REPÚBLICADECHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 344ª, ORDINARIA Sesión 19ª, en jueves 19 de julio de 2001 (Ordinaria, de 10.49 a 13.44 horas) Presidencia de los señores Valenzuela Herrera, don Felipe, y Seguel Molina, don Rodolfo. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL I. Asistencia ...8 II. Apertura de la sesión ...10 III. Actas ...10 IV. Cuenta ...10 Permisos constitucionales ...10 V. Acuerdos de los Comités...11 VI. Orden del Día. Normas para facilitar la creación de microempresas familiares. Proposición de la Comisión Mixta...11 Revisión del proyecto de cálculo estructural en construcciones. Tercer trámite constitucional ...13 Acuerdo entre Chile y Nicaragua para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional ...14 Acuerdo entre Chile y Honduras para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional ...14 Acuerdo entre Chile y Guatemala para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional ...14 Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Primer trámite constitucional ...14 VII. Proyectos de acuerdo. Acciones de protección de la pesca artesanal ...30 VIII. Incidentes. Informe de la Contraloría General sobre presuntas irregularidades en proyectos deportivos en Ñuble y Chillán...33 Otorgamiento de beneficios a dirigentes de juntas de vecinos y de organizaciones comunitarias. Oficios ...35 Parada de metrotrén en sector norponiente de Rancagua. Oficio ...37 Construcción de nuevo paso fronterizo entre Chile y Argentina. Oficio...37 Rechazo a instalación de nuevo vertedero en Talca. Oficios...37 Monto y distribución de los recursos del Estado destinados a combatir la pobreza. Oficio...38 Estudio separado de materias de ley de Pesca. Oficios...41 Aniversario de la comuna de Mafil...41 Información sobre créditos del Indap y estado de ejecución de obras públicas en la Décima Región. Oficios ...41 Información sobre programas sociales en distrito Nº 54. Oficios...42 Solución de problema que afecta a Asociación Cultural de Arica. Oficios ...43 Agilización de medidas para reconstruir en Arica viviendas dañadas por terremotos. Oficio ...44 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que establece temporal mente una exención del impuesto de timbres y estampillas, rebaja en los pagos de derechos en la reprogramación de deudas hipotecarias y modifica normas tributarias que indica (boletín Nº 274105)...45 2. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que renueva la vigencia de la facultad para condonación de deudas municipales conferida en la ley Nº 19.704 (boletín Nº 272906)...45 3. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que renueva la vigencia de la facultad para condonación de deudas municipales conferida en la ley Nº 19.704 (boletín Nº 272906)...51 4. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares (boletín Nº 124103)(S)...53 5. Moción de los diputados señores Delmastro, Alessandri, Arratia, Jeame Barrueto, Galilea, don José Antonio; Leay, Mora, Pérez, don Aníbal; Urrutia y Vargas, que agrega artículo nuevo al Código Penal sancionando el impedimento al libre desarrollo de actividades productivas (boletín Nº 276007)..57 6. Moción de los diputados señores Leal y Lorenzini, que establece sanciones para la contratación abusiva de servicios de fotorradares por parte de las municipalidades (boletín Nº 276115) ...59 X. Otros documentos de la Cuenta. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, respecto de la visita oficial que una de legación realizó a la República Popular China entre el 23 y el 30 de junio de 2001, esto, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 del Regla mento de la Corporación. 1. Comunicaciones: De los diputados señores Ascencio, Palma, don Andrés, y Seguel, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Po lítica de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 28 de julio en curso para dirigirse a Taiwán. 2. Oficios: De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por el cual solicita nuevamente el acuerdo de la Corporación para que le sea enviado el proyecto que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para la utiliza ción del gas como combustible en vehículos, por ser materia de su compe tencia (boletín Nº 270115). De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para remitir al archivo los proyectos que a continuación se indican, por haber transcurrido más de dos años sin haberse emitido un pronunciamiento: a) Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Valdivia en memoria del sacerdote don Juan Bosco (boletín Nº 214704). b) Modifica la composición del jurado que otorga premios nacionales (boletín Nº 231004). c) Reconoce personalidad jurídica a las corporaciones deportivas (boletín Nº 18804). d) Facilita la participación de los deportistas seleccionados nacionales en las competencias que se realicen en Chile y en el extranjero (boletín Nº 202104). e) Establece la promoción de los educandos de acuerdo con su aprendizaje (boletín Nº 231304). f) Modifica la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en lo relativo al sistema de medición de calidad (boletín Nº 188904). g) Regulariza la utilización del emblema nacional (boletín Nº 223404). Contraloría General de la República Solicita información o antecedentes en relación con hechos investigados en sumario administrativo que se instruye en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. Del diputado señor Recondo, investigación sobre procedimientos utiliza dos por empresa Inverca S.A. en la confección de las escrituras de dominio destinadas a los asignatarios del Serviu Décima Región. Del diputado señor Molina, investigación sobre actividades comerciales de alcalde de municipalidad de Los Vilos. Ministerio del Interior Del diputado señor Pablo Galilea, gestiones para dar solución a problema de vertedero de Puerto Aisén. De los diputados señores Rincón, Jaramillo, Ojeda y Ortiz, nuevo convenio de reprogramación financiera en materia de obras públicas que suscribirá el gobierno regional de la Sexta Región con el Ministerio de Obras Públicas. De los diputados señores Kuschel, Caminondo y Pablo Galilea, cambio de autoridades en la Décima Región. Ministerio de Relaciones Exteriores De la Corporación, respaldo a postulación del poeta Nicanor Parra al Premio Nobel de Literatura. Del diputado señor Navarro, cumplimiento de convenios colectivos suscritos por empresa transnacional Telefónica. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Del diputado señor Navarro, fiscalización, inspección y denuncias en que ha intervenido el Servicio Nacional de Pesca. Del diputado señor Alessandri, gestiones del Servicio Nacional del Consumidor en contrato suscrito por empresa Help. Del diputado señor Leal, cobros indebidos de empresa Emelat S.A. Ministerio de Agricultura Del diputado señor Felipe Letelier, fiscalización a actividades de asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia. Ministerio del Trabajo y Previsión Social De los diputados señores Mulet, Jaramillo, Ojeda y Sánchez, organismo competente para fiscalizar la normativa laboral aplicable al personal no docente que labora en establecimientos educacionales administrados directa mente por las municipalidades. Ministerio de Salud Del diputado señor Mulet, beneficio por incapacidad profesional. De los diputados señores Rosauro Martínez, Delmastro, Orpis, Rojas y Ulloa, información sobre aplicación de ley Nº 19.699 en el SNS. Del diputado señor García-Huidobro, instrucción de sumario administrativo en Hospital de Santa Cruz. Ministerio de Vivienda y Urbanismo Del diputado señor Ibáñez, urbanización sector Las Chilcas, El Gallo y Las Achupallas, comuna de Viña del Mar. De la diputada señora Rozas, diputados señores Elgueta, René Manuel García, Jaramillo, Krauss, Lorenzini, Masferrer, Ojeda, Ortiz, Joaquín Palma, Aníbal Pérez, Reyes, Sánchez y Villouta, requisitos para postular a programa ChileBarrios. Del diputado señor Pedro Muñoz, soluciones habitacionales en Porvenir. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones De los diputados señores Kuschel, Delmastro, Jaramillo, Ortiz, Tuma, Valenzuela y Rosauro Martínez, avance de proyecto de reposición del ferrocarril a Puerto Montt. Del diputado señor Mora, fiscalización a recorridos de taxis colectivos de Calama. Ministerio Secretaría General de la Presidencia De los diputados señores Delmastro, Osvaldo Palma, Jaramillo, Sánchez, Fossa y Rocha, permisos para funcionamiento del servicentro de la comuna de Corral. Instituto Nacional de la Juventud Remite Convenio suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el “Apoyo al Fortalecimiento Juvenil y a la Modernización de los Servicios del Instituto Nacional de la Juventud”. I.ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (60) -- Acuña Cisternas, Mario -- Alvarado Andrade, Claudio -- Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro -- Álvarez Zenteno, Rodrigo -- Arratia Valdebenito, Rafael -- Ascencio Mansilla, Gabriel -- Ávila Contreras, Nelson -- Bartolucci Johnston, Francisco -- Bertolino Rendic, Mario -- Caminondo Sáez, Carlos -- Caraball Martínez, Eliana -- Cardemil Herrera, Alberto -- Ceroni Fuentes, Guillermo -- Correa De la Cerda, Sergio -- Cristi Marfil, María Angélica -- Delmastro Naso, Roberto -- Díaz Del Río, Eduardo -- Dittborn Cordua, Julio -- Galilea Carrillo, Pablo -- García García, René Manuel -- García Ruminot, José -- García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro -- González Román, Rosa -- Gutiérrez Román, Homero -- Hales Dib, Patricio -- Ibáñez Santa María, Gonzalo -- Jaramillo Becker, Enrique -- Jarpa Wevar, Carlos Abel -- Kuschel Silva, Carlos Ignacio -- Leay Morán, Cristián -- Longton Guerrero, Arturo -- Martínez Labbé, Rosauro -- Melero Abaroa, Patricio -- Molina Sanhueza, Darío -- Monge Sánchez, Luis -- Montes Cisternas, Carlos -- Mora Longa, Waldo -- Moreira Barros, Iván -- Muñoz Aburto, Pedro -- Núñez Valenzuela, Juan -- Ojeda Uribe, Sergio -- Orpis Bouchón, Jaime -- Ortiz Novoa, José Miguel -- Palma Flores, Osvaldo -- Palma Irarrázaval, Joaquín -- Pérez Varela, Víctor -- Prokurica Prokurica, Baldo -- Rojas Molina, Manuel -- Salas De la Fuente, Edmundo -- Seguel Molina, Rodolfo -- Soria Macchiavello, Jorge -- Soto González, Laura -- Ulloa Aguillón, Jorge -- Urrutia Cárdenas, Salvador -- Valenzuela Herrera, Felipe -- Vargas Lyng, Alfonso -- Venegas Rubio, Samuel -- Vilches Guzmán, Carlos -- Villouta Concha, Edmundo -- Walker Prieto, Patricio II.APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.49 horas. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada. El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. IV.CUENTA El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría. o El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones solicita nuevamente el acuerdo de la Cámara para que se le remita el proyecto que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos, por ser materia de su competencia. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Por un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, no sé si ese proyecto se podría tratar en comisiones unidas o en la de Minería y Energía, donde hace un par de años se conoció una iniciativa del Ejecutivo en ese sentido. Solicito que el proyecto se estudie en ambas Comisiones o en comisiones unidas. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Quiero recordarle, señor diputado, que el proyecto se encuentra radicado en la Comisión de Minería y Energía. ¿Habría acuerdo para que sea remitido a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones? No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, el proyecto tiene relación con el impuesto al gas comprimido y esta blece regulaciones complementarias para la utilización en vehículos. Por eso, es importante que se apruebe lo antes posible para descontaminar las ciudades. Ahora, si se desea que vaya a otras comisiones, propongo que se envíe a comisiones unidas. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, está en la Comisión de Minería y Energía, y la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones solicita que se le remita por ser materia de su competencia. De tal manera que lo único que procede es solicitar la unanimidad de la Cámara. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. o PERMISOS CONSTITUCIONALES. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Ascencio, Seguel y Andrés Palma, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 28 de julio, con el objeto de dirigirse a Taiwán. Acordado. V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités respecto de las sesiones de la Cámara en el futuro. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Pareto y con asistencia de los señores Salas y Núñez, por el Comité Demócrata Cristiano; Alessandri y Vargas, por el Comité de Renovación Nacional; Álvarez, por el Comité de la Unión Demócrata Independiente; señora Muñoz, doña Adriana, por el Comité del Partido por la Democracia; Aguiló, por el Comité Socialista, y Mesías, por el Comité Radical, adopta ron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1. Trasladar, a partir del 31 de julio próximo, las sesiones ordinarias de los días jueves a los martes de cada semana, de 15.00 a 17.00 horas. En ellas, se considerará el tiempo de los proyectos de acuerdo, pero las horas de Incidentes se agregarán a las de las sesiones ordinarias de los miércoles. 2. Sugerir, para dar cumplimiento al acuerdo anterior, a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Constitución, de Hacienda, de Educación, de Agricultura y de Recursos Naturales, que modifiquen los horarios de funcionamiento de las sesiones de los días martes, fijándolos para después de las 17.00 horas. 3. Fijar las 13.00 como hora de término del Orden del Día de las sesiones ordinarias de los martes en la mañana. 4. Autorizar a la Comisión de Régimen Interno para sesionar simultáneamente con la Sala el próximo martes 31 de julio, a partir de las 16.00 horas. 5. Acoger la petición de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, en orden a dejar sin efecto el acuerdo de la Cámara de fecha 20 de marzo de 2001, por el que se le remitió, para un informe complementario, el proyecto de ley que adecua la legislación que señala a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, boletín Nº 2421 03, quedando, en consecuencia, en Tabla. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Secretario hará llegar copia de los acuerdos a cada uno de los señores diputados. Cito a reunión de Comités con el objeto de adoptar acuerdos sobre las votaciones de la mañana de hoy. Se suspende la sesión. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Continúa la sesión. VI.ORDEN DEL DÍA NORMAS PARA FACILITAR LA CREA CIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES. Proposición de la Comisión Mixta. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el Orden del Día, corresponde conocer la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares. -- Antecedentes: Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 124103 (S). Documentos de la Cuenta Nº 4, de esta sesión. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, en primer lugar, la Comisión Mixta que conoció el proyecto que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares recogió la posición que la bancada de Renovación Nacional tuvo en la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de la Cámara, donde se suprimió la fijación de montos de venta, porque no es lógico fijarle a una microempresa montos de venta que no son utilidades. En segundo lugar, se aumenta el patrimonio o activo a 1.000 unidades de fomento, sin considerar el valor del inmueble, con lo cual también se hace justicia porque hoy las pequeñas empresas familiares general mente realizan su trabajo con máquinas simples, pero de alto costo, con lo que se limita su existencia y producción. La Comisión Mixta considera que se debe formalizar el trabajo de esas empresas, puesto que son las que dan mayor trabajo en Chile. El Estado y las grandes empresas ya no pueden hacerlo, y el 80 por ciento de las fuentes laborales están en manos de las pequeñas y medianas empresas, y las empresas familiares son importantísimas dentro de esta situación, más aún cuando hoy se está externalizando la productividad e incluso los servicios de muchos fabricantes. Por consiguiente, Renovación Nacional va a votar favorablemente, porque, a nuestro juicio, el proyecto soluciona un problema, regulariza una situación y, lo que es más importante, permite que esas empresas familiares se conozcan, puedan asociarse, participar en capacitación y acceder a todos los proyectos que el Estado pone a disposición de los pequeños y medianos empresarios. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presi dente, las microempresas son el medio de quienes tienen menos para tratar de ser más. Durante la discusión del proyecto surgió un punto que conviene hacer notar para la historia fidedigna de la ley. Lamentablemente, no fuimos absolutamente precisos y acuciosos respecto del funcionamiento de las microempresas en condominios, en que se exige la autorización del comité de administración, pero nada se señala si tal comité no existe. A mi juicio, aplicando el aforismo jurídico de que a lo imposible nadie está obligado, en caso de no haberse constituido esa instancia o de no pronunciarse en tiempo prudente, debería entenderse concedida la autorización. Dejo planteada esta inquietud, dado que el objetivo principal es facilitar y no entra bar la instalación de esas microempresas familiares. No obstante, voy a dar mi aprobación a la proposición. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobada la proposición de la Comisión Mixta. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Martínez (don Rosauro), Melero, Molina, Monge, Mora, Muñoz (don Pedro), Núñez, Ojeda, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rojas, Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Venegas, Vilches y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: Díaz, Dittborn y Montes. REVISIÓN DEL PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL EN CONSTRUCCIONES. Tercer trámite constitucional. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Corresponde conocer, a continuación, las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 458, de 1975, ley general de Urbanismo y Construcciones, con el objeto de establecer la obligación de revisar el proyecto de cálculo estructural. -- Antecedentes: Modificaciones del Senado, boletín Nº 247014, sesión 16ª, en 12 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 1. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, me parece que todas las bancadas coinciden en que las modificaciones del Senado son muy pertinentes y refuerzan el proyecto. En con secuencia, como no veo la necesidad de fundamentar su aprobación a través de intervenciones, podría pedirse la unanimidad de la Sala para despacharlas. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. En votación las modificaciones del Sena do. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobadas. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arratia, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rojas, Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas y Walker (don Patricio). ACUERDO ENTRE CHILE Y NICARAGUA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional. ACUERDO ENTRE CHILE Y HONDURAS PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional. ACUERDO ENTRE CHILE Y GUATEMALA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Corresponde votar los proyectos de acuerdo aprobatorios de los Acuerdos celebrados por Chile con las Repúblicas de Nicaragua, de Honduras y de Guatemala para la promoción y protección recíproca de inversiones y sus respectivos protocolos, suscritos en Santiago de Chile el 8 de noviembre de 1996, el 11 de noviembre de 1996 y el 8 de noviembre de 1996, respectivamente. Según lo acordado por los Comités, la votación de los tres convenios se realizará en un solo acto. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Aprobados los tres proyectos de acuerdo. Por fallas técnicas en el tablero electrónico, el resultado de la votación no pudo ser impreso. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CON VENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. Primer trámite constitucional. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- A continuación, corresponde conocer el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Abel Jarpa. -- Antecedentes: Mensaje, boletín Nº 266710, sesión 39ª, en 6 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 17 de julio de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 8. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor diputado informante. El señor JARPA.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, Cedaw, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999. El mensaje de su Excelencia el Presiden te de la República señala que esta Convención representa la declaración internacional de los derechos de la mujer y es considerada por los especialistas como la Carta Magna en esta materia. La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y, al 14 de julio de 2001, 168 países la habían ratificado, entre ellos, todos los países de América La tina y del Caribe. El mensaje señala que el mero reconocimiento de la condición humana de la mujer no ha bastado para que se garantice la protección de sus derechos mediante las normas y mecanismos de derechos humanos existentes, por lo que la Cedaw reúne, en un único tratado internacional, las disposiciones de instrumentos anteriores de las Naciones Unidas relativas a la discriminación sobre la base del sexo. Así, la Cedaw constituye el principal instrumento jurídico internacional de derechos humanos de las mujeres, de carácter vinculante, que consigna los principios aceptados internacionalmente sobre esta materia, expresando claramente que ellos son aplicables a las mujeres de todas las sociedades. La publicación del texto de la Cedaw, hecha por el Servicio Nacional de la Mujer, ilustra acerca de la importancia de este instrumento internacional al señalar que él se hace eco de la profunda exclusión y restricción que ha sufrido la mujer solamente por razón de su sexo, y pide igualdad de derechos para ella, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera, disponiendo que los Estados parte deben legislar para prohibir la discriminación y recomendando que se tomen medidas especiales, temporales, para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, y se aprueben disposiciones que modifiquen los patrones socio culturales que perpetúan la discriminación. Para supervisar la aplicación de sus disposiciones, la Cedaw estableció, en su artículo 17, un comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, compuesto por personas expertas en la materia, procedentes de 23 países, escogidas en votación secreta de una lista propuesta por los Esta dos partes, conforme a los principios de la distribución geográfica equitativa y de la representación de las diferentes civilizaciones y sistemas jurídicos. De acuerdo con lo dispuesto por la Ce daw, los Estados parte deben someter al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas sus disposiciones, y sobre los progresos realizados en este sentido, respecto de los cuales el comité podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general. Consecuentemente, los Estados parte se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la Cedaw. El comité, en su informe de 1999, da cuenta de haber examinado los informes de Chile y formula al Gobierno chileno diversas recomendaciones, las que, para los efectos de este informe, se reseñan, en lo esencial: a) Sobre la inexistencia en Chile de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial, el comité recomienda al Gobierno que elabore y apoye leyes que autoricen el divorcio, permitan a la mujer volverse a casar tras el divorcio y reconozcan derechos iguales a ambos cónyu ges en la administración de los bienes durante el matrimonio, y derechos iguales en relación con esos bienes en caso de divorcio. b) En vista de la alta tasa de embarazos de adolescentes registrada en el país; del hecho de que un alto porcentaje de esas jóvenes sean madres solteras, y de que gran número de ellas esté en los primeros años de su adolescencia, el comité recomienda que el Gobierno y el Sernam examinen la situación con prioridad y se exhorta al Gobierno a adoptar medidas para que se presten servicios efectivos de salud re productiva y sexual, y se preste atención a las necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante la difusión de programas de planificación de la familia e información sobre métodos anticonceptivos, aprovechando, entre otros medios, la puesta en marcha de programas eficaces de educación sexual. Insta también al Gobierno a esforzarse por lograr la promulgación de una ley en que se prohíba explícitamente la expulsión de las jóvenes adolescentes de los establecimientos educacionales, privados y públicos, por causa de embarazo. c)A propósito de su preocupación ante el inadecuado reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mu jeres en Chile y, en particular, por las le yes que prohíben y penalizan toda forma de aborto, el comité recomienda que el Gobierno contemple la posibilidad de llevar a cabo una revisión de la legislación correspondiente, con miras a enmendarla, en particular con el objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la mujer, incluida la salud mental. En cuanto a esas recomendaciones del comité, la ministra directora del Sernam señora Adriana Delpiano Puelma, informó a la Comisión que el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos no promoverá legislación alguna relacionada con el aborto. Agregó que, al respecto, y con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente, los Ministerios de Salud, de Educación y el Sernam han elaborado una propuesta gubernamental hacia una sexualidad responsable, cuya aplicación se iniciará en un plan piloto, en ocho comunas del país. En lo referente a la preocupación del Comité por la expulsión de adolescentes embarazadas de los establecimientos educacionales, informó que se ha coincidido con las iniciativas parlamentarias que se plasma ron en la modificación de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó el 6 de octubre de 1999 el Protocolo facultativo de la Ce daw, que nuestro país suscribió el 10 de diciembre de 1999, consecuente con su posición a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, la cual ha constituido una de las prioridades políticas de Chile, tanto en el ámbito interno como en el inter nacional. El objeto del Protocolo es perfeccionar el régimen jurídico de la Convención por la vía de ampliar la competencia del comité para que pueda recibir y considerar comunicaciones presentadas no sólo por los Estados par te, sino también por personas o grupos de personas sujetos a la jurisdicción del Estado parte, en caso de ser víctimas de una violación de los derechos establecidos en la Convención. Cabe señalar que Cuba y Bangladesh suscribieron este Protocolo con declaraciones que no admiten la competencia del comité para efectuar investigaciones de las violaciones de los derechos enunciados en la Convención o para invitarlo a informar sobre las medidas que se hubieren adoptado en respuesta a dichas investigaciones. Informaciones publicadas por la Secreta ría de la Organización de las Naciones Unidas señalan que, al 14 de junio de 2001, 48 Estados habían suscrito el Protocolo, 21 de los cuales lo habían ratificado. Ellos son: Austria, Bangladesh, Bolivia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Malí, Namibia, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Perú, Senegal y Tailandia. El protocolo entró en vigencia internacional el 22 de diciembre de 2000. La ratificación del Protocolo, en cuya elaboración nuestro país tuvo una activa participación, según lo informa el mensaje, significa avanzar en el compromiso de hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, destinada a lograr la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. En efecto, concluye el mensaje, este instrumento constituye el primer procedimiento de reclamaciones de género de carácter internacional. Asimismo, desarrolla y perfecciona mecanismos similares vigentes en el país. En lo fundamental, los Estados que se hacen parte del Protocolo reconocen competencia al comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer a fin de recibir y considerar las comunicaciones escritas que le presenten personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enumera dos en la Cedaw. Cuando se hagan en nombre de esas personas o grupos de personas, como podría ser si ellas actúan por medio de abogados, familiares u organizaciones no gubernamentales, las comunicaciones deberán hacerse con el consentimiento de las afectadas. Para tales efectos, será necesario que las personas afectadas hayan agotado los recursos internos y su reclamación no deberá referirse a una cuestión pendiente ya examinada por el comité o en otra instancia internacional. El comité hará el examen de las comunicaciones en sesiones privadas y a la luz de la información puesta a su disposición tanto por las personas o grupos de personas afectadas como también por el Estado parte interesado, después de lo cual hará llegar sus opiniones sobre la comunicación, conjunta mente con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes interesadas. El Estado parte se compromete a dar la debida consideración a las opiniones y recomendaciones del Comité, respondiendo a ellas, por escrito, en un plazo de seis meses. En casos de información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado parte de los