecto son, en primer lugar, que se trata de una Comisión permanente ya establecida y, en segundo lugar, porque esa Comisión ya tomó conocimiento de los hechos y requirió la información pertinente. Dicha información es valiosa desde el punto de vista de dejar constancia acerca de la actitud asumida por las instituciones policiales. Los propósitos, repito, son los mismos. La diferencia esencial es que el análisis de los hechos se radica en una Comisión permanente o en una Comisión especial. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, si se analiza el texto, la resolución, en general, es la misma. La diferencia, como señala el diputado Krauss, radica en si la materia debe ser tratada por la Comisión de Familia o por una Comisión especial. Me atrevo a señalar, en forma bastante categórica, que, a mi juicio, este tema ha causado tal impacto a nivel nacional y local que escapa de la competencia de la Comisión de Familia. Por su connotación, el Congreso debería crear una Comisión especial, de carácter independiente, dedicada única y exclusivamente al estudio de este caso. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señores diputados, como existe acuerdo, propongo que se forme una Comisión al respecto. Acordado. A continuación, se votará si dicha Comisión se forma con carácter de especial o si el tema se radica en la Comisión de Familia. ¿Habría acuerdo? Acordado. Entonces, los señores diputados que estén por la constitución de una Comisión especial, votarán afirmativamente; aquellos que estén por que el tema quede radicado en la Comisión de Familia, votarán negativamente. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 1 abstención. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Rechazada la opción de constituir una Comisión especial. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Alvarado, Bartolucci, Bertolino, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Díaz, Espina, García-Huidobro, Leay, Longton, Longueira, Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Orpis, Paya, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Soria, Ulloa, Van Rysselberghe, Vega y Vilches. Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Fossa, Girardi, Huenchumilla, Jarpa, Jeame Barrueto, Krauss, Leal, León, Luksic, Mesías, Mulet, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Andrés), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Valenzuela, Velasco, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Se abstuvo el diputado señor Navarro. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En consecuencia, la Comisión de Familia conocerá de esta materia. Tiene la palabra el diputado señor Krauss para plantear un asunto reglamentario. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, sólo para dejar constancia de que se entienden aprobados los dos proyectos de acuerdo con el matiz acordado. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Así lo ha entendido la Mesa, señor diputado. DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL ACERO NACIONAL. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jeame Barrueto para plantear un asunto reglamentario. El señor JEAME BARRUETO.- Señor Presidente, le ruego recabar la unanimidad de la Sala para tratar sobre Tabla el proyecto de acuerdo Nº 613, referido a una competencia desleal en contra del acero chileno. El tema es urgente y perdería sentido si se dejara pendiente para noviembre. He consultado a los jefes de bancada y todos están de acuerdo en votarlo de inmediato. Incluso, podría ser leído y votado sin discusión. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se dará lectura al citado proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 613, de los diputados señores Jeame Barrueto, Ceroni, Martínez, don Rosauro; Jarpa, Navarro, Lorenzini, Tuma, Rocha, Ortiz y Jaramillo. “Vistos: Lo dispuesto en el artículo 48 Nº 1 de la Constitución Política de la República y en el Reglamento de la honorable Cámara. Considerando: 1º Que el modelo de desarrollo económico del país se funda en la libertad de mercado, con la finalidad de proteger la iniciativa privada y la competencia leal entre los actores económicos, la que se entiende referida tanto a los agentes internos como externos, debido a la apertura comercial de nuestro país que adhiere a los principios del libre comercio. 2º Que la industria del acero de nuestro país se encuentra en una muy delicada situación fruto de la competencia desleal proveniente de países productores de acero, que han puesto a la venta excedentes de producción a precios depredatorios para sus competidores, entre los que se cuentan Rusia, Ucrania, Turquía, Bulgaria, Corea del Sur, Brasil y Argentina. 3º Que la situación antes señalada se ha debido en parte a la baja en la demanda internacional del producto derivada en un primer momento por la crisis de las economías asiáticas y luego por la desaceleración de las principales economías del globo, cuyos complejos fabriles demandan cada vez menos acero. 4º Que pese a los esfuerzos realizados por nuestras empresas del acero, tanto la usina Huachipato, que en los últimos años invirtió 700 millones de dólares para la mejora de sus procesos productivos, y los permanentes esfuerzos de sus trabajadores, se ha producido una fuerte merma de las ventas, una baja de los precios y, lo que es peor, una creciente compra de acero que llega de países de Asia Central a precios que no representan siquiera los costos de producción del metal. 5º Que Huachipato, la principal usina nacional, y una de las mayores del Cono Sur de América, ve amenazada su viabilidad futura fruto de estas irregularidades, que constituyen sendos atentados a la normativa internacional, especialmente al Tratado Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio, que expresamente prohíbe las transacciones efectuadas a valor costo, por considerarlas prácticas comerciales desleales que causan daño al mercado internacional de bienes y servicios. 6º Que es el deber del Estado, emplear todos los dispositivos jurídicos para hacer frente a estas amenazas a la industria nacional, más aún en tiempos de crisis económica como los que vive el país, en que hay que amparar el empleo de nuestros compatriotas: esto es especialmente relevante cuando los empleos generados por Huachipato son 2.800 contratados y cerca de 1.500 indirectos, y la región sufre aún las consecuencias de la crisis de la industria pesquera. 7º Que se hace necesario en consecuencia, por una parte, obtener una rápida acción de la Comisión de Distorsiones, con la finalidad de obtener salvaguardas y sin perjuicio de ello, lograr, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, establecer derechos compensatorios, paraarancelarios, con la finalidad de reponer la igualdad de condiciones de la competencia entre el acero nacional y el extranjero, como está sucediendo hoy en día con el azúcar, para proteger a la industria remolachera nacional, de la competencia desleal. 