?REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 345ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 6ª, en miércoles 10 de octubre de 2001
(Ordinaria, de 10.49 a 15.06 horas)
Presidencia del señor Valenzuela Herrera, don Felipe.
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Villouta Concha, don Edmundo.
Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.


ÍNDICE

I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.FÁCIL DESPACHO
VI.ORDEN DEL DÍA
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.INCIDENTES
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA

ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia8
II.Apertura de la sesión11
III.Actas11
IV.Cuenta11
Ampliación de período de investigación de Comisión especial11
Fijación de hora de votación de proyectos11
V.Fácil Despacho. 
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra los discapacitados. Primer trámite constitucional12
VI.Orden del Día. 
Modificación del arancel básico consolidado para partidas relacionadas con el azúcar. Primer trámite constitucional23
VII.Proyectos de acuerdo. 
Comisiones unidas de seguridad ciudadana y de drogas para conocimiento de materias de su competencia. (Continuación)38
Modificación del artículo 5º del decreto ley Nº 1, de Educación, de 199638
VIII.Incidentes. 
Irregularidades en otorgamiento de bonos y créditos por el Indap40
Instalación de semáforos en cruce Los Sauces con Villa Huequén, en Angol. Oficio41
Reparación de pasarela ubicada en localidad de Bajo Malleco, en Collipulli. Oficio41
Información sobre planes de solución de problemas viales en comunas de Viña del Mar y de Concón. Oficios42
Irregularidades en construcción de viviendas Serviu en Quellón. Oficio43
Alza de tasas de interés del Banco del Estado en créditos hipotecarios Serviu. Oficios44
Destinación de recursos para ejecución de obras viales en Décima Región. Oficio44
Financiamiento para Corporación de promoción turística de Puerto Varas. Oficio45
Información sobre financiamiento de servicios de comedores para diputados45
Información sobre paralización de proyecto de agua potable en Puerto Fuy y construcción de acceso norte para aeropuerto de Río BuenoLa Unión. Oficios46
Información sobre proyectos de obras públicas en comunas de la Octava Región. Oficios47
Administración de grifos por Bomberos de Chile y planes de salvataje en recintos portuarios. Oficios49
Fiscalización en cobro de tarifas eléctricas en sectores rurales de provincia de Biobío. Oficio50
Homenaje a Concepción en su 451º aniversario. Oficio51
Control presupuestario permanente. Oficio52
Examen de capacidad técnica, logística y operativa de las policías y medidas adoptadas en relación con crímenes de Iquique. Oficio54
Patrocinio a proyecto de ley sobre investigación especializada de personas discapacitadas. Oficios55
Prórroga de vigencia de la ley Nº 19.715, que beneficia a profesores por jubilar. Oficios56
Supresión de planta funcionaria de la empresa de abastecimiento de zonas aisladas, Emasa. Oficios57
Problemas relacionados con los profesionales de la educación. Oficio58
Estado de avance de construcción de nuevos establecimientos educacionales en la Décima Región. Oficios61
IX. Documentos de la Cuenta. 
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto sobre regularización de posesión y ocupación de inmuebles fiscales en la forma que indica (boletín N° 275812)63
Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado, los proyectos iniciados en mensaje, que a continuación se indican: 
2.Aprueba el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997 (boletín N° 280010) (S)63
3.Aprueba el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, adoptado en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 (boletín N° 279910) (S)76
4.Certificado de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la OMC para ciertas partidas relacionadas con el azúcar (boletín N° 278801)93
5.Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que modifica el arancel tipo básico consolidado de nuestro país ante la OMC para ciertas partidas relacionadas con el azúcar (boletín N° 278801)98
6.Moción del diputado señor Sánchez, que concede la nacionalidad por gracia al sacerdote italiano Bruno Predonzani Pitacco (boletín N° 280617)99
7.Moción de los diputados señores Recondo, Caminondo, Monge, Pérez, don Víctor; Reyes y Ulloa, que elimina la guía de libre tránsito de animales (boletín N° 280715)100
8.Moción del diputado señor Aguiló, que sustituye el artículo único de la ley N° 18.026, que establece como feriado el Día de la Unidad Nacional y declara feriados legales los días 24 y 31 de diciembre de cada año (boletín N° 280806)101
9.Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto de los proyectos que modifican la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria estableciendo normas sobre arquitectura y construcción para la prevención y seguridad de evacuación de gases (boletín N° 273914), y el que otorga funciones y atribuciones a los administradores en materia de prevención y seguridad de evacuación de gases (boletín N° 274014)102


X. Otros documentos de la Cuenta. 

1.Oficios:
De la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural constituida como Investigadora de los créditos otorgados por Indap, a partir de 1994 en adelante, tanto a sus beneficiarios como a las organizaciones de éstos, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para ampliar el mandato otorgado por el proyecto de acuerdo N° 499, haciéndolo extensivo hasta el año 2001.
Contraloría General de la República
Del diputado señor Molina, programas de radio contratados y los montos que cancelan los distintos servicios públicos de la Cuarta Región. 
Del diputado señor Navarro y de la diputada señora Caraball, estado de tramitación de decreto que faculta a las municipalidades para condonar deudas provenientes del Programa de Mejoramiento de Barrios. 
Ministerio del Interior
Del diputado señor Recondo, soluciones contempladas en el acceso Ruta 5 hacia sectores de Chifin Alto y El Moro, comuna Río Negro. 
Del diputado señor Kuschel, estado de avance proyecto de captación y canalización de aguas lluvia en población de Calbuco. 
Del diputado señor Ascencio, proyectos de inversión en el contexto del Programa ChileBarrios, en la provincia de Palena. 
De los diputados señores Kuschel y Bertolino, evolución y cobertura de los subsidios únicos familiares y pensiones en la localidad de Carelmapu y alrededores rurales. 
Del diputado señor Mulet, aumento de dotación policial en la ciudad de Caldera, Tercera Región; postulación a pensión de gracia a ciudadano de la ciudad de Caldera. 
Ministerio de Educación
De los diputados señores Gutiérrez, Ojeda, Jaramillo, Olivares, Núñez, Salas y Joaquín Palma, construcción de establecimientos educacionales en el sector norte de la ciudad de Talca. 
Del diputado señor Encina, ampliación Liceo Politécnico de Ovalle; proyecto escuela Villa Portugal, comuna de Coquimbo. 
Del diputado señor Lorenzini, responsabilidad de sostenedores en ejecución de proyectos con financiamiento del Aporte de Capital Adicional. 
Ministerio de Justicia
Del diputado señor Juan Pablo Letelier, Centro Regional por los Derechos del Niño. 
Ministerio de Obras Públicas
De los diputados señores Felipe Letelier, Gutiérrez, José Pérez, Mora, Navarro y Ojeda, puentes y caminos de la Octava Región. 
Del diputado señor Kuschel, proyecto QuillaipeLa Arena, Décima Región. 
Del diputado señor José Pérez, mantención red caminera, provincia de Biobío. 
Del diputado señor Molina, concesión internacional Ruta 5, tramo Los Vilos-La Serena, Cuarta Región. 
Del diputado señor José García, pavimentación camino Pitrufquén-Toltén, Novena Región. 
Del diputado señor Alvarado, construcción de rampa de desembarco en sector de Los Pinos, Isla LinLin, comuna de Quimchao. 
De los diputados señores Masferrer, Jaramillo, Leal, Ojeda, Velasco y Venegas, puente Zamorano en la Sexta Región. 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Aldo Cornejo, subsidio a la urbanización. 
De los diputados señores Hales, Jaramillo, Navarro, Ojeda, Rincón y de la diputada señora Caraball, subsidios renovación urbana. 
De los diputados señores Navarro y Jaramillo, cooperativa abierta de vivienda Habitacoop Ltda. 
Del diputado señor Delmastro, sistemas de subsidio habitacional. 
Del diputado señor Alvarado, procedimientos de selección de postulantes a subsidio habitacional rural. 
De la diputada señora Lily Pérez, Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Lligara y Vitta Ltda.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
De los diputados señores Andrés Palma, Acuña, Gutiérrez, Jaramillo, Jarpa, Lorenzini, Luksic, Ortiz, José Pérez, Salas, Seguel y Soria, regulación de tarifas telefónicas. 
Intendencia de la Región de Los Lagos
Del diputado señor Kuschel, normalización situación concesiones de acuicultura Pelillo y Maullín. 
Intendencia de Tarapacá y Biobío
De los diputados señores Kuschel, Pablo Galilea y ÁlvarezSalamanca, presupuestos anuales invertidos en el sector turismo. 
Municipalidad de Rancagua
Del diputado señor Navarro, existencia de bibliotecas en esa comuna. 
Consejo de Defensa del Estado
De los diputados señores Jaramillo, Ceroni, Navarro y Ortiz, desalojos de colonos de la Décima Región. 


I. ASISTENCIA

Asistieron los siguientes señores diputados: (80)
NOMBRE
Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Galilea Carrillo, Pablo
--García Ruminot, José
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Arriagada, José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Saa Díaz, María Antonieta
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, los ministros de Agricultura, señor Jaime Campos, y de Hacienda (S), señora María Eugenia Wagner.


II. APERTURA DE LA SESIÓN

Se abrió la sesión a las 10.49 horas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.


III. ACTAS

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 37ª de la legislatura ordinaria se declara aprobada.
El acta de la sesión 38ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras y señores diputados.


IV. CUENTA

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.


AMPLIACIÓN DE PERÍODO DE INVESTIGACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, constituida en investigadora de los créditos otorgados por el Indap desde 1994 en adelante, para ampliar el período de investigación hasta el año 2001.
Acordado.


FIJACIÓN DE HORA DE VOTACIÓN DE PROYECTOS.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en realidad, es una cuestión de procedimiento.
Como las subcomisiones mixtas de Presupuestos están funcionando, le solicito que fije hora de votación de los proyectos.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, el procedimiento lo decide la Mesa en la medida en que se vayan produciendo las situaciones.
El señor PÉREZ (don Víctor).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- ¿Por una cuestión de Reglamento, señor diputado?
El señor PÉREZ (don Víctor).- No, señor Presidente; sólo para apoyar la propuesta del diputado señor Ortiz porque es razonable y así hemos procedido en reiteradas oportunidades.
Hoy se tratan proyectos importantes y es bueno que los diputados sepamos con claridad a qué hora se van a votar. Concuerdo con su Señoría en cuanto a que es facultad de la Mesa, pero sería conveniente fijar la hora de votación de los proyectos, en especial del que figura en el primer lugar de la tabla.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, corresponde a la Mesa tomar una decisión sobre la materia en el momento oportuno. Una vez que comprobemos la asistencia y las sesiones que están llevando a cabo las subcomisiones, tomaremos las medidas pertinentes.
Tiene la palabra la diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).- Señor Presidente, a veces la insistencia da buenos resultados.
Varios diputados debemos retirarnos para concurrir a las subcomisiones mixtas de Presupuestos que se constituyeron a las 10.30 horas. Concurrimos a la Sala para dar quórum, pero ahora debemos retirarnos porque nos esperan para continuar el trabajo.
Por lo tanto, le pido que tenga en consideración este hecho cuando la Mesa tome una decisión.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en el mismo sentido, la bancada del Partido por la Democracia también apoya la petición del diputado José Miguel Ortiz, la que me parece muy razonable, sobre todo por la situación que planteó la diputada señora Marina Prochelle.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En atención a las sugerencias planteadas, solicito el acuerdo de la Sala para votar los proyectos a las 13 horas.
Acordado.


