REUNIÓN EN SAN CARLOS PARA TRATAR SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA. Oficios. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el tiempo que corresponde al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez. El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).- Señor Presidente , no quisiera que mis palabras se interpretaran como una crítica política; nada más alejado de la realidad, pues no es mi estilo ocupar esta tribuna para lanzar diatribas en contra del Gobierno o para aprovechar las difíciles circunstancias que vive el país. Sí, me inspira el anhelo de hacer aportes concretos frente a temas de interés comunitario o denunciar, con fundamentos y energía, situaciones de abuso o de irresponsabilidad, particularmente donde aparecen involucrados agentes del Estado. Quiero plantear un tema que, más allá de las visiones que cada uno tenga -respetables por cierto-, estoy convencido de que nos interesa a todos. Dice relación con el hecho noticioso más importante ocurrido hace ya algunas semanas, tanto por su convocatoria como por la naturaleza de la materia que involucra. El viernes 13 de julio, a las 13.30 horas, en la medialuna de San Carlos, se dio cita una impresionante cantidad de personas, representativas del quehacer agrícola, comercial y transportista, de la provincia de Ñuble, Octava Región, y de otras regiones del país. Quienes allí estuvimos concordamos en que esta concentración no era sólo un acto de protesta más, sino un llamado desesperado por parte de los agricultores, quienes, día a día, ven que su fuente de trabajo muere en forma paulatina; de comerciantes que como consecuencia de ello tienen que cerrar sus locales; de transportistas que no tienen carga, y de cientos de miles de desempleados del sector que no ven ninguna solución a este dramático problema. Hace ya siete años que, en esa importante comuna de Ñuble, se le pidió al Gobierno que se preocupara de toda la agricultura. En esa oportunidad, productores de todo el Chile agrícola -pobres, menos pobres y los más influyentes-, llegaron para decir: “Queremos ser escuchados y considerados. Nosotros también somos chilenos y, como tales, damos trabajo real, por vía directa e indirecta, al 35 por ciento de la población del país”. También para manifestar que la agricultura, por sus características, no puede ser tratada como un factor abierto a los vaivenes económicos. Es bueno que se sepa que en el curso de los últimos diez años las importaciones agropecuarias, que antes mantenían un nivel de contención adecuado, prácticamente se han duplicado desde el trienio 1990-1993 al trienio 1997-1999. Ello, en desmedro de las producciones de nuestros propios agricultores. Esto ha traído como consecuencia la caída sostenida de los precios. Por ejemplo, en la década de los 90 éstos cayeron, en términos nominales, en 40 por ciento. Si a eso agregáramos el efecto real, la caída alcanza al 60 por ciento. Vale decir, por lo que en 1990 se pagaba 100, hoy se paga 40. No hay que ser economista para comprender que esta situación no la resiste ninguna actividad económica. La razón: competencia desleal, originada por los subsidios que otorgan los gobiernos extranjeros a sus productores. Lo digo con mucha responsabilidad. Aquí hace falta voluntad política para sacar esta actividad adelante. Prueba de ello es lo que ha ocurrido con los acuerdos de la mesa agrícola, donde los porfiados hechos demuestran que no ha habido mucho avance. Es más, no ha pasado nada con uno de los puntos claves que figuran en el diagnóstico y en las propuestas, cuyo objetivo era mejorar y potenciar la Comisión de Distorsiones, único filtro real para impedir que lleguen productos subsidiados que causan tanto daño a nuestra producción. De hecho, uno de los puntos del acta de acuerdo de la mesa agrícola establecía: “El Gobierno se compromete, en un plazo de 90 días, a evaluar y a proponer medidas que fortalezcan la Comisión Nacional de Distorsiones y que faciliten la presentación, por parte de los agentes privados involucrados, de solicitudes destinadas a corregir eventuales distorsiones en el funcionamiento de los mercados externos que afecten a productores nacionales”. Sabemos que este acuerdo de la mesa agrícola venció el 1 de diciembre del año pasado, es decir, hace siete meses, y recién ahora, días antes de esta movilización, el Gobierno se comprometió a enviar el proyecto para modernizar la Fiscalía Económica, a crear grupos de trabajo