8º Que asimismo, es menester, revisar a fondo nuestra legislación de protección y promoción de la libre competencia tanto en el mercado nacional como internacional, para lo cual, urge que el Supremo Gobierno, envíe a trámite legislativo las iniciativas legales, que hace ya tiempo se encuentra analizando en los servicios técnicos concernientes, particularmente el tribunal de la libre competencia. 9ºQue es necesario dejar constancia del hecho de que ya muchos países se han visto en la obligación de emplear sus instituciones de defensa del libre comercio para proteger a sus industrias nacionales afectadas por la competencia desleal. Así por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela y Perú, entre varios otros, ya han fijado derechos compensatorios, para corregir las alteraciones anormales e ilegítimas del acero que llega sus países. Por lo tanto, Los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de acuerdo: La Cámara de Diputados acuerda, solicitar a su Excelencia el Presidente de la República lo siguiente: a) Que si lo tiene a bien, se sirva disponer a sus representantes en la Comisión de Distorsiones la aceleración de las actuaciones de este organismo técnico con la finalidad de determinar la existencia de competencia desleal para el acero nacional y se tomen las medidas de resguardo que establece nuestra legislación, estableciendo una sobretasa arancelaria. b) Que si lo estima conveniente someta a consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley de perfeccionamiento de la libre competencia en el mercado nacional e internacional y la creación del Tribunal de la Libre Competencia. c) Que si lo cree oportuno, envíe a trámite parlamentario un proyecto de ley para establecer derechos compensatorios para el acero extranjero que ingresa al país, a precios inferiores a su valor comercial en el mercado internacional”. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad? No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a repetir la votación. En votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobado. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló, Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Espina, Fossa, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, León, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Mulet, Navarro, Núñez, Orpis, Ortiz, Reyes, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Velasco, Vilches, Villouta y Walker (don Ignacio). EXTENSIÓN DE ASIGNACIÓN ESPECIAL A DOCENTES DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS RURALES. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 608, de los señores Martínez, don Rosauro; Gutiérrez, Saa, doña María Antonieta; Hales, Caminondo, Correa, Galilea, don Pablo; Velasco, Soto, doña Laura, y Guzmán, doña Pía. “Considerando: 1. Que la ley Nº 19.715, publicada el 31 de enero de 2001, estableció un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación. 2. Que el citado cuerpo legal, en su artículo 13, estableció una bonificación especial para los profesores encargados de los establecimientos educacionales rurales, consistente en un monto total de $ 26.079, para la jornada de 44 hrs. y proporcionalmente cuando la cantidad de horas sea menor, a partir del 1 de febrero del año 2001, y de $ 56.531, desde el 1 de febrero de 2002. 3. Que dicho beneficio, si bien responde a la necesidad de reconocer a través de un estímulo económico, la función que realiza el profesional de la educación en un medio complejo, en la práctica establece una suerte de discriminación respecto de aquellos docentes que cumplen funciones de director en el mismo sector. 4. Que la responsabilidad del profesor encargado y del director rural es la misma, aun cuando la magnitud puede ser diferente, producto de las características particulares de ellas: ambos, profesores encargados y directores rurales están llamados a contribuir en una educación de calidad y pertinente al sector. 5. Que la escuela o el liceo rural, más allá de la función educativa particular que le compete, ejerce una acción de impacto social, pues ella es la llamada a acoger y satisfacer las demandas socioculturales de la población donde se emplaza. 6. Que si bien los directores tienen, de acuerdo a la ley Nº 19.070 una asignación de responsabilidad directiva que puede llegar al 20% de la remuneración mínima básica nacional, en la práctica no la obtienen, pues por razones jerárquicas ésta sólo la posee la superioridad del servicio. 7. Que un importante número de directores rurales tienen una carga horaria directiva de sólo 14 horas, pues las 30 horas restantes son docencia de aula, y como tal por tener esa categoría quedan excluidos de la bonificación. 8. Que la aplicación práctica de la norma establecida en la ley Nº 19.715, genera diferencias y en no pocos casos produce el absurdo que un profesor encargado supere a un director de establecimiento. 9. Que el objetivo de toda norma legal es otorgar igual tratamiento a funciones similares. Por lo tanto, la Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, envíe un proyecto de ley que modifique el art. 13 de la ley Nº 19.715, a objeto de incorporar como beneficiarios de la asignación especial de remuneraciones para los profesores encargados de escuelas rurales a los profesionales de la educación que cumplen funciones de director de establecimientos rurales, en un monto similar al establecido en dicha ley”. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, no hay duda de que toda norma jurídica tiene como objeto proteger los derechos de los trabajadores, actuar con equidad y ser un evidente estímulo para quienes desempeñan una función determinada. En la práctica, no siempre se dan estas condiciones, no por la acción intencionada de alguna persona en particular, sino por la dinámica propia de la población a la cual se dirige, situación que no siempre se considera en plenitud. Es precisamente lo que aquí ha pasado con la aplicación de la ley Nº 19.715, publicada en enero de 2001, que estableció un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación dentro de un abanico amplio de materias que incluye. El punto central, como se establece en los considerandos del proyecto de acuerdo, radica en la bonificación especial para los profesores encargados de establecimientos rurales, establecida en el artículo 13, consistente en un monto de 26.079 pesos para la jornada de 44 horas y, proporcionalmente, cuando la cantidad de horas sea menor, a partir del 1 de febrero de 2001, y de 56.531 pesos desde el 1 de febrero de 2002. Conscientes de que dicho beneficio, si bien responde a la necesidad de reconocer, a través de un estímulo económico, la función que realiza el profesional de la educación en un medio complejo, en la práctica establece una suerte de discriminación respecto de aquellos docentes que cumplen funciones de director en el mismo establecimiento, a tal punto que no en pocos casos se puede producir el absurdo de que, por aplicación de esta norma, un profesional que tenga la categoría de profesor encargado llegue a superar, económicamente, a quienes tienen la calidad jurídica de director del establecimiento. Esto, porque la norma establece taxativamente que la bonificación