V. FÁCIL DESPACHO

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS DISCAPACITADOS. Primer trámite constitucional.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En Fácil Despacho, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Moreira.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 272810, sesión 7ª, en 19 de junio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 35ª, en 11 de septiembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Masferrer, quien rendirá el informe respectivo.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada en la ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999.
Mediante esta Convención, los Estados miembros de la OEA contraen el compromiso de eliminar la discriminación contra las personas discapacitadas, apoyados en su convicción de que estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras, y que estos derechos, incluido el de no verse sometidas a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad inherentes a todo ser humano, como lo declaran en el preámbulo de este instrumento.
La ministra de Salud, doctora Michelle Bachelet, señaló a la Comisión que la participación de Chile en esta Convención beneficiaría a alrededor de 600 mil personas de todas las edades.
Por su parte, el mensaje expresa que ella se inscribe plenamente dentro del espíritu de hacer un Chile más justo, y que este proceso conlleva el compromiso de la sociedad de adoptar todas las medidas tendientes a facilitar, de manera muy especial, la integración de aquellos sectores que padezcan de alguna forma de discapacidad, por lo que su Excelencia el Presidente de la República solicita a la honorable Cámara que le preste su aprobación.
Los objetivos de la Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Se entiende por discapacidad una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
La expresión “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de los discapacitados de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
En términos generales, se puede señalar que mediante esta Convención los Estados Partes contraen compromisos, en primer lugar, en su orden interno, con el objeto de eliminar la discriminación de las personas con discapacidad; para trabajar prioritariamente en la prevención de la discapacidad, detección, tratamiento y rehabilitación de estas personas, y para sensibilizar a la población en favor de la eliminación de prejuicios y otras actitudes que atentan contra los derechos de estas personas; en segundo lugar, en el plano internacional, se comprometen a cooperar con los otros Estados Partes para prevenir y eliminar la discriminación de las personas con discapacidad; por último, se comprometen a promover la participación de representantes de personas con discapacidad, de organizaciones no gubernamentales o de personas con discapacidad en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar este instrumento.
Las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad podrán ser de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier índole, en ámbitos que la Convención no determina en forma taxativa, citando, a modo de ejemplo, el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, a las actividades políticas y de administración. En esta lista se indican, además, medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad.
El compromiso de cooperar con los Estados Partes se centrará en la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración social de las personas con discapacidad, y el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, la autosuficiencia y la integración total de estas personas a la sociedad en condiciones de igualdad.
Finalmente, al compromiso de promover la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, se agrega el de crear canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajen con estas personas, los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra ellas.
La ministra de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss, señaló en la Comisión, entre otros antecedentes, que tanto la ley Nº 19.284 como sus reglamentos, y la política nacional para la integración social de las personas con discapacidad, tienen como objetivo fundamental la eliminación de la discriminación respecto de las personas con discapacidad en todos los ámbitos del quehacer habitual.
En cuanto a la promoción de la participación social, informó que Mideplan ha apoyado profesionalmente la creación del Movimiento Asociativo de la Discapacidad, la creación de coordinadoras regionales de la discapacidad, además de considerar a distintos organismos de y para personas con discapacidad en la elaboración de los diferentes procesos de planificación de la política social.
Por su parte, la señora ministra de Salud también entregó a la Comisión diversos antecedentes sobre las acciones que dicha secretaría de Estado y los servicios de salud desarrollan en favor de las personas con discapacidad, entre las que se pueden señalar el nuevo reglamento de internación psiquiátrica, cuyo objetivo es la defensa y protección de derechos de los pacientes; el reforzamiento de los establecimientos de atención primaria para permitir acercar la atención a personas postradas mediante visitas domiciliaria y clínica; la contratación de personas con discapacidad para la atención de las líneas que comienzan con el número 800, en cuanto a petición de horas en los consultorios rurales; la realización en todos los servicios de salud del país, y la certificación de la discapacidad para permitir un progresivo acceso de las personas a los beneficios de la ley Nº 19.284.
El Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado Parte, y creado para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la Convención, servirá de foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de este instrumento e intercambiar experiencias entre los Estados Partes, para lo cual la Secretaría General de la OEA le prestará el apoyo necesario.
Además de escuchar a las ministras de Planificación y Desarrollo y de Salud, la Comisión recibió al director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Alejandro Salinas, quien informó que esta Convención fue discutida por varios años en la OEA, con fuerte apoyo de las organizaciones no gubernamentales ligadas al área.
Aseveró que para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos esta Convención es un gran avance, debiendo considerarse que el 10 por ciento de nuestra población sufre algún tipo de discapacidad.
La Comisión también escuchó a la secretaria ejecutiva del Fonadis, señora Andrea Zondeck, quien dio a conocer un documento titulado “Proyecto aprobatorio de la convención americana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad”, el cual se encuentra a disposición de los señores diputados.
En el documento referido, explica que esta Convención obedece a todo un proceso internacional que se ha manifestado en situaciones tales como la Declaración del Año Internacional de la Discapacidad, en 1981; que se ha ido plasmando en el plano interno en normas como las contenidas en la ley Nº 19.248, sobre integración social de los discapacitados.
También se invitó a la fiscal del Fonadis, señora Romy Schmidt, quien, entre otras consideraciones, manifestó su desacuerdo con las normas de la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, que exigen salud compatible con el cargo para ser funcionario público, por considerar que ellas constituyen una forma de discriminación contra las personas discapacitadas, más aún si es un médico no especializado el que determina si una persona tiene o no salud compatible para desempeñar el cargo. Afirmó que algo semejante sucede con los certificados de educación básica que entrega la educación diferencial, los que no sirven para los efectos de postular a la Administración Pública. Sostuvo que esto es injusto frente a personas con discapacidad que tienen idoneidad y capacidad para hacerlo.
La Comisión recibió también al coordinador nacional del Movimiento Asociativo Chileno de la Discapacidad, señor Alexis Norambuena, quien afirmó que esta Convención es el único instrumento internacional que vincula al Estado con la materia, e informó que las organizaciones no gubernamentales de América trabajaron para obtener la aprobación de la Convención, logrando que se recogiera en ella la Declaración de Managua.
Sostuvo que se trata de un hito histórico en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Chile y América, lo que refuerza la tendencia mundial en este ámbito.
Por último, la Comisión escuchó al abogado de la Corporación Ciudad Accesible, señor Diego Correa, quien explicó que dicha organización tiene como propósito fundamental luchar por la eliminación de las barreras arquitectónicas en las construcciones.
Arguyó que es positivo ratificar esta Convención, pero que lo más importante es que ésta se respete en la práctica, por cuanto hay leyes vigentes sobre la materia que no son respetadas, como las normas que exigen que los edificios se construyan con una rampa de acceso para sillas de ruedas. Señaló que la ley Nº 19.284 establece sanciones por la infracción a las normas que tienden a proteger al discapacitado, pero que son multas muy bajas.
Vistos los antecedentes expuestos, la Comisión decidió, por la unanimidad de sus miembros, aprobar el proyecto de acuerdo con modificaciones formales a su artículo único, las que tienen por objeto precisar, por una parte, que la Convención fue adoptada el 7 de junio de 1999 y no suscrita en esa fecha, como lo indica el mensaje, y, por otra, que el órgano en el cual ella se adoptó fue la Asamblea General de la OEA, además de otras de menor entidad que no juzgó necesario detallar, por cuanto ellas se salvan en el texto sustitutivo que se propone en el informe que está a disposición de los honorables diputados.
He dicho. 
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que, por tratarse de un proyecto de Fácil Despacho, sólo corresponde utilizar un máximo de treinta minutos para su discusión.
Para hacer uso de la palabra se encuentran inscritos los diputados señores Sergio Velasco, Antonio Leal, Jaime Rocha, Edgardo Riveros y Zarko Luksic y la diputada señora Laura Soto. Cada uno dispondrá de un máximo de cinco minutos; con posterioridad, se cerrará el debate.
Ahora bien, si alguien deseara ampliar ese tiempo, se requeriría de la unanimidad de los diputados presentes en la Sala.
El señor ALESSANDRI.- Pido la palabra.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría.
El señor ALLESSANDRI.- Señor Presidente, el Reglamento es bastante claro en esta materia, puesto que su artículo 102 dispone que se destinarán treinta minutos para tratar los proyectos de la Tabla de Fácil Despacho. Es decir, si sólo hay uno, se podrá prorrogar el debate hasta por treinta minutos.
Por lo tanto, en su oportunidad, la Mesa debió haber recabado el asentimiento de la Sala para otorgar tiempos preferenciales, puesto que si después de haber escuchado un informe bastante lato por parte del diputado señor Masferrer se dice que se distribuirán los treinta minutos, significa que se duplicará el tiempo reglamentario.
Por esta única vez, Renovación Nacional no va a objetar el procedimiento y aceptará que la Mesa otorgue cinco minutos a cada diputado que se encuentra inscrito para hacer uso de la palabra, con la salvedad de solicitarle que en el futuro tenga presentes las disposiciones del Reglamento.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, le hago presente que la Mesa trabaja apegada a lo que establece el Reglamento y no ha infringido, ni siquiera en una coma, sus disposiciones. Por lo demás, he hecho uso de mi facultad para distribuir los treinta minutos que contempla su artículo 102. Por lo tanto, no tendrá la oportunidad de recordar esas condiciones.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.- Señor Presidente, quiero saludar a una importante delegación de personas discapacitadas que hoy nos visitan y que se encuentran en las tribunas para escuchar el debate de este importante proyecto de acuerdo. Para ellas solicito que todos los parlamentarios les brindemos el aplauso que corresponde.
(Aplausos).
Sin duda, este proyecto de acuerdo interesa a todos los parlamentarios porque se refiere a una realidad patética existente en los diferentes distritos, situación que debemos abordar para solucionar problemas de discriminación de personas.
La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad apunta a preocuparse más de un sector que tiene varias necesidades.
En virtud del artículo 18 de las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad de Naciones Unidas, he apoyado el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad para ejercer su acción constructiva en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre normas relativas a la discapacidad entregando amplias facilidades, tanto desde el Parlamento como en el quehacer distrital, a fin de que este proyecto de acuerdo aprobatorio se trate hoy en la Sala, en relación con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. 
Estamos en el siglo XXI y aún existe discriminación para un sector importante de la población. A través de este proyecto, es de mi interés avanzar hacia la plena integración de las personas con discapacidad. A los instrumentos legales, como la ley Nº 19.284, donde se establece la definición de discapacidad que se encuentra en el informe de la Comisión, quiero agregar que cualquier forma de discriminación hacia estas personas sólo contribuirá a aumentar la minusvalía, que es la limitación de oportunidades para participar en la vida de la comunidad en igualdad de condiciones. Mi apoyo a este importante acuerdo es para salvaguardar a las personas con discapacidad, a sus familias y, por ende, a la sociedad en su conjunto, en uno de sus derechos más básicos: la libertad de integración.
Espero el voto favorable de los diputados de la Democracia Cristiana a este proyecto de acuerdo, que, sin desmerecer a otros también importantes, es vital para un veinte por ciento de nuestra comunidad, según se ha establecido.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a las organizaciones de discapacitados que nos acompañan en las tribunas y a las autoridades que siempre se han preocupado de un problema cardinal desde el punto de vista de la construcción de una sociedad más civilizada y de la lucha contra la discriminación.
Alguien podría preguntar qué importancia puede tener la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en nuestra legislación contra la discriminación. Quiero subrayar que 1981 fue designado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Discapacidad, y que en 1993 se suscribieron las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, instrumento que posteriormente fue ratificado por Chile. En 1994 se promulgó la ley Nº 19.284, que establece los derechos de las personas con discapacidad y entrega instrumentos importantes para lograr su integración en la sociedad. Es decir, el debate internacional influyó de manera preponderante para que se dictara una ley especial sobre la materia.
También quiero señalar que esta convención establece aspectos importantes, como la definición de la expresión “discapacidad”.
En ese sentido, se amplía la utilización del Fondo Nacional de la Discapacidad a personas que tienen esa limitación por causas psíquicas, con lo que se establece una diferencia más moderna que la que dispone la propia Convención.
Sin embargo, en la definición de discapacidad de la Convención existe una visión amplia que puede ayudar, con otras normas que contiene, al trabajo que estamos realizando en la Comisión especial que creó la Cámara de Diputados para tratar el tema de la discapacidad y analizar las posibles modificaciones a la ley Nº 19.284.
Al respecto, quiero manifestar a las personas discapacitadas que se encuentran en las tribunas que nos interesa que la ley establezca mecanismos más fáciles y accesibles para la acreditación. Nos preocupa que aun cuando hay una ley que contiene instrumentos en beneficio de estas personas, sólo el 6 ó 7 por ciento de los discapacitados estén acreditados como tales; es decir, algunas normas de la ley no funcionan.
Por lo tanto, esta Convención, que establece obligaciones a los Estados Partes que la suscriben, significará un aporte muy relevante para revisar la ley relacionada con la discapacidad, con el propósito de eliminar instrumentos que actualmente crean discriminaciones en contra de ellos.
Se están estudiando modificaciones al Código Civil. Varios colegas han presentado proyectos de ley a fin de que en el matrimonio civil se reconozca la plena capacidad de los sordomudos, con el objeto de que puedan darse a entender de alguna manera y no sólo por escrito.
Algunas personas con discapacidad auditiva, por no saber leer ni escribir, no han sido aceptadas por el Registro Civil para contraer matrimonio. En la ciudad de Copiapó, la que representamos con el diputado señor Vilches, tuvimos el caso de la pareja formada por Ximena y Luis, caso en el cual debimos recurrir a la directora del Registro Civil para que el lenguaje de señas fuera reconocido y pudieran contraer matrimonio.
Se requiere modificar la ley de matrimonio civil y, en consecuencia, el Código Civil, pues las personas con discapacidad auditiva son equiparadas con las que padecen deficiencias mentales. Al respecto, ellos manifestaron muy bien su condición en sendas maravillosas marchas que se realizaron hace pocos días en las calles de Santiago y en la ciudad de Copiapó: “Nosotros no somos deficientes, sino diferentes; somos diversos”. Por esa razón, debemos rescatar el valor de la diversidad que representan las personas con discapacidad.
Reitero, debemos modificar el Código Civil, la ley de matrimonio civil y la ley Nº 19.284, para que exista la obligatoriedad en los canales de televisión de incluir, al menos en un noticiario diario, sistemas de comunicación para personas con discapacidad auditiva, iniciativa que fue presentada por los diputados señores Olivares y Reyes. Sin embargo, hemos agregado otro proyecto de ley para establecer que el lenguaje por señas, es decir, el mecanismos natural de expresión de las personas con discapacidad auditiva, sea reconocido plenamente en el país.
En consecuencia, aprobaremos el proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, porque el PPD es muy sensible a este problema. Esperamos que se pueda integrar a las personas con discapacidad al mundo laboral, de la educación y de los derechos plenos, porque son tan ciudadanos como todos los demás, a pesar de que en la actualidad estos derechos no se les reconocen.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo es de importancia vital para todas las personas con alguna discapacidad.
El colega Antonio Leal señaló que ha habido una preocupación permanente de muchos diputados en torno del problema, tal como lo han expresado en forma muy destacada los señores Prokurica y Bertolino, quienes han propiciado acciones concretas para evitar el no cumplimiento de la ley.
En ciertas ocasiones no se ha cumplido la ley relacionada con los discapacitados porque el Registro Nacional de la Discapacidad establece una evaluación médica para su reconocimiento. De hecho, en la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama, hay más de 1.800 casos de personas discapacitadas, las cuales, para ser reconocidas en dicho registro, deben ser evaluadas por un médico, en circunstancias de que muchas veces no cuentan con los recursos económicos para acceder a una atención médica. Hemos hecho gestiones para que les den horas de atención en los hospitales públicos, pero el proceso ha sido muy lento.
Además, en Copiapó existen muchas organizaciones de discapacitados, algunas apoyadas por iglesias y otras por privados, lo que demuestra que esas personas tienen serias dificultades.
Hay leyes para ir en ayuda de los discapacitados, aunque algunas son muy antiguas, en las que se establecen los recursos o beneficios para apoyarlos mediante la importación de algunos implementos y automóviles especiales. Sin embargo, el país está en deuda con ellos, razón por la que queremos aprobar con mucho entusiasmo la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Al mismo tiempo, deseamos encender una luz roja. Las autoridades que tienen el poder de decisión deben ayudar a que las leyes se cumplan y los beneficios del Fondo Nacional de la Discapacidad estén al alcance de estas personas. A modo de ejemplo, una prótesis de cadera cuesta entre 1,5 y 2,5 millones de pesos, por lo que muchas veces quienes requieren ser intervenidos no cuentan con los recursos para obtenerlas, por lo cual la comunidad debe ayudarlos.
Eso se logra paso a paso, pero estamos en deuda y debemos ir en ayuda de esas personas. La Cámara de Diputados ha demostrado su voluntad hacia los discapacitados al habilitar una adecuada escala de acceso a las tribunas de la Corporación.
No bastan los gestos. Se requieren hechos, como los que hemos tenido algunos diputados; pero aún falta mucho por hacer.
Por lo tanto, los diputados de Renovación Nacional vamos a aprobar este proyecto de acuerdo, como una manera de apoyar a este grupo de personas que tanto lo requiere.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.- Señor Presidente, si se analiza la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la discapacidad, se puede advertir que algunas medidas no constituyen discriminación, como la distinción o preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad.
En mi opinión, eso significa que la Convención nos obliga a no adoptar una actitud pasiva frente a la discriminación, sino a realizar con mucha fuerza algunas medidas para mitigar los efectos de la discapacidad.
Hago presente a nuestras visitas que si ven pocos parlamentarios es porque muchos de ellos están en sus oficinas viendo el debate por televisión. Además, muchos están discutiendo el proyecto de ley de Presupuestos.
Dentro de las medidas que la Cámara debe tomar, quiero señalar algunas, para lo cual invito a mis colegas parlamentarios a que las consideremos a la brevedad.
En el país existe la ficha CAS, que manejan las municipalidades, la cual no considera la situación de las familias con algún integrante discapacitado. Eso es grave, porque el mayor gasto que significa atender a un discapacitado no se refleja en la consideración que el municipio hace de esa persona para los efectos de otorgarle beneficios.
Hace poco más de un año, junto a las madres de discapacitados de Lota, solicité una audiencia a la Primera Dama, a quien fuimos a plantearle el tema de la ficha CAS. La respuesta está pendiente. De manera que, a través de esta tribuna, quiero recordar nuestro compromiso para que tengan una consideración especial en esa ficha, un puntaje por el hecho de tener personas discapacitadas en sus familias.
En el país aún se construyen conjuntos habitacionales que no consideran a los discapacitados, los cuales, según sabemos, en las obras públicas siguen sufriendo los efectos de la discriminación que ahora queremos eliminar.
En consecuencia, después de esta breve exposición, invito a mis colegas a que actúen como lo hizo el senador señor Enrique Silva Cimma, quien planteó un tema muy fácil y que aquí fue acogido con mucha prontitud y generosidad, porque el gran problema de los padres de discapacitados es qué harán éstos cuando ellos desaparezcan de este mundo. El proyecto del senador señor Silva Cimma iba dirigido a darles una representación legal a esos niños cuando los padres no existieran.
Nuestro país no será civilizado mientras no disponga las medidas necesarias para que los discapacitados sean parte integrante de nuestra sociedad. Debe acogerlos con afecto, generosidad, respeto y amor.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable del Partido Radical Social Demócrata.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la honorable diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, quiero decir a nuestros amigos que están en la tribuna que, con todo afecto, nosotros, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, no sólo vamos a aprobar el proyecto, sino que seguiremos luchando por que efectivamente no haya más discriminación en el país.
Por lo menos, el 10 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, congénita o adquirida, y es necesario recalcar que cualquiera de nosotros podría adquirirla, sea por un accidente de tránsito o por una situación anormal de la salud. Esto debe movernos a tratar este tema con gran responsabilidad.
Quiero tocar algunos puntos importantes. Cuando se habla de ciudad accesible, cuando los arquitectos señalan que las construcciones no tienen los elementos para los discapacitados, uno ve que hay lugares realmente inhóspitos, ajenos a toda consideración y afecto. Voy permanentemente a los cerros porteños, donde observo que muchos niños no pueden ir a clases si no hay dos personas adultas que los bajen hasta un bus determinado. Los más pobres son todavía más pobres debido a esta situación, la que me parece francamente inaceptable. Por lo tanto, la ciudad también debe ser accesible en los caminos.
En los lugares rurales muy pedregosos, esos niños también tienen una situación tremendamente dificultosa para acceder al colegio. Las mamás no pueden llevarlos solas. Yo sugería que, a lo mejor, era necesario que fueran con una silla de ruedas, pero tampoco pueden hacerlo en el caso de discapacidad física. Entonces, tenemos que tratar ese problema con mucha rapidez, para lo cual se requiere voluntad política y no sólo decir que legislaremos al respecto. Debe haber una voluntad muy potente de parte del nivel central para terminar con esta brutal discriminación con los niños, quienes no pueden estudiar o lo hacen a medias.
Hay otra cuestión que nos llama muchísimo la atención, como ha dicho el diputado señor Antonio Leal con bastante razón: el Código Civil fue hecho por gente muy inteligente, pero ajena a este tipo de problemas. Nosotros anunciaremos la presentación de un proyecto en ese sentido. En el caso de la gente más pobre, cuando los niños son pequeños, no tiene problemas para acceder a los beneficios; no obstante, como lo dijo el diputado señor Rocha, hay un vacío respecto de la ficha CAS. La representación es nula cuando los niños con una discapacidad especial crecen, llegan a adultos y no pueden valerse por sí mismos, por lo que necesitan un curador. Sin embargo, deben hacer una larga tramitación ante los tribunales de justicia para nombrar a un curador especial. Eso significa pagar por la tremenda burocracia, motivo por el cual la gente más pobre no tiene acceso a esos beneficios.
Debemos terminar con eso. Esta cuestión debería ser sólo materia del Registro Civil, institución que en el último tiempo ha manifestado tener una sensibilidad especial. Eso es muy importante.
No quiero dejar pasar la alegación de la fiscal de la Conadi, señora Romy Schmidt. Tiene muchísima razón cuando dice que el Estatuto Administrativo, que exige a los postulantes tener salud compatible con el cargo, es absolutamente discriminatorio. Lo más tremendo es que cuando se quiere acceder a un cargo, se hace un examen sicológico con un sistema obsoleto en el mundo entero, pero que en Chile seguimos usando: el sistema Rorschach, que igual se sigue usando y que, a lo mejor, si a alguno de nosotros se nos aplicara dicho test, nos dejaría afuera.
Por lo tanto, hay cuestiones que nosotros, a la luz de esta convención, debemos tomar con fuerza y amor verdadero para nuestra gente y terminar con toda discriminación.
Celebro que estemos tratando esto. Históricamente, no sólo el senador Silva Cimma, sino también el senador Núñez y yo, que en ese momento estuve acompañándolos, hemos estado luchando permanentemente por que no haya discriminación en Chile.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.- Señor Presidente, me sumo a lo aquí expresado respecto de la aprobación de este tratado internacional, haciendo uso, en nuestro caso como parlamentarios, de las disposiciones constitucionales, en especial el artículo 50, Nº 1, de la Constitución, para que prontamente el Presidente de la República quede en condiciones de ratificarlo.
Quiero destacar el hecho de que 20 Estados suscribieron el tratado en el marco de la OEA y que Chile fue uno de los que concurrió con su firma y aprobación al texto del mismo.
Debemos asumir algunos conceptos muy importantes. No sólo se habla de la eliminación de prácticas discriminatorias, sino también de la prevención de las mismas. En ese contexto, debemos estar en condiciones de adaptar nuestra acción administrativa como Estado, y también nuestra legislación, a los parámetros de las normas internacionales. 
Sin duda, en esta materia tenemos una acción pendiente. Creo que lo señalado respecto de lo que establece la ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, es claro. Ahí el requisito de salud compatible está generando, en muchos casos, una práctica discriminatoria que debemos ser capaces de enfrentar con decisión; por lo tanto, corresponde sumar esfuerzos para promover una iniciativa legislativa que coloque a nuestro Estatuto Administrativo a la par con las normas internacionales que apuntan como hemos señalado no sólo a suprimir las prácticas discriminatorias, sino también a prevenirlas.
Por otra parte, es muy significativo lo que se señaló en la Comisión de Relaciones Exteriores durante la discusión de este tratado. Es necesario ir acotando el espacio asistencial para poder ganar espacios de integración. El país y la sociedad pierden cuando un conjunto de personas, por prácticas discriminatorias, queda al margen de poder aportar al proceso de desarrollo del país. En cambio, la conducta lógica o natural que debiéramos seguir es la de integración. Como Estado, no podemos quedar conformes si sólo se refuerzan prácticas asistenciales, cuando lo que corresponde es dar curso efectivo a un amplio proceso de integración. 
También es conveniente señalar que esta Convención crea el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas discapacitadas. Su existencia es importante porque será el sistema que la propia Convención crea para observar de qué manera se irán cumpliendo los parámetros y las normas establecidas, porque de nada serviría que aprobáramos un texto importante como éste si después no tenemos una conducta acorde, práctica, con lo señalado en la Convención. Al respecto, tanto la administración como los ámbitos legislativos se deben adaptar a lo que hoy aprobemos.
Ojalá que un tratado de esta naturaleza sea aprobado por la unanimidad de la Cámara de Diputados, porque entonces estaremos dando una señal inequívoca de cuál es el compromiso de nuestro país en esta materia. 
He dicho. 
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Para finalizar el debate, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic. 
El señor LUKSIC.- Señor Presidente, en estos momentos bastante dramáticos que vive la humanidad, cuando vemos que en muchos países priman la intolerancia y las visiones extremistas, es más que nunca prioritario dar señales de unidad, de esperanza, de solidaridad y de respeto por el otro, enriqueciéndonos con las diferencias. 
En este marco es precisamente donde se sitúa la ratificación que estamos haciendo de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Dicho convenio ratifica un sentido anhelo de las personas con discapacidad, a quienes prefiero llamar “personas especiales”. En verdad, la palabra “discapacidad” implica, en sí, discriminación; por lo tanto, es preferible hablar de personas especiales. El anhelo de terminar con la exclusión y discriminación social que aún enfrentan es compartido por sus familias, por las organizaciones que atienden a esas personas y también por nosotros.
Los discapacitados necesitan sentirse tratados con dignidad, ser reconocidos como personas capaces de participar, en igualdad de condiciones, en el desarrollo del país y en las diferentes actividades de la vida cotidiana. Por eso es tan importante el instrumento que hoy estamos ratificando, pues pide a los países, entre ellos a Chile, incorporar distintas acciones destinadas a prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad; adoptar medidas especiales en materia legislativa para eliminar las barreras físicas, arquitectónicas y administrativas existentes; capacitar al personal encargado de atender a las personas con discapacidad; detectar en forma temprana las deficiencias y discapacidades, y también establecer medidas destinadas a la sensibilización de la población a fin de eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra los derechos de las personas con discapacidad. 
En esta materia, Chile, en especial en los últimos diez años, ha mostrado avances importantes en el tema de la discapacidad, y sin caer en un excesivo optimismo podemos mirar con tranquilidad nuestra participación en esta Convención.
Entre esos avances, quisiera hacer notar la promulgación, en 1994, de la ley Nº 19.284, que establece las formas y las condiciones para la integración social de las personas con discapacidad. Además, en esa misma ley se crea el Fondo Nacional de la Discapacidad, organismo encargado de la administración de los recursos económicos que el Estado destina a la población con discapacidad. Son una serie de instrumentos que se han llevado a cabo durante los últimos diez años. 
También la Cámara de Diputados, junto con el Ministerio de Planificación y Cooperación, se encuentran trabajando para lograr una mayor y mejor adecuación en materia legislativa, con el objeto de hacer efectivos los puntos que establece la Convención que hoy vamos a aprobar.
Asimismo, es necesario señalar que desde 1998 diferentes organismos del Estado están trabajando en la capacitación de su personal, de modo de otorgar una atención especializada a las personas con discapacidad. Lo mismo hace el sector privado. 
Me referiré al punto que establece, como acción obligatoria de los países que suscriben este tratado, sensibilizar a la población para eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra las personas que sufren discapacidades. 
Es muy importante generar una cultura de integración y un ethos cultural, cotidiano, de conducta, en el cual la persona con discapacidad, considerada especial, se sienta parte integrante de nuestra sociedad. Nuestro gran desafío es poder avanzar en muchas políticas de carácter legislativo y administrativo, pero, por sobre todo, en superar la discapacidad mental de quienes nos creemos normales, cuando el tema, en definitiva, es terminar con esos prejuicios. La integración social de estas personas especiales también depende de que nosotros tengamos una mentalidad capacitada no discapacitada para recibirlos. De esa forma, al considerarse parte de nuestra comunidad, se sentirán también actores privilegiados que participan en el progreso y desarrollo de nuestra patria. Eso es lo más importante, y así lo establece el tratado.
Por último, quiero felicitar a la señora Andrea Zondeck, secretaria ejecutiva del Fonadis, y a la señora Alejandra Krauss, ministra de Planificación y Cooperación, quienes permanentemente se han preocupado de este tema. 
Anuncio que los diputados de la Democracia Cristiana aprobaremos el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Ha finalizado el debate. 
En conformidad con lo acordado al inicio de la sesión, la votación de este proyecto se efectuará a las 13 horas.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobado.
Aplausos.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Galilea (don Pablo), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Molina, Monge, Montes, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches y Walker (don Patricio).