derechos enunciados en la Convención, el comité podrá invitar al Estado a colaborar en el examen de la in formación y podrá encargar a uno o más de sus miembros la realización de una investigación, de carácter confidencial, e informar al comité. Si esta investigación es en territorio del Estado parte, no podrá tener lugar sin el consentimiento del Estado respectivo. Todo Estado parte podrá, al momento de la firma o ratificación del Protocolo, o de su adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del comité para efectuar investigaciones o requerir los informes antes señalados. Por lo tanto, se trata de la denominada cláusula de exclusión, de la cual Chile no hará uso, según lo informó a la Comisión la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer señora Adriana Delpiano Puelma, ya que, si lo hiciere, la correspondiente declaración sería inconsistente con su voluntad de contribuir a que las mujeres de diversos países y continentes, que sufren la sistemática violación de sus derechos elementales, como ocurre en Afganistán, puedan contar con la posibilidad de recurrir a una instancia internacional como el comité y dar a conocer su situación. La Comisión escuchó y sus opiniones se reseñan en el documento anexo del informe a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer señora Adriana Delpiano Puelma; al director jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Claudio Troncoso Reppetto; a la asesora del Sernam, señora Catalina Infante; a la abogada del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Paula Pinedo; al abogado de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz, señor Manuel Uzal; a la subdirectora de la Fundación Instituto de la Mujer, señora Natacha Molina; a la representante del Grupo Iniciativa de Mujeres, señora Teresa Valdés; a la representante de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, señora Isabel Duque, y a las representantes de la Corporación La Mora da, señoras Verónica Matus y Lorena Fries. Atendidos los antecedentes expuestos y visto el contenido normativo del Protocolo, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara, por siete votos afirmativos, uno negativo y una abstención, acordó aprobar el proyecto de acuerdo sometido a la consideración de la honorable Cámara, con modificaciones formales de menor entidad, que tienen por objeto citar el instrumento internacional en aprobación en la misma forma en que lo denomina el texto original autorizado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, las que no se estima procedente detallar, ya que todas ellas se recogen en el texto sustitutivo del artículo único del proyecto. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Cámara con el objeto de permitir el ingreso a la Sala de la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer señora Karen Herrera. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. El señor JARPA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor JARPA.- Señor Presidente, solicito que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para que ingrese la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam. La ministra directora de dicho organismo, señora Adriana Delpiano, no pudo, lamentablemente, asistir a la sesión, ya que a esta misma hora según los antecedentes de que dispongo se encuentra en el lanzamiento de un programa contra la violencia familiar en Santiago. El proyecto contiene algunas disposiciones que son de gran interés y que preocupan al Sernam, las cuales dicen relación con el divorcio y el aborto, razón por la que reitero es fundamental la participación en el debate de la subdirectora de este servicio. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En consideración al argumento señalado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores diputado señor Jarpa, solicito nuevamente la unanimidad para permitir el ingreso a la Sala de la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer. El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un asunto de Reglamento. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el Reglamento establece que los ministros de Estado, en forma permanente y sin autorización previa, pueden ingresar a la Sala a participar en las sesiones de esta Cámara. Por lo tanto, es obligación de los secretarios de Estado planificar sus actividades de acuerdo con nuestra agenda legislativa, a fin de no ponernos en esta situación. Al respecto, si bien se han dado buenas razones para explicar la ausencia de la ministra directora del Sernam, hace bastante tiempo se sabía que este proyecto sería tratado hoy. Por eso, cuando los ministros y ministras subestiman al Congreso al dar prioridad a otras actividades, sin perjuicio de que sean muy importantes, nos ponen ante la difícil disyuntiva en la que nos encontramos en estos momentos. Por lo tanto, si para el Gobierno del Presi dente Lagos y para la ministra correspondiente es de tanta importancia un proyecto de acuerdo aprobatorio de un protocolo como el que estamos debatiendo, entonces la secretaria de Estado no debería haber programado actividades en Santiago el mismo día en que se discutiría la iniciativa en esta Sala. Es una doctrina de la Cámara de Diputa dos contar con la presencia de los ministros de Estado en el tratamiento de los proyectos que atañen a sus carteras, por lo que no constituye una mala disposición no permitir que los subsecretarios respectivos u otros funcionarios menores ingresen a la Sala. En consecuencia, no se trata de echarle pelos a la sopa ni de querer dificultar las cosas, pero si este Poder del Estado permite la presencia de otros funcionarios y no de los ministros respectivos, terminaremos con la Sala llena de funcionarios de menor rango y no contaremos con la participación de los secretarios de Estado correspondientes. Ésa es la razón de fondo por la que nos oponemos nuevamente a dar la unanimidad. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- No hay unanimidad para acceder a la petición. En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Leay. El señor LEAY.- Señor Presidente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue ratificada por Chile en 1989. Ahora de batimos un Protocolo facultativo que sólo apunta al reconocimiento y a la competencia de un comité ya estructurado en la Convención, al cual se desea entregar herramientas para investigar situaciones que puedan afectar individual o colectivamente a mujeres en el mundo. Se establece cómo una persona o una institución pueden formular denuncias y un procedimiento de investigación, la que el comité puede desarrollar en el territorio del país donde se ha hecho la acusación. Además, se dispone que el comité puede invitar al Estado parte para que lo ayude en la investigación, luego de lo cual el comité opina y recomienda lo que se debe hacer. En líneas gruesas, eso establece este Protocolo facultativo. No obstante, se debe agregar que existe una cláusula de exclusión, mediante la cual el Estado parte, al momento de la firma o ratificación del Protocolo, podrá declarar que no reconoce la competencia del comité para efectuar investigaciones en su territorio, cláusula de la cual Chile no hará uso. Quiero señalar que, a nuestro juicio, al otorgar una facultad a un organismo internacional que no está expresamente establecido en nuestra Constitución, se delega parte de nuestra soberanía. Por eso, en principio, uno podría tener dudas sobre la constitucionali dad de un organismo como el que establece este Protocolo. Pero, más que quedarme en eso, la pregunta es: ¿cuál es la necesidad de este Protocolo? Según lo que he podido informarme en la Comisión y por algunos documentos de Naciones Unidas y de otros relacionados con la propia Convención, al parecer la existencia de este comité, tal como está integra do y complementado, tiene mecanismos insuficientes para que los países cumplan efectivamente lo acordado. Se señala que no existen procedimientos para asumir casos individuales. Por ejemplo, si una mujer es víctima de una discriminación, no hay un mecanismo a través del cual esta Convención pueda hacerse cargo de su caso. También se señala que no hay un organismo especializado que incorpore en el análisis el enfoque del género; que el proceso de investigación del comité en esto quiero poner especial énfasis podría articular cambios en la legislación y práctica de los países. Me parece lógico que cumplamos esos compromisos los países que hemos sido parte de un tratado tan importante como el de la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Es obvio. La pregunta es: ¿cómo se deben cumplir? Es ahí donde, a nuestro juicio, la fórmula que se propone no es la mejor desde el punto de vista constitucional ni de la soberanía. Hay otras cosas que nos preocupan y no quedan claras dentro del Protocolo. Por ejemplo, este comité no tiene una normativa fija, sino que, en nuestra opinión, podría interpretar los contenidos originales de la Convención e intentar el establecimiento de jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Que sin participación de los Estados parte en la Convención, el comité podría ampliar el ámbito de acción fijado en 1989 y asumir la defensa de otras situaciones que no se con templaban originalmente. ¿Por qué? Porque el comité no tiene normativa alguna. De ello puede deducirse que la Convención será como un marco general, cuya interpretación la hará este comité, sin tener atribución para eso. Podrá señalarse que son apreciaciones infundadas. Se nos ha dicho que el comité sólo puede hacer recomendaciones, pero y lo destaqué inicialmente en todos los estudios de defensa de este comité se recalca como lo más significativo que, al investigar, fomentará cambios en las legislaciones y prácticas nacionales. Es bueno señalar cómo actúa el comité. En un fallo reciente contra Chile sobre situaciones en las cuales no tiene por qué pronunciarse, pues nuestro país ni siquiera ha aprobado el Protocolo facultativo, después de un informe del Servicio Nacional de la Mujer, éste se toma atribuciones que ni si quiera tiene en el Protocolo facultativo para señalar que “también está preocupado entre muchos puntos del fallo por la inexistencia de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial”. “Esos aspectos resultan gravemente discriminatorios para la mujer, tanto en sus relaciones familiares como en lo que atañe al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales”. “El comité recomienda al Gobierno que elabore y apoye enérgicamente leyes que autoricen el divorcio y permitan a la mujer volver a casarse”. ¿Son recomendaciones? ¿Qué atribuciones tiene el comité? ¿Están dentro del ámbito de la Convención? No. O sea, sin haberse aprobado el Protocolo facultativo, el comité ya ha asumido acciones y recomendaciones sobre hechos que no están considerados en la Convención original de 1989. Podemos seguir con otros puntos. “El comité manifiesta su preocupación ante el inadecuado reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”. El comité está preocupado “en particular por las leyes que prohíben y penalizan toda forma de aborto”. ¿A este comité que remos entregarle poderes? Fíjense: “Recomienda que el Gobierno contemple la posibilidad de llevar a cabo la revisión de la legislación relacionada con el aborto, con miras a enmendarla, en particular, con el objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la mujer”. Continúo: “En ese sentido, el comité sugiere que el Gobierno tenga en cuenta sus recomendaciones”. Este comité nos hace esas recomendaciones sin que se haya aprobado el Protocolo. Las investigaciones que desarrollará generarán recomendaciones que fomentarán cambios que favorezcan el aborto en la legislación y prácticas en los países. Este comité nos recomendará abortos, podrá venir a investigar a Chile y pasar por encima de la soberanía nacional cuando cualquier mujer reclame por no poder hacerse un aborto. En definitiva, tendremos la presión de organismos internacionales para que en Chile exista legislación favorable al aborto. Eso son el comité y el Protocolo facultativo. Me encantaría que asumiéramos el Protocolo, pero con la cláusula de la investigación. Si vamos a dar herramientas a un comité que sobrepasará los acuerdos temáticos de la Convención, y que hoy este comité ya ha hecho propios, le daremos atribuciones a un grupo de personas que no representan el sentir mundial ni nacional, ni la idiosincrasia, ni la cultura, ni la identidad de nuestro pueblo, que es lo que más me preocupa. Eso me parece sumamente peligroso. Por eso, no somos contrarios a eliminar discriminaciones contra la mujer, situaciones que, como ya dije, están en la Convención, pero sí discrepamos absolutamente de grupos de fanáticos metidos en un comité pro derecho de las mujeres, que, en el fondo, están por el aborto y por quitarles la vida a las personas. Por eso, la bancada de la UDI va a votar en contra del proyecto de acuerdo aprobatorio de este Protocolo facultativo. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, en primer lugar, como lo dice el Protocolo y se ha señalado en esta Sala, las recomendaciones no tienen fuerza jurídica vinculante para el Estado. En segundo lugar, conviene recordar que la señora Adriana Delpiano, ministra directora del Sernam, informó a la Comisión, mediante oficio ordinario Nº 272, que el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos no promoverá legislación alguna relacionada con el aborto, como ella en su oportunidad lo manifestó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, no hay que tener miedo en aceptar este Protocolo. Lo que importa es el contenido esencial. En el mundo y en Chile las mujeres han avanzado en la igualdad de derechos, pero todavía falta mucho. Aquí hay cuestiones que son parte de los derechos esenciales de las mujeres, que están en la vida diaria, en el trabajo, donde se les paga una remuneración menor que al varón en este país. Eso es realmente inaceptable. En la vida política participan sólo un 5 por ciento de las mujeres, en circunstancia de que constituimos más de la mitad del electorado y de que nuestro aporte ha sido realmente muy trascendente. Para qué decir de algunos órganos que son bastiones masculinos, como la Corte Suprema, donde hasta el día de hoy, no obstante que algunos Presidentes de la República se han comprometido a nominar a una mujer para integrarla, eso nunca ha sucedido. Entonces, me parece que aquí hay una desigualdad absoluta y notoria. No nos queremos pronunciar sobre el tema del divorcio porque es una discusión plenamente vigente en el país. Por otra parte, siempre he sido partidaria de la vida y contraria al aborto. En cuanto a la soberanía, nosotros debemos hacerla valer aquí. Hoy tenemos que aceptar el contenido esencial del Protocolo para que, en verdad, haya igualdad no matemática porque hay situaciones especiales que ameritan una discriminación positiva en favor de la mujer, sino para que tenga posibilidades ciertas de estar en condiciones de igualdad en el mundo, en la vida y en la familia, para que ella, que cumple una labor esencial no solamente como dadora de la vida, sino también como formadora de los niños, tenga mejores oportunidades. Por lo tanto, es perfectamente posible, y además necesario, que aceptemos este Protocolo y adecuemos las leyes sin el temor de que otros nos impongan determinada recomendación. Eso sería considerarnos interdictos y creo que el país ha dado claras muestras al mundo de que no lo somos, de que tenemos una soberanía real y que la haremos valer. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención quiero hacer un cuestionamiento a los Comités aunque sé que no es válido que decidieron no votar hoy este proyecto. Me parece que se tomó esa decisión porque la Concertación podría perderlo, ya que había quórum. Existe un muy mal preceden te y una situación que no es justa. Las per sonas que asistimos los jueves a la Cámara lo hacemos a pesar de que sabemos que puede no haber sesión porque hay menos diputados, pero no se nos puede pasar a llevar de esa manera. Respecto del proyecto de acuerdo en discusión, todos sabemos que en 1989 firmamos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fue una decisión adoptada por las Naciones Unidas y es un instrumento que refleja la preocupación internacional por la discriminación contra las mujeres en el mundo. En primer término, quiero decir que he ido a muchas convenciones de las Naciones Unidas en que se tratan los temas de discriminación contra la mujer; pero nosotros, como país, estamos lejos de los problemas que aquejan a las mujeres de África, de otros continentes y del mundo musulmán, donde efectivamente hay discriminaciones que no han sido capaces de superar. Sin embargo, siento que no es el caso de Chile. Muchas de las determinaciones se adoptan pensando en mujeres de otros países. La idea de los Estados de convenir e implementar medidas que pongan freno a situaciones injustificadas se complementa con muchas modificaciones legales que tienden a proteger jurídicamente a la mujer; pero, sin perjuicio de lo anterior, hay muchas directrices muy poco claras y genéricas. El diputado informante señaló que éste era un proyecto para lograr la igualdad genérica. Esto, además, obliga a los Estados a modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres; elimina una serie de conceptos estereotipados de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y formas, incluso de la enseñanza. O sea, este Protocolo da a los países directrices sobre cómo deben, supuestamente, manejar el tema de la no discriminación. Se trata de la igualdad política, cívica, de empleos, de salarios justos, de acceso a la salud, incluyendo especialmente todo lo que se refiere a planificación familiar y a la igualdad de derechos en los asuntos relacionados con el matrimonio, proponiendo claramente el divorcio vincular, más allá de la postura que cada uno tiene en este tema. Pero ¿cómo jueces nombrados arbitrariamente y que no conocen ni siquiera la realidad de los países nos van a decir lo que tenemos que hacer? No estoy en desacuerdo con la planificación familiar bajo ninguna circunstancia, pero no me gustaría que jueces extranjeros vinieran a decirnos lo que debemos hacer. Por otra parte, el Protocolo facultativo de la Convención es un instrumento que complementa a este comité, y aceptar el Protocolo implica reconocer la competencia del comité de la Cedaw para recibir y considerar las comunicaciones o denuncias de discriminación contra la mujer en los respectivos países y realizar labores de examinen y fiscalización. En Chile, una mujer que se sintió discriminada al haber sido despedida de una institución policial, hizo un reclamo en las Naciones Unidas. No sé su resultado, pero aparentemente ya ese comité podría estar funcionando. A primera vista, este comité no estaría facultado para interpretar las normas de la Convención y las sugerencias de carácter general. Como toda recomendación del comité a los Estados partes, no tienen carácter vinculante. Sin embargo, la mayoría de los demás órganos de vigilancia del tratado han hecho interpretaciones en sus respectivas convenciones sin estar facultados para ello. De esta manera, el comité, a partir de la recomendación general aprobada en 1992, en su 11º período de sesiones, analizó el tratamiento de la violencia por motivos de sexo en los diferentes artículos de la Convención. En la práctica, esto significó incluir la violencia por motivos de sexo, es decir, interpretó la Convención. A modo de ejemplo, puedo señalar que en estos días se han dado a conocer las cifras sobre casos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual que sufren las mujeres, tema que, obviamente, nos preocupa como país, pero no nos interesa que desde las Naciones Unidas nos digan lo que debemos hacer. Existe una serie de análisis de distintos facultativos y juristas expertos en materia constitucional que señalan que esta Convención atentaría en contra de nuestra propia institucionalidad. Hay entidades internacionales que ya pueden conocer denuncias por discriminación, como la Comisión de condición jurídica y social de la mujer, órgano de las Naciones Unidas, y el Comité de Derechos Humanos, que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, como dije, hay instancias que ya están recibiendo reclamos, a pesar de que no existe norma alguna aprobada por el Parlamento al respecto; pero así funciona el sistema. ¿Cuál es la experiencia chilena respecto del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer? Este ya se ha pronunciado sobre la situación chilena en materia de discriminación. Considerar su juicio valorativo respecto de Chile es fundamental, por cuanto de lo que trata esta discusión es de la posibilidad de conferirle competencia para investigar e interpretar nuestro ordenamiento jurídico sobre la base de los lineamientos de la Convención. En junio de 1999, el comité señaló como preocupante que en nuestro país no se diera una serie de condiciones que permitan asegurar la plena igualdad de la mujer y terminar con situaciones claramente discriminatorias. Sobre esas conclusiones para el caso chileno, hay que distinguir dos cosas: las denuncias de situaciones que efectivamente constituyen graves problemas de discriminación para las mujeres, como la alta deserción escolar por embarazos adolescentes y las deficiencias de la ley sobre acoso sexual, en cárceles y colegios. Estas denuncias las entendemos y las compartimos. Sin embargo, existe otro tipo de críticas que, más que referirse a situaciones discriminatorias, constituyen una visión ideológica de lo que debiera ser la mujer y su rol dentro de la sociedad. Creo que ésta es la clave del tema. Siento que muchas veces nos vemos entrampados en declaraciones de buenas intenciones, de muy buena voluntad, que parecen muy generosas, pero que tienen, en su esencia, una visión ideológica. Podría citar miles y miles de ejemplos sobre el tema. Esto es preocupante, porque incluso personas de la Concertación, como la diputada señora Laura Soto, han dicho aquí claramente que están absolutamente en contra del aborto en cualquiera de sus formas. No obstante, en estas convenciones siempre hay entrampamientos y juegos de palabras, los cuales debemos evitar. En este esquema se enmarca la protesta por no tener una ley de divorcio; lo injusto que es no permitir el aborto en ciertos casos, especialmente cuando hay peligro de muer te, lo que se llama aborto terapéutico, y la pretensión de que las mujeres puedan individualmente decidir el número y espacia miento de los hijos, teniendo acceso a in formación y métodos de anticoncepción. Podemos estar plenamente de acuerdo con algunos de estos planteamientos; pero no creo que corresponda denunciar estas diferencias en el exterior, sino que debemos resolverlas en nuestro país. Por lo tanto, a pesar de estar de acuerdo con la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria contra la mujer, estimamos que es altamente inconveniente reconocer jurisdicción al comité en cuestión. En efecto, luego de analizar las razones por las cuales se considera que en Chile aún se discrimina en contra de la mujer, queda perfectamente claro que una legislación pro vida y pro familia, como la nuestra, es considerada afuera como discriminatoria contra la mujer. También es manifiesta la incompatibilidad entre nuestra legislación y las directrices del comité en cuestión. En consecuencia, si consideramos que este organismo puede hacer recomendaciones en cuanto a la legislación interna de los diferentes países e in formar anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas de las modificaciones propuestas, perfectamente cabe esperar condenas y presiones internacionales que terminen por hacernos modificar la clara inspiración en favor de la vida y de la familia de nuestro ordenamiento jurídico. Es importante manifestar que el comité no sólo recibe la información que proviene del Estado parte, sino también la que le envían organismos especializados de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales locales. Sabemos que en nuestro país hay más de 1.200 organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales tienen un claro objetivo político, especialmente feminista, por lo que es obvio que apoyan la Convención. Es entendible y deseable que la sociedad civil organizada también emita su opinión en materia de discriminación contra la mujer, porque supuestamente da garantía de objetividad e imparcialidad. No obstante, hasta ahora sólo se sabe de organizaciones de una marcada ideología feminista como informantes externos de los antecedentes del Estado chileno, algunas de las cuales nombraré. En efecto, el llamado “Reporte Sombra” enviado en 1999 al comité y suscrito por la corporación La Morada, el Comité de Latinoamérica y del Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, Cladem, el Foro abierto de salud y derechos sexuales y reproductivos, y el Centro legal para derechos reproductivos y políticas públicas se basó fundamentalmente en los derechos sexuales y reproductivos, que han sido siempre el gran entrampamiento que hemos tenido en las convenciones de las Naciones Unidas, porque hasta ahora no se ha podido establecer claramente si tales derechos incluyen el aborto. Cuando se dice que el derecho reproductivo es el que tiene la mujer sobre su cuerpo, siempre queda la duda de si eso incluye el aborto. También se reclama por la falta de una ley de divorcio, como ya se ha dicho; por la penalización del aborto y por la no implementación de planes de educación sexual en los colegios, aun con la oposición de algunos grupos. Estamos plenamente de acuerdo en que existe la necesidad urgente de implementar la educación sexual en nuestros colegios, de ayudar y proteger a la mujer en sus derechos, pero ¿por qué tenemos que recibir estas directrices de un comité internacional de las Naciones Unidas que ni siquiera conoce nuestra idiosincrasia como país? Por lo tanto, reitero que de aceptar la competencia del mencionado comité se esta ría vulnerando gravemente nuestra institucionalidad. Insisto en que debemos esforzarnos por mejorar la atención que dan nuestros tribunales a los reclamos de las mujeres. Sabemos que ellas recorren tribunal tras tribunal para conseguir una pensión de alimentos para su hijos o denunciar una discriminación laboral, pero no tienen abogados que las defiendan y no saben cómo presentar esas denuncias, etcétera. Ésa es nuestra obligación: mejorar nuestro ordenamiento y sistema jurídicos. Los tribunales de menores están recargados de trabajo, las asistentes sociales no puede atender todos los casos, los tribunales del crimen están llenos de causas que afectan a las mujeres y que no se pueden resolver porque no dan abasto. ¿No sería más lógico mejorar, ayudar y apoyar a la mujer a través de nuestro propio ordena miento jurídico que recurrir a un tribunal internacional para que nos diga lo que debemos hacer en nuestro país, más aún cuan do se trata de temas tan profundos e importantes, que se consideran básicos en la vida de la mujer y de la familia? Por lo tanto, la mayoría de los diputados de Renovación Nacional, presentes en la Sala no puedo hablar por todos, estamos dispuestos a votar en contra del proyecto que aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, porque consideramos que no podemos ser pasados a llevar por tribunales internacionales y por cuanto los problemas de los chilenos los tenemos que resolver en casa. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señora diputada, me permito hacer una precisión o una rectificación respecto de sus palabras iníciales: no fue un diputado de la Concertación quien solicitó en la reunión de Comités que el proyecto no se votara hoy, sino un parlamentario de la Oposición, cuyo nombre, por razones obvias, no voy a entregar en esta ocasión. En todo caso, hubo total acuerdo con esa petición, que es razonable, debido a que sería imposible llevar a efecto la votación hoy. Para demostrarlo, señalo que faltan las intervenciones de tres señores diputados, cada uno de los cuales tiene derecho a usar de la palabra por veinte minutos y sólo restan diez para el término del Orden del Día. De manera que es natural y obvio el acuerdo adoptado en reunión de Comités, cualquiera que sea el señor diputado que hizo el planteamiento. El señor ASCENCIO.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, el acuerdo de los Comités consiste en que toda la discusión se realice en esta sesión, porque éste no es un proyecto cualquiera, sino uno muy importante, al que debemos prestar mucha atención. Si lo votáramos el próximo martes, sería recomendable continuar la discusión ese día, escuchar la opinión del Gobierno y que la ministra del ramo estuviera presente. Ignoro por qué no vino hoy y si la invitaron o no. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El acuerdo se refiere sólo a no votar hoy, pero no significa cerrar el debate dentro de ocho minutos. El señor ASCENCIO.- ¿Se puede continuar la discusión el próximo martes? El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Desde luego. Nadie ha planteado algo en contrario. El señor ASCENCIO.- ¿Es posible invitar a la ministra? El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Está en su derecho asistir, sin invitación. Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, agradezco que haya clarificado la situación, porque proyecta una pésima imagen que a través del canal de televisión de la Cámara se hagan afirmaciones que no corresponden a los acuerdos de los Comités, que son parte importante y vital dentro de la jerarquía de las bancadas. En primer lugar, quiero expresar que una de las satisfacciones que he tenido durante estos once años y tres meses como representante popular, es haber participado en esa gran reforma constitucional que consagró legalmente la igualdad entre la mujer y el hombre. Algo muy simple, aparentemente, pero de gran profundidad. Los políticos siempre pedimos el apoyo de las mujeres, pero ese reconocimiento debe demostrarse en los hechos, no sólo en las palabras. En segundo lugar, quiero señalar que votaré a favor el proyecto en discusión, por varias razones. Resulta que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue parte de un acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 1979; es decir, el canciller del gobierno de Pinochet participó en la creación del Cedaw y no los gobiernos de la Concertación, que comenzaron sus mandatos en 1990. Pero, debido a que en un Estado como Chile debe existir continuidad en las relaciones exteriores, obviamente debemos hacernos parte también de los acuerdos o ratificaciones que se firmaron en 1979. El 7 de diciembre de 1989, el gobierno de la época ratificó lo acordado en esa Asamblea General de las Naciones Unidas. Ade más, el 27 de octubre de ese mismo año, mediante el decreto supremo Nº 789, firmado por el general Pinochet y su canciller, publicado el 9 de diciembre de ese año, se ratificó el acuerdo sobre la creación de dicha institución, que es parte de las Naciones Unidas. Más aún, en 1989 se planteó el tema. Es cierto que la Cedaw imponía recomendaciones, pero no hay alusiones específicas ni al aborto ni al divorcio, sino un acuerdo general con recomendaciones. Es importante clarificar que desde 1990, fecha en que empiezan los gobiernos de la Concertación, de los cuales formo parte, Chile ha suscrito y ratificado varios tratados sobre derechos humanos y ha adquirido obligaciones internacionales, como la de informar periódicamente a los órganos crea dos por los tratados sobre el cumplimiento de sus normas. Por ejemplo, incorporar el derecho internacional sobre derechos huma nos en el ordenamiento jurídico interno y responder a las comunicaciones individuales presentadas en contra del Estado por violaciones a los derechos humanos, ante órganos del sistema internacional e interamericano. Todas esas obligaciones reflejan el grado de inserción en la comunidad internacional que Chile, soberanamente, ha decidido tener. Quiero recordar que el Cedaw es una Convención especial que representa la Declaración Internacional de los Derechos de la Mujer, que es considerada por los especialistas como la Carta Magna en la materia. El comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer está compuesto por personas expertas en la materia, procedentes de 23 países, escogidas en votación secreta de una lista propuesta por los países que forman parte de la Convención. Hasta abril de 2000, 165 países habían ratificado la Convención, entre ellos sin excepción todos los integrantes de América Latina y del Caribe. Tal como lo expresó mi colega señor Ascencio, el Protocolo es de bastante importancia, de mucha profundidad y quienes votemos a favor del proyecto de acuerdo daremos una señal en el sentido de que es tamos trabajando por la no discriminación de la mujer en nuestro país. El proyecto de acuerdo, que consta de un artículo único, dispone algo muy concreto y específico: “Apruébase el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999”. Anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo, porque apunta a que la mujer chilena no sólo sea parte de la juridicidad chilena, sino también de la de los organismos internacionales de la Asamblea de las Naciones Unidas. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, para quienes en alguna oportunidad hemos tenido la posibilidad de participar en convenciones internacionales y en la Asamblea General de las Naciones Unidas es muy ilustrativo comprender la dinámica y forma como se desarrollan, en las cuales más de 189 países tienen que ponerse de acuerdo respecto de temas con componentes valóricos, morales, culturales, religiosos y legislativos propios de cada país. Ese solo hecho demuestra que en el seno mismo de las Naciones Unidas, para poder consensuar la diversidad la mayoría de las resoluciones se adoptan por unanimidad; es raro que haya votación en estos temas, los redactores de esos documentos se ven en la obligación de utilizar una redacción bastante ambigua, que deja abierta posibilidades o exclusiones relativas. Los señores diputados comprenderán lo difícil que resulta poner de acuerdo a un país islámico con uno católico o a países con diversidad de etnias o con tradiciones muy distintas de las nuestras. Cuando uno observa estos factores acabo de estar en la Convención Internacional sobre el Sida, quisiera que las recomendaciones fuesen bastante exhaustivas y claras, pero va aprendiendo que eso no es posible en el seno de las Naciones Unidas. Entonces, estas asambleas, protocolos y convenciones siempre dejan abierto un campo interpretativo a cada país. Luego, las naciones hacen bien en fijar menciones explícitas en lo que están de acuerdo o en desacuerdo, porque el abanico de posibilidades de interpretación es muy amplio. Por eso, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer crea un comité fiscalizador que supervisará el grado de cumplimiento de sus normas. Es decir, se adiciona a la Convención, pero su aceptación por los Estados parte es facultativa. Es presentado como un medio para nivelar la situación de este trata do si se le compara con otros vigentes en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, se pasa de la aprobación de principios a mecanismos de protección y denuncias de actos contrarios a la Convención. Eso es lo que está en discusión. Chile le ha reconocido y le reconoce competencia a este comité para interpretar las normas de la Convención. Esto se basa en el sistema anglosajón, el cual permite introducir, vía interpretaciones, al estilo del “common law”, derechos que no se contemplan explícitamente en la Convención. En ese sentido, el comité podría promover cambios en las leyes internas, promover medidas o recomendaciones que incluyan indemnizaciones y evitar violaciones similares a las ocurridas en el pasado. Esto podría ser aplicable a nuestro país, el que, eventualmente, tendría que cambiar su legislación frente a las recomendaciones del comité. Asimismo, éste podría determinar que el país pague una indemnización frente a una infracción comprobada. En resumen, el comité tiene amplias facultades para interpretar la Convención, y Chile ha reconocido su competencia. Los diputados señor Leay y señora María Angélica Cristi ya se han extendido sobre algunos elementos vinculados al tema de la penalización del aborto vigente en Chile, a los derechos del control de la natalidad y a una serie de situaciones complejas que, a mi juicio, van en contra de los valores cultura les, mayoritariamente católicos, sin ser esta última una materia que obligue, pero que son parte de la cultura, tradición y desarrollo social del país. Hay algunos precedentes que permiten apreciar cómo funcionan estas convenciones y asambleas de las Naciones Unidas, que han quedado establecidos en nuestra historia legislativa y en las acciones administrativas emitidas por nuestro Estado. En virtud de las críticas efectuadas por dicho comité, el año pasado el Ministerio de Salud dictó una re solución que modificó las normas vigentes sobre la esterilización de la mujer, asunto muy criticado y con poca participación previa. Luego, nos encontramos con una segunda acción: la de la denominada “píldora del día después”, que también emana de algunas recomendaciones del comité. Entonces, aunque se diga que estas cláusulas de las asambleas y protocolos de las Naciones Unidas no generan algún tipo de presión, y son sólo recomendaciones, van provocando un ambiente en que si los Esta dos no las adoptan, quedan como al margen del resto de los países. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, ya transcurrieron los cinco minutos de su tiempo, pero tiene derecho a guardar los 15 minutos restantes para la próxima sesión. El señor MELERO.- Señor Presidente, por su intermedio, pido a la Sala que me conceda dos minutos para no cortar el hilo conductor de mi exposición. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).-¿Habría acuerdo? Acordado. Puede continuar su Señoría. El señor MELERO.- Gracias, señor Presidente. De modo que ya hay algunos precedentes de cómo se va generando esta dinámica internacional, pues si Chile no adopta estos instrumentos, queda como un país paria, atrasado, no moderno, no vinculante con los demás Estados. Al respecto, reclamo el mejor derecho de nuestro país, derivado de nuestra propia legislación. Como bien lo ha recordado el diputa do señor Ortiz, hemos dictado leyes que han puesto término a materias altamente discriminatorias para la mujer, pero en virtud de nuestra cultura, de nuestro entorno y visiones y no de las imposiciones de 189 países del mundo que, con redacciones ambiguas, nos obligan a adoptar este tipo de acciones. Ejemplo de ello son los precedentes del decreto de la esterilización y de la “píldora del día después”, que han causado tanta polémica. En la práctica, el comité ejerce una suerte de jurisdicción, que Chile no puede aceptar mientras no se modifique nuestra Constitución Política. Estas son las precauciones a las cuales debemos estar atentos. No pongo en duda lo expresado por la diputada señora Laura Soto respecto de la declaración del Gobierno de Chile de ser contrario al aborto. Lo ha dicho explícita mente. Pero sucede que mediante estas redacciones ambiguas se va originando una condición ambiental que fuerza a los Esta dos a la adopción de resoluciones, como una especie de test de la blancura frente a la comunidad internacional, lo que no acepto. Me gusta el camino señalado por el diputado señor Ortiz y también el insinuado por el diputado señor Leay, es decir, que por la vía de nuestra legislación, aquí, en el seno del Congreso, con representantes de la diversidad cultural, étnica, social y jurídica de nuestro país, terminemos con la discriminación en contra de la mujer. Es peligroso el camino de estos protocolos que, en el marco del planeta y considerando la diversidad cultural del mundo, nos van imponiendo culturas y acciones que nada tienen que ver con lo que piensan y creen los chilenos. Ese es el punto de fondo. Los invito a no tomar las resoluciones de las Naciones Unidas como una especie de mandato obligatorio. Respeto a las Naciones Unidas. El protocolo tiene mucho de bueno, pero también va generando una situación que complica. Considero, entonces, que el camino apropiado para combatir las discriminaciones contra la mujer en el ámbito interno pasa por revisar nuestra legislación para ubicar las normas de discriminación que todavía pueda haber en ella, a fin de que sea el Congreso Nacional, y no un ente externo, el que estudie las modificaciones que fueren necesarias. Ese es el camino, a mi juicio, que nos puede llevar a avanzar más en la eliminación de acciones discriminatorias respecto de la mujer. Con estas aprensiones, desde mi punto de vista, resultaría demasiado comprometedor para el Estado de Chile aprobar este Protocolo. Haríamos bien en reservarnos en este Congreso el derecho de legislar sobre la materia y no aceptar acciones de la Asamblea de las Naciones Unidas que, como dije, van generando una ambigüedad peligrosa, abren corrientes de acción que han sentado precedentes en Chile, y que no es bueno seguir creando, no porque estemos en contra de terminar con las discriminaciones a la mujer, sino en defensa de nuestra soberanía jurisdiccional y respeto a las diversidades étnicas, religiosas, sociales y culturales de nuestro país. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Orden del Día. El señor VILCHES.- Punto de Reglamento, señor Presidente. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor VILCHES.- Señor Presidente, quiero solicitar, de acuerdo con el Reglamento, que en el acta de esta sesión de la Cámara quede establecido que a las 12.28 horas se produjo un corte de luz en forma imprevista. Estamos en una campaña de ahorro de energía a nivel nacional, y ésta es una de mostración de que enfrentamos un problema de abastecimiento energético. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- La Mesa ratifica las palabras de su Señoría como un hecho cierto, porque eso realmente ocurrió, no sólo por el motivo indicado, sino también para solicitar el pago de las compensaciones, en virtud de una ley dictada el año pasado. El señor MELERO.- Pido la palabra para referirme al mismo tema, señor Presi dente. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su Señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, ¿Este corte de luz interrumpió también la transmisión de la televisión por cable o el equipo de emergencia actuó en forma inmediata? El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Señor diputado, estuve atento a lo que pasaba en el monitor y puedo asegurar que no demoró más de 30 segundos en recuperarse la transmisión, una vez que se volvieron a prender las luces en la Sala. El señor MELERO.- Debo entender, entonces, que el sistema de emergencia habilita la transmisión de televisión y el funcionamiento de la Sala. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Así es, señor diputado. o El Vicepresidente, señor Valenzuela, da la bienvenida a una delegación de estudiantes, quienes, por su destacado desempeño, capacidad y espíritu de estudio se hicieron merecedores de la beca Presidente de la República. El señor Melero formula votos por que varios de estos destacados alumnos tengan la necesaria vocación de servicio público que les permita integrar algún día el Congreso Nacional. - Aplausos. o VII.PROYECTOS DE ACUERDO El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Hago presente que los diputados patrocinadores de los proyectos de acuerdo Nºs 580, 581 y 582 han pedido suspender su análisis. ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA PESCA ARTESANAL. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lec tura al siguiente proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 583, de los señores Navarro, Encina, Muñoz, don Pedro; Ulloa, Naranjo, Velasco, Jeame Barrueto, Ceroni, señora Allende, doña Isabel, y señor Ascencio. “Vistos: Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y Considerando: 1.El proyecto de acuerdo Nº 421C, aprobado por la honorable Cámara de Diputados con fecha 22 de junio de 2000, en que se encomendó a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente que, actuando como comisiones unidas, informaran a la Sala acerca de las actividades de pesca de alta mar que flotas extranjeras realizaban en las inmediaciones de las 200 millas de dominio marítimo nacional, de las medidas de protección adoptadas y de las que fueran recomendables asumir en defensa de los intereses nacionales y de la comunidad internacional. 