es para los profesores encargados, quienes para mayor ilustración son todos los profesionales de la educación que, como docentes de aula ésta es su condición, pues la figura de profesor encargado no la reconoce el Estatuto Docente, situación en que se funda otro proyecto de acuerdo presentado, tienen a su cargo o son responsables de la administración de establecimientos generalmente uni, bi y tridocentes, de poca matrícula y, en forma preferente, aunque no exclusivamente, emplazados en el sector rural. Ellos, dentro de las 44 horas que tienen de nombramiento, dedican 14 horas a esta labor de tipo administrativo, generalmente, pues las 30 restantes son para docencia, es decir, para hacer clases que, como todos sabemos, corresponden a las horas del plan de estudios. En realidad, no es exclusiva de esos profesionales, sino también de quienes tienen la categoría de director. Después del traspaso, muchas municipalidades contrataron, en esa época de régimen privado y Código del Trabajo, a profesores como directores, aun en escuelas pequeñas y de las mismas condiciones que las dirigidas por los profesores encargados. Posteriormente se promulgó la ley Nº 19.070, Estatuto Docente, y quedaron encasillados como tales, pero con un significativo porcentaje de 14 horas de dirección y 30 de docencia, es decir, en igualdad de condiciones que los encargados, pero con la diferencia de que esas 14 horas como directores los deja excluidos de este beneficio. Llamo a mis colegas a aprobar la idea de solicitar del Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que incorpore a los directores rurales a ese beneficio, justo y necesario. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Hago presente que han finalizado los veinte minutos que establece en el Reglamento para el estudio de los proyectos de acuerdo, de manera que queda pendiente para la próxima sesión la oportunidad de que algún diputado hable en contra del proyecto y, además, su votación. En atención a que la próxima sesión comienza dentro de 40 minutos, pido a la Sala el acuerdo unánime para suspender la hora de Incidentes. No hay acuerdo. VII. INCIDENTES CREACIÓN DE UNIDAD ENCARGADA DE DENUNCIAS DE PERSONAS PERDIDAS EN CARABINEROS DE CHILE. Oficio. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- En primer lugar, quiero entregar un saludo a todos los maestros de Chile, quienes celebran hoy su día. Quiero felicitarlos por la labor que cumplen y decirles que estamos constantemente preocupados de alcanzar las metas que permitan dignificar y poner en alto nivel la profesión docente. En segundo lugar, a raíz de los hechos de Alto Hospicio, la semana pasada pedí que en Carabineros se formara una unidad especializada encargada de llevar un registro de denuncias de personas desaparecidas, por presunta desgracia. En 1999, se reportaron siete mil personas perdidas, de las cuales 3.600 eran adolescentes de entre 14 y 16 años. De esos casos, Carabineros solucionó 567. Del resto nada se sabe. Carabineros presume que un alto número de personas cuya desaparición por presunta desgracia se denuncia regresan a sus hogares; pero sus familiares no dan cuenta de ello ni tampoco Carabineros sigue esos casos, de manera de contar con información clara. Por lo tanto, tenemos cifras negras. No sabemos exactamente cuál es el número de personas perdidas por año ni qué ha pasado con ellas. Por lo tanto, he pedido que en Carabineros, por la extensión nacional de su labor, se cree la unidad de personas desaparecidas, que lleve cifras exactas sobre quiénes han vuelto a sus hogares, quiénes no lo han hecho y cuáles son los casos solucionados por la policía, con el objeto de tener una estadística clara al respecto. El doloroso caso de Alto Hospicio nos ha remecido a todos. En relación con él, entre las hipótesis policiales se presume también tráfico internacional de comercio sexual de niños y de adolescentes. Al parecer, dicho tráfico existe. La organización gubernamental Raíces ha hecho una investigación sobre el particular, por cuanto en nuestro país se dan todas las condiciones para efectuar ese tráfico. Por eso pido al Ministerio de Justicia, que ha avanzado algo en este tema, que realice más investigaciones acerca de sus características y tome contacto con otros países, porque, a pesar de que se ha desbaratado sólo una red, es posible que en Chile funcionen otras. Aquí hay tráfico de comercio sexual de niños, tráfico por adopciones y tráfico laboral de adolescentes. Diputadas bolivianas investigaron sobre el tráfico laboral y descubrieron que niños de ese país habían sido llevados a Argentina. Aquí, en Chile, descubrimos que cuatro niñas bolivianas estaban siendo obligadas a trabajar para una familia también boliviana, en nuestro territorio. Entonces, es necesario que estos temas emergentes, a los cuales nuestro país no está ajeno, se investiguen y se pueda tener un marco para realizar las investigaciones policiales. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los diputados que han alzado la mano y respecto de los cuales Secretaría toma debida nota. HOMENAJE A LOS PROFESORES DE CHILE CON MOTIVO DE CELEBRARSE SU DÍA. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hoy, nobles ciudadanos, los profesores, en su actividad de docencia, reciben el reconocimiento de quienes habitamos esta tierra. Su función social de formar personas y entregar conocimientos y valores es la más antigua que se conoce por las civilizaciones de nuestro planeta y por quienes lo habitamos. En este mundo lleno de preocupaciones, de problemas, egoísmos y envidias existe algo que se llama maestría, la cual no es otra cosa que entregar conocimientos. Por ello, rindo un homenaje de cariño y aprecio, en lo más profundo de mis sentimientos, a aquellas señoras y señores diputados que tienen el título de profesor normalista, básico, medio o universitario. Tengan ellos mi respeto, mi cariño y el homenaje de este humilde diputado del sur de Chile. (Aplausos). Hoy, 16 de octubre, cuando en todas las escuelas, colegios y liceos de Chile se detienen las actividades curriculares hasta en los lugares más rurales y extremos con modestia se celebra a los maestros y maestras, como José Miguel Ortiz y otra personita que con tanto cariño va conmigo toda mi vida: mi esposa, mi querida María Angélica Astudillo Mautz. (Aplausos). Este diputado siente especial complacencia, en lo más íntimo de su ser, al referirse al Día del Maestro y destacar en ellos su aporte diario al país. Estimados colegas, siempre en nuestros recuerdos de la niñez y juventud tenemos en la memoria a uno o varios de nuestras maestras y maestros, quienes muchas veces con su palabra y acción pedagógica despertaron intereses y sembraron la semilla de la vocación profesional o el gusto por el disfrute de las artes y las letras que algunos continuamos y seguimos. Como representante de un distrito en donde existe gran cantidad de profesores rurales, no puedo dejar de mencionarlos con especial cariño. Al maestro que muchas veces solo, alejado de su familia, enseña en medio de los rigores del clima de la montaña o de la densidad del bosque siempre verde al sur del país, lo veo siempre como un actor esencial en las pequeñas comunidades rurales donde se encuentran asentados. Es la autoridad de aquel lugar cordillerano, en el cual se hace soberanía. Rindo homenaje a las maestras y maestros, a esos cientos de hombres y mujeres que, cotidianamente, luchan en contra de la marginación y en favor de la igualdad de oportunidades para los jóvenes y niños de Chile, y que estimulan a sus alumnos cuando detectan inquietudes, aptitudes, habilidades o talentos. Consecuentemente, rindo homenaje a los honorables colegas que aquí, en el Congreso, con orgullo como decía hace un momento tienen el honor de ser profesionales de la educación. En esta breve intervención y con su venia, señor Presidente, me quiero extender un poquito más... El señor NAVARRO.