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La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , la idea central del proyecto se orienta a cambiar la gradualidad establecida en la ley para la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en las distintas regiones del país y a permitir la agrupación de los tribunales con competencia en lo penal en la Región Metropolitana.
El país ha asumido la importancia de la reforma procesal penal, porque hace accesible la justicia a los más pobres, es una nueva justicia, distinta y ha sido exitosa su aplicación en las regiones Cuarta y Novena, a pesar de las dificultades que hay en ellas.
Ambas cosas merecen una celebración, aun cuando existe conciencia de que un cambio tan importante requiere de cierta gradualidad, ya que es preciso asimilar su contenido. Sobre la materia, por ejemplo, las universidades no están preparadas para dicho cambio, lo que incide en la formación de los estudiantes de derecho. Por eso, es necesario dar tiempo a los abogados, a los jueces y a quienes serán fiscales para prepararse y enfrentar adecuadamente el cambio total del sistema.
Se requiere, además, de una nueva infraestructura, ya que los antiguos juzgados no están en condiciones de afrontar con éxito esta reforma procesal penal. Por eso, es imprescindible dar el tiempo necesario para que haya una preparación seria y la infraestructura requeridas, sobre todo en Santiago, donde la situación es más compleja que en regiones. En definitiva, es absolutamente necesario establecer una gradualidad acorde con la realidad de cada región. Hay que tener presente que ningún cambio es baladí.
En consecuencia, debemos dar nuestra aprobación a la gradualidad que se propone en consideración, además, a que se ha desechado totalmente un planteamiento de inconstitucionalidad, porque el proyecto está acorde con lo establecido en la Constitución Política al respecto y con los tiempos.
Causa frustración no concretar lo programado, pero creo que es para mejor. Ahora sólo debemos aprobar el proyecto.
He dicho.
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