para estudiar cambios a la Comisión de Distorsiones y a fijar un mecanismo que estabilice los precios de productos sensibles. ¿Por qué tiene que haber medidas de fuerza para hacer las cosas en este país? ¿Por qué no se respetan los compromisos ni se cumple lo que se firma? Así es difícil construir un país. ¿Cómo no preguntarse, en este análisis, quién es el responsable de esta situación? ¿Es culpa de los productores agrícolas, de los campesinos o es que la gente del campo olvidó producir o trabajar? La verdad es que Chile no ha sabido defender su agricultura. Aún más, ha promovido políticas agrícolas de acuerdos bilaterales que han traído consecuencias nefastas para la actividad agrícola. Por ejemplo, el acuerdo con Bolivia, que no fue consultado a este Congreso, para la importación de aceite de soja, significó simplemente el fin del cultivo de maravilla en todo el país. Qué decir del Mercosur, si en poco tiempo de aplicación nuestras exportaciones a los países parte se han mantenido estables, en circunstancias de que las importaciones, fundamentalmente de productos agropecuarios, se han triplicado en el mismo período. Ahora tenemos en peligro el único cultivo relativamente rentable que nos va quedando: la remolacha, la cual, como a todos nos consta, Estados Unidos protege con un impuesto flexible para asegurarle un precio de sustentación invariable, aunque tenga que importar el 40 por ciento del azúcar que consume su población. Nosotros, en cambio, todavía no tenemos claridad sobre el resultado del arancel consolidado. Estos son hechos objetivos, reales, que están allí como fríos testimonios de una actividad que se muere. Dijimos hasta el cansancio a las autoridades del Gobierno, en este mismo lugar, que tratados como el del Mercosur serán la ruina de nuestra agricultura tradicional. Sin embargo, ¿qué nos dijeron? Que estábamos en contra del progreso y que no entendíamos la modernidad. Eso está en las versiones oficiales de las sesiones de la Cámara y no son inventos ni fruto de la imaginación. Por eso es que debemos tener la mayor amplitud posible para entender lo que ocurrió en San Carlos y no desgastarnos elaborando explicaciones teóricamente bien construidas, pero débiles al contrastarlas con la realidad. Lo real y lo concreto es que tenemos una agricultura en ruinas, un comercio en quiebra y una cesantía creciente, con lo que nos hemos estado empobreciendo, según nos revela la encuesta Casen, especialmente la llamada clase media, de la que forman parte agricultores, comerciantes y transportistas como los que se reunieron el viernes en San Carlos, a pesar del frío y de la lluvia. Señor Presidente , hay aquí, en el “Llamado de San Carlos”, un clamor popular, de trabajadores que preguntan al país, particularmente al Gobierno, si desea mantener su agricultura, en qué condiciones y, sobre todo, sobre cuáles son los instrumentos que como país está dispuesto a utilizar en la búsqueda de esos objetivos. Quiero tener fe en mi país y en sus autoridades, porque éste es un problema que nos involucra a todos, ya que afecta de manera transversal a la sociedad chilena, el que, si no lo enfrentamos ahora con la urgencia que se requiere, ciudades como Chillán, provincias como Ñuble y el vasto sector agrícola del país presenciarán cómo la otrora fuente de progreso y bienestar se muere con las consecuencias de pobreza y miseria que eso produce. Este Congreso, a pesar de sus menguadas atribuciones, tiene la palabra. Por lo tanto, cumplamos con nuestra responsabilidad y recordemos, cuando legislemos, que tras cada agricultor, campesino, comerciante o transportista existe una persona y también una familia, que, como todo hijo de esta tierra, merece una oportunidad para tener una mejor calidad de vida. En consecuencia, pido que se oficie al Presidente de la República , al ministro de Agricultura y a la ministra de Relaciones Exteriores -quien está analizando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el tratado con la Comunidad Económica Europea-, adjuntándoles copia de mi intervención, a fin de solicitarles que se hagan todos los esfuerzos para hacer realidad el anhelo de crecer con igualdad. Quiero que sepan que para materializar ese ideal encontrarán todo nuestro respaldo y colaboración. También recuerden que nuestros agricultores no quieren privilegios, sino sólo aspiran a competir en igualdad de condiciones. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando copia de su intervención.