2.Que desde 1990 opera en el Pacífico Sudeste una flota española proveniente de Galicia, que dirige su esfuerzo pesquero sobre el recurso pez espada o albacora y que las naves que la integran estaban constituidas en 1994 por cuatro buques palangreros-congeladores y que en 1997 ya contaba con siete embarcaciones; y que dichas embarcaciones poseen una es lora que va de los 32,8 a los 47,5 metros y una capacidad de bodega de 130 a 245 toneladas métricas y que realizan una captura diaria entre una y dos toneladas, lo que permitió que en 1990 alcanzaran un total de captura de 1.000 toneladas, cantidad que se duplicó en 1997. 3.Que dichas embarcaciones gallegas realizan esta actividad en virtud de la libertad de pesca que, conforme al artículo 116 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, existe en la alta mar. 4. Que esta misma normativa condiciona la facultad de ejercer estos derechos, debe res e intereses por parte del Estado ribereño, además de las obligaciones convencionales de los Estados y las disposiciones de la propia Convención del Mar sobre conservación de recursos marinos vi vos, lo que consagra un interés preferente del país ribereño en relación a la pesca en áreas aledañas a sus aguas jurisdiccionales. 5.Que por considerarse el pez espada o la albacora, es un recurso altamente migra torio, y que como tal también ingresa a nuestra zona económica exclusiva, donde es explotado por la industria nacional, y considerando que la flota española pescaba sin someterse a medidas de conservación mutuamente acordadas, en tanto que las naves chilenas han estado sujetas a una exigente normativa al interior de ese mismo espacio marítimo, en 1991 la Subsecretaría de Pesca le prohibió a las naves hispanas realizar transbordos en nuestro país. 6. Que ante sucesivos reclamos de España y de la Unión Europea, nuestro país ha señalado que esta medida tuvo como objetivo la necesidad de proteger el recurso, considerando que nuestra pesquería se ciñe a la hipótesis de que sólo existe un solo stock de pez espada en el Pacífico Sudeste. 7. Que frente a esta situación, y basados en los artículos 118 y 64 de la Convención del Mar establecen una obligación de cooperación tendiente a la conservación de las especies marinas, el tema derivó en la formación de una comisión técnica de pez espada entre la Comunidad Europea y Chile, que se reunió en Santiago el 5 y 6 de mayo de 1998, con participación de representantes de la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de Chile, y funcionarios de la Dirección General de Pesca de la Unión Europea. 8. Que en el marco de esa reunión, las delegaciones intercambiaron datos científicos sobre la pesquería del pez espada en el Pacífico Sudeste, así como en torno a las respectivas medidas de gestión y control aplicables a los buques que toman parte en la actividad. Ambas partes expresaron su interés por avanzar en la definición de mecanismos tendientes a la conservación del pez espada en el área, acordándose establecer un marco de cooperación científico-técnica con este propósito. 9. Que, paralelamente, Chile negociaba con los otros Estados miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur un “Acuerdo marco para la conservación de los recursos vivos marinos en la alta mar del Pacífico Sudeste”. Su texto fue adoptado en una reunión de la Cpps celebrada en las islas Galápagos en febrero de 2000 y fue suscrito por los cancilleres de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Este tratado está abierto a la adhesión de países pesqueros de aguas distantes, con el fin de establecer en conjunto regímenes de conservación para especies consideradas como prioritarias, en sectores de alta mar adyacentes a nuestras zonas marítimas jurisdiccionales. 10. Que en el plano interno de nuestro país, y con el propósito de perfeccionar nuestro sistema de administración de recursos vivos marinos, el 24 de agosto y 25 de noviembre de 1999 se publicaron en el Diario Oficial los decretos Nºs 361 y 598, que hacen aplicables las medidas de conservación y manejo nacionales a toda la población de las especies jurel y pez espada, incluso en sectores de alta mar, con relación a las embarcaciones chilenas. Estas disposiciones legales se basa ron en el artículo 165 de la ley general de Pesca y Acuicultura, que faculta el establecimiento de normas de conservación y manejo sobre especies transzonales o altamente migratorias existentes en la Zona Económica Exclusiva y la alta mar; y el artículo 117 de la Convención del Mar, que tipifica el deber de los Estados de adoptar las medidas que, en relación a sus respectivos nacionales, sean necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar. 11. Que la mencionada comisión técnica de pez espada no se volvió a reunir, pese a la insistencia de Chile ante la Unión Europea en tal sentido, y que, en cambio, la UE optó por iniciar una acción en el marco de la Organización Mundial del Comercio, tendiente a llevar al conocimiento de un panel su pretensión de acceder a los puertos nacionales. Para ello se argumentó que la prohibición del transbordo de pez espada en nuestros puertos infringe el artículo V del Gatt, que establece la libertad de tránsito de mercaderías por el territorio de los Estados partes. 12.Que al inicio del año 2001, Chile y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo consistente en que por un período transitorio de dos años, a contar de abril de es te año, Chile abrirá sus puertos para cuatro embarcaciones europeas, las que, al igual que otras cuatro naves albacoreras chilenas, podrán pescar mil toneladas de la especie al año cada una. Este régimen incluye inspectores a bordo de cada una para fiscalizar, entre otras cosas, posibles transferencias en alta mar o una selección y desecho de peces. Lo anterior, en el en tendido de que esta es una pesca de investigación. 13. Que este acuerdo afecta al sector de la pesca artesanal de dicha especie, que en nuestro país registra una cantidad superior a las 125 embarcaciones inscritas, las que registran una captura promedio de 3 mil 600 kilos por recalada. 14.Que, además, el desembarco de las naves europeas provoca un efecto inmediato sobre el mercado, ya que aumenta la oferta, genera un copamiento de los cupos de carga aérea y hace bajar los precios en este producto, fundamentalmente en el principal mercado de exportación chileno que es Miami. Con la desventaja adicional de que la venta de la pesca europea lo hace con arancel cero, en tanto que los chilenos lo hacen de acuerdo a aranceles variables. La Cámara de Diputados acuerda: 1. Mandatar a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para que en un plazo de 30 días, escuche a los principales actores del sector, así como a las autoridades, tanto de esta área de la pes quería nacional como del Ministerio de Relaciones Exteriores, se forme una opinión respecto de los antecedentes considerados, informe y proponga a la honorable Cámara y al Gobierno acciones a realizar para proteger la actividad pes quera artesanal de la albacora dada la precaria situación en que ha devenido esta actividad a raíz de la situación de riesgo de otros recursos pesqueros y evaluar los alcances, impactos y la necesidad de que nuestro país haya formalizado este acuerdo con la UE que sea necesario modificar”. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, desde luego, la protección de las especies marinas de nuestro mar presencial hace in dispensable apoyar el proyecto de acuerdo, que apunta a examinar a fondo las consecuencias de las actuales negociaciones con la Unión Europea, que defiende los intereses de la flota gallega, la cual captura el recurso albacora no sólo en nuestra costa, sino también en la de Ecuador y de Perú. Es necesario que influyamos para salvaguardar los intereses de nuestros pescadores, en especial de los artesanales, dado que, en gran parte, la pesca de la albacora recurso del cual depende principalmente su subsistencia se realiza por pescadores modestos, en embarcaciones de pequeño calado y, muchas ve ces, permaneciendo varios días en alta mar. Es sabido que ha habido presiones de distinto tipo de la flota gallega para acceder a los puertos de Chile, a fin de transbordar su pesca, en especial la albacora, hacia los mercados de ultramar. El éxito de sus gestiones significaría facilitar desmesuradamente la depredación que hacen de este producto, puesto que, como operan más allá de las 200 millas de la zona económica exclusiva de Chile, no existe norma alguna de protección de la especie que se pueda aplicar. El acuerdo que se está gestando entre Chile y la Unión Europea debe ser minuciosamente revisado e investigado por la Comisión de Pesca de esta Cámara, recientemente creada, con el objeto de que, una vez oídas las partes interesadas, formule recomendaciones al Ejecutivo. He dicho. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- Quedan dos minutos para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- No hay quórum. En votación el proyecto de acuerdo por segunda vez. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- No hay quórum. Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados. Transcurrido el tiempo reglamentario: El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo Nº 583. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- La votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión. VIII.INCIDENTES INFORME DE LA CONTRALORÍA GENE RAL SOBRE PRESUNTAS IRREGULARI DADES EN PROYECTOS DEPORTIVOS EN ÑUBLE Y CHILLÁN. El señor VALENZUELA (Vicepresidente).- En el tiempo correspondiente al Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, en hora de Incidentes de la sesión del 5 de septiembre de 2000, nuestro distinguido colega diputado Rosauro Martínez expresó que “en el desempeño de nuestra labor parlamentaria, la tarea fiscalizadora ocupa un lugar preferente, lo que nos obliga, por la naturaleza de la misma, a ser extremadamente responsables y serios en las denuncias y su tratamiento”. Prosiguió: “Desde esa perspectiva, he solicitado la palabra para referirme a un hecho que reviste la mayor gravedad y que, por lo mismo, exige ser investigado”. “Concluyo en la esperanza de que se conozcan todas las irregularidades existentes y en la necesidad de establecer las responsabilidades administrativas y las sanciones que se deriven de ellas, porque no se puede aceptar que se utilicen recursos públicos para beneficiar a amigos o camaradas”. Durante su intervención, el diputado Rosauro Martínez pone en duda la probidad de quien se desempeñara como coordinador regional de la Digeder durante el gobierno del Presidente Frei, el actual concejal don Hernán Álvarez Román, quien, en ese entonces, era candidato democratacristiano a la elección municipal por la comuna de Chillán. En virtud de la responsabilidad y de las facultades fiscalizadoras que tan claramente consignó el colega Rosauro Martínez, cuya acción recibió la adhesión de los diputados integrantes de los Comités de la Unión Demócrata Independiente, PPD, Socialista, Renovación Nacional y Radical Social Demócrata, hoy doy a conocer el resultado de la investigación realizada por la Contraloría General de la República acerca de las presuntas irregularidades en la asignación y ejecución de proyectos deportivos y recreativos de la Digeder en la Octava Región, y del despido arbitrario, según el honorable colega, del funcionario señor Reinaldo Figueroa Alarcón, supervisor, en aquel entonces, de los proyectos Digeder para la provincia de Ñuble, informe llegado a esta Cámara con fecha 16 de abril de 2001 y que tengo en mi poder. En sus conclusiones, referidas al año pasado, el informe de la Contraloría señala: Primero. Respecto de que no se realizan supervisiones a la totalidad de los proyectos deportivos que se ejecutan bajo la dependencia de la Coordinación Regional de la Octava Región en dicha región existen alrededor de 350 talleres, con el personal disponible no es posible abarcar todos los proyectos. Segundo. En relación con el proyecto “Deporte Joven”, los antecedentes reunidos permitieron comprobar su funcionamiento, lo cual desmiente la acusación respecto de que no se encontraba en ejecución y, lo que es más grave, el informe también señala que aquella habría sido inducida por el señor Reinaldo Figueroa. Tercero. En cuanto al proyecto “Ñuble se Recrea”, se verificó que sólo se hicieron desembolsos en abril del año 2000 por concepto de remuneraciones al señor Carlos Muñoz Oviedo para desarrollar las funciones de monitor, las cuales no fueron cumplidas. Por lo tanto, corresponde que el señor director general de Deportes disponga las acciones que sean procedentes con el propósito de restituir los fondos asignados. Considero necesario precisar que, según el informe, esta suma alcanza a 87 mil pesos. Cuarto. Que, de acuerdo con los antecedentes obtenidos en el curso de la visita, se comprobó que el señor Reinaldo Figueroa Alarcón no fue despedido, sino que en aquel entonces expiraba su contrato. Quinto. Que Prodec Ltda. asignataria de estos programas no dio cumplimiento a lo estipulado en las bases de postulación a los proyectos deportivos en lo relativo a la acreditación de los monitores como tales, debido a que dos de los tres monitores del programa “Deporte Joven” no cumplían con la requerida acreditación. Además, el informe con signa que Prodec renunció, con fecha 15 de mayo de 2000, a la ejecución de los proyectos “La mujer vecinal hace deporte” y “El adulto mayor hace deporte”, fundada en su incapacidad física para proseguir el convenio, situación que derivó en que la Coordinadora Regional de Deportes y Recreación, Coordyr, los ejecuta directamente. Sexto. Que la Dirección General de De portes deberá ordenar que se investigue lo relacionado con el proyecto “Chillán Viejo hace deporte”, con el fin de determinar su real ejecución, teniendo presente, en conformidad con los antecedentes del informe, que dicha situación se encuentra cuestionada. Con el mérito de ese procedimiento, corresponde disponer las medidas administrativas pertinentes, sin perjuicio de efectuar la denuncia correspondiente a la justicia ordinaria, si los hechos así lo ameritan. Señor Presidente, si bien el informe con signa la comisión de algunas irregularidades en la administración de 350 talleres, en ningún caso se pone en duda la probidad de don Hernán Álvarez Román, la cual se cuestionó en este hemiciclo y en los medios de comunicación, en los cuales fue extensamente publicitada, lo que afectó su honra precisa mente en un período electoral. El informe deja claramente establecido que las acciones realizadas por don Hernán Álvarez Román se ajustaron a los instructivos señalados por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Deportes y Recreación. Deseo señalar, una vez más tal como lo hiciera en este hemiciclo con ocasión del homenaje que rendimos a nuestro estimado amigo Manuel Bustos Huerta y en el cual quien habla invitaba a todos los colegas a revisar nuestras actitudes, que cuando en nuestras instituciones existen como hoy signos preocupantes de deslealtad por posibles irregularidades, es necesario que nuestros actos de fiscalización sean coherentes y cautelosos, y formulados en su exacta dimensión y con la debida prudencia. Por este motivo, tal como lo hiciera en la sesión del 5 de septiembre de 2000, en que adherí a la petición de investigación, en la cual se expresa que estos hechos “revisten la mayor gravedad”, estimo de nobleza dar a conocer la extensa y acuciosa investigación de la Contraloría General de la República, que, en mi opinión, si bien da cuenta de irregularidades, éstas no tienen la entidad que señala la acusación. Por lo expuesto, la acusación en comento se aleja de la responsabilidad y seriedad de nuestra indispensable función fiscalizadora, ya que no se realizó en su exacta dimensión y ha carecido de la debida prudencia. Muchas gracias. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Su Señoría usó cuatro minutos y treinta segundos del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A DI RIGENTES DE JUNTAS DE VECINOS Y DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el turno del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi petición de oficiar a su Excelencia el Presidente de la República y al ministro secretario general de la Presidencia, en orden a estudiar un proyecto de ley que modifique la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, para consagrar en ella los derechos a que me voy a referir. Todos sabemos que el dirigente vecinal se elige según las prescripciones de esa normativa, que regla todo el tema de la organización territorial. También se regulan en ella las organizaciones funcionales, los clubes deportivos, los comités y los centros de madres. Si bien es cierto que en esa ley se regla fundamentalmente el accionar de todas esas organizaciones o las instituciones, no lo es menos que no se considera al dirigente como persona. El dirigente vecinal es un trabajador social. No tiene sueldo ni beneficios. Muchas veces vive realizando actividades entre vecinos y autoridades, y conoce los principales problemas de la junta de vecinos de su barrio. En muchos casos son cuestionados o incomprendidos por quienes los eligen, porque no consiguen todo lo que se les pide. En verdad, se trata de personas que trabajan por la comunidad buscando solucionar gran cantidad de problemas. De ahí que es necesario reconocer la importante labor de estos dirigentes. Mi idea es oficiar a ambas autoridades con el objeto de que estudien la pertinencia de modificar la ley para disponer algunos beneficios en favor de los principales dirigentes de las juntas de vecinos, o del resto de las organizaciones comunitarias presidentes, secretarios, tesoreros, relacionados, por ejemplo, con temas de salud. Imaginé monos beneficios destinados a prestarles atención especial en consultorios y hospitales públicos, previa acreditación mediante una tarjeta especial. Puede ayudárseles, también, en el tema previsional, con puntajes adicionales o con algún tipo de beneficio especial para que puedan obtener subsidios asistenciales, pensiones de gracia u otro beneficio. Muchas veces los dirigentes vecinales se singularizan por su precariedad económica. Podrían, por ley, tener acceso gratuito a actividades culturales organizadas por el Gobierno y por los municipios, presentando solamente un carné que acredite su calidad de tales. Asimismo, sugiero que tengan derecho a capacitación relacionada con su cargo y con todos los temas relacionados con el Gobierno, con las autoridades regionales, provinciales y municipales, a través de sus departamentos de organizaciones sociales; además, que se establezca algún tipo de fuero especial para los dirigentes sociales: que se les permita ausentarse del trabajo para participar en las reuniones a las cuales sean llamados para el cumplimiento de sus obligaciones; que a las juntas de vecinos se las considere con derecho a ocupar escuelas, centros culturales o edificios estatales, con el objeto de realizar sus reuniones cuando carecen de sedes. En muchas oportunidades, deben andar en busca de una salita para re unirse. Eso es indigno para su condición de dirigentes comunitarios. Pido también que las uniones comunales tengan derecho a su propia oficina en los municipios o en otros lugares; a ocupar escuelas o centros culturales de su sector; a cosas simples, como que en el protocolo se considere al presidente de la unión comunal o de la junta de vecinos; a que los presidentes de estas organizaciones sean nombrados en los actos oficiales que se realizan. Hay una serie de derechos que podrían establecerse en favor de estos dirigentes, a fin de que puedan realizar sus tareas y actividades con mayor dignidad. Por lo tanto, reitero mi petición de que se oficie a su Excelencia el Presidente de la Re pública y al ministro secretario general de la Presidencia, con el objeto que he explicitado. Muchas gracias. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Seño ría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están indicando a la Mesa. PARADA DE METROTRÉN EN SECTOR NORPONIENTE DE RANCAGUA. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Ramón Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que nos informe acerca de la posibilidad de que el metrotrén de Santiago a Rancagua y San Fernando se detenga en algún lugar del sector norponiente de Rancagua, donde viven muchas personas. Históricamente, el tren que recorría la zona se detenía y dejaba pasajeros en la avenida Germán Ibarra. Deseo recordar a los colegas que el metrotrén de Santiago a Rancagua no existía y que fue puesto en servicio durante el gobierno del Presidente Aylwin, mientras me desempeñaba como intendente de la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Con posterioridad, en el gobierno del Presidente Lagos, el 28 de diciembre del año pasado, el servicio se amplió hasta San Fernando. Asimismo, ayer se reinauguró, con la presencia de su Excelencia el Presi dente de la República, la antigua estación de Pelequén, que servirá a más de ochenta mil personas de las comunas de Malloa, San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras. En el caso del metrotrén de Santiago a Rancagua, con veinte frecuencias de ida y vuelta tiene alta demanda, muchos dirigentes de organizaciones comunitarias a las cuales se refirió el diputado señor Gabriel Ascencio del sector norponiente de Ranca gua y particularmente el presidente de la junta de vecinos de la villa El Sol, don César Vargas Abarca, han hecho gestiones para que se detenga en algún lugar de ese sector de Rancagua, incluso han recolectado numerosas firmas para hacer llegar a las autorida des dicha petición. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PASO FRON TERIZO ENTRE CHILE Y ARGENTINA. Oficio. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que nos informe sobre la posibilidad de construir un nuevo acceso entre Chile y Argentina en el paso Las Leñas hacia la cordillera, desde las ciudades de Ranca gua y Machalí, idea originalmente planteada por el diputado señor Juan Pablo Letelier. Mucha gente que ha viajado entre Chile y Argentina ha sostenido varias reuniones motivadas en esa idea. Solicito que el señor ministro nos in forme específicamente del estado actual de dicho proyecto, sus posibilidades de financiamiento, plazos de construcción, y de todos los antecedentes necesarios para conocer exactamente la situación del paso Las Leñas. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten. RECHAZO A INSTALACIÓN DE NUEVO VERTEDERO EN TALCA. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ.- Señor Presi dente, solicito que se oficie a la directora nacional de la Conama para que nos informe acerca de la solución que se ha dispuesto para el cierre definitivo del vertedero de Talca, petición que hago por segunda vez y ciertamente con carácter de urgencia, puesto que el que existe cumplió su plazo de vigencia el 16 de este mes sin que haya habido una solución integral al problema. En este caso, hubo una solución de par che, ya que sólo se consiguió continuar con el funcionamiento del antiguo vertedero, sin autorizar el inicio de actividades en el nuevo, adquirido por la municipalidad, situado a una prudente distancia de Talca y con una extensión bastante considerable de superficie, más de cien hectáreas. Solicito que la Conama nos informe sobre la situación del vertedero y las alternativas de solución planteadas por las autoridades de Talca. Asimismo, pido que se nos explique las razones por las cuales la Comisión Regional del Medio Ambiente de Talca entregó el informe final sobre el nuevo vertedero aproximadamente diez días antes de la fecha de cierre del actual, ya que en un plazo tan mínimo es imposible tomar cualquier resolución que implique una alternativa viable para la ciudad de Talca. Es claro que la brevedad del tiempo no permitió establecer una instalación adecuada en el nuevo vertedero, “Willy Gorboa”, razón por la que se debió continuar con el funcionamiento del antiguo. Me parece que la Corema se tomó un tiempo excesivo en esta materia, que impidió que se hicieran las gestiones necesarias para la aceptación del nuevo vertedero. Además, solicito que se oficie al ministro del Interior, con el propósito de que emita un pronunciamiento o realice una investigación sumaria al interior de la Corema regional y le pida al intendente que coordine las acciones de las distintas instituciones relacionadas con el tema: la Corema Regional, el Servicio de Salud del Maule, la municipalidad de la Talca y la Intendencia, la cual, en este caso, no ha cumplido el papel elemental de coordinar las distintas instancias para solucionar el problema. Pido que los oficios se envíen con carácter de urgencia, porque los plazos están vencidos y se le ha otorgado un nuevo período al antiguo vertedero para que continúe funcionando prácticamente de manera indefinida. Se dice que por sesenta días, pero, en verdad, será por mucho tiempo más. El ver tedero ya está colapsado y hay un manifiesto abuso de la situación. Por las consideraciones expuestas, reitero mi petición de dirigir oficio al ministro del Interior, para que instruya al intendente y se coordinen las acciones que, de una u otra manera, permitan encontrar solución al problema, ya que el nuevo vertedero, que tiene una superficie muy extensa, se encuentra a una distancia adecuada y cuenta con los elementos apropiados; lo único que falta es la coordinación. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su Seño ría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten. Debo informar a su Señoría que no existen oficios urgentes, pero se hará lo posible para que se despachen a la brevedad. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RE CURSOS DEL ESTADO DESTINADOS A COMBATIR LA POBREZA. Oficio. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, quiero referirme a un tema ampliamente difundido en las últimas semanas y que tiene que ver con la encuesta Casen y con la información proporcionada por el Gobierno respecto de la pobreza en Chile. El informe ha determinado que en nuestro país existen 3.400.000 pobres y que la indigencia ha aumentado en 30 mil personas, es decir, desde 1996 a la fecha el número de indigentes aumentó de 814 mil a 850 mil personas. Sabemos que el Mideplan está encargado de combatir la pobreza, y que ha sido cuestionado por el propio Gobierno en cuanto a su permanencia como tal. Después de un año y medio de ejercicio, la ministra se ha referido por primera vez a la pobreza, diciendo, como gran novedad, que ha llegado la hora de reorientar las políticas sociales, algo que nosotros en la Cámara hemos dicho durante más de diez años. Al respecto, quiero plantear que la pobreza siempre es dramática. Si hablamos de 3.400.000 pobres de acuerdo con la encuesta Casen, no cabe duda de que ella ha afectado a muchos otros sectores, en especial a raíz del desempleo y del problema económico. Hoy existe una clase media, profesionales y miles de personas tremendamente afectados por esa causa. En esta oportunidad quiero plantear cómo se han distribuido los recursos en materia de pobreza. En los últimos años, el sector social ha aumentado su presupuesto en forma per manente y hoy llega a casi 10 mil millones de dólares, lo que a la fecha del año 90 significa un aumento de 85 por ciento. A pesar de ello, vemos que no mejora la situación de los más pobres. La ministra ha manifestado, con orgullo, que los subsidios directos están bien focalizados y no me cabe duda de que es así, porque las Pasis pensiones asistenciales o subsidios familiares que reciben las madres más pobres por sus hijos, los ancianos y los inválidos más pobres llegan directamente a las personas, las que pueden recibirlo como un subsidio directo y utilizarlo en la mejor forma. Sin embargo, me preocupa tanto a mí como a una gran cantidad de chilenos la gran cantidad de fondos dispersos asignados a distintas reparticiones públicas, los llama dos fondos concursables o derivados. Dichos fondos se encuentran en distintos pro gramas sociales. Muchos de ellos son concursables y adolecen de varios problemas. Por ejemplo, dependen de múltiples organismos: Ministerios de Planificación, del Interior, Secretaría General de Gobierno, de Salud, de Educación, etcétera. Dichos ministerios crean fondos por ejemplo, Mideplan tiene el Fosis, Fondo de Solidaridad, con 27 mil millones de pesos, pero si uno revisa los programas se puede dar cuenta de que éstos no apuntan necesariamente a la solidaridad o a resolver los problemas de los más pobres; también está el de la Conadi, institución muy discutida. Ello crea una mayor estructura burocrática y administrativa en perjuicio de gran par te de los recursos sociales, ya que dichos fondos se manejan en forma centralizada y muchas veces sin la participación de los gobiernos locales; no funcionan integrados entre sí, por lo tanto, están dispersos, lo que permite que se repitan en algunas partes; no se conocen evaluaciones periódicas, según el compromiso del Gobierno cuando se discutió la ley de Presupuestos de la nación; se transfieren a través de una tortuosa ruta de procedimientos burocráticos. No existe un acceso fácil a ellos; algunos tienen una du ración de menos de un año, otros más, sin evaluar su real rendimiento; muchos están disgregados en varios organismos y destina dos a un mismo sector de la población. Hay 52 fondos, repartidos en distintas instancias, para los jóvenes. Incluso, la Secretaría de la Juventud tiene un proyecto para capacitar jóvenes, con un fondo de 2 millones de dólares, otorgado por las Naciones Unidas, de los cuales el Gobierno chileno tiene una contraparte de 1.300.000 dólares, a pesar de que existen 52 fondos, repartidos en distintas instancias, destinados a los jóvenes, y de que la Secretaría de la Juventud cuenta con 1.800 millones para cumplir dicha tarea, de los cuales el 60 por ciento se va en gastos administrativos; hay dieciocho fondos destinados