REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 344ª, ORDINARIA Sesión 15ª, en miércoles 11 de julio de 2001 (Ordinaria, de 10.42 a 14.14 horas) Presidencia del señor Pareto González, don Luis. Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Hales Dib, don Patricio. Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.-CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I. Asistencia ........................................................................................................7 II. Apertura de la sesión .....................................................................................10 III. Actas ................................................................................................................10 IV. Cuenta .............................................................................................................10 Envío a Comisión especial de proyecto sobre seguro obligatorio contra incendios .......................................................................................................... 10 Reenvío a Comisión de Hacienda de proyecto sobre protección de la vida privada para favorecer reinserción laboral de desempleados........................... 10 Prórroga de plazo a Comisión investigadora sobre cumplimiento de contratos por empresas concesionarias viales..................................................................10 V.Orden del Día. Cambio de base de cálculo de multa por pérdida de documentos contables. Modificación del Código Tributario. Primer trámite constitucional. (Continuación)............................................................................................................ 10 Igualdad de los cónyuges en el matrimonio y en su régimen patrimonial. Modificación del Código Civil y de leyes complementarias. Primer trámite constitucional ................................................................................................... 11 Integración de Comisión investigadora............................................................33 VI.Proyectos de acuerdo. Investigación sobre atención privada de urgencia prehospitalaria. (Votación)34 Dudas y falta de transparencia sobre proyecto de parque Pumalín..................35 VII.Incidentes. Suspensión de firma de decreto que declara santuario de la naturaleza el par que Pumalín. Oficios........................................................................................40 Antecedentes contables de corporación vial de Valdivia. Patente municipal impaga en concesión del tramo TemucoRío Bueno. Oficios.......................... 40 Carga financiera de pequeños y medianos empresarios por ley sobre evasión tributaria. Oficio............................................................................................... 40 Informe sobre desembolsos autorizados por alcalde de Maipú para realiza ción de acto público. Oficio .............................................................................41 Reevaluación de construcción de calles de servicio paralelas a la ruta 5 Sur en Linares. Oficios ...........................................................................................42 Fecha de inicio de trabajos en carretera de la Fruta. Oficio.............................43 Pág. Daños por desborde del río Toltén a raíz de extracción de áridos. Oficio .......43 Antecedentes sobre contratos de ejecución del camino PargaLlicoCañitas, en Décima Región. Oficio................................................................................44 Observaciones sobre declaración de santuario de la naturaleza de parque Pumalín ............................................................................................................44 Solución a familias afectadas por construcción de Costanera Norte. Oficios..45 Antecedentes sobre operación de central Pangue y ayuda a damnificados por inundaciones. Oficios.......................................................................................49 Construcción de pasarelas peatonales en Pailahueque y Ercilla, y mejora miento de obras viales en Temuco. Oficio.......................................................49 Verificación sobre legalidad de intereses cobrados por la empresa Transbank. Oficio.............................................................................................50 Investigación de situación patrimonial de prestamistas de Ovalle. Oficio ......51 Situaciones que afectan a funcionarios del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Cuarta Región. Oficio .....................................................52 Información sobre proyectos de entidades públicas de la Región de Coquim bo. Oficios........................................................................................................52 Suspensión de declaración de santuario de la naturaleza de parque Pumalín. Oficios..............................................................................................................52 VIII.Documentos de la Cuenta. 1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica el decreto ley Nº 824, de 1974, so bre tributación a la renta (boletín Nº 275105) ................................................55 2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley Nº 824, de 1974, sobre tributación a la renta (boletín Nº 275105)......................................................................................................65 3.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre el contrato de transporte y la responsabilidad civil del porteador en el transporte internacional de mercancías por carretera, adoptado en Montevideo, Uruguay, el 16 de agosto de 1995, por las Repúblicas de Bolivia, Federativa del Brasil, de Chile, de Paraguay, del Perú y del Uruguay (boletín Nº 256010) ........................................................................................66 4.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que establece adecuaciones en la ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado (boletín Nº 245507)................................66 5.Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto que crea el Registro Nacional de Transporte de Carga Terrestre (boletín Nº 259015) ..............................................................67 Pág. 6.Moción de los diputados señores García-Huidobro, Alvarado, Delmastro, Dittborn, Correa, García, don René; Letelier, don Juan Pablo; Orpis, Prokurica y Rojas, que modifica el Estatuto Docente y el Código del Trabajo, con el objeto de incorporar y ampliar inhabilidades para ser docente y desempeñar labores relacionadas con la educación, y establecer la obligación de los establecimientos educacionales de verificar los antecedentes de estas personas (boletín Nº 274904) ........................................................................................83 7.Moción de los diputados señores Leay, Alvarado, Correa, García-Huidobro, Masferrer, Melero, Monge, Molina, Paya y Recondo, que modifica el Código Penal con el objeto de establecer, como circunstancia agravante en el delito de amenaza, la particularidad de realizarse en forma anónima por teléfo no (boletín Nº 275007) ...................................................................................84 8.Moción de los diputados señores Palma, don Andrés; Ascencio, Jiménez, Krauss, Montes, Rincón, Seguel y Pareto, que crea seguro obligatorio contra incendio para establecimientos comerciales e industriales (boletín Nº 2752 05) ....................................................................................................................85 IX.Otros documentos de la Cuenta. 1.Oficios: De la Comisión de Hacienda, por el cual solicita que se le envíe para su reestudio el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas, por cuanto existen nuevos antecedentes que permitirán la elaboración de un informe complementario (boletín Nº 273505). De la Comisión investigadora encargada de analizar el cumplimiento por parte de las empresas concesionarias viales de los contratos suscritos con el Estado de Chile, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para prorrogar en 60 días el plazo para emitir su informe. Ministerio del Interior Del diputado señor Ibáñez, medidas para evitar tomas irregulares de terrenos del Parque Nacional de Isla de Pascua. Ministerio de Justicia Del diputado señor Mora, compras de vehículos motorizados efectuadas por la municipalidad de Calama, la Corporación de Cultura y Turismo y la Corporación de Desarrollo Social de ese municipio. Ministerio de Obras Públicas De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Gutiérrez, Ojeda, Luksic, Ortiz, y de las diputadas señoras Caraball y Cristi, cobro de tarifas de alcantarillado en las comunas de Machalí y Doñihue, Sexta Región. Del diputado señor Alvarado, ruta alternativa hacia Ancud. Del diputado señor Navarro, información sobre inversiones portuarias realizadas en comuna de Coronel, provincia de Concepción, Octava Región. De los diputados señores Jaramillo, Ojeda, Alvarado, Bertolino, Rosauro Martínez, Navarro, Núñez, Ojeda, Ortiz, Joaquín Palma, Prokurica, Valenzuela, Van Rysselbergue y Vega, y de las diputadas señoras Rosa González y María Antonieta Saa, aeródromo Maquehue de Temuco. De los diputados señores Monge, Fossa, Ibáñez, Jaramillo y Vilches, obras adicionales en contratos por concesión de la Ruta 5 Sur, tramos ChillánCollipulli y CollipulliTemuco, Novena Región. De los diputados señores Urrutia, Jaramillo, Ortiz y Valenzuela y de la diputada señora Fanny Pollarolo, pago de obras producto de la emergencia en la Primera Región. Del diputado señor Alvarado, posibilidad de reponer rampa de Tenaun, comuna de Dalcahue, Décima Región. Del diputado señor Masferrer, posibilidad de contrato de conservación global de caminos comunales de Las Cabras y Pichidegua, Sexta Región. Ministerio de Salud. Del diputado señor Leal, resultado de investigación sumaria en relación con adopción de menor. De los diputados señores Gutiérrez, Luksic, Ojeda, Víctor Pérez y Ortiz, hechos acaecidos en el mes de enero pasado en Hospital Regional de Talca. Del diputado señor Mulet, respuesta a información sobre incapacidad profesional en favor de persona que indica. De los diputados señores Alessandri, Delmastro y Rojas, intervención en acciones emprendidas por empresa Help en perjuicio de usuarios. Municipalidad de Dalcahue. Del diputado señor Kuschel, situación de vertedero municipal. Municipalidades de Santa María, Penco, Pichilemu, Talcahuano, Quilaco, Licantén, Panguipulli, Pudahuel, Sagrada Familia, Linares, Padre Las Casas, Pencahue, Puerto Cisnes, Florida y Molina. De los diputados señores José García, Fossa, Víctor Pérez, Prokurica y Ulloa, número de desempleados en la comuna. I.ASISTENCIA Asistieron los siguientes señores diputados: (97) --Acuña Cisternas, Mario --Alessandri Valdés, Gustavo --Alvarado Andrade, Claudio --Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro --Álvarez Zenteno, Rodrigo --Allende Bussi, Isabel --Arratia Valdebenito, Rafael --Ascencio Mansilla, Gabriel --Ávila Contreras, Nelson --Bertolino Rendic, Mario --Rozas Velásquez, María --Bustos Ramírez, Juan --Caminondo Sáez, Carlos --Caraball Martínez, Eliana --Cardemil Herrera, Alberto --Ceroni Fuentes, Guillermo --Coloma Correa, Juan Antonio --Cornejo Vidaurrazaga, Patricio --Cristi Marfil, María Angélica --Delmastro Naso, Roberto --Díaz Del Río, Eduardo --Dittborn Cordua, Julio --Elgueta Barrientos, Sergio --Encina Moriamez, Francisco --Espina Otero, Alberto --Fossa Rojas, Haroldo --Galilea Carrillo, Pablo --Galilea Vidaurre, José Antonio --García García, René Manuel --García Ruminot, José --García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro --González Román, Rosa --Gutiérrez Román, Homero --Hales Dib, Patricio --Hernández Saffirio, Miguel --Huenchumilla Jaramillo, Francisco --Ibáñez Santa María, Gonzalo --Jaramillo Becker, Enrique --Jarpa Wevar, Carlos Abel --Jeame Barrueto, Víctor --Kuschel Silva, Carlos Ignacio --Leal Labrín, Antonio --Leay Morán, Cristián --León Ramírez, Roberto --Letelier Norambuena, Felipe --Longueira Montes, Pablo --Lorenzini Basso, Pablo --Luksic Sandoval, Zarko --Martínez Labbé, Rosauro --Martínez Ocamica, Gutenberg --Masferrer Pellizzari, Juan --Melero Abaroa, Patricio --Mesías Lehu, Iván --Molina Sanhueza, Darío --Monge Sánchez, Luis --Montes Cisternas, Carlos --Mora Longa, Waldo --Moreira Barros, Iván --Muñoz Aburto, Pedro --Muñoz D'Albora, Adriana --Naranjo Ortiz, Jaime --Núñez Valenzuela, Juan --Ojeda Uribe, Sergio --Olivares Zepeda, Carlos --Orpis Bouchón, Jaime --Ortiz Novoa, José Miguel --Ovalle Ovalle, María Victoria --Palma Flores, Osvaldo --Palma Irarrázaval, Andrés --Palma Irarrázaval, Joaquín --Pareto González, Luis --Paya Mira, Darío --Pérez Arriagada, José --Pérez Lobos, Aníbal --Pérez San Martín, Lily --Pérez Varela, Víctor --Prokurica Prokurica, Baldo --Recondo Lavanderos, Carlos --Reyes Alvarado, Víctor --Rincón González, Ricardo --Riveros Marín, Edgardo --Rojas Molina, Manuel --Saa Díaz, María Antonieta --Salas De la Fuente, Edmundo --Sánchez Grunert, Leopoldo --Silva Ortiz, Exequiel --Soto González, Laura --Tuma Zedan, Eugenio --Ulloa Aguillón, Jorge --Van Rysselberghe Varela, Enrique --Vargas Lyng, Alfonso --Vega Vera, Osvaldo --Velasco De la Cerda, Sergio --Venegas Rubio, Samuel --Villouta Concha, Edmundo --Walker Prieto, Ignacio --Walker Prieto, Patricio Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Felipe Valenzuela. Asistió, además, el ministro secretario general de la Presidencia señor Álvaro García. II.APERTURA DE LA SESIÓN Se abrió la sesión a las 10.42 horas. El señor PARETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III.ACTAS El señor PARETO (Presidente).- El acta de la sesión 8ª se declara aprobada. El acta de la sesión 9ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. IV.CUENTA El señor PARETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría. ENVÍO A COMISIÓN ESPECIAL DE PROYECTO SOBRE SEGURO OBLIGATORIO CONTRA INCENDIOS. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ojeda para referirse a la Cuenta. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en la Cuenta figura una moción que crea un seguro obligatorio contra incendios para establecimientos comerciales e industriales. Solicito que dicho proyecto pase también a la Comisión especial destinada a proponer medidas legales y administrativas en favor de Bomberos de Chile. El señor PARETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. REENVÍO A COMISIÓN DE HACIENDA DE PROYECTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA PARA FAVORECER REINSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS. El señor PARETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Hacienda en orden a que se le remita, para elaborar un informe complementario, el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada para favorecer la reinserción laboral de las personas desempleadas. ¿Habría acuerdo? Acordado. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR EMPRESAS CONCESIONARIAS VIALES. El señor PARETO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión investigadora encargada de analizar el cumplimiento por parte de las empresas concesionarias viales de los contratos suscritos con el Estado chileno, con el objeto de prorrogar en sesenta días el plazo para emitir su informe. ¿Habría acuerdo? Acordado. V.ORDEN DEL DÍA CAMBIO DE BASE DE CÁLCULO DE MULTA POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS CONTABLES. Modificación del Código Tributario. Primer trámite constitucional. (Continuación). El señor PARETO (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión general del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el Nº 16 del artículo 97 del decreto ley Nº 830, de 1974, Código Tributario. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación general el proyecto. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 14 votos. No hubo abstenciones. El señor PARETO (Presidente).- Aprobado. El proyecto vuelve a Comisión para segundo informe. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Alessandri, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Caminondo, Ceroni, Delmastro, Díaz, Dittborn, Encina, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Letelier (don Felipe), Luksic, Mesías, Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Prokurica, Reyes, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Villouta y Walker (don Patricio). Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Acuña, Ascencio, Rozas (doña María), Gutiérrez, León, Núñez, Ojeda, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Rincón, Riveros, Salas, Silva y Velasco. El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo único Número 3 1.Del señor Andrés Palma para suprimirlo. Número 4 2.Del señor Elgueta para reemplazar la expresión “capital efectivo” por “capital propio”. IGUALDAD DE LOS CÓNYUGES EN EL MATRIMONIO Y EN SU RÉGIMEN PATRIMONIAL. Modificación del Código Civil y de leyes complementarias. Primer trámite constitucional. El señor PARETO (Presidente).- A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, otorgando a la mujer y al marido iguales derechos y obligaciones. Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María Antonieta Saa. Antecedentes: Moción, boletín Nº 1707-18, sesión 2ª, en 4 de octubre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 12. Informe de la Comisión de Familia, sesión 59ª, en 3 de mayo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la señora diputada informante. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero manifestar mi complacencia por llegar a la Sala con este proyecto, que introduce una importante modificación al Código Civil en lo que se refiere al régimen patrimonial del matrimonio. Ello ha significado realizar un esfuerzo enorme, al cual contribuyeron muchas personas; se tomó como base un estudio de la Universidad Gabriela Mistral, pues ha habido varios intentos por modificar la sociedad conyugal. El proyecto tiene su origen en una moción de las diputadas señoras María Antonieta Saa, Fanny Pollarolo y Marina Prochelle; de los diputados señores Tomás Jocelyn-Holt, Andrés Palma, Aníbal Pérez, y de los entonces diputados señora Romy Rebolledo y señor Ignacio Balbontín. Además, adhirieron a él los diputados señores Arturo Longton, Carlos Ignacio Kuschel, José Antonio Galilea, Rosauro Martínez, Osvaldo Palma, Lily Pérez, Eliana Caraball, Exequiel Silva, Adriana Muñoz, Salvador Urrutia y Eugenio Tuma. También contó con el apoyo de académicos y profesores de derecho civil de las universidades de Chile, Diego Portales, Gabriela Mistral, Finis Terrae, Central, Andrés Bello, Católica de Valparaíso, Adolfo Ibáñez; de la Fundación Fernando Fueyo y de la Fundación Instituto de la Mujer, como asimismo del Servicio Nacional de la Mujer. Es decir, el proyecto ha sido analizado por muchos profesores de derecho civil. Antes de 1989, año en que se efectuaron algunas modificaciones legales al régimen matrimonial, la mujer casada en sociedad conyugal era considerada relativamente incapaz. Con posterioridad a esa fecha, pasó a ser incapaz especial, vale decir, se efectuó un mero cambio de denominación. La norma legal vigente contiene dos disposiciones que resumen la situación jurídica de subordinación de la mujer: la primera, que es el marido el jefe de la sociedad conyugal, y la segunda, que la mujer no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales. La extensión de estas dos disposiciones se refiere a que el marido es el administrador de los bienes sociales, de los propios y de los de su mujer. En virtud de esta facultad legal, el marido, durante el matrimonio, puede hacerse dueño de los muebles, venderlos o darlos en prenda, y en cuanto a los inmuebles, administrarlos con amplias facultades, sin siquiera tener la obligación de rendir cuenta, aun cuando dicha administración tenga algunas limitaciones: si el marido desea vender o hipotecar una propiedad, debe requerir el consentimiento de la mujer o de la justicia, en subsidio. Además, también el marido se hace dueño de los frutos o rentas, cualquiera sea la naturaleza del bien mueble o inmueble, propio o social, si bien respecto de aquellos bienes de la mujer en que el marido se ha hecho dueño, una vez finalizado el matrimonio, la sociedad conyugal le debe recompensa a la mujer. La ley dispone que, en lo posible, debe respetarse el valor adquisitivo al tiempo del aporte. Esto significa que no necesariamente se le devolverá a la mujer lo que aportó. Ello ocurrirá cuando la duración del matrimonio ha sido muy larga o, en caso de haber partición, si los bienes por repartir por el partidor fuesen insuficientes, o no los hubiere. No obstante, y como excepción, la mujer puede tener bienes que conforman su patrimonio reservado, que son los adquiridos con el producto de su trabajo durante el matrimonio, y los puede administrar libremente, pero únicamente éstos, debiendo, en todo caso, probar esa calidad. No se incluyen aquellos que adquiere con el producto de su trabajo con anterioridad al matrimonio, por cuanto también son administrados por el marido. Vale decir, sobre éstos y los demás bienes de la mujer que no forman parte de su patrimonio reservado subsiste la incapacidad especial. Ello significa una limitante para la mujer, pues, por ejemplo, le será difícil acceder a un crédito, ya que le tomarán en cuenta sólo sus bienes reservados y no los adquiridos por herencia, legado, donaciones, o por su trabajo antes del matrimonio, los cuales son administrados por el marido. Quiero recordar a mis colegas que la modificación del artículo 150 del Código Civil demoró diez años en el Congreso Nacional, y que, gracias a la aprobación de este patrimonio reservado, muchas mujeres han podido subsistir con sus hijos. En definitiva, las normas del régimen de sociedad conyugal sobre administración marital, recompensas debidas y otras, en la práctica mantienen vigente la potestad marital o sea, el poder del marido, que es el conjunto de derechos que tiene el marido sobre los bienes de la mujer, los que se basan en el aforismo jurídico de que la mujer no es incapaz por ser mujer, sino por ser casada, lo cual significa aplicarle normas muy similares al tratamiento que se da a los menores, es decir, para los derechos civil y comercial, la mujer es como si fuese menor de edad; incluso tiene la misma excepción del peculio profesional, todo lo cual es contradictorio con lo dispuesto en la Constitución Política, que reconoce a hombres y a mujeres iguales derechos y, a la vez, garantiza el derecho de propiedad, que se vulnera con el mecanismo sobre recompensas. De igual manera, se contradice con los convenios internacionales como la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros. Pero lo más importante es que se trata de normas que van en contra de la equidad, la dignidad y derechos de las mujeres, razón por la cual es un imperativo moral y legal corregir esta injusticia, sobre todo si hoy ejercen grados crecientes de participación, en que la tendencia es hacer cada vez más paritaria la relación con el hombre, como lo demuestra la fuerza laboral femenina, que alcanza a casi el 40 por ciento, y la de las mujeres ejecutivas, que llega a 20 por ciento. Por todas estas razones, no se justifica que en pleno siglo XXI Chile sea el único país occidental en que por ley uno de los cónyuges deba administrar los bienes del otro, en aras de una pretendida unidad de la familia, cuando el derecho comparado occidental contempla un sistema igualitario, el que se ve reafirmado por los tratados y convenios internacionales. De esta manera, la modificación propuesta le otorga a la mujer, de pleno derecho, una real y efectiva capacidad para administrar sus propios bienes, a la vez que se mantienen las limitaciones de venta e hipoteca respecto de los inmuebles, ampliándose dicha limitación a los vehículos motorizados, por ser éstos registrables, siempre que hayan sido adquiridos a título oneroso durante la vigencia del régimen matrimonial. Así, se mantienen las instituciones propias de la sociedad conyugal, que incluso se amplían para darle un sentido más comunitario. Por este motivo, subsiste como régimen normal y supletorio de la voluntad de las partes, que ahora pasa a denominarse comunidad de gananciales, que es la tendencia que se ha seguido en el derecho comparado, por ejemplo, en Suecia, Francia, Italia, Portugal, Bolivia, Paraguay, entre otros. Con el nuevo régimen, el haber común será muy similar al haber social vigente. Bajo el actual, si bien hay dos patrimonios, los terceros miran como si fueran del marido bienes que, en realidad, son de la mujer, debido a la administración marital. Con el régimen propuesto se simplifica la relación con los terceros, pues al haber dos patrimonios, en que cada cual administra lo suyo, se tiene claro qué bienes corresponden realmente a la mujer y cuáles al marido. Además, se mantiene que los bienes adquiridos a título gratuito forman parte del haber propio de cada uno de los cónyuges, y los adquiridos a título oneroso durante la vigencia del régimen son parte del haber común, incorporando también en éstos los adquiridos a título gratuito, en virtud de la regularización de títulos autorizado por ley especial. Se reemplaza la norma vigente, que dispone que el marido es responsable del total de las deudas de la sociedad conyugal y que la mujer lo es sólo hasta la concurrencia de su mitad de los gananciales, por aquella en que cada cónyuge es responsable de las deudas que irrogue su administración, sin perjuicio de las que recaigan sobre bienes comunes. Junto con establecer el principio de que la mujer y el marido gozan de iguales derechos, lo que viene a reafirmar el derecho y el deber de ambos cónyuges de vivir en el hogar común y de proveer las necesidades de la familia común, se explicita que se considerará como aporte económico el trabajo doméstico realizado en el hogar común por cualquiera de ellos. Debo recordar a mis colegas que el trabajo doméstico, sin salario y sin horarios, es base de la economía de los países. Un estudio de la Universidad de Chile dio valor al trabajo doméstico, a los servicios que se prestan en el hogar, y los sumó, lo que dio como resultado que éstos duplican el producto nacional. Este proyecto reconoce el trabajo doméstico en forma explícita como un aporte económico a la sociedad conyugal. Todo esto significa que a la mujer se le permite una efectiva incorporación en el mundo de los negocios, celebrar contratos y solicitar créditos, lo cual redundará necesariamente en un mayor apoyo a medianas y pequeñas empresarias y, en general, a todas las mujeres, cualquiera que sea su condición socioeconómica. En la actualidad, una ejecutiva o una empresaria casada en sociedad conyugal debe pedir la firma del marido para solicitar un crédito, lo que la deja en una situación bastante indigna. Además de participación en los gananciales y de separación de bienes, aun sigue vigente como régimen normal (legal) y supletorio de la voluntad de las partes, el de la sociedad conyugal. El régimen alternativo de separación de bienes existe en América Latina, Europa Oriental, Europa Occidental, especialmente Francia y España. Por su parte, el régimen normal en angloamérica es el de separación de bienes, mientras que el alternativo es el de comunidad diferida de bienes, como también se le denomina. En consecuencia, el régimen de comunidad de gananciales o comunidad diferida de bienes con administración igualitaria constituye la regla general en el derecho comparado. En lo que respecta al régimen actual de participación en los gananciales, que es una tercera alternativa en Chile, se ha considerado lo siguiente: primero, su calidad de alternativo es acorde con el derecho comparado, o sea, en éste el régimen de participación en los gananciales siempre, como aquí se ha explicado, es alternativo; segundo, se tuvo en vista el informe del Servicio de Registro Civil, que señala que del total de matrimonios realizados durante el año 2000, el 67 por ciento se contrajeron bajo el régimen de sociedad conyugal; el 30 por ciento, bajo el de separación de bienes, y el 3 por ciento, bajo el de participación en los gananciales, lo cual es el reflejo de la tendencia que se viene produciendo desde 1994; tercero, también se tuvo en cuenta el estudio de seguimiento sobre dicho régimen por parte del Servicio Nacional de la Mujer, que en una de sus conclusiones se refiere “a la falta de límites a la enajenación de bienes inmuebles, lo que no contribuiría al mantenimiento de un patrimonio familiar”. Señala que “la sola limitación de cauciones personales fianza, constitución de deudor solidario, aval, no asegura el mantenimiento de un patrimonio”. Agrega, en cambio, que “en este punto la sociedad conyugal representa una mayor seguridad, pues establece estas posibilidades, sin perjuicio de que se debería reformar lo concerniente a la falta de capacidad de la mujer para la administración de bienes propios”. Continúa: “En relación al término del régimen, referido al de participación, se encuentra uno de los más frecuentes argumentos en contra de su utilidad, puesto que se señala por sus detractores que establece un sistema engorroso y gravoso para la determinación del crédito”. El régimen de participación en los gananciales, aprobado en este Congreso, establece una partición en que cada cónyuge le da un crédito al otro, según lo aportado. Por estas razones, se ha mantenido como alternativo y no supletorio, porque puede servir fundamentalmente a los cónyuges de altos ingresos económicos, siempre que no haya entre ellos una mayor desigualdad. Por tanto, sigue siendo el régimen de comunidad de gananciales o comunidad diferida de bienes o sociedad conyugal el que otorga una mayor protección a la generalidad de los matrimonios celebrados, lo que se ve reafirmado precisamente en el mayor porcentaje de chilenos que se casan bajo este régimen, y ése es el motivo central de la reforma propuesta. Debo agregar que sólo el 30 por ciento de los matrimonios que se realizan bajo el régimen de separación de bienes se debe a falta de información. O sea, si bien tenemos avances sobre la materia, este porcentaje se ha mantenido por el hecho de que las mujeres sólo representan el 38 por ciento de la fuerza laboral del país, lo que significa que no todas reciben remuneraciones o ingresos. Por otro lado, las mujeres tienen una participación menor en la escala salarial. A pesar de que representan el 50 por ciento de las personas con grado universitario, ganan sólo el 50 por ciento de lo que perciben los varones con títulos similares. Además, continúan siendo las responsables del trabajo doméstico. Por esto, la sociedad conyugal es algo muy importante para el equilibrio de derechos entre hombres y mujeres, al reconocer el enorme aporte que significa el trabajo doméstico. Muchos jóvenes que se casan hoy, ilusionados en una igualdad de separación de bienes, en verdad no están conscientes de lo que esto significa. En la modificación propuesta queda subsistente el régimen de separación de bienes, el que, además, se simplifica, por cuanto no se hace la distinción de si es total o parcial, ya que esta última era una excepción al régimen de sociedad conyugal, pero su existencia no se justifica al tener la mujer plena capacidad. Se hace presente que el proyecto deja subsistente la institución del bien familiar que puede aplicarse a cualquiera de los tres regímenes existentes, en virtud de sentencia judicial. El proyecto consta de cuatro artículos. En general, el 1º sustituye el régimen de sociedad conyugal por el de comunidad de gananciales, como régimen supletorio. El 2º introduce en la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, las modificaciones necesarias que permitan adecuar sus normas al Código Civil reformado por el artículo 1º. El artículo 3º reemplaza el ordinal 3º del artículo 33 de la ley de Matrimonio Civil, con la finalidad anterior. El 4º introduce enmiendas al Código de Comercio, con iguales propósitos. Había un artículo 5º, que fue rechazado, por cuanto formula indicación para agregar un número 91, nuevo, que modifica el inciso segundo del artículo 17921 del Código Civil. A manera de conclusión del informe, cabe citar al académico de la Universidad Católica de Valparaíso don José Antonio Galván Bernabeau, quien recoge, a su vez, lo señalado por el eminente académico de las universidades de Chile y Diego Portales, señor Gonzalo Figueroa Yáñez. En relación con el proyecto, dice que el régimen de comunidad de gananciales o de comunidad diferida de bienes, como también se le denomina, “en cuanto establece importantes restricciones a la facultad de disposición sobre determinados bienes, asegura en mejor forma la participación en los resultados económicos de la unión matrimonial”. Agrega que “el régimen de comunidad de gananciales propuesto es el más adecuado para cumplir con la norma constitucional que establece la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer”. Destaco la importancia del proyecto, que también tiene que ver con el régimen patrimonial matrimonial de los colegas, y espero que hayan escuchado con atención las reformas propuestas. El hecho de que lo aprobemos en general, como lo solicito ahora, significa dar un tremendo paso histórico para adecuar a la realidad jurídica lo que votamos hace algún tiempo, cuando modificamos los artículos 1º y 19 de la Constitución Política, sobre la igualdad de derechos de hombres y mujeres. El proyecto adecua esas modificaciones y, reconociendo la sociedad conyugal como régimen fundamental, establece igualdad de derechos entre marido y mujer, pero, además, mantiene la comunidad de gananciales como elemento importante de la unión de la familia. Concluyo diciendo que durante la tramitación del proyecto en la Comisión de Familia, contamos con la valiosa ayuda y el apoyo de la profesora de derecho civil de la Universidad Gabriela Mistral señora Solange Doyharcabal. También quiero destacar el inmenso aporte del asesor parlamentario señor Leonardo Estradé Bráncoli. Quiero decir a los colegas que el proyecto ha significado un enorme esfuerzo, pues propone un cambio trascendente en el Código Civil, que ya tiene más de cien años. Sin ser profesora de derecho civil, ni mucho menos, sino una persona conocedora de los problemas de la sociedad, pienso que contribuirá de manera decisiva al otorgamiento de un instrumento más para la buena convivencia de los matrimonios. Por eso, no me cabe duda de que los señores parlamentarios le van a prestar su apoyo. He dicho. El señor WALKER (don Ignacio).- Reglamento, señor Presidente. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra su Señoría. El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, le solicito que tenga a bien recabar el acuerdo de la Sala para que este interesantísimo proyecto el cual, junto con el de filiación, constituyen las más relevantes modificaciones del Código Civil en la última década, vaya también a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dadas su naturaleza e importancia. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para cumplir las reglas de respeto, tiene la palabra la autora del proyecto, señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, me parece importante que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informe sobre el proyecto, pero quiero hacer hincapié en la necesidad de despacharlo con brevedad. Actualmente, esa Comisión está estudiando el proyecto sobre tribunales de familia. Por ello, pido que se establezca un plazo, en caso de que se le envíe, de manera de no eternizar su tramitación, como sucedió con el de patrimonio. Quiero agregar que en la Comisión de Familia se tuvieron a la vista todos los informes de las universidades y de la Fundación Fernando Fueyo. Además, la Corte Suprema comunicó por oficio que no tiene reparos ni observaciones que formular, ni de hecho ni de derecho. O sea, el aporte de los profesores de derecho civil es contundente. Por lo tanto, propongo dar un plazo máximo de 60 días para que forme esa Comisión. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, diputado señor Ignacio Walker. El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, seré muy breve. Concuerdo con la diputada señora María Antonieta Saa en el aspecto acumulativo, ya que la Comisión de Familia ha hecho un tremendo trabajo. Como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me comprometo a darle una tramitación preferente, sin fijar un plazo, por cierto, y tratar de informarlo lo antes posible. Me parece de toda lógica que este muy interesante proyecto insisto se envíe a esa Comisión. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Con la venia de la Sala, el proyecto se enviaría a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El señor ASCENCIO.- No, señor Presidente. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay unanimidad. Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma, por una cuestión reglamentaria. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, como coautor del proyecto, no tengo problemas en que pueda ser mejorado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, antes o después de continuar el debate. Todos sabemos la carga de proyectos que ella tiene, de manera que si se envía a esa Comisión, tiene que ponérsele fecha de despacho. Si hoy es 11 de julio, me parece prudente fijar como plazo la primera semana de agosto, a fin de que la Comisión pueda conocerlo e informarlo a la Sala. En caso contrario, no doy la unanimidad y pido que continuemos el debate. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Antes de dar la palabra a las diputadas señoras María Antonieta Saa e Isabel Allende, quiero clarificar que el debate va a comenzar. Terminó el informe de la Comisión de Familia, que fue muy completo, a cargo de una de las autoras del proyecto. Está en discusión la posibilidad de que vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para su perfeccionamiento, pero con un plazo perentorio. La diputada señora María Antonieta Saa propuso sesenta días, pero podrían ser treinta. Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, considero innecesario que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución. Me parece inconveniente darle a esta Comisión la categoría de aduana para la tramitación de todo proyecto. No tiene sentido y hacerlo es casi una falta de respeto para quienes han trabajado en la Comisión de Familia. Por lo tanto, si en ésta se han reunido los antecedentes pertinentes y todos reconocen que ha hecho un trabajo extraordinario, no entiendo por qué no procedemos a su discusión en la Sala, por cuanto se encuentra acá para ser estudiado y analizado. No es pertinente, cada vez que estemos frente a un tema jurídico, constitucional o de otra índole, facultar a la Comisión de Constitución para que lo estudie. En ese caso, cabría preguntarse para qué tenemos la Comisión de Familia. ¡Eliminémosla y mandemos todo a la de Constitución! Creo que hoy debemos aprobar o rechazar, por lo menos, la idea de legislar. De ocurrir lo primero, y si los señores diputados todavía consideran que es bueno que el proyecto vaya a una comisión técnica, lo podemos enviar. Debemos pronunciarnos sobre la idea de legislar y después dar el paso siguiente. Empero, antes de su votación, me opongo a que vaya a la Comisión de Constitución. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en una línea similar a la expresada por el diputado señor Ascencio, quiero llamar la atención de los colegas diputados en el sentido de que esta moción fue revisada en forma exhaustiva en la Comisión de Familia. Se tuvieron a la vista los diversos informes emitidos por expertos, académicos, etcétera. Creo que ahora corresponde estudiar el proyecto en la Sala. Sin embargo, estaría dispuesta a acceder a lo solicitado, siempre y cuando se fijara un plazo muy breve. En verdad, el trabajo se hizo minuciosa y detalladamente y no corresponde que el proyecto vaya a otra Comisión. Por lo tanto, me inclino en forma definitiva y categórica en el sentido de que sea analizado de inmediato en la Sala, pues el informe es suficientemente riguroso, están las actas y existe la documentación necesaria para que los colegas de la Comisión de Constitución se puedan informar. Además de ello, invitamos a los diputados de esa Comisión, en particular a su presidente, a participar en el debate, lo que será bienvenido. Pero, a mi juicio, creo que no corresponde que el proyecto sea visto por esa comisión técnica, pues ese trabajo ya se hizo y con ello lo único que lograríamos sería su retraso, más aún cuando, además de solicitar algo extemporáneo, que no corresponde, ni siquiera está en condiciones de asumir un compromiso en cuanto a tramitarlo en un plazo determinado. Por lo tanto, pido discutir, votar y ojalá aprobar el proyecto en general, para lo cual invito a los señores diputados a participar en forma activa en el debate, teniendo a la vista la documentación reunida por la Comisión de Familia. En caso de ser aprobado, no corresponderá que vaya a la Comisión de Constitución. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- No hay unanimidad en la Sala para que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución, pues una señora diputada y un señor diputado expresaron su oposición en ese sentido. Hasta el instante, están inscritos los diputados señores Ricardo Rincón y Luis Monge. Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Luis Monge. El señor MONGE.- Señor Presidente, quiero hacer una propuesta distinta. Como no hay acuerdo para que pase a la Comisión de Constitución, sugiero que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto vuelva, por 30 días, a la Comisión de Familia, debido a algunas aprensiones y puntos susceptibles de ser perfeccionados. El proyecto, técnicamente muy bueno, es perfectible, y lo mejor es que vuelva a la Comisión de Familia, la cual posee la opinión de expertos y ha estudiado en forma seria su texto. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, basta con que presente una indicación para que el proyecto vuelva a la Comisión de Familia para su estudio en particular. Para comenzar el debate, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad, somos varios los diputados que deseamos que el proyecto sea estudiado nuevamente por la Comisión de Familia y, además, revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Pretender lo uno y lo otro no es extemporáneo ni está fuera de Reglamento. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero decir que es extemporáneo significaría que todas las resoluciones de la Cámara en este sentido serían equivocadas. Digo esto, porque las cosas hay que dejarlas bien establecidas. Es un derecho nuestro. Por lo tanto, reivindico la petición de que el proyecto sea discutido de nuevo por la Comisión de Familia y, en especial, revisado por la de Constitución. La reforma del régimen de sociedad conyugal no es cualquier reforma. Por algo, el Código Civil tiene más de cien años en Chile. Sus bases son tan sólidas, que sirvieron de inspiración y fueron copiadas por otros países. La presencia jurídica de Chile en el contexto latinoamericano se afianzó desde la génesis de este cuerpo legal. Pretender la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, fundándose en una reforma al régimen de sociedad conyugal lo que me parece muy peligroso, es no entender la esencia del régimen de sociedad conyugal, que podemos hacer más eficiente y transparente. Hablan varios señores diputados a la vez. El señor RINCÓN.- El jurista francés Louis Josserand decía que la mujer no es incapaz por ser mujer o por estar casada. Lo es por estar casada en un régimen de sociedad conyugal. ¿Qué quería decir con eso? Que la administración se debía entregar a uno, porque al igual que en cualquier sociedad, es uno el que administra, pero es un colectivo el que decide la política de la sociedad. Tal vez podamos diferir en el administrador. Por supuesto, y a lo mejor no debe ser el hombre, sino la mujer, la que ha demostrado ser gran administradora. Basta ver a las alcaldesas que conducen sus municipios con gran éxito en Chile. Creo que no es justo establecer la igualdad de derechos en términos de un cuestionamiento del régimen de la sociedad conyugal. No me parece conveniente y no estoy de acuerdo con ello. Por lo tanto, debo decirlo. No por nada existe el artículo 150 del Código Civil y el patrimonio reservado de la mujer casada, y lo que puede hacer con él y las limitaciones que le impone al marido respecto de lo que es el conjunto de la sociedad. Las normas hay que conjugarlas todas para ver cómo se administra, en definitiva, la sociedad conyugal, y cómo evoluciona el patrimonio social, entendiendo por “social” a la familia. ¿Qué quiero decir? Básicamente, si vamos a reformar la sociedad conyugal, tema muy importante dentro de la legislación civil nacional, debemos tener las discusiones que sean necesarias. Además, treinta o sesenta días en nada retrasarán lo que lleva varios años estudiándose, según entiendo. En seguida, no corresponde generar una discusión en torno de los derechos e igualdades entre hombres y mujeres, en función de una supuesta discriminación implícita en el régimen de sociedad conyugal. Sí estoy de acuerdo en discutir de qué manera somos capaces de construir un régimen de sociedad conyugal más participativo, o de mejorarlo en términos del contexto jurídico actual, que, sin lugar a dudas, ha ido cambiando con el correr de los años. He querido dejar sentada mi opinión al respecto, dado que la inquietud de muchos por una segunda discusión es porque existe el ánimo de hacer las cosas bien o lo mejor posible respecto de una materia de gran importancia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Monge. El señor MONGE.- Señor Presidente, tengo sentimientos encontrados frente al proyecto. Desde un punto de vista técnicojurídico, está bien concebido y estructurado y recoge un régimen matrimonial diferente del que existe, con el objeto de reemplazar la antigua sociedad conyugal. La discusión del proyecto se inició en la Comisión de Familia, en una legislatura anterior, y siempre hemos estado dispuestos a mejorar sus términos. Sin embargo, mi aprensión de fondo es si el régimen de comunidad de gananciales es apto para reemplazar, como régimen supletorio, a la sociedad conyugal, sistema que tiene muchos beneficios, en especial en favor de la mujer, aunque también algunas limitaciones, pero que ha funcionado en el país por más de 150 años. Su gracia es la simplicidad y que ha sido internalizado, diría, por el inconsciente colectivo. Las abuelas, bisabuelas, hijas, nueras, cuando han contraído matrimonio, siempre han sabido a qué atenerse y cuáles son las consecuencias de tipo patrimonial que han asumido al momento de su celebración. Pensemos, además, que en nuestro país existen más de 4 millones de pobres e indigentes y unos cuantos millones más que viven de ingresos muy exiguos, lo cual los limita, de una forma u otra, en el acceso a la justicia o a la asesoría cuando hay que tomar decisiones. Soy partidario de que nuestra legislación recoja una variedad importante de regímenes matrimoniales y que cada pareja, al momento de contraer matrimonio o durante su vigencia, asuma el régimen que más convenga a sus intereses. Eso es lo ideal. En países más evolucionados que el nuestro, los contratos matrimoniales son el pan de cada día. Cada persona establece el régimen, a su juicio, más conveniente para sus intereses; pero pensemos en nuestra realidad: la limitación que muchos chilenos y chilenas tienen para acceder en forma expedita a la justicia. ¿Será la comunidad de gananciales el régimen supletorio cuando los cónyuges concurran al Registro Civil y nada digan? ¿Será ésa la mejor manera de hacerlo? El objetivo de los autores del proyecto es sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de comunidad de gananciales; consagrar como régimen alternativo el de separación total de bienes, junto con el de participación en los gananciales, materia que fue objeto de una reforma aprobada el año pasado; establecer, como norma general, la igualdad de derechos y deberes entre la mujer y el marido, que debe regir entre los cónyuges; establecer expresamente que tanto la mujer como el marido fijarán de común acuerdo el lugar de residencia familiar; derogar las normas de excepción que permiten a la mujer la administración de sus bienes reservados o que consideran a ésta parcialmente separada de bienes el diputado Rincón aludió a las normas contenidas en el artículo 150 del Código Civil; sustituir la norma que establece la responsabilidad total del marido respecto de las deudas de la sociedad conyugal la mujer sólo responde hasta la concurrencia de su mitad de gananciales, por otra más equitativa que responsabiliza a la mujer y al marido, respectivamente, de las deudas que irrogue su administración; consagrar, respecto de los cónyuges casados en país extranjero y que pasaren a domiciliarse en Chile, la presunción legal de que lo hicieron bajo el régimen de separación de bienes, permitiéndoles así probar un régimen diferente. En la actualidad, coexisten en Chile tres regímenes. El que se aprobó en virtud de la ley Nº 19.335, de participación en los gananciales en términos generales, se define como un régimen económico-matrimonial, que constituye una forma ecléctica entre el de la sociedad conyugal y el de separación de bienes, que concilia dos aspectos fundamentales del matrimonio: la comunidad de intereses que implica la vida matrimonial con el respeto a la personalidad de cada cónyuge. En doctrina, este sistema tiene dos modalidades aceptadas y definidas por tratadistas, que sólo voy a enunciar: el régimen de participación diferida en los gananciales de la comunidad y el de participación crediticia en los gananciales de la comunidad. En la ley Nº 19.335 se optó por la variante crediticia, según se desprende de su artículo 19. El proyecto agrega la modalidad de comunidad diferida, pero sacrifica el régimen de sociedad conyugal. Es un problema de prudencia para el legislador asumirlo o rechazarlo. En cuanto a la sociedad conyugal y sin desconocer los méritos que conlleva el régimen propuesto, el proyecto presenta ventajas para algunos sectores de la población, especialmente para las mujeres que no desarrollan un trabajo remunerado fuera de su hogar o no poseen bienes propios. Debe reconocerse que el régimen de comunidad en los gananciales no es, en el caso de la mujer que no trabaja, esencialmente distinto al de la sociedad conyugal. Sin embargo, este último ha venido aplicándose como régimen normal desde hace siglo y medio, lo que aconseja mantenerlo, en especial en los sectores socioeconómicos de ingresos más bajos. Tal vez en esta materia habría que decir que no es recomendable olvidarse de nuestra tradición. Bien ha hecho el legislador al no introducir modificaciones en esta materia y al limitarse a establecer mayores alternativas para que los cónyuges opten por el sistema que se les presenta como el más recomendable. En este sentido, la dirección correcta debiera apuntar a un mayor abanico de alternativas para los cónyuges, de modo de lograr un verdadero ejercicio de la libertad sin suprimir algunos regímenes o sistemas que aún presentan ventajas para determinados sectores de nuestra sociedad. En efecto, se propone derogar el régimen de sociedad conyugal y consagrar, en su reemplazo, el de comunidad de gananciales. En este régimen, durante el matrimonio, cada cónyuge tiene su propio patrimonio que administra con libertad, pero la disolución se produce de pleno derecho en la comunidad formada por todos los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio. Estos bienes, también llamados gananciales, se reparten por partes iguales sin considerar para nada lo que cada uno aportó al fondo común. En este punto se formula la mayor crítica al régimen, el cual se sostiene resulta injusto, porque favorece al cónyuge que no trabaja en perjuicio del que sí lo hace. No obstante esta crítica, tiene la ventaja de que permite a los cónyuges, durante la existencia del matrimonio, una amplia libertad de movimientos: es simple, ya que durante su vigencia cada cónyuge administra libremente sus bienes; otorga adecuada protección a los terceros, por cuanto, al celebrar éstos un acto jurídico con uno de los cónyuges, tienen certeza sobre el respectivo patrimonio; recoge adecuadamente el principio constitucional de igualdad ante la ley, puesto que no subordina a un cónyuge de otro y, por último, se adapta con facilidad a las distintas realidades de la vida familiar. En consecuencia, existe una variedad de regímenes patrimoniales que, eventualmente, pueden incorporarse a nuestra legislación, pero sin derogar los que se encuentran vigentes y que han producido efectos positivos por varias décadas. De esta forma, se permite el verdadero ejercicio de la libertad de elección de los cónyuges; pero con la salvedad de que, en la medida en que se amplíen los regímenes, significará un mayor costo y será necesario explicar a la población cada uno de ellos a fin de que puedan ejercer una elección de manera informada. Uno de los principales motores de la iniciativa es equiparar al marido y a la mujer en lo referente a los derechos y deberes que emanan del matrimonio. Habría que señalar que dicho principio no es novedoso en nuestro sistema, ya que la ley Nº 19.335, a la que me he referido en todas estas oportunidades, que consagró el régimen de participación en los gananciales y creó los bienes familiares, también perseguía dicho fin, pero el énfasis se puso en el deber de fidelidad. Como consecuencia de esto, se derogó el adulterio como delito. Ahora bien, comparto plenamente la loable y legítima aspiración de que los hombres y las mujeres sean tratados en igualdad de condiciones en cuanto a los deberes personales que emanan del matrimonio, como, por ejemplo, en los regímenes económicos; pero también considero prudente permitir, de manera mesurada, la participación de la voluntad de los cónyuges en el contrato de matrimonio. Con ello no justifico ni soy partidario de que este contrato se disuelva por mutuo acuerdo, sino que parece acertado, en aquellos casos que lo permitan, abrir la voluntad de las partes para que regulen materias comunes de acuerdo a sus intereses. Manifestación de lo anterior lo encontramos en la reciente modificación del Código Civil mediante la ley Nº 19.585, conocida como “ley de filiación”, en la cual se aprecia que los cónyuges pueden pactar ciertos aspectos relativos a la titularidad de la patria potestad y de la tuición de los hijos. En este sentido se enmarca la propuesta del proyecto, en virtud de la cual se permite que los cónyuges, de común acuerdo, fijen el hogar común. Al mismo tiempo, permite llenar un vacío que originó la ley Nº 18.802, de 1989, que confirió plena capacidad a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal; sin embargo, si bien se consagró el derecho y el deber de vivir en el hogar común, no se precisó cuál era éste, con lo cual tenemos un derecho-deber carente de contenido y, en consecuencia, ineficaz. Si bien es atendible la propuesta en ese sentido, su formulación es incompleta, porque ¿qué sucede si nada dicen los cónyuges de cuál es el hogar común?, con lo cual volvemos a la situación de incertidumbre que existe actualmente. Por lo mismo, debiera cerrarse el precepto con una norma supletoria de la voluntad de las partes, a fin de que sea eficaz el deber. Desde ya, anuncio una indicación en el sentido de que el hogar común sea el principal, donde viva la familia. También se innova en este proyecto de ley con respecto a los matrimonios celebrados en países extranjeros. Los patrocinantes señalan que cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio en determinado régimen matrimonial, sea comunitario o separatista, se presume que ésa es la voluntad de los contrayentes tanto en un país como en otro, razón por la cual se requiere de una norma suficientemente flexible que respete la voluntad de los contrayentes. Por ello se propone modificar la norma que regula la situación de los matrimonios celebrados en países extranjeros, de manera de permitir que los cónyuges puedan presentar prueba en contrario y acreditar el régimen bajo el cual se casaron en ese tercero país. Para comprender cabalmente la modificación propuesta resulta necesario tener presente el sistema actual. De acuerdo con la normativa vigente, quienes se hayan casado en un país extranjero se considerarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal, dejándose constancia de ello en el acta de inscripción. Esta norma fue establecida por la ley Nº 18.802, puesto que el sistema anterior establecía que quienes se hubiesen casado en un país extranjero y pasaran a domiciliarse en Chile, se entendían, para todos los efectos legales, separados de bienes, salvo que, en conformidad con las leyes bajo las cuales se casaron, hubiera habido entre ellos sociedad de bienes. De manera que, ante un matrimonio celebrado en país extranjero, habría que entrar a determinar si en él existe o no sociedad de bienes. Según se observa, la ley Nº 18.802 modificó sustancialmente el sistema, pero, de acuerdo con el proyecto, se quiere volver en cierta manera al sistema anterior, toda vez que se admite que los cónyuges prueben que, de conformidad con las leyes extranjeras, bajo cuya vigencia o imperio se casaron, no haya existido entre ellos comunidad de gananciales. Lo anterior importa incurrir en una tarea de suyo difícil, por cuanto supone el estudio de la legislación extranjera, ahora no de oficio por los tribunales chilenos, sino de cargo de uno de los cónyuges que quiera probarlo. De todas maneras, significa que deben reconocer la legislación extranjera y, además, importa estudiar la naturaleza de la comunidad de gananciales para ver si es semejante al régimen existente en nuestro ordenamiento jurídico. De lo anterior se desprende que una norma como la propuesta hace más complejo el sistema. Por ello, originalmente, se reformó el artículo que regula esta materia y se optó por un sistema que, si bien presenta algunos inconvenientes que no son del caso analizar, es más sencillo, por cuanto admite que los cónyuges, una vez cumplido el trámite de inscripción de su matrimonio en el Registro Civil, pacten un régimen distinto de aquel se presume por el cual se casaron. Por consiguiente, la reforma en esta materia debiera limitarse a señalar que, además de pactar regímenes vigentes reconocidos por nuestra legislación, pudiera pactarse su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico sin que sea necesario remitirse al derecho extranjero. Otro de los argumentos que se dan en la moción para concluir que el régimen de sociedad conyugal es discriminatorio es que el marido siga siendo el administrador ordinario de la sociedad conyugal. Cabe señalar que, independientemente de las consideraciones de igualdad, es razonable que exista unidad en la administración, en aras de una eficiente y eficaz gestión. Al ser uno solo el administrador, velará con idéntico celo por que los bienes que conforman la comunidad sean igualmente productivos, independientemente de quien sea el titular. Si lo que se busca es otorgar plena igualdad en esta materia, el ideal es que se otorgue la libertad a los cónyuges, a las partes, para que ellos, de común acuerdo, designen o elijan al administrador, otorgándoles en la ley una eficacia supletoria. En efecto, la ley puede limitarse a disponer que si las partes nada dicen se entenderá que la administración la tiene el marido, pero pueden acordar, también, que administre la mujer. En síntesis, en materia de regímenes económicos del matrimonio la tendencia debiera apuntar a consagrar diversas alternativas, de modo de permitir que los cónyuges ejerzan libremente su libertad de decisión y opten por el régimen que, de acuerdo con sus necesidades, les resulte más conveniente. Esto reitero no debe llevar a la supresión de los regímenes actualmente vigentes, ya que, como se ha señalado, cada uno de ellos tiene ventajas y también desventajas, y la resolución que en definitiva se tome dependerá de cada caso en particular. Tal vez habría que decir que en esta materia no es recomendable olvidarse de nuestra tradición y evitar extrapolar situaciones producidas en otras legislaciones, ya que muchas de ellas escapan a nuestra realidad. La verdadera reforma que habría que hacer pasa por crear nuevos regímenes acordes con nuestra realidad; estudiar, en su propio mérito, a cuál de ellos se le dará eficacia supletoria, e introducir las enmiendas que demanda la situación actual de la mujer, como en lo referente a la administración de la sociedad conyugal, para lo cual se podría privilegiar la libertad de los cónyuges y conferir plena capacidad a la mujer para administrar sus propios bienes. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, sólo le restan 30 segundos del tiempo de sus dos discursos. Le solicito que redondee sus ideas. El señor MONGE.- Gracias, señor Presidente. Quiero que recabe la unanimidad de la Sala para que este proyecto sea enviado por treinta días a la Comisión de origen. Desde ya, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar planteada en esta instancia. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez. El señor SÁNCHEZ.- Señor Presidente, como se ha dicho, la iniciativa que se propone plantea la necesidad de sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de comunidad de gananciales. En su fundamento se consigna que el actual régimen de sociedad conyugal representa un tipo de legislación anticuada y discriminatoria en consideración a los cambios experimentados por el matrimonio y por la sociedad toda frente a la incorporación de la mujer a prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Se plantea que la desigualdad entre los cónyuges se ve confirmada en la normativa actual, toda vez que es el marido quien tiene la administración de los bienes de la sociedad conyugal, lo cual contraviene los tratados internacionales suscritos por Chile, particularmente la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y el Pacto de Derechos Civiles de la Mujer. Pero avanzando en las observaciones al régimen de participación de gananciales, las sucesivas reformas al Código Civil chileno en materia de sociedad conyugal han provocado inconsistencias prácticamente insalvables al pretender, por un lado, ampliar la participación y capacidad de la mujer y, por otro, conservar el principio de una sociedad de bienes administrada por el marido. Ya en 1994, se propuso como régimen legal de matrimonio uno de participación de gananciales, con el importante correctivo de que se estableciera un estatuto de los bienes familiares. El régimen propuesto se caracteriza, en su esencia, por la existencia de dos patrimonios distintos: el del marido y el de la mujer, los que son administrados autónomamente por cada uno de los cónyuges. Al finalizar el régimen de bienes se compensan los aumentos del patrimonio obtenido por los cónyuges durante la vigencia del matrimonio, de modo que el cónyuge que haya obtenido menos gananciales tiene derecho a participar en lo producido por el otro. El principio es que el total de los gananciales obtenidos durante el matrimonio se distribuye por partes iguales. Este régimen sugiere, además, dos alternativas. Según la primera, al finalizar el régimen de bienes se forma entre los cónyuges, o entre los sobrevivientes y los herederos del fallecido, una comunidad de bienes que comprende los gananciales. De acuerdo con la segunda, al finalizar el régimen, los patrimonios de los cónyuges permanecen separados, creándose un crédito en favor del cónyuge cuyos gananciales sean menores. Esta alternativa ofrece las siguientes ventajas: es más simple, los patrimonios se mantienen separados, es coherente con la forma en que los cónyuges han actuado durante la vigencia del régimen de bienes y es compatible con las reglas del estatuto jurídico de los bienes familiares, las cuales dejan al margen de la repartición la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia, aunque pertenezcan sólo a uno de los cónyuges. Sin embargo, para la abrumadora mayoría de las familias chilenas el estatuto de los bienes familiares constituiría propiamente el régimen de bienes del matrimonio. En tal caso, el régimen de participación de gananciales tendría aplicación para las familias cuyo patrimonio superara el umbral de los bienes familiares. Por otro lado, en Chile se estima que alrededor de un treinta por ciento de los matrimonios termina en alguna forma de separación o de nulidad. De ellos, la gran mayoría se encuentra separada de hecho, es decir, al menos uno de los cónyuges puede estar haciendo una contribución involuntaria al régimen de participación de gananciales, toda vez que su término dependerá de la sentencia de un tribunal competente y no necesariamente de la concurrencia de ambas voluntades. En consecuencia, en el caso de hacerse efectiva la orden del tribunal correspondiente, el consorte que involuntariamente se encuentre realizando una contribución al régimen de participación de gananciales, en ausencia de su vínculo de convivencia real, estaría siendo despojado del fruto de su trabajo sin considerar que cuando se rompe la cohabitación se interrumpe, a la vez, la contribución que se realiza mutuamente al matrimonio cuando éste permanece junto. En el régimen de sociedad conyugal, en la práctica sólo el hombre se casa bajo el sistema, toda vez que la mujer puede decidir al final si permanecerá casada en ese régimen o si, en cambio, se queda exclusivamente con lo suyo; dependerá de si renuncia o no a los gananciales. Se trata, pues, de un régimen paternalista y moralmente aceptable en una sociedad donde existe una fuerte discriminación social hacia la mujer, particularmente en el acceso a la fuente de oportunidades laborales y de reconocimiento salarial. Por todos estos antecedentes, anuncio mi voto favorable a una iniciativa que, aunque tardía, es absolutamente acorde con los tiempos y con la justicia, porque la merece la otra mitad de la sociedad, la de la mujer. Muchas gracias. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras recordándoles a mis colegas que hasta 1989, casi al finalizar el siglo XX, la mujer casada era considerada en nuestra legislación como relativamente incapaz. Ese año se cambió ese estado por el de “incapacidad relativa”, “incapacidad especial”, vale decir, en nuestra legislación se nos ha ido dando, progresivamente, distintos niveles de incapacidad, pero incapacidad al fin, en la relación conyugal y en la situación jurídica en que quedamos las mujeres ante la ley una vez que nos casamos. La reforma al Código Civil que hoy discutimos es muy importante por ese hecho; marca un cambio radical, estructural de la actual situación jurídica de las mujeres casadas. En ese sentido, tiene plena vigencia este debate en forma abierta, de cara a nosotros mismos y al país, y, sobre todo, con la opinión de todos los parlamentarios que componemos la Cámara de Diputados, porque no sólo representamos distritos y regiones diferentes, sino que también tenemos visiones, posiciones y formaciones personales distintas en nuestras vidas. De repente, el preciosismo de los abogados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia resulta muy pedante para quienes no ejercemos esa profesión; por ejemplo, para sociólogos, arquitectos, médicos, veterinarios o, sencillamente, personas que se han formado en la vida, que tienen visiones ricas y que pueden aportar mucho a un debate de esta naturaleza. Por eso insistoes fundamental que hoy debatamos en la Sala en forma abierta y que todas las observaciones del preciosismo de la técnica jurídica las traigamos a colación, porque también de esa manera podemos colectivizar una información y un aprendizaje que no sólo es bueno para el colectivo de 120 diputados, sino también para la sociedad civil que nos mira a través de nuestro canal de televisión. Las afirmaciones del diputado señor Ricardo Rincón son complejas sobre todo si consideramos que es un diputado joven, en el sentido de que es muy complicado modificar un cuerpo legislativo de más de cien años de existencia. Creo que lo bochornoso es que todavía esté vigente dicha normativa legal y nos compliquemos tanto al tratar de modificar una situación tan evidentemente discriminatoria y atentatoria contra la dignidad de las mujeres, en circunstancias de que la podríamos resolver a través de un procedimiento ágil, rápido, moderno y eficaz. Hoy ha quedado demostrado, por la tozudez de las mujeres y de la historia, que somos inteligentes; que no existen factores biológicos, ni antropológicos, ni sociológicos que nos hagan incapaces ni inferiores a los hombres. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Sí los hay. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- No, somos distintas y es fantástico ser distintas, pero no desiguales. Esa diferencia biológica y psicológica no debiera permitir que en el siglo XXI las mujeres tengamos tal grado de desigualdad establecida por la ley, porque los juristas, los colegas abogados y los constitucionalistas expertos saben cómo la jurisprudencia ha consagrado por siglos una subordinación de las mujeres y una discriminación en contra de las mujeres que, por cierto, se proyectan socialmente. Creo que el debate al respecto debe ser profundo, pero atendiendo a la situación actual y a lo que representamos hoy las mujeres en el país, lo cual no significa que los varones pierdan algún poder. Pienso que, dada la activa inserción de las mujeres en el mercado laboral, es importantísimo que tanto el hombre como la mujer puedan conducir los destinos de la sociedad conyugal que se conforma al momento del matrimonio. Por otra parte, también es fundamental dar una señal a las mujeres chilenas en el sentido de que, aunque estamos insertas en el mercado del trabajo y hemos avanzado en importantes niveles de igualdad, aún persisten muchas trabas en todos los niveles jurídicos y financieros del país, que nos someten a discriminación. Y cuando las mujeres optamos por casarnos a través del régimen matrimonial de separación de bienes, nos damos cuenta de que caemos en una trampa muy grande, porque en el matrimonio, aunque ambos cónyuges trabajen, en la adquisición de un bien, sea de un automóvil, sea de una vivienda, etcétera, siempre las mujeres estaremos en inferioridad de condiciones, en especial para postular a un crédito hipotecario y, aunque los dos sean trabajadores remunerados, dicho crédito lo conseguirá con mayor facilidad el marido. En esas circunstancias, el bien quedará a nombre del que obtuvo el crédito, es decir, el marido. Entonces, también ahí hay una trampa. En la lógica de igualdad que hemos adquirido, muchas mujeres jóvenes, profesionales, prefieren casarse con separación de bienes, sin darse cuenta de que, al final de sus vidas, en los bienes adquiridos en el matrimonio habrá un desequilibrio muy fuerte entre lo que aparece a nombre de la mujer y a nombre del marido. Entonces, este proyecto contiene la propuesta innovadora, modernizadora y democratizadora de las relaciones al interior del matrimonio y de la familia, en el sentido de formar una sociedad conyugal, pero administrada igualmente por el marido y por la mujer. Este sistema existe en muchos países. La propuesta de la diputada señora Saa, que hemos respaldado con mucha fuerza en la Comisión de Familia, no nace de la nada, sino de un estudio de la legislación comparada. Es una realidad en varios países latinoamericanos, europeos y en Estados Unidos, los cuales han encontrado una forma de llevar a cabo una sociedad conyugal equilibrada, en cuanto a lograr cierta igualdad de niveles entre hombres y mujeres. Por eso abogo por que el debate en la Sala sea transparente a fin de que tanto los diputados eruditos en materias constitucionales como aquellos que no lo somos, desde nuestras distintas ópticas de la vida y del conocimiento, aportemos al enriquecimiento, desarrollo positivo y aprobación del proyecto. Por esa razón, voy a votar a favor de la iniciativa y, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia, anuncio que vamos a respaldarla con mucha fuerza, porque es fundamental y necesaria para democratizar la vida de la familia chilena. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, la Comisión de Familia discutió bastante tiempo este proyecto que, entre sus objetivos, reemplaza, en el actual Código Civil, la sociedad conyugal por lo que se denomina “comunidad de gananciales”, que otorga al marido y a la mujer iguales derechos y obligaciones. Es cierto que hoy, considerando la mayor incorporación de la mujer al mundo del trabajo 35 por cientoy el hecho de que posee un patrimonio reservado más importante que en otros tiempos, se hace necesaria una modernización de la sociedad conyugal. Todos sabemos que, hace un tiempo, la sociedad conyugal tuvo modificaciones importantes, como el reconocimiento del patrimonio reservado de la mujer y el término de su supuesta incapacidad para administrar sus bienes. Sin embargo, respecto de esta propuesta, que moderniza la participación de los cónyuges y consagra la comunidad de los bienes y la administración de éstos, pero elimina la sociedad conyugal, no estoy de acuerdo. Creo que la existencia de una sociedad conyugal, especialmente para muchas mujeres que dependen de su marido, que no trabajan ni poseen patrimonio reservado, no es un mal régimen y, por lo tanto, la opción debería ser diferente: elaborar una nueva alternativa, manteniendo la sociedad conyugal. Creo que eso dará libertad a las personas para elegir bajo qué régimen patrimonial se quieren casar, incluso en el de separación de bienes al cual han optado muchas parejas nuevas, modernas, que poseen recursos, especialmente ante la inseguridad que existe respecto de la mantención del matrimonio en el tiempo. Creo, asimismo, que aquí hay una situación grave de desinformación, porque desde que se reinstaló el Congreso propusimos la participación en los gananciales. Recuerdo que, en esos tiempos, con la señora Pía Guzmán, antes de ser diputada, desde la clínica, donde daba a luz a su segundo o tercer hijo, trabajamos, junto con la senadora señora Evelyn Matthei, en este proyecto de participación en los gananciales que después fue asumido por el Servicio Nacional de la Mujer y que, casi en idéntica forma, lo presentó como propio, siendo aprobado con muy pocas modificaciones respecto del original nuestro. ¿Qué ha pasado con ese proyecto alternativo al de la sociedad conyugal? En la Comisión no se dieron cifras, pero entiendo que muy pocos nuevos matrimonios han adherido al régimen de participación en los gananciales, simplemente porque no lo conocen, porque hay muy poca información, porque no se entienden ni sus beneficios ni sus garantías; por lo tanto, las personas prefieren seguir casándose bajo el régimen de sociedad conyugal. Esta propuesta de reemplazar la sociedad conyugal por la comunidad de gananciales, obviamente, si fuera la única, terminaría con el desconocimiento del nuevo proyecto y obligaría a todos a casarse bajo ese régimen de participación; pero reiterofaltó más información respecto de una iniciativa que para muchos, en especial para quienes tienen recursos, habría sido una buena alternativa. El proyecto en discusión en alguna forma recoge también parte de ese proyecto de participación en los gananciales; por lo tanto, a mi juicio, debiera dejarse sólo la sociedad conyugal, el nuevo régimen que se propone y la separación de bienes. Hay otras situaciones que también deben preocuparnos. Durante mucho tiempo se ha hablado respecto de la necesidad de legislar sobre el divorcio. Lo más probable es que, finalmente, se apruebe un proyecto sobre la materia, en cuyo caso sería importante hacerlo compatible con esta nueva legislación, en el sentido de que la mujer, que en el 87 por ciento de los casos se queda con los hijos, se mantuviera protegida, cualquiera sea el régimen matrimonial por el cual hubiera optado. Actualmente, como no hay divorcio, no existe esa protección, pero cuando se legisle al respecto, nuestra mayor preocupación debe ser el bienestar de los hijos y que la separación sea lo menos traumática posible. Ese hecho ocasiona una serie de otras situaciones, pero, como estamos analizando estas materias, es importante que se vaya legislando de esa manera, como también lo es la incidencia que tendrán los tribunales de familia en la vida conyugal y de la familia. Es preocupante y aquí también se ha planteado la falta de información que tienen los sectores menos preparados respecto de las leyes. Cuando alguna persona se me acerca a solicitar audiencia, el 80 por ciento de las materias que indaga son de tipo legal, de lo cual se deduce que los conocimientos que posee la mayoría de las personas sobre ese tema son relativamente escasos. Con suerte, la Corporación de Asistencia Judicial ayuda a resolver ciertos problemas, pero las personas de más escasos recursos no poseen ninguna orientación judicial ni jurídica. En consecuencia, es indispensable que se posibilite la entrega de la información sobre las leyes que les interesan a la gente. Aun cuando soy miembro de la Comisión de Familia, considero importante que el proyecto sea analizado también por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Concuerdo plenamente con lo propuesto por la autora de la moción, diputada señora María Antonieta Saa, en el sentido de dar un plazo de sesenta días para que esa Comisión emita su informe. Como el proyecto se inició en una propuesta de la Universidad Gabriela Mistral la cual me merece el mayor respeto, y ha habido una serie de juristas que han informado y ayudado a mejorar el proyecto, no está de más que lo revise, en un plazo breve, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La bancada de Renovación Nacional no tiene grandes reparos de fondo sobre el proyecto, de modo que lo va a aprobar, excepto en lo relativo a la sustitución de la sociedad conyugal. Este régimen patrimonial debe subsistir como alternativo, ya que de ese modo se da mayor libertad y posibilidades a los cónyuges. Asimismo, se debe dar información adecuada a las personas que contraerán matrimonio a fin de que elijan el régimen más conveniente para ellas. De este modo, se evitará que ocurra lo mismo que con el proyecto sobre participación en los gananciales, que se aprobó en 1994. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, hace un momento señalé la conveniencia de tratar el proyecto en la Sala, sin pasar por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no porque dicho trámite no fuera pertinente, sino porque consideré que existía una actitud de poco compromiso al no establecer una fecha determinada para su despacho. Deseo aclarar esto para que no se crea que no hemos valorizado el estudio que puede hacer del proyecto una Comisión especializada. El proyecto tuvo un tratamiento bastante riguroso y exhaustivo en la Comisión de Familia, y sería interesante que en la Sala se produjera también una efectiva participación de cada uno de los señores diputados y diputadas interesados en el tema. Han sido el temor y una aprensión legítima lo que nos ha hecho oponernos a esa revisión, ya que para concretarla pueden pasar meses, e incluso años, en circunstancias de que en la Sala se puede lograr un aporte colectivo a un proyecto que, sin lugar a dudas, es innovador, produce reformas importantes y tiende efectivamente a establecer igualdad de derechos y de deberes entre hombres y mujeres, lo cual me parece muy apropiado para los tiempos que hoy se viven. Es un hecho que la mujer, en forma gradual y creciente, ha dejado de ser dependiente y que se está incorporando al mundo laboral, con lo cual el día de mañana tendrá más oportunidades para acceder a créditos, a fin de adquirir bienes muebles e inmuebles. A la vez, se habla de derechos y deberes, que es lo más importante de la iniciativa, porque aprovecha lo mejor del régimen actual para que cada una de las partes sea total y absolutamente responsable y pueda administrar lo suyo, a fin de generar la comunidad de gananciales. Este tema es de la mayor importancia. En la Comisión se escuchó a académicos de la Universidad Gabriela Mistral y a expertos sobre la materia. Me llamó la atención la intervención del abogado señor Gonzalo Figueroa Yáñez. Sus palabras se encuentran en el informe y las quiero citar. Afirmó en la Comisión que “la ley discrimina contra la mujer si ésta se casa bajo el régimen de sociedad conyugal, pues, en virtud de las normas que le son aplicables, perderá el dominio de todos los bienes muebles que tenía antes de casarse y, asimismo, perderá la administración tanto de sus bienes muebles como de sus bienes raíces. Lo mismo ocurre si, durante el matrimonio, recibiera bienes a título gratuito, pues, igualmente, perderá el dominio de los muebles y la administración tanto de los muebles como de los inmuebles”. Sostuvo que, “a pesar de que la incapacidad de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal fue eliminada formalmente de las normas del Código Civil que la establecían dejando, en tal virtud, el marido de ser representante legal de su mujer, ello dista mucho de la realidad fáctica, pues si se entiende por “capacidad de ejercicio” la facultad que tiene todo sujeto de derecho para obligar “sus” bienes por un acto voluntario suyo, dicho concepto de “capacidad” no puede considerarse dentro de un limbo abstracto, sino precisamente en relación con los bienes concretos y específicos que podrán resultar obligados por medio de esa declaración de voluntad”. En consecuencia, concluyó “que una persona no es “capaz” si teniendo bienes en su patrimonio y pudiendo manifestar su voluntad jurídicano es apta para obligar esos bienes con una manifestación de voluntad”. Sería muy saludable que no viéramos en este proyecto, claramente innovador, un atentado contra lo que actualmente puede estimarse una cierta supremacía, sino más bien un legítimo avance en considerar a hombres y mujeres como sujetos diversos, pero iguales en capacidades. Al reclamar igualdad de derechos y deberes, estamos señalando en un sentido bastante profundo que la mujer está absolutamente capacitada para administrar los bienes que adquiere en el matrimonio y los que aportó a él. Al considerar un avance que cada uno pueda administrar su patrimonio, estamos reconociendo a hombres y mujeres igualdad en derechos y deberes, hecho que constituye un importante paso adelante. Lo que buscamos es, precisamente, establecer plenas responsabilidades, en la medida en que consideramos a los seres humanos con esa capacidad y, por lo tanto, la no subordinación o incapacidad parcial mantenida hasta ahora, a pesar de las modificaciones introducidas en el Código Civil, que han ido dejando atrás, por lo menos parcialmente, la idea de considerar a la mujer incapaz de administrar el patrimonio conyugal. En ese sentido, la bancada del Partido Socialista apoyará en general el proyecto, sin perjuicio de que se presenten indicaciones que, por supuesto, contribuyan a mejorarlo. Resulta muy novedosa y significativa una de las modificaciones que introduce el proyecto al Código Civil y, por lo mismo, sería conveniente revisarla con cuidado y en detalle: que la residencia del futuro matrimonio se fijará de común acuerdo. Como bien lo sabemos, hasta ahora no es así porque existe un vacío legal. El lugar de residencia es fijado por el marido y la mujer está obligada a seguirlo. Entonces, si hablamos de la evolución de los seres humanos y culturalmente estamos dispuestos a aceptar que la diversidad hombre-mujer no significa incapacidad de ésta, ya es hora de que la decisión de la residencia del matrimonio sea tomada en conjunto. Por lo tanto, es necesario entregar el instrumento legal que permita al hombre y a la mujer, unidos en el matrimonio, decidir al respecto. Digo que esto tiene gran significación, precisamente porque esperamos que, de una vez por todas, después de varios años de espera, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado estudie el proyecto de ley que modifica el matrimonio civil y, entre otras cosas, contempla el divorcio vincular. Considero este tema muy importante porque fortalece la unión matrimonial basada en la igualdad de derechos y deberes, en el respeto mutuo y en la consideración de dos seres humanos diversos, pero iguales en capacidades, obligaciones y derechos. De manera que, desde esa perspectiva, el proyecto, que es innovador porque cambia aspectos sustantivos en esta materia, puede contribuir a fortalecer lo que entendemos como una unión matrimonial basada en la igualdad de derechos y deberes, en el respeto mutuo y en la consideración de las personas como seres humanos. Con esto se evita lo que ha ocurrido hasta ahora, en que existe una discriminación o una actitud paternalista, cuando sólo a medias y a regañadientes se concede cierta capacidad a la mujer, en el entendido de que se está incorporando cada vez más al ámbito laboral y se ha convertido en una persona que tiene ingresos y, por lo tanto, con la posibilidad de adquirir bienes. Por eso, es necesario fortalecer su capacidad administrativa. Por último, quiero hacer un reconocimiento a la colega María Antonieta Saa por lo mucho que ha trabajado en esta moción nos pidió que la revisáramos y la discutiéramos que modifica el Código Civil así lo han señalado los diputados que han hecho uso de la palabra para apoyar el proyecto, de manera que garantice la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en sus derechos como en sus obligaciones. Junto con felicitar a la diputada María Antonieta Saa por su trabajo tan esforzado, estimo importante el aporte que puedan hacer los distintos colegas durante la discusión particular de la iniciativa. Asimismo, es necesario discutir los aspectos que nos merezcan dudas, respecto de los cuales debe existir consenso y una participación colectiva. Todos debemos coincidir en que este proyecto mejora efectivamente la sociedad conyugal, y esta iniciativa sobre comunidad de gananciales permite avanzar en la línea señalada, que es lo que nos interesa y nos preocupa. Por estas razones, anuncio el voto favorable de la bancada socialista, porque consideramos que con este proyecto estamos dando un paso adelante, sin perjuicio de que sea perfeccionado gracias a la acción conjunta de todos los colegas. He dicho. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, hace algunos años, en una conferencia, el rector de la Universidad Centroamericana afirmó que no vivíamos una época de cambios, sino un cambio de época. Hoy, en Chile, al menos en la propaganda, todos hablan de cambios. Sin embargo, sólo algunos tratamos de llevarlos a la práctica y la mayoría sólo los menciona. Hemos ido perdiendo el miedo a las palabras, lo que es muy positivo para la sociedad. Hace unos momentos, un diputado de la UDI dijo que consideraba bueno el proyecto. Sin embargo, manifestó cierta preocupación porque estábamos cambiando algo que había funcionado bien durante 150 años y que forma parte de nuestra cultura. Pero nuestra cultura cambia, la sociedad va cambiando y las leyes deben ir adecuándose a esos cambios. No cabe duda alguna de que en los últimos años la relación entre hombre y mujer ha cambiado en forma vertiginosa. Por lo tanto, la estructura fundacional de la sociedad entre el hombre y la mujer también ha cambiado, y lo que cambia en dicha estructura debe reflejarse en las leyes. Ése es el sentido de la moción presentada por la diputada María Antonieta Saa hace algunos años, nos invitó a compartirla a un conjunto de parlamentarios de Gobierno y de Oposición, que tiene por objeto modificar la estructura jurídica del contrato que establece la relación entre el hombre y la mujer en nuestra sociedad para hacerla más acorde con la época que se está iniciando. Podríamos entrar en una discusión detallada de las disposiciones del proyecto, pero en esta oportunidad estamos en el debate general. Lo que se pretende tenemos que decidir si continuamos avanzando o nos detenemos aquíes establecer la igualdad del hombre y la mujer en la constitución de la familia, tanto para cosas elementales como para aquellas que son más sustantivas. Al respecto, cabe tener presente que en la actualidad hay cosas que son elementales, pero que la ley no las dispone de ese modo. Por ejemplo, pareciera de Perogrullo señalar que corresponde al hombre y a la mujer establecer, de común acuerdo, el lugar de residencia familiar. Sin embargo, eso en la actualidad no está contemplado en nuestra legislación. Sobre el particular, cabe preguntarse si es lícito que se señale que no debemos establecer lo anterior como una norma de la legislación debido a que ha funcionado bien durante tantos años en la práctica. Sin embargo, es obvio que debemos cambiar la norma, porque ha sido superada por los hechos en la gran mayoría de las relaciones de pareja en nuestra sociedad. No hay razón para mantener una norma anacrónica que sea aplicable en los casos de conflicto, que es cuando se necesita la norma jurídica. La ley sirve para regular los conflictos, ya que en la armonía y en la prevalencia del amor ésta no se requiere. Entonces reitero, para qué mantener una norma que establece una diferencia entre las dos partes que constituyen el núcleo fundacional de la sociedad, por ejemplo, en el momento de establecer el lugar de residencia familiar, así como en todo lo que tiene que ver con los bienes de la sociedad conyugal. En el pasado hemos legislado para resolver este tema. En ese sentido, si mal no recuerdo, se aprobó por unanimidad o por amplia mayoría el establecimiento en Chile del régimen de participación en los gananciales. En eso, me atrevo a afirmar aquí que probablemente nos equivocamos, porque la forma de esa disposición resultó demasiado compleja para la sociedad conyugal, como se puede comprobar en las estadísticas que se han elaborado sobre el tema. A modo de ejemplo, en el informe de la Comisión se presenta un cuadro estadístico en el que se puede observar que de los aproximadamente 90 mil matrimonios contraídos en 1995, dos mil lo hicieron bajo el régimen de participación en los gananciales, y que de los más de 60 mil matrimonios celebrados en 2000, 1.836 lo hicieron bajo dicho régimen, lo que constituye una cantidad muy menor, por lo cual se puede decir que dicho régimen es para expertos. De allí que en la discusión del proyecto se haya señalado que prácticamente se requiere de expertos en contabilidad patrimonial y de empresas para establecer esa solución, lo que hace inviable la fórmula, aunque en su concepción ésta pueda ser muy sensata, razón por la que debemos introducir innovaciones muy profundas. Sin embargo, quiero señalar otra razón para hacerlo, que no aparece en el informe, pero que sí está explícita en el cuadro estadístico que he señalado. Allí se puede observar que en 1994 hubo aproximadamente 93 mil matrimonios en Chile, y en 2000, 62.073. En 1995, es decir, en el primer año en que comenzó a regir el régimen de participación en los gananciales, hubo 2.081 matrimonios contraídos bajo ese régimen, cifra que se mantuvo, con algunos altibajos, hasta el año 2000. Por otra parte, en 1994 se contrajeron 20.086 matrimonios con separación de bienes, cifra que también se mantuvo con pequeños altibajos hasta el año 2000. Sin embargo, en 1994 hubo aproximadamente 73 mil matrimonios bajo el régimen de sociedad conyugal, cifra que baja paulatina y casi cotidianamente hasta llegar a cerca de 42 mil el año 2000. A mi juicio, dicha estadística da cuenta de una realidad de la que hemos conversado muchas veces en el Congreso y respecto de la que hablo en forma permanente en las reuniones que sostengo con las comunidades de Macul, de San Joaquín y de La Granja, en el sentido de que en la actualidad se constituyen muchos núcleos familiares en el país sin llegar a establecer un contrato matrimonial. Esa situación también tiene que ver con la norma por la cual se constituye el contrato matrimonial. Los jóvenes hoy, en parte, no quieren establecer un contrato matrimonial porque el régimen de administración de la sociedad conyugal no va de acuerdo con la voluntad más amplia, de mayor apertura de mente y de mayor igualdad entre el hombre y la mujer en la relación de pareja, en comparación con la que existía cuando dichas normas se establecieron. Esa es otra razón que nos debe llevar a los parlamentarios a preguntarnos si es bueno o no cambiar la norma legal o a reafirmar la necesidad de adecuarla a los tiempos que estamos viviendo. Junto con anunciar mi voto positivo para legislar en este proyecto, quiero hacer un llamado en esta época de cambios, en el sentido de que nos tomemos en serio estos debates, pues tanto ellos como los cambios son mucho más profundos de lo que creemos, razón por la que debemos entrar en la médula de la discusión y ojalá establecer, en definitiva, otra norma que también dure 150 años. Al introducir nuevas disposiciones en esta materia no estamos pensando en el pasado, sino que mirando hacia el futuro de la familia chilena y dando un espacio y una acogida jurídica que permita que en nuestra sociedad, en reconocimiento de que los núcleos familiares se constituyen fundacionalmente por un hombre y por una mujer, puedan establecerse familias en las que tanto el hombre como la mujer tengan mayor igualdad de derechos. Eso es construir el futuro desde una perspectiva de cambio. Lo contrario, mirar atrás y quedarse conforme con lo que hay, no ayuda a establecer una sociedad conforme con los avances que la cultura está teniendo. En ese sentido, la cultura y las relaciones interpersonales de hoy señalan que el hombre y la mujer no deben tener limitaciones impuestas por la ley para el establecimiento de sus relaciones. Ése es el sentido profundo del proyecto en relación con el contenido y el cambio de este contrato social, motivo por el cual invito a la Cámara a aprobar la idea de legislar en esta materia. He dicho. Aplausos. El señor PARETO (Presidente).- Ha llegado la hora de término del Orden del Día. Hay seis diputados inscritos para intervenir sobre el proyecto. Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma. El señor PALMA (don Andrés).- Señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para votar ahora en general el proyecto. El señor PARETO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar el proyecto? No hay acuerdo. Tiene la palabra la diputada señora Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, solicito que se invite a la ministra del Sernam a la próxima sesión en que se discuta este proyecto. El señor PARETO (Presidente).- No hay inconveniente, señora diputada. Se ha solicitado a la Mesa citar a una reunión de Comités. Para ese efecto, se suspende la sesión por cinco minutos. Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor PARETO (Presidente).- Continúa la sesión. El señor Secretario va a dar lectura al acuerdo de los Comités. El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Pareto, acordaron que el proyecto iniciado en moción de las diputadas señora Saa, Pollarolo y Prochelle, y de los diputados señores Jocelyn-Holt, Palma, don Andrés, y Pérez, don Aníbal, y de los entonces diputados señora Rebolledo y señor Balbontín, que modifica el Código Civil y leyes complementarias en materia de sociedad conyugal o comunidad de gananciales, una vez que la Cámara lo despache en general, sea remitido para su segundo informe a la Comisión de Familia. Evacuado el informe por esa Comisión, será enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el plazo máximo de 30 días, al cabo de los cuales la Cámara podrá abocarse a su estudio en particular, con el informe de dicha Comisión o sin él. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA. El señor PARETO (Presidente).- Señores diputados, propongo a la Sala la siguiente nómina de señoras diputadas y señores diputados para integrar la Comisión investigadora encargada de analizar las implicancias constitucionales, legales y reglamentarias, de la renuncia a su cargo del ex comandante en jefe de la Armada don Jorge Arancibia: Rodrigo Álvarez, Nelson Ávila, Francisco Bartolucci, Juan Bustos, María Angélica Cristi, Sergio Elgueta, Haroldo Fossa, Pablo Galilea, Francisco Huenchumilla, Alejandro Navarro, José Pérez, Laura Soto y Sergio Velasco. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, punto de Reglamento. Aparecen votando diputados que no lo hicieron. El señor PARETO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, nosotros votamos el proyecto respecto de los gananciales y la sociedad conyugal, en el que intervino el diputado señor Andrés Palma. Pensamos que ese proyecto era el que se votaba. Luego, dijo su Señoría que había seis inscritos. Por lo tanto, le pido que repita la votación. La señora SAA (doña Antonieta).- Por favor, he escuchado muchas cosas, pero no una disculpa como ésa. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, hay un error. Los diputados señores Orpis, Dittborn y yo aparecemos votando; no lo hicimos y figuramos en el tablero electrónico. ¡No votamos! El señor PARETO (Presidente).- Para tranquilidad de los señores diputados, se repetirá la votación. Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor PARETO (Presidente).- Aprobada la proposición de la Mesa. Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Rozas (doña María), Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Galilea (don José Antonio), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, León, Letelier (don Felipe), Luksic, Mesías, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Reyes, Rincón, Riveros, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Velasco, Venegas, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca y Palma (don Osvaldo). Durante el Orden del Día, la Mesa saludó a las delegaciones de dirigentes sociales de la comuna de Navidad y del colegio Sagrados Corazones, de Santiago, y al concejal Anselmo Peña, presentes en tribunas. VI.PROYECTOS DE ACUERDO INVESTIGACIÓN SOBRE ATENCIÓN PRIVADA DE URGENCIA PREHOSPITALARIA. (Votación). El señor PARETO (Presidente).- En votación, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 574. Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. El señor PARETO (Presidente).- Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum. DUDAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA SOBRE PROYECTO DE PARQUE PUMALÍN. El señor PARETO (Presidente).- Se va a dar lectura al proyecto de acuerdo Nº 577. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, corresponde conocer el proyecto de acuerdo Nº 576. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Acaba de informarse a la Mesa que está suspendido su tratamiento. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, con el señor Secretario habíamos acordado suspender su conocimiento para el día de ayer, pero pensando en que lo íbamos a tratar hoy. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Muy bien. El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo. El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo Nº 576, del diputado señor Ascencio. “En el país existen visiones distintas acerca del tema Tompkins y el Parque Pumalín. Mientras unos apoyan decididamente el proyecto, otros lo rechazan y condenan. Hay que despersonalizar esta polémica. Así como el señor Douglas Tompkins no tiene derecho a atacar a parlamentarios y a autoridades locales y nacionales para defender su proyecto, tampoco debiera ser objeto de agresiones personales de parte de sus detractores. La discusión debería centrarse en el tema de fondo para la región, que dice relación con las políticas de repoblamiento, colonización y desarrollo de las provincias de la zona que, en general, no han dado los resultados esperados. Ello provoca que nuestra gente siga viviendo en condiciones muy precarias, con pocas expectativas de mejorar sus condiciones de vida y, con escasas esperanzas que las políticas públicas puedan cambiar sus condiciones en un mediano plazo. El proyecto del Parque Pumalín se puede convertir en un instrumento de desarrollo para la zona, dinamizando la economía de la región y provocando una importante fuente de trabajo, particularmente en torno a las actividades turísticas. El Parque Pumalín es lo importante. Para que pueda prosperar requiere algunas condiciones mínimas: a)Total transparencia en los alcances del proyecto y sus condiciones de implementación; b)Participación activa de la comunidad involucrada y, c)Un plan de desarrollo turístico, para toda la zona, impulsado por el Estado, a partir del Parque Pumalín. Ninguna de estas tres situaciones se encuentran hoy aseguradas. El mayor inconveniente que se presenta para la materialización de este proyecto, está representado por las múltiples dudas que surgen desde diferentes sectores, lo que lo ha transformado, a los ojos de la comunidad nacional y local, en una iniciativa poco clara. Como una manera de asegurar la necesaria transparencia de una iniciativa como ésta, se hace necesario la formación de una Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, que informe de todas las dudas que existen al respecto. En función de estas consideraciones La Cámara de Diputados acuerda: Crear una Comisión Especial Investigadora a fin de que estudie e informe a esta Sala de todos los aspectos relacionados con la iniciativa denominada Parque Pumalín y la actuación de los organismos públicos que tienen relación con este tema y con el señor Douglas Tompkins. Esta Comisión deberá abocarse al estudio de todas las materias que crea de su interés y, sin que la enumeración sea taxativa, en especial aquellas que se mencionan a continuación: 1.Comprobar el grado de cumplimiento, por ambas partes, del acuerdo suscrito en 1997 entre Douglas Tompkins y el gobierno de Chile. 2.Establecer si ha habido presiones a colonos, tal como se ha denunciado. 3.Aclarar los procedimientos de compras de terrenos. 4.Determinar si debido a acciones del señor Tompkins se han cerrado escuelas ubicadas en sus terrenos. 5.Comprobar si existe un despoblamiento de la zona, debido a sus compras de terreno. 6.Verificar si se han puesto obstáculos a la ejecución de obras públicas. 7.Estudiar si se han puesto obstáculos a la ejecución de actividades económicas distintas al objetivo del parque; como, por ejemplo, la crianza de salmones u otras. 8.Establecer si las aprensiones de las Fuerzas Armadas sobre problemas de soberanía y seguridad nacional son efectivas. 9.Aclarar las donaciones a organizaciones o personas vinculadas con el sector público. 10.Determinar con exactitud a cuánto alcanzan las compras de terrenos por parte del señor Tompkins o entidades relacionadas y los períodos en que éstas fueron realizadas. 11.Determinar las consecuencias de la declaración de Santuario de la Naturaleza y la extensión del terreno que quedaría comprendido en esta medida. La Comisión tendrá un plazo de 120 días para emitir su informe a la Sala”. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio para hablar a favor del proyecto. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, el proyecto tiene que ver con un tema que ha preocupado a la comunidad nacional desde hace muchos años, fundamentalmente a los habitantes de la provincia de Palena y, en general, de la Décima Región, por los efectos de la adquisición de enormes extensiones de tierras efectuada por Douglas Tompkins a nombre de una serie de fundaciones, con el objeto de crear el parque Pumalín. Este es un tema que se ha discutido mucho en la Cámara de Diputados y existen distintas formas de enfrentarlo. Su discusión se ha personalizado: por una parte, se ha centrado en determinar quién es Douglas Tompkins, y por otra, este señor ha formulado expresiones negativas en contra de sus detractores. Por ejemplo, hace muy poco tiempo emitió juicios contra parlamentarios, alcaldes y autoridades locales. Sin embargo, el problema de fondo es establecer si queremos o no que se cree el parque Pumalín en esa zona y que sea declarado santuario de la naturaleza, y si esto tiene efectos positivos o negativos. Además, se debe despejar un gran problema que tiene este proyecto hasta el momento y que no ha sido resuelto. Sostengo, quizás compartiendo la opinión de muchos de ustedes, que casi todas las políticas de colonización para ese sector no han tenido los resultados adecuados, debido a una serie de problemas. Los colonos que han llegado a las zonas de Aisén o de Palena siguen viviendo aislados, en forma marginal, sin acceso a la salud, a la educación o a la vivienda, problemas que cada uno de nosotros conoce. No obstante, de pronto nos enfrentamos a la posibilidad de tener un parque llamado “Pumalín”, que, a mi juicio, puede representar para esta región lo que son las Torres del Paine para Magallanes, es decir, un imán o un punto de atracción para toda esa zona de la Patagonia, que dé trabajo y que desarrolle el turismo. Es un lugar espectacular para esa actividad, que comienza en Bariloche, en un centro mundial del turismo, donde llegan miles de personas; que baja por El Bolsón y que va a Esquel, por el lado argentino; que entra a Chile por Futaleufú, sigue por Alto Palena y Chaitén, comprende la isla de Chiloé, avanza por Puerto Montt y llega a Osorno, sin considerar todo lo que es Coihaique. En consecuencia, me parece correcta y beneficiosa la posibilidad de que allí se desarrolle un proyecto turístico apoyado por el parque Pumalín. Sin embargo, existen algunos problemas de transparencia, los que nunca se han resuelto y que generan la gran cantidad de dudas que muchas autoridades importantes de este país han señalado, a pesar de todos los informes y estudios que la Comisión de Recursos Naturales ha desarrollado, y esto lo digo con mucho respeto por sus miembros. El segundo problema que presenta este proyecto es la poca participación de la gente de la zona. Es evidente que los alcaldes, los concejales, las uniones comunales de juntas de vecinos y las personas relacionadas directamente con esta materia no se sienten integrados ni atraídos por el proyecto. Se trata de un claro error de sus impulsores, quienes no han logrado integrar a la comunidad tras una idea de esta naturaleza, que podría ser provechosa si se solucionaran estos problemas. En tercer lugar, aquí se necesita un plan, un proyecto, un programa especial de desarrollo turístico. Considero que esa actividad económica es fundamental para la zona. Allí hay una posibilidad o un potencial tremendo, apoyado, asociado y comprendido por el Estado, siempre que se respalde a la gente de la zona. En síntesis, creo que este proyecto representa una muy buena posibilidad para desarrollar la zona, pero se deben aclarar las dudas que existen. Por lo tanto, esta gran cantidad de problemas y de cosas poco transparentes que se han publicado a través de los medios de comunicación ameritan la creación de una Comisión especial investigadora, en la que trece diputados se aboquen a estudiar y a despejar, una por una, las dudas planteadas, reitero, con todo el respeto que me merece el trabajo que ha desarrollado la Comisión de Recursos Naturales. Repito, considero necesaria la creación de una Comisión especial que emita un informe, lo presente a la Sala y que todos los diputados puedan conocer los antecedentes y opinar sobre el tema, para que la Cámara de Diputados resuelva, de una vez por todas, este asunto. Por eso presenté el proyecto de acuerdo, para que podamos resolver esta cuestión de la mejor manera posible. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, su Señoría ocupó los cinco minutos para hablar a favor del proyecto de acuerdo. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado señor Mario Acuña para hablar en contra de dicho proyecto, por dos minutos y medio. El resto del tiempo será usado por el diputado de Renovación Nacional señor Roberto Delmastro. El señor ACUÑA.- Señor Presidente, quiero ilustrar a esta honorable Sala respecto del trabajo realizado por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente sobre la materia. Frente a la polémica y a los temores que produjo en la ciudadanía la compra de terrenos en la Décima y en la Undécima regiones, esta Comisión decidió abocarse al estudio del tema, labor que se viene realizando desde abril de 1995. Celebramos nueve sesiones con el objeto de tomar contacto con autoridades, pobladores y miembros de la Fundación Educación, Ciencia y Ecología, y tomar conocimiento del proyecto “Parque Pumalín”. 1)Sesión 15ª, efectuada el 11 de abril de 1995, a la cual asistieron los miembros de la fundación señores Douglas Tompkins, Daniel González, presidente; Nicoló Gligo, vicepresidente; Fernando Dougnac, secretario, y Raúl Hermosilla, tesorero. 2)Sesión 19ª, efectuada el 16 de mayo de 1995. 3)Sesión 2ª, ordinaria, celebrada el 13 de junio de 1995, a la que asistió el señor Óscar Barril, presidente del Comité de Pequeños Agricultores de Vodudahue. 4)Sesión 6ª, celebrada el 18 de julio, en la que se recibió a la directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, señora Marta CruzCoke; al coordinador de Monumentos Nacionales, señor Ángel Cabezas, y al director metropolitano de la Corporación Nacional Forestal, señor Carlos Weber. 5)Sesión 5ª, secreta, celebrada el 11 de julio, a la que concurrieron la ministra de Bienes Nacionales señora Adriana Delpiano y el subsecretario del Interior señor Belisario Velasco. 6)Sesión 7ª, secreta, celebrada el 1 de agosto, a la que asistieron el capitán de navío señor Jaime Harris, el oficial de Estado Mayor de la Armada señor Louis Allamand, el señor Douglas Tompkins, el señor Pedro Pablo Gutiérrez, asesor jurídico del señor Tompkins, y el señor Raúl Hermosilla, tesorero de Educec. 7)Sesiones 1ª y 2ª, celebradas los días 3 y 10 de octubre de 1995, cuyo objeto fue el análisis del proyecto parque Pumalín. La Comisión realizó su primera visita inspectiva el 8 de junio de 1995, y la segunda, el 19 de noviembre de 2000. Puedo entregar a esta honorable Sala los informes emitidos por la Comisión con fechas 11 de octubre de 1995 y 22 de noviembre de 2000, y las actas de todas las sesiones celebradas, con los documentos respectivos. Aparte eso, el lunes de esta semana... El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, le solicito que redondee su idea. El señor ACUÑA.- ...recibimos a las autoridades de gobierno. Por otra parte, la Comisión analizó ayer el proyecto de acuerdo en discusión. Si el diputado señor Gabriel Ascencio está de acuerdo en disminuir el plazo, por ejemplo de 120 a 30 días, para que esta Comisión emita su informe, dado el trabajo ya realizado, la totalidad de sus miembros estaría de acuerdo en que la Comisión de Recursos Naturales realice la investigación, la que, de acuerdo con lo que he relatado, ha manejado toda esta información hasta la fecha. Por lo tanto, si los parlamentarios presentes dan la unanimidad y el diputado señor Gabriel Ascencio lo tiene a bien, se podría acceder a lo solicitado, respecto de lo cual también existe consenso en esa Comisión. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, en la misma línea argumental del diputado señor Acuña, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, quiero proponer al diputado señor Ascencio que, en razón de que la Comisión tiene bastante adelantado su trabajo sobre el parque Pumalín, específicamente en su declaración de santuario de la naturaleza, que la investigación quede radicada en el seno de esa Comisión, debido a la gran cantidad de información que ya posee. En el fondo, gran parte de los puntos que consigna el proyecto de acuerdo ya se han cumplido. Únicamente se requeriría que la Sala determinara un plazo para que, dentro de él, la Comisión emitiera su informe. El señor ASCENCIO.- Punto de Reglamento, señor Presidente. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Estamos enfrentados al hecho de que el único diputado que firmó el proyecto de acuerdo fue el señor Ascencio. Dado que sólo él está en su derecho de retirarlo, modificarlo o adoptar otra decisión, le concedo la palabra. El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en conformidad con lo que he escuchado, podría estar de acuerdo en que el tema vaya a la Comisión de Recursos Naturales, constituida como investigadora. Sin embargo, en el último tiempo se ha abocado al estudio de esta materia sólo cada vez que sus integrantes tienen tiempo, por lo cual llevan más o menos cinco o seis años, y creo que éste sería el tercer informe que emitiría. Si todos estamos de acuerdo, la Comisión de Recursos Naturales podría transformarse en investigadora para estos efectos, y se le fijaría un plazo de sesenta días, con el objeto de que la gente de la zona pueda ser escuchada, porque todavía hay personas y nuevas autoridades que necesitan ser oídas. Luego, que el informe de la Comisión se vea en la Sala y que los señores diputados puedan hacer uso de su derecho de compartir la información que tenemos allí. Tal como lo piden los diputados señores Delmastro y Acuña, no tengo problemas, sobre esa base, en modificar el proyecto de acuerdo. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Solicito la unanimidad de la Sala para remitir los antecedentes a la Comisión de Recursos Naturales, dándole un plazo de sesenta días, como lo ha planteado el diputado señor Ascencio. En cumplimiento estricto del Reglamento, si el diputado señor Ascencio hubiera manifestado antes de la lectura del proyecto de acuerdo la decisión que acaba de expresar, no se habría necesitado la unanimidad de la Sala, pero como ya se dio curso al debate, ella se requiere. ¿Habría acuerdo unánime de la Sala? Acordado. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Re glamento, señor Presidente. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra su Señoría. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Res pecto del proyecto de acuerdo, cabe tener presente que el Gobierno, en estos momentos... El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Eso no dice relación con el Reglamento. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Estoy hablando del Reglamento. El señor ORTIZ (Presidente accidental). ¿En función de qué artículo? El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Le explico por qué. Resultaría inoficiosa una comisión investigadora si el Gobierno firma en los próximos días el decreto para declarar santuario de la naturaleza el parque Pumalín. Por ello, pido que se solicite al Gobierno que postergue esa decisión, mientras no termine la acción de la Comisión investigadora. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Señor diputado, en verdad su intervención no se ciñó al Reglamento; pero su Señoría puede hacer uso de sus facultades solicitando un oficio al respecto y allí, a lo mejor, puede tener unanimidad. Eso lo puede hacer en Incidentes, durante el tiempo de su Comité. VII.INCIDENTES SUSPENSIÓN DE FIRMA DE DECRETO QUE DECLARA SANTUARIO DE LA NATURALEZA EL PARQUE PUMALÍN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional. Tiene la palabra el diputado señor Delmastro. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, como primer punto reitero la petición de que se oficie a la señora ministra de Educación para que suspenda la firma del decreto que autoriza la declaración del parque Pumalín como santuario de la naturaleza. En segundo lugar, pido que se oficie al presidente del Banco Central para que el jefe del Comité de Inversiones Extranjeras informe sobre la autorización concedida al señor Douglas Tompkins, conforme al decreto ley Nº 600, de 1974, para invertir 20 millones de dólares en el país, detallando las inversiones efectuadas hasta la fecha con cargo al monto autorizado. Del mismo modo, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales para que informe acerca de los predios que el señor Tompkins o su fundación han adquirido en las regiones Décima y Undécima, con saneamiento de títulos, y el estado de los títulos de los colonos que viven cercanos, colindantes o al interior del parque Pumalín, futuro santuario de la naturaleza. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando. ANTECEDENTES CONTABLES DE CORPORACIÓN VIAL DE VALDIVIA. PATENTE MUNICIPAL IMPAGA EN CONCESIÓN DEL TRAMO TEMUCORÍO BUENO. Oficios. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, del mismo modo pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para que informe acerca de los estados financieros y balance de la Corporación Vial de Valdivia, con el detalle y valores de los trabajos contratados y efectuados desde 1999 hasta la fecha. Asimismo, solicito que el ministro mencionado y el contralor general de la República informen sobre las razones por las cuales la concesionaria del tramo Temuco-Río Bueno de la doble vía en la Ruta 5 no está pagando patente municipal, en circunstancias de que, desde el 15 de enero del presente año, está cobrando peajes, sin encontrarse aún terminadas esas obras. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, agregando el texto de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando. CARGA FINANCIERA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS POR LEY SOBRE EVASIÓN TRIBUTARIA. Oficio. El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, también solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que, por su intermedio, el Servicio de Impuestos Internos informe sobre el efecto que está teniendo la eliminación del crédito fiscal por el IVA, por aplicación de la ley de evasión tributaria, dictada recientemente, y sobre el monto estimado de carga financiera que deberán soportar los pequeños y medianos empresarios al tener que pagar aceleradamente el IVA, que constituía crédito fiscal en el pasado. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo están manifestando. INFORME SOBRE DESEMBOLSOS AUTORIZADOS POR ALCALDE DE MAIPÚ PARA REALIZACIÓN DE ACTO PÚBLICO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Alessandri. El señor ALESSANDRI.- Señor Presidente, el sábado recién pasado se realizó un acto público en la plaza de Maipú, que fue financiado generosamente por su municipalidad con un objeto lícito y deseable. Muchos apoyábamos ese acto; entre otros, el señor Presidente de la Cámara de Diputados y el diputado que habla. El acto pretendía protestar por la eventual instalación de un vertedero, léase basural, en Rinconada, de la comuna de Maipú. Nos parecía que había razones técnicas, legales y morales para oponerse a ese relleno sanitario, y lo hemos venido sosteniendo con calor. ¿Dónde está lo objetable? En que el señor alcalde se vale de organizaciones de fachada, cuyos gastos son pagados generosamente por la municipalidad de Maipú, sin recabar siquiera el asentimiento del concejo para proceder en esa forma. A mayor abundamiento, en el acto había cuatro parlamentarios: los dos senadores por la circunscripción metropolitana poniente y los dos diputados que representamos el distrito. Se fue cediendo la palabra a unos y a otros, excepto a mí. Me acerqué al anunciador, pagado con fondos de la municipalidad, para hacerle presente la situación, y me respondió: “Tengo instrucciones de no darle la palabra al señor diputado”. Entonces recurrí, como lo habría hecho cualquier otro discriminado, a la persona que dirige esta organización de fachada, que estaba sentado en el proscenio, quien me dijo: “Tengo instrucciones de no darle la palabra”. Me parece que con esta forma de actuar se violenta la convivencia democrática que debe existir en Maipú y en todo el país. Y como lo expresé allá, la sabiduría popular nos indica que “no es tan responsable el chancho, sino el que le da el afrecho”. Y a este “chancho”, que lo conocemos muy bien, quien le da el afrecho es el alcalde de la comuna. Por ello, solicito oficiar a la Contraloría General de la República para que nos informe, en primer término, si el alcalde, por sí y ante sí, y sin acuerdo del concejo, puede estar desviando fondos a estas organizaciones de fachada. En segundo lugar, que nos informe, en cuentas pormenorizadas, sobre cuánto se gastó y en qué en dicho acto. En tercer término, quiero saber si es procedente que, en un acto financiado con fondos municipales, se permita hablar sólo a algunos parlamentarios y se impida a otros, con el afán, indisimulado, de privilegiar la candidatura del afecto del señor alcalde. En cuarto lugar, se dice en Maipú que se confeccionó un gran número de avisos, llamados en la jerga popular “las palomas”, con un costo exorbitante. Sin embargo, habría un acuerdo por debajo de la mesa, en orden a entregar en forma gratuita al candidato del señor alcalde, igual número de “palomas” sin costo. Hago este relato con beneficio de inventario, porque no me consta que se haya hecho así. Creo que la Contraloría General de la República debería analizar esta situación con la debida urgencia, por lo que solicito la respuesta de ese organismo a la brevedad. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Seño ría, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo están indicando. REEVALUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SERVICIO PARALELAS A LA RUTA 5 SUR EN LINARES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma. El señor PALMA (don Osvaldo).- Señor Presidente, hace algún tiempo, desde esta misma Cámara, como también desde otros lugares relacionados con la materia, solicité al ministro de Obras Públicas reevaluar la decisión de no contar con calles de servicio en la Ruta 5 Sur, concesionada, frente a Linares, Villa Alegre, San Javier, Retiro, Longaví y Parral; esto es, con calles paralelas a la gran vía para el uso de los que viven y transitan por esos lugares. Según las autoridades, esas calles no se construyen por distintas razones. Todas ellas, por simple lógica, de poco peso académico o técnico. ¿Cómo no van a ser necesarias estas calles de trabajo, de menor velocidad, en cualquier lugar de Chile, las que incluso existen un poco más al sur y un poco más al norte? ¿Cuál es el criterio para elegir el lugar? Con esta decisión se comete un error, tal vez por ahorrar, por análisis mal hechos, por poca fuerza de las autoridades locales, por error conceptual de las autoridades centrales. Al no contar con calles de servicio se menoscaba la calidad de vida, porque se encarece el costo de los residentes de los lugares cercanos, ya muy afectados económicamente por la grave situación de la agricultura único gran motor de la economía provincial, casi todos en situación de pobreza. Las razones para no construir calles paralelas son muy débiles como fuertes y claras, las que se arguyen para hacerlo: por mantener lo ya establecido, por ahorrar en la construcción del camino, por recaudar algo más, no importando la situación de las personas o de las provincias en general. Sólo piensan en lo que les conviene a quienes transitan por la gran vía, cuyo solo objetivo es pasar rápidamente. Nadie piensa en los que allí viven y trabajan, nadie piensa en su poca velocidad de desplazamiento, la que parece molestar y que no es considerada por los “genios” de la planificación vial, quienes están mezclando los 5 a 8 kilómetros por hora de un caballo, los 10 kilómetros por hora de un tractor o de una trilladora, con los 100 kilómetros por hora de los cientos de caballos de fuerza de los camiones y automóviles. ¿Será normal para los “pensadores” del Ministerio de Obras Públicas que la mínima velocidad de un tractor con una sembradora detrás se homologue, en esta única vía de alta velocidad, en medio de la habitual niebla de nuestros campos, de noche o a plena luz del día incluso, con los 100 kilómetros por hora de un bus con más de 40 pasajeros? Creo que algo no funcionará y que este cuello de botella que se originará en nuestra zona será un gran factor de riesgo para las personas. Por lo anterior, pido oficiar al Presidente de la República y al ministro del Interior, apelando a su buen criterio, en el sentido de que se reevalúe la errada decisión de no asignar calles de servicio paralelas a la ruta 5 Sur en las comunas de San Javier, Villa Alegre, Linares, Longaví, Retiro y Parral, de la provincia de Linares, Séptima Región. He dicho. El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Delmastro, Masferrer, Bertolino, Díaz, Ulloa, Alvarado y Van Rysselberghe. FECHA DE INICIO DE TRABAJOS EN CARRETERA DE LA FRUTA. Oficio. El señor HALES (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer. El señor MASFERRER.- Señor Presidente, el 21 de mayo del año pasado, su Excelencia el Presidente de la República anunció en el Congreso Pleno el mejoramiento, mediante concesiones, de la carretera de la Fruta, que nace en la ruta 5, a la altura de Pelequén, pasa por San Vicente de Tagua Tagua, Peumo, la querida comuna de Las Cabras, San Pedro, Santo Domingo y termina en el puerto de San Antonio. Esa carretera, construida en la década de los años 80 en su ejecución me correspondió una activa participación como alcalde de una de esas comunas ha tenido un notable auge. Por ella se desplazan cientos de vehículos pesados que transportan muchos productos agrícolas hacia el puerto de San Antonio. Pero, lamentablemente, el anuncio presidencial quedó sólo en eso, porque hasta hoy no hemos tenido respuesta de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, pido enviar un oficio al ministro del ramo para requerirle que indique la fecha de inicio de esos trabajos, tan necesarios para la populosa población de ese sector y, al mismo tiempo, para que informe respecto del trazado del camino, con el objeto de saber si los trabajos comprenderán sólo el mejoramiento del actual. Hago hincapié en la necesidad de enviar el oficio con la mayor urgencia, con el propósito de dar buenas noticias, que tanta falta hacen en Chile, en especial en el distrito que me honro en representar en este Congreso. El señor HALES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. DAÑOS POR DESBORDE DEL RÍO TOLTÉN A RAÍZ DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. Oficio. El señor HALES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, cuando se realizan obras públicas muy necesarias debe hacerse con respeto. Nuevamente, en el mismo lugar hace algún tiempo presentamos una acusación constitucional contra el ministro de entonces por no guardarse el debido respeto a la gente en la realización de una obra pública hoy se cometen otros atropellos. Me refiero a un grupo de vecinos afectados por la subida del río Toltén en el sector Bajada de Piedra, comuna de Pitrufquén, Novena Región, donde se construyó el canal de regadío Faja Maizán. Las personas que habitan en el primer tramo de la construcción están sufriendo los estragos ocasionados, no ya por el no pago de una indemnización, como en la ocasión anterior, sino por la subida del río, que se genera porque la empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas extrajo áridos en forma desmedida, lo cual, junto con los intensos temporales que hemos tenido en la Novena Región, han dejado el paso libre a las caudalosas aguas del Toltén, causando daños de gran proporción en nuestros predios. Se han perdido terrenos completos por haber caído al río, han quedado destruidos cercos construidos por gente muy humilde, y sumergidas en el agua siembras de empastados, plantaciones de eucaliptos y pinos, árboles nativos y frutales. Además, como no cuentan con talaje para los animales, esos vecinos han debido recurrir a los pocos ingresos que perciben para afrontar el mayor gasto que irroga su adquisición. Veinte familias que habitan frente al río, en un tramo que cubre casi cinco kilómetros, han reclamado formalmente por la mala ejecución de la obra, presentación en la cual dicen que esperan ser escuchados por el ministro de Obras Públicas. Por lo anteriormente expuesto, en nombre de Patricio Valdebenito, Hugo Sandoval, Fernando San Martín, Luis Ferrada, Leopoldo Jiménez, Arturo Sandoval, María Astudillo, Hernán Soto, Ismelda Garcés, Rudecindo Soto, Martín Soto, Juana Cereceda, Heriberto Soto, Guillermo Minder, Jaime Hermosilla, Raúl Riquelme, Víctor Ferrada, José Marifil y otros representantes de familias afectadas, pido que se oficie al subsecretario de Obras Públicas a fin de que nos informe sobre las precauciones que, con el objeto de evitar la extracción desmedida de áridos, se tomaron al encargar a dicha empresa la construcción del canal de regadío. Además, cómo y cuándo se indemnizará a esas familias por el grave daño que se les ha causado. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención y con la adhesión de los diputados que lo están manifestando. ANTECEDENTES SOBRE CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL CAMINO PARGALLICOCAÑITAS, EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. El señor RECONDO.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas con el objeto de que dé a conocer a esta Cámara el monto del presupuesto oficial del contrato de ejecución del doble tratamiento asfáltico del camino Fresia-Llico-Cañitas, y, en forma muy específica, del tramo Parga-Llico-Cañitas, adjudicado en su oportunidad a la empresa constructora Guido Klein. Dado que la empresa, por distintos problemas, no pudo continuar los trabajos, el ministerio liquidó el contrato y más adelante lo adjudicó a otra empresa a través de una licitación privada por invitación. Además, para que nos indique el nuevo monto del presupuesto con que se re-licitó, por decirlo así, el referido tramo. Hago esta petición porque es necesario, primero, conocer a qué empresa se adjudicó el contrato y, segundo, los montos del presupuesto oficial de la segunda licitación; en caso de producirse una diferencia notable de acuerdo con la información que tenemos, parece ser así entre el presupuesto oficial de la segunda licitación y la primera, y las razones técnicas que se tuvieron en consideración para aumentar el presupuesto oficial. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al que se adjuntará el texto de su intervención. OBSERVACIONES SOBRE DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA DE PARQUE PUMALÍN. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero referirme al tema parque Pumalín, que cada cierto período suscita la atención de la opinión pública nacional. La Comisión investigadora nos dará la oportunidad de centrar la perspectiva del parque Pumalín desde el punto de vista de la gente que habita en la zona sur austral del país, que ha vivido, paso a paso, la presión, el acoso, el abandono y, al final, ha terminado vendiendo, en forma forzada, directa o indirectamente, sus predios. Es importante también, en esa perspectiva, analizar todo lo que significa la continuidad territorial, es decir, cómo se asegurará la unificación de nuestro territorio por la carretera Austral, que tiene tramos marítimos; si la declaración de santuario de la naturaleza afectará esa integración del territorio nacional y desde qué perspectiva posibilitaremos el desarrollo de las fronteras interiores. La frontera de un país no se valora sólo por los hitos y por la división de las aguas de las altas cumbres, sino también por las fronteras vivas, por la gente que hace soberanía y que allí vive y desarrolla su actividad económica, aunque sea sólo para subsistir. Asimismo, sabremos de qué manera las autoridades locales tienen pensado compatibilizar el referido proyecto con un desarrollo del poblamiento en el área. Es preciso analizar si hay consecuencia o inconsecuencia entre una ley austral, que promueve la inversión en la zona, y la declaración de un santuario de la naturaleza que resta parte importante del territorio nacional al desarrollo económico y productivo. He dicho. SOLUCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR CONSTRUCCIÓN DE COSTANERA NORTE.Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno siguiente, correspondiente al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, al jefe de la Unidad de Concesiones, don Germán Molina Valdivieso; al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales y al jefe de la Comisión Metropolitana del Medio Ambiente, a fin de que nos informen cómo se resolverán las necesidades de quienes serán expropiados, en el caso de los propietarios, y expulsados, en el caso de residentes no propietarios, de los terrenos que ocupará el proyecto Costanera Norte, algo que se arrastra desde hace varios años. En 1996 me reuní por primera vez con ellos y en 1997 tuvimos una gran asamblea en la municipalidad de Independencia. Como en el transcurso de los años van cambiando las autoridades, hasta la fecha estas personas no tienen claro cuál será su destino y sienten incertidumbre cada vez que se reúnen con la nueva autoridad. El ministro de Obras Públicas y el jefe de Concesiones de esa Secretaría de Estado me han dado tranquilidad en este sentido, porque, por primera vez, se ha tomado el toro por las astas y las cosas están caminando. Sin embargo, es necesario precisar algunas cuestiones, porque no pueden quedar sin respuesta los afectados mientras ven que el proyecto está avanzando con importantes obras de ingeniería destinadas a pasar justamente por sus propios terrenos. En el caso de esta gente, en la resolución ambiental de la Comisión Regional del Medio Ambiente están claramente especificados, en su artículo 7.7, las indemnizaciones, los financiamientos y las facilidades que se darán tanto a los propietarios como a los no propietarios, independientemente de los procesos de expropiaciones. Junto con pedir adjuntar mi intervención en el oficio al ministro de Obras Públicas, también solicito que se ponga especial atención al hecho de que la resolución ambiental de la Corema, en su punto 7.7.3., letra b), señala claramente que es posible considerar caso a caso medidas adicionales para situaciones especiales. Queremos que haya progreso, valoramos el esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas y de la unidad de Concesiones, pero también creemos que el proyecto puede traer grandes cambios en los terrenos de Independencia y de Recoleta si lo asociamos a los empresarios, a la pérgola de las flores, a la vega, a la Tirso de Molina, a los comerciantes de Patronato, al barrio Bellavista, al turismo y al municipio, pero sin considerar que estos ciudadanos son desechables, quienes, a veces con el paso de los años, creen que los han calificado así. Por ejemplo, al expropiar a doña Solidina Salazar Alarcón, de edad avanzada y con quien he estado en varias oportunidades, le pagarán, de acuerdo con la tasación, siete millones y medio de pesos. Solicito tener presente que se está expropiando en pleno centro de Santiago, a cinco minutos de La Moneda y en terrenos que tienen un impacto de futuro inmobiliario extraordinario. No es posible que reciba siete millones de pesos doña María Yoconda Orellana, nueve millones doña Delfina Muñoz, siete millones seiscientos mil pesos don Jorge Guerrero, doña Adriana Yáñez, don Rigoberto Riveros, y ocho millones de pesos doña Inés Bustos. Para qué hablar del listado de más de 120 ó 130 personas que se encuentran en calidad de allegados, arrendatarios, ocupantes y familias de todo tipo en las calles Escanilla, Santa María, General Prieto, Quintana, Independencia, Nueva Colón, General Borgoño, Barnechea, en fin, en lugares que hemos recorrido permanentemente acompañando a nuestra gente. Incluso se ha propuesto una solución muy novedosa: que el proyecto Costanera Norte para que no agreda a la zona de Tirso de Molina, de la Vega Central y de todos los territorios antes mencionadosse ejecute en un tramo al interior del río Mapocho, no con la vieja idea que una vez se planteó en cuanto a clausurarlo, pavimentarlo y hacerlo pasar por debajo porque el río es historia e independientemente de lo que contengan sus aguas es un pedazo de la identidad de esta ciudad, sino al revés: encauzarlo y colocar al costado una obra de ingeniería muy importante, que no es del caso detallar acá. La unidad de Concesiones ha pensado, junto con el Ministerio de Obras Públicas, una solución para colocar ahí las vías destinadas a los automóviles. Esto sería un gran progreso, un gran avance. Sin embargo, hay un punto donde la vía toma una desviación y sale nuevamente al territorio desde el río y pasa por los terrenos ubicados alrededor de la municipalidad de Independencia, donde vive esta gran cantidad de personas. Señor Presidente, solicito la venia de la Sala para que la Redacción de Sesiones inserte en el boletín oficial el listado con los nombres de toda esa gente, para evitar leerlo. Deseo que en el oficio que se enviará y en la versión de la sesión queden estampados los nombres de estas personas, pues queremos que sean parte del progreso y no víctimas de él. Ellos han dicho que nunca se han opuesto al progreso de la ciudad, ni menos de la comuna de Independencia. También valoran el programa de ingeniería. Cuando se reunieron con los ingenieros, recibieron toda la explicación técnica; incluso, los aplaudieron. Sin embargo, a la hora de conocer su futuro en materia de expropiación, les dijeron que todavía no había solución. Por tanto, pido que se cumpla no sólo lo que dispone la letra a) del artículo 7.7.3. de la resolución de la Corema, que señala que la autoridad asumirá el cumplimiento de los requisitos de ahorro y terreno para que las familias afectadas puedan acceder, ya sea al programa PET con 50 UF o al programa de vivienda básica con 20 UF, sino que también tengan presente que la letra b) de dicho artículo establece que se considerarán caso a caso las medidas adicionales para situaciones especiales. No puedo imaginar que doña Solidina reciba siete millones de pesos para comprarse una vivienda en La Pintana, después de haber vivido dos y hasta tres generaciones de su familia en el barrio Independencia, obligándola a tener un nuevo entorno, nuevas amistades, nuevos lugares donde comprar, nuevas veredas que reconocer, nuevas caras donde recibir el afecto. Los barrios no son solamente un loteo, nombres de calles, números y dinero, sino convivencias. Para eso existen las ciudades. Solicito que en el oficio al ministro de Obras Públicas, junto con hacerle llegar copia de mi intervención, se pida que las autoridades den la compensación adecuada y que en el valor se considere, primero, una solución en el entorno del barrio; segundo, si así no fuera, que exista una compensación adicional en dinero y, tercero, una tasación de acuerdo con los valores justos, en el entendido de que esta gente vive en pleno centro. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Pérez, Patricio Walker, Edmundo Villouta y José Miguel Ortiz, y se accede a la petición de anexar el listado de las personas afectadas por la situación expuesta. La nómina de las personas que se acordó insertar es la siguiente: Residentes: Marcia Riquelme Flores; Mario Meza Poblete (cónyuge Aurora Martínez Pardo); Delia Solís Cordero; Erika Solís Cordero; Víctor Silva González (cónyuge Mary Villanueva Ibarra); Juan Varas Rojas (cónyuge Marta Villanueva Ibarra); Luisa Goetz Villalón; Raúl Villanueva Ibarra (cónyuge Susana Arroyo Ortiz); Pablo Plaza Faúndez (cónyuge Mirian Díaz Salamanca); Víctor Morales Parra (cónyuge Orfelina Sobarzo Rojas); Erick Morales Sobarzo (cónyuge Carolina Riquelme Palacios); Eduardo Díaz Salamanca (cónyuge Maritza Valdivia Núñez); Juan Manuel Retamal Toro (cónyuge Pilara Garay Navarrete); Taller Mecánico no habitable; Luis E. Pavez García (cónyuge Isabel Torrez Quiroz); Fernando Almarza Sanz; Aída del C. Cruz Lobos; Inés Molina Morales; Juan Cuadra Martínez; Lucía Seguel Riquelme; Carlos Bórquez Caravajal (cónyuge Eloísa Paredes Ojeda); Juan Burgos Avilés; Sandra González Álvarez; Segundo Carvajal González (cónyuge Claudia Ríos Cabrera); Ana Gutiérrez (cónyuge Juan Cortés); Carlos Rosales C. (cónyuge Raquel Pinto); Elizabeth Rosales; Fanny Cazorla; Liliana Pincheira; Fresia Mella Mora; Sonia Osses Pino (cónyuge Luis Ramírez Vera); Ana San Martín; Ramón Fernando San Martín (cónyuge Patricia Saure Muñoz); Natalia Parraguez; Marta Trincado Ponce; María Mañán; Luisa Atenas González; Eduardo Alcalde Cid; Patricia Araya Núñez; Grace Himmers Gutiérrez; Jaime Agosin Drullinsky (cónyuge Patricia Lara); César Cid Opazo (cónyuge Isabel Contreras Ávila); Isaías Aliste (cónyuge María Osses); Mario Cordero Cordero; Raquel Arévalo Contreras; Marina Piña; Guillermo Sequeira Ponce (cónyuge Carmen Córdova); Manuel Cabezas Cabezas; Marco Soto; Triana Collao; Nicole Lagos; Aracely Loyola; Erika Ávila; Angelina González; Elisa Neira Cuevas; María Neira Neira; Antonio Añual Ñiripil (cónyuge Lucerina Soto Muñoz); Clara San Martín Ramos; Rolando Díaz Mora (cónyuge María Soto Gutiérrez; Elisa Añual Soto; Viola Sánchez; Marta Neira Lobos; Edwin Saavedra Salvatierra (cónyuge Paola Chavar Aniceto); Aldo Chavarry Aniceto (cónyuge Silvia Bustamante Velásquez); Marcelo Rojas M. (cónyuge Marta Otero B.); Ángel León Gutiérrez (cónyuge Nelly Quispe Hurtado); Ricardo Orellana Mosqueira (cónyuge Eleonora Mardones López); Hugo Mardones López; María Cabezas González; Astrid Quiroz Rabanal; Manuel Venegas Torres; Gloria Rodriguez Rodríguez; Gabriel Lecaros Muñoz; Héctor Contreras López (cónyuge Rosa Salas Sandoval); Rose M. Contreras Salas; Claudia Contreras Salas; Alicia Contreras Espejo; Marcela Villarroel Muñoz; José Basaure Contreras (cónyuge Irma Espinoza Carmona); Cecilia Basaure Espinosa; Alberto Fuentes Boza (cónyuge Berta Gumera Ponce); Gladys Ibarra Oliva; Moisés Kisner López (cónyuge Elizabeth Flores Valenzuela); Erna de la Fuente Bravo; Graciela Izquierdo Guzmán; Olga Izquierdo Guzmán; José Cañumil Antivil (cónyuge Rosa González López); Luis Contreras Guerrero (cónyuge María Contreras Salas). Propietarios aparentes: Ilustre Municipalidad de Independencia; Marcelo Augusto Aníbal, María del Rosario del Carmen, Julián Enrique y Susana del Carmen Errázuriz Cañas y Alicia Cañas de Errázuriz; Carmen Ovalle Pérez y otra; Carmen Ovalle Pérez y otra; Carmen Ovalle Pérez y otra; Alicia Contreras Espejo; Alicia Contreras Espejo y otras; Carmen Ovalle Pérez y otra; Carmen Ovalle Pérez y otra; Carmen Ovalle Pérez y otra; Carmen Ovalle Pérez y otra; Obra social y cultural Supeña Oscus; Luz Ovalle García-Huidobro; Marta Ovalle de Vidal; Carmen Ovalle de Lihn; Juana Ovalle de Díaz; Isabel Ovalle de Montes; Lucía Ovalle de Balmaceda; Carmen Luisa y Marta Gabriela Ovalle Pérez; Ana Mireya de la Fuente Bravo; Maritza Constanza Jara Hanganu; Olga María Verónica y Juan Francisco Jara Docolomansky y María Eugenia Hanganu Álvarez; Verónica del Pilar de Lourdes Campos Sobarzo; Obra Social y Cultural Sopeña Oscus; Luis Fernando Olivares Castillo; Manuela del Carmen Blanchard Rojas; Gladys Lucy Riveros Jiménez de Deboni; Carmen Luisa y Marta Gabriela Ovalle Pérez; Carmen Luisa y Marta Gabriela Ovalle Pérez; Ingrid Marlen Álvarez Silva y Olivia Elena Araya Rodríguez; Abraham Strul Steingart; Morelia del Carmen Navarrete; Silvia Alicia, Sergio Enrique y Simón Edmundo Gallardo Rivera; Ilustre Municipalidad de Independencia; Inés Bustos Fernández; Juana Angélica Anguita Godoy; Eugenia González Vega; Ana Angélica, Washington Juan, Verónica Aurora del Carmen e Iván Alexis Villavicencio Salas, Claudia Andrea y María Victoria Villavicencio Barrios y Aurora del Pilar Salas Córdoba; Luisa Durán Durán; Nelly Rodríguez Fredes y otro; Luis Hernán y Julio César Mera Araya, Luis Hernán y Ana María Mera Barraza; Luis Hernán y Julio César Mera Araya, Luis Hernán y Ana María Mera Barraza; Ana María, Alejandra Mera Barraza; Luis Hernán y Julio César Mera Araya; Luis Hernán y Ana María Mera Barraza; Marta Montes Frías; Jesús Adolfo Molina Valenzuela; Isabel Silvia e Ignacio Colomo Moreno; Delfina Hilda Muñoz Palomer; José Isidoro Froimovich Henríquez y Lilian René Henríquez Cuevas; Emilia de las Mercedes Ajraz Arriagada; Luz Elena Arriagada Acevedo; María Yolanda, Victoria Eugenia de Lourdes, Waldo Jovino, Berta Eliana de Las Mercedes y Rosa Angélica Ortega Castro y Yolanda Elisa Castro Larenas; Carmen Julia González Delgado; Graciela Ernestina Gutiérrez Gallardo; Digna Rosa Amada Herrera Herrera; Aurora Silva Pincheira; Julio Omar Francisco Antonio Lavín; Cisterna y María Gabriela Cisterna Cisterna; María Soledad y Raúl Iván García Urandecid; Jorge Enrique Guerrero; Adriana Yáñez Zúñiga; Rigoberto Raúl Riveros Vergara; Mirtha Elena Palma Brizuela; Graciela Soto Acuña; Berta Gallardo Marín; Empresa Constructora Eco Ltda.; Hernán Felipe y María Gioconda del Carmen Orellana Medina y Adriana Medina Carrasco; Solidina Salazar Alarcón; Luis Atilio Flores Peña; Empresa Constructora Eco Ltda.; María Leonor, Jorge Alberto y Yolanda Zúñiga Cerda; Soc. Productos Alimenticios Suprema S.A.I.C.; Soc. Agrícola y Comercial del Norte Ltda.; Jorge y Mónica Granifo de La Fuente; Gerardo Bohr Heinberg; Gerardo Bohr Heinberg y otro. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ANTECEDENTES SOBRE OPERACIÓN DE CENTRAL PANGUE Y AYUDA A DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, quiero referirme a la situación que afecta a los sureños debido a las últimas inundaciones. Son muchos los damnificados en nuestra Octava Región; en especial, son familias campesinas que habitan en poblaciones modestas ubicadas cerca del lecho del río Biobío. ¿Qué pasa con estas inundaciones? ¿Es mucha el agua que ha caído en relación con años anteriores? Pareciera que no. Recordemos que en el pasado hubo lluvias intensísimas que duraban entre 10 y 15 días, y recién ahí se producían las inundaciones. Ahora hemos visto que en varios lugares de la Octava Región la crecida del río Biobío es impresionante, preocupante y hasta alarmante, a veces. En cuestión de pocas horas sube en forma notoria e inunda poblaciones y predios agrícolas con el consiguiente daño para sus moradores. Desde hace algún tiempo está operando la central Pangue en la comuna de Santa Bárbara, provincia de Biobío. Muchas personas de nuestra región le adjudican a quienes administran dicha central la responsabilidad, por el hecho de que abren sus compuertas en forma indiscriminada, justo en el momento en que las lluvias son más intensas. Señor Presidente, solicito que se oficie al director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para que nos entregue un informe detallado sobre cuál es el criterio para abrir las compuertas de la central Pangue. De ser como se dice, cuestión que no me consta, podría repetirse esta situación cada invierno, con el consiguiente daño para la gente más modesta de nuestra Octava Región. Creo que es posible remediar este aspecto abriendo las compuertas varias horas al día, y no en forma intempestiva durante un número reducido de tiempo, porque eso causa este desastre. Es importante que se nos informe cuál es la manera de proceder en el caso de la central Pangue, obra muy importante de la provincia de Biobío. También pido que se oficie al ministro de Agricultura, con el objeto de que nos haga llegar un informe relacionado con los daños sufridos por los pequeños agricultores de nuestra provincia en la parte ganadera y agrícola, porque la crecida del río Biobío se llevó la remolacha de pequeños agricultores que iba a ser entregada a la planta Iansa. Solicito cuantificar los daños y ver de qué manera el Estado se hará presente para mitigar este problema económico que afecta a pequeños agricultores. Ésa es mi preocupación. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Patricio Walker, Edmundo Villouta, Patricio Hales y José Miguel Ortiz. CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES EN PAILAHUEQUE Y ERCILLA, Y MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES EN TEMUCO. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, recién hoy se recibió el oficio Nº 1.915, del Ministerio de Obras Públicas, relacionado con las obras adicionales de la ruta 5 Sur del sector Villa Esperanza a Temuco, que da respuesta a algunas de nuestras preocupaciones. En su oportunidad, llamamos al seremi de Obras Públicas y a otras autoridades, y tengo la respuesta a mano. Sin embargo, insisto en el reclamo de la gente de Pailahueque, en el sentido de que se construya una pasarela peatonal en ese sector y no escaleras metálicas ni aceras para permitir el tránsito peatonal, como se estaría disponiendo, debido a que es una localidad con bastante movimiento, porque llega una cantidad importante de personas que habitan en el sector agrícola de esa localidad. Por lo tanto, reitero que se dé satisfacción al respecto, porque la pasarela es una construcción mucho más lógica, práctica y segura para dichas personas. También quiero referirme a un reclamo que recibí en una de mis últimas visitas a Ercilla, relacionado con la pasarela peatonal que en el oficio mencionado no se señala, pero que es muy necesaria, porque, lamentablemente, la gente tiene que acceder con alguna dificultad a través del paso sobre nivel que se construyó para los vehículos, que si bien es cierto tiene una vereda, no es lo más práctico para la forma en que llegan los vehículos de locomoción colectiva a Ercilla. En consecuencia, sería interesante considerarla o saber si se puede construir. Pero, como digo, la necesidad es bastante urgente. También quiero señalar que los refugios de pasajeros que esperan locomoción en todo el sector de Villa Esperanza a Temuco, adolecen de un defecto para estas zonas, que son lluviosas y tienen mucho viento. O sea, son muy bonitos, pero la gente se moja y se entumece mucho en el invierno. Entonces, debería verse la posibilidad de colocar algún tipo similar al vidrio, no quebradizo, para poder proteger, en debida forma, a las personas que ahí se instalan. En consecuencia, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que la Dirección de Obras Públicas, sección Concesiones, considere la posibilidad de construir dichas pasarelas y mejorar las señales viales desde Ercilla hacia la carretera. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Patricio Walker y José Miguel Ortiz. VERIFICACIÓN SOBRE LEGALIDAD DE INTERESES COBRADOS POR LA EMPRESA TRANSBANK. Oficio. El señor VILLOUTA.- Señor Presidente, quiero acoger el reclamo que he recibido en relación con las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Justamente hoy, en un diario de circulación casi nacional, aparece un reclamo al presidente del Colegio de Abogados, en el que se señala esta situación, y se entrega un antecedente que es muy impactante, dado que todas las tarjetas de crédito están controladas por una sola empresa, Transbank, que está cobrando intereses por sobre el 3 por ciento, en circunstancias de que la tasa de captación no alcanza a 0.4 por ciento. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, con el objeto de controlar y verificar si los intereses que se están cobrando son los legalmente autorizados o, en última instancia, pedirles que los readecuen por ser demasiado lesivos para la gente. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Patricio Walker y José Miguel Ortiz. INVESTIGACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE PRESTAMISTAS DE OVALLE. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, quiero ilustrar, con un titular del matutino más importante de la comuna de Ovalle, “El Ovallino”, que dice: “Ovalle, capital del préstamo ilegal”, el drama que están viviendo miles de familias ovallinas. En verdad, hay prestamistas ilegales que han hecho de esta práctica su profesión habitual, a pesar de que la ley establece las entidades que pueden hacer préstamos: los bancos, las sociedades financieras y otro tipo de instituciones. Se trata de personas a las que muchas veces no se les conoce el origen de sus recursos, no justifican inversiones realizadas en la región, el capital ni la disponibilidad de dineros, ni menos las declaraciones de renta y se jactan de no ser fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos. En la práctica, lo que hacen es prestar recursos frescos a personas modestas, que ante la necesidad de cubrir sus deudas, comer o hacer una inversión, acuden donde ellos. A cambio, dejan un cheque firmado por una cifra que en algunos casos es 20, 30, 40 y hasta 50 por ciento superior al dinero que recibieron. En la práctica, los prestamistas ponen plazo al deudor para devolver el dinero: una semana, un mes, dos meses, según el caso. Al no hacerse efectivo el cobro, demandan a los deudores por giro doloso de cheques. Como contrapartida, ellos han interpuesto querellas por usura. Hay más de 35 acciones en los juzgados del crimen de Ovalle, en los cuales, lamentablemente, no existen sentencias condenatorias que apliquen sanciones ejemplarizadoras a los usureros. El asunto es dramático. Con fecha 3 de enero de 2001, los afectados hicieron una presentación al director regional del Servicio de Impuestos Internos, pero hasta el momento no hay una respuesta clara del resultado de la investigación respecto del origen de los bienes de los prestamistas, de sus inversiones, etcétera. El artículo 472 del título IX del Código Penal tipifica claramente las sanciones que deben aplicarse a los prestamistas ilegales, a los usureros. Dice: “El que suministrare valores, de cualquiera manera que sea, a un interés que exceda del máximo que la ley permita estipular, será castigado con presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados”. Finalmente, señala que los tribunales apreciarán la prueba en conciencia. Cientos y miles de familias ovallinas han sido víctimas de usura, de querellas por giro doloso de cheques por préstamos en que les han cobrado intereses por sobre lo permitido legalmente. Algunas de ellas están con protección policial dispuesta por los fiscales, debido a que han sido amenazadas de muerte; otras han sido objeto de golpes, de lesiones. Por las razones expuestas, pido que se oficie al director nacional del Servicio de Impuestos Internos, a través del Ministerio de Hacienda, para que informe a la Corporación si esa repartición ha realizado la investigación de rigor solicitada, para dar a conocer claramente la situación patrimonial de los prestamistas y usureros que abusan de nuestra gente en la comuna de Ovalle. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Rafael Arratia y José Miguel Ortiz. SITUACIONES QUE AFECTAN A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura para que consulte al Inia e informe a la Cámara respecto de una investigación pedida por el señor Luis Urzúa Ayala respecto de su despido, quien ocupaba un cargo de administrador en Vicuña, supuestamente no de confianza y del que fue destituido sin que lo ameritara una mala evaluación o mal desempeño, y del posterior nombramiento de un reemplazante, sin concurso público. Además, pido que se informe respecto de un comodato que se habría otorgado en forma irregular a un funcionario del Inia de la Cuarta Región. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Rafael Arratia y José Miguel Ortiz. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios. El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, solicito que se envíen los siguientes oficios: A la señora ministra de Mideplan, para que informe al suscrito respecto de todos los proyectos aprobados en la Región de Coquimbo desde 1998 a la fecha, y señale con precisión los beneficiarios de ellos. Al ministro de Agricultura, a fin de que dé a conocer los proyectos aprobados a través del Indap y del Prodecop en nuestra región y sus beneficiarios. Al ministro del Trabajo, con el objeto de que señale los proyectos laborales aprobados este año, a través de los distintos programas del Gobierno, y sus beneficiarios. Al gobierno regional, para que nos indique los proyectos sociales y de infraestructura aprobados desde 1998 a la fecha, como sus beneficiarios y los montos involucrados. Al ministro de Obras Públicas, con el propósito de que nos informe sobre los proyectos aprobados y los sectores beneficiados en vialidad, puertos, obras hidráulicas y el aeropuerto de Tongoy. Al ministro de Vivienda, a fin de que nos informe de todos los proyectos de equipamiento comunitario y sociales aprobados por el ministerio y por el Serviu, desde 1998 a la fecha. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Rafael Arratia y José Miguel Ortiz. SUSPENSIÓN DE DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA DE PAR QUE PUMALÍN. Oficios. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia. El señor ARRATIA.- Señor Presidente, quiero referirme al acuerdo tomado hoy por la Cámara, de crear una Comisión investigadora que estudie todos los aspectos que involucran las iniciativas de declaración de santuario de la naturaleza y creación del parque Pumalín del señor Douglas Tompkins. Este tema ha sido tratado en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que lo ha considerado de máxima gravedad e importancia, porque un proyecto medioambiental, sin lugar a dudas, representa la posición de quienes buscamos cuidar el bosque nativo y preservar los recursos naturales de nuestro país, en especial cuando se refieren a una zona de bosque templado o bosque frío, único en el planeta, que está en peligro. Quienes tuvimos la oportunidad de presenciar la apertura de la carretera Austral a fines de la década del 70, y después lo sucedido a medida que ella iba avanzando, lógicamente estamos asustados e indignados, por decir lo menos. Todo el sector norte de la carretera Austral, hasta llegar al parque Pumalín, ha sido prácticamente devastado por empresas que hoy transforman el bosque nativo de alerces en cientos de toneladas de astillas, ni siquiera en madera elaborada, que están en Puerto Montt a la espera de ser embarcadas a otros países. Como es lógico, esa situación nos produce indignación. Pero, junto con alabar el proyecto parque Pumalín por lo que significa para el medio ambiente, quiero decir que no estamos dispuestos a ver esta situación ni otras relacionadas con el medio ambiente, en blanco y negro, como quieren algunos. Si bien el proyecto es precioso y resguarda el medio ambiente, no es menos cierto que, llevado a extremos y manejado en forma arbitraria, puede frenar el desarrollo de la zona austral de Chile, de la carretera Austral, columna vertebral que debe unir a todos los chilenos, porque la oportunidad de participar de los beneficios de nuestro país debe ser igual para la gente de Aisén y de Magallanes que para los que viven en Santiago. Nos preocupa la situación, porque lo que está en discusión es la declaración de santuario de la naturaleza de dicho parque. Si ella obedece al espíritu del acuerdo firmado por el entonces Presidente don Eduardo Frei con el señor Douglas Tompkins, en 1997, estaríamos de acuerdo. Sin embargo, hemos visto con preocupación que los acuerdos suscritos no han sido cumplidos. En el punto número 2, letra f), del acuerdo, se estableció entregar al Estado, a sus organizaciones y a terceros, en dominio, servidumbre, arrendamiento, usufructo u otro título oneroso, los terrenos del parque que fueran necesarios para la materialización de proyectos en que exista un interés público, como, por ejemplo, construcción, reparación y mantenimiento de caminos públicos, puentes, viaductos, muelles, rampas de parques, etcétera. Después de haber participado en una visita de la Comisión de Medio Ambiente al parque Pumalín, hace ocho meses, vemos con preocupación que hoy el señor Douglas Tompkins cuestiona la carretera Austral desde Chaitén a caleta Gonzalo, en un tramo de veinticinco kilómetros, porque a su juicio dicho camino es privado y no público. Si el señor Tompkins cuestiona un tramo de la carretera Austral, ¿qué seguridad puede tener el Estado de que él cumplirá su palabra y dejará construir el resto de la carretera Austral cerca de sesenta kilómetrosque atraviesa el parque Pumalín? Si no cumple el punto número 2, letra f), del acuerdo firmado con el entonces Presidente Frei, debo pensar que está actuando de mala fe. El punto número 2, letra j), establece: “Abstenerse de adquirir nuevos predios de superficie significativa en la Décima, Undécima y Duodécima regiones, hasta que entre en vigencia la nueva normativa legal que regulará el estatuto jurídico de adquisición de propiedades”, etcétera. Esto tampoco se ha cumplido y el señor Tompkins ha seguido comprando propiedades, las que hoy suman más de quinientas veinte mil hectáreas. Cuando esto no se cumple, entiendo que se ha actuado de mala fe. En consecuencia, sólo daremos nuestro apoyo al señor Tompkins para la construcción de su parque si se atiene a las leyes del país que lo ha acogido con lealtad y cumple los acuerdos firmados. Solicito oficiar al Presidente de la República y a la ministra de Educación, a fin de que se suspenda la firma del decreto que declara santuario de la naturaleza a dicho parque hasta que termine su investigación la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según se acordó hoy, de manera de resguardar los intereses y la soberanía de nuestra patria. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. Se levantó la sesión a las 14.14 horas. JORGE VERDUGO NARANJO, Jefe de la Redacción de Sesiones.