- El Partido Socialista le cede dos minutos. El señor JARAMILLO.- Cuando uno tiene que mencionar situaciones tan íntimas en este templo de la democracia, agradezco al Partido Socialista, en la persona de don Alejandro Navarro, esos minutos que me ha otorgado para referirme, en breve, a quienes y a usted, señor Presidente nos dieron educación. No puedo dejar de señalar a esa gran mujer y docente de mi tierra, a doña María Angélica Astudillo Mautz directora de la Escuela de Cultura y Difusión Artística de La Unión, ciudad donde ambos nacimos, a quien sus entrañables alumnos y sus queridos colegas la homenajean por cumplir 40 años de entrega permanente a la función docente. No podía dejar de saludar a esa compañera de mi vida. Mis responsabilidades parlamentarias me impidieron acompañarla en ese merecido homenaje. La he admirado por su vocación como profesional durante toda una vida. Le doy las gracias, emocionado, por haber sido y ser mi mejor compañera, madre y ahora cariñosa abuela. Hombres adultos y de bien, y sobre todo tantas generaciones que ella educó, una vez más, hoy le expresan su gran afecto. Por eso, esposa mía, en este hemiciclo de la democracia, me permito decirte: “Gracias por tu vida dedicada a la educación; gracias por haberme acompañado y haberme comprendido, a pesar de tantas dificultades que la vida también nos trajo”. He dicho. Aplausos. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Haremos llegar a su esposa el discurso tan emotivo que ha pronunciado en el día de hoy, con la adhesión de todos los parlamentarios que se encuentran presentes. El señor JARAMILLO.- Agradezco en lo que vale su actitud, señor Presidente. FISCALIZACIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CONTRATOS CON EMPRESAS DE TELEFONÍA RURAL. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero solicitar a la Contraloría General de la República copia del discurso que pronunció el contralor general con motivo del 29º aniversario de dicha entidad en Valparaíso. Él ha señalado que la Contraloría debe no sólo verificar el cumplimiento de las reglas atingentes a la competencia y formalidades de los entes públicos, sino también auditar el correcto y efectivo empleo de los recursos y el buen funcionamiento de cada servicio. En la misma intervención el contralor señaló que nadie puede discutir que la eficiencia ha de ser fiscalizada por la Administración. Eso es cierto, pero agregó que a la Contraloría también le corresponde fiscalizarla porque nada se lograría si los recursos se emplean aunque ajustados al Presupuesto con ineficiencia absoluta, con dispendio grosero y con manifiestas negligencias en el cumplimiento de los objetivos que encomienda la ley. Por ello, solicito a la Contraloría General que evalúe el cumplimiento de los contratos que el Ministerio de Obras Públicas y la Subsecretaría de Telecomunicaciones mantienen con las empresas que prestan telefonía rural, porque son muchas las denuncias sobre el mal funcionamiento de los aparatos. Antes tenían teléfonos que funcionaban con monedas; hoy tienen teléfonos que se quedan con ellas. Al respecto, pido que nos informe sobre el costo, las bases de la calificación de los contratos, el porqué del retraso en la implementación de los mismos, las multas cursadas, los contratos, calificación de las empresas y particularmente todo aquello que diga relación con el reglamento y que proteja a los usuarios rurales. En la actualidad, los teléfonos rurales, que fueron un gran avance, con la política que existe hoy en la materia, presentan severas deficiencias; por ejemplo, en las escuelas rurales de Talcamávida y Unihue, comuna de Hualqui, aquellas no pueden conectarse a la red de enlace. Es decir, hay computadores y modernidad, pero no teléfonos, y los que existen no sirven. Al respecto, solicito una investigación acabada de cómo han funcionado los contratos y por qué estas deficiencias no se han superado a pesar de los numerosos oficios que muchos parlamentarios hemos enviado reiteradamente para que este servicio se mejore. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que han alzado la mano y respecto de los cuales la Mesa toma debida nota. HOMENAJE A LOS PROFESORES EN SU DÍA. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada y profesora señora María Rozas. La señora ROZAS (doña María).- Señor Presidente, le agradezco que haya mencionado mi profesión, porque hoy la mayoría de las bancadas espero que todas se han sumado a la celebración del Día del Maestro. No cabe duda de que hoy todos ensalzan la profesión de maestro. Hoy todos recuerdan a esa gran profesora llamada Gabriela Mistral, cuya vida y obra constituyó una señal orientadora sobre la labor y el papel que debían jugar los maestros en Chile. Quiero aprovechar también esta ocasión para encomiar a los maestros no sólo en su condición de tales, sino también de ciudadanos libres. Hace pocos días, el Colegio de Profesores llevó a cabo su proceso eleccionario. Se demostró, una vez más, que los maestros también son capaces de realizar sus actividades gremiales, y que en su seno todos tienen cabida, independientemente del partido político al cual pertenezcan, porque el objetivo es el mismo: defender la dignidad de la docencia. Felicito a las tres primeras mayorías: al presidente en ejercicio, nuevamente reelecto, señor Jorge Pavez, por su primera mayoría; a Verónica Monsalve, gran dirigenta, quien lo reconozco aunque nos encontramos en posiciones políticas distintas, ha jugado un papel importante en el gremio; además, quiero saludar a don Pedro Chulak, maestro de tremenda trayectoria, quien, a pesar de su salud quebrantada, ha sabido defender a los profesores. Hablo de esto porque hay 135 mil maestros en el país. Hoy día todos les rinden homenajes, les brindan comidas y les dan el día libre. Pero ¿qué pasa en los otros 364 días? A eso me quiero referir. Hoy hemos visto, en los medios de comunicación, a profesores que por primera vez aparecen públicamente golpeados, humillados e insultados por padres, apoderados y alumnos que no reconocen la función educadora de este servidor público, hechos que todos miramos con sorpresa. Hace seis u ocho años en la Cámara de Diputados se discutió el Estatuto Docente. A muchos parlamentarios les costó entender el porqué de la asignación por desempeño en zonas difíciles. Es una asignación que se paga a los profesores que laboran en lugares de difícil acceso y de entorno peligroso, toda vez que muchas veces deben salir acompañados de carabineros debido a las dificultades que se les presentan en ellos. Tal fundamento no se entendió en esa oportunidad, porque muchas veces los profesores, por mantener su dignidad, no dicen públicamente las situaciones de atropellos permanentes que viven y la forma en que son tratados. Muchas veces se piensa que los docentes se juntan sólo para pedir más plata porque nunca estarían satisfechos. Si tradujéramos en hechos todos los homenajes que la comunidad nacional y la Cámara de Diputados le han rendido al magisterio, nos daríamos cuenta de que la comunidad sigue estando en deuda con él. El mejor regalo que podemos hacer a los maestros hoy día es decirles que no solamente respetamos el trabajo que están realizando, sino que también lo valoramos durante los 365 días del año. Además, quiero anunciar que, en la próxima semana, junto con los diputados señores Juan Ramón Núñez, Sergio Velasco y quienes nos están colaborando desde el punto de vista legal los diputados señores Elgueta y Krauss, presentaremos un proyecto de ley para sancionar drásticamente a quienes golpeen en forma ignominiosa a los profesores en su lugar de trabajo, pues es necesario buscar un mecanismo para proteger al gremio de 135 mil profesores. El mejor homenaje que le podemos rendir a los profesores es protegerlos a fin de que sigan surgiendo nuevas Gabrielas Mistrales, Marías Espinozas, Carlos Contreras, profesores de distintos lugares del país que desarrollan anónimamente su trabajo. Hago propicia la ocasión para saludar especialmente a los numerosos profesores de Renca, Huechuraba y Conchalí, quienes, aunque no aparecen en los diarios, son objeto de homenaje en este día, pero de golpizas y de insolencias de parte de mucha gente que no quiere entender la importancia del profesor en la construcción de una sociedad civil y democrática, como es la que necesita este país. Envío mis felicitaciones a todos mis colegas maestros. Espero que estos discursos se traduzcan en una votación favorable al proyecto mencionado, que no hace otra cosa que proteger la dignidad del maestro en Chile. Felicito a los profesores, en particular a los dirigentes del Colegio de Profesores, quienes, adicionalmente, contribuyen con una cuota extraordinaria para dignificar esta profesión. He dicho. Aplausos. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Sugiero a su Señoría enviar su intervención, que ha sido maravillosa, al Colegio de Profesores, a fin de que se haga llegar a los profesores de Renca, Conchalí y Huechuraba, con la adhesión de los honorables diputados que han alzado la mano y respecto de los cuales se toma debida nota. ACTUACIÓN DE CARABINEROS E INVESTIGACIONES EN CASO DE HOMICIDIOS EN ALTO HOSPICIO. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, en primer lugar, me adhiero al homenaje que mis colegas parlamentarios han rendido al magisterio con motivo de celebrarse el Día del Profesor. En la Cámara, tenemos a varios honorables colegas profesores; entre otros, a la camarada señora María Rozas, a quien aprovecho de felicitar por su calidad de profesora, y también al colega señor Sergio Velasco, presente en la Sala. La Cámara de Diputados hoy día se ha preocupado del caso de Alto Hospicio que todavía conmociona al país, a raíz del esclarecimiento de los asesinatos de seis jóvenes y de la situación derivada del mismo. Se aprobó un proyecto de acuerdo muy importante, a fin de que la Comisión de Familia, con facultades de investigadora, analice la situación. Quiero decir que me parece gravísimo que quienes estuvieron a cargo de la investigación, como colaboradores de los tribunales de justicia en este caso la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, hayan entregado antecedentes a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que obran en mi poder, y que, de alguna manera, han errado tanto el camino. Y no sólo eso, sino también lo es el hecho de haber formulado afirmaciones extremadamente graves y que no cuentan con la sustentación que debieran haber tenido. Creo derechamente que se ha incurrido en discriminación contra gente de menores recursos de nuestro país. Ella es reflejo de un problema que afecta no sólo la actuación de las policías, sino también de otros organismos de la sociedad. En efecto, por provenir de familias modestas o de estratos socioeconómicos bajos, esas jovencitas, indudablemente, fueron discriminadas. Si se hubiera tratado de gente con poder o con recursos económicos, la actuación de las policías, sin duda alguna, habría sido distinta. Si se hubiera tratado de hombres, también lo habría sido. En el caso del homicidio del niño Zamorano Jones, hubo toda una movilización de las policías. En el caso de Cristián Edwards, también la hubo, a nivel nacional. Esta gente de escasos recursos no tuvo ese apoyo. Y hay que reconocerlo. Incluso hay discriminación desde la perspectiva del género. Si hubieran sido hombres de 14 ó 15 años, también habría habido una movilización mayor. Pero por tratarse de mujeres, se hicieron afirmaciones que no correspondieron en absoluto a la realidad. Lo que más me preocupa es quiénes y cómo hicieron esas afirmaciones. La diputada Antonella Sciaraffia, presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara, el año 2000 solicitó información del caso a Carabineros y a Investigaciones. Voy a dar lectura a parte de los oficios remitidos por Carabineros, por orden y encargo del general director, señor Manuel Ugarte. En su parte pertinente señala: “Obedecería a decisiones personales y voluntarias de abandonar el hogar, motivadas principalmente por situaciones anteriores de violencia intrafamiliar, promiscuidad y extrema pobreza, conclusión que se fundamenta en los numerosos antecedentes proporcionados por amigos, vecinos y compañeros de colegio”. Eso es lo que afirma en su parte pertinente el oficio de Carabineros de Chile, de 5 de septiembre de 2000. Por su parte, el director general de Investigaciones remite un oficio elaborado por la Primera Zona de la Policía, en el cual se hacen afirmaciones del mismo tenor, a las cuales también voy a dar lectura. Respecto de una menor, “Causa posible: Se presume que hizo abandono de su hogar por tener problemas de convivencia con su padre, siendo éste aprensivo con ella y restrictivo con permisos para salir fuera del hogar. “Se estableció en la investigación que la menor era adicta a la pasta base y eventualmente se prostituía por dinero en las calles de esta ciudad”. Afirmación hecha por el jefe de la policía. Respecto de otra menor, “Causa posible: Se presume que hizo abandono del hogar por problemas de índole familiar. Anteriormente había permanecido por ocho meses fuera de su casa durante el año 1999, luego de quedar embarazada de su pololo y sufrir un aborto prematuro. “Además, su madre la hacía pedir dinero en el sector donde residía”. Respecto de otra estudiante, “Causa posible: Se presume que hizo abandono de su hogar por tener problemas de convivencia con su padrastro, quien habría intentado abusar sexualmente de ella”. Respecto de una cuarta menor no he omitido ninguna, “Causa posible: Se presume que la menor tenía problemas de convivencia con su abuela y había manifestado la intención de abandonar el domicilio”. Una quinta, “Causa posible: Se presume que la menor hizo abandono de su hogar por sufrir violencia intrafamiliar, debido a que el conviviente de su madre le daba malos tratos y había intentado abusar sexualmente de ella”. Respecto de la última informan de seis personas en aquella época, “Causa posible: Se presume de las declaraciones que la menor tenía problemas de violencia intrafamiliar al tener mala relación de convivencia con la pareja de su padre.”, es decir, con su madrastra. Esas conclusiones, respecto de seis casos analizados, se formularon con absoluta liviandad y no tenían, por lo demás, ninguna relación con lo ocurrido en realidad. Las policías, que son los brazos de los tribunales de justicia para actuar, sin duda se equivocaron rotundamente. Creo ésta es una opinión personal que los altos mandos deberían asumir su responsabilidad. El director general de la Policía de Investigaciones debería presentar su renuncia, y también el general director de Carabineros debería poner su cargo a disposición del Presidente de la República, y, de esa manera, dar la cara al país. He dicho. REVISIÓN DE MEDIDA DE CAMBIOS DE HORA. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss. El señor KRAUSS.- Señor Presidente, a las cero horas del domingo pasado se cumplió una vez más la liturgia del cambio de hora. En este caso no se trata de una liturgia sustentada en razones teológicas, sino simplemente en circunstancias de hecho, que ocurrían en la década del 60, alrededor de 1967, cuando la falta de recursos hídricos determinó que se adelantara la hora con el objeto de obtener mejor aprovechamiento de la energía eléctrica y de la fuente solar. No existe apreciación, al menos que yo conozca, acerca de la conveniencia actual de mantener el cambio de hora en marzo y octubre de cada año; por el contrario, tengo antecedentes de que dicha medida surte efectos negativos en el ciclo biológico de las personas y, consecuente con ello, un desmedro en su calidad de vida. Pareciera que la simple inercia ha significado que esta situación, justificada en su momento, se haya mantenido e incluso normado con distintos decretos el actual es el Nº 1.489, de 6 de octubre de 1970, dictado por el Ministerio del Interior. Sin embargo, no sólo consideraciones de carácter personal o supuestamente médico enfatizan lo negativo de esta medida; también hay consideraciones de carácter económico. Estamos realizando un esfuerzo razonable, entendible, por lograr la integración con nuestros países limítrofes. Pero ocurre que con todos ellos mantenemos disparidad horaria; y cuando existen zonas en que la integración física es absolutamente palmaria, como ocurre en la Primera Región, sucede que en la actualidad tenemos una diferencia de dos horas con Perú y una hora con Bolivia. En consecuencia, cuando se habla de verificar y fomentar procedimientos comerciales y acercamientos turísticos, es muy difícil lograrlo con esa diferencia. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Europa continental; tampoco, en general, en Estados Unidos, salvo en lugares donde hay diferencias tremendamente marcadas, como ocurre con la zona de California y Los Ángeles. Por eso, creo necesaria una revisión seria de la situación; no se trata simplemente de aplicar la normativa reglamentaria en forma automática o de considerar los argumentos que a veces aparecen como hoy se anuncia en las cartas al director en algunos matutinos santiaguinos, sino de realizar un estudio serio y tomar en cuenta los fundamentos de carácter económico, desde el punto de vista de la integración, que parecen ser absolutamente razonables. ¿Cómo es posible que no podamos entendernos de una vez por todas, al menos en cuestiones de horario, con nuestros vecinos más inmediatos? Solicito que se oficie al ministro del Interior transmitiéndole mis observaciones. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo solicitan. INCLUSIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA EN SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco. El señor VELASCO.- Señor Presidente, hoy 16 de octubre, Día del Profesor, deseo mencionar la modificación de la Constitución Política de la República para incluir en el sistema de educación pública a la educación parvularia, y la modificación a la ley orgánica constitucional de Enseñanza para reconocer la educación parvularia como parte integral de la educación. Las palabras de la diputada señora María Rozas y del diputado señor Enrique Krauss, quienes participaron en la tramitación de esa iniciativa, fueron hermosas. Quiero también compartir la aseveración de la diputada señora María Rozas, profesora y legisladora, de que el proyecto de ley que defiende a los profesores de las agresiones, contará con el respaldo del Congreso Nacional. Hoy tenemos educación parvularia como parte integral de la educación chilena. A ella también le hago extensivas mis felicitaciones. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará su saludo a las parvularias, a través del Colegio de Profesores, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. Ha terminado el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana. DESIGNACIÓN DE MINISTRO EN VISITA POR DESAPARECIMIENTO DE MENOR. INFORMACIONES DE PRENSA SOBRE HECHOS DE ESTA NATURALEZA. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, con ocasión de haberse cumplido cuarenta días del desaparecimiento del niño Nicolás Muñoz Vargas, solicito al señor presidente de la Corte Suprema petición que comparten sus padres y el alcalde de Cerrillos, la designación de un ministro en visita para que investigue el caso. Fundamento mi petición en dos razones: primero, es indudable que el hecho ha causado alarma pública y, segundo, es urgente y necesario hacer una evaluación profunda de estos casos, que se están repitiendo con mucha frecuencia, a fin de buscar soluciones rápidas y eficientes que impidan un eventual tráfico de niños. No basta una orden simple o amplia de investigar, sino que se requiere un ministro de corte que se avoque el caso y, dada la magnitud de hechos similares, establecer normas claras y eficientes para evitar que éstos se repitan. En consecuencia, solicito oficiar al ministro del Interior en tal sentido. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, sobre el tema, pido oficiar al ministro del Interior a fin de que patrocine un proyecto de ley que establezca la obligatoriedad de los medios de prensa y de televisión, pagados por el Estado, de publicar toda la información y perfil de los niños desaparecidos en nuestro país durante un lapso determinado, a lo menos de treinta días y con una frecuencia mínima de cada tres días, con lo cual se prestará un importante servicio a la comunidad y a los desesperados padres, que podrán encontrarse nuevamente con sus hijos. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican. ADECUACIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE TARIFAS ELÉCTRICAS. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito enviar un saludo a los profesores, de todos los niveles, de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el saludo solicitado por su Señoría. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, el diputado señor Krauss se refirió a los inconvenientes que produce el cambio de hora. Desgraciadamente en Chile el tema tarifario de las empresas eléctricas se encuentra mal regulado, lo que incluso ha impedido hacer inversión en los últimos años Por tanto, es preciso perfeccionar la legislación para incrementar las inversiones en el sector eléctrico; de lo contrario, tendremos que seguir soportando los cambios de hora, además de otros que deberán hacerse. He dicho. INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL EN REGULACIÓN DEL PRECIO DEL DÓLAR. Oficios. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito oficiar al Ministerio de Hacienda y al Banco Central, que es independiente, a fin de que actúen con prudencia y no gasten las reservas acumuladas para defender el valor del peso. El dólar sube o baja según las circunstancias de otras economías y realidades, situación que excede nuestra capacidad de regulación. Para la Décima Región es muy importante que el dólar se mantenga en un precio alto, aun cuando un valor excesivo también tiene desventajas. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. APOYO A CODELCO-CHILE POR ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, quiero expresar mi apoyo a la Corporación del Cobre, Codelco-Chile, por la decisión de participar en la compra del consorcio minero La Disputada de Las Condes. Luego de conocer los antecedentes proporcionados por el vicepresidente ejecutivo don Juan Villarzú, quiero entregar públicamente mi apoyo, ya que La Disputada de Las Condes y Andina prácticamente forman un solo yacimiento, lo cual traerá consigo un ahorro significativo en la explotación de sus reservas. La inversión de Codelco-Chile está centrada en la posibilidad de crecimiento del patrimonio de reservas que debe tener una empresa minera, sobre todo ésta, que es la productora de cobre número uno del mundo. La gestión merece el apoyo de los señores parlamentarios, porque permite una negociación con la transnacional Exxon Mobil Corporation, para la eventual adquisición de la compañía minera Disputada de Las Condes. Este hecho apunta en la dirección correcta, porque posiciona al consorcio estatal cuprero como líder mundial en minería, lo que es muy trascendente, ya que en una perspectiva de mediano y largo plazo el consumo de cobre seguirá expandiéndose, y a partir del próximo año se espera una recuperación en su precio. No existe ninguna empresa en Chile que le entregue tal cantidad de recursos al Estado, cuando los precios en los mercados internacionales están en un nivel normal o superior. Las dificultades surgen como ocurre actualmente cuando el precio del cobre está en sus niveles más bajos y su excedente no supera los 500 millones de dólares. De todas maneras, aporta una gran suma al Estado chileno. En este mismo sentido, quiero traer a esta Cámara una información relacionada con una de las cinco Divisiones de Codelco-Chile, El Salvador, que tiene la ley de cabeza de mineral más baja y, por ello, el costo más alto en producción de cobre. El precio alcanzado por el cobre la semana pasada, de 63 centavos de dólar la libra, aumenta el riesgo de paralizar las faenas de El Salvador. Sin embargo, existe la confirmación y la garantía por parte de los ejecutivos de Codelco-Chile, específicamente del vicepresidente don Juan Villarzú, de que eso no ocurrirá, sino que tratarán de avanzar y desarrollarse normalmente para esperar un mejor precio en el segundo semestre de 2002. Aprovecho la oportunidad para decirle a los trabajadores de Codelco-Chile, a sus familiares y a los contratistas, que suman más de 4 mil, y a los más de 16 mil que dependen de esta actividad quienes están siguiendo esta sesión por televisión, que deben estar tranquilos porque habrá continuidad en las labores de la División El Salvador. Agradezco públicamente al vicepresidente de Codelco-Chile la decisión tomada por sus ejecutivos a fin de evitar la paralización y esperar un mejor precio en los mercados internacionales. Por tanto, solicito oficiar al ministro de Economía, Minería y Energía, adjuntando el texto de mi intervención; asimismo, a los sindicatos de la División El Salvador de Codelco-Chile. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. CONTINUACIÓN DE OBRAS VIALES EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vega. El señor VEGA.- Señor Presidente, el año pasado se inició la pavimentación del camino costero entre Pelluhue y Curanipe, lo que da trabajo a doscientas personas de la zona, pero las obras se han paralizado durante todo el invierno. No hay continuidad en este trabajo, lo cual incrementa la cesantía que ya existe en el país. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para saber qué sucede: si se continuará o no con las obras y si se hará con pago diferido. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. INVESTIGACIÓN SOBRE EL PAGO DE DEUDAS IANSA CON RECURSOS DEL IVA. Oficios. El señor VEGA.- Señor Presidente, los agricultores de Longaví que cultivan remolacha, me han solicitado que se investigue una denuncia. El año pasado no alcanzaron a pagar los anticipos que Iansa les había entregado, razón por la cual ésta se pagó el resto de las deudas con el IVA, por lo cual hoy tiene a muchos de estos agricultores con sus predios a punto de ser rematados; además, este año no los ha contratado. Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro de Hacienda y al director del Servicio de Impuestos Internos para que investigue estos hechos, porque me parece que se trata de una situación bastante grave, por cuanto esta empresa no tiene por qué quedarse con el IVA en perjuicio de esta gente. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. SALUDO A PROFESORES DE LA REINA Y PEÑALOLÉN. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, deseo sumarme al homenaje que se le hace a los profesores de nuestro país y solicitar, si fuera posible, que se enviara, desde esta Cámara, un saludo a todos los maestros de las comunas de La Reina y de Peñalolén. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EMPLEO MUNICIPAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA. Oficios. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, pido oficiar al ministro del Trabajo o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional a fin de que se nos informe sobre la cantidad de empleos municipales que existe en las distintas comunas de la Región Metropolitana. ¿Cuántos son los trabajadores que pertenecen a los programas de empleo municipal? Al mismo tiempo, saber qué otros programas de empleo existen, en forma paralela, en cada una de las comunas. He sido notificada de que se ha otorgado a Peñalolén 120 millones para empleos municipales y, aparentemente, otros 140 millones para la ejecución de otros trabajos, los cuales no han pasado por el municipio y se desconoce su origen. Deseo saber cómo se asignan estos recursos, quién los envía, evalúa o está controlando estos trabajos. Me parece raro que puedan existir dos fuentes paralelas de financiamiento justo en un momento en que el Gobierno está entregando más de 150 mil empleos a través de los municipios o, a lo mejor, a nivel comunal. Por lo tanto, pido claridad respecto del origen y destino de estos fondos en todas las comunas de la Región Metropolitana. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. ANTECEDENTES DE COMISIÓN DE DISTORSIONES ACERCA DE IMPORTACIÓN DE ACERO. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, hace algunos minutos, la Corporación aprobó en forma unánime un proyecto de acuerdo, presentado por varios señores diputados, particularmente de nuestra región entre los cuales me cuento, que dice relación con la absoluta necesidad de que la Comisión de Distorsiones que maneja y debe proteger y cautelar que los productos importados no lleguen subsidiados dé una pronta y rápida respuesta respecto de la internación de acero proveniente de países de la ex Unión Soviética, la cual atenta directamente contra la posibilidad de trabajo de más de 2.800 trabajadores de la usina de Huachipato, una de las fábricas de acero más importantes del país, ubicada en Talcahuano, e indirectamente contra 1.500 trabajadores. Es decir, estamos hablando de alrededor de cinco mil trabajadores que se verían directamente afectados por esta situación, en caso de que esta Comisión, que debe revisar las distorsiones y mantener la salvaguardia, no actúe de manera rápida y oportuna. La Comisión de Distorsiones debe operar con rapidez para impedir que comience aceleradamente un proceso de destrucción mayor del empleo en una de las cinco comunas más importantes y pobladas del país, la cual ya está sufriendo severamente el castigo de la cesantía, no sólo a causa de la poco adecuada administración pesquera, sino también de medidas, desde mi perspectiva, pésimamente tomadas. Desde luego, el Gobierno no ha sido muy feliz en sus decisiones respecto de lo que es facilitar el empleo. Estimamos imprescindible que el señor ministro de Economía concurra a la Comisión de Economía, Fomento y Reconstrucción de esta honorable Corporación a fin de que dé a conocer cuál es la situación que está afectando al acero chileno. Es cierto que el libre mercado tiene ciertas normas y reglas, pero también es efectivo que éstas deben ser respetadas para que el mecanismo funcione. El acero que está llegando desde otras partes del mundo, en particular desde los países de la ex Unión Soviética, sin duda viene subsidiado. Por eso, estimamos que hoy, más que nunca, es necesaria la acción del Gobierno, con el objeto de que podamos salvar el empleo y cuidar que nuestra economía efectivamente tenga una posibilidad real de competencia. No es lógico ni tampoco dable pensar que el Gobierno se mantenga impávido mientras comienzan a caer nuestras empresas y producciones, fundamentalmente porque los productos que llegan a Chile vienen subsidiados por otros Estados. En esta Corporación hemos dado aprobación total al proyecto de acuerdo que se presentó, entre otros, por el diputado señor Jeame Barrueto y con nuestra firma, para que esta situación pueda subsanarse lo más pronto posible. En consecuencia, solicito que el señor ministro de Economía, Minería y Energía responda rápidamente a esta petición formal, en el sentido de saber qué está haciendo esa cartera respecto de la situación que afecta al acero que se produce en nuestro país, en especial en Huachipato. Es más necesario que nunca, que el Gobierno se pronuncie ahora, y no cuando no haya nada más que hacer. Son demasiados los empleos que están en peligro como para que nos quedemos de brazos cruzados. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual la Secretaría toma debida nota. INCREMENTO DE MONTO ESTATAL ASIGNADO A CRIANCEROS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Molina. El señor MOLINA.- Señor Presidente, en una sesión pasada me referí a la situación que aqueja a los crianceros de la Cuarta Región como consecuencia del cierre de la cordillera por los focos de fiebre aftosa que afectan a Argentina. En esa oportunidad solicité al ministro de Agricultura que informara a la Corporación sobre las medidas que el Gobierno adoptaría para compensar a los crianceros que durante la próxima temporada no podrán trasladar el ganado a las veranadas en territorio argentino. Hasta el momento no nos ha llegado esa información de manera oficial, pero nos hemos enterado de que a los crianceros de la zona se les ha señalado que durante la temporada se les compensará con mil quinientos pesos por cabeza de ganado que quede pastando en la Cuarta Región y con dos mil pesos por cabeza de ganado que se traslade a la Quinta Región. El monto total destinado para las familias de crianceros es de trescientos millones de pesos, suma que a simple vista es absolutamente insuficiente, pues deja en una situación muy precaria a las siete mil familias que viven de esa actividad y que todos los veranos trasladan entre cuarenta y cinco mil y cincuenta mil cabezas de ganado a suelo argentino. Esa cifra es realmente miserable, máxime si se recuerda que un funcionario de una empresa del Estado fue indemnizado con 240 millones de pesos por cerca de cuatro años de trabajo. Entonces, los 300 millones de pesos que se asignarán a los crianceros de la Cuarta Región parecen una burla. Por lo tanto, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República a fin de que instruya al ministro de Agricultura para estudiar la posibilidad de aumentar ese monto, para que, de algún modo, se pueda indemnizar a las familias de crianceros que se verán perjudicadas por el cierre de la frontera. No cabe duda de que debemos proteger nuestro país y nuestros productos, por lo que tiene razón el Gobierno al cerrar la frontera. Sin embargo, es inaceptable que un grupo de familias pobres del país, como son las de los crianceros, deban soportar el problema del cierre de la cordillera. Ellos se verán muy afectados por esa medida, porque el territorio donde podrá pastar su ganado se verá absolutamente saturado. En consecuencia, esperamos que el gobierno reaccione frente a esta situación y que sea consecuente en preocuparse por los problemas reales de las personas y de aquellos que más lo necesitan. Reitero que la cifra de 300 millones de pesos es una burla, por lo que debe ser modificada. Con ello esperamos que cada criancero reciba, al menos, cinco mil pesos por cada cabeza de ganado, que no es una cantidad significativa si se consideran los recursos que se destinarán para enfrentar el problema de la fiebre aftosa en el país. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual la Secretaría ha tomado debida nota. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 15.14 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.