a la mujer. Sin embargo, habría que preguntar: ¿quién los evalúa y promueve? ¿Quién lleva la estadística y cuánto cuestan? Además, hay programas y fondos titula dos de manera ambigua, cuyos objetivos pueden ser cualquier cosa, incluso muchos de ellos tienen un objetivo claramente político. Entre ellos están el programa de difusión de los derechos y deberes ciudadanos, es cuelas de talleres y el fondo de la sociedad civil e igualdad de oportunidades. Por otra parte, el Ministerio del Trabajo administra fondos; hay un programa ChileBarrios, que dispone de 168 mil millones de pesos, hasta el año 2003, el cual ha dedicado más tiempo a hacer diagnósticos que a resolver problemas de erradicación de campamentos. Podría referirme largamente a estos fon dos sin saber exactamente su costo ni qué significan. Hemos llevado a cabo un trabajo extenso para tratar de obtener dicha información. La que aparece en internet, en la red social del Gobierno, no señala los montos asignados ni sus beneficiarios ni cómo se postula a ellos. Es muy difícil obtener dicha información. Sólo hemos contado con un instrumento, un consolidado del año 2000 hecho por una empresa denominada Trans versal, apoyado por la Subdere y, entiendo, también por la Cepal. Sumando sólo los fondos de más ambigua destinación, se llega a más de 900 mil millones de pesos. Por eso, cuando hoy se habla de reformas tributaria, de salud, etcétera, y de tantas formas para atraer recursos a los municipios, es preciso saber en qué consisten los 317 fondos que anunció el Presidente Lagos durante la discusión del Presupuesto de la nación, y la creación de doscientos nuevos fondos para el gasto social. En consecuencia, solicito oficiar al Presi dente de la República para que, a través del Ministerio de Hacienda, informe lo siguiente: ¿De qué ministerios y organismos, según corresponda, dependen cada uno de los 317 fondos y programas? ¿Cuáles son los montos asignados a cada uno de ellos por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda? ¿A cuánto ascienden los costos de administración y operación de cada pro grama de estos fondos? Además, solicito que se señale el desglose de los gastos administrativos y operativos asignados a cada uno de los organismos creados para la administración de esos fon dos; los objetivos de cada fondo y programa; la nómina de fondos y programas orientados a objetivos de carácter civil y organizacional;... El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señora diputada. La señora CRISTI (doña María Angélica).- ...la nómina de los beneficiarios de los fon dos y programas, del 1º de enero de 2001 a la fecha; información respecto de cuáles de esos fondos y programas ya existían en el 2000 y se mantuvieron en el 2001, y, por último, información respecto de evaluaciones e impacto social de cada uno de estos fondos y programas, como una manera de saber la cantidad de fondos asignados para lelamente a la red social, en apoyo de los sectores más pobres. El diputado señor Kuschel me ha pedido incluir en el oficio un informe sobre la asignación de dichos fondos destinados a las regiones del país. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por la diputada señora María Angélica Cristi, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. ESTUDIO SEPARADO DE MATERIAS DE LEY DE PESCA. Oficios. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Ignacio Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se oficie al Presidente de la Re pública, al ministro de Economía, a los miembros de la recién creada Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara y a los respectivos integrantes de esa Comisión en el Senado, a fin de que consideren la conveniencia de subdividir la actual ley de Pesca y Acuicultura, por lo menos, en cinco conceptos, ya que por no avanzar en algunos aspectos se paraliza el estudio de temas pesqueros muy importantes para la Décima Región. Las realidades existentes en dicha ley, sobre las cuales, a mi juicio, debe legislarse por separado son la pesca artesanal de aguas interiores y de las cinco millas exclusivas, y la pesca industrial de alta mar o pesca libre y regulada, sin conocer porque no se ve en mi zona el tema de la harina de pescado, que puede ser otro aspecto; otra actividad es la de los salmoneros y la producción de truchas y similares; un tercer aspecto es el relativo a los buzos artesanales dedicados a la extracción libre y regulada de los recursos; un cuarto aspecto es la actividad y cultivo de algas, pelillo y otras, y un quinto, la crianza y producción de mariscos, como cholgas, choritos, locos, ostiones u otros. Nuestro país es enormemente largo y la actividad es variada. En este momento están detenidos en aspectos relacionados con con cesiones acuícolas, que están afectando la producción de salmones y truchas, cultivo de algas y mariscos. Sólo podría avanzarse si esto se separara de aspectos, por ejemplo, como la pesca artesanal o industrial, que no tienen nada que ver con las concesiones marítimas. Debo reiterar que ésta es la actividad que produce mayor valor a la producción en las regiones Décima y Undécima. He dicho. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Seño ría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE MAFIL. El señor SEGUEL (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presi dente, quiero usar esta tribuna para enviar mis felicitaciones a la comuna de Mafil, provincia de Valdivia, que hoy celebra el 37º aniversario de su fundación. Asimismo, le envío un afectuoso saludo a su alcaldesa señora María Angélica Fernández, a sus concejales y, por supuesto, a toda la querida comunidad de Mafil, compuesta por mujeres y hombres que hacen patria en esa zona sur del país. INFORMACIÓN SOBRE CRÉDITOS DEL INDAP Y ESTADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios. El señor DELMASTRO.- A continuación, pido que se oficie al ministro de Agricultura, a fin de que el Indap nos informe respecto de los créditos otorgados por ese instituto durante los últimos 12 meses y las renegociaciones efectuadas especialmente por los pequeños agricultores de las comunas de Lanco, Mari quina, Mafil, Valdivia y Corral. En segundo término, solicito que se oficie a los ministros de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores, con el objeto de que nos informen sobre el estado del proyecto del paso internacional Huaum. Dicho proyecto ha estado en estudio durante muchos años, pero aún no existe una priorización de los trabajos necesarios para habilitarlo, a pesar de que, como se sabe, es el de menor altura del país y, por lo tanto, expedito durante todas las estaciones del año. Por último, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que nos informe sobre el programa de dragado del río Valdivia para el presente año y para el próximo. Esto, en atención a que todavía no hemos obtenido respuesta de dicho ministro sobre la materia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención para mejor comprensión de la materia, con la adhesión de los honorables diputados señores Jaramillo, Urrutia, Jarpa y Osvaldo Palma. Ha terminado el tiempo del Comité de Renovación Nacional. INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS SO CIALES EN DISTRITO Nº 54. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presi dente, he conocido con suma preocupación los resultados de la encuesta Casen sobre la estratificación social efectuada en la provincia de Valdivia. En dicha encuesta oficial, llevada a cabo por el Ministerio de Planificación y Cooperación, se consigna que las comunas de La Unión y Río Bueno registran los peores niveles socioeconómicos de toda la zona, triste récord de las que otrora fueran las ciudades más pujantes. En tiempos pasa dos, La Unión era considerada la capital industrial de la Décima Región, y Río Bue no, por sus fértiles tierras agrícolas, la zona de mayor producción de la agricultura tradicional. En dicha encuesta se dice que 80 mil personas de las siete comunas de la provincia están por debajo de la línea de la pobreza, esto es, no son capaces de satisfacer sus necesidades más básicas. Asimismo, se señala que, por ejemplo en la comuna de La Unión, el porcentaje de pobreza alcanzó al 39,6 por ciento práctica mente el 40 por ciento, seguida muy de cerca por Río Bueno, con el 35 por ciento. Ambas zonas geográficas suman casi 30 mil personas en condiciones de extrema marginalidad. A ellas se suma la comuna de Fu trono, con el 34 por ciento, lo que equivale a un total de casi 10 mil personas. En quinto lugar se ubican las comunas de Panguipulli y Lago Ranco, con el 30 por ciento cada una, llegando, en conjunto, a 12.170 personas afectadas por la pobreza. ¡Fíjense ustedes que, en total, suman, ni más ni menos, 40 mil personas! Triste récord para el distrito Nº 54, que con tanto orgullo representa el diputado que habla. Como parlamentario por esa zona, nacido y criado en ella y que conoció tiempos de bonanza, no puedo sino expresar mi desazón por estos resultados, que nos obligan a revisar de manera exhaustiva la forma en que hemos combatido la extrema pobreza y la marginalidad social. Me preocupa que mi distrito, en el cual existen programas socia les, continúe mostrando estos índices, que reflejan retraso social y que, más que cifras, sirven para cuantificar el dolor de familias completas, hecho que no es posible olvidar ni soslayar. Por lo tanto, solicito que, en mi nombre, se oficie a los ministros de Mideplan, del Interior, de Agricultura, de Salud, de Educación, de Obras Públicas, Transportes y Tele comunicaciones; de Vivienda y Bienes Nacionales y al intendente regional de la Dé cima Región de Los Lagos, a fin de que informen detalladamente a la Cámara sobre los programas sociales implementados en el distrito Nº 54 en los últimos cuatro años, con indicación del gasto fiscal asociado a ellos. Asimismo, que se indique con precisión las comunas beneficiadas, el número de familias y personas favorecidas con ellos y la forma en que han impactado positivamente en su calidad de vida. Pido que en oficio aparte se solicite a la ministra de Mideplan que informe en detalle sobre los resultados de la mencionada en cuesta en mi distrito, indicando la forma en que el Gobierno refocalizará el gasto social y rediseñará los programas públicos para superar esa situación tan difícil y ese récord tan magro. Ante todo lo expuesto, cabe preguntarse: ¿Son suficientes los programas sociales llevados a cabo en esas comunas? Me preocupa que la comuna de Valdivia sea la gran beneficiada con las obras públicas y otros beneficios financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, aparte de las obras sociales. Por eso, solicito que también se me envíe un cuadro comparativo de las inversiones realizadas, por comuna, en la provincia de Valdivia. Termino solicitando que se adjunte copia de mi intervención en cada uno de los oficios solicitados. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y, tal como lo pidió, se ad juntará el texto de su intervención en cada uno de ellos, con la adhesión de los diputados señores Urrutia, Delmastro y del que habla. Ha terminado el tiempo del Comité del Partido por la Democracia. SOLUCIÓN DE PROBLEMA QUE AFECTA A ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARICA. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El tiempo siguiente corresponde al Comité Socialista, que ha sido cedido al Comité del PPD. Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente, quiero pedir que se oficie al ministro del Interior y, por su intermedio, al intendente de la Primera Región y a la gobernadora de Arica, como asimismo a los ministros de Vivienda y Bienes Nacionales y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que informen a la Cámara qué han hecho los organismos a cargo de ellos para solucionar el grave problema que afecta a la asociación cultural “El Tren”, la cual se encuentra ocupando varios galpones pertenecientes a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, los que, por decisión del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Primera Región, deben ser demolidos para realizar un proyecto de mejoramiento del acceso norte del puerto. Cuando se supo esta noticia, la asociación cultural “El Tren” que lleva varios años trabajando en esos galpones, a los que ha hecho grandes mejoramientos estructurales, que desempeña una valiosísima labor de difusión cultural, incluso planes de prevención del consumo de drogas y actividades artísticas especialmente dirigidas a los jóvenes, pidió una solución a su problema. Por eso, el diputado que habla, junto con otros dirigentes sociales de Arica, solicitamos a las autoridades buscar una fórmula que permita conciliar el interés de mejorar el acceso al puerto y, al mismo tiempo, mantener en actividad a la asociación cultural “El Tren”. Desgraciadamente, ayer se inició una huelga de hambre por parte de algunos miembros de esa asociación, entre quienes destaco a doña Adriana Cataldo y a doña Sandra Maldonado, las que trabajaron duramente en su creación, además de mantenerla activa. Esta huelga de hambre representa el fracaso absoluto de las instancias que debieron preocuparse de encontrar una solución que permitiera continuar con las diferentes actividades que realizan esos jóvenes. Desde luego, hay soluciones, puesto que quedará disponible el galpón del antiguo edificio del ferrocarril de Arica a La Paz, el cual no será demolido para el mejoramiento del acceso al norte. Creemos que con buena voluntad y decisión por parte de todos quienes participan autoridades de Gobierno, de Ferrocarriles, del Serviu y también miembros de la asociación cultural “El Tren” es posible lograr una solución sin tener que llegar al extremo de empujar a estos jóvenes a continuar con la huelga de hambre. Por lo tanto, pido que se oficie a todas las autoridades antes señaladas, a fin de que hagan un esfuerzo para buscar una solución adecuada que permita mantener en actividad a la asociación cultural “El Tren” y, al mismo tiempo, construir un acceso norte al puerto. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz. AGILIZACIÓN DE MEDIDAS PARA RE CONSTRUIR EN ARICA VIVIENDAS DA ÑADAS POR TERREMOTOS. Oficio. El señor URRUTIA.- En segundo lugar, solicito que se oficie al Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales para que agilice la reconstrucción del centro antiguo de Arica, cuyas edificaciones, en gran parte de adobe, se deterioraron con motivo del último terremoto. Es necesario que ahora, no en unos meses más, se apoye, técnica y económicamente, a los modestos propietarios de esas casas, de manera que cuenten con asesoría técnica y dispongan de recursos para reconstruir o reparar adecuadamente sus casas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Seño ría, junto con el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -- Se levantó la sesión a las 13.44 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones