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La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, los contratos que suscriben algunas empresas o servicios públicos con privados siguen adoleciendo de dificultades que sin duda es necesario subsanar.
Al respecto, con mucha sorpresa me he informado sobre lo que ha sucedido en la construcción de la etapa dos de la avenida Los Carrera, de Concepción, obra que permitió que dicha ciudad contara con una entrada digna, como debe tener la segunda ciudad en importancia del país. De los 1.700 millones de pesos que costó dicho proyecto aún se adeuda dinero a más de 196 prestadores de distintos servicios, que van desde 5.800 pesos hasta 370 millones de pesos, prestadores entre los que se incluye la Dirección General de Aeronáutica Civil, acreedora de la empresa Ingecol o Incopur, que llevó a cabo la obra.
Ese proyecto, mandatado por el Serviu, fue evaluado por la Contraloría General de la República entre cuatro presentaciones que se hicieron para la construcción de la etapa dos de la avenida Los Carrera, de Concepción. Sin embargo, a pesar de que la Contraloría determinó que ninguna de las cuatro empresas cumplía con los requisitos para desarrollar la obra, se realizó un contrato directo entre el Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales, el Serviu y la empresa Ingecol, por un monto de 1.708 millones de pesos, lo que incluía la construcción de las redes y los trabajos de la etapa dos de la avenida Los Carrera. No obstante, concluidos los trabajos, los porfiados hechos han determinado que a un conjunto de 196 prestadores de servicios se les adeuda un total de 1.507 millones de pesos, por lo que cabe preguntarse cómo es posible que por la construcción de una obra pública, financiada con los dineros de todos los chilenos, se pague a una empresa y ésta se permita burlarse de gran cantidad de acreedores, al no pagarles por sus servicios.
Además, en este caso hemos descubierto que la empresa no habría señalado el monto de su capital contable al momento de realizar el contrato. De hecho, en la fotocopia que tengo en mi poder, documento pertinente que haré llegar a la Contraloría, dicho espacio aparece en blanco.
Por otra parte, el contrato directo suscrito con Ingecol establece que no se realizarían subcontratos, por lo que ésta no declaró a ninguna otra empresa. Sin embargo, la legislación obliga a las empresas que se presentan para realizar una obra que declaren para qué y a quiénes va a subcontratar, a fin de evaluar a la empresa que efectivamente llevará a cabo los trabajos en terreno, porque de lo contrario esta materia se transformaría en una eterna caja de sorpresas. Quiero reiterar que en esa oportunidad Ingecol declaró que no realizaría ningún tipo de subcontrato, en circunstancias de que lo que ha hecho, a través de Incopur, es realizar una gran cantidad de contrataciones con empresas prestadoras de servicios, los que abarcan desde empresas de extracción de áridos hasta la Dirección de Aeronáutica Civil, a los cuales no se les ha pagado absolutamente nada. Han transcurrido prácticamente dos años y aún el conjunto de pequeños empresarios de la Octava Región que prestaron servicios se encuentra impago, lo que indudablemente ha generado cesantía, debido a que muchos de ellos no han podido continuar con sus tareas y han quebrado a causa de las grandes deudas que contrajeron.
En consecuencia, pido que se oficie al contralor general de la República , a fin de que disponga efectuar una investigación y que se nos informe respecto del tipo de contrato directo que realizó el Serviu y el Ministerio de Vivienda con Ingecol, cuál es la relación que existe entre dicha empresa e Incopur y si se ajusta a derecho el contrato suscrito vía directa, debido a que existía un pronunciamiento del órgano contralor en cuanto a que ninguna de las empresas que se presentaron a licitación cumplía con los requisitos.
Creo que es muy importante que se aclare lo anterior, porque es la misma situación ocurrida con las obras realizadas en el Barrio Modelo, de Concepción, donde se estableció con absoluta claridad que dicho proyecto no contaba con los estudios técnicos correspondientes y que ninguna empresa quería hacerse cargo de esos trabajos, por lo que se estableció un trato directo, con las consecuencias por todos conocidas.
Asimismo, pido que la Contraloría investigue la legalidad del contrato firmado y la totalidad de las causales que llevaron a que con posterioridad esta empresa no pagara a ninguno de sus acreedores, y que nos señale si está permitido que empresas a las que se les ha pagado con fondos públicos desarrollen obras con dineros de terceros, es decir, de subcontratistas y prestadores de servicios, sin pagarles.
Además, pido que la Contraloría elabore un informe detallado y actualizado sobre el particular y que éste se extienda a los contratos que han suscrito las empresas Ingecol e Incopur con motivo de otras obras a su cargo -como los proyectos, actualmente en ejecución, Las Golondrinas y las Cuatro Esquinas, a través del Ministerio de Obras Públicas-, así como respecto de cualquier otro contrato que estas empresas hayan sus-crito, tanto con el Ministerio de Vivienda como con el de Obras Públicas.
Solicito lo anterior porque presumo, en base a los antecedentes que entregaré de manera formal a la Contraloría regional, que en este caso ha habido una grave irregularidad.
Por lo tanto, por la transparencia pública y credibilidad, tanto del Ministerio de Vivienda, de los servicios públicos como del sector privado, es menester que esta investigación se lleve a cabo, a fin de determinar si hay vicios de legalidad en el contrato firmado con esta empresa.
He dicho.
La señora CARABALL , doña Eliana ( Presidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con mi adhesión.
"
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