VI. ORDEN DEL DÍA

MODIFICACIÓN DEL ARANCEL BÁSICO CONSOLIDADO PARA PARTIDAS RELACIONADAS CON EL AZÚCAR. Primer trámite constitucional.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar. 
Diputados informantes de las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural y de Hacienda son los señores Guillermo Ceroni y Exequiel Silva, respectivamente. 
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2788-01, sesión 35ª, en 11 de septiembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Certificado de la Comisión de Agricultura e Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Agricultura.
El señor CERONI.- Señor Presidente, a pesar de que el proyecto es extraordinariamente importante para las zonas agrícolas, en especial para los campesinos, voy a tratar de ser lo más breve en aras de lograr su votación en la hora que se ha acordado.
La Comisión de Agricultura informa acerca de este proyecto de ley, en primer trámite constitucional, cuyo objetivo es modificar el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.
En la Comisión escuchamos al ministro de Agricultura, señor Jaime Campos; a la subsecretaria de Hacienda, señora María Eugenia Wagner; al jefe subrogante del Departamento de Políticas Comerciales de la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería, y a otras personalidades, como al director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, Odepa, señor Carlos Furche.
El proyecto modifica el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio, en los términos de la Lista VII, anexada al Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Gatt 94, promulgado como anexo 1º del Acuerdo de Marrakech, por decreto supremo de Relaciones Exteriores Nº 16, de 5 de enero de 1995, y publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 1995. Esa lista recoge, en el fondo, todas las concesiones y compromisos arancelarios de Chile, entre los cuales figuran los relacionados con el azúcar y con otros productos afines. Se dispuso que el arancel máximo consolidado para ese tipo de productos es de 31,5 por ciento; pero, por las razones que voy a exponer más adelante, el proyecto de ley sube ese arancel.
Asimismo, el proyecto modifica la ley Nº 18.525 en el sentido de que, en ningún caso, los aranceles o las tasas que se apliquen, para poder manejarse dentro de las bandas de precios, podrán superar el arancel consolidado, específicamente el que vamos a aprobar acá.
La idea matriz del proyecto es permitir que el arancel consolidado sea mayor que el actual, y esto tiene que ver con el funcionamiento de las bandas de precios, las cuales son un sistema estabilizador de los precios internos para ciertos productos agrícolas, como el trigo, las oleaginosas y el azúcar. En la actualidad, existe una tremenda inestabilidad en los precios de estos productos en los mercados internacionales, los cuales presentan variaciones impredecibles debido a factores climáticos que a veces afectan los rendimientos y las políticas de los gobiernos de grandes países productores, que por razones estratégicas transan en el mercado sus excedentes, lo que provoca variaciones abruptas en la oferta y alteraciones en el precio, lo cual no guarda consonancia con lo que debe ser un libre mercado. Además, hay gobiernos que apoyan a sus productores estableciendo subsidios; debido a ello, los precios de los productos importados no corresponden a los de un mercado transparente. Eso, obviamente, conduce a enormes fluctuaciones que inciden en los precios de nuestros productos y, por supuesto, atentan contra el agricultor nacional.
Para evitar el efecto de estas fluctuaciones erráticas y su impacto en el mercado interno, se creó la banda de precios, que establece un piso y un techo dentro de los cuales se mueve el costo de importación. Para fijarla se consideran los precios internacionales promedio mensuales en los mercados relevantes: en el caso del trigo, los últimos cinco años, y para el azúcar, los últimos diez años, y se eliminan los precios más altos. Finalmente, para los valores que quedan se calcula el piso y el techo de la banda respectiva.
La banda opera cuando el costo de importación de un producto está fuera de ella. Si ese costo es inferior al de la banda, se aplica un derecho específico para elevarlo al piso de la banda. Por el contrario, si el costo de importación del producto es superior al techo, se rebajan los aranceles a fin de dejarlos dentro de la banda. La idea es que el precio del producto opere dentro de los márgenes que indica la banda. Por ejemplo, cuando el precio FOB de un producto afecto a la banda es menor que su piso, se aplica un derecho específico para elevar su costo de importación a ese nivel. Si el precio FOB supera el techo, se aplica la rebaja de aranceles correspondiente.
En relación con el proyecto, debo expresar que el arancel consolidado ante la OMC establece un límite para operar dentro de la banda, no pudiendo excederse del 31,5 por ciento. Con este margen tan pequeño de maniobra debido a que los costos de importación son muy bajos y no reflejan un mercado transparente, porque muchas veces son la consecuencia de subsidios o de decisiones de gobiernos que alteran el mercado, no se alcanza a llegar al piso de la banda. Entonces, para enfrentar esta competencia desleal de las importaciones se utilizan las salvaguardias, que es otro mecanismo legítimo para lograr que la banda funcione, las cuales tienen un plazo de duración determinado y, concretamente, la salvaguardia para el azúcar, con la cual hemos podido enfrentar costos de importación tan bajos, termina el 25 de noviembre de 2001. Por eso la aprobación de esta iniciativa de ley es tan importante para el sector productivo, pues permite que la banda de precios opere adecuadamente. Ese es su único objetivo.
De más está decir el tremendo significado social y económico que representa este proyecto, el cual permite que la banda de precios opere con tranquilidad en el futuro. Se da una señal importante a un sector que involucra a gente sencilla, a campesinos, en el sentido de que puede seguir produciendo remolacha. No nos confundamos. Es cierto que acá tenemos la industria Iansa, y todos sabemos qué es, pero el tema es que la terminación de este rubro implica también la desaparición de un inmenso sector de gente sencilla que vive de este cultivo. Estamos hablando de campesinos, especialmente de la Séptima Región hacia el sur.
El proyecto es una de las mayores aspiraciones que tuvimos el año pasado en la mesa agrícola, en la cual solicitamos al Gobierno estudiar el tema porque nos preocupa la suerte de la mayoría de los campesinos que se dedican a este cultivo, por cuanto el 68 por ciento de ellos tiene menos de cinco hectáreas. Solamente el tres por ciento son grandes agricultores que poseen más de 30 hectáreas; la mayoría de la gente que trabaja en el rubro son personas sencillas.
Lo más importante es que esta actividad da mucho trabajo en Chile. Según los estudios que tengo a mano, proporciona empleo a 31.500 personas. De partida, los campesinos dedicados a este rubro son alrededor de siete mil y, de acuerdo con la información de que se dispone, en la industria están empleadas 2.400. Además, hay otros sectores involucrados, como el de transportistas, ligado a esta actividad de una u otra forma, y el de agricultores agrícolas, que son más de 16 mil personas.
En definitiva, el tema incide en que siga adelante o no un rubro productivo de gran incidencia social y económica. Por eso estamos apoyando el proyecto. No nos confundamos, esta iniciativa no se creó para favorecer a una gran empresa, sino para beneficiar a productores chilenos que tienen el legítimo derecho a continuar en el rubro. 
Para lograr el arancel consolidado hubo que hacer negociaciones con países que normalmente importan azúcar desde Chile, los que, obviamente, se sentían afectados. A fin de alcanzar ese objetivo, el Gobierno presentó una indicación al proyecto con el propósito de fijarles una cuota de importación anual libre de arancel o sea, el costo lo absorbe el mismo sector, distribuida de la siguiente manera: Argentina, 21 mil toneladas; Guatemala, 16.700 toneladas; Brasil 9.700 toneladas, y otros, en general, 12.600 toneladas.
En definitiva, el artículo 1º del proyecto eleva el arancel consolidado del 31,5 por ciento al 98 por ciento. Esto no quiere decir que ese arancel regirá permanentemente, sino que es el máximo de aplicación de las distintas tasas para que opere la banda de precios.
En su artículo 2º dispone, en forma obligatoria, que cualquier tasa o arancel que se aplique para permitir la fluctuación de la banda de precios no podrá superar, por ningún concepto, el porcentaje de 98 por ciento.
Asimismo, en la indicación del Ejecutivo, que fija las cuotas anuales de importación para los países mencionados, se faculta al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del procedimiento, y se añade que dicho Servicio deberá informar a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, durante el primer trimestre de cada año, sobre el detalle de su utilización.
Eso es, en esencia, lo que puedo informar en nombre de la Comisión, la cual aprobó el proyecto por mayoría de votos y está consciente de su gran significación para el sector productivo.
Finalmente, debo señalar que la Comisión determinó, por unanimidad, que el proyecto no contiene normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado y, en consecuencia, lo aprobó en general y en particular.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Exequiel Silva.
El señor SILVA.- Señor Presidente, el vasto informe del diputado señor Ceroni me va a ahorrar bastante tiempo.
El proyecto, fundamentalmente, se refiere a dos materias.
En su artículo 1º, aumenta el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, para ciertas partidas relacionadas con el azúcar, de 31,5 por ciento a 98 por ciento, y en su artículo 2º, precisa la base de cálculo en la legislación sobre bandas de precio, en términos de que los derechos específicos no sobrepasen el arancel consolidado ante la OMC.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos y revisado por la Comisión de Hacienda, con fecha 1 de octubre de 2001, señala que el proyecto no representa costo fiscal para el año 2001.
El Gobierno de Chile, para llevar a cabo y presentar el proyecto ante el honorable Congreso, realizó un conjunto de negociaciones y consultas bilaterales con los países miembros de la OMC señalados por el diputado informante de la Comisión de Agricultura, en el marco del artículo 28 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Gatt, que establece los procedimientos para modificar o rectificar las listas de concesiones arancelarias hechas por cada país ante esa organización internacional, que tuvieron por objeto alzar el arancel señalado en el artículo 1º para las producciones de azúcar contempladas en la Lista VII. 
La elevación del arancel consolidado, de 31,5 por ciento a 98 por ciento, no significa que operará este último porcentaje, como aquí se ha señalado. No es más que un seguro o resguardo, a raíz de los bajos precios que ha experimentado el azúcar y que han sobrepasado en varias ocasiones durante los meses anteriores el arancel consolidado de 31,5 por ciento. Por lo tanto, es una medida de protección que entrará en aplicación cada vez que el precio del azúcar baje más allá del piso que establece el sistema de banda de precios que opera en el país.
El artículo 2º ratifica que los derechos específicos que resulten de la aplicación del artículo anterior, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial de Comercio. O sea, es un seguro o un resguardo para quienes crean que por esta vía o norma podemos sobrepasar permanentemente el arancel.
En la Comisión de Hacienda, varios señores diputados plantearon dudas y, además, formularon una serie de indicaciones que fueron rechazadas de manera mayoritaria; pero se llegó al compromiso con el Ejecutivo que cumplió con el envío de las indicaciones que, tomando en cuenta las inquietudes de la Comisión, profundiza respecto de la transparencia de las cuotas y de su uso, en el sentido de no permitir que un solo importador utilice la franquicia con arancel cero, de manera de dar posibilidad de una participación más amplia a más agentes del mercado, al poner el tope de 20 por ciento que, a pesar de las grandes distorsiones de los mercados internacionales, permitirá que las operaciones al interior sean más transparentes.
Hacia eso apunta la indicación al artículo que, reitero, especifica claramente las cuotas.
Por eso, la mayoría de la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en consideración al impacto en el rubro como señaló el diputado señor Ceroni, en el empleo y en el desarrollo de una actividad productiva de una vasta zona del país, desde la Séptima Región hacia el sur.
He dicho. 
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Hago presente a la Sala que hemos acordado votar a las 13 horas en 50 minutos más los proyectos cuyos debates estén cerrados.
El Reglamento establece que cuando la discusión es en general y en particular, los discursos de cada diputado serán de cinco minutos cada uno. En consecuencia, si nos atenemos al artículo 85, no podrán intervenir los siete diputados inscritos.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.
El señor CAMPOS (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, en honor a la premura del tiempo, trataré de ser breve. Además, los informes emitidos por los diputados señores Guillermo Ceroni y Exequiel Silva me ahorrarán algunos comentarios.
El Gobierno envió al Congreso Nacional este proyecto de ley por varias razones. En primer lugar, para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con los sectores productivos nacionales de la mesa agrícola, que se desarrolló el año pasado, y con los presidentes de las Comisiones de Agricultura de la Cámara y del Senado, logrados en esa misma oportunidad.
Ello obedece a que, como aquí se ha dicho, el sector remolachero, desde el punto de vista agrícola, tiene vital importancia para el desarrollo de la agricultura nacional. Estamos hablando de la explotación de más de 50 mil hectáreas, que directamente genera sobre los 10 mil empleos, y de manera indirecta, beneficia a una cifra superior a las 35 mil personas.
Es una actividad muy focalizada en las regiones Séptima, Octava y Novena, donde se concentra la agricultura tradicional o la sustitutiva de productos de exportación, la que, además, cumple un importante rol en la rotación de cultivos, proceso fundamental para obtener otros productos.
El sector remolachero es uno de los más dinámicos de la actividad agrícola. El nivel de rendimiento que ha alcanzado en los últimos años es impresionante; incluso sus productores han adquirido el compromiso de transformarse, en cinco años, en los primeros del mundo. La inversión efectuada en el sector, fundamentalmente a través de los programas de riego que implementa el Ministerio de Agricultura, en gran medida se han concentrado en esta actividad.
También hemos tenido presente que detrás de la producción de remolacha existen 8 mil productores, de los cuales 6 mil son empresas campesinas de pequeños propietarios. De manera que con el envío de esta iniciativa, el Gobierno ha tenido presente no sólo las consideraciones económicas, sino también las sociales.
En el fondo, el proyecto pretende generar las condiciones para que en Chile pueda seguir funcionando el sistema de bandas de precios. En este momento, entre otros productos, el trigo, la remolacha y el azúcar tienen como instrumento estabilizador las bandas de precios, y el Gobierno está obligado a respetarlas, porque están consagradas en la ley. Mientras el Congreso Nacional no discuta y establezca la supresión de dichas bandas de precios, el Estado debe respetarlas.
Pues bien, ocurre que en el mercado internacional uno de los productos agrícolas más volátil y con variación de precios más impresionante es precisamente el azúcar. En la práctica, esto significa que, incluso en un mismo año, su precio internacional tiene oscilaciones muy importantes. Esta situación y la existencia del sistema de bandas, a veces nos obliga a disponer sobretasas arancelarias para respetar el precio del piso de la banda establecida por ley, superiores al 31,5 por ciento, que en su momento registramos ante la Organización Mundial de Comercio.
Luego, ¿qué se pretende con este proyecto de ley? Simplemente, sincerar una situación, porque en el rubro del azúcar en reiteradas ocasiones hemos aplicado aranceles superiores al 31,5 por ciento, de manera que el del 98 por ciento que registramos ante la Organización Mundial de Comercio no es un porcentaje arbitrario, sino la consecuencia del estudio que hemos hecho de las fluctuaciones de precios en los últimos años. Tampoco significa que el azúcar estará gravada con ese arancel en forma automática, por cuanto es el margen que tendrá Aduanas, según las variaciones del precio internacional y del piso de la banda.
En consecuencia, con la aprobación de esta iniciativa por el Congreso Nacional se mantiene, en primer lugar, la vigencia de las bandas de precios como instrumento estabilizador para la agricultura nacional y para nuestros productores, a fin de darle sustentabilidad al sector en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, se da transparencia y sinceridad a una situación existente.
Algunos han dicho que la aprobación de este proyecto podría implicar para el consumidor nacional un aumento del precio del azúcar. Este debate ya se dio al interior de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda, donde demostramos que esa afirmación no es efectiva. Con esta normativa o sin ella, en virtud de la banda, el precio del azúcar se mantendrá en los mismos niveles.
Por otra parte, también se ha señalado que la influencia del insumo azúcar en el cálculo de los costos de algunos productos podría llevar al encarecimiento artificial de ellos. Al respecto, tanto a la Comisión de Hacienda como a la de Agricultura entregamos estadísticas que demuestran que del mismo modo en que el precio internacional y el piso de la banda del azúcar en los últimos años han ido decreciendo lo que en la práctica se traduce en que el precio del azúcar ha ido bajando en forma proporcional, en ese mismo porcentaje ha ido aumentando el precio de algunos productos que tienen como insumo principal el azúcar. De manera que la argumentación dada en ese sentido carece, a nuestro entender, de mayor argumento o solidez.
A raíz de las discusiones surgidas al interior de las Comisiones de Agricultura y de Hacienda de esta honorable Cámara, hoy hicimos llegar indicaciones al proyecto, que no hacen más que recoger situaciones que ya estaban convenidas y registradas en los entes pertinentes.
Me explico. Agregamos un inciso en que se hace referencia a las cuotas, tanto en sus volúmenes generales como en los porcentajes o en las asignaciones respectivas, que les corresponderá a países que son nuestros socios comerciales.
En verdad, esto ya estaba consignado en la Organización Mundial de Comercio. Fue el tema que hubo que negociar con nuestros principales socios comerciales para estos efectos Argentina, Guatemala y Brasil, de manera que incorporarlo en el proyecto no hace nada más que transparentar una situación que desde un punto de vista formal ya existía.
Además, nos ha parecido importante establecer la forma en que se accederá a estas cuotas, fijar algunas limitaciones a los importadores en el sentido de que no pueden hacer uso más que de un porcentaje determinado, con el objeto de que nadie suponga que aquí hay un uso monopólico de las cuotas, lo que beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros.
El Gobierno, particularmente el Ministerio de Agricultura, vería con mucha satisfacción que el Congreso Nacional aprobara el proyecto y las indicaciones presentadas, puesto que, de ese modo, no sólo daremos cumplimiento a los compromisos asumidos el año pasado al interior de la mesa agrícola, con participación de todos los actores vinculados a esa actividad, sino que, además, entregaremos una señal que la agricultura chilena necesita: de seguridad y de confianza para que los productores continúen contribuyendo al desarrollo nacional, como lo han hecho a través de toda la historia de Chile y, en este caso específico, por medio de la mantención de la política de bandas de precios. También estamos dando una señal muy especial y significativa a uno de los sectores más dinámicos y modernos, que ha demostrado una capacidad de adaptación a la realidad de los nuevos tiempos mucho más avanzada que otros, como es el de los productores de remolacha de Chile.
Gracias, señor Presidente.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Quedan 37 minutos y hay 10 diputados inscritos, de manera que quienes tengan interés en aprobar el proyecto pueden hablar hasta tres minutos.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, entiendo perfectamente las razones del proyecto de ley en discusión. Comparto el artículo 2º, en el sentido de que legitima las bandas de precios como un resguardo necesario para nuestra producción agrícola y como mecanismo estabilizador de precios de algunos de nuestros productos que, sabemos, compiten con importaciones que tienen en sus países de origen subsidios directos a la producción o subsidios indirectos a través de insumos asociados, lo que es más grave, a la subvaloración del trabajo de campesinos o niños que participan en el proceso de producción.
Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con el alza desmesurada del arancel de importación de azúcar, por el solo hecho de que con ello entregaremos, casi eternamente, el monopolio de la producción a la Iansa.
La Iansa es una empresa que no tiene limitaciones para apremiar, desde todo punto de vista, a los agricultores que siembran remolacha. Les cobra intereses casi usurarios, sobreprecio por los insumos que les entrega y les retiene el IVA, con lo cual les causa problemas permanentes en Impuestos Internos. En las cobranzas, no tiene misericordia con la gente y a los pequeños agricultores los deja prácticamente en la calle. Jamás pierde.
En la sequía de 1997, siempre perdieron los agricultores, a pesar de que los informes de los técnicos de Iansa decían que las pérdidas en la producción se debían a falta de agua. Sólo resultaron afectados los agricultores, y la Iansa no reflejó pérdida alguna.
En 1998, la Iansa probó nuevas semillas y nuevas técnicas de riego y de cultivo. Una vez más, los informes de los técnicos dijeron que la baja en la producción de remolacha se debía a que la nueva técnica de riego no fue bien asimilada por el agricultor o que la semilla no funcionó en ese tipo de suelo. Pero eso ni siquiera fue considerado y, una vez más, perdieron los agricultores.
Hoy, la Iansa expresa, como señaló el ministro, que este proyecto es muy importante, porque permite mantener el cultivo de remolacha en Chile, donde 8 mil agricultores se dedican a este rubro. 
Al respecto, quiero decir que sólo en la región del Maule 900 agricultores están siendo apremiados por esa industria, muchos de ellos judicialmente, a los cuales ni siquiera se les da alguna solución real. Sus deudas de 1997, sólo en intereses y multas, son enormes. La obligación de una persona, de un millón o un millón y medio de pesos en ese año, hoy asciende a 12 millones o a 13 millones. A un agricultor que en julio debía 5 millones de pesos a la Iansa, se le remató un televisor y una estufa a gas, por lo cual esa empresa obtuvo no más de 12 mil pesos. El costo del remate fue de 50 mil pesos; es decir, hay que agregar a la deuda de esa persona el costo del remate. ¡La Iansa no tiene misericordia con los agricultores!
El proyecto, por muy importante que sea desde el punto de vista del país, carece de resguardos para los sembradores de remolacha. Sigue permitiendo a Iansa ser juez y parte en los análisis de calidad del azúcar para los que no entienden, me estoy refiriendo al grado de contenido de azúcar y de impurezas donde la industria hace lo que quiere, sin ninguna transparencia. Los agricultores, simplemente, deben aceptar lo que la empresa concluye en esta materia.
Este proyecto es un traje a la medida para la Iansa. Fue hecho apresuradamente por un problema de plazos, de vencimientos de compromisos y de alegaciones ante organismos internacionales, pero no cautela para nada los intereses de los agricultores.
Por ello, al menos en mi caso, lo voy a votar en contra.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, aunque no sea un tema de mi especialidad, me parece importante intervenir en este debate, por lo menos para señalar a la opinión pública que, si bien es cierto que los intereses de ciertos sectores agrícolas chilenos son importantes y es trascendente el empleo que se genera en ellos con determinados productos, como la remolacha, también es relevante señalar que sectores industriales se verán gravemente perjudicados si se aprueba la normativa que se discute.
Es el caso de muchas empresas ubicadas en la Quinta Región, que utilizan el azúcar como uno de sus insumos principales, especialmente aquellas que elaboran chocolates, mermeladas y chancaca. Estas industrias deben competir con productos similares importados que tienen un alto contenido de azúcar, pero que no pagan los aranceles que deben enterar las industrias nacionales que usan azúcar, importada o nacional, pero con precios equivalentes.
Por ello, consideramos que la tramitación de este proyecto ha sido demasiado apresurada. Francamente, nos parece un despropósito por no decir una falta de respeto para los productores nacionales que la urgencia de este proyecto haya sido calificada de “discusión inmediata”, lo cual significa dejarlo casi sin discusión y privar a todos los sectores interesados de la posibilidad de hacer llegar sus opiniones e ideas.
Es indispensable analizar la constitucionalidad de esta iniciativa, porque no nos parece que ésta se encuentre enteramente asegurada.
Lo que más me preocupa es la discriminación arbitraria contra industrias que utilizan el azúcar como uno de sus insumos. Ellas deben competir con productos importados, que tienen gran cantidad de azúcar, a los cuales no se les aplica el arancel respectivo.
Por lo tanto, manifiesto mi opinión negativa respecto de este proyecto. Pienso que hay una transferencia, sin razón, de recursos de un sector de chilenos hacia otro, lo que produce un cierto enriquecimiento no justificado. En definitiva, es el consumidor el que paga las cuentas de estas excesivas protecciones que favorecen a un sector de chilenos a costa de la inmensa mayoría. Existe una grave pérdida de competitividad y de crecimiento para nuestra Quinta Región, duramente castigada, con uno de los porcentajes de cesantía más altos en el país. Un proyecto como éste significará más desempleo, o por lo menos impedirá que de alguna manera revirtamos la situación.
Aun cuando mi opinión es contraria a este proyecto, me voy a abstener en la votación por eventuales intereses contrapuestos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.- Señor Presidente, primero, quiero destacar con mucho entusiasmo y beneplácito que el Gobierno haya dado una señal muy potente en favor de un sector de los agricultores.
El productor lechero vive un drama porque destina grandes porciones de tierra para el cultivo de la remolacha, no solamente para obtener rentabilidad, sino por la necesidad de la rotación de cultivos, a fin de mantener la calidad de la tierra.
Segundo, este proyecto permitirá a miles de agricultores, con sus familias, conservar una fuente de trabajo y una actividad agrícola, por lo menos algo rentable.
Aquí se ha criticado la posición monopólica de la Iansa, pero este proyecto no apunta a resolver y terminar la posición dominante de esta industria, sino a permitir que siga contratando con los pequeños agricultores la producción de la remolacha.
Por mi parte, estoy disponible para trabajar con los parlamentarios que lo deseen, y con el Gobierno, a fin de tratar de solucionar las distorsiones del mercado, con el objeto de evitar que quienes tienen posiciones dominantes no abusen de ello. Lo que hace el proyecto es viabilizar el negocio de la remolacha.
Se dice que los precios de los productos chilenos no pueden competir con los importados por los subsidios existentes en países como Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un consolidado superior al 150 por ciento; Europa, cuenta con más del 40 por ciento de la oferta mundial de azúcar blanca y una salvaguardia automática, que en total alcanzó el año pasado entre 350 y 250 por ciento; Guatemala, con un mercado cerrado, consolidó 160 por ciento; México, el 156 por ciento, y Colombia, el 117 por ciento. Y aquí se está objetando que Chile proteja el piso de la banda para que muchos agricultores sigan produciendo.
No es efectivo que la aplicación de este proyecto provocará el alza del precio del azúcar, porque los informes demuestran que en los últimos años ha bajado un 30 por ciento; sin embargo, los industriales a que hacía referencia el diputado señor Ibáñez han alzado el valor de sus productos en 17 por ciento. 
En definitiva, este proyecto compatibiliza la producción de la remolacha con el cumplimiento de compromisos contraídos con la Organización Mundial de Comercio, cuyas normas ha respetado nuestro país. Ahora, si hemos puesto salvaguardias a un piso de la banda es por el valor irrisorio al cual se estaba internando.
Las cuotas de importación que se están estableciendo impiden que sólo sea la Iansa la que opere, ya que están limitadas a no más allá de un 20 por ciento por cada importador. Se atomiza la distribución de esta cuota de importación, la que por primera vez entrará con arancel cero.
También en materia de precios se favorecerá al consumidor. Me he destacado por defender los derechos de los consumidores y, en este caso, tengo la convicción de que esta normativa no generará el alza del precio del azúcar; por el contrario, permitirá que muchos más chilenos continúen consumiéndola.
Por otra parte, si miles de agricultores dejan de trabajar y de explotar la tierra, ¿cómo resolveremos el problema de la desocupación? Se trata de un proyecto en pro del empleo y de la justicia, en favor de los agricultores y también de los trabajadores.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señor Presidente, me he visto en la necesidad de intervenir en este debate después de escuchar a mi colega Álvarez-Salamanca, con quien no sólo tengo una amistad ciudadana, sino también una experiencia de diálogo en los tópicos abordados en este proyecto hace muchos años en la Comisión de Agricultura.
Por eso he querido empezar mi intervención señalando que es lamentable que en nuestro país exista tanto ideologismo que impida entender que el Estado puede y debe jugar un papel para proteger a los productores, con el fin, entre otras cosas, de evitar su sobreendeudamiento, esencialmente en el proceso de comercialización de ciertos productos.
La Iansa fue privatizada para fines particulares y viles intereses de grupos económicos sesgados, y dejó de cumplir un rol básico en toda agricultura moderna, que tiene que ver con la protección, no de la producción, sino del equilibrio entre los precios justos de los productos y el acceso a ellos de los usuarios, en forma directa o secundaria. Lo que ha ocurrido con los remolacheros también les ha pasado a los lecheros, a los productores de maíz, a quienes han innovado y se han transformado en semilleros, y a los productores de fruta, que muchas veces están a merced no de una agroindustria cualquiera, sino de las empresas exportadoras y del grupo Penta. Por ello, cuando se discute de economía agrícola, uno debe entender que estamos insertos en un modelo que debería ser revisado, no para eliminar los estímulos de mercado, que son importantes, sino para contar con mecanismos de protección a los productores y garantizar estabilidad y precios competitivos.
Economías que han recorrido un camino similar al nuestro han aprendido, antes que nosotros, que las estructuras públicas o mixtas de estabilización de precios, como los board en Australia y en Nueva Zelanda, son instrumentos útiles.
Mientras no seamos capaces, como país, de avanzar en el debate sin los prejuicios ideológicos del pasado, necesitaremos recurrir a este tipo de mecanismos propios de la economía agrícola, en los cuales se entiende que el poblamiento del territorio y el proceso productivo agrícola tienen un valor en sí, más allá del producto específico. Por ello, comparto no sólo el espíritu del proyecto que se nos ha presentado, sino que lo considero vital para ciertas zonas del país, en especial respecto de las regiones Séptima y Novena, productoras de remolacha y ganaderas, y para bolsones de la Décima Región norte, que tienen una situación similar.
Lo que se pretende es ajustar nuestra legislación a fenómenos futuros, pues si no modificamos nuestro arancel básico consolidado de 31,5 a 98 por ciento, mañana podemos causar un tremendo perjuicio a pequeños agricultores y también a varias comunas y regiones.
A mi juicio, esta norma tiende a prepararnos para la eliminación de ciertas bandas, como la del azúcar, y asegurar que, a través de otros medios, se garanticen precios más estables y adecuados para los productores, algo a lo cual nadie se puede oponer. 
Entiendo la inquietud manifiesta respecto de los impactos que esta norma podría tener sobre el precio de los insumos para las industrias gaseosas, de dulces y de galletas, que son bastante exitosas en nuestro país y que incluso están exportando. Sin duda, no sólo deberemos tener cuotas de exportación con arancel cero garantizado para evitar distorsiones de precios en el mercado interno, sino que, además, estar vigilantes para que dichas industrias puedan seguir su proceso de crecimiento, lo que nos interesa a todos. 
Hay que estar conscientes de que el azúcar no es el único insumo que usan las industrias transformadoras para endulzar sus productos. Por ello, debemos adecuar el debate y no caer en la distorsión de pensar que la Coca-Cola o la Bilz y Pap usan azúcar para endulzar, pues varias industrias utilizan otros productos.
Entiendo que estas normas deben dar paso a otra visión sobre cómo regular los precios de los productores en nuestra economía abierta, ya que somos un mercado pequeño. 
La producción del azúcar a nivel mundial es monumental. Como nuestro aporte a ese mercado es absolutamente marginal, necesitamos tener este parámetro para proteger a productores, comunas, regiones y, por cierto, para facilitar otros procesos productivos asociados, como el ganadero, en el cual la remolacha se usa para mantener los nutrientes de la tierra.
Anuncio que votaremos a favor el proyecto y quiero reconocer el aporte del Ministerio de Agricultura al adelantarse a este debate, antes de que sea tarde.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, si los Ministerios de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Agricultura no se hubiesen abocado, por instrucciones precisas del Gobierno, a la renegociación del arancel consolidado ante la Organización Mundial de Comercio, estaríamos en presencia de la desaparición de la empresa Iansa eso hay que dejarlo claramente establecido, lo cual habría significado cesantía en el mundo rural para muchos miles de compatriotas. 
Hay que mirar el mundo social, la agricultura y todo el entorno que funciona alrededor de Iansa. De ahí, entonces, nuestro agradecimiento y reconocimiento al Gobierno por esta preocupación que deja tranquila a dicha empresa, y que permite a los agricultores seguir incursionando en un cultivo que, esperamos, sea cada vez más rentable para ellos.
Sin duda, la fuerza laboral involucrada es de tremenda importancia, porque abarca no sólo a productores, sino también al personal de las industrias y a otros que se preocupan de la comercialización del producto.
Debemos seguir manteniendo las bandas de precios con fuerza y energía para garantizar la viabilidad de muchos cultivos tradicionales del sur de Chile.
Me llama la atención que Iansa, industria que todos apreciamos y que pronto cumplirá 50 años, haya firmado un convenio hace sólo unas semanas, con asistencia del Presidente de la República, en la ciudad de Los Ángeles, para llegar a ser campeones mundiales en rendimiento de remolacha por hectárea. Para mí eso no tiene importancia alguna. Más allá de ser campeones mundiales, debemos preocuparnos de que el negocio que realizará Iansa en Chile permita a los agricultores tener un cultivo rentable. Tal como lo decía el ministro, nos inquieta el alto porcentaje de pequeños campesinos que están tremendamente endeudados por incursionar en dicho cultivo. Hay que reestudiar los intereses, el valor de los insumos y entregar una asistencia técnica más cercana a esa gente para que pueda elevar sus rendimientos y pagar sus deudas a Iansa.
He conversado con ejecutivos de la industria, y veo en ellos buena disposición. Habrá que fiscalizar por parte del ministerio del ramo y del Gobierno que esto se cumpla, porque así como queremos tener Iansa para rato, nos interesa también que a los campesinos endeudados se les busque la manera de que puedan salir adelante para que no sigan en la situación agobiante que arrastran por muchos años. Iansa debe jugar un rol fundamental en este tema, sin efectuar descuentos excesivos por conceptos como impurezas o bajos porcentajes de azúcar, ya que finalmente todo ello afecta el resultado económico de la siembra por hectárea. 
Le deseo el mejor de los éxitos a la industria Iansa. Espero que haya mayor preocupación por todos nuestros agricultores, en especial por los campesinos endeudados del sur de Chile, a quienes debemos tender la mano ahora que esa empresa continuará operando en el país.
El Partido Radical Social Demócrata votará a favor el proyecto por considerarlo de la mayor importancia para el país y para nuestra agricultura.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).- Señor Presidente, estoy convencido de que para lograr crecimiento económico y desarrollo social las reglas del juego para el sector productivo deben ser claras y estables en el tiempo. De lo contrario, no hay desarrollo. Ello es particularmente importante en la agricultura, donde el retorno de las inversiones requiere de varios años de maduración y productividad. 
Quiero recordar que los diferentes gobiernos de la Concertación se comprometieron con los agricultores del país en el sistema de bandas de precios de tres productos sensibles: trigo, aceite y azúcar. Así se inscribió en la Organización Mundial de Comercio y así se negoció cuando Chile se asoció al Mercosur.
La banda de precios del trigo continúa funcionando. Sin embargo, la del aceite fue burlada y perforada de manera sistemática a través de la importación de mezclas, razón por la cual terminó siendo letra muerta. Por esa razón, un cultivo tan importante como el raps, que además era rotativo para mejorar el rendimiento del trigo, desapareció de los campos chilenos.
Si no aprobáramos el proyecto, correríamos el grave riesgo de que desapareciera otro cultivo alternativo como la remolacha, lo cual significaría llevar a la indigencia a miles de familias campesinas mapuches que durante años han encontrado en ese cultivo un sustento para ellas mismas.
Repito que las reglas del juego deben ser claras y estables, y que si no aprobamos el proyecto simplemente desaparecerá el cultivo de la remolacha, con el consiguiente desempleo para 50 mil personas.
Hago un llamado a mis colegas a votar forablemente la iniciativa por su profundo contenido social y económico, pues significa mantener el desarrollo en muchas localidades y sectores rurales, en especial en aquellos habitados por campesinos mapuches que, como ya dije, no tienen otra alternativa de cultivo.
Por las razones expuestas, anuncio mi voto favorable al proyecto.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.- Señor Presidente, en primer lugar, lamento que Iansa, empresa del Estado, se haya privatizado y se encuentre en manos de empresarios españoles. Si fuera una empresa nacional, seguramente no tendríamos los problemas que ha mencionado el diputado señor Álvarez-Salamanca.
Deseo señalar que aquí se produce una discusión entre los sectores industrial y rural. Como lo señaló el diputado señor Ibáñez, el sector industrial se opone al proyecto.
Si no aprobamos la iniciativa, se cerrará la empresa Iansa y se perderán 35 mil empleos. En el caso de la provincia de Ñuble, uno de cuyos distritos represento, donde está el 25 por ciento de las 50 mil hectáreas de cultivo de remolacha, es decir, 12.500 hectáreas, ello significará un tremendo retroceso, tal como sucedió en la década de los 80, cuando la empresa estuvo improductiva.
La aprobación del arancel diferenciado permitirá que el Estado cumpla el compromiso adquirido en 1998 por el ministro de Hacienda de la época, en orden a mantener las bandas de precios en los sectores productivos del mundo rural, en especial de las regiones del sur de nuestro país.
Felicito a los ministros de Agricultura, de Relaciones Exteriores y de Hacienda por la propuesta de aumentar de 31,5 a 98 por ciento el arancel básico consolidado de nuestro país ante la OMC.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, confieso que el proyecto me confunde.
No quisiera estar ausente cuando se trata de beneficiar al agro. Sin duda, el proyecto constituye un “beneficio” para algunos.
Por mi condición de hombre de campo no acostumbro a tomar palco cuando se abordan problemas del sector, sobre todo cuando se trata de la tradicional agricultura campesina de nuestro país, como el sector remolachero, que agrupa a una importante cantidad de productores en la Décima Región.
Quiero aclarar el tema a los honorables diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Cuando se habla del mundo campesino, de los pequeños agricultores, del mundo mapuche de la Novena Región, es evidente que debo creer a mis colegas de esa región; pero debo decir, con dolor, que no ocurre lo mismo en la Décima Región de Los Lagos, donde el monopsonio del azúcar en Chile se aplica tal como es.
Por eso, difícilmente podríamos decir que no al “beneficio” que significa el proyecto para la agricultura tradicional, pero hay que expresar la verdad: el beneficio es sólo para algunos. Me refiero específicamente a la Décima Región de Los Lagos, lugar en el que no hay un solo mediano ni pequeño agricultor que sea productor de remolacha, porque allí los grandes agricultores siembran cantidades de remolacha y ellos monopolizan la cantidad que puede absorber la planta Rapaco de la Décima Región.
Creo que estamos legislando porque no hay otra alternativa, pero el proyecto me parece muy pobre, por cuanto triplicar el arancel consolidado a tres partidas referidas al azúcar y modificar las normas sobre bandas de precios no favorece a la parte más importante y tradicional de nuestra agricultura. Por eso, no termino de entender a algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Concuerdo plenamente con el diputado señor Juan Pablo Letelier, en el sentido de que Iansa jamás debió ser privatizada, porque fue creada para los pequeños agricultores, a quienes les daba una opción de vida en lo económico y trabajo. Hoy, no tienen esa opción ni trabajo relacionado con la remolacha.
Cuando hablamos de cultivo tradicional hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Reitero que el proyecto no cumple los objetivos señalados por los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que constituye un tremendo beneficio para el país.
Tengo mis dudas y podría abstenerme en la votación, pero veo que hay buena fe, aspecto que no está en discusión. Empero, con la misma agilidad empleada para ayudar a los remolacheros, deseo que se legisle en forma definitiva en el tema arancelario para la leche y el ganado, que dan vida a la Décima Región de Los Lagos.
Como no hay otra forma de ayudar a la agricultura tradicional ni un proyecto mejor, debo tomar una opción: no me queda otra cosa que aprobarlo, porque, aun cuando no lo considero adecuado, de alguna manera cumple ciertos objetivos y no puedo estar en contra de la agricultura tradicional. Sin embargo, el Ejecutivo y el Ministerio de Agricultura deben ser más cuidadosos al legislar sobre la agricultura chilena tradicional.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
El señor LONGTON.- Señor Presidente, aun cuando está cerrado el debate, solicito el acuerdo de la Sala para intervenir por dos minutos y opinar sobre el proyecto, tan importante para la región de Valparaíso.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para que el diputado señor Longton pueda hacer uso de la palabra, por dos minutos.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Corresponde votar el proyecto que modifica el arancel básico consolidado de nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio para ciertas partidas relacionadas con el azúcar.
En votación general.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Dittborn, Elgueta, Galilea (don Pablo), García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Molina, Monge, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Recondo, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Velasco, Venegas, Villouta y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alessandri, ÁlvarezSalamanca, Cornejo (don Aldo), Longton, Pérez (doña Lily), Valenzuela y Vega.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado, Bertolino, Cristi (doña María Angélica), Ibáñez, Lorenzini, Montes, Mora, Prokurica y Vargas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a una indicación del Ejecutivo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Indicación al artículo 1º, para agregar los siguientes incisos:
“Asimismo, a la sección IB de la Parte I de la Lista VII señalada en el inciso precedente, establécese para la posición arancelaria 1701.9900 “Los demás”, un contingente arancelario de 60.000 toneladas anuales, libre de derechos de aduana. Dicho contingente se distribuirá de la manera siguiente:
“Argentina, 21.000 toneladas anuales; Guatemala, 16.700 toneladas anuales; Brasil, 9.700 toneladas anuales; otros, 12.600 toneladas anuales.
“Ningún importador podrá, directa o indirectamente, hacer uso de más de un veinte por ciento del contingente a que se refiere el inciso segundo de este artículo.
“Facúltase al Servicio Nacional de Aduanas para establecer las normas aplicables a la administración del referido contingente arancelario. Asimismo, dicho Servicio deberá informar, en el primer trimestre de cada año, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el detalle de la utilización del contingente.”.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobado el artículo 1º del proyecto con la indicación.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Elgueta, García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Leal, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Monge, Montes, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Lorenzini, Mora, Olivares y Valenzuela.
Se abstuvieron los diputados señores:
Kuschel y Longton.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En votación el artículo 2º.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobado.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Ávila, Bertolino, Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, García (don José), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Monge, Mora, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Vargas, Vega, Venegas, Vilches, Villouta y Walker (don Patricio).
Votó por la negativa el diputado señor Valenzuela.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado, Álvarez-Salamanca, Leay, Lorenzini y Montes.


VII. PROYECTOS DE ACUERDO

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE DROGAS PARA CONOCIMIENTO DE MATERIAS DE SU COMPETENCIA. (Continuación).

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 606.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum.


MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5º DEL DECRETO LEY Nº 1, DE EDUCACIÓN, DE 1996.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- A continuación, el señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 607.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 607, de los diputados señores Rosauro Martínez, Reyes, Gutiérrez, Hales, Correa, Caminondo, Velasco, de las diputadas señoras Laura Soto y María Antonieta Saa, y del diputado señor Navarro, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Considerando:
1. El significativo número de escuelas o establecimientos rurales en el país.
2. Que la escuela o establecimiento de educación rural cumple, además de la función pedagógica formal, una labor sociocultural de enorme trascendencia.
3. Que en un alto porcentaje dichos establecimientos son dirigidos por la figura del profesor encargado, existente en la práctica, pero inexistente en el cuerpo legal que rige su carrera funcionaria como profesionales de la educación.
4. Que, precisamente el DL Nº 1 de Educación, que fijó el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley Nº 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, en su artículo 5 reconoce la existencia de tres funciones: la docencia propiamente tal, la docencia técnica y la docencia directiva.
5. Que, por tal situación, los profesores encargados, según la norma en vigor, son docentes propiamente tal o de aula, aun cuando cumplen dos funciones: docencia y administración, pues además de las clases son los responsables del funcionamiento del establecimiento.
6. Que esta situación trae como consecuencia un grave perjuicio, por ejemplo en materias como concursos públicos de oposición, donde reciben puntaje sólo como docentes de aula, en circunstancias que realizan ambas funciones.
7. Que la ley Nº 19.715, publicada el 31 de enero de 2001, si bien reconoce esta labor, lo hace exclusivamente para otorgar un mejoramiento económico.
8. Que es de justicia establecer un reconocimiento legal a los profesores que desempeñan esa función de hecho.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a la ministra de Educación el envío de un proyecto de ley que modifique el artículo 5 del DL Nº 1 de Educación de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070 a objeto de incorporar la función de profesor encargado”.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, en este proyecto de acuerdo se establece que la escuela rural cumple, además de la función pedagógica, una labor sociocultural de mucha trascendencia en el sector en que se encuentra inserta; que, en la práctica, un alto porcentaje de dichos establecimientos son dirigidos por la figura del profesor encargado, inexistente en el cuerpo legal que rige a la carrera funcionaria como profesionales de la educación, y que el decreto ley Nº 1, de Educación, que fijó el texto coordinado, refundido y sistematizado de la ley Nº 19.070, reconoce, en su artículo 5º, la existencia de tres funciones: la docencia propiamente tal, la docencia técnica y la docencia directiva. Por tal situación, los profesores encargados, según la norma en vigor, son docentes propiamente tales o de aula, aun cuando cumplen dos funciones: la de docencia y la de administración del establecimiento, pues, además de impartir clases, son los responsables de su funcionamiento. Por tanto, esta situación les genera un perjuicio, por ejemplo, en materia como concursos públicos de oposición, en los cuales reciben puntaje sólo como docentes de aula, en circunstancias de que realizan ambas funciones.
La ley Nº 19.715, publicada el 31 de enero de 2001, reconoce esta labor exclusivamente para otorgar un mejoramiento económico. Creo que es de justicia consagrar también un reconocimiento legal a los profesores que, de hecho, desempeñan la función de director o de administrador en cada uno de los establecimientos educacionales, tanto rurales como urbanos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, quiero apoyar este proyecto de acuerdo del diputado señor Rosauro Martínez y al cual muchos, que también estamos interesados en la docencia, hemos dado nuestro respaldo. Por lo tanto, la honorable Cámara debiera aprobarlo, puesto que su objetivo es elevar el nivel de la educación rural, política que debemos fortalecer. El diputado señor Rosauro Martínez tiene toda la razón en su planteamiento, porque existen muchas escuelas unidocentes, encargadas de un equis número de niños, en las cuales se imparte docencia en distintos niveles, pero en una condición subestimada. En efecto, este profesor básico, que desempeña funciones en el medio rural, no recibe el grado, la condición, la respetabilidad y el apoyo para la carrera docente que posteriormente puede iniciar por el hecho de haber sido profesor encargado. El objetivo de este proyecto de acuerdo es modificar el Estatuto Docente para que el concepto de profesor encargado, que prevalece en las escuelas rurales, sea considerado de mejor forma y como un antecedente profesional valioso para los profesores que posteriormente participan en concursos u otras actividades educacionales.
Por las razones expuestas, lo hemos apoyado y seguiremos apoyando.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Por falta de quórum, se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se llamará a votación por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Por no haberse alcanzado nuevamente el quórum requerido, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 607 para la próxima sesión.


VIII. INCIDENTES

IRREGULARIDADES EN OTORGAMIENTO DE BONOS Y CRÉDITOS POR EL INDAP.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Monge.
El señor MONGE.- Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural nos enteramos con mucha sorpresa por la prensa de ayer de que distintas organizaciones campesinas fueron invitadas por su Excelencia el Presidente de la República a un acto celebrado en La Moneda el lunes de esta semana y organizado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Lo señalo porque existe molestia entre los miembros de la Comisión de Agricultura por no haber sido informados con la debida antelación de la realización de ese evento, ya que algunas invitaciones fueron recibidas el mismo día en que se llevó a cabo el acto, es decir, mientras los diputados nos encontrábamos cumpliendo nuestro trabajo en los respectivos distritos, y otras, al día siguiente.
Ese hecho que contradice lo señalado por el señor Ricardo Halabí cuando asumió como director nacional del Indap a raíz de los graves cargos formulados en contra de su antecesor por la cuestionada administración de dicho instituto, motivó que la Comisión de Agricultura acordara, en forma unánime, pedir una investigación para determinar con cargo a qué fondos se realizó aquel vulgar acarreo de dirigentes a lo largo y ancho de Chile.
Queremos advertir al país de la inconveniencia de conductas como ésa, abiertamente irregulares y discriminatorias, toda vez que se está utilizando al Instituto de Desarrollo Agropecuario como una herramienta de proselitismo político, con lo cual los únicos perjudicados son precisamente los campesinos a los que se pretende beneficiar.
Aunque falta aproximadamente un mes para el inicio de la campaña para elegir a los representantes a la Cámara y al Senado, ya se puede observar en las distintas regiones cómo algunos candidatos privilegiados por el Indap andan en terreno inscribiendo a la gente para otorgarle algunos beneficios. Sin embargo, hay comunas que han sido discriminadas, a las que no se les entregarán esos beneficios, no obstante que en ellas existen bolsones de pobreza y situaciones graves, que ameritan la ayuda del Estado.
Además, cuando el señor Halabí asumió como director nacional del Indap se comprometió a transparentar la acción de ese organismo, a fin de que todos los campesinos pudieran acceder a sus beneficios. Sin embargo, lo más grave es que hemos detectado que los bonos y los créditos que se entregan para adquirir forraje han sido amarrados para que los insumos sólo puedan ser adquiridos con ciertos proveedores, los que cobran precios muy superiores a los del mercado local.
Esa situación debe terminar. Por esa razón, en la sesión de la Comisión de Agricultura de ayer se acordó solicitar a la Sala la ampliación de la investigación de las irregularidades acontecidas en el Indap al período 2001, porque, a pesar de los cambios y del “maquillaje” que se efectuaron a dicho organismo tales anomalías continúan produciéndose, y creemos que se incrementarán en los próximos meses.
Se trata de una situación inaceptable, porque está en juego la imagen de un Servicio que cumple funciones importantes en el mundo campesino. Por lo tanto, no estamos dispuestos a que se siga politizando el Indap, tal como han denunciado sus propios funcionarios.


INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN CRUCE LOS SAUCES CON VILLA HUEQUÉN, EN ANGOL. Oficio.

El señor MONGE.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme al serio problema vial generado en el cruce del camino Los Sauces con villa Huequén, en la comuna de Angol. El aumento del tráfico vehicular en dicho cruce hace necesaria la instalación de semáforos de tres tiempos, a fin de evitar riesgos para los conductores y otros usuarios de la vía.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones a fin de solicitarle que disponga la instalación de esos semáforos en el cruce indicado.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo que cual la Secretaría toma debida nota.


REPARACIÓN DE PASARELA UBICADA EN LOCALIDAD DE BAJO MALLECO, EN COLLIPULLI. Oficio.

El señor MONGE.- En tercer término, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que disponga la reparación de la pasarela peatonal existente en la localidad de Bajo Malleco, en la comuna de Collipulli.
Dicha pasarela es utilizada por muchas familias que viven en el sector, y transitan por ella muchos escolares que diariamente concurren a clases, los que se han visto en serio riesgo por lo deteriorada que está, la cual fue construida con aporte de los vecinos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual la Secretaría toma debida nota.


INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VIALES EN COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y DE CONCÓN. Oficios.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cuatro minutos y treinta segundos, el diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, hace algunos días pedí que se oficiara al ministro de Vivienda y Urbanismo sobre algunos problemas viales que enfrentan las comunas de Viña del Mar y de Concón, preocupación que ahora quiero suplementar con tres temas muy importantes.
En esa oportunidad hice referencia a un problema en la avenida La Paz, del cerro Forestal, en el paradero donde está ubicada una bomba Esso, a raíz de un socavón causado por las últimas lluvias. Sin embargo, en esta ocasión pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos informe sobre cuáles son los planes de su cartera y del Serviu de la Quinta Región respecto de la avenida La Paz, prácticamente hasta el camino Las Palmas, pues se trata de una obra de máxima importancia.
Hace algunos días el gremio de los taxis colectivos, varias de cuyas líneas tienen su base en ese cerro, llevaron a cabo algunas manifestaciones, exasperados, entre otras cosas, por el pésimo estado de esta avenida, que es la principal vía del cerro Forestal, la que en estos momentos se encuentra llena de hoyos, con el pavimento completamente destruido y en muchas partes con un trazado inconveniente.
Asimismo, quiero solicitar al ministro de Vivienda y Urbanismo que informe acerca de los planes para la reparación de las avenidas Amunátegui, Portales y San José, en el sector de Recreo, en Viña del Mar.
Las avenidas San José, Portales y Amunátegui constituyen también la columna vertebral del tránsito y del transporte en el cerro Recreo. Como el estado de destrucción en que se encuentra la hace inviable para el cumplimiento de sus objetivos, es indispensable someterla a una reparación total.
El tercer punto es el relativo al camino costero viejo tema entre Viña del Mar y Concón. Ya he insistido varias veces ante el Ministerio para que proceda a su reparación. El perfil turístico de nuestra zona no permite esperar más. De no acogerse nuestra petición, tendremos nuevamente una temporada de verano con un camino costero destruido.
Por eso, señor Presidente, solicito que se insista ante el ministro de Vivienda y Urbanismo para que se inicien lo antes posible las obras sobre la base de planes que ya están aprobados. Aquí no queda más que tomar la decisión de ejecutarlas, especialmente en la parte comprendida entre el extremo norte de la playa de Reñaca y el puente sobre la boca del río Aconcagua.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


IRREGULARIDADES EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SERVIU EN QUELLÓN. Oficio.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, muchas veces uno quisiera levantar su voz para destacar cosas positivas que van en beneficio de la comunidad, pero cuando en la tramitación de la ley de Presupuestos se hace mucho esfuerzo para asignar recursos al gasto social, resulta realmente contradictorio observar, en este caso en regiones, en el Serviu de la Décima Región, cómo la falta de control, de prolijidad, de cumplimiento de las normas legales y administrativas vigentes ha hecho que la construcción de 170 viviendas progresivas y de 30 sociales en la comuna de Quellón para lo cual se destinaron 800 millones de pesos, haya quedado abandonada, puesto que a la empresa constructora Urbanet Limitada, cuyo propietario es un ex funcionario del Serviu, se le dieron anticipos por casi tres veces el valor del estado de avance de las obras.
Es incomprensible que las hojas de autocontrol de los últimos estados de pago de agosto, por más de 200 millones de pesos, lleven la firma de este ex funcionario del Serviu y que nadie haya reparado en que las obras en ejecución tenían plazo de término en agosto y septiembre, y cuyo avance efectivo no era de más de 30 por ciento.
Eso significa que 250 millones de pesos se fueron a la calle, que no satisfarán la demanda de una vivienda digna para muchas familias, fondos que, por falta de control, se han ido al tacho de la basura y que el país, con el esfuerzo de todos los chilenos, tendrá que recuperar con trabajo y sacrificio. Es lamentable que sucedan estas cosas.
Hoy día, el Serviu de la Décima Región ha interpuesto, en los tribunales, querellas en contra de quienes resulten responsables. ¡Pero si los responsables son los pro pios directores superiores del Servicio en la región, que no ejercen el control debido, que no imponen su autoridad para que los funcionarios controlen como corresponde!
La ley es clara y precisa: los contratos se adjudican bajo normativas de control claramente establecidas, pero aquí no se han cumplido, porque los dueños de las empresas son ex colegas y había que ayudar al amigo, con quien se tenía el vínculo. Pero, de una u otra forma, numerosas familias han sido perjudicadas.
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República para que se investiguen las irregularidades señaladas, se persigan las responsabilidades administrativas y, al mismo tiempo, se refuercen las acciones judiciales para recuperar los dineros de todos los chilenos. Que el Serviu regional de la Décima Región no se escude en que interpuso las querellas ante los tribunales. Insisto: la responsabilidad está en quienes dirigen el Servicio. Que no opten por cortar el hilo por lo más delgado, castigando a funcionarios de menor jerarquía, que muchas veces reciben las instrucciones de sus superiores vía telefónica o verbal. Cuando se malgasta la plata de los chilenos, todos escudan su responsabilidad en que no han firmado ningún papel. Es una vieja excusa, una manera de salvar las situaciones.
Es de esperar que pronto se llame a una nueva licitación, se adjudiquen los fondos y se construyan estas 200 viviendas en la comuna de Quellón, las que muchas familias esperaron durante años. Hoy, el ansiado sueño de la vivienda digna, de la casa propia, nuevamente se ve lejano por esta malversación de recursos públicos, por falta de control y por desidia en cautelar los recursos de todos los chilenos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que están alzando la mano.


ALZA DE TASAS DE INTERÉS DEL BANCO DEL ESTADO EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS SERVIU. Oficios.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo, por seis minutos.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, solicito el envío de una serie de oficios a distintas reparticiones públicas.
Ayer, en forma extraoficial, conocimos una información preocupante, al menos en mi región. El Serviu sugirió a las organizaciones y empresas que trabajan en la formación de comités de pobladores que postulan a viviendas, suspender todas las operaciones de obtención de créditos hipotecarios para viviendas Serviu, dado que el Bancoestado había informado un alza de sus tasas de interés de tales créditos.
La situación me parece bastante insólita, porque, al menos por parte del Banco Central, no hemos conocido ninguna alza formal de las tasas de interés en el mercado. De manera que la información de que el Bancoestado habría anunciado alzas en las tasas de interés para los créditos hipotecarios Serviu, desde 6,6 por ciento a cifras de 7,5 por ciento más comisiones, es decir, tasas de interés por sobre el 8 por ciento, no corresponde a la normalidad del mercado, porque la banca comercial está ofreciendo tasas de interés hipotecarias menores que las que habría acordado el Bancoestado para las viviendas Serviu.
Dada esa situación un tanto extraña, solicito que se oficie al Presidente del Bancoestado para que informe sobre las razones aducidas para alzar las tasas de interés en los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de viviendas Serviu.
Pido, asimismo, que se oficie al ministro de Vivienda para que informe acerca de la tasa de interés que dicho banco está ofreciendo a los beneficiarios de tales viviendas.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


DESTINACIÓN DE RECURSOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficios.

El señor RECONDO.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, solicito que se oficie, en mi nombre, al ministro de Obras Públicas para que destine en la ley de Presupuestos de 2002, que se está tramitando en la Cámara, recursos para asegurar el financiamiento de la reposición del camino Las Quemas-Los Muermos, de doble tratamiento asfáltico, y cuya vida útil ha terminado, porque está en pésimas condiciones. 
En el Presupuesto de 2001 estaba contemplado comenzar las obras de reposición de ese camino. Sin embargo, han sido postergadas para 2002.
Quiero tener la certeza de que en el año 2002 efectivamente se contará con el presupuesto para la reposición de ese camino. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que en su partida presupuestaria de 2002 se consigne la reposición del camino Las Quemas-Los Muermos, en la Décima Región.
Solicito que se oficie también al mismo ministro para que asuma el compromiso de incorporar en la partida presupuestaria de 2002 la construcción definitiva del camino de Ensenada al volcán Osorno. Planteo esta situación porque el señor Navarro, intendente regional anterior, suscribió un convenio con la empresa privada, en el entendido de que el ministerio destinaría recursos para la construcción de ese camino. Cabe hacer presente que el sector privado está realizando importantes inversiones en el volcán. De hecho, ya se concluyó la instalación de una telesilla y se está habilitando otra, en un complejo turístico que es muy importante para nuestra región, en el cual dicho sector ha invertido más de 2,5 millones de dólares, sujeto al cumplimiento del compromiso del Estado de destinar recursos para la construcción de ese camino, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que en el Presupuesto para el año 2002 incorpore las partidas necesarias para la construcción del camino al volcán Osorno, en cumplimiento del compromiso asumido por el Estado, como contraparte de la inversión privada realizada allí.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. 


FINANCIAMIENTO PARA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUERTO VARAS. Oficio.

El señor RECONDO.- Señor Presidente, la Corporación de Promoción Turística, que tiene por finalidad promover nuestra oferta turística en el extranjero, fue creada por una ley especial, despachada por el Parlamento hace algunos años. Dicha ley faculta al Gobierno para que destine recursos a fin de que esa corporación desarrolle la labor para la cual fue creada.
Uno de los artículos de la misma ley considera la creación de otras corporaciones de promoción turística a lo largo del país, que pueden ser financiadas por el Estado; sin embargo, hasta ahora sólo ha entregado recursos a la Corporación de Promoción Turística.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Economía, Minería y Energía, con el objeto de que el 20 por ciento de los recursos considerados en el Presupuesto de 2002 para la Corporación de Promoción Turística sea destinado a otras entidades creadas con el mismo fin. De hecho, la única corporación de este tipo creada en el país es la de Puerto Varas, que agrupa a organizaciones de turismo de toda la Décima Región, y se trata de que también tenga acceso a financiamiento. 
He dicho. 
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. 


INFORMACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS DE COMEDORES PARA DIPUTADOS.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por siete minutos y treinta segundos, el diputado señor Nelson Ávila. 
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, quiero solicitar que se informe detalladamente acerca del uso que se está haciendo en la Cámara de Diputados de los servicios de té y cena.
Lo hago porque han empezado a trascender informaciones que empañan un poco la transparencia con que se acostumbra manejar estos temas. Recientemente, una publicación aludió a este hecho, y al concluir la lectura queda la impresión de que el lector podría pensar que dichos servicios son gratuitos y que, por lo tanto, dependería simplemente de nuestra voluntad hacer uso de ellos; pero eso no es así, porque cada parlamentario que recurre a un servicio de esta naturaleza debe pagarlo. Creo que sería sano explicitarlo.
Sin embargo, de todos modos, creo que debemos ser ponderados en el uso de esta franquicia. En mi caso personal, muchas personas me han pedido que invite a organizaciones completas; pero al negarme porque no hago uso de estos servicios es posible que deje la impresión de ser un individuo desatento o cómodo, que no quiere darse el trabajo de atender personas en la Corporación. Lo que sucede, sencillamente, es que no creen que cada parlamentario que apela a un servicio como el que indico debe pagarlo, porque no existe información adecuada al respecto. 
Por otro lado, a propósito de la información periodística a que aludo, se contactó conmigo un medio de comunicación y me pidió que le diera a conocer el número de personas invitadas por mí a los servicios de té y cena. Cuando le señalé que no había invitado a nadie, sencillamente pensaron que estaba faltando a la verdad. Esto es lo que me mueve a solicitar oficialmente que la Corporación dé a conocer en forma detallada los costos de los servicios de té y cena utilizados por los miembros de la Corporación, de julio a octubre.
Señor Presidente, si bien, aparentemente, está abierta a todos nosotros esta posibilidad que otorga la Corporación, sería bueno reglamentarla un poco más y tal vez suprimirla o acotarla lo mejor posible en época electoral. Es muy negativo para la imagen del Congreso Nacional que, de algún modo, se involucre en las actividades electorales. No da buena imagen ver nuestros salones dispuestos para el efecto llenos de personas provenientes de diferentes lugares, sobre todo en momentos en que la piel está muy sensible y cualquier especulación que se haga al respecto puede resultar lesiva para la imagen de la Corporación y para cada uno de nosotros. 
Por eso, insisto en que resultaría esclarecedor que la Cámara diera a conocer oficialmente el uso hecho por cada uno de nosotros, en el período indicado, de los servicios aludidos.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, desde luego, se accederá a entregar la información requerida por su Señoría, desde el 1 de julio hasta hoy, 10 de octubre no hasta el 30, como lo solicitó, trámite que se acelerará con la adhesión de los diputados que lo están indicando.
Sin embargo, debo manifestarle que el Presidente y los Vicepresidentes de la Corporación estamos muy atentos a que todos los consumos realizados, a los cuales los parlamentarios tienen derecho, sean pagados como corresponde.
Ahora, si haciendo uso de su derecho, su Señoría o algún otro diputado quiere formular algún requerimiento para que estos consumos sean regulados o suspendidos en época de elecciones, es materia de otra instancia, cual es la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento.


INFORMACIÓN SOBRE PARALIZACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN PUERTO FUY Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO NORTE PARA AEROPUERTO DE RÍO BUENOLA UNIÓN. Oficios.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, Puerto Fuy es una localidad fronteriza de la Décima Región de Los Lagos, inserta en la provincia de Valdivia y en la comuna de la hermosa Panguipulli. Ése es el sur de Chile que tanto necesita de nuestros gobernantes y que como lo digo constantemente es olvidado en este hemiciclo y también por el Gobierno.
Puerto Fuy es la entrada obligada del paso fronterizo Huahum, hacia y desde Argentina de ahí su importancia, situación que se combina con la cercanía de San Martín de Los Andes, ciudad de gran relevancia turística de la zona sur de Argentina.
Recientemente, el alcalde de Panguipulli, don Alejandro Keller, y el diputado que habla solicitamos la implementación de un proyecto de agua potable rural que ya estaba en camino para la localidad de Puerto Fuy, ubicada a orillas del lago Pirihueico; es un hermoso lugar turístico que, curiosamente, está bastante poblado: hay allí un par de cientos de pequeñas casas. Sin embargo, esa obra ha sido postergada por no reunir los méritos necesarios. ¿De qué méritos estamos hablando cuando cientos de chilenos están a la espera de la ejecución de proyectos de agua potable rural cuyos estudios ya han sido entregados?
Considero que los parámetros utilizados para evaluar estos proyectos no están errados; de manera que la injusticia cometida no se debió a esos parámetros, sino a un error cometido por los técnicos del Ministerio de Obras Públicas. En todo caso, quiero creer que no ha habido una injusticia.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que nos informe por qué se paralizó ese trascendental proyecto para esa localidad fronteriza y se reconsidere tan lamentable decisión.
En segundo lugar, pido que se oficie al mismo ministro, con el objeto de hacerle presente que debido a la construcción de la doble vía Temuco-Río Bueno se dejó entrampado a nuestro pequeño aeropuerto de Río Bueno-La Unión, sin su entrada norte, que es la principal, pues las otras son peatonales o de accesos menores.
Debo señalar que, no obstante existir un acuerdo entre la empresa concesionaria y el club aéreo de Río Bueno-La Unión, éste no se ha cumplido, lo que debe hacerse, aunque la doble vía esté en servicio. Sin embargo, cuando esto ocurre, resulta mucho más difícil que las ciudades colindantes logren algún progreso o que se efectúen arreglos a la largo de las carreteras.
He dicho.
El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN COMUNAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.

El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra, por 11 minutos, el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que nos envíe un detalle de los proyectos de instalación definitiva de agua potable rural en la localidad de Roa, comuna de Florida. Allí el agua es muy necesaria, por lo que se requiere una rápida decisión respecto de las inversiones y del proyecto por desarrollar.
La población está muy dispersa, de modo que la exigencia de 35 familias en un área no superior a 4 kilómetros representa un obstáculo. La situación debe ser evaluada, porque no es posible que por el solo hecho de vivir lejos, de ser tan pobres y no estar en condiciones de financiar sus punteras de agua potable o de mejorar la captación de aguas de vertientes, esas personas queden marginadas de acceder a un elemento tan vital como es el agua potable limpia y sana en sus casas, sin tener que recorrer centenares de metros o kilómetros para satisfacer sus necesidades básicas de higiene y de alimentación.
Por eso, me gustaría que la Dirección de Obras Públicas en particular Agua Potable Rural nos informara sobre los proyectos en trámite, los montos evaluados para desarrollar el proyecto en Roa, Florida, y los proyectos existentes para los años 20012002 destinados a dotar de agua potable a las localidades rurales, en todas sus etapas: diseño, construcción y ejecución, porque primero hay que ubicar el agua y luego elaborar y ejecutar el proyecto.
Existen innumerables sectores rurales que deben ser atendidos, en especial en las comunas de Hualqui, Florida y Santa Juana. Quiero que se me informe de manera detallada sobre las localidades en las cuales se están desarrollando proyectos y los que se efectuarán durante el 2002, indicando costos, plazos y particularmente estudios técnicos. Pido que se me envíe copia de cada uno de ellos; es necesario saber qué empresas los realizaron para poder pedirles después que respondan por la calidad del servicio prestado.
En segundo lugar, pido que se oficie al mismo ministro de Obras Públicas, con el objeto de que nos informe sobre el mejoramiento de los caminos Roa-Florida y Penco-Florida, que tienen una longitud de 12 kilómetros. Existe urgente necesidad de mejorar sus obras de arte, es decir, el alcantarillado, y establecer un programa de mantención con ripio y material integral, lo que no se ha hecho. Así lo han señalado los vecinos, en particular los de la junta de vecinos Nº 11, que tienen la particularidad de vivir en la frontera.
Debo señalar que esto puede resultar raro, pero existe una frontera que separa a Tomé de Florida y, por lo tanto, muchas veces resulta difícil determinar qué municipio tiene la responsabilidad de demandar mejoramientos al sector público.
Asimismo, quiero insistir sobre el proyecto de mejoramiento de caminos y plan de mantención del sector Los Cerezos, al cual existen tres accesos: los caminos de Rinco, de Roa al sur y a Rafael. Es necesario saber cuánto se invertirá este año, qué programas existen para el próximo y, si es posible, hacer mantención ahora, en el período de verano. En la actualidad y durante este invierno no se pudo acceder a ninguno de esos sectores y no hay salida a la carretera, porque hasta hace poco se encontraban todos los caminos cortados.
Allí existe también una junta de vecinos y un comité que están esperando respuesta.
Cabe destacar que las juntas de vecinos Nºs 11 y 18 B, de Tomé, han señalado de manera reiterada las mismas demandas y requieren una respuesta urgente.
En tercer lugar, en el sector de Los Cerezos está pendiente un proyecto de electrificación por 65 millones de pesos, presentado al Consejo Regional. Se pidió a los vecinos un aporte de 4 millones de pesos, pero no pueden reunir esa suma porque el invierno ha sido crudo y hay mucha cesantía, por lo que están demandando programas de empleo. Vamos a hacer esfuerzos para ayudar a conseguir el aporte de los vecinos, que conforman 30 familias.
Por eso, necesito saber claramente de parte del Consejo Regional si dicho proyecto, que ya tiene un código el número 20168300, está considerado por el Fondo de Desarrollo Regional, Fndr, para el año 2002. Pido que se me envíe copia del mismo y la prioridad que se le asignó tengo entendido que se hizo para el próximo año, a fin de informar adecuadamente a los vecinos y trabajar, en forma lenta pero segura, en la búsqueda de los recursos que faltan. Es un aporte de 4 millones de pesos, y ya se está tratando de reunirlos.
En cuarto lugar, pido que se oficie a la Dirección de Vialidad, a través del ministro de Obras Públicas, a fin de que se nos informe si los pagos a las empresas contratistas por los programas de mantención de los caminos de la provincia de Concepción se están realizando oportunamente, para salir al paso de aquellos que han señalado que la demora en la ejecución de dichos programas se debe al eventual retraso de los pagos.
Quiero que se me informe, en detalle, sobre el nombre de las empresas involucradas, los montos y fechas de pago, el grado de cumplimiento y fiscalización de las obras realizadas, los nombres de los inspectores fiscales, los trabajos programados para las próximas semanas y para el próximo período estival y en qué sectores se llevarán a cabo, camino a camino, los metros cúbicos de material que se utilizará, el número de máquinas que se usarán: camiones, bulldozers, motoniveladoras y rodillos, a fin de saber exactamente la calidad de la mantención.
En quinto lugar, pido que se oficie a la ministra de Salud y al alcalde de la municipalidad de Florida, respecto de la construcción de una posta en el sector de Manco.
El próximo 15 de octubre se inaugurará en el sector Roa una posta maravillosa, grande y hermosa. Creo que los mismos calificativos pueden ser aplicados a su construcción. Cuando se decidió construir esa posta, se desechó la de Manco, cuya población está dispersa, hecho que impide que los pacientes puedan concurrir a la de Roa.
Como allí existe una gran comunidad, es necesario saber con certeza cuándo se construirá la nueva posta de Manco.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.


ADMINISTRACIÓN DE GRIFOS POR BOMBEROS DE CHILE Y PLANES DE SALVATAJE EN RECINTOS PORTUARIOS. Oficios.

El señor NAVARRO.- Por último, me referiré a una situación que tiene relación con Bomberos de Chile.
Pido que se oficie al superintendente de Servicios Sanitarios lo he reiterado y no he tenido respuesta, a fin de que nos informe de manera detallada sobre la posibilidad de que los cuerpos de bomberos se encarguen de la mantención de los grifos, que suman miles y miles a través del país, en particular en la provincia de Concepción y en cada una de sus comunas.
Nosotros ya habíamos estudiado con Essbío, cuando esta empresa era pública, una fórmula para que los cuerpos de bomberos se hicieran cargo de esta mantención, por la que obtendrían mensualmente alrededor de 1.800 pesos por cada uno.
Muchos somos contrarios a la política de los bomberos de pedir ayuda a la comunidad, porque esto se transforma prácticamente en una dádiva o limosna, en circunstancias de que es un servicio que en muchos países es pagado. Como en nuestro país es gratuito y no tiene un adecuado financiamiento del Estado, es necesario que los mismos innoven y sean más audaces en algunas materias. Hay pleno consenso en cuanto a que Bomberos de Chile podría mantener y reparar los grifos si la Superintendencia y las empresas sanitarias lo estiman conveniente.
Hace dos años tuvimos todos los antecedentes sobre la mesa para generar un convenio. Por eso, pido al superintendente que agilice, informe y lleve adelante esa idea que, además, ha encontrado amplia acogida así lo entiendo en Essbío de la Octava Región.
Además, pido oficiar al director de Obras Portuarias, a través del ministro de Obras Públicas, y al superintendente de Cuerpos de Bomberos, con el objeto de que nos informen sobre los planes de prevención y mecanismos de intervención en las zonas portuarias.
Quiero saber si los puertos de Lirquén, Coronel, Valparaíso, Antofagasta, etcétera, tienen equipos de salvataje y para la atención de heridos en caso de siniestros y si los puertos subvencionan a Bomberos de Chile, por cuanto ellos concurren cada vez que se produce un accidente.
Asimismo, espero que el director de Obras Portuarias y la Oficina Nacional de Emergencia, Onemi, informen acerca del grado de exigencia que se hace a los puertos de Chile en tal sentido y de su relación con Bomberos de Chile. No me parece justo que quienes concurren a emergencias al interior de los puertos no reciban una contribución.
Solicito también al presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos que informe si ha recibido donaciones de los puertos públicos y privados del país, en particular de los de Lirquén y Coronel, que permitan fortalecer su capacidad de intervención en siniestros al interior de los puertos.
Asimismo, pido que se oficie al superintendente de Electricidad y Combustibles si procediera y al director de la Directemar Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de la Armada de Chile a fin de que nos informen en forma detallada sobre los mecanismos de prevención de incendios, las exigencias técnicas al interior de los puertos y las fiscalizaciones realizadas en el último año. Eso permitirá que su tarea sea más eficaz y que los recursos disponibles se dediquen a defender los bienes de la comunidad, con el aporte cuando ello proceda de las empresas, ya que Bomberos no discrimina al momento de actuar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención para mejor comprensión de la materia, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.


FISCALIZACIÓN EN COBRO DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN SECTORES RURALES DE PROVINCIA DE BIOBÍO. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, soy un parlamentario que representa a un alto porcentaje del mundo rural de la provincia de Biobío, y considero conveniente destacar la preocupación del Gobierno por ese sector en los últimos años. 
Ha construido caminos, establecimientos educacionales y postas para atender mejor a la gente, y ha otorgado subsidios rurales de distinta naturaleza y bonos productivos. Asimismo, ha puesto especial énfasis en la electrificación del mundo rural.
En mi distrito hay comunas que han avanzado más del 90 por ciento en electrificación rural, lo que es muy importante para las personas que en el pasado se alumbraban sólo con velas o chonchones. Ha llegado el progreso, la energía eléctrica y la televisión, que les permite mirar al mundo más de cerca.
Sin embargo, la preocupación fundamental incide en la forma en que se entrega la energía eléctrica y cómo se realiza el cobro a los usuarios, en este caso, a esos modestos campesinos del sector rural.
Estoy interpretando a las comunas de Mulchén, Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara y otras, donde hay trabajadores del sector rural, pequeños campesinos a los que les llegó la energía eléctrica; pero también algunas empresas están cobrando su consumo “al ojímetro”, es decir, sin tomar la lectura de los medidores para saber exactamente el consumo de esas familias del campo. Sin duda, eso es de extrema gravedad.
En Biobío existen varias entidades que distribuyen energía eléctrica: Frontel y la Cooperativa Eléctrica son dos de ellas. En cuanto a la primera, en el sector de Rapelco, de la comuna de Mulchén, hace algunos días varios campesinos me plantearon su dramática situación. Tienen dos o tres ampolletas en su domicilio y, a lo sumo, un televisor, y cada dos meses pagan alrededor de 50 mil pesos por consumo de energía eléctrica.
Aclaro que personal de esas empresas no registra el consumo que indica el medidor, sino que a la distancia calculan el gasto, situación que no puede seguir ocurriendo.
Estamos preocupados por la cesantía en el mundo rural. Sabemos que los ingresos son bajos, pero al llevarles energía eléctrica les estamos sacando el pan de la boca cuando pagan estos servicios altamente costosos, ya que se da manga ancha a algunas cooperativas o entidades que distribuyen la energía eléctrica de la manera narrada.
Por ello, ante este hecho de suma gravedad, pido enviar oficio para que la Superintendencia de Servicios Eléctricos investigue y fiscalice, fundamentalmente en la comuna de Mulchén y en las otras mencionadas, la forma de proceder en el cobro de las tarifas eléctricas y luego me envíe su respuesta. Dichas empresas no tienen justificación de ninguna naturaleza en cuanto a los costos, porque éste está involucrado en el gasto del personal que debe tomar debida nota del real consumo de los campesinos y agricultores.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo señalan.
HOMENAJE A CONCEPCIÓN EN SU 451º ANIVERSARIO. Oficio.
El señor TUMA (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente, honorables colegas y conciudadanos de Concepción:
Así como lo he hecho por 11 años consecutivos éste es el duodécimo, rindo un homenaje en su aniversario a la ciudad de Concepción, que el 5 de octubre recién pasado cumplió 451 años.
Es el momento de analizar lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer en favor de Concepción. Es el instante para reflexionar sobre su pasado y para proyectar su futuro. ¿Quién puede discutir que nuestra ciudad presenta un alto nivel de desarrollo urbano, como resultado de ser un importante centro económico y capital política de la Región del Biobío?
Dejamos atrás la ciudad con barrios sin luz eléctrica, sin alcantarillado ni agua potable. En este instante tenemos una urbe pujante y en constante desarrollo. Hoy Concepción está creciendo, madurando y proyectándose; pero también es preciso tener claro que hay tareas pendientes.
Para quienes nacimos en Concepción y hemos pasado toda nuestra existencia allí, para quienes ejercemos cargos de representación popular y creemos en el servicio público desde niños, es cosa de colocarse a pensar lo que ha significado el gran aporte de los tres gobiernos de la Concertación, encabezados por don Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente.
¿Quién puede desconocer los tres ejes de la calle Prat, ejecutados desde 1990 en adelante, en circunstancias de que existía sólo una calle con una pista para cada lado, llena de hoyos? ¿Quién puede desconocer lo que significó la construcción del puente Llacolén y la gran avenida de Los Carreras, digna entrada para el polo de desarrollo que es nuestra ciudad?
También es bueno recordar que fue una decisión muy acertada la creación de las comunas de Chiguayante y de San Pedro de La Paz, a las cuales ha llegado progreso, servicios y mejor nivel de calidad de vida.
Es el momento de hacer presente que Concepción se constituyó en la plaza fuerte de la llamada Frontera, en el siglo XIX, y que irrumpió con fuerza en la economía nacional gracias al desarrollo de la agricultura, la minería, la industria, el comercio y el periodismo. Igualmente, desde antes del siglo XIX, cumple un papel relevante en la política chilena al proveer de los generales que ocuparían la presidencia durante etapas esenciales en la construcción de la república.
Este protagonismo continuó durante el siglo XX, en el que no sólo se consolidó la ciudad como centro político y económico regional y nacional, sino también a través de sus instituciones de educación superior, en especial con la Universidad de Concepción.
Por eso es bueno recordar a los vecinos que tuvieron la visión de ir creando instituciones, de ir dando vida a nuestra ciudad. Concepción se destaca como centro artístico, literario, cultural y en el avance científico.
¿Quién puede discutir que es un referente indispensable en la vida nacional y un importante contrapeso al centralismo?
La ciudad ha crecido en las últimas décadas no sólo en habitantes, sino también en desarrollo urbano, en obras de vialidad, en comercio, en actividad industrial y financiera, en desarrollo científico y universitario. Concepción ingresa al nuevo siglo convencida de que seguirá ocupando un lugar destacado en el desarrollo nacional y que desde su entorno seguirán surgiendo los líderes políticos, económicos, culturales y científicos que Chile requiere.
En esta evocación, es importante traer a la memoria a algunos grandes alcaldes de esa ciudad, tales como Ester Roa de Pablo, a quien le correspondió la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1960; a Guillermo Aste Pérez y a Ariel Ulloa. En ellos, quiero simbolizar lo que significó la visión de servidores públicos y de políticos.
Como penquista, como hijo de Concepción, como parte de la Cámara de Diputados y, por ende, del Poder Legislativo en Chile, de nuevo le rindo un homenaje a mi ciudad en su aniversario número 451.
Ruego enviar oficio al concejo municipal de Concepción, con copia de este homenaje.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio pedido por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Pérez, Alejandro Navarro, Pablo Lorenzini, Edmundo Villouta, Homero Gutiérrez, Sergio Ojeda, Rosauro Martínez y de quien habla.


CONTROL PRESUPUESTARIO PERMANENTE. Oficio.

El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, a veces uno se siente en el país de los tuertos. Soy doctor en economía y experto en presupuestos, por lo que en octubre fui designado para estudiar el Presupuesto de la Nación.
¿Cómo se lleva a cabo esa discusión? En tres o cuatro días, hacemos varias reuniones. Empezamos este lunes. Estamos a miércoles, es decir, han pasado más de 48 horas, y en mi subcomisión ya aprobamos el presupuesto de un ministerio y estamos a punto de aprobar otro.
Media hora antes de comenzar la sesión, nos entregan un libraco y cientos de papeles. Nos juntamos en una sala cuatro o cinco diputados y senadores, el ministro, el subsecretario, los jefes de servicios; en total, 20 asesores. Luego de una breve exposición del ministro y de un par de preguntas, procedemos a aprobar un presupuesto de cientos de miles de millones de pesos. ¿Por qué mejor no nos mandan el proyecto de ley de Presupuestos, le dedicamos una sesión de dos horas en la Sala y lo aprobamos? Sería más fácil.
¡Es imposible lo dice un doctor en Economía, en 15 ó 20 minutos o en un día recuerden que además tenemos nuestra actividad normal en las comisiones y en la Sala, digerir toda las cifras de un solo ministerio y hacer las comparaciones por sectores! ¿Cuál es el trabajo real que podemos hacer? Ninguno. El sistema debe ser cambiado y, en ese sentido, voy a pedir que se oficie al ministro de Hacienda.
El presupuesto, en cualquiera actividad, debe ser efectuado día a día, mes a mes. No se hace un presupuesto de una casa una vez al año, aunque se dice que una vez al año no hace daño. En él se consideran los ingresos y egresos y se ve si están de acuerdo con los gastos.
La fórmula es establecer que cada comisión experta de Educación, de Salud, etcétera, cada trimestre analice la ejecución presupuestaria con sus propios expertos, que conocen la materia. Por algo están los parlamentarios en ellas. Además, se debe generar una reunión trimestral de la Comisión especial de Presupuestos, a fin de tener información permanente de cada partida. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo se ejecuta? Eso se sabría con los informes de gestión, de eficiencia y de eficacia. Este control presupuestario permanente permitiría, como en cualquier empresa, cumplir con nuestra facultad fiscalizadora y aprobar el presupuesto de la nación de cada año.
Hablamos de miles de millones, o sea de billones, de una cifra de muchos ceros. Sin embargo, se pretende no se trata de este Gobierno, sino de la mecánica que se utiliza que en una o dos sesiones de dos, tres o cuatro horas, con cientos de asesores y datos, se formulen preguntas interesantes sobre cada servicio. Eso no es posible, ni siquiera para el ministro de Hacienda don Nicolás Eyzaguirre, aunque él empieza a preparar el presupuesto en julio.
El Ejecutivo tiene dos meses y medio para estudiarlo con todos los ministerios y asesores. Le llega información, van y vienen reuniones, discuten y dialogan, y nosotros, los parlamentarios, simplemente levantamos el dedo. Y cuando algo no nos gusta, como lo vamos a hacer en un rato más en el caso de Indap y de otros, por ejemplo, viene un buen discurso, una buena respuesta y la exclamación: ¡Cómo, diputado, no va a haber presupuesto!”.
¡Es imposible! Son miles de millones, varias partidas, hartas cifras. La información que llega el diputado Ortiz, presidente accidental en estos momentos, lo sabe bien porque también ha sido presidente de la Comisión de Hacienda cada año contiene miles y miles de páginas que recibimos los miembros de las Comisión presupuestaria bicameral.
No hay forma real de operar de esta manera. Me parece que es un engaño a la ciudadanía. Me siento particularmente ofendido del modo en que me veo obligado a aprobar presupuestos sin una discusión seria, técnica, profesional, con sumas y restas y análisis de cada partida.
No es culpa de la Cámara, pero quizás deberíamos cambiar el sistema. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Hacienda para que establezcamos, como se hace en países más modernos, un control presupuestario permanente, a través de la Cámara, durante todo el año, en forma trimestral, y que las subcomisiones bicamerales se reúnan, a lo menos, cuatro veces al año y podamos, mediante correspondencia y reuniones preparatorias, realizar un estudio serio y profundo de los presupuestos.
Este año no me queda más que seguir levantando el dedo. Muchos integrantes del Ejecutivo estarán felices porque eso es lo que quieren, pero no creo que hayamos sido elegidos para eso. Espero que en el próximo Parlamento tengo la impresión de que seguiremos todos, por algo la ciudadanía está premiando nuestro trabajo podamos cambiar el sistema de discusión presupuestaria vigente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tal como lo expresó, los dos somos del club de ex presidentes de la Comisión de Hacienda.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados Sergio Ojeda, Homero Gutiérrez, Ricardo Rincón, Edmundo Villouta, Rafael Arratia y José Miguel Ortiz.


EXAMEN DE CAPACIDAD TÉCNICA, LOGÍSTICA Y OPERATIVA DE LAS POLICÍAS Y MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON CRÍMENES DE IQUIQUE. Oficio.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, junto con adherir a las palabras de mi colega y amigo Pablo Lorenzini, quiero manifestar mi preocupación ante lo sucedido en Alto Hospicio.
El hecho ha conmocionado y preocupado a la opinión pública por eso la diputada y colega de la Democracia Cristiana Antonella Sciaraffia está en Iquique y no en la Sala no sólo de Alto Hospicio e Iquique, sino del país, puesto que ha develado un problema nacional.
El diputado señor Ojeda, desde hace algún tiempo y con mucho esfuerzo, ha intentado hacer algo en el ámbito legislativo acerca de la materia, en cuanto a la adecuada coordinación de las policías, de su capacidad operativa y de las técnicas investigativas y tecnologías de que disponen.
Lamentablemente, todo eso está en entredicho y la ciudadanía de Iquique y de Alto Hospicio la diputada Antonella Sciaraffia me ha pedido referirme especialmente a este punto se pregunta cómo es posible que se cometan crímenes tan atroces, de niñas inocentes, por alguien que, a todas luces, no tiene capacidad para eludir la acción de la policía, en términos de ocultamiento, versus la capacidad investigativa y técnicas que debe desplegar la policía de cualquier parte del mundo.
De paso, se pretende dejar mal o se genera un entredicho con la primera autoridad del país, el Presidente Lagos, que no tiene por qué saber al detalle y al dedillo lo que está pasando con policías que deben investigar delitos y, por esa vía, no sólo resolver un caso concreto, sino que generar la condiciones de seguridad que la comunidad tan noble de Alto Hospicio, de Iquique, y de cualquiera otra ciudad demandan.
Mi intervención tiene por objeto pedir, por especial encargo de la colega diputada Antonella Sciaraffia y en nombre de la bancada Demócrata Cristiana, la solidaridad de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara y de la Corporación con las siete familias involucradas, y que se oficie al ministro del Interior, a fin de que los altos mandos de Carabineros e Investigaciones analicen la capacidad técnica, logística y operativa de que disponen, de la cual existe, al menos, una legítima duda.
Además, pido oficiar al intendente de esa Región, a través del ministro del Interior, para conocer las medidas que se han adoptado durante estos casi dos años la primera desaparición ocurrió en noviembre de 1999 en que se han producido desapariciones y muertes, hecho que ha creado una sensación de inseguridad que no hace sino corroborar la necesidad de una investigación seria y profunda sobre lo que está ocurriendo, porque no es legítimo que en un país como el nuestro, que tiene y debiera tener los recursos y capacidades para resolver estas situaciones, hasta su primera autoridad tenga que estar dando respuesta o disculpas por algo que no le compete.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Todos adherimos al drama que acaba de quedar al descubierto en Alto Hospicio.
Me parece muy bien que su Señoría haya dejado constancia de por qué la diputada Antonella Sciaraffia no se encuentra en la Sala. Ella está en el lugar que le corresponde por ser iquiqueña.
Se enviará el oficio en la forma solicitada, al cual se adjuntará el texto íntegro de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Homero Gutiérrez, Edmundo Villouta, Rosauro Martínez y José Miguel Ortiz.


PATROCINIO A PROYECTO DE LEY SOBRE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. Oficios.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, el país se ha visto brutalmente conmovido por la suerte corrida por seis niñas en Alto Hospicio, Iquique, las que, por desgracia, fueron asesinadas, según las informaciones dadas a conocer.
El problema, sin duda, nos preocupa, por lo que adhiero a las palabras expresadas por mi colega Ricardo Rincón y a la petición de oficio.
En verdad, el desaparecimiento o extravío creciente de personas, niños y adultos, debe preocuparnos. La complejidad de la sociedad moderna y los diferentes estímulos negativos que la gente recibe como consecuencia de los problemas, hace que ocurran este tipo situaciones.
Para el desaparecimiento de Jorge Matute Johns existe una Comisión especial que investiga la forma en que han coordinado el trabajo de investigación las policías correspondientes.
Lo peor que puede presentarse con personas perdidas o extraviadas es que el proceso se sobresea y, al cabo de un tiempo, por mera casualidad o circunstancias imprevistas, se aclare lo ocurrido.
Esto fue lo que ocurrió con las niñas desaparecidas de Alto Hospicio, y no queremos que ese hecho vuelva a ocurrir. Es más, esperamos que su esclarecimiento sea producto de la eficacia y habilidad de las policías.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Perdón, señor diputado. Interrumpo brevemente para señalarle que, además de sus siete minutos, puede usar de cuatro más. 
Con la venia de la Sala, continuará presidiendo la sesión el diputado señor Edmundo Villouta.
Puede continuar su Señoría.
El señor OJEDA.- De todas maneras, trataré de usar el menor tiempo posible, para dar oportunidad de intervenir a otros colegas.
El caso de los niños y adultos extraviados se agrava cuando se sobresee. Actualmente, se reciben 3 mil a 3.500 denuncias por presunta desgracia. Si bien a través del tiempo el 95 ó 98 por ciento de ellas son aclaradas, del resto nunca más se vuelve a saber. Es decir, por extrañas circunstancias o por arte de magia, las personas desaparecen, y eso es lo que debemos prevenir.
Para ello, hace un tiempo presentamos un proyecto que contiene un procedimiento especial, el cual posibilita una investigación acuciosa y especializada respecto de una persona perdida o extraviada. 
Lo anterior obedece a que hoy no existe un procedimiento claro y específico, sino que se aplica un sistema común y la policía espera 48 horas, después de hecha la denuncia, para actuar. Ello impide que exista efectividad, continuidad e inmediatez en lo que se refiere a la investigación. 
En dicho proyecto de ley introdujimos una serie de figuras jurídicas. Ahora se encuentra en el Ministerio del Interior. Esperamos que el Presidente de la República pueda patrocinarlo, por cuanto contiene ciertos mecanismos que son de su competencia exclusiva.
Por ejemplo, se incluye la figura de la presunta desgracia, con un plazo bien establecido para el efecto; la orden de búsqueda para que se comience a actuar de inmediato, sin el requisito de esperar las 48 horas, otorgando amplias atribuciones a la policía para que investigue el caso; una cédula nacional de identidad cuyo principal elemento de identificación será el código genético de la persona; la figura, nueva, de negligencia en el cuidado de la persona que está bajo su control; un registro nacional de personas perdidas o en situación de riesgo social. Se trata de un registro donde estén los nombres de todas las personas que lleguen transitoriamente a albergues, comisarías y a otros lugares.
Lo más importante es que se sugiere que los procesos por casos de personas extraviadas no se sobresean, porque actualmente ello ocurre después de algún tiempo por falta de antecedentes. Esto no puede ocurrir, porque la vida y existencia de una persona es valiosísima para la familia y la sociedad. También pedimos la intervención del Consejo de Defensa del Estado en esta materia.
En definitiva, se trata de un proyecto de ley que es todo un aporte legislativo. No queremos que sigan ocurriendo estas situaciones. También es importante que las familias tengan una respuesta seria y responsable de los organismos que investigan.
Por ello, pedimos al ministro del Interior la agilización del proyecto que se encuentra radicado en dicha cartera, el cual seguramente está en consulta con el Ministerio de Justicia para que sea presentado ante la Cámara de Diputados, de manera de dar una respuesta a este tipo de situaciones.
Aprovecho la oportunidad para expresar mis condolencias y profundo dolor por lo ocurrido en Alto Hospicio.
Además, llamo a todas aquellas personas que tengan familiares desaparecidos, extraviados o perdidos a que nos hagan llegar su caso a la Cámara de Diputados, porque queremos concentrarlos aprovechando el trabajo que realiza la Comisión que investiga la desaparición de Jorge Matute Johns, para así determinar la cantidad de personas que se encuentran en esa situación.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Homero Gutiérrez, Rosauro Martínez y del que habla.


PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LA LEY Nº 19.715, QUE BENEFICIA A PROFESORES POR JUBILAR. Oficios.

El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presidente, el 31 de julio de este año terminó la vigencia del artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.715, que otorgaba una indemnización de once meses a los profesores que se acogieran a jubilación y que cumplieran con todos los requisitos.
Muchos profesores cumplían los 65 años requisito para jubilarse en los meses siguientes, en agosto, por ejemplo. Es obvio y lógico que las leyes deben tener un plazo, y en este caso era el 31 de julio.
Es muy lamentable que por una cuestión de días o de un mes a lo más muchos profesores no hayan podido acogerse a la jubilación especial que otorgaba la ley Nº 19.715, a pesar de que cumplían con todos los requisitos. Sin duda, la ley debe tener un plazo, un término, en este caso el 31 de julio; pero es lamentable que por cumplir el requisito de edad en agosto, por cuestión de días o de un mes, a lo más, no hayan podido acogerse a la jubilación especial referida a la indemnización de once meses.
He recibido cartas de muchos profesores involucrados en este tema. Puedo nombrar, por ejemplo, al rector del Liceo Ignacio Carrera Pinto, de Talca, señor Julio Casanueva Rebolledo, quien también le escribió al Presidente Ricardo Lagos y a la ministra de Educación Mariana Aylwin; además, se ha comunicado con la mayoría de los parlamentarios de la zona, a fin de pedirles una respuesta adecuada y apropiada, porque, si esos cientos de profesores pudieran acogerse a jubilación, habría más contrataciones y mayor tiraje en el sector educación.
También existe una diferencia. La situación de los profesores acogidos al INP es muy distinta a la de los afiliados a una AFP, porque se da la circunstancia de que los segundos pueden adelantar su jubilación, concepto propio de las instituciones previsionales privadas. Entonces, muchos de los profesores que están en las AFP adelantaron su jubilación para acogerse a la indemnización especial de once meses, solución directa, fácil y adecuada a la que no pueden optar quienes están en el Instituto de Normalización Previsional.
Por eso, solicito que, en mi nombre, se oficie a la señora ministra de Educación con el fin de que se sirva estudiar detenidamente la posibilidad de prorrogar, por lo menos por el resto de este año, la vigencia del artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.715, porque es favorable y despeja bastante el camino de los profesores que están próximos a jubilar, ya que los invita y motiva a hacerlo. En la actualidad, no quieren jubilarse porque, además de quedar sin indemnización, reciben una pensión promedio muy distinta de su sueldo en actividad. Eso los inhibe de jubilarse.
Con todo entusiasmo propongo el envío de este oficio a fin de resolver este problema a través de prorrogar la vigencia de la referida disposición.
Asimismo, solicito que se oficie al ministro del Interior, e incluso al Presidente de la República, porque deben conocer el tema.
No es bueno que esta situación quede pendiente. La vigencia de la ley Nº 19.715 fue muy corta: duró apenas seis meses. Su plazo fue acotado, breve, y mucha gente no alcanzó a acogerse a su beneficio.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría a su Excelencia el Presidente de la República, a la señora ministra de Educación y al señor ministro del Interior, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Rosauro Martínez y de quien habla.


SUPRESIÓN DE PLANTA FUNCIONARIA DE LA EMPRESA DE ABASTECIMIENTO DE ZONAS AISLADAS, EMASA. Oficios.

El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, pido que se oficie al señor ministro de Economía, al señor presidente del Sistema Administrador de Empresas, SAE, y al señor vicepresidente de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, Emasa, en relación con la cantidad de funcionarios que esta última empresa tiene en Santiago. Hoy los 59 funcionarios públicos de Emasa son burócratas dedicados a administrarla en Santiago, en circunstancias de que en regiones como la nuestra, Aisén, donde están concentradas mayoritariamente sus 21 agencias de ventas, hay 31 funcionarios, y prácticamente dos jefes por funcionario atienden el servicio directo de las zonas más apartadas del país.
Existe pleno convencimiento de los ejecutivos de Emasa sobre la necesidad de suprimir cargos de la empresa, pero para eso se necesita una ley especial. Por eso, quiero que se expliquen las razones por las cuales todavía no se ha mandado al Congreso un proyecto de ley que extinga sus plantas funcionarias, puesto que dicha empresa está financiando su misión de servir a las regiones más apartadas a través de proveedores locales, a quienes hoy, debido a un atraso considerable, sólo en la región de Aisén se les deben más de 320 millones de pesos. Esa misión la debe cumplir el Estado y no los proveedores. Además, la gente de esos lugares apartados está pagando los costos consiguientes.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. Oficio.

El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).- Señor Presidente, a pocos días de conmemorarse el Día del Profesor, quiero traer a discusión algunas materias que dicen relación con el quehacer educacional, específicamente con los profesores, o, como lo individualiza el Estatuto Docente, con los profesionales de la educación, porque evidentemente eso son y con mayúscula.
En consecuencia, éste es el momento para reflexionar sobre tópicos que son motivo de preocupación para estos profesionales; no por una cuestión exclusivamente particular, sino también por su importancia y proyección para el país.
Sabidos son los esfuerzos del Estado por mejorar íntegramente la calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas a lo largo y ancho del territorio nacional, particularmente en el ámbito público o municipal, que es donde se concentran las mayores dificultades, en términos de resultados, según lo demuestran las pruebas Simce y Timms. 
Cuando, como país, nos sometemos a evaluaciones, especialmente a aquéllas de carácter internacional, se corren riesgos y uno de ellos es que los resultados se sitúen muy por debajo del promedio aceptable, como de hecho ocurrió con el Tercer Estudio Internacional de Ciencias y Matemáticas, en que se demuestra que uno de cada dos alumnos de octavo básico tienen un retraso pedagógico de, al menos, cuatro años en matemáticas, y un poco menos de la mitad del total en el caso de ciencias. 
Esos resultados negativos, desde todo punto de vista, por cierto preocupantes, tienen la virtud de mostrarnos el lugar en que realmente estamos para no lamentarnos sino, básicamente, para buscar las estrategias más adecuadas a fin de enfrentar esta realidad, sean éstas de orden técnico, pedagógico o administrativas o de gestión. Sobre ellas, la experiencia comparada de países educacionalmente exitosos nos provee de un conjunto de variables que los especialistas tienen a disposición para evaluar su aplicabilidad práctica; materias ésas importantes, pero sujetas, en mi concepto, a otras que dicen relación con las características y condiciones bajo las cuales los profesores realizan su función, que son motivo de legítima preocupación y que el Parlamento debe considerar.
En ese orden de ideas se sitúa el tema de la carga horaria que, como sabemos, corresponde, en la generalidad de los casos, a treinta horas de contrato. Su único fundamento radica en la relación que tiene con el plan de estudios, esto es, con las diferentes asignaturas o, como se les denomina hoy, sectores y subsectores de aprendizaje cuya sumatoria total semanal es de treinta horas. No hay otro fundamento y por eso es usual que los profesores deban desempeñarse en diversos establecimientos para completar su carga horaria e incorporar mayores recursos al presupuesto familiar.
Esto, que parece muy lógico, tiene diversas implicancias. Primero, un costo económico para el profesional, pues debe trabajar en diferentes lugares; segundo, una consecuencia pedagógica para los alumnos, debido a que el profesor no dispone de más tiempo para atender sus requerimientos ni desempeñar con propiedad el conjunto de actividades definidas en el reglamento de la ley Nº 19.070, Estatuto Docente, como coprogramáticas y extraescolares, precisamente porque debe cumplir horario en otro colegio.
Esto, que pudiera parecer menor, no lo es, especialmente si consideramos que el profesor, sea cual sea la asignatura o sector que enseña, es, además, un orientador de niños y jóvenes en formación. No basta con entregar conocimientos y ser competente en su dominio; también hay que disponer de la solidez conceptual y del tiempo para conversar con los alumnos los temas que les preocupan, más aún en un momento en que se aprecian elementos que afectan peligrosamente a nuestra juventud y en que, por la vorágine propia de esta sociedad, la familia, en alguna medida, entrega parte de su responsabilidad formativa a los profesores.
Es evidente que si los profesores, que son funcionarios públicos, dispusieran de 44 horas en cada establecimiento educacional, no habría excusas para desarrollar con mayor propiedad ese conjunto de actividades que he reseñado y las que emerjan de la autonomía que sobre esta temática tiene la propia unidad educativa.
Si hacemos un rápido ejercicio nos encontramos como lo señala el estudio de un destacado profesor de Chillán quien me hizo llegar sus antecedentes con que en los diferentes estamentos públicos, como las municipalidades, gobernaciones, intendencias, secretarías regionales, direcciones provinciales de educación donde, incluso, trabajan profesores, sus funcionarios tienen un contrato o decreto de nombramiento de 44 horas. ¿Por que no ocurre lo mismo con los profesionales de la educación? ¿Cuál es la razón? Técnicamente no existe ninguna; sólo es de orden financiero. Eso hay que decirlo claramente.
Otro tema muy sensible son como se señaló hace poco rato las jubilaciones de los profesores que, como sabemos, se rigen por las mismas disposiciones que el resto de los trabajadores, aun cuando su función tiene un conjunto de variables que se traducen en un desgaste tremendo para cualquier profesional que deba estar hasta los 60 ó 65 años, según el caso, haciendo clases a 45 niños. Sobre esta materia existen variados antecedentes que así lo demuestran; pero más allá de ellas, basta con imaginar lo que significa estar, a lo menos, cuarenta años desarrollando una actividad formadora. La función docente es, por lo tanto, una profesión de alto riesgo, fundamentalmente por las enfermedades somáticas o psíquicas en aumento, situación que, no cabe duda, más temprano que tarde, vamos a tener que enfrentar como país y aplicar criterios, más que de edad, de años de servicio.
En otro ámbito, muy relacionado con lo anterior, está el tema que consigna el artículo 47 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, al señalar que los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las asignaciones de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.
Para lo que nos ocupa, me referiré, brevemente, a dos de ellas.
La asignación de experiencia se aplicará, según el artículo 48, sobre la remuneración básica mínima nacional que determine la ley y consistirá en un porcentaje de ésta que la incremente en 6,76 por ciento por los primeros dos años de servicio docente, y en 6,66 por ciento por cada dos años adicionales, debidamente acreditados, con un tope y monto máximo de ciento por ciento de la remuneración básica para aquellos profesionales que totalicen treinta años de servicio.
Para el caso de la asignación de perfeccionamiento, el artículo 49 señala que tendrá por objeto incentivar la superación técnico-profesional del educador y consistirá en un porcentaje de hasta cuarenta por ciento de la remuneración básica mínima nacional del personal cuyos cursos cumplan determinados requisitos.
Respecto de la fórmula de cálculo, el citado artículo preceptúa que para efectos de determinar el porcentaje de la asignación que se reconozca se considerará especialmente su experiencia como docentes, junto a otras variables.
Pues bien, de las citadas disposiciones fluyen determinadas consecuencias. Primero, el artículo 48 pone límites a la asignación de experiencia, pues su cancelación íntegra se totaliza cuando el profesional cumple treinta años de servicio o 15 bienios. Si un profesor como lo señalé en los párrafos precedentes se titula, en promedio, a los 24 ó 25 años y seamos optimistas encuentra trabajo inmediatamente, para jubilar debe trabajar hasta los 60 años, si es mujer, y hasta los 65 años, si es hombre; es decir, no ejerce su profesión durante treinta años, sino que durante cuarenta. Esos diez años no se les reconocen a los profesores. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón si el profesional los ejerce, y debe hacerlo, porque son fundamentales para jubilar en mejores condiciones que si lo hiciera en forma anticipada.
Como se trata de ser serio en este planteamiento, permítame ejemplificar lo que señalo con una realidad concreta que conozco bien. En Chillán, comuna de la cual hace algunos años fui alcalde y como tal tuve responsabilidades en el área educacional, según datos actuales, el 19,45 por ciento de los profesores tiene a la fecha cumplidos treinta años de servicio o quince bienios. De ellos, el 85,76 por ciento tiene más de treinta años de servicio, con rangos que oscilan entre 31 y 45 años de servicio. Ahora, si revisamos sus edades nos encontramos con que, a lo menos, les faltan de diez o doce años para cumplir 65 años de edad. En otras palabras, esos profesionales, al momento de jubilar, tendrán una trayectoria de 40, de 42 y hasta de 45 años de servicio y el Estatuto Docente sólo les reconoce treinta años. Este panorama simplemente, es kafkiano. ¿Qué les parece?
Situación análoga ocurre con la asignación de perfeccionamiento al decirse que ésta se completa o totaliza cuando el profesional alcanza el 40 por ciento. La señal que se les entrega a los educadores es que pueden hacer cursos y estudiar sólo hasta alcanzar ese porcentaje; después no reciben ningún estímulo ni reconocimiento; únicamente la satisfacción personal de estar preparado para enseñar.
En este mundo globalizado, interdependiente, donde el conocimiento fluye vertiginosamente con una dinámica propia, el Estado chileno les está diciendo, a los formadores de las jóvenes generaciones, que estudien, pero hasta por ahí no más.
Pero eso no es todo. Esta asignación tiene otra limitante, cual es que, para su cálculo, hay que relacionarla con los años de servicio o, más propiamente, con los bienios, en el sentido de que se activa para efectos de pago cuando el profesor cumple un nuevo bienio. En la práctica, significa que no basta con tener cursos acumulados por sí solos, sino que hay que cumplir dos años no uno para ver una mejora salarial. ¿Puede haber algo más absurdo que esto? Sinceramente, creo que no. Aquí existe un criterio absolutamente económico, sino cómo se entiende que el artículo 3º de la ley Nº 19.715 señale que para efectos de esta asignación, no se reconocerán más de 800 horas anuales.
Tomando el mismo ejemplo, de un total de 724 profesores, 59 de ellos ya alcanzaron el 40 por ciento, y, si desagregamos la información, nos encontramos con que el 86,44 por ciento son docentes a los cuales les falta, en promedio, más de ocho años para jubilar, llegando, incluso, algunos hasta los trece años, lo que significa que durante ese período pueden estar sin realizar actividades de perfeccionamiento formal, con las implicancias que ello tiene, porque en ese lapso se ha renovado varias veces el conocimiento.
Cuando uno comienza a reflexionar y a contrastar la información teórica con la realidad, se encuentra con situaciones como las descritas que es necesario corregir, porque no responden a ninguna lógica. Dicen relación con cuestiones de tipo financiero importantes, pero anexas a los propósitos que tuvo el legislador para establecer estos mecanismos, que no fueron otros que incentivar la capacitación, el perfeccionamiento docente y premiar el desempeño con esas asignaciones que, para mayor ilustración, impactan en la remuneración básica mínima nacional; esto es, en los actuales 177.810 pesos para 30 horas de contrato, y 260.788 pesos para las 44 horas de contrato.
Como la mayoría de los profesores tienen 30 horas de contrato, el 40 por ciento de la asignación de perfeccionamiento correspondería a 71.124 pesos, cifra irrisoria si se compara con el valor de cualquier curso.
En virtud de lo expuesto, solicito que se envíe a la señora ministra de Educación copia de esta intervención, como fundamento de los planteamientos que he hecho y para recurrir a su condición de máxima autoridad educacional del país, a objeto de que disponga un estudio de la siguiente temática:
Posibilidad de ampliar la contratación de profesores a 44 horas.
Jubilación por años de servicio y no por edad.
Extender el reconocimiento de años de servicio a 20 bienios.
Extender el reconocimiento de la asignación de perfeccionamiento a la totalidad de los cursos que realice el profesional, hasta un máximo de 20 bienios, y aumentar el porcentaje de impacto en la remuneración básica mínima nacional y desafectarla para los efectos de cálculo de experiencia.
Concluyo esperanzado en que estas materias se estudien a la brevedad. Nuestros profesores así lo esperan, porque quieren concentrar todos sus esfuerzos en mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes, aspiración para la cual debemos poner todo nuestro afán.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado señor Carlos Kuschel.


ESTADO DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.

El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel.
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se oficie al alcalde de Puerto Montt, al señor intendente de la Décima Región y a la señora ministra de Educación, a fin de que informen sobre el estado de avance de las nuevas construcciones de las siguientes escuelas: de Chaica; de Piedra Azul que considera internado y cursos hasta cuarto medio; del liceo comercial que hoy está trabajando a tres turnos, y respecto del cual se considera la construcción de una especie de anexo detrás de la escuela Nº 5; del Liceo de Hombres y de las escuelas de las poblaciones de Anahuac y de Costa Tenglo, en atención, sobre todo, al enorme crecimiento experimentado por Puerto Montt, donde en diez años ha aumentado el número de viviendas de 35 mil a casi 50 mil y, sin embargo, se mantiene la misma estructura y número de establecimientos educacionales, con el desafío adicional de la implementación de la jornada completa.
He dicho.
El señor VILLOUTA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.


Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 15.06 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.